miércoles, 5 de diciembre de 2018

EJECUTAN A TRES JÓVENES EN VILLA UNIVERSIDAD



Tres jóvenes fallecieron al ser atacados a balazos con fusiles tipo cuerno de chivo la noche de este domingo cuando circulaban a bordo de una camioneta modelo reciente sobre el bulevar Las Américas y calle Pitágoras en la colonia Villa Universidad.

Durante el ataque, se informó que otro joven resultó gravemente herido y fue trasladado a recibir atención médica en un vehículo particular.

El atentado ocurrió a las 20:15 horas de este domingo, a una cuadra del sector conocido como la glorieta.

De acuerdo a diversos datos, los jóvenes circulaban a bordo de una camioneta Nissan Kicks blanco cuando fueron atacados por un grupo armado que se desplazaba en otra unidad, desde la cual les dispararon hasta darles muerte.

La unidad continuó sin Control una calle hasta llegar a la Pitágoras, donde se impactó contra un poste de concreto.

Los tres de los jóvenes murieron en el interior del vehículo, dos de ellos en los asientos traseros y uno más en el asiento del conductor, mientras que el joven herido al parecer viajaba en el asiento del copiloto.

En el lugar  fueron asegurados casi medio centenar de casquillos de cuerno de chivo.

(RIODOCE/ REDACCION/ 2 DICIEMBRE, 2018)

MALAYERBA ILUSTRADA: EL PASTEL



El morro era todo un júnior. Su padre tenía mucho dinero y su madre lo consentía. Sin oficio ni beneficio, se salió de la secundaria por güeva y porque su padre le daba todo: estiraba la mano y ahí estaban los billetes, como cajero automático, que su padre le regalaba. Tenga mijo, pa que se divierta. Tenga, pal cotorreo. Tenga, pa las morras.

Así estuvo, sin escuela ni trabajo. Se la pasaba de vago, en fiestas, con los amigos, en la calle, la tienda de la esquina y las canchas de básquet. Apá, decía. Y el papá emergía del otro cuarto, de la oficina, la recámara, con el dinero en la mano. Tenga mijo, diviértase, se toma una a mi salud y ojalá se consiga una muchachota.

Pero el morro no hacía más que malgastar. Un día se aburrió de la farra y la noche se le hizo corta y los días no cabían más en sus bolsillos ni en sus manos. El tiempo se le escurría como el aire entre sus dedos y habló con sus amigos, los más cercanos. Vamos a robarnos un carro. Fueron al centro comercial y la agarraron cuichi: una joven mujer, de pechos de bisturí y con dos costillas menos, se estacionó y antes de que bajara la atoraron, le quitaron el bolso y el celular, las llaves de la camioneta, la jalonearon y bajaron a chingazos. Te mato si llamas a la policía.

Su padre no se enteró de esos cinco mil pesos que se había ganado con el despojo del vehículo ni que había ingresado a la invisible lista negra de los malandrines. Se había hartado de su hijo pilichi y empezó a negarle dinero, le reclamó que haya embarazado a una jovencita, hija de un hombre poderoso, y que no se haya hecho responsable de nada. Ni escuela ni trabajo ni paternidad ni chingadas madres, le gritó.

En la fiesta de cumpleaños de una amiga, la cerveza rolaba como agua de lluvia. En una de esas alguien se acordó que no habían comprado pastel, así que se apuntó. Yo voy por el pastel, ahorita lo traigo. Pasaron dos horas y llegó la noche y el día siguiente. Ni el pastel ni él llegaron. Lo reportaron como desaparecido y lo buscaron en la policía, los hospitales, y al final en el semefo. No lo encontraron ni en los baldíos que son tiradero de cadáveres.

Cuando abrió los ojos estaba en un centro de rehabilitación, golpeado y con una camiseta que concentraba olores y manchas de vómito, sudor y sangre. Primero pensó que estaba muerto. Oscuro el cuarto y nublada su vista. Luego llegó un hombre grande, de manos de candado, que le dio dos cachetadas. Te vas a morir, morro. Lloró, suplicó. No me maten, por favor. Quedó inconsciente y cuando abrió de nuevo los ojos estaba en la cárcel, acusado de asalto. Ya no pensó en la fiesta ni en ese pastel que llevaría: y entonces sí, no le alcanzaron las noches para el insomnio ni los días para el llanto.

Columna publicada el 25 de noviembre de 2018 en la edición 826 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 27 NOVIEMBRE, 2018)

FALSA, CARTA DE RENTAL SOLUTIONS



Sánchez González aclaró que la empresa mencionada ni siquiera existe registro de que haya presentado una propuesta en la convocatoria para esta licitación, por lo que referido por René Cerezo Servín, representante legal de la empresa Rental Solutions, carece de validez…

Hermosillo, Sonora (DP).- El oficial mayor del Ayuntamiento de Hermosillo, Daniel Sánchez González, negó que la empresa Rental Solutions haya participado en la licitación para las unidades recolectoras de basura y aseveró que la carta es falsa.

Sánchez González aclaró que la empresa mencionada ni siquiera existe registro de que haya presentado una propuesta en la convocatoria para esta licitación, por lo que referido por René Cerezo Servín, representante legal de la empresa Rental Solutions, carece de validez.

El lunes se informó que supuestamente a través de una carta el abogado exigió al Ayuntamiento de Hermosillo cancelar la licitación para la compra de al menos 30 unidades recolectoras de basura.

Presuntamente, Cerezo Servín sostuvo que existen irregularidades respecto de los tiempos, “quisiéramos que se volviera a repetir porque no dieron oportunidad conforme a la ley, para hacerlo, principalmente por los tiempos”.

Cabe señalar que el Municipio a través del Oficial Mayor, Daniel Sánchez González, informó que de este proceso se vio favorecida la empresa Clear Leasing para la renta de al menos 30 unidades recolectoras de basura.



(DOSSIER POLITICO/ ALEJANDRO MATTY ORTEGA /2018-12-04)

HIJO DE EX ALCALDE, VÍCTIMA EN DESPLOME DE AVIONETA EN CULIACÁN


Culiacán, Sin. Karim Faisal, hijo del ex alcalde José Luis Faisal, del municipio de Álamo Temapache, Veracruz, es uno de los cuatro fallecidos en el accidente aéreo ocurrido el lunes en Culiacán.

Autoridades de la Fiscalía de Sinaloa confirmaron que Karim Faisal, de 27 años, era uno de los tripulantes en la avioneta tipo Cessna con matrícula XB-NGU, que se estrelló con una vivienda en la colonia Rincón del Real de la capital sinaloense.

El piloto también fue identificado como Domingo Israel Chávez Cepeda alias el Mingo, de 32 años, originario de Badiraguato, Sinaloa; los otros dos tripulantes que murieron fueron Everardo de 30 años con domicilio en Nogales, Sonora y Catarino originario de Culiacán.

El desplome de la avioneta ocurrió alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, del lunes pasado, según los reportes de la torre de control, por una falla mecánica, luego de siete minutos de vuelo.

El accidente provocó también dos personas más heridas que habitaban la vivienda donde se estrelló la avioneta, entre ellas una menor.

(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: CRISTIAN DÍAZ / LA JORNADA/2018-12-05)

RESUELVE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS ASUNTO CON MIFEL


El oportuno actuar para hallar una solución al millonario adeudo con la banca detiene la amenaza de poner en riesgo las finanzas municipales y del embargo de la nómina del personal

Guaymas, Sonora. A 4 de diciembre de 2018.- La excelente relación entre la presidenta Municipal, Sara Valle Dessens, y la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, permitió una solución al asunto del Ayuntamiento con Banca Mifel que exigía el pago de más de 40 millones de pesos de adeudo y detuvo el  riesgo del quebranto en las finanzas con la amenaza de embargo de tres meses de nómina y la paralización de los servicios públicos.

Hoy la resolución del problema, que venía arrastrándose desde administraciones anteriores, desde el 2010, es el primer resultado del buen manejo de los recursos y del trabajo arduo de este Gobierno Municipal, que encabeza Sara Valle, para sanear las finanzas de Guaymas, sin tener que comprometer el pago de los empleados ni los servicios a los ciudadanos que son la prioridad.

“Con mucho gusto les quiero decir que el asunto de Mifel ha quedado resuelto, este problema que venía arrastrándose desde administraciones anteriores”, expresó la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens.

La presidenta señaló que la administración pasada había asegurado que ya tenía el problema resuelto, sin embargo no fue así, heredando un adeudo millonario. Mifel había ganado ya un juicio que le permitía embargar las cuentas municipales y la nómina de por lo menos tres meses.

“Tenemos la documentación de que ya quedó finiquitada la deuda, quiero felicitar especialmente a la gente de Tesorería y a Santiago Luna –el tesorero- por organizar y reunir todos los elementos suficientes para que se hiciera este pago”, expresó la alcaldesa en un mensaje a la comunidad.

En ese video destacó el agradecimiento a la Gobernadora del Estado “gracias a su apoyo y sensibilidad, porque con ello logramos hacer una parte importante de este pago”, expuso al reconocer también la intervención del contralor municipal y los regidores para solucionar el asunto con Mifel.

A N T E C E D E N T E S

1.      CONTRATO DE ARRENDAMIENTO:

• 14 de mayo de 2010, MIFEL y Municipio de Guaymas celebran un contrato de arrendamiento de diversos artículos de alumbrado público.

• Eso por 24 Mensualidades de $1,560,474.72  IVA incluido. Total por los 24 meses: $37,451,393.30

• Calendario de pagos: Mensuales a partir de julio del 2010 y hasta julio del 2012.

• En enero de 2012 el municipio decide dejar de pagar el arrendamiento contratado, faltando por cubrir 6 mensualidades que sumaban la cantidad de: $9,362,848.32

• El municipio cubrió un total de: $28,088,545.00 correspondiente a 18 mensualidades.

2.      REQUERIMIENTO DE PAGO:

• Ante la falta de pago y sabedores que las rentas seguían corriendo, MIFEL no hizo nada sino hasta 28 meses después.

• El 14 de abril de 2014, MIFEL requiere al Ayuntamiento de Guaymas el pago de las cantidades adeudadas y la entrega de los bienes otorgados en arrendamiento.

• Lo reclamado es por la cantidad de: $40,572,342.70 IVA incluido.

• Una vez emplazados a juicio el municipio de Guaymas da contestación a la demanda.

• El 24 de mayo de 2016, se dicta sentencia definitiva y se condena al pago de lo demandado más las rentas que sigan corriendo hasta el cumplimiento del clausulado original del contrato.

• El adeudo aproximado al 24 de mayo de 2016 ascendía a: $79,584,210.70, sin contar intereses ordinarios y moratorios.

• El Municipio interpone recurso de apelación 1148/2015 en el que se confirma la sentencia recurrida.

• 18 de noviembre de 2016 se niega el Amparo y Protección de la Justicia al Municipio quien promovió Juicio de Garantías 715/2016, quedando firme la sentencia original.

• 10 de mayo de 2017, en ejecución de sentencia se lleva a cabo el requerimiento de pago.

3.      RECONOCIMIENTO DE ADEUDO:

• 7 de diciembre de 2017, el Municipio representado por C.P. María Fernanda Caballero Pavlovich, firma convenio de reconocimiento de adeudo.

El Municipio reconoce adeudo a MIFEL de: $40,572,342.70 IVA incluido, más los intereses ordinarios, moratorios, pena convencional, gastos y costas por la tramitación del juicio.

MIFEL acuerda una quita del adeudo de: $23,172,342.70

La quita queda sujeta al cabal cumplimiento del pago y garantías aceptadas en el mismo.

El Municipio jamás cumple con las garantías estipuladas.

El municipio de Guaymas, bajo la administración de Lorenzo de Cima, incumple el pago de las mensualidades de julio y agosto de 2018.

El Municipio de Guaymas, bajo la administración de Sara Valle Dessens, no puede realizar el pago de septiembre y octubre por no estar cubiertos los dos meses anteriores.

-8 de noviembre de 2018, MIFEL vía judicial y por conducto de su representante legal en la Ciudad de México, requiere al Municipio para que demuestre el cumplimiento de pago según convenio de reconocimiento de adeudo.

-12 de noviembre de 2018, vence plazo para demostrar el cumplimiento de pago

(DOSSIER POLITICO/ Redacción / 2018-12-05)

TRIBUNAL BAJO PRESIÓN

(REPORTE INDIGO/ INDIGO TV/ 05 DE DICIEMBRE 2018)

AL QUE LE QUEDE EL SACO


Redes de Poder
Dicen que cuando el río suena es que agua lleva. En el Senado la bancada de Morena y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) demostraron músculo en la toma de protesta como senador de Pedro Haces Barba, dirigente de la organización, en suplencia de Germán Martínez.

Si bien el nuevo legislador no mencionó nombres, sí recalcó que junto a Napoleón Gómez Urrutia comenzarían una limpia en contra de ‘ciertos líderes sindicales’ acusados de corrupción. La cacería podría comenzar en la CTM, central sindical obrera contraria a la CATEM e históricamente afín al PRI. “Esto va para al que le quede el saco”, amagó Haces Barba y todo parece indicar que es justo de la talla de Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM. Atentos.

LLAMADA DE ATENCIÓN

Desde Baja California le mandaron un mensaje contundente al presidente del PAN, Marko Cortés. Al anunciar su intención de buscar la candidatura panista por la gubernatura, el exsecretario de Educación Pública de la entidad Oscar Vega hizo un llamado de atención al dirigente nacional al advertir su desatención en el proceso electoral del estado norteño para 2019. “No tenemos una ruta clara en el PAN en la entidad. No tenemos una definición clara en el método para elegir candidatos, no tenemos una propuesta clara de campaña, vaya ni siquiera tenemos un grupo de liderazgos que alcen la mano”, dijo. No es la primera vez que se plantea el escenario de que ante la inestabilidad al interior de la dirigencia nacional, el partido a nivel local se tendrá que rascar con sus propias uñas.

FIN DE UNA ERA

El dominio del Sol Azteca en la capital del país llega a su fin. Tras 21 años ininterrumpidos de gobiernos perredistas en la Ciudad de México, más de dos décadas después de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno (primer mandatario electo en las urnas para el cargo), el PRD entregará el poder a Claudia Sheinbaum de Morena. Solo el tiempo dirá si el perredismo podrá recuperarse y volver a pelear la hegemonía en la Ciudad, pero de momento pierde su bastión histórico en medio de la mayor crisis de su historia.

(REPORTE INDIGO/ REDES DE PODER/ Dic 5, 2018)

SENADO EXIGE AL INAH RENDIR CUENTAS SOBRE DAÑO A ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA ISLA ESPÍRITU SANTO


El pleno del Senado pidió al INAH un informe sobre las medidas legales que ha emprendido por la destrucción de 52% de una zona arqueológica en BCS.



Senado exige al INAH rendir cuentas sobre daño a zona arqueológica de la Isla Espíritu Santo

El pleno del Senado de la República solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que presente al Poder Legislativo un informe oficial sobre las medidas legales que ha emprendido por la destrucción de 52% de la zona arqueológica conocida como Ensenada El Gallo, ubicada en la Isla Espíritu Santo, Baja California Sur, una reserva natural catalogada como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.

Tal como informó Animal Político en octubre pasado, la Ensenada El Gallo abarca un área de más de 7 mil metros cuadrados en la que se preservaban vestigios de actividad humana con 5 mil años de antigüedad, y poco más de la mitad de esta zona arqueológica resultó alterada de forma “irreversible” por los integrantes de una asociación civil denominada Grupo Ecología y Conservación de Islas que, a finales del año 2016, removieron el suelo y los vestigios del área para instalar ahí un campamento.

Los daños ocasionados a la Ensenada el Gallo fueron documentados en 2017 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero nunca se emprendieron acciones de rescate y preservación del área, ni tampoco acciones legales contra los responsables del daño, tal como reconoció el mismo INAH en octubre pasado.

En la Ensenada El Gallo, detalla el punto de acuerdo aprobado este martes 4 de diciembre por el Senado de la República, existe “registro de presencia humana entre los años 3000 aC y 1700 dC, en donde se reunían para recolección de conchas de mar y preparación de alimentos (…) La superficie y el subsuelo presentaban vestigios de fogones y piedras labradas con miles de años de conservación”, y fue aquí, añade, donde “los miembros del Grupo Ecología y Conservación de Islas presuntamente removieron ‘sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas’, así como para crear veredas por las cuales transitar, tal como consta en los reportes de daños arqueológicos causados en este sitio, elaborados por el INAH”.

Si bien la presencia de esta asociación civil en la isla había sido autorizada por el gobierno federal, con la misión de retirar fauna nociva, los reportes oficiales aclaran que el personal del Grupo Ecología y Conservación de Islas fue instalado por el INAH en un punto en el que no existían vestigios arqueológicos. Luego, sin embargo, los integrantes de esta asociación civil mudaron su campamento a la Ensenada El Gallo, por decisión propia y sin consultarlo con los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Tal como establece la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INAH está obligado a proceder legalmente en contra de los responsables de dañar zonas arqueológicas, y el castigo establecido en dicha ley por estos actos es de 3 a 10 años de cárcel, además de multa equivalente al valor del daño causado.



Sin embargo, luego de ser consultado por Animal Político en octubre pasado, el INAH reconoció que, a más de dos años de los hechos, no había iniciado ninguna acción legal por los daños ocasionados en en la Ensenada El Gallo.

En vez de eso, el INAH informó que propuso al Grupo Ecología y Conservación de Islas AC financiar voluntariamente un programa de rescate arqueológico, propuesta que fue rechazada por la asociación civil (según informó ésta misma a través de una misiva enviada a Animal Político).

Tal como se estableció en el punto de acuerdo senatorial aprobado ayer, promovido por la senadora Verónica Delgadillo y aprobado primero por la Comisión de Cultura y luego por el pleno, hasta la fecha “no se conocen las razones por las cuales no se ha llevado a cabo la denuncia por daño al sitio arqueológico, ni tampoco las razones por las que se cuenta con un plan de salvamento que, eventualmente, podría eximir de la responsabilidad legal a los integrantes de la asociación (civil) Grupo Ecología y Conservación de Islas AC, por lo que se considera de interés público conocer las razones y estado de avance del asunto en análisis”.

Por esa razón, el Senado exhortó al INAH a “informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la asociación civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas AC, por los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificada como J66 El Gallo II-3, localizada en la isla Espíritu Santo, Baja California Sur”.



(ANIMAL POLITICO/ PARIS MARTÍNEZ (@PARIS_MARTINEZ) #@PARIS_MARTINEZ/ DICIEMBRE 4 2018 19:54)

LA GUARDIA NACIONAL, SÍ


El sexenio arrancó como se esperaba, pintado de rojo. La violencia no se detuvo a partir del sábado, donde le dieron la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador en Guadalajara como presidente. Mientras reconocía en San Lázaro a los enviados del presidente Donald Trump a su toma de posesión, dos artefactos explosivos fueron lanzados contra el consulado de Estados Unidos en esa capital, y hubo asesinatos de civiles y policías, además de la ejecución del primer periodista de su sexenio. Cincuenta crímenes entre el sábado y el domingo, más decenas el lunes y martes. Pero no hay que equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo por un cambio de gobierno. Una estrategia bien llevada tardará más de tres años en empezar a dar resultados, siempre y cuando sea eficaz. Hasta ahora, no ha sido posible echarla andar en estos primeros días de nueva administración.

Hay factores objetivos, como la implementación de la ley que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que se agregaron funciones de la Secretaría de Gobernación, que requiere de modificaciones constitucionales para que, como lo establece el plan del gobierno, se cree una Guardia Nacional al mando de militares, a los que los policías y ministerios públicos tendrán que subordinarse. Hay subjetivos, como los cambios de último momento que le impusieron al secretario de Seguridad Alfonso Durazo. El más importante fue el de Alejandro Gertz Manero, quien el miércoles estaba en la víspera de ser anunciado como subsecretario de Seguridad y comisionado de la Policía Federal, y que terminó en la fase de arranque del sexenio como procurador interino.

Lo más complejo, sin embargo, es la Guardia Nacional, al carecer de una ley para que empiece a funcionar. La Guardia Nacional está operando de facto con un despliegue tímido y limitado, con tres brigadas de infantería de la Policía Militar. La Primera Brigada se desplazó a seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda está concentrada en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. La Tercera se encuentra en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que no es la más violenta, pero que por la cercanía con la Ciudad de México, donde se concentra el poder económico, el político y los medios de comunicación nacionales, su impacto se multiplica.

Esa semilla de la policía nacional que está dispuesto a crear el presidente López Obrador, está coja por cuanto a su arquitectura institucional, y se suma al despliegue de soldados y marinos que no dejaron de patrullar las calles y combatir a la delincuencia al cambio de gobierno. Una reforma constitucional que le dé todas las atribuciones que desea, no va a ser fácil de lograr, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó a mediados de noviembre la Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional. La Ley, que fue firmada por el ex presidente Enrique Peña Nieto casi un año antes, pero que no la aplicó hasta esperar el fallo de la Corte, se aprobó en las cámaras para regular la actuación del Ejército y la Marina en las funciones de seguridad pública.

Desde que era precandidato presidencial, López Obrador y Morena, su partido, se opusieron a esa ley. Sin embargo, tras la elección presidencial, López Obrador rectificó su posición. La explicación del presidente para ese giro radical es que no existe ni la capacidad ni la confianza en las policías federal, estatal y municipal, para hacer esas tareas. El retiro de las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad, vendrá después. Pero el presidente se encuentra en una encrucijada de la cual puede rápidamente salir. ¿Por qué insistir en crear la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Por qué no convierte soldados en policías?

El antecedente se encuentra en 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Zedillo trasladó toda la Tercera Brigada de la Policía Militar de la Zona Militar 37 en San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México, al ámbito civil, y más de cinco mil elementos quedaron bajo el mando de Genaro García Luna, quien salió del CISEN con la encomienda de formarla. Se le sumaron la Policía Federal de Caminos y la Policía Fiscal, y pasaron a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, creada por el presidente Vicente Fox.

No se puede convertir a civiles en militares, como pretende López Obrador, al tener estructuras de mando verticales a las que se llega mediante un escalafón castrense, bajo una doctrina que rige a la totalidad de las Fuerzas Armadas. En las policías no existe el escalafón institucional ni hay una doctrina rectora. La Guardia Nacional que propone el presidente es en el fondo una Policía Nacional con mando único. La puede tener rápidamente, sin tener que ir al Congreso o a la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de una controversia constitucional, con militares a cargo de ella.

Lo que necesita es seguir la ruta de Zedillo: que los militares pasen a retiro en el Ejército y asuman el control de la nueva institución, con su doctrina, tácticas y entrenamiento, pero dentro del ámbito civil, desde donde construirían con las policías que sobrevivan el modelo y los nuevos reclutas, una Guardia Nacional a la medida de lo que necesita el presidente López Obrador, urgido de enfrentar el fenómeno de la violencia, su prioridad número uno en este momento.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/5 DE DICIEMBRE DE 2018)

CARTÓN DE LA SEMANA


MONOSAPIENS

(PROCESO/ CARTÓN DE LA SEMANA/ MONOSAPIENS/03 DE DICIEMBRE 2018)

ELLA ES SARA COSÍO... EL AMOR PROHIBIDO DE CARO QUINTERO, LÍDER DEL CÁRTEL DE GUADALAJARA



Foto: Tomada de Internet

En la actualidad se desconoce qué hacía la joven a lado del jefe del Cártel de Guadalajara

La única que sabe la verdad sobre lo que sentía por Rafael Caro Quintero es Sara Cosío Vidaurri, hoy una mujer de la sociedad jalisciense que ha guardado su vida privada con mucha discreción. Hija del maestro Octavio César Cosío Vidaurri, quien en los años ochenta fuera secretario de Educación de Jalisco, hermano de quien llegaría a ser gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri. A no ser por su entorno de amigos y familiar, poco se sabe de la vida de Sara Cosío, quien en 1985 se encontraba junto con Caro Quintero en la Quinta La California de Costa Rica. Los relatos dicen que los encontraron semidesnudos en la cama.

Para poder dar sabor a la historia de amor entre el personaje de Rafael Caro Quintero (Tenoch Huerta) y Sofía Conesa (Tessa Norvind), los escritores de la serie ‘Narcos’ se basaron en la supuesta relación que existió entre el capo y la tapatía Sara Cosío Vidaurri.

En la producción de Netflix se muestra a la novia del jefe del Cártel de Guadalajara como una sensual mujer dispuesta a sacrificar todo por su amor.

Al abordar la serie Narcos el inicio del Cártel de Guadalajara varias historias de los personajes comenzaron a salir, entre ellas el supuesto romance entre Rafael Caro Quintero y la sobrina de Guillermo Cosío Vidaurri,  ex gobernador de Jalisco; Sara.

Allegados a la verdadera Sara (hija del ex secretario de Educación, Octavio César Cosío Vidaurri) señalan que la joven no eran tan hermosa como se muestra en la serie, pero sostienen que el capo se enamoró perdidamente del carácter caprichoso de ella.

Nunca las autoridades mexicana confirmaron si el capo mexicano secuestró a la joven tapatía, por lo que se ventiló que al momento de su detención en la finca California, en Costa Rica, la pareja estaba muy enamorada.

Caro Quintero, 'El Príncipe del Narcotráfico'... el narco aceptado en la alta sociedad donde encontró el amor


Foto: Tomada de Internet

Pero... ¿qué hace actualmente Sara Cosío?

Las pocas fotos de Sara de joven la muestran con problemas de sobrepeso, sus conocidos dicen que era caprichosa y antes de aceptar a salir con Caro Quintero le hizo varios desplantes.

En la actualidad la hija del ex secretario de Educación, Octavio César Cosío Vidaurri, es una dama de la sociedad jalisciense; tras el escándalo se alejó varios años de la vida pública y el rumor de la relación prohibida creció gracias a la carta que publicó Carlos Monsiváis en la revista Nexos.

Los párrafos que le dedicó a Caro Quintero son contundentes; "Rafael: aunque todo haya sido tan alocadamente, tú te portaste muy bien y la verdad eres bien bueno, nada más que quieres hacerte el malo, pero me trataste con mucho respeto y cariño" .

En la serie de Netflix retratan a la tapatía como una joven inquieta y el nombre de Sara Condesa seguro va a trascender.

Con información de Unión Jalisco



Foto: Tomada de Internet

(VANGUARDIA/ REDACCION/  5 DIC 2018)

MÉXICO: EL PAÍS DE LAS 2 MIL FOSAS



Ropa encontrada en una casa de seguridad en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Durante una búsqueda del Colectivo Milynali Red CFC, el 24 de enero del 2017. Fotografía: Mónica González

Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes y Quinto Elemento Lab, revela que en México se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios.

El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres maniatados, semi desnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre de 2006.

La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.

Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.

El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos.

Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.

Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.

Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.

Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.

Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir 200 solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.

Este es el mapa, al menos parcial, de la dimensión de la barbarie.


MAPA NACIONAL DE FOSAS CLANDESTINAS 2006-2016. VISUALIZACIÓN: DAVID EADS.

El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.

En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a 10, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.

A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.

Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos.

En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.

“Esta investigación permite conocer los municipios donde el crimen organizado tiene capacidad de asesinar personas y hacer fosas para desaparecerlas; permite ver nuevas formas de operación y de gobierno donde la gente no se atreve a denunciar. Sería interesante saber cuánta gente vive en este 15 por ciento de los municipios con fosas y que nos dan indicios de esquemas de gobernanza criminal”, reflexiona Sandra Ley, profesora-investigadora del CIDE experta en criminalidad y violencia, al conocer los resultados de esta investigación.

Esta cifra inédita de casi 2 mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que realizamos.

Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.

Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.

Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie -ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa- había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.



Los residentes de Carrizalillo, Guerrero, localizan una fosa clandestina en una mina 19 de noviembre del 2015. Fotografía: Pedro Pardo.

PLAGA DE ENTIERROS

La pestilencia comenzó a impregnar el paisaje. Fue en 2010, en la temporada en la que Juan Viveros y Nabor Baena, los dos cuidadores de la abandonada mina “Dolores”, ubicada en la periferia de la ciudad de Taxco, escuchaban por las noches ruidos de camionetas, y fueron percibiendo ese insoportable olor a muerte que salía de uno de esos tiros de mina semejantes a los escapes de las chimeneas.

Fue entonces que detectaron que su punta, antes sellada, había sido ranurada, y el pozo reabierto.

“Nos caló la vez que vinimos porque había harta sangre. Le dije a Nabor: “Ira, ¿y esa sangre qué?”. Y me dijo: ‘¿Quién sabe? ¿Traerían un animal?’. Sea lo que haiga sido subía el aroma, olía a feo. Entonces nos fuimos a trabajar”, recordó Juan Viveros.

“Luego alguna gente dio parte de que estaba oliendo a feo, y cuando se asomaron los de Protección Civil ahí estaba el agujero donde los aventaban pa’bajo: eran seres humanos los que estaban ahí”, dijo Nabor Baena.

“Nos dimos color de lo que había, que estaban sacando gente, que había gente almacenada, que ese pozo estaba premiado”, alternó Juan Viveros.

Ambos mineros devenidos en vigilantes desde que la empresa está en paro supieron por las noticias que, en las carretas donde normalmente se extrae plata, fueron subiendo a la intemperie cuerpos. Eso narraron en entrevista en 2010.

“Encuentran 55 cadáveres”, reportó la prensa en esa ocasión. Fueron 41, quedó escrito en los registros de la PGR y 64, en la bitácora de la fiscalía local. Mas de 120, aseguran las familias que acudieron a la morgue a verificar si alguno de los cuerpos extraídos era del familiar desaparecido.

El hallazgo ocurrió en 2010, el mismo año cuando, según esta investigación, registró el primer pico en el número de cuerpos encontrados en un solo sitio; cuando los hallazgos de cadáveres pasaron de las decenas a los centenares. Era el preámbulo del infierno.

A partir de entonces, ese tipo de descubrimientos se fueron haciendo cada vez más comunes.

La sistematización de los datos oficiales obtenidos en esta investigación revela que:

*Los principales sitios de la muerte en México esos 11 años son el municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290 cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han encontrado 22 mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta a cuántas personas corresponden, y donde continúan las labores de desenterramiento.

El otro está en el municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, donde, en dos años registraron 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos.

*Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en esta estadística macabra. La sumatoria de fosas -sin contar los municipios del valle circundante- da 58. En tanto, Acapulco a partir de 2010 no ha faltado ningún año en la lista: esa ciudad-puerto de 2006 a 2016 acumuló 108 fosas.

*El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un año fue Durango, con 350, en 2011. Y Durango es también el estado donde más cuerpos han sido encontrados en fosas: 460 en 7 años.

Nuevo León alcanza un número mayor por ser el único estado que detalla cuántos restos óseos recuperados corresponden a cuantas personas, por lo que sus registros mencionan que recuperó los restos óseos de 475 personas y 119 cadáveres. Es decir, 594 víctimas que estaban ocultas en fosas clandestinas.

Veracruz, en tanto, informa que exhumó 222 cuerpos, 293 cráneos y 157 restos óseos que sumados corresponderían a 672 personas.

*Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso estudiado son: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280); Guerrero (216); Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137); Nuevo León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).

*Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del hallazgo de sus 21 fosas (omitió mencionar en su lista las fosas de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía para enviar cuerpos que deberían haber ido a fosa común, pero enterradas ahí de manera clandestina hasta 2016, cuando las familias de víctimas descubrieron su existencia).

*Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son: Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132); Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).

HASTA DENTRO DE CASA

En el imaginario está el que la fosa se encuentra en un lugar remoto y solitario. Esta investigación demuestra que no siempre es así. Los entierros se dan lo mismo en colonias pobladas que en avenidas transitadas.

En la primavera de 2011 un sonido despertó a un matrimonio de profesionistas que habitaba en una pequeña vivienda que antes había estado abandonada, y al cuidado de un velador, en el fraccionamiento Providencial, en el centro de la ciudad de Durango.

La pareja se sorprendió al descubrir a soldados intentando cortar las cadenas de la reja de la entrada.

Cuando la pareja los cuestionó, éstos les pidieron entrar a excavar a su patio. Entonces hicieron un primer hoyo, no encontraron nada. Fueron al fondo, casi en la barda limítrofe, y ahí encontraron algo. Eran cuerpos. En otro punto, debajo del piso de cemento de una palapa, otros más.

Una cadena oxidada clausura la reja negra desde entonces. Hay hierba crecida sobre los montones de tierra en el patio donde el ejército encontró 12 cadáveres. Sí, 12.

La mayoría de los 350 cuerpos extraídos en 2011 en el municipio que es cabecera de ese estado estaban enterrados en zonas urbanas: algunos en el mero centro, otros en casas, refaccionarias, talleres, obras negras, en terrenos baldíos, en plena avenida o, incluso, junto a un Bachilleres.

Lo que ocurrió en la ciudad de Durango está lejos de ser extraordinario.

En 18 de los 24 estados hay registro de fosas en los municipios de las ciudades capitales. Estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas.



LA DANZA DE LAS CIFRAS

Una lona color azul cielo sirve como tendedero de lo que parece ser una truza, una camiseta, bolsas negras de plástico, pedazos de tela sin forma y hasta ropa de bebé. Todo pintado con el mismo tono color lodo por el tiempo que permanecieron bajo la tierra.

Esa imagen divulgada por el gobierno veracruzano ilustraba la noticia que el pasado 7 de septiembre reportaban algunos diarios: el hallazgo de 32 fosas clandestinas con 174 cráneos en el centro del estado de Veracruz.

“Hay ropa de bebés en las fosas de Veracruz; familiares identifican hasta mamelucos y trajecitos” o “Pantaloncitos, gorritos y sudaderas: encuentran ropa de bebé en mega fosas clandestinas de Veracruz”, publicaron distintos medios resaltando la crueldad de los victimarios.

Al hallazgo le siguió un baile errático de cifras. El equipo de la futura Secretaría federal de Gobernación habló de las cifras tan dispares que les había dado el gobierno federal saliente: son 855 les dijeron en SEGOB, 1 mil 150 en la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ese mismo día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) actualizó su último registro y dijo que hasta mayo de 2018 localizaron mil 306 fosas que albergaban donde estaban ocultos 3 mil 926 cadáveres y casi 36 mil fragmentos de restos óseos.

Esta investigación arroja el doble que la cifra gubernamental más alta. Para el periodo de enero de 2007 y diciembre de 2016 –lapso en el que la CNDH llevaba documentadas 855 fosas- este equipo registró la existencia de mil 976 fosas.

Aun cuando es superior, no es una cifra completa. Y aquí por qué:

-No todos los estados reconocen sus fosas: Los gobiernos de 7 estados informaron que en su territorio no hay fosas o sitios parecidos de exhumación, aun cuando información de la CNDH, la PGR o la prensa indican lo contrario.

Fue el caso del gobierno de Baja California que negó tener registro de entierros, sitios de disolución de cadáveres, “cocinas” o similares, donde criminales pudieran haber desaparecido los cuerpos de sus víctimas. Esto a pesar de que en 2009, en Tijuana, el Ejército capturó a Santiago Meza López, quien fue presentado ante la prensa como el Pozolero porque deshacía en ácido los cuerpos de supuestos enemigos del cártel de Tijuana.

Meza confesó haber disuelto los cadáveres de al menos 300 personas; lo dijo estando justo en el sitio donde cometió los crímenes, en una finca en el ejido de Ojo de Agua, a las afueras de la ciudad.

Desde ese día de pesadilla las familias acompañadas por autoridades hacen rastreos para buscar en esos terrenos rastros de personas desaparecidas, y cada tanto encuentran dientes o fragmentos de hueso que la PGR se ha llevado para su análisis. Es decir: sí hay sitios de inhumaciones clandestinas.

Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Chiapas también reportaron cero entierros clandestinos cuando se les solicitó información. Esta negativa contrasta con los reportes de la PGR o la CNDH que dan cuenta de 10 fosas entre todos; pero si se toma en cuenta el monitoreo de medios de la CNDH, éstas llegan a 17. En el caso de Guanajuato y Puebla, aunque ambos se declaran libres de fosas, la prensa reporta lo contrario.

El mapa que surge de esta investigación no mezcla los datos de las fiscalías estatales con los de la PGR.

-Las fiscalías estatales reportaron menos fosas que las encontradas.

Para muestra tomamos el caso del gobierno de Michoacán que reportó el hallazgo de sólo dos fosas en 2006 (el entierro de los seis hombres degollados en Aganhuan y una fosa localizada en Aguililla). La PGR sumó otra pieza al incompleto rompecabezas y reportó otra en Lázaro Cárdenas con tres cuerpos de hombres atados de pies y manos. La prensa, al final del año, dio cuenta de dos fosas más que omiten los registros gubernamentales: una en Morelia y otra –descubierta el último día del año- en Buenavista Tomatlán.

-Las fosas procesadas por la PGR, y cuyos restos exhumados terminaron en instalaciones federales de la Ciudad de México, no son tomadas en cuenta en los registros estatales.

Esto origina el subregistro de cementerios clandestinos de gran escala, como los de La Barca, Jalisco, de 2013, donde se hallaron 37 fosas con 75 cuerpos. O los 175 cuerpos extraídos de 54 fosas en los cerros circundantes a Iguala, Guerrero, descubiertas por lugareños agrupados en el colectivo “Los otros desaparecidos”, a partir de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Este reportaje y el mapa que acuerpa la información encontrada, también clasifica de manera diferenciada, y en espacios separados, ambas fuentes de información, la proporcionada por fiscalías locales y por la PGR.

-Hay regiones que aparecen en blanco en este mapa, como si ahí no hubiera entierros clandestinos, lo que puede deberse, más bien, a que son zonas de muy difícil acceso, por su ubicación y por el control de grupos del crimen.

“Hay diferencia temporal en cuanto se crea una fosa y cuando ocurre su hallazgo, y eso nos habla de las dinámicas temporales y espaciales de la violencia. Los hallazgos de fosas pueden corresponder a un tiempo en que la violencia en esas zonas ha disminuido, difícilmente cuando está en su pico”, opina el historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en la historia de las desapariciones en México, Camilo Vicente Ovalle.

Tras ver el mapa, Vicente Ovalle dice que seguramente lugares como la Sierra de Guerrero existen más fosas con las que los criminales se aseguran la muerte clandestina, pero no han sido descubiertas.


Una bolsa con restos humanos quemados recolectada durante la operación de búsqueda realizada el 2 de julio de 2016 por el colectivo “VIDA”, cerca de la ciudad de Torreón en el estado de Coahuila, México. Fotografía: Mónica González

LOS SITIOS DE LA MUERTE

En 2015 la señora María de la Luz López Castruita, quien desde 2008 busca a su hija Claribel Lamas López, encontró uno de estos puntos en el Ejido Patrocinio, en Coahuila. Como suelen hacer las familias de personas desaparecidas, ella inició su propia investigación, e ideó la manera de infiltrarse a esos terrenos donde corrían rumores de que eran llevadas personas que nunca más volvían a ser vistas.

María de la Luz López comenzó a ir disfrazada como campesina -sombrero, paliacate, un palo y garrafón de agua a la espalda-, y pronto los cuidadores de chivas le ayudaron a dar con los sitios donde había tambos, cenizas, restos de huesos enterrados, zapatos y ropa esparcida en el piso.

Un chivero le dijo que él llegó a ver de 80 a 90 tambos donde quemaban a las personas capturadas. El hermano de la señora Luz López llegó a ver 14.

-¿Entonces hubo cientos de muertos?- preguntó ella al chivero.

-Son miles, señora. Diario pasaban las camionetas con gente amarrada atrás, así, empalmados como animales, de día, el sol estaba altito– recuerda que le respondió el hombre.

-¿Y los tambos?

-Se los llevaron pa’l kilo, pero allá quedan dos – dijo el señor y la llevó a donde se encontraban.

Patrocinio era un sitio más, de entre otros que establecieron los criminales en Coahuila para el exterminio de personas. El Grupo Vida, colectivo de rastreadores del que formaba parte la señora López, ubicó otros puntos con tambos agujereados con un talache (pico), en los que metían a sus víctimas y las quemaban con diesel y gasolina. Alrededor ponían una llanta de tráiler para contener el fuego; en hoyos vaciaban los restos quemados.

Lucy, como es mejor conocida, se organizó con otras familias para realizar la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida, que, en mayo de 2017 en Coahuila, reunió a otras familias para hacer rastreos en campo.

En México las búsquedas se han realizado cuando la violencia no ha amainado, en medio de la “guerra”, cuando muchos de los territorios donde se oculta a personas aún están controlados por mafias. Los paisajes forenses siguen siendo escenas del crimen y algunos, zonas de exterminio.

Muchos de los hallazgos de fosas han sido posibles gracias a las investigaciones a una ardua la labor de investigación por parte de las familias.

Pero ese esfuerzo tiene una pobre recompensa, y Lucy siente una gran frustración. Ella y otras buscadoras han encontrado, una tras de otra, un gran número de fosas. Y el gobierno pocas veces hizo la labor de identificar los restos que ahí se encontraban.

En su caso, la Policía Científica de la Policía Federal es la responsable de hacerles los análisis y avisarles si identifica alguno.

El cuerpo de su hija Claribel no está entre las mil 738 víctimas que las fiscalías ya han identificado, y que estaban sepultadas en alguna de las casi 2 mil fosas.

A unos años de que comenzó los rastreos, Lucy comenta decepcionada: “¿Para qué perdemos tiempo buscando fosas, a los muertos, si de todos modos no nos dicen quiénes son? Y en esto no tenemos tiempo, por eso decidimos mejor buscar a los vivos”.

La identificación de cadáveres se dificulta mucho más cuando se cometieron errores durante el desentierro, como en Durango en 2011, donde los cuerpos fueron extraídos con trascabo que los destrozaron.

O cuando los restos fueron quemados, incinerados o disueltos usando ácidos o métodos alcalinos. Como en Veracruz, donde hay seis puntos con al menos 18 mil 680 restos óseos y sólo dos personas identificadas, según la respuesta a nuestras solicitudes.

Coahuila, por ejemplo, reporta 87 sitios de inhumación clandestina de los que se han tomado 102 mil 717 “muestras biológicas” y sólo han identificado a 19 personas. La fiscalía se rehusó a proporcionar la ubicación de cada una, y por eso aparecen menos sitios en el mapa nacional.

En otros estados pareciera que las propias fiscalías perdieron el rastro de los cuerpos que tienen bajo su resguardo. Es el caso de Sonora que, al solicitarle información de un cuerpo recuperado en Nogales en 2016 respondió: se “desconoce si fue identificado”.

Acerca de dos cuerpos exhumados en 2008 en el municipio de Naco, indicó: “no se cuenta con la información debido a baja del médico”.

Sobre otros casos respondió: “no se sabe si fueron cremados ni se conoce el lugar de resguardo”.

“¿Para qué sacar los restos si de igual manera no les vamos a poder dar identidad?”, se pregunta Juan Carlos Trujillo Herrera, quien tiene cuatro hermanos desaparecidos -dos capturados en Guerrero, los otros dos en Michoacán-, y quien ha encabezado las brigadas nacionales de búsqueda.

“No hay capacidades. Yo digo, ése es el problema”.

Esta investigación, que intenta dotar de ubicación y número a las fosas y a los restos hallados, arroja también pistas sobre sitios en disputa, métodos de desaparición por regiones o cambios de patrones.

Con la información obtenida que sirvió de sustento para el mapa es posible detectar sitios donde se acumulan capas de fosas. Entre estos destacan cinco en permanente disputa entre grupos criminales, y a veces Fuerzas Armadas, todos ellos de frontera, sea con el mar o con Estados Unidos. Los cinco puntos concentradores de fosas son: Ciudad Juárez, así como los puertos o corredores cercanos al mar: Ahome, Sinaloa; San Fernando, Tamaulipas; y los puertos de Acapulco y Veracruz.

También es posible distinguir que en el noroeste y la parte norte del Golfo de México se ha extendido la incineración como un método para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas. Acaso quedan fragmentos. Esto ocurre en lugares como Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León.

En esos sitios tanto familias buscadoras como autoridades siguen descubriendo terrenos con miles de fragmentos óseos, lo que dota de mayor dificultad las labores para su identificación.

Un lente para mirar el mapa de fosas derivado de esta investigación es la que propone la doctora argentina en Ciencia Política, Pilar Calveiro, autora de libros como Poder y desaparición: observar los momentos en los que matar y tirar los cadáveres en la calle dejó de ser castigo suficiente, en que comenzaron a sepultar cuerpos para desaparecerlos, y el momento en el que los asesinos dejaron de enterrar y optaron por métodos para disolver cuerpos.

“La tecnología usada para la desaparición dice mucho de los desaparecedores y del poder que los sustenta”, señala.




Bertila Parada sostiene la foto de su hijo Carlos Alberto, migrante salvadoreño hallado en una fosa común de Tamaulipas. Fotografía: Mónica González

TORRE DE BABEL FORENSE

Esta investigación también se topó con información fragmentada, muchas veces contradictoria, otras maquillada, así como la falta de homologación de registro entre fiscalías estatales, incluso para clasificar cuerpos, osamentas, restos, fragmentos y fosas.
Para llegar a los números alcanzados hubo que desentrañar la variedad de nombres que cada fiscalía da a cada sitio de levantamiento de cuerpos, según la complejidad que enfrenta.

Para la fiscalía de Veracruz, por ejemplo, un pozo con restos óseos calcinados es una fosa, pero también lo nombra como “centro de destrucción de cuerpos”. Mientras que Coahuila llama “sitios de inhumación clandestina” a los lugares donde se encontraron tambos usados para calcinar personas.

A la petición de número de fosas, Tamaulipas agregó en su respuesta el número de tambos metálicos que han encontrado con remanentes de restos óseos incinerados. Y a los 19 lugares donde fueron calcinados cadáveres, la fiscalía de Nuevo León las mencionó como “cocinas”, utilizando el argot de los grupos del crimen organizado.

Aguascalientes, en tanto, respondió que desconoce el significado de la palabra fosa clandestina.

El investigador del Colegio de México y maestro de la Universidad Iberoamericana, Jacobo Dayán, experto en crímenes de lesa humanidad, opina que investigaciones como esta “encuera la falta de Estado”.

“No hay información oficial de fosas en el país como no hay claridad de la ubicación de los cuerpos, o si estos fueron donados a escuelas de medicina o están dando vueltas en tráilers o perdidos en Semefos o quién sabe dónde. Es urgente un registro claro sobre desaparecidos, y por otro lado de fragmentos, restos y fosas para empezar a hacer las políticas de búsqueda, exhumación e identificación”.

Para Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en México, investigaciones como esta muestran la necesidad de crear un protocolo homologado en todo el país para registrar fosas y restos encontrados.

“Que expliquen (cada fiscalía) qué quieren decir cuando dicen fosa, osamenta, cuerpo o resto; cómo llaman a alguien que fue identificado pero no encuentran a su familia: ¿no identificado o no reclamado?, ¿cómo lo cuentan?; ¿cómo catalogan las que llaman ‘cocinas, o cuando los cuerpos están enterrados o en ríos, presas, a la intemperie o dentro de una maleta?. Sin esas definiciones es muy difícil hacer estadísticas. Eso hay que resolverlo'”.

Registros dispersos, incompletos, contradictorios o fragmentados de los gobiernos estatales y del federal obligan a las familias a vivir en la incertidumbre sobre el paradero de su seres queridos. La suma de negligencias y omisiones condenan a las personas desaparecidas a desaparecer por segunda vez.

La salvadoreña Bertila Parada tuvo que rescatar a su hijo Carlos Alberto Osorio Parada de los laberintos de la burocracia mexicana, donde su cuerpo, rescatado de una fosa, estuvo perdido por esa falta de protocolos que impide a las personas recuperar el cuerpo de su ser querido y darle un entierro digno, y dejarlo al lado de su gente.

El joven migrante fue asesinado en marzo de 2011 por Los Zetas, en complicidad con la policía municipal de San Fernando. Su cuerpo fue el tercero en ser localizado en la fosa 3 de la brecha El Arenal, junto con otras 12 personas asesinadas, cuando comenzaron las exhumaciones en abril. En total serían 189 cuerpos los recuperados en una cuarentena de fosas.

El cadáver de Carlos Alberto Osorio fue trasladado a la morgue de Matamoros el 17 de abril, donde, al día siguiente, le practicaron la autopsia; otros 122 cuerpos exhumados tomaron otro rumbo: fueron trasladados por la PGR a la Ciudad de México.

El cuerpo de Carlos Alberto fue sepultado con registro de persona no identificada junto a 67 cuerpos. Él fue enterrado en la fila 11, el lote 314, la manzana 16, del panteón municipal de la Cruz en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Cuando su familia se enteró del hallazgo de las fosas, y como Carlos Alberto había dejado de reportarse, se hicieron los análisis genéticos para que la PGR los cotejara con la genética de los restos exhumados. Pero la PGR inicialmente sólo realizó las pruebas a los cuerpos enviados a la Ciudad de México. El joven, por ello, permaneció tres años y 10 meses en la fosa común tamaulipeca, y una vez estuvo a punto de ser incinerado por las autoridades.

“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dijo su madre, doña Bertila Parada, vendedora de pupusas, al ser entrevistada en 2016, mientras mostraba la carpeta que recibió el 28 de enero de 2015 y que contiene las fotos del cráneo destrozado de su hijo y del panteón donde reposaba bajo una cruz oxidada que marcaba su tumba. Cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3 Fosa 3”.

Ella tuvo que protestar muchas veces ante las autoridades de su país, hasta que encontró una organización mexicana (Fundación para la Justicia) y a un grupo de antropólogos forenses (el EAAF), que la ayudaron a rescatar a su hijo del abandono y del anonimato, hasta darle descanso en su casa.

Ya recobrado el cuerpo de su hijo, Bertila pudo sentir un poco de alivio de la tortura que vivió penando por encontrar dónde estaba y recuperarlo.

“Siento dolor y al mismo tiempo siento que hay algo que sí logramos. Porque mucha gente no lo ha logrado, muchos que no saben dónde están sus hijos. Cuando lo enterré tuve un poco de descanso”, dijo.

En México 37 mil 485 personas estaban reportadas como desaparecidas entre diciembre de 2006 y octubre pasado, según los registros oficiales. Se desconoce cuántas de ellas están en fosas.

*Colaboraron con información para este texto Juan Solís, Gilberto Lastra, Aranzazú Ayala, Paloma Robles, Mayra Torres y Erika Lozano. Este reportaje es parte del proyecto Adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de Quinto Elemento Lab.

(RIODOCE/ VISUALIZACIÓN: DAVID EADS*/ ALEJANDRA GUILLÉN, MAGO TORRES Y MARCELA TURATI/12 NOVIEMBRE, 2018)