martes, 30 de junio de 2015

TLATLAYA: RESPUESTAS QUE NO SATISFACEN, SOSPECHAS SOBRE MILITARES


La matanza de Tlatlaya ocurrió el 30 de junio de 2014 en un incidente en el que murieron en total 22 personas. Foto: Especial.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Hace exactamente un año, la publicación de un boletín informativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre un supuesto enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes fue la hebra que, al deshilvanarse, condujo a la historia de una ejecución extrajudicial sumaria en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de la distancia impuesta por el tiempo y de las informaciones que en ese lapso se han ido conociendo, en el primer aniversario de ese hecho aún persisten dudas sobre qué ocurrió, quiénes son responsables y hasta qué nivel de mando alcanzó la decisión de encubrir el asesinato de 22 personas –21 varones y una mujer– sosteniendo que los militares habían actuado en legítima defensa.

Si bien la noticia de una posible ejecución extrajudicial no fue inédita –dado el contexto de violencia e inseguridad que desde el sexenio pasado persiste en el país–, el asesinato de 22 personas en una bodega localizada en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, representó más que sólo el hecho concreto de una grave violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, a decir de Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Texas.

En su análisis, lo ocurrido en Tlatlaya evidenció carencias en el sistema de justicia, en la transparencia, en la gobernabilidad, así como una falta de rendición de cuentas por parte de las diferentes instancias de seguridad en el país.

“Creo que Tlatlaya fue abrirnos los ojos a lo que estuvo sucediendo y a la falta de responsabilidad por parte del gobierno para querer esclarecer este tipo de abusos a derechos humanos; a la protección de las fuerzas federales y diferentes instancias de seguridad, y a la violación de derechos humanos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
“Todo este tipo de prácticas reflejan las limitaciones del sistema de impartición de justicia y las limitaciones en cuanto a gobernabilidad, la inseguridad, la falta de un mecanismo del Gobierno federal y los gobiernos locales y estatales para dar una atención adecuada en estos casos de violaciones graves a derechos humanos, independientemente de que estemos hablando alegadamente de crimen organizado […]. Un Estado democrático, un Estado de Derecho debe considerar los procesos y se les debe investigar a todas las personas que están presentes en un operativo”, abundó la también jefa del Departamento de Gobierno en la Universidad de Texas.

El director en México de la organización Amnistía Internacional (AI), Perseo Quiroz Rendón consideró a su vez que el caso de Tlatlaya exhibió que la política de seguridad vigente, que ha recurrido a la militarización de la seguridad pública, es deficiente y no tiene contrapesos, lo que ha propiciado violaciones a derechos humanos.

“Refleja muchas de las carencias que se ven en México respecto a las políticas de derechos humanos y sobre todo los efectos de una política de seguridad de mano dura que no tiene controles o contrapesos democráticos”, expresó. “Llevamos desde el 2006-2007, con una política de mano dura y no vemos que la situación en términos de seguridad cambie. Más bien lo que hemos visto ha sido que el tema de inseguridad y la crisis de violencia y de Estado de Derecho ha ido cambiando de lugares, pero no ha disminuido en términos prácticos”.
Quiroz agregó que, contrario a lo que pudo pensarse tras la masacre en Tlatlaya, de que hechos como ese dejarían de ser la regla, se ha mantenido como “patrón” ante la la inacción de las autoridades, que siguen negando la ocurrencia de los hechos y la violación de los derechos humanos de las víctimas. Un problema adicional, consideró, es que la problemática que este hecho representa no forma parte de la agenda pública.

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD


Foto: Esquire

Tras el asesinato de 22 personas por parte de militares en una bodega en el municipio de Tlatlaya, la Sedena dio la versión de que se había tratado de muertes producto de un enfrentamiento. Casi de inmediato, el Gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas salió a respaldar esa versión y aseguró que la actuación de los militares había sido en legítima defensa.

En un primer momento, una semana después del supuesto enfrentamiento, la agencia estadunidense Associated Press publicó que en el lugar de los hechos no había señales de un enfrentamiento. Luego, el 17 de septiembre, el periodista Pablo Ferri publicó un reportaje en la revista Esquire Latinoamérica en la que refutó por completo la versión oficial al presentar a una testigo de los hechos, quien aseguraba que 21 de los 22 asesinados se habían rendido antes de que los soldados los mataran sin haberlos interrogado. La testigo, que fue identificada como “Julia”, dijo además que el ataque había dejado a dos jóvenes heridos; a una de ellos, de 15 años, los militares la habían rematado cuando se encontraba en el piso.

Desde entonces, periodistas y ciudadanos han buscado indagar más sobre el caso y han solicitado información a través del sistema de transparencia gubernamental. La escasa información que se ha conseguido ha fluido a cuentagotas, enfrentándose a la resistencia de las autoridades involucradas, a veces respaldadas por las instancias encargadas de la transparencia.

A mediados de julio, el comité de información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) reservó toda la información sobre actuaciones, dictámenes y documentos que integran la carpeta de investigación de los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio por un periodo de nueve años, clasificándola como confidencial y reservada.

Luego, el 9 de diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación que realiza por la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que en octubre había solicitado esa información, pero en respuesta, la PGR contestó que se habían realizado 11 dictámenes en la investigación pero que no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que era información reservada por tratarse de una investigación en curso. La PGR reservó esos dictámenes por 12 años, el máximo periodo estipulado en la ley.

Considerando lo anterior, la organización civil interpuso el 5 de diciembre un recurso de revisión en donde solicitó que se hiciera pública la investigación por el caso Tlatlaya “por tratarse de una violación grave de derechos humanos o incluso pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad”.

La Procuraduría contestó entonces que la averiguación previa iniciada sobre los hechos fue “por la probable comisión del delito de homicidio” y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido la recomendación 51/2014, “la misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos”, pues en el portal de internet de la CNDH no aparecía en su sección de “Recomendaciones por violaciones graves” sino simplemente en la sección de “Recomendaciones”.

En febrero pasado, los reporteros de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales de la “Primera Emisión” de Noticias MVS denunciaron cómo la PGR había falseado información y desacatado una resolución del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy convertido en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Los periodistas Daniel Lizárraga y Sebastián Barragán refirieron que desde el 6 de octubre de 2014 solicitaron a la PGR acceso a los peritajes, a través de una solicitud de información pública. La PGR negó el acceso argumentando que los documentos estaban reservados por tener datos personales y formar parte de una averiguación previa en curso.

Sin embargo, el medio interpuso un recurso de revisión argumentando que no se podía reservar un expediente que involucraba violaciones graves a los derechos humanos. Pese a que el 14 de enero el entonces Ifai ordenó a la PGR entregar versiones públicas de los peritajes, la Procuraduría notificó que no los entregaría porque habían sido entregados al juez de la causa desde octubre de 2014 y no tenía copia.

Durante todo el tiempo en que se dirimió el asunto ante el Ifai, la PGR nunca señaló que no contaba con dicho documento, resaltaron los periodistas. De acuerdo con el comisionado del Ifai Francisco Javier Acuñas Llamas, quien llevó el caso, la PGR cometía con ese argumento violaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, al no conservar una copia de la averiguación previa; a la Ley de Archivos,  que obliga a conservar documentos por el doble de tiempo que se clasifican como confidenciales; y a la Ley Federal de Transparencia, al reservar información que en realidad no estaba en sus archivos.

A finales de 2014 e inicios de este año, el equipo de reporteros tuvo acceso al expediente que creó la CNDH para investigar el caso Tlatlaya, el cual sirvió de base para la recomendación que hizo al Gobierno del Estado de México, la Sedena y la PGR.

Con esos archivos, la Unidad de Investigaciones Especiales documentó cómo la Sedena bloqueó a la CNDH el acceso a documentos del Tribunal Militar; que hubo presencia de dos generales en la bodega donde ocurrió el tiroteo en Tlatlaya, así como la participación de marinos y un batallón del Ejército que no se habían revelado hasta ese momento.

Sin embargo, el expediente no incluía los peritajes realizados por la PGR, los cuales se negaba a entregar.

Apenas el pasado 24 de junio, el Inai rechazó la apertura de la averiguación previa que sobre el caso realizó la Procuraduría Militar. Sin embargo, redujo de 12 a 2 años el plazo de reserva de dicho documento. El proyecto, del comisionado Francisco Javier Acuña, planteó que por tratarse de delito de “índole de indisciplina militar” no le era aplicable la causal de apertura por haber existido una violación grave de los derechos humanos.

Pero un día después, el Inai ordenó a la Sedena entregar versiones públicas de los partes militares sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 30 de junio de 2014.

Se trata de los partes militares que dieron el comandante a cargo de los soldados que participaron en el operativo, el del superior jerárquico a cargo de esos militares y el del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jerárquico.

En un primer momento, refirió la institución, la Sedena había respondido que no existían tales partes militares y recomendó al solicitante a consultar los boletines de prensa emitidos por la propia Secretaría sobre el tema.

Pero en una respuesta ampliada, la Sedena reconoció la existencia de los partes militares mas señaló que estaban clasificados como reservados , por formar parte de una causa penal en curso. Sin embargo, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai, que reconoció que la difusión de los documentos no causaba un perjuicio serio a la impartición de justicia por lo que no eran susceptible de clasificarse como información reservada. En consecuencia, le ordenó a la Sedena entregar la información solicitada.

También a unos días de cumplirse un año de la masacre, el periodista Gustavo Castillo, reportero del diario La Jornada, afirmó que existían inconsistencias entre los peritajes realizados por peritos del Estado de México y los de la PGR, según había constatado a partir de los peritajes de la PGR y de la PGJEM, entregados a partir de una solicitud de información, según refirió.

El reportero descubrió, entre otras cosas, que 11 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya fueron prácticamente fusiladas y cinco más murieron realizando “maniobras instintivas de defensa”. Además, las armas de tres víctimas estaban descargadas.

En opinión del director de Amnistía Internacional en México, esta resistencia de las autoridades civiles y militares podría explicarse por la falsa percepción que existe en éstas respecto a que criticar a las instituciones significa debilitarlas.

“A veces pareciera ser que nuestras autoridades se convierten más en guardianes del statu quo, que en guardianes del bien público. La transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de casos no perjudica, sino todo lo contrario. Es sólo que no se ha entendido en su totalidad”, consideró.

Pero para Correa-Cabrera, tal resistencia también podría explicarse por un “contubernio” entre las diferentes instituciones públicas.

“Se puede pensar en un contubernio de las diferentes instituciones públicas con el aval de la cabeza del Estado mexicano y eso es muy preocupante: el que una instancia no quiera abrir sus archivos, abrir sus investigaciones […]. Podría hacernos pensar que hay un contubernio que viene de las esferas más altas del Estado mexicano para no debilitar su imagen, para protegerse ellos mismos, sin un compromiso con la impartición de justicia, sin un compromiso con el Estado de Derecho”, expresó.

La académica estimó que las autoridades estarían apostando a dejar pasar el tiempo y que el tema se olvide para no tener que pagar los costos personales e institucionales del caso Tlatlaya.

“Se está apostando al olvido, se está apostando a que las cosas bajen de nivel, a que se deje de publicitar, a que los medido se olviden y entonces no se pague estos costos […]. No se está teniendo la responsabilidad, las investigaciones y las personas que se pudo procesar por Tlatlaya. Hay huecos, hay preguntas de lo que ocurrió hace un año, y sigue sin haber respuestas”, expuso.

IMPUNIDAD PERSISTENTE

En abril pasado, el Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados para Coadyuvar con las Autoridades Competentes en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, presentó un informe en el que hizo varios señalamientos que revelaban varios huecos de información sobre lo ocurrido en Tlatlaya.

Dichos vacíos informativos persisten a la fecha.

Por ejemplo, a la PGR le pidió dar a conocer públicamente si había iniciado denuncias, investigaciones penales, procedimientos o recursos administrativos por la afectación a derechos humanos derivada de la tardanza de 11 semanas en comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.

También consideró que era necesario que el gobierno mexiquense aclarara por qué la Procuraduría estatal no investigó la alteración de elementos y el desplazamiento de cadáveres de su posición original, así como por qué sus peritos llegaron casi seis horas después de ocurridos los hechos.

Asimismo le pidió aclarar por qué aseguraba que sus peritajes habían sido “apresurados” si había tenido 85 días para integrar la averiguación previa, hasta que la PGR atrajo el caso el 23 de septiembre de 2014.

A la procuraduría estatal, los legisladores le requirieron conocer si había turnado a la PGR la investigación contra Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos –dos de las tres mujeres que fueron encontradas en la bodega y que supuestamente habían sido secuestradas– como un medio de intimidación, para evitar que se revelara la verdad, o porque no tenía conocimiento de los actos ilegales de sus agentes, peritos y ministerios públicos.

El grupo también pidió aclarar por qué la CNDH declaró públicamente que la PGJEM le entregó mil 600 fotografías sin que se encontraran fotos detalladas de los cadáveres.

Además solicitaron al Gobierno del Estado de México conocer qué funcionarios estaban bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo instrucción o en acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio Gobierno estatal.

En el tema de la reparación de daños, este lunes la CNDH emitió un comunicado que podría dar luz sobre las acciones que la PGR, la Sedena y el gobierno mexiquense han emprendido en la materia.

De acuerdo con el comunicado de la CNDH, a la fecha la PGR se encuentra integrando el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014 para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos. La CNDH dio por cumplido el punto recomendatorio respecto a las violaciones a derechos humanos de dos víctimas a quienes se les había iniciado un proceso penal. Debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la libertad de las víctimas, se dio por cumplida la recomendación.

En lo que compete al Gobierno mexiquense, la CNDH apuntó que al brindar cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría local y al colaborar con ella para el registro de las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se daban por cumplidos los puntos relativos a la garantía de no repetición. De modo que quedarían pendientes las recomendaciones respecto a la indemnización y la atención médica y psicológica a las víctimas, así como que se determine ministerial y administrativamente quiénes fueron los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

En lo que compete a la Sedena, ésta informó que comenzó un trabajo con la CEAV para la reparación de daño y la atención a las víctimas, mientras que para las medidas de no repetición, ha realizado cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación. Aún tiene pendiente determinar la responsabilidad militar de los servidores públicos involucrados.

El pasado 14 de mayo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inició las acciones de reparación integral de daños a los familiares de los asesinados  en el caso Tlatlaya, con base en la recomendación 51/2014 de la CNDH. Según refirió en un comunicado, preveía pagar un monto total de más de 50 millones de pesos a las familias afectadas. Aunque la propia instancia recuerda que la Ley General de Víctimas estipula el derecho a ser reparadas integralmente, lo que comprendía medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, sólo informaba sobe el pago de indemnizaciones mas no de otras acciones para, por ejemplo, garantizar la no repetición de los hechos.


(SIN EMBARGO.MX/ Mayela Sánchez junio 30, 2015 - 00:05h) 

EL CJNG SURTIÓ LAS CALLES DE ARMAS DIFÍCILES DE UBICAR, HECHAS EN TALLERES PROPIOS


Un Volkswagen Sedán estacionado frente a la calle Isla Trapani 2691 en febrero de 2015. Imagen: Google Streetview

Brian Anderson, cortesía para SinEmbargo
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo/VICE News).- En octubre de 2014, la policía estatal de Jalisco desmanteló una fábrica clandestina de armas en Guadalajara, la pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación. La fábrica, ubicada en la calle Isla Trapani, en el oriente de la ciudad, era llevada por tres hombres que producían armas de fuego caseras no rastreables.

El grupo de productores de armas caseras para el Cártel Jalisco Nueva Generación se escondía a la vista de todos. En mayo, miembros del cártel de Jalisco derribaron a un helicóptero militar con un lanzagranadas. Seis soldados perdieron la vida. El cártel está detrás de un serie de narcobloqueos, operativos que consisten en prender fuego a vehículos de gran tamaño y gasolineras para mostrar su poder y provocar caos. Hasta ahora, el cártel ha reivindicado 39 narcobloqueos. En uno de ellos, prendieron fuego a un autobús de transporte público que estaba justo a unas cuadras de su laboratorio de armas.

Dentro de la tienda, el arma más producida es el AR-15. Estos fusiles que se enfrían con aire con cargadores removibles son los favoritos de los narcotraficantes mexicanos porque son ligeros y resistentes. En el laboratorio secreto de Guadalajara, esos tres hombres armaban fusiles AR-15 con piezas de armas que compraban en EU y después pasaban de contrabando en lotes pequeños, según la información que proporcionaron las autoridades de ambos países que entrevistamos para este artículo.

Sin embargo, cuando las autoridades hicieron una redada en la fábrica, el 7 de octubre del año pasado, descubrieron que estos hombres también fabricaban cajones de mecanismos de AR-15 funcionales con bloques incompletos de aluminio. En los cajones en encuentra el mecanismo principal para disparar en los fusiles AR-15. Según las leyes mexicanas, el cajón de mecanismos es la única parte del arma regulada por las autoridades. Estos hombres fabricaban cajones de mecanismos caseros con la misma tecnología que utiliza el movimiento mundial DIY [hazlo tú mismo]. El cajón de mecanismos es donde las armas llevan el número de serie y está diseñado para poder rastrearlas. Como las armas caseras del cártel de Jalisco no están seriadas, no se pueden rastrear con precisión.

El cajón de mecanismos es el punto crucial de un AR-15. Ahí se encuentra el mecanismo del gatillo, además une la culata, la empuñadura, el cargador y el cajón superior, donde se monta el cañón. En un fusil como el AR-15 que tiene tanto cajón inferiores como cajón superior, el cajón inferior es lo que se considera el arma de fuego, por lo tanto, el resto de las partes es mucho más fácil de conseguir y mucho más difícil de rastrear.

El proceso para fabricar armas DIY empieza con un trozo de material sin terminar que, con las herramientas necesarias, se puede mejorar hasta convertirlo en un mecanismo pata disparar. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos de EU (abreviado ATF) no considera que este material sin terminar esté dentro del “proceso de fabricación”, que es cuando la Ley de control de armas de EU tiene que clasificar el arma, si le falta veinte por ciento o más para completarse. En otras palabras, la ATF no considera a estas pistolas conocidas como “menos de ochenta por ciento” –lo cual significa que tienen una cavidad de control de fuego estable pero que no tiene orificios para un selector de tiro, un percutor o un gatillo– como armas de fuego y están disponibles a la venta en EU pero no en México.



Imagen: ATF de EU

El cajón de mecanismos a ochenta por ciento está completo una vez que la cavidad está lista para albergar un mecanismo de disparo. Para este punto, ya se considera como un arma de fuego tanto EU como México. Entonces está sujeta a la regulación del gobierno y se le debe signar un número de serie.

Los fabricantes no profesionales llevan décadas haciendo cajones de mecanismos funcionales con armas incompletas. Hoy en día hay pocas formas de fabricar AR-15 no rastreables, por ejemplo: con una impresora 3D o con una fresadora de control numérico computarizado (CNC) capaz de producir automáticamente un arma de metal imposible de rastrear.

Pero estos hombres no sólo se dedicaban a terminar los cajones de mecanismos incompletos en el laboratorio de Guadalajara sino que lo producían desde cero.


Un cajón de mecanismos completo hallado en la tienda. Foto: Policía estatal de Jalisco

La tienda se encontraba en la Zona Industrial de Guadalajara, según Luis Carlos Nájera, el procurador de Jalisco, quien dijo que no es raro ver gente entrando y saliendo de bodegas en esta parte de la ciudad, que está repleta de naves industriales pequeños, talleres y fábricas de piel. Sin embargo, a principios de junio, cuando un corresponsal de MOTHERBOARD visitó el área donde se encontraba la fábrica, dijo que el ambiente se sentía muy tenso. La gente parecía introvertida y se mostraba reticente a hablar mucho sobre cualquier tema.

Hoy, la cortina de metal color negro de la tienda está marcada con un grafiti de una pandilla. Tres policías patrullan la bodega día y noche armados con rifles de combate modificados. Los guardias dicen que su misión es resguardar el lugar pero no explicaron qué fue lo que pasó como para que fuera necesario que estuvieran ahí. Uno de los guardias escribió en una libreta que había ido un reportero y después trasmitió el mismo mensaje por radio.

Cuando la policía estatal de Jalisco hizo una redada en la tienda, Nájera dijo que a primera vista no parecía una fábrica de armas. “No había muchas cosas” dijo Nájera. Sus hombres encontraron armas, materia prima variada (aluminio, más que nada) para producir armas de fuego DIY, y “algunas mesas, etcétera”.

En la redada, las autoridades confiscaron un total de 18 fusiles AR-15 hechos a mano, 14 armas en la calle Isla Trapani 2691, y otras cuatro armas en otra bodega en Guadalajara, donde arrestaron a un cuarto sospechoso que creían que estaba relacionado en circulo de armas. (El caro paso de la oficina del procurador general al fiscal federal, según Nájera. La identidad de los cuatro detenidos que esperan a que un juez les dicte sentencia no han sido reveladas públicamente debido al carácter secreto de la investigación).

Los agentes también confiscaron una fresadora CNC, una máquina industrial que se gira sobre un eje mientras extrae objetos simétricamente de piezas más grandes de un material base. La fresadora se programa con un software avanzado que guía a la máquina mientras corta los cajones de AR-15 de bloques de aluminio. Después, los empleados fijan las demás partes del arma a los mecanismos de disparo ya terminados, que en general miden el largo de una engrapadora y el ancho de una baraja. Después las armas llegan a manos de los miembros del cártel de Jalisco. Se cree que estos hombres también mandaron armas hechas a mano al estado de Michoacán.

La máquina que se encontró en el laboratorio de armas en Guadalajara era un fresadora CNC hecha por Haringe, una constructora de máquinas de Nueva York que es famosa por sus máquinas CNC. No había un precio de cotización para ese modelo específico de centro de maquinizado vertical en la página web de Hardinge cuando se escribió este artículo, aunque en la página un distribuidor de este tipo de máquinas decía que costaban cerca de 24,500 dólares. No se sabe quien compró la fresadora CNC de la marca Hardinge que se encontró en el laboratorio de armas del cártel ni cuánto costó. Hardinge se negó a hablar sobre esta compra a pesar de habérselo pedido en varias ocasiones.

Tampoco se sabe si los hombres que trabajaban en el laboratorio tenían experiencia con la tecnología industrial CNC, y en caso de que así fuera, si se les capacitó específicamente para este trabajo o si el cártel les ofreció un buen salario para tenerlos de su lado. Un maquinista con conocimientos de fabricación de armas con tecnología CNC dijo que no se necesita mucha experiencia para operar las máquinas halladas en el laboratorio pero sí al menos un poco de capacitación. Dijo que era como un “efecto boomerang” porque mientras más complicada la máquina, mejor, e irónicamente, más familiarizado tiene que estarel operador.


La fresadora CNC. Foto: Policía estatal de Jalisco

Las fresadoras CNC como la que se utilizaba en la fábrica de Guadalajara necesita archivos digitales para extraer objetos de materias primas, que usualmente son metales. En general, estos archivos están escritos en G-code, un lenguaje de programación básico que se utiliza comúnmente en el control numérico. También se le conoce como código NC. Este código le dice a la máquina herramienta cómo hacer un objeto específico. Es un código que se programa a mano, por lo tanto, la gente puede utilizar un editor de texto para leerlo línea por línea, revisar cada una de las coordenadas y modificarlo si es necesario. Es difícil encontrar el código NC específico para crear armas no rastreables como las que fabricaba la tienda de Jalisco pero no se necesita mucho tiempo en internet para encontrar un modelo de referencia adecuado para partir de ahí y modificarlo.

Los arquitectos desconocidos responsables de la fábrica no necesitaban toda es búsqueda ni esa codificación para hacer armas con su máquina de veinte mil dólares. Podían haber utilizado una perforadora hidráulica, una impresora 3D o la Ghost Gunner, una fresadora CNC para uso general.

Pero está claro que querían ir más allá. No querían limitarse a hacer el veinte por ciento que les faltaba a las armas incompletas. El punto era poder crear cajones de mecanismos funcionales con bloques de aluminio para fabricar sus propios rifles de asalto no rastreables. Si eso significaba gastar miles de dólares (si asumimos que los arquitectos compraron la fresadora en ve de robarla) en maquinaria tamaño industrial, entre otros gastos como la mano de obra (si asumimos que le pagaban a estos hombres por su trabajo), entonces el cártel estaba dispuesto a pagar lo que fuera.


Una caja de cajones de mecanismos completos, fabricados de forma casera con a partir de bloques de aluminio. Foto: Policía estatal de Jalisco

Un cajón de mecanismos completo es lo que hace que un arma se considere como tal ante los ojos de la ley tanto en México como en EU. Pero hasta un novato en las armas de fuego sabe que hay más que eso en un arma. ¿De dónde salieron las demás partes de las armas de fuego —como las culatas, las empuñaduras, los cañones, las municiones, etcétera— que llegaron a la fábrica ilegal de armas del cartel de Jalisco?

El agente especial estadunidense Keith Heinzerling, de la ATF, dijo que no sabemos porque las partes de las armas no se pueden rastrear porque fueron halladas en México. Se requiere un número de serie para rastrearlo a través del sistema e-Trace de la ATF, que sirve para rastrear armas confiscadas. Las piezas de las armas, a excepción del cajón de mecanismos y de la estructura, no portan números de serie, según la Ley de control de armas de EU. Por lo tanto, no se pueden rastrear.

“Podemos asumir que [las partes] vienen de EU, ya que la mayoría de las armas que llegan de forma ilegal vienen de ahí”, dijo Heinzerling, el agregado de la ATF en la embajada de EU en la Ciudad de México, en una entrevista telefónica. “Pero no estamos seguro. No hay forma de rastrearlos”.

“Recuerda que aquí no tenemos autoridad legal”, añadió Heinzerling, quien ayudó a Nájera y a la policía estatal de Jalisco a desmantelar el laboratorio. “Somos invitados en el país. Podemos intervenir cuando se nos pide y viceversa. Si tenemos información que puede servirle al gobierno para facilitar pruebas en la investigación, estamos dispuestos a compartirla”.

“Tenemos una relación excelente con las autoridades mexicanas. Trabajamos muy bien juntos”.


Cañones hallados en el laboratorio. Foto: Policía estatal de Jalisco

En México todavía hay una gran cantidad de armas ilegales. Se calcula que en México hay 24.6 millones de armas ilegales en circulación hoy en día y muchas de ellas vienen de EU. Según los datos de rastrero que recopiló este año la ATF de armas confiscadas por las autoridades mexicanas y que fueron sometidas a análisis de la ATF, la mitad de las armas que entraron de contrabando a México entre 2009 y 2014 provenían de EU. Según un cálculo del Instituto Transfronterizo, se compraron entre 106,700 y 426,729 armas en EU entre los años 2010 y 2012 con el objetivo de traficarlas a México.

“El volumen de tráfico de armas entre fronteras es muy significativo”, dijo Clay Boggs, el responsable del programa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

México está repleto de armas de fuego ilegales. Es difícil descifrar por qué un cártel tan experto en tecnología y tan innovador querría incursionar en el negocio de las armas DIY cuando existe un mercado saturado con armas imposibles de rastrear. ¿Por qué no simplemente comprar armas legales y borrar los números de serie?

“Si fabrican aquí los cajones, pueden fabricar armas a una fracción del costo que tendrían las mismas armas en el mercado”, dijo Heinzerling. “Además, si las fabrican aquí, entonces no tienen que borrar ningún número de serie”.

Las armas DIY también sirven como una fuente de ingreso para el cártel. Como dijo Boggs: “Ser capaz de fabricar tus propias armas de fuego es una idea muy atractiva no sólo porque son imposibles de rastrear, sino porque es muy rentable y no hay la necesidad de comprarlas en EU o en cualquier otro lugar”.

Aún así, según Boggs, no es fácil fabricar armas de fuego baratas y confiables. Por eso muchos delincuentes van a seguir prefiriendo armas estadounidenses, “hechas e importadas de Europa”, por un buen tiempo”. Boggs dijo que mientras esas armas sigan siendo baratas y fáciles de obtener para los criminales, ese tipo de laboratorios en Guadalajara van a seguir siendo poco comunes.

“Tengo la impresión de que la redada en Jalisco fue un hecho aislado”, dijo Boggs.

***
Como cualquier redada de la policía, la que expuso el laboratorio ilegal en la calle Isla Trapani 2691 se llevó a cabo de noche. Pocas personas fueron testigo. El encargado de la tienda cerca de la fábrica dijo que cuando las autoridades llegaron al lugar esa noche, entraron a su tienda y bajaron la cortina.

“Salí a las 10:30 PM”, dijo el vendedor, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a que el cártel busque venganza. “Pero no dejaron que me fuera”.

Dijo que los policías no permitieron que se fuera hasta después de la 1 AM. Hasta ese momento se dio cuenta de que ese lugar tenía algo extraño, aunque dijo que nunca antes le había parecido algo fuera de lo normal. Creía que el lugar era un taller común y corriente que operaba en la noche. De hecho, los tres empleados a veces iban a su tienda a comprar cosas y que se veían muy “normales”.

Jorge, un hombre que estaba reparando un auto en el garaje ubicado junto a la bodega donde se encontraba la fábrica, dijo que a los tres trabajadores les gustaba divertirse y que a veces hacían fiestas en el taller. Pero que nunca vio que hicieran nada más aparte de eso.

Uno de los tres guardias armados de la policía que patrullan la tienda noche y día. Foto: Victor Hugo Ornelas/MOTHERBOARD
Uno de los tres guardias armados de la policía que patrullan la tienda noche y día. Foto: Victor Hugo Ornelas/MOTHERBOARD

Ya van ocho meses desde que la policía hizo la redada a la fábrica de armas. En la fachada de la bodega hay un anuncio que dice: “Casa vigilada por SEIDO-PGR [la dependencia que se especializa en investigación criminal]. Cualquier violación a este sello representa una ofensa federal”. El dueño de esta propiedad, a quien no pudimos contactar, cambió el número telefónico del lugar poco después de la redada de octubre.

Las tiendas junto al laboratorio tuvieron que cerrar. Las ventas locales están muy bajas y no se han abierto nuevos negocios en esa zona. El 11 de junio, un día antes de que el corresponsal de Motherboard visitara el vecindario, un hombre recibió varios impactos de bala a siete cuadras de la bodega. Según el informe de la policía, el hombre fue víctima de un asalto. Sin embargo, un miembro del cártel que vive en esa zona y que pidió mantenerse en el anonimato cuestionó la versión de la policía. “Las cosas están muy peligrosas últimamente”, señaló. “¿Crees que sea necesario dispararle dos veces en la cabeza a un hombre sólo para robarle algo?”

Aunque el laboratorio ya no exista, todas los fusiles AR-15 que se crearon ahí siguen circulando. Nájera dijo que esta clase de armas DIY siguen apareciendo en escenas del crimen por toda la región. “Esto nos hace pensar que este laboratorio fabricó muchas armas antes de la redada y que todas eran para grupos de crimen organizado”, explicó Nájera.

Según Nájera, las autoridades de Jalisco confiscaron otras “14 o 15 armas DIY además de las 18 que encontraron en la redada. Todas tienen características similares a las armas producidas en la bodega de Guadalajara. Nájera no descarta la posibilidad de que haya más laboratorios de armas ilegales como este, donde sólo se necesita un poco de ingenio técnico y productos de contrabando para crear máquinas mortales. También cree que los esfuerzos en conjunto que hacen las autoridades mexicanas y estadounidenses para controlar las armas no bastan para interrumpir la serie de eventos que hace posible la producción de armas ilegales en el país.

“Necesitamos poder rastrear de forma más efectiva no sólo las armas sino la piezas que sirven para fabricar armas cuando se venden a una persona en específico”, explicó Nájera. “Si alguien compra cien cañones, cien piezas de plástico, cien culatas y cien cajas para envío” en EU y las mete de contrabando a México, donde arman las partes y se fabrican los cajones, “entonces es evidente que es necesario que haya más formas para que las autoridades rastreen las armas, donde sea que se encuentren”.
Además, Boggs no descarta la posibilidad de que existan más fábricas ilegales de armas. México ya está repleto de armas ilegales baratas provenientes de EU, “lo cual no significa que no haya más casos como este”, dijo, “donde hay individuos que decidieron utilizar un enfoque más rentable”.

¿Los empleados que llegaron en su Vocho a la bodega en Guadalajara habrán lucrado con los hombres para los que trabajaban? Incluso si no lo hicieron, y si su fábrica no era más que un experimento, Boggs cree que la marea transfronteriza del tráfico de armas va a seguir estando a favor de los cárteles.

“Cuando se tiene un volumen tan grande de armas que se puede adquirir y enviar de forma fácil y barata de EU a México”, dijo, “no hay muchas razones para arreglar un sistema de trafico ilegal de armas que, desde el punto de vista de los cárteles, funciona a la perfección”.

Nadie sabe exactamente cuántas armas lograron fabricar exportar estos hombres antes de que los descubrieran. Después de la redada en el laboratorio, Nájera dijo a los reporteros que se cree que los sospechosos, que están bajo custodia, fabricaron cerca de cien armas de fuego en el laboratorio clandestino en el transcurso de varios meses. Sin embargo, Nájera me dijo después que le informaron que el laboratorio tenía la capacidad técnica para producir 200 fusiles AR-15 no rastreables al mes.

Se calcula que en México circulan más de 24 millones de armas ilegales hoy en día, la mano de obra de un par de fabricantes de armas coludidos con el narcotráfico aporta poco a la carrera armamentista tecnológica continua entre los cárteles y las autoridades tanto mexicanas como estadunidenses.

La tecnología que utilizaron estos hombres para fabricar sus armas imposibles de rastrear no es nada innovadora porque desde la gente ha estado creando sus propias armas de fuego imposibles de rastrear desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que un cártel haya incursionado en las armas DIY es suficiente para Nájera se preocupe.

“Demuestra cómo estos grupos tienen cada vez más recursos e ingenio para evadir la justicia en ambos lados de la frontera”, señaló.

Nájera explicó que los cárteles quieren sacar el mayor provecho posible de sus recursos. Para ellos, el éxito se trata de garantizar su poder y su influencia por medio de astucia técnica e industrial que no se puede comparar con los otros grupos de crimen organizado en el mundo. Por eso los cárteles mexicanos están instalando redes de videovigilancia en las ciudades con la ayuda de ingenieros secuestrados a quienes obligan a crear estaciones de radio secretas. También envían mineral de hierro a China a cambio de químicos precursores de metanfetaminas a granel. La cuestión no es si los cárteles además del de Jalisco son o no capaces de obtener fresadoras computarizadas para fabricar sus propias armas, sino hasta dónde están dispuestos a llegar.

“Lo comparo son los laboratorios de metanfetaminas porque, si pueden conseguir los químicos, ¿entonces cuántas máquinas pueden comprar?”

Este artículo fue posible gracias a la colaboración de Víctor Hugo Ornelas y Camilo Salas.


(SIN EMBARGO.MX/ Brian Anderson, cortesía para sin embargo/ VICE Media junio 30, 2015 - 20:04h)

CAE “EL MUGRES”, PRESUNTO LÍDER DE GUERREROS UNIDOS EN EL EDOMEX


MÉXICO, D.F. (apro).- Jesús Pérez Lagunas, ‘El Mugres’, presunto líder del grupo Guerreros Unidos en Ixtapan de la Sal, Estado de México, fue detenido cuando transitaba a la altura del paraje La Gasera, en el municipio de Tonatico.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad Ciudadana (CSC) de la entidad, elementos de esa corporación habían implementado un dispositivo de revisión de vehículos en ese punto, cuando se percataron que los ocupantes de un auto Sonic frenaron su marcha antes del filtro, retrocedieron y dieron la vuelta, lo que originó una persecución.

Al dar alcance a la unidad, los uniformados aprehendieron a ‘El Mugres’ y a su acompañante, Alberto Real García, ‘El Beto’, de 25 y 21 años de edad, respectivamente.

A los detenidos se les decomisó el vehículo Sonic gris con placas de circulación H87 AAV del Distrito Federal, dos armas de fuego, cargadores, 18 cartuchos útiles y droga.

Según los agentes de la CSC, Pérez Lagunas se ostentó como jefe del grupo Guerreros Unidos en Ixtapan de la Sal y Tonatico, y declaró que era el encargado del trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a la ciudad de Toluca.

Por su parte Alberto Real señaló que era el segundo responsable al mando de la célula delictiva y su labor consistía en realizar acciones de reclutamiento y evitar que otros grupos criminales se apoderaran de la zona.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 30 DE JUNIO DE 2015) 

DESACTIVAN COCHE-BOMBA EN JUÁREZ; DETIENEN A CUATRO PERSONAS


CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Agentes de la Policía Estatal en Juárez desactivaron un coche-bomba y detuvieron a una mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad– en la colonia San Isidro de esta ciudad.

El fiscal general Jorge Enrique González Nicolás informó que los policías observaron a tres sujetos que remolcaban de manera sospechosa un Beetle rojo. Al detenerlos para hacer una revisión de rutina, localizaron en la guantera del auto tres cartuchos de un explosivo conocido como ANFO, que se utiliza en la actividad minera.

“El dispositivo estaba instalado para detonar”, dijo el funcionario.

El detonador fue conectado con cables, pero fue desactivado y decomisado junto con una sustancia aceleradora y tres pilas eléctricas de 9 voltios.

Los uniformados detuvieron a Jesús David Molina Aguilera, de 19 años; Daniel Juárez Aguilera, de 38; un adolescente de 17 años, y a Martha Graciela Molina. Esta última intentó evitar la detención.

Los tres hombres traían varias porciones de mariguana en la ropa y armas de fuego con cartuchos útiles.

Los dos artefactos explosivos estaban  empaquetados en forma de salchicha. Estaban compuestos de nitrato de amonio que al mezclarlos con una pequeña cantidad de combustible, generan la explosión en un área de 40 metros a la redonda.

La Fiscalía entregó los explosivos al Ejército para su destrucción y la Procuraduría General del República ya investiga los hechos.


(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA/ 30 DE JUNIO DE 2015)

POSICIONAMIENTO DE CIERRE DE TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LOPEZ.


1.-RESPETO AL PODER LEGISLATIVO, EL ESTADO SE INTEGRA POR TRES PODERES DONDE NINGUNO DE ELLOS ES SUPERIOR AL OTRO, POR ESO EL EJECUTIVO DEBE RESPETAR Y DIALOGAR CON LOS LEGISLADORES, PARA ACORDAR LAS REFORMAS AL MARCO JURÍDICO ESTATAL Y EN FORMA CONJUNTA APROBAR LA LEY DE INGRESOS Y DE EGRESOS PARA SONORA.

2.-CABILDEAR CON EL CONGRESO Y SUS COMISIONES EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SIN AFECTAR LA ECONOMIA DE LOS CIUDADANOS DE SONORA.- ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATIR LA DESIGUALDAD EN SONORA.

3.- NO SE PUEDE CONTINUAR CON EL ENDEUDAMIENTO DE LOS 22 MIL MILLONES DE PESOS DEL ESTADO DE SONORA, QUIEN TIENE COMPROMETIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR LOS PROXIMOS 10 AÑOS, NO SE PUEDE CONTINUAR POR ESE RUMBO EN LA PROXIMA ADMINISTRACION ESTATAL, ADICIONALMENTE LOS RECORTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES IMPACTARAN NEGATIVAMENTE A LOS ESTADOS, PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE SALUD Y EDUCACION.

4.-EXIJO DESDE ESTA TRIBUNA APROBAR LA LEY DE AUSTERIDAD DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, QUITANDO LOS GASTOS SUNTUARIOS DE REPRESENTACION, USO DE AUTOS Y TELEFONIA CELULAR, ADEMAS DE RECORTAR LOS SUELDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LOS NIVELES 10 AL 13, EN UN 50 % PARA ESOS RECURSOS APLICARLOS EN LAS ESCUELAS DEL SECTOR RURAL.

5.-DARLE CURSO A LAS DEMANDAS PENALES CONTRA LOS FUNCIONARIOS DE ISSSTESON QUE DESVIARON LOS RECURSOS DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, ADEMAS DE DEROGAR POR ANTICOSTITUCIONAL EL ARTICULO 60 BIS DE LA LEY 38, QUE GRAVA INJUSTAMENTE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESE INSTITUTO.

6.- DEROGACION DE UNA VEZ POR TODAS EN LA LEY DE INGRESOS DEL 2013 REFERENTE AL COBRO DEL IMPUESTO VEHICULAR, LLAMADO “COMUN” QUE FUE UNA TENENCIA DISFRAZADA, SON MAS DE 28 MIL SONORENSES QUE NO QUIEREN PAGAR ESE IMPUESTO INJUSTO Y ANTIPOPULAR. LO ANTERIOR, FUE UN LOGRO DE LAS PROTESTAS SOCIALES EN ESPECIAL DE LOS DENOMINADOS “MAL NACIDOS”.

7.-RESPETO A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUE LA REFORMA DE SU LEY ÓRGANICA Y EN UN DADO CASO, CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNISON, ALUMNOS, TRABAJADORES, MAESTROS Y AUTORIDADES, ADEMAS DE DAR UN TRATO JUSTO PRESUPUESTAL A LA MISMA, IGUALANDO EL SUBSIDIO FEDERAL CON EL ESTATAL.

8.-SOLICITO LA LIBERACION INMEDIATA DE LOS LIDERES Y VOCEROS YAQUIS, MARIO LUNA Y FERNANDO JIMENEZ.

9.-COMBATE FRONTAL A LA CORRUPCION A LOS FUNCIONARIOS QUE USARON EN FORMA PERSONAL Y FAMILIAR LOS DINEROS PUBLICOS DE LOS SONORENSES.

10.-REMEDIACION Y PAGO POR DAÑOS A LOS 22 MIL HABITANTES DEL RIO SONORA POR PARTE DEL GRUPO MEXICO QUE CONTAMINÓ EL RIO.




 
HERMOSILLO, SONORA; JUNIO 30 2015.


DIP. CARLOS ERNESTO NAVARRO LOPEZ.

VIDEO: ABRIÓ EL GRIFO DE AGUA Y SE LLEVÓ UNA INCREÍBLE SORPRESA


Australia.- Una madre de familia había terminado de preparar el almuerzo, cuando se disponía a lavar los platos algo increíble salió del grifo. El líquido simplemente se congeló frente a sus ojos.

Kate Norton-Smith grabó el fenómeno con su celular la mañana del domingo último y lo subió en YouTube. El hecho sucedió en Albury, en la ciudad australiana de Nueva Gales del Sur.

Según Mick Maylon, de la University of Melbourne, “el agua se congela normalmente a los cero grados, pero solo si es pura. El agua pasa a ser hielo puro a -13 grados centígrados. Pero el contacto del líquido con una superficie rugosa ayuda a que esta se solidifique”, explicó.

El clip ha llamado la atención de muchos y ya cuenta con más de 276 mil reproducciones y fue publicado el pasado 24 de junio.



(ZOCALO/ ADOLFO AGUILAR/ 30/06/2015 - 02:16 PM)

CONSIGNAN A ‘EL JUNIOR’ O ‘AZUL’ A PENAL DE VILLA ALDAMA


Ciudad de México.- Jesús Guillermo Fernández Valdés, alias El Junior o Azul, presunto líder del Cártel del Golfo en Quintana Roo fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

El operador del cártel tamaulipeco fue detenido el sábado pasado en Cancún, Quintana Roo, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal.

El Junior fue detenido junto Sergio Alfonso Sosa Morales, alias El Costeño, y Gustavo Alonso Castillo Reyna, El Toro, quienes tenían en su poder armas largas y cortas.

Fernández Valdés y sus cómplices fueron consignados como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada, por parte del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, El Junior, originario de Montemorelos, Nuevo León, se desplazó a Cancún para encargarse de las operaciones del Cártel del Golfo para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Se estableció que Fernández Valdés es cuñado de Iván Velázquez Caballero, El Talibán, Z50 o L50, líder de Los Zetas, capturado en San Luis Potosí en septiembre de 2012.


(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 30/06/2015 - 03:56 PM)

DA EU 30 AÑOS DE CÁRCEL A CAPO DEL CÁRTEL DEL GOLFO


Estados Unidos.- Un exlíder del Cártel del Golfo fue sentenciado este martes a 30 años en una prisión de Estados Unidos y multado con 100 millones de dólares.

Un juez federal en Beaumont, Texas, ordenó la sentencia de Juan Francisco Sáenz Tamez luego de que éste fuera declarado culpable de cargos relacionados con drogas y lavado de dinero.

Sáenz, de 23 años, es residente del estado de Tamaulipas, ubicado en la frontera con Estados Unidos. Fue arrestado en octubre durante un viaje de compras a Texas.

Sáenz habría embarcado media tonelada de cocaína y 90 de marihuana a EU

En enero se declaró culpable de los cargos de distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla; de asociación delictuosa para distribuir marihuana y posesión de la hierba con intención de distribuirla; y de conspiración para lavar dinero.

La fiscalía indicó que Sáenz fue responsable de embarcar al menos media tonelada de cocaína y 90 toneladas de marihuana a Estados Unidos. Los investigadores creen que el cártel lavó 100 millones de dólares.


(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 30/06/2015 - 07:22 PM)

HALLAN 5 EJECUTADOS Y FOSA EN REYNOSA


Tamaulipas.- El hallazgo de cinco ejecutados llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Reynosa, a una fosa clandestina en la que, probablemente, haya más cuerpos sepultados, reveló Pedro Sosa López, titular de la jefatura de Servicios Periciales de la PGJE.

Los cadáveres fueron descubiertos ayer por elementos de la Marina en el Fraccionamiento Nuevo México.

La autoridad, afirmó Sosa, continuará buscando más cuerpos en las inmediaciones de la brecha donde se encontraron cuerpos semisepultados y otros enterrados.

Las víctimas fueron asesinadas en diferentes fechas, incluso con meses de diferencia, indicó el funcionario.

"Unos cuerpos tenían 7 meses, otros 5, había uno momificado", señaló Sosa, recalcando que encontraron cadáveres que fueron ejecutados recientemente.

Por el estado de los cuerpos será complicada su identificación difundiendo fotografías, pero se investigará en el banco de datos de personas desaparecidas con ADN que haya dejado familiares.

"Por las características de los cuerpos podemos afirmar que era una fosa donde arrojaban los cuerpos y de allí surge la hipótesis de probable existencia de más cuerpos alrededor", comentó.

Sosa adelantó que personal a su mando junto con personal de la agencia especializada en personas desaparecidos, regresarán al lugar con maquinaria, tractor y todo lo que se necesite para buscar más cuerpos.

El lugar donde personal armado de la Semar encontró los cuerpos está ubicado en una brecha que conecta con la Avenida Revolución del sector Cuatro del Fraccionamiento Nuevo México, al sur de la periferia de Reynosa.

Los marinos y personal de la Policía Estatal realizaban patrullajes de vigilancia por esa zona, donde ingresan contrabandistas a la zona urbana, y debajo de unos matorrales vieron tierra removida y un brazo humano al descubierto.

Los marinos procedieron a desenterrar el brazo y encontraron que era un cuerpo completo y fueron descubriendo otros cuerpos semisepultados, por lo que notificaron a la PGJE dando fe el fiscal investigador Luis Esteban García Delgado.


(ZOCALO /REFORMA/ 30/06/2015 - 05:23 PM)

DESCUBREN CADÁVERES DE TRES HOMBRES QUEMADOS EN TEPUCHE


CULIACÁN.- Los cuerpos quemados al parecer de tres personas del sexo masculino, fueron localizados  dentro de un rancho abandonado en la zona de las “Cribas Beltran”, cien  metros al oriente de la carretera que conduce a Palos Blancos, en la sindicatura de Tepuche.

Al parecer los cadáveres se encuentran apilados entre llantas, mismas que fueron utilizadas para quemar los cuerpos.

En la escena  hay 15 casquillos de AK-47 conocido como cuerno de chivo.


(RIODOCE/ REDACCION/ 30 JUNIO, 2015)

ROBERTO ROMERO NO HUYÓ; REAPARECE Y NIEGA AMPARO


Reitera que vive en Hermosillo y no en Mexicali…

Romero López, quien el fin de semana fue criticado por el rotativo nacional de esconderse de la justicia federal,  aseveró entre risa nerviosa que “no tengo nada que temer… a Mexicali voy a atender negocios personales y sigo viviendo aquí (en Hermosillo, Sonora)”…

Hermosillo, Sonora (DP).- Luego de la publicación de El Financiero, el ex secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, reapareció púbicamente en un conocido restaurante de Hermosillo y negó contar con un amparo para evitar ser aprehendido y haber huido a Mexicali.

Romero López, quien el fin de semana fue criticado por el rotativo nacional de esconderse de la justicia federal,  aseveró entre risa nerviosa que “no tengo nada que temer… a Mexicali voy a atender negocios personales y sigo viviendo aquí (en Hermosillo, Sonora)”.

De acuerdo a noticieros  radiofónicos el ex secretario de gobierno en Sonora habría aceptado la realización de un trámite de amparo, ante autoridades judiciales en el estado de Baja California

A través de redes sociales circula un documento relativo a un presunto amparo, que habría sido interpuesto por la representación legal del ex secretario de Gobierno con la intención de evitar la ejecución de una presunta orden de aprehensión en su contra.
En reunión con representantes de los medios de comunicación Romero López habría aceptado el haber acudido ante instancias judiciales en búsqueda de la protección de la justicia, ante diversas acusaciones en su contra.

El recurso legal se habría interpuesto supuestamente ante juzgados de distrito en la ciudad de Mexicali, Baja California, hacia donde, de acuerdo a medios de comunicación nacional, Romero López había cambiado su residencia.

Por su parte, este dio, en su columna Ringside, que publica El Financiero, Alejandro Sánchez comenta:

"Ha escapado de Sonora, Roberto Romero López, el ex colaborador más cercano a Guillermo Padrés, y se refugia en Baja California, gobernada por su partido, el PAN.

Su apoderado legal Héctor Arturo Noriega, ha presentado un amparo ante un juez de Mexicali a nombre de Romero, exsecretario de gobierno de Sonora, quien al igual que el gobernador Padrés no ha acreditado su riqueza.

El día 8 de junio tocaron a la puerta de su casa en Hermosillo dos policías federales, cuando se les dijo que no estaba, respondieron que tenían que arrestarlo”, según argumenta Noriega.

Al día siguiente, o sea a 48 horas de las elecciones, tocaron la puerta de su nuevo domicilio en Mexicali.

–¿Es usted Roberto Romero López?– preguntó uno de dos hombres que dijeron ser policías.

–Sí– contestó sin abrir puertas.

–Venimos a llevarte de nuevo a tu tierra porque un juez federal de Sonora dictó auto de formal prisión en tu contra. No te preocupes mucho, no son delitos graves; con una fianza sales de problemas.

Definitivamente no abrió y los supuestos policías tuvieron que irse.

Lo anterior se reconstruye con base en el amparo solicitado, a la que esta columna tuvo acceso, contra los jueces con sede en Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y Obregón, así como contra autoridades federales que habrían ordenado su presentación.

El apoderado dice que Romero vive en Mexicali desde hace más de 45 días y allá planea radicar un año.

Tras la derrota del panista Gándara en Sonora, Romero quedó desamparado: la plurinominal que lo metería a la Cámara de Diputados no se concretó por falta de votos.

Le queda su amigo Kiko Vega, oriundo de Sonora y gobernador de Baja California, a quien confía su libertad".

EL OTRO AMPARADO

Como se recordará, el pasado 10 de junio Dossier Político publicó que tras la denuncia penal presentada por el doctor Carlos Manuel González Méndez en su contra, la Procuraduría General de la República (PGR) giró una orden de presentación al secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, quien cuenta con amparo en mano pero tendrá que presentarse a declarar.

Con la orden judicial contra Campillo García, inicia una etapa seria y frontal contra la corrupción de funcionarios de primer nivel del gobierno de Guillermo Padrés Elías por parte de la PGR que tomó las denuncias ciudadanas contra los principales colaboradores de Padrés Elías; por lo pronto, el secretario de Salud irá al banquillo los próximos días.

El pasado 14 de abril, el Dr. Carlos Manuel González Méndez insistió una vez más en que el secretario de Salud, Bernardo Campillo “desvió más de 40 millones de pesos anuales”.

Esa ocasión, en conferencia de prensa, aseguró que la denuncia la interpuso ante las autoridades federales y revela que de las investigaciones se desprende esta cantidad de más de 40 millones de pesos que “desaparecieron” de la Secretaría de Salud.

Desde hace 3 años, el Dr. González ha insistido que Berbardo Campillo se hizo millonario de la noche a la mañana y llevó al Sector Salud a una condición de quiebra financiera con un saqueo inmisericorde de recursos que pone en riesgo la vida de los pacientes y la funcionalidad de los Servicios de Salud en Sonora.

Sostiene que existe desabasto de medicinas y una deuda superior a los 600 millones de pesos en el Sector Salud, hechos que han provocado la muerte de pacientes ante la falta de equipamiento luego del saqueo que hoy mantiene al secretario de Salud con una mansión de más de 10 millones de pesos en San Carlos, Nuevo Guaymas, lo que no podría pagar con su salario como funcionario del Nuevo Sonora.

El 14 de junio del 2012, dos días después de su despido del Hospital General, el médico sostuvo una entrevista con Dossier Político, denunció que después de 20 años ininterrumpidos como neurocirujano, fue despedido injustificadamente luego de una férrea lucha en pro de la transparencia y contra el desvío de recursos en la Secretaría de Salud de Sonora.

En entrevista exclusiva con Dossier Político, el galeno expresó que “los abusos del poder del Gobierno del Estado no tienen límites, el esperanzador Nuevo Sonora es solamente una pesadilla de la cual no hemos podido despertar, la lucha por nuestros derechos laborales y el pago completo de nuestros salarios de los empleados de la Salud siguen”.

González Méndez describió que “la lucha inicia en el año 2007 en pleno Gobierno autoritario boursista contra los 54 médicos que decidimos a través de los tribunales laborales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigir nuestro sueldo completo y nuestras prestaciones para una jubilación justa, ya algunos médicos han fallecido sin haberlo logrado”.

Amplió que con la llegada del nuevo Gobierno, habiendo en campaña comprometido su palabra, Bernardo Campillo y Gustavo López Caballero, “solamente la traición y la avaricia los ha mantenido deteriorando los sueldos de los empleados de salud y desviando los sueldos a sus arcas propias, se logró en agosto del 2010 constituir un sindicato legítimo, con toma de nota y registro, pero nunca al servicio de los corruptos, nació el SESSS”.

Expuso que el SESSS inició demandas históricas contra los 104 aviadores del sindicato de Villalobos, “líder corrupto que no cuenta con registro ni toma de nota y coordinador de la campaña de López Caballero a la Alcaldía.

Resultado, una Contraloría solapadora. Un movimiento por la transparencia se inició para conocer el desvío de recursos de las nóminas de los trabajadores de Salud, logrando mediante manifestaciones que se nos entregaran, auditamos y encontramos irregularidades desde el 2006, pero desvíos hasta por el 50% de los sueldos homologados que envía la Federación”.

El Dr. González indicó que el último año se enviaron 187 millones de pesos y se “prestaron” a programas sociales del Gobierno del Estado como Oportunidades, Progresa y Crecer, casi 90 millones.

“Este año, desde febrero se nos inician descuentos a todos los trabajadores de la Salud, con seguros de vida inventados que no solicitamos y nunca entregaron pólizas por 400 pesos al mes, se nos descuentan prestamos inventados, o faltas inexistentes, denunciamos y actuamos requiriendo el cierre de la calle reforma para que se nos reintegrara parcialmente”, precisó.

El día de hoy (jueves), en base a un proceso de levantamiento de acta administrativa abusando de testigos falsos, del Director Administrativo del Hospital General del Estado Huberto García Astiazarán, “sujeto represor de nuestros derechos a manifestarnos y que actúa como supervisor de maquiladora, han dado un duro golpe a la lucha por la transparencia despidiéndome del Hospital General del Estado que durante 20 años fue donde ejercí como neurocirujano”.

Aseguró que ante la adversidad, su lucha no termina y la búsqueda por la reinstalación, apenas comienza.

“La verdad saldrá a flote y los responsables de los desvíos de recursos tendrán su castigo; el movimiento no termina con el terrorismo laboral del Hospital General “Dr. Pesqueira”, tiene cuentas pendientes con sus trabajadores por su espíritu mezquino y cobarde”, finalizó el secretario general del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora (SESSS).

El pasado 21 de junio, Sonora Ciudadana emitió un comunicado donde expone que tras una persecución constante por parte de los directivos del Hospital General del Estado, el neurólogo y líder del SESSS fue despedido el pasado 12 de junio por exigir transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que se recurrirá a los  procedimientos legales correspondientes  para defenderlo  de tal decisión.

Este es un hecho sin precedentes pues el Sindicato cuenta con toma de nota y registro ante las autoridades competentes, pero no goza del reconocimiento político/administrativo de Servicios de Salud de Sonora. Con este despido injustificado se consolida el “terrorismo laboral” que se ha venido denunciando desde hace tiempo por parte de distintos trabajadores.

“Nuestro actuar no es político-partidista, nuestras demandas empezaron en el anterior sexenio y continúan en el actual, mismo que no ha cumplido con sus compromisos de campaña. Mi despido es por recordarles esos compromisos y es una muestra de la situación que guardan nuestros derechos como trabajadores de la salud”, señaló el Dr. González.

Desde hace cinco años el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de Sonora, que integra a 400 trabajadores de la salud,  ha exigido transparencia en el manejo de los recursos que envía el Gobierno Federal para pagarle a los empleados la llamada homologación salarial, por lo que desde 2008 se han interpuesto 205 demandas laborales para que las autoridades paguen los salarios completos incluyendo las pensiones debidas, como corresponde según los tabuladores oficiales.

“Preocupa que las autoridades crean que pueden anular derechos básicos de los trabajadores como el derecho a manifestarse”. Señaló Guillermo Noriega Esparza, Director de Sonora Ciudadana AC, quién además recordó que solamente el año pasado el Gobierno Federal envió más de 185 millones de pesos para los salarios de los trabajadores y no todo llega a sus manos. “Ahí es donde tiene fundamento el trabajo de investigación que realizamos con el SESSS”.

Señaló que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos, los tribunales competentes y se hará uso de todos los recursos legales nacionales e internacionales para proteger los derechos de los trabajadores de la salud, al mismo tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Sonora a permitir un clima democrático en el que se respete la libertad de asociación y de manifestación.

“No preocupa mi situación, pues sabemos que tarde o temprano los tribunales me reinstalarán en mi trabajo,  lo que preocupa es que quieran aniquilar un movimiento sindical de forma tan autoritaria”, concluyó el Doctor González Méndez.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2015-06-29)