lunes, 27 de noviembre de 2017

UN MEXICANO SÍ PUEDE COMER CON 88.36 PESOS AL DÍA, PERO ÉL SOLO Y SIN PAGAR RENTA, TRANSPORTE, LUZ…


Uno de los argumentos oficiales para que el salario mínimo siga por debajo del costo de la canasta básica es que solo el 0.06 por ciento de los trabajadores formales lo gana, sin contar prestaciones. Pero no se considera a los otros 2.5 millones del sector informal que también sobreviven con 88 pesos en el bolsillo.

¿Se puede desayunar, comer y cenar con ese monto? SinEmbargo visitó el mercado de la colonia Escandón, en la Delegación Miguel Hidalgo de la CdMx. Se logró cubrir esa necesidad para una persona, bajo el supuesto de que en casa había gas, sal y aceite. El desayuno y la cena no resultaron tan sabrosos como lo deseado. Además, ¿con qué esa persona pagará el transporte, la renta u otros servicios? Por supuesto, no queda espacio para enfermarse y gastar en medicinas, y mucho menos para ahorrar.

La CNDH exigió a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que considere urgente hablar de derechos como son la salud, la educación, la cultura y la vivienda digna para los trabajadores en México.

Ciudad de México, 26 noviembre (SinEmbargo).– Delia vende carne en el mercado de la colonia Escandón, situado en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Su perro la acompaña durante la jornada. Al mediodía del jueves, un mes antes de Navidad, los pasillos lucen vacíos. Los comerciantes lo atribuyen al aumento de precios. Para que ella y sus dos hijas coman y cenen gasta al día entre 200 o 220 pesos. Cree que los gobernantes deben “ponerse en el zapato de cada mexicano” para que sepan sus necesidades. Si ellos pueden alimentarse con el recién anunciado salario mínimo de 88.36 pesos diarios le gustaría que le dijeran cómo, porque ella no puede y, al revés, dice que seguramente con lo que esos altos funcionarios públicos ganan ella y su familia vivirían muy bien.

SinEmbargo se puso entonces en los zapatos de aquellos que cobran el salario mínimo.

Fue al mercado con hambre, pero solo con 88 pesos en el bolsillo. Se esfumaron. Para el desayuno de una sola persona adquirió dos huevos (2 pesos cada uno), una manzana verde (6 pesos) y un litro de agua (8 pesos). Dieciséis pesos en total, casi lo que costaría una botella de aceite para poder cocinar esos huevos (sin jamón ni nada). Quedan 72 pesos para comer y, con suerte, merendar. Se espera que haya gas –que ha subido– y sal en casa.

Esa mañana, por lo tanto, no hubo una taza de café o leche ni pan de dulce, como sugiere la canasta básica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los comerciantes con los que se charló durante las compras coincidieron en que –sin considerar servicios, transporte (pasaje o gasolina), productos de higiene– su familia y ellos logran las tres comidas al día con entre 150 y 200 pesos, el monto al que el sector empresarial prevé que se llegue en 2030, cuando los precios de la canasta básica ya no sean los mismos. En la primera quincena de noviembre la tasa de inflación se ubicó en 6.59 por ciento anual.

“Hay trabajadores que tenemos familia y tenemos que mantenerla. Yo tengo un hijo en secundaria y come bastante, además le dejan cosas de la escuela. Para él y para mí el gasto es de 150 pesos diarios para desayunar, comer y cenar”, contó Claudia, una vendedora de sushi en uno de los locales.

Pero hay familias más numerosas. Silvia, una compradora, sólo para un día, adquirió cinco calabazas, dos chayotes, un kilo de jitomate y dos manzanas. Mientras le hacían la cuenta calculó que serían unos 70 u 80 pesos.

–¡Fueron 100 pesos! –gritó. Todavía le faltaba llenar su bolsa del mandado con tortillas y leche. Para su familia de cinco integrantes una comida sencilla le cuesta entre 250 y 300 pesos.

“Al señor Presidente [Enrique Peña Nieto] y a toda esa bola de huevones senadores, diputados y a todos los que nos gobiernan los invito a que con 8 pesos siquiera compren un kilo de tortillas”, dijo días después de que la Conasami anunció un aumento al salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos. “Es una tomada de pelo. ¿No les da remordimiento cada noche ver el hambre de la gente?”.

De acuerdo con México, ¿Cómo vamos?, sólo el 0.06 por ciento de los 19 millones de trabajadores formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtienen un salario mínimo. Pero el sector empresarial también considera a los que laboran en el sector informal, de los cuales 2.5 millones ganan un monto equivalente al mínimo. Otros como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) manejan que entre formales e informales son 8 millones sobreviviendo con esa cifra.


México tiene hasta 8 millones de trabajadores formales e informales sobreviviendo con un salario mínimo, de acuerdo con el Inegi. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

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Para comer se pudo comprar 250 gramos de bisteces (40 pesos), medio kilo de tortillas (7 pesos) y, aunque se antojó un aguacate (10 pesos), la papa (7 pesos) estaba más barata. Se fueron 70 pesos, por lo que sobraban 18 pesos para sobrevivir por la noche.
Se optó por los bisteces porque en el local de Agustín López, vendedor de ternera, ya no alcanzaba para nada. Con 70 pesos se hubiera podido comprar una parte de la mano con hueso. El kilo de maciza de ternera ya cuesta 180 pesos, el de pecho 160 pesos y la chuleta 150 pesos.

“En mi familia (de tres personas) más o menos nos gastamos más de 100 pesos para las tres comidas. Imagínese una persona que gana ochenta y tantos pesos qué puede comer a diario. Si tiene hijos ya no le alcanza ni para frijoles y tortillas porque también han subido. Aumentan ocho pesos, pero todo lo demás aumenta más”, consideró apoyado en el mostrador desde donde se queja de las pocas ventas.

Su vecino de negocios es Ramón Zadillo, quien atiende un puesto de barbacoa junto con su hija Guadalupe. Ella destacó que en el mercado de la Escandón ocho kilos de cebolla le salieron en 30 pesos, el doble que en el de Naucalpan. “Dan más caro aquí y la gente no entra”, intuyó.

Padre e hija calcularon que para las tres comidas invierten un promedio de 150 y 200 pesos al día, “más los gastos del gas que ya subió”.

Ramón lo resume: “está crítica la cosa”. Como un trabajador con familia debe gastar en transporte y otros servicios, ríe al cuestionársele qué puede comer con esos 88 pesos. “Puede comprarse una torta y un refresco”, aventuró. “¿Si tiene hijos y esposa? Por eso hay tanta delincuencia, porque no alcanza. Unos roban por necesidad”, reflexionó sentado en su negocio sin un cliente a la vista.

“Dicen que vamos bien… bien jodidos, pero según vamos bien”, bromeó.

Clientes y locatarios del mercado de la colonia Escandón, en la CdMx, coinciden que los ocho pesos de aumento al salario mínimo no alcanzan ni para frijoles y tortillas. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

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Para el término del día se compró una lata de atún en aceite (16 pesos). Sobraron dos pesos, pero ese atún no sabrá igual sin mayonesa (18 pesos). Tal vez pudiera comprarse un bolillo para acompañarlo. Como no hubo para jugo o leche, se recurrió al agua que quedó del desayuno y comida. Este panorama lo vislumbró Claudia, vendedora de sushi. “Están muy altos los precios. Si nada más son 88 pesos por todo un día de trabajo, se me hace muy poquito”.

Delia, la carnicera, reclamó que “es una mentada” porque “los gobernantes no vivirían ni cinco minutos con ese salario porque están acostumbrados a lujos que los pagamos nosotros [con impuestos]”.

Máximo Sánchez, de 72 años, todavía está al frente de una tienda. Cuando era un joven empleado ganaba 125 pesos en un México en que los precios eran más bajos y aun así, contó, andaba de muerto de hambre. Ahora con el negocio ya le alcanza para cubrir sus requerimientos de su esposa y él, pero trabaja de 10 a 12 horas diarias en una edad por encima del ideal retiro.

Se niega a creer que alguien gane solo 88 pesos al día. Evoca a su empleada doméstica, a quien le paga 300 pesos. “Creo que nadie come con 88 pesos, ni para el desayuno a veces nos alcanza”.

A SinEmbargo le alcanzó. Pero solo para una persona sin hijos ni mascota. Además, no se tomó en cuenta el transporte, servicios básicos ni renta. Y el desayuno y la cena no resultaron tan sabrosos como lo deseado.


(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA/ NOVIEMBRE 26, 2017, 9:30 PM)

EL HOMBRE QUE IMPONE EL SALARIO GANA 173 MIL AL MES, LLEGÓ CON CSG Y NUNCA HA REVELADO SU RIQUEZA


NdeR:
Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar
[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | Nombrado en 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, es el funcionario más veterano en la alta burocracia mexicana. Percibe al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días.

Pero, ¿cuál es su fortuna? ¿Ha comprado casas? ¿Autos? ¿Joyas? ¿Obras de Arte? ¿En qué ha gastado este hombre que ha negociado con cinco Presidentes y 11 Secretarios del Trabajo? En 26 años jamás ha logrado que el mínimo cruce el umbral hacia el bienestar, pero lo que sí ha conseguido es mantener su fortuna oculta. Siempre, en sus declaraciones patrimoniales, el hombre que en febrero pasado cumplió 73 años ha suscrito que no está de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Estos son sus números: 173 mil pesos de salario bruto, 26 años en la presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y cero propiedades públicas declaradas ante los ciudadanos. Es Basilio González Núñez, el funcionario más veterano de México quien no ha logrado que el mínimo llegue a un nivel de bienestar, pero sí ha logrado mantener oculta su fortuna.

El hombre que ha negociado con cinco Presidentes de la República, 11 Secretarios del Trabajo, que trabajó durante el salinismo y luego con el zedillismo al tiempo de la crisis financiera de 1995; el contemporáneo de los asesinatos del candidato y secretario general del PRI, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, así como la muerte del octogenario dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez Sánchez; jamás ha aceptado hacer públicos sus bienes patrimoniales.

Durante el peñanietismo, el salario bruto de Basilio González Núñez se ha mantenido prácticamente igual: en 2014 era de 173 mil 466 pesos, en 2015 fue de 173 mil 436, en 2016 fue también de 173 mil 436. Es decir, sólo durante esta Administración ha percibido más de diez millones de pesos.

Es una incógnita si Basilio González Núñez ha adquirido casas, automóviles, obras de arte, joyas o relojes en las casi tres décadas en que ha ocupado el despacho principal de la Conasami en la Avenida Cuauhtémoc de la antigua colonia Doctores de la Ciudad de México. Lo es también si ha ahorrado su dinero en inversiones en cuentas bancarias. En el cúmulo de declaraciones patrimoniales que está obligado a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) siempre ha suscrito que no está de acuerdo en hacer público su patrimonio.

No hacer públicos los bienes es un derecho estipulado en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Basilio González Núñez no ha variado jamás en atenerse a ese precepto legal. En las 16 declaraciones patrimoniales que aparecen en el portal de Declaranet de la SFP no hay ningún bien acreditado bajo su nombre.

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Basilio González, presidente de la Conasami y el funcionario más veterano de México. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro

Con 73 años de edad, Basilio González Núñez –el hombre que cada año fija el salario mínimo- ha logrado permanecer en esa comisión creada en 1962, pero reformada en 1987 cuando desde el Gobierno del entonces Presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, se impulsó un pacto económico con los sectores laboral y empresarial para frenar la inflación.

Cada año, la Conasami instala una sesión ordinaria en la que, con base en estudios debate cuál debe ser la remuneración mínima de los trabajadores. Pero, en los últimos quince años, el salario se ha fijado de acuerdo con la Inflación estimada por el Banco de México, un promedio de 20 pesos anuales.

Así ocurrió el pasado 21 de noviembre un alza al salario mínimo. Pero como si se tratara de un guión, repetido cada año desde 1991, el incremento fue menor al requerido para cruzar hacia la línea de bienestar. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que a partir de diciembre de 2017, el Salario Mínimo General subirá de 80.04 pesos a 88.36 pesos diarios, un aumento de 10.4 por ciento.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que la mitad de la población ocupada en el país sólo gasa hasta dos salarios mínimos. La cifra de trabajadores que ganan uno o hasta dos salarios mínimos y también aquellos que no reciben ingresos por su actividad, ascendió 24.5 millones, el 47 por ciento de la población ocupada durante el cuarto trimestre del año pasado.


Pese al llamado internacional y nacional, la Conasami aprobó un aumento de solo 8 pesos al salario mínimo. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro

En 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de 2001 a 2014, la Conasami había gastado 539 millones 600 mil pesos en 144 estudios socioeconómicos en los cuales se sustentaría el debate de la fijación anual del salario mínimo, pero ninguno reflejaba una metodología para la determinación de ese referente. “En los estudios realizados no se refleja una metodología para la determinación del monto de los salarios mínimos, ni los factores a considerar para el incremento del mismo; tampoco se identificó la realización de estudios para analizar el presupuesto indispensable para la satisfacción de necesidades de cada familia, y las condiciones de vida de los trabajadores del salario mínimo”, indicó la ASF.

Cuando tomó el encargo de la Conasami, Basilio González Núñez no estaba titulado. Pasaron diez años para que se licenciara en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con una búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su tesis fue “La concertación social en México”, un documento de 70 cuartillas en el que uno de los capítulos se refiere al salario mínimo como resultado de ese proceso que implicaba la contención de la economía de México.

En la última década, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han pedido la desaparición de la Conasami, por considerarla rebasada y obsoleta. El último intento para su extinción lo hizo en agosto pasado el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a través de una carta enviada a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos en la Cámara de Diputados. Pero la Conasami se ha quedado y con ella, su presidente.


(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ NOVIEMBRE 27, 2017, 12:05 AM)

ESTOS SON LOS JUECES QUE ENCARCELAN Y LIBERAN A DELINCUENTES

Son 11 los jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana que diariamente determinan si delincuentes permanecen en prisión, quedan en libertad, son enjuiciados o les retiran los cargos. ¿Qué méritos los llevaron a ser nombrados? ¿Eran los mejores en las mediciones de conocimientos y aptitudes? ¿Qué relaciones familiares y de amistad sostienen dentro del Poder Judicial? ¿Qué casos han llevado y cuáles han sido sus resoluciones? A continuación, una revisión de sus primeros 17 meses de trabajo

En Tijuana son 11 los jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que deciden si homicidas, asaltantes, secuestradores, violadores y demás delincuentes, permanecen en la cárcel o salen en libertad. Son los llamados jueces de control.

Algunos llegaron a ese lugar gracias a sus relaciones de amistad, afecto o familiares, han liberado a peligrosos delincuentes, a pesar del riesgo que corren las víctimas y la sociedad; obtuvieron los puntajes más bajos en las evaluaciones para dichos cargos. Una jueza considera que un cuchillo de cocina no es un arma, esto para poder dejar en libertad a los delincuentes, y una más, es la esposa del encargado de asignar los casos a cada juez y es casualmente la que menos carga de trabajo tiene.

Si bien, para ser designado juez, se debe participar en un concurso que incluye, entre otros aspectos, un examen teórico, una entrevista, así como una valoración de preparación académica y trayectoria profesional, la decisión final recae en los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia.

ZETA hace una revisión de los antecedentes, los nombramientos y los puntajes de los encargados de la impartición de justicia en Tijuana, así como un diagnóstico de su trabajo en sus primeros 17 meses de trabajo.

LA JUEZA PARA LA QUE UN CUCHILLO ES UN UTENSILIO DE COCINA Y NO UN ARMA

Patricia Hernández Haro es conocida como una de las jueces más garantistas en Tijuana. Durante sus primeros meses en el cargo, liberó a 61 imputados por considerar que su detención había ocurrido de manera ilegal.

Uno de estos casos ocurrió en junio de 2017, cuando no dictó prisión preventiva a un hombre denunciado por lesiones agravadas, crueldad animal y daño en propiedad ajena.

El detenido fue acusado de agredir con un objeto punzo cortante a un perro de raza pitbull, romper uno de los cristales del vehículo del propietario del perro y luego propinar un machetazo en la espalda a una mujer que reportó los hechos ocurridos en la colonia Osuna Millán.

Ya que los afectados no comunicaron de inmediato los hechos a la Policía Municipal, la juzgadora consideró que la detención no ocurrió en flagrancia, por lo que vinculó a proceso al imputado, pero lo dejó en libertad, pese al miedo que expresaron las víctimas a ser atacadas nuevamente.

Entre los criterios garantistas que ha aplicado en las audiencias que ha celebrado, está la reclasificación del “delito de robo con violencia” a “robo simple”. Esto porque el atacante utilizó un cuchillo para llevar a cabo el asalto, pero, para Hernández Haro, este objeto es un utensilio de cocina y no un arma, expuso al representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que llevó el caso.

Y no fue una de las mejores evaluadas al momento de concursar por su cargo como jueza, obtuvo una calificación final de 312.66 de un máximo posible de 400, que la situó en el número 10 de 17 participantes. La calificación, bajo una escala de 0 al 100, correspondería a 78.16.

No obstante, esto no le impidió obtener 15 de 16 votos de los magistrados para convertirse en juez. Antes de ello, Patricia Hernández Haro trabajaba como secretaria de acuerdos en el Juzgado Séptimo de lo Penal, en Tijuana.

De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, Hernández Haro es quien más audiencias ha celebrado en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, en Tijuana, con un porcentaje de 13 por ciento, cuatro puntos porcentuales por encima del promedio.

A QUIEN SU HERMANO MAGISTRADO ALCANZÓ A ACOMODAR (ANTES DE SER REMOVIDO)

El 15 de junio de 2016, Verónica Carolina Cataño González fue nombrada una de los 12 jueces de control, por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, uno de ellos era su hermano, Carlos Cataño González, quien fue removido.

En 2016, el ex magistrado fue inhabilitado durante 10 años a raíz de una investigación del Consejo de la Judicatura Federal, la cual arrojó irregularidades en la admisión y resolución de 15 amparos relacionados con la importación de autos provenientes de Estados Unidos y que fueron cruzados por las aduanas de Mexicali y San Luis Río Colorado, periodo en que Cataño trabajó para los juzgados federales.

La jueza Cataño González no contó con el voto de su hermano, de haberlo hecho, el entonces magistrado habría incurrido en la violación del Artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.

El cual indica que “ningún nombramiento para empleado de la Administración de Justicia o auxiliar de ésta, podrá recaer en los casos a que se refiera el reglamento y en ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad de los consejeros al Consejo de la Judicatura y magistrados del Tribunal”.

Como castigo a la inobservancia de esta disposición, está la remoción inmediata respecto del servidor público indebidamente designado.

Pero el hecho de que Cataño González no haya votado el nombramiento de su hermana, no significa que no la haya apoyado. Un mes antes de la designación, el entonces magistrado había sido notificado de la resolución en su contra por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

Fuentes del Poder Judicial, en Baja California, señalan que Cataño González negoció el ingreso de su hermana como jueza entre sus compañeros magistrados antes de ser removido. Nueve de los 16 magistrados que integran el Tribunal, votaron a favor de ella, incluido el entonces presidente Jorge Armando Vázquez.

…Y ESPOSA DE QUIEN ASIGNA LOS CASOS A JUECES

Pero no es la única relación familiar de la jueza Cataño González dentro del Poder Judicial. Herman Cruz Álvarez Villarello, su esposo, se desempeña como jefe de la administración del Poder Judicial en Tijuana.

Entre sus funciones está la de distribuir los números únicos de caso a los jueces de control para que celebren las audiencias, entre ellos, a su esposa, quien del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, celebró el 8.8 por ciento de las audiencias celebradas en Tijuana.

Si bien, en la plantilla del personal del Poder Judicial, disponible para su consulta en línea, correspondiente a marzo de 2017, Álvarez Villarello aparece como sub-jefe del Centro de Justicia Penal Oral de Rosarito, con un sueldo de 42 mil 871 pesos mensuales, que en menos de un mes después ya se encontraba laborando en Tijuana.

Precisamente, entre 2016 y 2017, Cataño González se desempeñó también como juez de apoyo en Playas de Rosarito, en el mismo sitio donde su esposo trabajaba.

Cataño González tampoco obtuvo una calificación sobresaliente en el concurso para convertirse en juez, llegó a una sumatoria de 325.66, de un máximo posible de 400, el equivalente a 81.41, en una escala del 0 a l00.

Debutó en el Poder Judicial como jueza, antes de ello se desempeñaba como defensora pública, junto con Tania Guadalupe Vega Gordillo.

LA AMIGA DE CATAÑO

Tania Guadalupe Vega Gordillo fue designada como jueza de manera unánime por los 16 magistrados que integraban el Tribunal, el 15 de junio de 2016. Entre ellos, Carlos Cataño González, quien dentro del Poder Judicial es identificado como su impulsor en la designación.

Esto gracias a que Vega Gordillo hizo carrera junto con Verónica Carolina Cataño González, dentro de la defensoría pública, pero obtuvo una calificación inferior a la de ella, con 312.66 puntos de un máximo posible de 400, esto es 78.16 de 100.

Del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, ha celebrado 9.3 por ciento de las audiencias llevadas a cabo.

La jueza Vega Gordillo tiene entre sus casos, el de José Rodríguez Vázquez “El Huevo”, quien se encuentra vinculado a proceso por los homicidios de su pareja sentimental, Ana Karen Flores, y de su hijastro Jared, a quienes prendió fuego en su departamento.

Concedió un plazo de investigación de cinco meses a la Procuraduría, por lo que será en marzo de 2018 cuando el imputado regrese a los tribunales. Mientras tanto, dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra “El Huevo”.

A QUIEN LE HICIERON VÁLIDO UN EXAMEN QUE PRESENTÓ SIETE AÑOS ANTES

Gerardo Anguiano Ceja concursó para convertirse en juez, en 2009, y al hacerlo, obtuvo un puntaje de 300 de un máximo de 400, esto es un resultado de 75 en una escala de 100.

Al momento en que se publicó la convocatoria para designar jueces de garantías del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la cual Anguiano Ceja participó el 12 de marzo de 2009, la cláusula novena indicaba que los participantes que no serían asignados jueces al término del concurso, tenían la oportunidad de integrar una reserva de personas en caso de existir vacantes.

Sin embargo, esta consideración tendría “vigencia de un año a partir de la fecha en que se hayan realizado las designaciones de jueces y será exclusivamente para el partido judicial de Mexicali”.

Anguiano Ceja fue nombrado juez de control hasta el 15 de junio de 2016, siete años después y designado a Tijuana, otra violación a la convocatoria del propio Poder Judicial.

Esto gracias a que el Consejo de la Judicatura de Baja California publicó un aviso en el boletín judicial, con fecha del 26 de febrero de 2016, donde informa que, mediante un acuerdo tomado en sesiones celebradas ese mes respecto a la convocatoria para designar 40 jueces de control, publicada también en esas fechas, a 20 personas se les debía incluir en el listado de candidatos elegibles.

Esta lista estaba compuesta por quienes habían participado en el proceso de selección para juez de garantía, publicado el 12 de marzo de 2009, y en el concurso de oposición para juez de control, con fecha del 6 de abril de 2015.

En el listado estaba Anguiano Ceja, a pesar de que esto contrariaba a la convocatoria en la que participó.

El juez Gerardo Anguiano Ceja obtuvo 16 votos para su nombramiento, por lo que se le designó de manera unánime por parte de los magistrados. Al momento de participar, fungía como secretario de Acuerdos en la Sala Cuarta Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en el sistema tradicional, esto significa que no tenía experiencia en el sistema penal oral.

Si bien, Anguiano Ceja fue nombrado juez de control con sede en Tijuana, como la mayoría de sus compañeros al momento de la designación, se validó que pudieran trabajar en otras sedes, dependiendo de la carga de trabajo, por lo que también se desempeña como juez de apoyo en Mexicali.

Según información del Poder Judicial, Anguiano Ceja ha celebrado 4.5 por ciento de las audiencias que del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, se han llevado a cabo en Tijuana, el porcentaje más bajo entre los jueces.

EL DE LA CALIFICACIÓN MÁS BAJA

Tras presentar un examen teórico y de conocimientos, ser entrevistado y revisar sus méritos, Daniel Aguilar Patiño obtuvo una sumatoria final de 295.33 de 400, lo que corresponde a un 73.83 de 100.

Esto lo coloca como el juez peor evaluado entre sus once compañeros, y su experiencia laboral incluía haber sido secretario Actuario del Juzgado Primero de lo Penal, en San Quintín, y secretario de Acuerdos del Ministerio Público, así como defensor de oficio.

Obtuvo 10 de los 16 votos posibles al momento de ser elegido por los magistrados. En contraste, ha celebrado 11.8 por ciento de las audiencias que se realizaron de 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, el tercer número más alto.

LA QUE DEJÓ LIBRE AL ESTADOUNIDENSE QUE DESPUÉS FUE DETENIDO EN SU PAÍS


En abril de este año, James Tyler Yeager fue detenido en el fraccionamiento San Antonio del Mar, después de que vecinos solicitaran la intervención de la policía por los robos que cometía.

Aunque su detención ocurrió en flagrancia cuando entró a una casa con una escopeta para someter al propietario y cometer el robo, la jueza Leticia Larrañaga Vizcarra retiró los cargos en su contra y lo puso en libertad debido a que el abogado defensor del estadounidense argumentó que el Ministerio Público no contó con un perito certificado que explicara los cargos a James Tyler.

Lo curioso es que la jueza tampoco contaba con un perito traductor al momento de la audiencia celebrada el domingo 30 de abril. Quien se encargó de la traducción fue Herman Álvarez -esposo de la jueza Cataño González-, jefe administrativo de los juzgados, por ser el único que sabía inglés al momento de la audiencia, ya que había términos que no podía traducir del español al inglés para el imputado, el abogado defensor Fernando Benítez, le hizo de traductor.

Los vecinos de San Antonio del Mar reclamaron la liberación. Incluso, la Procuraduría investigaba la participación del estadounidense en un doble homicidio al momento de la liberación.

La representante del ministerio público argumentó que se había contactado al Consulado de Estados Unidos en Tijuana para que hicieran la traducción correspondiente, pero la jueza tomó su determinación.

En octubre de este año, el estadounidense fue detenido en la frontera de México y Estados Unidos al intentar ingresar a ese país a un ciudadano chino indocumentado, ahora se encuentra detenido en San Diego, California.

Leticia Larrañaga Vizcarra obtuvo una de las calificaciones más altas entre sus compañeros, 360.66 de un máximo de 400 puntos, el equivalente a 90.16 de 100.

Además, contaba con una amplia experiencia profesional, se desempeñó como juez noveno de lo penal en Tijuana, eso lo llevó a ser designada de manera unánime por los 16 magistrados.

LA DEL PUNTAJE MÁS ALTO QUE QUITÓ CARGOS POR SECUESTRO A EX POLICÍAS


Entre los jueces de control, Leonor Garza Chávez consiguió el puntaje más alto al momento de su nombramiento, 370.66 puntos de 400, el equivalente a un 92.65 de 100. De ahí que contara con el voto de 14 de los 16 magistrados que integraban el Tribunal.

Durante su tiempo como jueza, Garza Chávez ha celebrado el 10.2 por ciento del total de audiencias realizadas en Tijuana.

En una de ellas, celebrada en septiembre de 2016, la juez Garza Chávez reclasificó el delito de “secuestro” a “privación de la libertad”, que se le imputó a Fabián Chan Velázquez y Francisco Gómez Casillas, ex policías municipales que, a punta de pistola, le dijeron “esto es un secuestro” a un hombre y lo mantuvieron privado de su libertad.

Sin embargo, como no se concretó la solicitud de dinero a la familia, la jueza determinó que no había elementos suficientes para vincularlos por secuestro. Esto cambió la posible sentencia de 40 a 80 años, a un máximo de siete años y un mínimo de tres años de cárcel.

Garza Chávez se desempeñó como secretaria de tribunal del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito antes de ser jueza.

LA RECIÉN NOMBRADA

Claudia Pamela Tom Jiménez fue designada jueza, el 15 de agosto de este año, luego que el juez Héctor Herrara Robles renunciara a su puesto por motivos de salud. Un año antes, en junio de 2016, Tom Jiménez alcanzó apenas tres de los votos de los magistrados.

Entre los actuales jueces se ubica, solo por encima del juez Daniel Aguilar Patiño en cuanto a calificación, con un puntaje de 304.66 de un máximo de 400, esto es 76.16 de 100.

Debido a su poco tiempo en el tribunal, ha celebrado apenas el 0.2 por ciento de las audiencias hasta el corte del 30 de septiembre de 2017.

EL RESTO

Antes de convertirse en jueza, Martha Elvia Luna Vargas fungía como secretaria de cuenta de la Sala Cuarta Penal en Tijuana. Obtuvo uno de los mejores puntajes entre sus compañeros con una sumatoria de 358.66, un 89.66 si se traslada a una escala de 100 y fue elegida de manera unánime por los magistrados. En un año ha celebrado el 9 por ciento de las audiencias, además de haber fungido como juez de apoyo en Mexicali.

Por su parte, está el juez Fidel García Villanueva, quien se coloca entre los últimos lugares de las calificaciones obtenidas entre los jueces de control con sede en Tijuana, con un puntaje de 309.32, lo que representa un 77.33.

García Villanueva ha celebrado el 10 por ciento de las audiencias realizadas en esta ciudad, en un periodo de un año.

Por último,  el juez Adán Méndez Castro obtuvo una calificación de 348.33 de 400, el equivalente a un 87 en una escala de 100. Obtuvo diez de los 16 votos de los magistrados y entre sus antecedentes laborales, está el haber sido agente del ministerio público y ha presidido el 10.6 por ciento de las audiencias celebradas del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.

A lo largo de 505 días, estos jueces han celebrado 7 mil 482 audiencias en Tijuana. De éstas, 5 mil 995 corresponden a audiencias en etapas de investigación, mil 377 a audiencias en etapa intermedia, 81 en etapa de ejecución y 29 en etapa de enjuiciamiento.

Cada uno percibe un sueldo mensual de 61 mil 847 pesos, mientras que, entre sus prestaciones y remuneraciones, está el disfrute de 30 días hábiles de vacaciones al año, seguro de gastos médicos mayores que cubre cirugías, hospitalización, consultas, medicamentos, análisis clínicos, tratamientos dentales y reposición de lentes, seguro de vida.

También se les otorgan viáticos diarios de 3 mil 500 por viajes fuera del Estado y de 2 mil pesos diarios si es dentro de Baja California.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 20 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)



DISPUTA TERRITORIAL OBLIGA A CASI CINCO MIL PERSONAS A HUIR DE SUS COMUNIDADES EN CHIAPAS


TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Sobreviviendo en las condiciones más precarias, en las montañas, con hambre, con sed y con frío, unas cinco mil personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos de diversas comunidades del municipio de Chalchihuitán huyeron desplazados por grupos armados que operan en el municipio vecino de Chenalhó, con quienes mantienen una disputa de tierras y límites territoriales.

Los que no pudieron huir a la cabecera municipal de Chalchihuitán se fueron a las montañas donde permanecen ahora sin ayuda de ninguna institución gubernamental.

Párrocos de iglesias vecinas y organismos no gubernamentales son los primeros que llegaron a verlos para documentar y denunciar el hecho.

El padre Marcelo Pérez Pérez, párroco del municipio vecino de Simojovel, caminó por varias horas hasta llegar a las montañas donde se encuentran los desplazados padeciendo frío, en condiciones parecidas a las de 1997, previo a la masacre de Acteal.

Entre los desplazados se encuentran unas 120 familias que conforman unas 700 personas, entre ellas ocho mujeres embarazadas quienes tuvieron que dejar la comunidad de Ch’en Mut.

De la comunidad de Pom fueron echadas de sus casas unas 436 familias, más de dos mil habitantes, entre ellas 100 mujeres embarazadas.

De Tzomolton fueron echadas de sus casas unas 107 familias, alrededor de unos 800 habitantes, entre ellas seis mujeres embarazadas; también de la comunidad C’analumtic fueron desplazadas unas 191 familias, alrededor de 600 pobladores.

De Bejelton unas 30 familias, unos 150 pobladores; de Tulantic unas 50 familias que lo integran unas 350 habitantes; de Vololch’ojon unas 40 familias, alrededor de 150 lugareños; de Cruz c’ac’ao nam unos 200 habitantes y de Cruz ton unas 20 familias desplazadas, alrededor de 73 personas.

Aunque no han sido desplazados de sus viviendas, pero viven con el temor de que en la próximas horas puedan ingresar grupos armados en sus hogares, los habitantes de Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum.

“Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso”, dijo el padre Marcelo Pérez Pérez.

Indicó que se necesita urgentemente ayuda humanitaria como maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, Maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Y reportó que hay varias casas quemadas en todas las comunidades de las que han sido desplazados los indígenas tsotsiles.

Ante la emergencia y el llamado del padre Marcelo, se han movilizado ya los organismos Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Ku’untik y otros que han pedido ya la solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria.

“También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal”, dijo Serapaz.

Explicaron que la violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal.

Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas.

En la ejecutoria se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas.

En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

“Tal como lo hemos venido denunciando desde principios de año, en Chenalhó subsiste el grupo paramilitar que actuó en la masacre de Acteal, pero ahora está más armado y con mayor número de integrantes. Hoy actúa en el mismo sentido que van los intereses de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, primero para perseguir a sus opositores como los hoy desplazados del Ejido Puebla sucedido desde el 26 de mayo del 2016 y que hasta la fecha se encuentran desplazados; y hoy actúa (el grupo paramilitar) para atacar las comunidades de Chalchihuitan con quiénes disputan tierras colindantes”, dijo diego Cadenas del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

En una carta al gobernador Manuel Velasco Coello, Diego Cadenas señaló:

“Esta situación es muy grave gobernador, no sé qué pasa con usted, pero vemos que está distraído y que las personas a las que usted encomendó el gobierno de Chiapas no son eficientes ni sensibles al dolor humano, y muy probablemente traicionan su confianza. El caso es que Chiapas vive una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos muy grave que ya ha costado vidas y sufrimiento, situación por la que será recordado como gobernador.

“Urge que usted reaccione gobernador, esto ya es grave, pero puede ser peor. Deje de respaldar a Rosa Pérez Pérez y desarticule el grupo paramilitar que actúa impune en Chenalhó; resuelva el conflicto de linderos que el gobierno mexicano provocó; repare los daños que ocasionó por sus omisiones; genere condiciones dignas y seguras para todos los desplazados de Chenalhó y Chalchihuitan; y promueva la creación de políticas públicas que prevengan futuros desplazamientos forzados, a todo esto está obligado con Chiapas y también está obligado internacionalmente como agente del Estado Mexicano ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas”, concluyó.


(PROCESO/ ISAÍN MANDUJANO/ 26 NOVIEMBRE, 2017)

VIVE MÉXICO “MASACRE DE PROPORCIONES BÉLICAS”: ARQUIDIÓCESIS

Es la "peor de las crisis" en seguridad, considera en el editorial Desde la Fe.



Foto: Cuartoscuro

La Arquidiócesis de México aseguró que en materia de seguridad el país vive “la peor de las crisis” mientras el gobierno federal “parece no tener rumbo cierto para conseguir la paz prometida hace casi cinco años”.

En el editorial Desde la Fe , titulado “Seguridad, cada vez peor” indicó que “lo que parecía un triunfo en la palma de la mano, se ha transformado en la peor de las crisis. Esta situación se agrava cuando, en la guerra de cifras, se presumía de un avance certero en este rubro, pero las cosas van a la deriva”.

Resaltó que los crímenes de alto impacto van al alza. Por ejemplo, el robo con violencia tuvo un incremento de 38 por ciento en el último año. “Y qué decir del incremento en homicidios dolosos: 2 mil 300 asesinatos mensuales. Esto último haría que, al final del sexenio, haya 24 homicidios por cada cien mil habitantes. Es una masacre de proporciones bélicas”, apuntó.

Después de que el presidente Enrique Peña Nieto dijera que hay quienes hacen bullying sobre el trabajo de las instituciones del Estado mexicano, la Arquidiócesis consideró que “fue la mejor arma evasiva del gobierno, en contraste con el difícil panorama de la seguridad pública, admitiendo de alguna manera lo que se perfila como el fracaso de los principales ejes de esta administración”.

“La primera responsabilidad de un gobierno es otorgar garantías de seguridad a la sociedad. El marco legal de este país así lo atribuye al Estado mexicano al que le ha dado las fuerzas armadas y de seguridad para defender la integridad de la patria y sus ciudadanos”, agregó. “Más que bullying, requerimos de autoridad y decisión”, concluyó.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ NOVIEMBRE 26, 2017 6:53 PM)

#ARISTEGUIENVIVO 27/11: PRECANDIDATO DEL PRI, COAHUILA, LEY DE SEGURIDAD EN PUERTA, OHL Y MÁS…


Además, platicamos con Mauricio Merino, coordinador general de la iniciativa Nosotrxs, sobre la entrega de más de 7 mil 900 firmas para crear un Fondo Único de Reconstrucción.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ 27 DE NOVIEMBRE 2017)