miércoles, 5 de julio de 2017

ENFRENTAMIENTO EN CHIHUAHUA DEJA AL MENOS 26 MUERTOS


Foto: Twitter

CHIHUAHUA.- La Fiscalía Zona Occidente informó que grupos criminales rivales se enfrentaron durante esta madrugada en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera.

Al menos 26 personas murieron durante un enfrentamiento entre grupos criminales rivales en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera, dijo el vocero de la Fiscalía de Chihuahua, Félix González.

"De manera preliminar hay 26 personas fallecidas, todos ellos civiles armados", dijo en entrevista con Tania Díaz para MILENIO Televisión.

Explicó que alrededor de las 5:00 y 6:00 horas, la Fiscalía recibió el reporte de un enfrentamiento entre presuntas células del crimen que operan en Madera.

Precisó que el enfrentamiento ocurrió entre un grupo conocido como La Línea y otro que proviene de una célula de Sinaloa.

La Fiscalía Zona Occidente informó que el enfrentamiento ocurrió durante la madrugada.

El número de fallecidos podría aumentar, dijo el vocero.


(VANGUARDIA/ MILENIO/ 5 Jul 2017)

UNA TRAMA DE DESPOJOS EXHIBE A LOS MOURIÑO Y A JAVIER DUARTE


Un ejidatario logró revelar que la familia de Juan Camilo Mouriño –quien fuera secretario de Gobernación durante el régimen calderonista – estaba vinculada a un despojo de tierras en Campeche. Y la misma indagatoria, realizada por el activista Pedro Celestino May Can, sacó a la luz los nombres de algunos testaferros de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz actualmente preso en Guatemala. Pese al valor de dicha investigación, las autoridades no solucionan el problema original ni frenan el acoso contra el indígena.

CAMPECHE, Camp. (Proceso).- Hace nueve años Pedro Celestino May Can comenzó una lucha legal contra el despojo de tierras en el ejido de Lerma, en Campeche. Su investigación reveló que el clan Mouriño estaba vinculado a las irregularidades. Y hoy, los datos y pruebas que reunió han ayudado a documentar otro caso de corrupción en México: el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

En la indagatoria de May Can la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hallaron información útil para fincarle cargos a Javier Duarte, actualmente detenido en Guatemala, y a sus presuntos cómplices por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.

El robo de terrenos indagado por May Can se remonta al gobierno de Felipe Calderón e involucra a miembros del PAN, pero también a prestanombres de Duarte, que presuntamente realizaron operaciones de compraventa de terrenos de Lerma aledaños al Country Club de los Mouriño. La intención, sospecha hoy la PGR, fue blanquear recursos supuestamente robados al erario veracruzano.

Las averiguaciones oficiales para desentrañar el despojo buscan, entre otras cosas, aclarar cuánto costaron los predios, cómo, quién y en dónde los pagó, qué más se les dio a los poseedores originales y por qué muchos de los involucrados no reportaron ni pagaron al SAT el correspondiente impuesto por la operación.

LOS VÍNCULOS

“(Hace unos meses) me vinieron a visitar unas personas del SAT. Se identificaron y me mostraron un ejemplar de la revista Proceso en el que aparecían las declaraciones que les di para un reportaje en 2012 sobre el despojo de tierras en Lerma y en el que se mencionaron los nombres de varios de los personajes que, hoy resulta, son también presuntos cómplices del exgobernador de Veracruz”, comenta May Can a la reportera.

En dicho reportaje, publicado en noviembre de 2012, el semanario dio cuenta de que “próximo a extinguirse el calderonato, que la llevó a la cúspide del poder, la familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño (quien fuera secretario de Gobernación)” apretaba el paso para consumar el sueño de su patriarca, Carlos Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializaba para su Campeche Country Club.

Asimismo, detalló las irregularidades mediante las que, con la complicidad de funcionarios de todas las instancias del sector agrario y municipal, así como notarios públicos –todos vinculados a los Mouriño– se consumó el despojo.



Juan Camilo Mouriño y Calderón. Foto: Miguel Dimayuga.

La operación fue dirigida por Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán. Él, de acuerdo con documentos que posee este semanario, registró a su nombre y de sus familiares mil 900 lotes ejidales sólo en aquella entidad, pero desde hace años también es frecuentemente mencionado en casos de despojo en Campeche y Quintana Roo.

En aquel reportaje se identificaban, como empleados de Almazán y presuntos testaferros de los Mouriño, a Moisés Manzur Cisneyros, empresario que perteneció al entorno más cercano a Javier Duarte, y Alfonso Ortega López, quien hace unos meses confesó cómo era el sistema de ingeniería financiera con el que el exgobernador de Veracruz lavaba dinero.

También se identificó a Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firmó el plano del deslinde de los terrenos de Lerma. A él supuestamente se le asignaron 600 parcelas; a Cruz García Ramírez, quien se benefició con 42 terrenos; a Luis Alberto Cu Flores, que recibió 19; a Jorge Enrique Pérez Ruiz –hermano de Geni Pérez Ruiz, abogada de Almazán y exempleada de la Procuraduría Agraria–, quien consiguió 61 lotes, y Abel Muñoz Lagunes, que se hizo de 51.

De igual manera se mencionó a María Isabel Riveroll Mendoza, Santa Bartola Acuña –contadora de Almazán–, Héctor Apolinar Huesca, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo Gómez Rico.

A la postre, la mayoría de ellos –cuyos nombres también figuran en los padrones de ejidatarios o posesionarios de tierras ejidales en lugares vecinos, como Tulum y Holbox, en Quintana Roo– resultaron implicados en el caso Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016.

AÑOS DE IRREGULARIDADES

El despojo de Lerma comenzó a gestarse a principios de 2008, en el sexenio de Calderón. Las primeras reuniones para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras se efectuaron en la sede del PAN municipal de esa ciudad, según May Can:

“Nos mandaron llamar a 20 ejidatarios que ellos consideraban líderes a una junta en el PAN municipal. Acudimos, y el que salió a atendernos fue (Georg Rubén) Silesky Mata, quien era en ese entonces secretario de acuerdos del Tribunal Agrario en Campeche”, relata May Can.

Tiempo después Silesky Mata fue ascendido a magistrado del Tribunal Agrario en Quintana Roo. De ese estado se fue a Oaxaca, con el mismo cargo.

May Can, quien fue dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, comenta que en aquellas reuniones se les presentó el proyecto de Lerma como “un nuevo Campeche”.

A por lo menos una de esas juntas –realizada en el hotel Francis Drake, en el centro de la ciudad– acudieron el entonces diputado panista Juan Carlos Lavalle Pinzón y su primo, el actual senador Jorge Luis Lavalle Maury, rememora el luchador social.

“¡Eso es una total y absoluta mentira, es una difamación!”, replica en entrevista aparte Lavalle Maury: “No sé quién esté inventando todo eso, pero yo nunca he tenido nada que ver con asuntos de tierras en Lerma”.

Acepta conocer a Antonino Almazán. Aclara que alguien se lo presentó hace muchos años en el aeropuerto local, pero asienta que nunca tuvo tratos con él “y menos de tierras”.

En cuanto a Velázquez Nieva y el resto de los personajes que hoy se mencionan como prestanombres de Duarte, sostiene que no los conoce, que nunca los ha visto ni sabe quiénes son. Asienta que tampoco identifica a Silesky Mata.

Lavalle Maury es el mismo que, en abril de 2009 y como coordinador de campaña de Mario Ávila Lizárraga (el entonces candidato del PAN a la gubernatura), fue acusado por el Grupo Megamedia –editor de El Diario de Yucatán– de intentar sobornarlo con recursos de la Lotería Nacional. El señalamiento también fue contra Carlos Mouriño Terrazo, hermano de Juan Camilo.

Como legislador federal, Lavalle Maury impulsó el desmantelamiento, que está en puerta, de la planta termoeléctrica de Lerma, ubicada a unos metros de la entrada al Country Club de los Mouriño.

Para tentarlos a ceder sus tierras y moverlos a convencer al resto de los ejidatarios, recuerda May Can, los funcionarios-empresarios les ofrecieron, para empezar, camionetas Tornado, “y nos tiraron las llaves de algunas. Yo no acepté, pero Silesky Mata me advirtió que lo tendría que hacer”.

Así empezó su tormentosa disputa legal en defensa de su ejido.

En este contexto, abunda, el actual gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas (priista que habrá de gobernar de 2015 a 2021), lo hizo encarcelar por invasión, lo sentenció a tres años de cárcel y lo dejó en libertad pero con medidas de restricción que le impiden hacer declaraciones o acercarse a personas implicadas en el caso.

Al salir de la cárcel se le detectó un cáncer. Cuando el padecimiento entró en fase terminal decidió romper su mordaza. Milagrosamente logró superar la enfermedad, “lo que me regresó el brío para continuar mi batalla legal”.

Hasta el momento ha podido dejar a salvo –como tierras ejidales– 360 hectáreas. Sin embargo, los miembros del comisariado, bajo el control de Velázquez Nieva y Santa Bartolo, siguen traficando con las tierras que quedaron mediante procedimientos irregulares.

Un hombre identificado como Martín Alvarado, presunto empleado de la Procuraduría Agraria en Mérida, parece ser el encargado de vender las tierras asignadas a Velázquez Nieva, delinea May Can.

LOS EJIDATARIOS QUE NO LO SON

El 21 de agosto de 2011 irrumpieron en Lerma Moisés Manzur, Apolinar Huesca Damián, Pablo Gómez Rico, Santa Bartolo Acuña y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. En una asamblea se les intentó reconocer como ejidatarios. La reunión se disolvió debido a la oposición de May Can y su grupo.

Pero Gabriela Albarrán, comisaria municipal de Lerma en el periodo 2012-2015 –y con fechas anteriores a 2011– expidió cartas en las que “reconocía” como habitantes de la zona a esas personas, quienes en realidad eran prestanombres de Duarte, según May Can.

Esa documentación ya no está en los archivos de la comisaría municipal, que preside Omar Alberto Uc Sánchez. Se quemó en un incendio del inmueble o la extravió la anterior administración, asegura, nervioso, el oficial mayor Ángel Chan Novelo, quien indica a la corresponsal que cualquier explicación al respecto la solicite “por la vía institucional al ayuntamiento de Campeche”.

May Can cuenta: “Nosotros solicitamos por escrito las cartas de avecindados que expidió la comisaría municipal a estas personas y nos respondieron que no hay archivos, que todos se los llevó la anterior administración. Pregunté al comisario si denunció, porque eso es un delito, y si no lo hizo, él sería cómplice, porque no es posible que se desaparezcan así nada más todos los registros de un pueblo. No ha respondido”.

Y asevera que no sólo ahí están desapareciendo documentos relativos al caso Lerma. También en el Registro Agrario Nacional (RAN).

“Lo bueno que tenía ya todas mis copias de las actas de asamblea, porque la PGR fue a visitar a los del comisariado y ellos dijeron que yo no soy ejidatario, que fui a extorsionarlos y a pedirle al comisario 1 millón de pesos. Con mis actas demostré quiénes mienten aquí.”

Comenta que impugnó todas las asambleas celebradas desde 2007 en las que se reconocieron nuevos ejidatarios. En este sentido dice que los 16 presuntos prestanombres de Duarte fueron indebidamente reconocidos hasta en seis asambleas diferentes como avecindados.

“No se explica uno cómo pudo suceder si no es por la corrupción. Se supone que ni el propio sistema del RAN lo permite. Sólo una vez puede darse ese reconocimiento y aquí lo hicieron hasta seis veces con las mismas personas y los mismos predios, supongo que previendo que, si en una asamblea se anulaba alguna declaratoria, pues estaban otra y otra”, añade.

Entre las actas de asamblea que May Can impugnó está la del 1 de agosto de 2010, en la que se asignaron a Mauricio Teodoro Jiménez Canet Villegas las parcelas 420, 699 y 670, que suman una superficie de 90 hectáreas. Ese terreno fue vendido por el excomisario ejidal Ángel Felipe Dzib Can.

También repudió la asamblea del 7 de junio de 2009, en la que entraron como ejidatarios Abel Muñoz Lagunes, “soltero, agrónomo, de 25 años, originario de Córdova, Veracruz”; Cruz García Ramírez, “soltero, empleado, de 31 años de edad y originario del ejido Benito Juárez, Carmen (Campeche)”; Miguel Velázquez Nieva, “soltero, agrónomo, de 28 años, oriundo de Benito Juárez, Carmen, Campeche”.

Otra importante reunión que May Can desconoce es la del 25 de enero de 2009, cuando fueron “reconocidos como posesionarios” y se les asignaron parcelas a Muñoz Lagunes, ingeniero agrónomo nacido en Córdova el 10 de noviembre de 1983, soltero; a Velázquez Nieva, “ingeniero agrónomo nacido el 14 de octubre de 1981, soltero”, y a García Ramírez, comerciante, soltero, originario del ejido Benito Juárez, Carmen, nacido el 3 de mayo de 1978.

También recibió el “título” Luis Alberto Kuk Flores, de la ciudad de Campeche, nacido el 3 de junio de 1961, soltero, comerciante y con domicilio fiscal en Torres de Cristal –sede del Grupo Energético del Sureste, corporativo de los Mouriño–. Él es el posesionario de varios de los lotes donde los Mouriño edificaron infraestructura aledaña al Country Club, como el Colegio Cumbres y un hospital.

De igual manera impugnó la asamblea del 21 de agosto de 2011, que se caracteriza porque fue la primera cuyas actas fueron firmadas por personas fallecidas. Aquel día fueron reconocidos como avecindados y ejidatarios Moisés Manzur Cisneyros y Alfonso Ortega López.

El 6 de noviembre de 2011 fueron aceptados, con igual calidad, María Isabel Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. May Can también repudia la junta en que ocurrió esto.

El 11 de diciembre de 2011, en tanto, de nuevo entraron como avecindados y ejidatarios Velázquez Nieva, García Ramírez, Muñoz Lagunes, Ortega López, Manzur Cisneyros, Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro, Rosas Bocardo, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Santa Bartolo Acuña, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Héctor Apolinar Huesca Damián, Víctor Manuel Urtusuástegui Astorga y Pablo Gómez Rico.

“Falta que la autoridad decrete la nulidad. Estamos presentando pruebas, pero voy despacio porque no está fácil conseguir el dinero para la documentación certificada”, explica.

Apunta que aunque sigue el tráfico de tierras, el RAN no debe registrar ninguna acta de asamblea en la que se reconozcan nuevos avecindados o ejidatarios en tanto no se resuelva este caso.

“Lo que queremos es demostrar que ninguna de esas personas es, ni ha sido nunca, avecindado en Lerma, por lo que su reconocimiento como ejidatarios es ilegal. Queremos que los presenten ante la justicia y que las tierras regresen al ejido.”

Este reportaje se publicó en la edición 2122 de la revista Proceso del 2 de julio de 2017.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  ROSA SANTANA / 5 JULIO, 2017)

ORGANIZADOR DE ORGÍA GAY EN EL VATICANO ES ENVIADO A UN RETIRO ESPIRITUAL


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hombre detenido que organizó una orgía gay el miércoles pasado en el departamento del exsecretario del cardenal Francesco Coccopalmerio, en El Vaticano, fue enviado a la clínica clerical Pío IX para su desintoxicación, ya que consumió una fuerte dosis de droga.

Días después, se tomó la decisión de enviarlo a un convento para que ahí se recupere completamente, a través de un retiro espiritual, según trascendió hoy en El Vaticano.

Esa orgía gay fue descubierta por las fuerzas de seguridad que atendieron las quejas de los vecinos, quienes toda la noche vieron introducirse a muchas personas en el departamento del prelado, provocando mucho ruido.

La policía descubrió que se trataba de una de las orgías que suele organizar el llamado lobby gay de la Curia Romana. También descubrieron que ahí se consumían fuertes cantidades de droga.


(PROCESO/ RODRIGO VERA/         5 JULIO, 2017)

LA SEGURIDAD, DE MAL EN PEOR

Si en la primera parte del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto la seguridad pública estuvo mal, en la segunda parte, en la recta final del sexenio, estará peor. En función de los resultados, esta es la peor área del Gobierno peñista, donde los rendimientos han sido sistemáticamente decrecientes. Urge un rediseño de la estrategia para combatir el crimen, pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde el Gobierno federal, los gobernadores, alcaldes y legisladores asuman su parte de responsabilidad. Urge, sobre todo para el Presidente, porque la debacle de la estrategia amenaza con devorar por completo los últimos meses de Peña Nieto en Los Pinos, y su principal carta –de acuerdo con las encuestas- para ser el abanderado del PRI para la elección presidencial de 2018, el Secretario Osorio Chong, está tocado de muerte política.

La boca se les ha llenado de palabras huecas a los funcionarios peñistas desde el arranque del sexenio. La balandronada de que en 100 días acabarían con la violencia se convertirá en metáfora de su incompetencia. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de nueve mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año. A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte. Para 2012, la cifra cayó a nueve mil 158, que bajó a siete mil 902 al año siguiente, a seis mil 887 en 2014, y seis mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el gabinete de seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.

Los criminales le tomaron la medida al Gobierno. Se realinearon y se fortalecieron. La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el artículo 9 del Código Penal. En 2016, ese tipo de delito sumó siete mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22 por ciento con respecto al año anterior. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.

El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a los 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6 por ciento con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8 por ciento con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a nueve mil 916, lo que significa un aumento de 29.5 por ciento con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.

Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar. En los primeros 54 meses del Gobierno de Peña Nieto, casi cuatro años y medio en total, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. Como comparación, en los primeros 54 meses de Gobierno de Calderón, hubo 70 mil 693 homicidios dolosos. La cifra en el actual Gobierno puede ser incluso mayor, por las variables en la medición. Una de ellas es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Aun así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se han denunciado hasta el momento 12 mil 516 homicidios por encima del total de denuncias en el Gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.

Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos, son Veracruz, que tuvo un incremento de 122 por ciento entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65 por ciento), Colima (259 por ciento), Baja California (42 por ciento) y Chihuahua (30 por ciento). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima. En los primeros cuatro meses de este año, como botón de la extensión territorial de la violencia, se reportaron denuncias en 28 entidades, con Baja California, Veracruz y Sinaloa, a la cabeza.

Llamados como los que hizo De Hoyos Osorio Chong, como responsable de la seguridad interior y la gobernabilidad, deben ser una exigencia para las instituciones, que hasta ahora se han dedicado a dos cosas: a esconder la cabeza como avestruces, o a posponer el fortalecimiento institucional que tanto contribuye a esta debacle, por intereses partidistas particulares. A este respecto, no hay señales que las cosas cambiarán, ni la voluntad presidencial para dar un golpe de timón y rectificar el rumbo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 05/07/2017 | 01:00 AM)   

DETIENEN EN MAZATLÁN A CINCO HOMBRES CON ARMAS Y VEHÍCULOS ROBADOS

Reportan que el operativo se llevó a cabo en la madrugada del miércoles, al norte de la ciudad



Detienen en Mazatlán a cinco hombres con armas y vehículos robados


MAZATLÁN.- Cinco hombres que traían en su poder armas de fuego y viajaban en vehículos con reporte de robo, fueron detenidos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C4i), la Policía Municipal de Mazatlán.

La SSPE informó que la detención se registró durante las primeras horas de este miércoles.

El reporte señala que los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando se activó el arco detector de placas ubicado al norte de la ciudad enviando aviso a C4 sobre la presencia de vehículos con reporte de robo.

De manera inmediata se inició un operativo, donde se logró la detención de cinco personas de nombre José Carlos “N”. Jesús Fernando “N”, Maro César “N”, Jorge Luis “N” y Juan Carlos “N”, originario de Culiacán, quienes viajaban en las unidades robadas, en cuyo interior se localizaron varias armas de fuego.

Las cinco personas detenidas, los vehículos y el armamento asegurado, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, quien realizará la investigación correspondiente.


LO ASEGURADO

- 19 armas largas
- 2 aditamentos lanzagranadas
- 2 granadas
- 38 cargadores
- Cartuchos
- Tres vehículos

- Una placa de vehículo con reporte de extravío





(NOROESTE / REDACCIÓN/ 05/07/2017 | 11:28 AM)

REPORTAN ATAQUE A BASE MILITAR EN LA RASTRA, ROSARIO

Convoy de autoridades municipales se encontraba en la región serrana, pero confirman que no resultó afectado



Reportan ataque a base militar en La Rastra, RosarioFoto: Noroeste

Un hecho violento, que se reporta podría ser un ataque a una base militar, se registró por la mañana en la zona serrana de Rosario, cerca de la comunidad de La Rastra.

En la región se encontraba un convoy oficial del Municipio de Rosario, con funcionarios municipales, incluso el Alcalde Manuel Pineda, sin embargo, fuentes del Gobierno estatal afirman que la caravana del Ayuntamiento no resultó afectado en los hechos, pues fue horas antes de que el Presidente Municipal arribara en una gira a comunidades de la zona.

Se informó que el personal militar le pidió al Mandatario rosarense no llegar al área a la que se dirigía, para evitar cualquier riesgo, por lo que fue resguardado en otro puesto de control militar.

De acuerdo con personal del área de comunicación social de la Comuna rosarense, el Alcalde entregaría esta mañana despensas en las comunidades La Rastra y Plomosas, acompañado por personal del DIF Sinaloa.

Para trasladarse a la zona, requirió de apoyo de la Policía Militar, Ministerial y Municipal.

Se informó que dará conferencia de prensa al llegar a la cabecera municipal.

MOVILIZACIÓN

Se reporta que desde la hora de los hechos se han desplazado unidades militares hacia la región y se observa movilización entre el personal de Seguridad Pública en la cabecera municipal.

Incluso se informa que el personal civil de esa corporación fue evacuado del edificio de la dependencia y en la entrada se observa que colocaron un camión de bomberos en una especia de "barricada".

Ante el temor de que el Alcalde y su comitiva hubieran resultado afectados por los hechos violentos, en redes sociales circularon incluso oraciones para pedir por su integridad.





ACLARA SSPE QUE ALCALDE DE ROSARIO NO SUFRIÓ ATENTADO

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desmintió la versión de un posible atentado en contra del Alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez.

En un comunicado la SSPE aclaró que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de una Base de Operaciones, realizaban patrullamientos en dicho municipio, como los realizan en todo el estado, y en ese momento fueron atacados.

El reporte señala que cercano al lugar donde sucedieron estos hechos, se encontraba el presidente municipal realizando labores propias de sus funciones, sin embargo, se trata de hechos completamente aislados que no tuvieron ninguna relación entre sí.

Se informó también que ningún elemento militar, que repelió la agresión mientras participaban en dichos recorridos, resultó lesionado.


(NOROESTE / REDACCIÓN/05/07/2017 | 10:59)

SINALOA, REALIDADES Y PERCEPCIONES


CASO JAVIER VALDEZ. Sigue el silencio

Por una nota de la periodista Dolia Esteves, publicada el viernes en el portal de noticias sin embargo.mx, nos enteramos que el gobierno de Sinaloa contrató a la empresa Mercury Public Affairs, dedicada a las relaciones públicas, para mejorar la imagen del estado. Como si fuera cosa de una campaña publicitaria cambiar la percepción de la gente, se invertirán 5 millones de pesos (ya con los gastos de operación) en diez meses. Tal vez la cantidad no es muy grande, y pueden ser diez, o 20 o cien, eso es lo de menos. Porque no se trata aquí de cambiar la imagen, sino las cosas, la realidad que padecemos todos los días los sinaloenses.

No se sabe aún para qué, específicamente, fue contratada la empresa. Será porque en abril del año entrante se llevará a cabo en Mazatlán, por primera vez, el Tianguis Turístico o porque, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Sinaloa esté tratando de limpiar los tomates y las berenjenas de suspicacias relacionadas con el medio ambiente, —por aquello del uso de herbicidas y plaguicidas no permitidos— o con los derechos humanos, con eso del uso, —todavía no controlado del todo—, de mano de obra infantil.

Que no se tire el dinero a la basura. A los extranjeros no se les engaña con un paneo sobre el mar, el sol brillante y una chica —modelo, por supuesto— dando sorbos a una Margarita. Lo que tiene que cambiarse es la realidad, la inseguridad con que aquí vive la gente, la de a pie y la de autos de lujo también. Y todavía así no hay ninguna garantía de que las percepciones cambien porque se encuentran muy arraigadas.

Todo el mundo sabe que la imagen de nuestro Sinaloa es terrible no solo en México sino en el extranjero. Hace años el exgobernador Mario López Valdez pidió al gobierno federal que ya no llamara al cártel local “Cártel de Sinaloa” porque eso afectaba la imagen de la entidad. Alguien le hizo caso y luego se le empezó a llamar “Cártel de Pacífico”. Malova le apostaba a las percepciones, más que a la realidad. Pero, además, de una manera muy hipócrita, porque desde que asumió el poder entregó las policías a quienes lo habían apoyado en su campaña hasta con acciones intimidatorias y de guerra sucia contra sus opositores, ya no digamos con dinero, porque ese siempre aparece en las campañas.

En el gobierno de Jesús Aguilar pasó algo peor. No existía la Secretaría de Turismo y se creó con el fin de llevar a cabo acciones que permitieran el desarrollo de esa actividad aprovechando las potencialidades de la entidad: Mazatlán, los pueblos mágicos, la gastronomía, la historia…

Pero el primer titular de la secretaría fue Antonio Ibarra Salgado, un conocido lavador de dinero del narcotráfico, en los tiempos en que en el Cártel de Sinaloa todo era miel sobre hojuelas. Todo iba bien o eso parecía. Relacionado el señor, nadie se atrevió a decirle al gobernador que se había equivocado, que una persona con ese perfil no podía ser el encargado de promover la cara bonita de Sinaloa y que, por el contrario, podía ser contraproducente.

El 22 de diciembre de 2009, el funcionario fue asesinado con ráfagas de metralleta en pleno centro de Culiacán. Una semana antes, elementos del ejército había cateado su casa, ubicada en el residencial Álamos, donde también viven los Coppel, los Vizcarra… Nunca se aclaró el crimen, por supuesto, y a nadie le interesaba hacerlo porque todo el mundo dio por hecho que su muerte tuvo que ver con el manejo de dinero sucio de la mafia.

Quirino Ordaz está cometiendo muchos errores y lleva apenas seis meses al frente de la administración. No se percibe un gobernador que traiga idea de lo que hay que hacer y más bien se observa disperso, sin idea de la política, agobiado por los problemas de violencia y la carencia de recursos que enfrenta. Por si fuera poco, carga como una cruz uno de los crímenes de más alto impacto que se haya cometido en México en los últimos años, el del periodista de Ríodoce, Javier Valdez.

¿Quiere cambiar la imagen de Sinaloa en el extranjero, gobernador? Cambie la forma de gobernar. Eso sería un buen comienzo. Y tal vez le cueste menos.

BOLA Y CADENA

EL GOBERNADOR ES DE MAZATLÁN y debe recordarlo muy bien. Antes de que una bola de plebes amanecidos lazara la estatua de El Venadito y la tumbara jalando la cuerda con una camioneta, era parte de un no pedido narcotour porque tenía tres o cuatro balazos que le había pegado el Cochiloco en los años ochenta. Los taxistas llevaban a los turistas y les mostraban los impactos de bala, luego los pasaban por las casas aseguradas de los Arellano Félix ubicadas en el malecón y les contaban la historias que habían escuchado. Y nadie decía nada. Cuando detuvieron a Joaquín Guzmán en el edificio Miramar, este se convirtió en la atracción turística por excelencia. Pero ahora el empresario turístico es gobernador. Y hay que cambiar la imagen…

SENTIDO CONTRARIO

PASAN LOS DÍAS Y EL CASO de Javier Valdez sigue encriptado por las fiscalías que lo investigan. Aunque es una demanda que ya tiene 15 días expuesta oficialmente ante el gobernador, con copia a las fiscalías, no han definido quién se queda con el caso para evitar que la responsabilidad se diluya. O no tienen nada concreto todavía, o le están apostando al olvido. Mientras, la gente quiere respuestas.

HUMO NEGRO

DICE LA EX PROCURADORA, Arely Gómez, que la PGR usó el espionaje a través del programa llamado Pegasus que adquirió Jesús Murillo, el de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa. Y que ella también lo hizo, pero para combatir al crimen organizado. Muy bien, ahora que alguien explique quién espió a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y a varios políticos.

(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 3 julio, 2017)



REPORTAN ENFRENTAMIENTO EN EL ROSARIO; SE DESCONOCE SI ALCALDE FUE AGREDIDO


Manuel Antonio Pineda, al centro.

Un enfrentamiento armado entre las comunidades de La Rastra y Plomosas, en la sierra de El Rosario, en donde el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, se encontraba entregando apoyos, fue reportado.

De acuerdo a los datos extraoficiales, en dicha zona se enfrentaron grupos rivales, pero se desconocen mayores datos.

Personas cercanas al alcalde señalan que él se encuentra bien y continúa con la entrega de apoyos, pero dicha información no ha sido confirmada por autoridades.

La última comunicación que se tuvo con él fue a las 6:45 horas, y hasta el momento no se tiene mayor información.

Se dio a conocer que en la zona hay movilización de militares.


(RIODOCE/ REDACCION/ 5 julio, 2017)

SE DESATAN PERSECUCIONES Y BALACERAS EN REYNOSA


Alerta gobierno del estado y municipal por situaciones de riesgo ocurridas en varias colonias de la ciudad, para que se extremaran precauciones y evitaran las zonas de riesgo

Varias situaciones de riesgo se registraron la tarde-noche de ayer en diferentes puntos de la ciudad, las paginas de Twitter de gobierno del estado y la del municipio así como en algunas redes sociales alertaban a la ciudadanía a extremar precauciones.

Los puntos en que se registraron las persecuciones y detonaciones fueron en las colonias Vista Hermosa, Villa Florida, Las Delicias, Azteca entre otras por la tarde y por la noche fueron la Montecasino y Petrolera.

A los lugares arribaron elementos Federales y Estatales quienes realizaron algunas labores de reconocimiento y patrullaje además de que realizaron revisiones aleatorias en diferentes puntos de la ciudad.

Además también en redes sociales dieron a conocer que varios vehículos habían sufrido ponchaduras de neumáticos luego de que tiraran los llamados poncha llantas al poniente de la ciudad en el entronque del libramiento Monterrey Matamoros con el boulevard Miguel Hidalgo.

Hasta esta noche ninguna autoridad había realizado la captura de alguna persona relacionada con estos hechos además de que continuaban con los recorridos de seguridad y vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.

Varios mandos de fuerzas federales coincidieron en señalar que para disminuir la inseguridad en esta frontera hay que realizar constantes recorridos y revisiones por lo exhortan a la ciudadanía a colaborar para poder brindar una mejor seguridad.


(EL MAÑANA DE REYNOSA/ JESÚS H. GONZÁLEZ / LA TARDE/ 05 / JULIO / 2017 - 10:10 A.M)

LA ASF EXHIBE INEPTITUD DE LA PGR: EN 2016 SÓLO SENTENCIÓ 3 DE CADA 100 CASOS POR DELITO FINANCIERO



La Auditoría Superior de la Federación exhibe de nueva cuenta que la persecución de los delitos financieros en el país es casi nula. En su revisión de la Cuenta Pública 2016, plantea que la PGR logró que se sentenciara tres de cada 100 averiguaciones por este ilícito, y además devolvió 57 de cada 100 casos a los jueces.

El órgano fiscalizador federal recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del PIB del país.

La falta del ataque al dinero criminal ha sido criticada en reiteradas ocasiones por expertos que sostienen que golpear las finanzas de estos grupos los debilita. En marzo pasado, el mismo Departamento de Estado de EU criticó la falta de castigo en este tipo de delitos: “La relativa falta de condenas en casos de lavado de dinero es constante con el problema general de impunidad en México”, sostiene el Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.

El Departamento de Estado de EU critica falta de detenciones en México por lavado de dinero

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Mientras que la violencia atribuida al crimen organizado va en aumento, la investigación de los delitos financieros que cometen estas agrupaciones criminales, como el lavado de dinero, va en descenso.

Así lo establece el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas áreas especializadas en delitos financieros inician y consignan cada vez menos casos por este tipo de ilícitos y, también, reciben menos sentencias.

“En 2016, la Procuraduría General de la República no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos de carácter financiero, ya que mientras en 2013, de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de tres casos”, dice la auditoría 106-GB, difundida en días pasados.

“Aunado a ello, las devueltas por el juez se incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que, de mantenerse este comportamiento, no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la población en general”, agrega la revisión.

La ASF recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

También, que la economía mexicana es vulnerable a estos ilícitos producto del tráfico y producción de narcóticos y dada la vecindad con Estados Unidos, que es el mayor mercado de drogas del mundo.

“La sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica por el embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras”, menciona el documento.



Raúl Cervantes Andrade es Procurador General de la República desde octubre de 2016. Foto: Cuartoscuro

Ante esta situación, agrega, el Gobierno federal definió mecanismos de investigación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR, así como del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), al cual se asignó la función de generar información de inteligencia para sistematizar datos relaciones con el crimen organizado.

El trabajo del Cenapi, sin embargo, es cada vez de menor relevancia para la investigación de este tipo de ilícitos, debido a que, como encontró la ASF, sus productos no se vinculan con resultados concretos.

En ese sentido, la estadística documenta que, de los 519 productos de información generados por el Cenapi, sólo un 21 por ciento sirvió para la definición de estrategias destinadas a desarticular bandas del crimen organizado, mientras que la mayor parte, o un 78.8 por ciento (409) de estos productos, carecieron de utilidad probada.

“Se observó que mientras que. en 2016, de los 519 productos elaborados, 21.2 por ciento (110) contuvo ese tipo de información, durante 2013, de los 325 análisis generados el 98.2 por ciento (319) incluyó conclusiones que proporcionaban información estratégica para la toma de decisiones, lo que representó una reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que favorecen la definición de estrategias de contención y desarticulación de organizaciones y blancos vinculados a la delincuencia organizada”, advierte la ASF.

La PGR durante el 2016 sufrió un cambió de titular. En agosto de ese año, Arely Gómez González dejó la dependencia que ocupó desde marzo de 2015 y fue sustituida por Raúl Cervantes Andrade, quien actualmente sigue en el puesto.

El crimen en México lo compra todo porque el Gobierno no ataca sus finanzas: especialistas

Otros datos presentados en la revisión muestran que, en total, la PGR inició en 2016 dos mil 26 averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos en materia financiera, de los cuales sólo 98, o un 4.8 por ciento, fueron consignadas ante el Poder Judicial.

“Por lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como resultado de los juicios seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones previas consignadas, el 3.1 por ciento (tres) fue sentenciado, el 36.7 por ciento (36) se registró como pendiente de sentencia; el 2.0 por ciento (2) se encontró en proceso de impugnación; y el 58.2 por ciento (57) fue devuelto por el juez, sin que se acreditara que no se debió a problemas en su integración”, dice la ASF.

“En opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos (…) aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de incrementarse el número o confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no contribuirá a resolver el problema de la impunidad de éstos delitos y, por tanto, la vulnerabilidad del sistema financiero”, agrega.

La violencia en México alcanzó el mes de mayo pasado un récord en el número de homicidios dolosos: 2 mil 186 carpetas de investigación se abrieron por este delito, una cifra superior a los momentos más cruentos de la “guerra contra el narcotráfico” en la época de Felipe Calderón Hinojosa y que no había visto en los 20 años que la Secretaría de Gobernación tiene registro.

Lo mismo sucedió con el cúmulo de los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo se han reportado 9 mil 916 averiguaciones por asesinato intencional, cifra que superó la tasa más alta hasta el momento de este periodo, registrada en el 2011, con 9 mil 466 averiguaciones.

Nunca antes, hasta donde hay registro, México tuvo días tan violentos en “tiempos de paz”




(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/ JULIO 4, 2017, 8:00 PM

13 DÍAS DESPUÉS DE VALERIA, OTRA JOVEN DE 16 AÑOS DE EDOMEX FUE ATACADA SEXUALMENTE EN COMBI


A menos de medio mes de que la niña Valeria fuera violada y asesinada en el municipio de Nezahualcóyotl, se da a conocer otro caso de violencia de género en el Estado de México, considerado uno de las entidades más peligrosas para ser mujer en el país.

El 21 de junio una joven de 16 años fue ultrajada por el chofer de una combi de la ruta 56 y hasta el momento las autoridades de la entidad no han capturado al agresor. Además, ayer fue encontrado el cuerpo de una niña de 5 años de edad en el interior de un automóvil con placas del estado de Puebla en el kilómetro 21 de la carretera Cuautla-Morelos.

Madre que envenenó a hijos y se mató, denunció abuso sexual y juezas la ignoraron, dicen ONGs

Ciudad de México,  5 de julio (SinEmbargo).- A 13 días de que la niña Valeria fuera agredida sexualmente y asesinada dentro de una combi en el municipio de Nezahualcóyotl, una joven de 16 años fue abusada en otra unidad de transporte público en el Estado de México, ahora en Los Reyes La Paz.

El 21 de junio, a las 6 de la tarde aproximadamente, la menor de edad fue ultrajada por el conductor de una combi de la ruta 56 y hasta el momento las autoridades de la entidad no han capturado al agresor.

De acuerdo con el propio relato de la joven estudiante, entrevistada en el programa En Punto, de Denise Maerker, el chofer se apartó de la ruta, circuló por calles sin pavimentar y la llevó hasta un lugar apartado en el cerro, donde la agredió.

La madre de la menor señaló una unidad específica, pero el dirigente de la ruta “Pegaso” rechazó que uno de sus choferes fuera el responsable.

El Estado de México es considerado una de las entidades más peligrosas para ser mujer en el país, de acuerdo con organizaciones civiles, tan sólo en los primeros meses que van del año, 112 mujeres han sido asesinadas.

En este contexto de violencia, se difundió el caso de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, de 11 años, el cual movilizó a decenas de habitantes e integrantes de organizaciones civiles quienes se han manifestado para exigir justicia por la menor, cuyo cuerpo apareció el pasado 8 de junio en una combi, luego de que una Jueza diera carpetazo tras la muerte del feminicida José Octavio.

Incluso, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha asegurado que de no tomarse acciones inmediatas e institucionales en la entidad, “seguirá siendo el reino de la violencia machista y la impunidad”.

También, ayer fue encontrado el cuerpo de una niña de cinco años de edad en el interior de un automóvil con placas del estado de Puebla en el kilómetro 21 de la carretera Cuautla-Morelos, a la altura de la Colonia El Caudillo.

Los primeros informes señalan que el cadáver de la menor presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y al parecer fue asfixiada.



VIOLENCIA DE GÉNERO EN EDOMEX

La violencia de género va desde las bromas hirientes, los chantajes, los celos, el control y hasta el  aislamiento. Las agresiones físicas pueden ir desde un empujó, jaloneo, amenazas, abuso sexual y asesinato, de acuerdo con el Violentómetro realizado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia psicológica, absentismo laboral y políticas públicas, la violencia contra las mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reveló el estudio “El costo de la violencia contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género en el Estado de México (Ocmexfem) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), en los primeros meses que van del año, 112 mujeres del Estado de México han sido asesinadas. Aunque desde 2015 la SCJN determinó que las autoridades investiguen con perspectiva de género y sin discriminación todas las muertes de este tipo, de los 626 casos ocurridos en la entidad durante 2016, solo 296 de ellos (el 47 por ciento) fueron investigados como feminicidios.

El 8 de diciembre de 2010 se presentó la solicitud de esta alerta en la entidad mexiquense para atender, de manera urgente, la problemática y detener su incremento.

Habla el papá de Valeria: “Digan la verdad. Eruviel nunca nos llamó. A mi hija la hallamos nosotros”

De enero de 2005 a agosto de 2010, se registraron 922 homicidios dolosos con características de feminicidio, pero en 526 casos se desconocía la identidad de los asesinos, es decir, se encontraban en impunidad.

Después de casi cinco años de litigio y la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, el 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Género para 11 municipios con mayor índice de riesgo: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JULIO 5, 2017, 9:00 AM)

EL EDIL DE PALMAR, EN PUEBLA, ES DETENIDO POR POSIBLES NEXOS CON HUACHICOLEROS Y LAVADO DE DINERO


El pasado 2 de junio, el Gobierno de Puebla confirmó que el Edil de Palmar, quien es dueño de una gasolinera clausurada por operaciones irregulares, era investigado por sus posibles nexos con bandas de huachicoleros.

Edil acusado de nexos con huachicoleros está “prófugo”: Lozano; aparece en evento del Gobernador



Edmundo Velázquez
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo/ Periódico Central).- Pablo Morales Ugalde, el Alcalde de Palmar de Bravo, en Puebla, fue detenido este miércoles por la Procuraduría General de la República (PGR).

En su cuenta de Twitter, la PGR informó que se logró la detención de Morales Ugalde gracias al apoyo de la Secretaría de Marina (Semar).

El Alcalde, emanado de las filas del partido Pacto Social de Integración (PSI), es investigado por su presunta participación en el robo de combustible en el estado, lavado de dinero y evasión fiscal, pues supuestamente sus gasolineras vendían combustible robado.


Es el segundo Alcalde poblano detenido por estos delitos, luego de que el pasado 10 de marzo fue aprehendido el Edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes.

La Alcaldía de Palmar de Bravo quitó ya la foto oficial de Pablo Morales.

Pemex cierra 7 gasolineras en Puebla por vender combustible robado; 4 son de un Edil

A principios del mes de junio, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano informó que Morales Ugalde era investigado por lavado, sin embargo pidió esperar a que concluyeran las investigaciones en su contra.

“La definición de quién incurrió en un delito, depende del dictamen de la tarjeta de investigación de lavado financiero. Si se comprueba que ese presidente y otros están involucrados, vamos a aplicar la Ley”, dijo Carrasco Altamirano.

El pasado 30 de mayo, Petróleos Mexicano (Pemex) cerró siete gasolineras en Puebla por vender gasolina robada, de las cuales cuatro pertenecen a Pablo Morales.

Actualmente existen investigaciones contra de nueve alcaldes de municipios ubicados en el Triángulo Rojo por sus presuntos vínculos con las bandas de robo de combustibles.


El Triángulo Rojo, conocido así por el robo de combustible, se convirtió en la zona más peligrosa de Puebla, a unos pasos de la capital del país; su situación crítica ha llevado al Gobierno del estado y a otras instituciones a tomar medidas extremas de seguridad.

La investigación contra los alcaldes surgió luego de la detención de José Isaías Velázquez Reyes, el Alcalde Atzitzintla, debido a que colaboraba con “Los Bukanas”, un grupo de Los Zetas que controlan el robo de combustible, el secuestro y la extorsión en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Periódico Central.


(SIN EMBARGO.MX/ PERIÓDICO CENTRAL/  REDACCIÓN / JULIO 5, 2017, 3:25 PM)