MÉXICO, D.F.
(apro).- En una carta dirigida al gobierno de Chihuahua, organizaciones de
derechos humanos manifestaron su preocupación por la integridad y seguridad del
sacerdote jesuita Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y
Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC), quien es objeto de una campaña
de difamación en la prensa local, que pone en riesgo su vida.
Ávila es un
sacerdote con más de 30 años de labor en la Sierra Tarahumara, ha ganado
reconocimientos internacionales por su trabajo como defensor de las comunidades
indígenas, y desde 2008 ha acompañado a las víctimas de la masacre de Creel.
Además, por las amenazas que ha recibido, tiene medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para
Todas y Todos” (REDTDT) manifestó que como consecuencia del trabajo de Ávila
con otras organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades
indígenas de la Sierra Tarahumara, sufre una campaña de difamación en su
contra.
Estos acosos se dan
a partir del conflicto por la construcción del Aeropuerto Internacional en la
turística ciudad de Creel y el gasoducto El Encino-Topolobampo, ya que
ejidatarios de San Ignacio Repechique e indígenas de la región se opusieron a
dichos megaproyectos y se ampararon en la ley, debido a que no hubo una
consulta previa como lo dictamina el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
A partir de ese
amparo la prensa local empezó a hostigar al sacerdote jesuita y a las
organizaciones serranas que acompañan a los rarámuris en ese proceso.
En noviembre de
2014, según el comunicado, El Heraldo de Chihuahua publicó notas con
afirmaciones inexactas, y en de enero de este año el periódico El Mexicano
informó de una supuesta demanda penal en contra de Ávila y las organizaciones.
La RedTDT señaló que
esa campaña pone en riesgo la vida e integridad de los defensores y forma parte
de la criminalización de la defensa de las comunidades rarámuris. Por lo mismo,
exigieron al gobernador César Duarte que aclare los hechos ante los medios de
comunicación y que, en caso de ser cierta la presentación de la denuncia penal,
sea retirada de inmediato.
“Señor gobernador,
tenemos conocimiento que usted ha sido informado a detalle de todo el proceso
que se ha llevado adelante en el tema de la consulta a los pueblos indígenas y
la doble problemática del aeropuerto de Creel y la instalación del gasoducto,
asuntos que han propiciado dichas agresiones. También contamos con la
información de que usted aclararía ante los medios de comunicación las
inexactitudes y la falsedad de las afirmaciones en las notas periodísticas, lo
que a la fecha no ha sucedido”, dice la carta pública.
Por lo menos 341
comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales se verían
afectadas por la construcción del gasoducto que pasa por cuatro municipios
(Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi), abarca 500 kilómetros de largo por
cinco de ancho y, de acuerdo con la Consultoría Técnica Comunitaria, se planea
que quede terminado en 2016, mientras que la pista y la construcción del Aeropuerto
Creel ya están listos, sólo falta el mobiliario.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 18 DE FEBRERO
DE 2015)