domingo, 27 de noviembre de 2011

LA VANIDAD DEL ALCALDE JAVIER ROBLES AGUIRRE DE ROSARITO, BC

Contrata alcalde de asesor de imagen institucional a director de periódico.

Jugosos contratos de publicidad y decenas de asesores cuidan la imagen pública y política del gobierno de Rosarito y su presidente municipal.

La oposición al PRI gobierno califica a Robles de “protagonista”; “Tito” Robles aclara que él no es ningún vanidoso, aunque su campaña exhiba lo contrario.

Laura Sánchez Ley
Javier Robles Aguirre llegó a la presidencia municipal de Rosarito a gastar a manos llenas. Para ponderar la imagen pública y política de su gobierno, su administración se ha destacado por la contratación de personas y empresas para esos efectos.

Los despilfarros van desde entregar jugosos contratos a militantes priístas (convertidos en los verdaderos consiglieres del joven “Tito”); solicitar la intervención de periodistas, hasta derrochar grandes cantidades de dinero en contratos de publicidad.

Militantes panistas aseguran que los gastos de Robles Aguirre, sólo son el reflejo de su afán por figurar. El alcalde responde: “Yo no soy un hombre vanidoso”, al tiempo que aclara a ZETA que “son puras mentiras”.

Sin embargo a sólo diez meses de iniciar la administración priísta en el quinto municipio los excesos son notorios… y no se pueden esconder.

Los impuestos de los ciudadanos de Rosarito han sido utilizados para contratar (sólo hasta el mes de octubre) a 14 personas que “aconsejan” a Robles Aguirre; este primer año representaron un gasto para las arcas municipales de 978 mil pesos.

No conforme con esas contrataciones, en el mes de octubre y previo a su primer informe de gobierno, el alcalde obtuvo cuatro adquisiciones:

Un asesor de imagen institucional, Miguel Ángel Torres Ponce, presidente de la Asociación de periodistas de Baja California y director del Periódico “El Sol de Tijuana”; a pesar de que el gobierno cuenta con un área de comunicación y relaciones públicas.

Rafael Aceves Fransquillo, líder transportista; Germán Morales Martínez, ex tesorero municipal; y Rubén Roa, ex tesorero del V ayuntamiento y actual presidente del Colegio de Economistas de Baja California.

Sueldos que oscilan entre los 50 mil y 100 mil pesos es lo que perciben. Juntos representan un gasto de casi medio millón pesos para las arcas municipales.

El colmo es que estos contratos sólo tendrán vigencia hasta el mes de diciembre. En enero otros nuevos asesores llegarán.

A esto se suman los casi 3 millones de pesos erogados para publicitar su imagen y dar a conocer sus “logros” en la campaña: “Rosarito para los rosaritenses” y el aumento presupuestal de casi dos millones para este 2012.

Gastos hechos y venideros…aun en tiempos de austeridad.

Para que le echen la mano
 Fue a principios del mes de octubre, allá en el pequeño palacio municipal, cuando se aprobó la partida para asesores del alcalde Javier Robles Aguirre por el comité de adquisiciones y firmada por el tesorero municipal Manuel Zermeño Chávez.

La firma era irrevocable: casi medio millón de pesos para la contratación de aquellas personas que “le echarían la mano” al edil en eso de la reestructuración de la ciudad sólo en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Los contratos se mantienen muy en lo oscurito, ni siquiera para la raquítica unidad de transparencia, dirigida por Claudia Salceda, fue posible proporcionar una descripción de las actividades que realizan estos funcionarios “externos”. No se sabe nada de ellos, ni a quién rinden cuentas.

Fue por medio de un documento emanado del comité de adquisiciones, que se sabe, Robles Aguirre y Zermeño autorizaron la contratación de asesores para las áreas laboral, económica, financiera y de imagen pública.

Son cinco las renovaciones de contrato y cuatro las nuevas “joyitas” que ya le susurran al oído cómo gobernar.

Entre las recontrataciones figura el priísta José Manuel Chávez Lara, también ex presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, percibe uno de los honorarios más elevados: casi 90 mil pesos por brindar sus servicios cada tres meses.

Para Fernando Serrano, presidente del Partido Acción Nacional, los servicios del abogado son un gasto innecesario, pues “no ha ganado ningún caso”.

Al respecto el síndico procurador de Rosarito, Roberto Perales Sánchez opina que no todo se trata de ganar, “pues también funge como conciliador”.

Entre los beneficiarios recontratados también se encuentran: María Luisa Barajas Machado, quien recibe del dinero de los impuestos de los rosaritenses 60 mil pesos trimestralmente por aconsejar al alcalde en los asuntos jurídicos; Rafael Arámbula Canseco, casi 70 mil pesos se embolsa por asesorar a Robles en las finanzas publicas, y Guillermo del Pozo García, quien por sus servicios en la gestión de recursos federales  se lleva sus 60 mil pesos.

Pero los excesos no sólo radican en los recontratados, peor aún, se ve reflejado en las nuevas adquisiciones del gobierno municipal.

Con honorarios de casi 90 mil pesos, el Presidente del Colegio de Economistas de Baja California, y ex tesorero del ayuntamiento de Rosarito, Rubén Roa Dueñas asesora al alcalde en algo denominado “políticas Económicas”.

Según Javier Robles Aguirre, la empresa de la cual forma parte Roa Dueñas CIDEN S. A.  se encarga de buscar “mecanismos en cuanto a mejores proveedores, precios, refinanciamiento, es mi enlace con la UABC, también trajo al vicerrector, director de facultades, tuvimos la feria de profesiones, cursos para los transportistas, baja recursos”. Tal parece que el economista anda metido en todo, pero no existe una definición exacta de su cargo.

Para saciar la “vanidad del Tito”, declararía Diego Ramírez, regidor de la oposición al PRI gobierno, el alcalde también contrató a Miguel Ángel Torres Ponce como asesor de imagen institucional.

Director de la Asociación de Periodistas de Baja California y director del periódico “El Sol de Tijuana”, fue una de las nuevas contrataciones de Robles Aguirre, exclusivamente para auxiliarlo previo y posterior a su primer informe de gobierno.

Aunque el sueldo es modesto (10 mil pesos mensuales) Fernando Serrano, Presidente del Partido Acción Nacional en Rosarito, acusa: “¡esto es de los gastos más innecesarios, manejo superfluo del presupuesto; óyeme, tiene un departamento de Comunicación que solicitó un aumento presupuestal a mitad de año!”, se pregunta: “¿Qué acaso no puede hacer eso el titular de comunicación?”.

Las funciones del presidente de la Asociación de Periodistas, nadie las conoce con exactitud. Mientras el oficial Mayor, Emilio Rodríguez Ibarra, asegura que probablemente ayudó hacer las invitaciones del informe, el titular del departamento de Comunicación, Rodrigo Montes, dice que en las labores de su dependencia nadie se mete.

“Miguel Ángel Torres Ponce colabora con el libro del informe”, aclararía más tarde el alcalde.

Otros beneficiarios este último trimestre del año fueron Rafael Aceves Fransquillo y Germán Morales. El primero, desconocido para todos los funcionarios municipales y regidores, dice el alcalde que es un líder transportista de la línea ABC; imparte sus asesorías por 10 mil pesos mensuales.

El segundo, conocido ex tesorero durante el primer ayuntamiento de playas de Rosarito (porque fue acusado de desvío de recursos e inhabilitado por el ex alcalde Luis Enrique Díaz Félix) imparte sus asesorías por 22 mil pesos mensuales en el área de finanzas.

Roberto Perales Sánchez, Síndico Procurador, describe las obligaciones de Morales: “ayuda en los cierres de cuentas públicas, presentar la iniciativa de ley de ingresos y esas cosas”.

No sé a qué se refieren, yo no soy ningún vanidoso: Robles Aguirre
 Como gastos onerosos e insultantes para la ciudadanía, califica la oposición al PRI gobierno los casi 3 millones de pesos erogados para publicitar su imagen y dar a conocer sus “logros” durante su primer año de gobierno.

Los ganones con contratos de hasta 500 mil pesos, son canal CNR de Rosarito, Televisa, Televisión Azteca y producciones multimedia de Rosarito entre otros.

“¡Y qué tal sus 100 días de gobierno!”, recuerda el regidor Diego Ramírez.

Estaban cerca los primeros tres meses, “el Tito” inició sus campañas publicitarias: Mantas, vallas y espectaculares anunciaban la imagen del presidente municipal.

“Es que el alcalde es vanidoso, eran obras que no eran ni del municipio, con recursos federales y aparecía su imagen, como en la colonia Reforma”, rememora Ramírez.

Javier Robles contesta: “¡Ni modo que me borre, si yo estaba ahí en algunas ocasiones, haciendo alguna obra, ni modo que no salga en la foto!, ¿eh?”.

“…yo no sé por qué me dicen vanidoso”, arquea las cejas en forma de asombro y entre risas Javier Robles Aguirre dice que revelará la verdad a ZETA:

 “…mira, si salí o no, yo ni cuenta me di,  no sé quién me puso únicamente a mí en las fotos”, al tiempo que  voltea a ver a su director de comunicación social como queriendo inculparlo.

“…un gobierno más cerca de ti”, repleto de contratos, asesores, publicidad y relaciones públicas, un ayuntamiento que anunció no tener recursos para pagar los sueldos de sus empleados en diciembre y redujo casi medio millón de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social, un gobierno que se dice en bancarrota.

DISPUTA EN PUNTA ARENA, BCS

Disputa en Punta Arena

La manzana de la discordia son 960 hectáreas.

La posesión de un predio ganado al mar, se convierte en motivo de enfrentamiento entre un grupo de ejidatarios y el desarrollador “Península de los Sueños”. Todo por demostrar la propiedad de estas tierras que adquirieron plusvalía, a raíz de la construcción de un campo de golf, residencias, condominios y villas para extranjeros en dicha zona turística.

Alejandro Acuña
Punta Arena, Baja California Sur.-  Un extenso terreno ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz se ha convertido en la manzana de la discordia entre un grupo de tres ejidatarios y el desarrollador “Península de Los Sueños”.

La extensión en disputa, de aproximadamente 960 hectáreas y localizada dentro de un predio de 5 mil 320 hectáreas en una zona conocida como “Punta Arena”, adquirió plusvalía ante los ojos de los ejidatarios, cuando las sociedades mercantiles “Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V.”, “Boca de la Salina, S.A. de C.V.” y “Cihuata, S.A. de C.V.”, comenzaron a invertir y construir un complejo con campo de golf, residencias, condominios y villas para extranjeros, como parte de un proyecto de inversión que despejaría turísticamente esta zona.

Sin embargo, el proyecto se estancó cuando los socios de esas compañías, entraron en un conflicto que derivó en denuncias penales, hasta llevar a prisión a uno de los ex socios, de nombre Kerry Roger Lee, por presuntos malos manejos y ventas fraudulentas, y quien según datos recabados por ZETA, venía huyendo de Nevada, después de que el Tribunal de Distrito del Condado de Clark girara una orden de arresto porque se negó a devolver una isla en Belice, propiedad del estadounidense William Brady, un ex camionero de la mencionada entidad que habían comprado los títulos de propiedad de ese islote.

Todo este conflicto legal entre los inversionistas fue aprovechado por algunos hijos de los ejidatarios que a sabiendas de que sus padres habían vendido la propiedad el 7 de noviembre de 1969, invadieron y se metieron dentro del predio, reclamándolo como suyo y colocando cabañas de madera, sillas y algunos cercos y postes.

Según la escritura 8 mil 859, expedida por el Notario Público No.1, Armando Aguilar Paniagua, la señora Margarita Terrazas de Natalí, en su calidad de apoderada legal del señor Álvaro Torreblanca Otaduy, habría comprado la propiedad hace 32 años por cien mil pesos a los ejidatarios Héctor Yee Molina y su esposa Santana Salvatierra de Yee; Remigio Geraldo Hirales y su esposa Belem Lucero de Geraldo; José Geraldo Contreras y su esposa Lagarda Lucero de Geraldo; José Geraldo Lucero y su esposa Ángela Lucero de Geraldo; Antonio Geraldo Contreras y su esposa Leonor Hirales de Geraldo; Largada Geraldo de Lucero y su esposo Cristóbal Lucero Monge; Antonio Lucero Mendoza y su esposa Georgina Lucero de Lucero; Eduardo Geraldo Lucero y su esposa Georgina Geraldo de Geraldo; Manuel Búrquez Lucero y su esposa Josefina Geraldo de Búrquez; Andrés Hirales Lucero y su esposa Aurora Lucero de Hirales; José Lucero de la Peña y su esposa María Antonia Hirales de Lucero; Adolfo de la Peña Gama y su esposa Beatriz Rochín de la Peña, así como José Vidal Geraldo Geraldo.

La operación de compraventa fue consolidada a petición de los representantes legales de los ejidatarios, Marcelo Gaume Dumas, Arturo Cazares Nicolín y José Enrique Valerio Ortega Romero, en su calidad de albacea de la sucesión de bienes de Félix Justino Ortega Núñez, y cuyo dinero fue pagado de la siguiente manera:

1.- 68 mil 200 pesos para Marcelo Gaume Dumas, Arturo Cazares Nicolín y José Enrique Valerio Ortega Romero en representación de los ejidatarios Héctor Yee Molina, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Contreras, Adolfo de la Peña Gama, Antonio Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Manuel Búrquez Lucero, Andrés Lucero Lucero y José Lucero de la Peña, con el consentimiento de sus cónyuges.

2.- 31 mil 800 pesos para el resto de los ejidatarios José Geraldo Lucero, Largada Geraldo de Lucero, Largada Geraldo de Lucero y José Vidal Geraldo Geraldo, con el consentimiento de sus esposas
.
Sin embargo, esta operación no fue reconocida por hijos de 3 de los 12 ejidatarios, y que responden al nombre de Rodrigo Rochín, Sergio Geraldo Búrquez y Joel Lucero, y quienes durante una entrevista, desconocieron las escrituras y dijeron que las firmas que aparecen en el contrato de la operación de compraventa son falsas, porque “mucha de la gente que supuestamente vendió, ni siquiera sabía leer y escribir, mucho menos firmar”.

Los ejidatarios
Después de 32 años, los hijos de los ejidatarios de “Punta Arena” han decidido pelear por sus tierras, ya que aunque actualmente tienen la posesión de tres parcelas, reclaman la propiedad de las 12 que dicen pertenecían a sus padres.

De entrada, y como medida de presión, el 1 de noviembre bloquearon la carretera que va de Agua Amarga hasta Ensenadas de Los Muertos en la delegación de San Juan de Los Planes, municipio de La Paz, atravesando una decena de pick ups sobre la carretera para interrumpir el libre acceso.

La inconformidad derivó del fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, a favor del grupo desarrollador “Península de los Sueños”, y en el cual, se ordenó el 27 de octubre, dar posesión material de los predios a dichos inversionistas de una zona conocida como “Boca de la Salina” en su pleito legal con el prófugo Kerry Rogers Lee y su grupo “Cihuata, S.A. de C.V.”.

Por este motivo, los inversionistas comenzaron a delimitar sus terrenos –una vez terminado el litigio de los predios— y excluyendo de este proceso los tres terrenos en manos de los hijos de ejidatarios.

El pasado 4 de noviembre, la inconformidad llegó a los golpes, cuando los ejidatarios, derribaron postes y cercos colocados por los inversionistas y discutieron por largas horas hasta que tuvo que intervenir la policía.

Eso no fue todo. El pasado 8 de noviembre, la violencia nuevamente se desbordó y los ejidatarios dejaron el bloqueo y los terrenos en paz para salir a las calles, hasta llegar al Congreso local, y solicitar la intervención de diputados, y de arranque, exigieron la cabeza de la alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, por haber ordenado extinguir del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todas las claves catastrales de los predios en disputa, y haberlas reemplazado por las del grupo “Península de los Sueños”.

Durante una entrevista con ZETA, Sergio Geraldo Búrquez dijo que el abogado y representante legal de los inversionistas, Ramón Cota Gutiérrez, tuvo la indiscreción de decirles que no tenían por qué pelear la tierra si sus claves catastrales ya habían sido dadas de baja en el Ayuntamiento de La Paz.

El comentario generó mucha inconformidad, y por lo tanto, los afectados solicitaron una explicación a la administración de la alcaldesa priísta, a través de su asesor jurídico, Salvador Pérez Molina, y donde el director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, Alejandro Davis Monzón, confirmó cambios en el registro de las claves catastrales, pero se negó a entregar mayor información, en tanto no fuera solicitado por escrito.

Sin embargo, a través de terceras personas, conformaron la información, y entonces, salieron a las calles a protestar hasta que llegaron al propio Ayuntamiento de La Paz, y en donde, bajo presión, obtuvieron la información, por lo que dijo, presentaron una denuncia penal –y una ampliación– en contra de quien resulte responsable por haber extinguido sus claves catastrales.

El Ayuntamiento de La Paz
Sobre las acusaciones de los ejidatarios, el director jurídico del Ayuntamiento de La Paz, Manuel Arce Delgadillo, fijó su postura al respecto.

De entrada, reconoció que las claves catastrales, se habían extinguido del sistema del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, por una resolución administrativa del director Alejandro Davis Monzón.

— ¿La decisión se tomó en base a la resolución de algún Juez?

“No. Es una decisión o resolución netamente administrativa, y tomada principalmente en la dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, porque recibió una solicitud el 12 de mayo pasado de la empresa Península de los Sueños, entregando toda la documentación necesaria para demostrar la plena propiedad de las tierras y solicitan la declaración de inscripción de los registros y el procedimiento también se hace en catastro. No es una determinación que venga por orden judicial, sino una determinación administrativa tomada por la autoridad, basada en los antecedentes, no nada más en los que se exhibieron, sino los que obran en poder del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todo basado en el artículo 2938 del Código Civil”.

El funcionario dijo que el hecho de que hayan extinguido las claves catastrales del sistema, no significa que hayan desaparecido los libros de registro, sino que “momentáneamente fueron dadas de baja, y así quedarán, hasta en tanto no haya un veredicto u orden de algún juez, respecto del caso, donde se diga lo contrario”.

— ¿No considera que se apresuraron a la extinción de las claves catastrales? ¿Por qué no esperaron la resolución de algún Juez?

“Bueno, lo que sucede es que la determinación fue previamente al conflicto, y sabemos que únicamente hay una controversia entre ellos, pero no un juicio. Ellos mismos lo han manifestado ante esta autoridad. No hay ni juicios civiles ni de amparos entre los ejidatarios y la empresa Península de los Sueños. Vamos, no hay ni un juicio inscrito ante una autoridad judicial que pudiera habernos emplazado y habernos ordenado que no moviéramos los registros catastrales”.

Los inversionistas
Sobre toda esta controversia, los inversionistas por conductor del vocero oficial, José Luis Antón Alvarado, dijo que lo único que han estado haciendo, es delimitar su propiedad desde que a finales de octubre, se falló a su favor, y comentó que en este procedimiento, no se están tocando las tres propiedades que –aseguran— invadieron 3 familias dentro de su predio en el año 2007.

— ¿Por qué no tocar esas tres parcelas?

“Lo que pasa es que estamos esperando que el Juez determine y emita una resolución de que esas tres familias, se metieron de forma ilegal a nuestra propiedad, y entonces, nos regrese legalmente la posesión.

Desde el año 2007, el grupo empresarial, presentó una denuncia por despojo en contra de esas familias por haberse metido de esa manera, cuando sabían que la propiedad, ya no les pertenece, ya que su familia vendió desde 1969.

Ya ganamos un juicio, y el pasado 27 de octubre, nos dieron posesión material del predio Boca de la Salina, y lo primero que hicimos fue delimitar nuestra propiedad para salvaguardar los terrenos y evitar otra invasión, porque venimos de una historia de despojo e invasión, y ya no queremos estar sufriendo este tipo de problemas que lo único que han hecho es detener nuestro proyecto de inversión, una y otra vez, porque no podemos terminar de desarrollar si no estamos teniendo certidumbre en la tierra”.

El vocero de la empresa afirmó que los hijos de ejidatarios ni siquiera tienen papeles de las tierras, por eso dijo que los definen como “invasores”, ya que no tienen documentos para afirmarse como propietarios; por lo cual no tienen por qué estar en un terreno que no es de su propiedad. Por el contrario, aseguró que tenían las escrituras, mismas que exhibió y de las cuales entregó una copia a ZETA.

EL NEGOCIAZO DE LOS CREDITOS EN BCS

Legisladores paralizan el Congreso a su conveniencia

Con tasas de interés bancario sumamente elevadas, que incluso pondrían en riesgo las participaciones federales hasta 2031, los diputados y grupos de poder del PRI, PAN, PRD, MRPS, PANAL y Convergencia luchan por la aprobación de préstamos que elevarán la deuda pública de La Paz en más del 400 por ciento, en comparación con las anteriores 13 administraciones municipales; y de Los Cabos en más del 300 por ciento de lo que quedaron debiendo las 10 administraciones anteriores.

Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur. La posible autorización de la contratación de créditos millonarios, a favor de los alcaldes Esthela de Jesús Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, anticipa un jugoso negocio en el que los presuntos involucrados ganan y los ciudadanos pierden.

En la disputa entre legisladores y grupos de poder del PRI, PRD, PAN, MRPS, PANAL y Convergencia por la aprobación de lo que pareciera ser un botín de casi mil millones de pesos, todos se llevarán una rebanada del pastel: consultores, aseguradoras, bancos, alcaldes, futuros candidatos a diputados, senadores y hasta el Presidente de la República.

De entrada la compañía Optiva Consultores, responsable de la elaboración del proyecto de refinanciamiento de la deuda pública municipal de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos y del diseño de Proyectos de Inversión Pública, tiene entre sus cálculos obtener de 13 a 17 millones de pesos por cada gobierno en esta operación, únicamente por concepto de asesoría legal, estructuración financiera, calificaciones quirografarias, calificaciones del financiamiento, garantía, gastos fiduciarios, publicaciones y comisión por apertura.

La empresa originaria de Hermosillo, Sonora, donde Ricardo Robinson Bourns Castelo, el hermano incómodo del ex gobernador de ese estado figura como uno de los socios, presume de su gran experiencia y de su influencia en altas esferas del poder económico y político para aterrizar el dinero sin ningún problema.

Éstos son algunos de los proyectos que manejó cuando su hermano, Eduardo Bourns Castelo, era el gobernante del estado de Sonora:

1. Refinanciamiento de la deuda pública del estado de Sonora en 2004.

2. Refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Navojoa en 2005.

3. Financiamiento para el gobierno del estado de Sonora de mil 300 millones de pesos en 2006.

4. Fideicomiso del fondo revolvente para el gobierno del estado de Sonora de 100 mil millones de pesos en 2006.

5. Refinanciamiento municipal en “bloque” en 2007.

6. Elaboración del proyecto Plan Sonora Proyecta en 2008.

7. Refinanciamiento de la deuda pública del estado de Sonora en 2008 (otra vez).

8. Elaboración del proyecto Vado del Río de 2005 a 2008.

9. Elaboración del proyecto Pasajes de 2005 a 2008.

10. Elaboración del proyecto Carretera Costera de 2005 a 2008.

Datos entregados a ZETA exponen que la compañía del hermano del ex gobernador sonorense, y quien también tiene a una de sus hijas, de nombre Ana Lourdes Castelo López Arias en la lista de socios, comúnmente cobra entre 2.5 y 3.5 por ciento del monto total. Es decir, dos, tres o hasta cuatro veces más del costo normal, que según expertos en asesoría financiera, oscila entre el 1 y 1.2 por ciento en cualquier compañía de México.

No sólo eso. Los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos también tendrán que contratar otros servicios, en caso de lograr -y una vez aprobado por los diputados- acceder a los créditos de 462 millones 600 mil pesos y 498 millones 600 mil pesos, respectivamente.

Éstas son algunas de las medidas que tendrán que tomar en el caso del refinanciamiento de la deuda pública municipal de los ayuntamientos:

1. Diseñar y crear un fondo de reserva para establecer entre el 2 y 4 por ciento del monto a refinanciar y tener una garantía líquida dentro del fideicomiso para cubrir cualquier imprevisto, sobre todo en el retraso de participaciones federales. En el caso de La Paz, la cantidad andaría entre los 3 y 5 millones de pesos, y en el de Los Cabos, entre 5 y 7 millones de pesos.

2. Contratar una cobertura de tasas de interés conocida bajo las siglas de CAP que mitigue el riesgo, debido a eventos macroeconómicos adversos; una especie de seguro que pagará una prima inicial única que cubrirá los intereses bancarios que se necesitarán pagar, en caso de que la tasa de interés se ubique por encima de la tasa fijada en el crédito. En este renglón se tendría que destinar el 10 por ciento del total como soporte crediticio que, en el caso de La Paz, quedaría en 46 millones 260 mil pesos, y en el de Los Cabos, en 49 millones 860 mil pesos.

No obstante, los ayuntamientos tendrían que sujetarse a una tasa de interés muy alta por concepto del préstamo bancario, lo que a largo plazo afectaría gravemente las participaciones federales hasta las administraciones de 2031.

En el caso de La Paz, el monto del financiamiento a pagar a 30 años sería de 650 millones 791 mil 727 pesos con 39 centavos, es decir, 188 millones 191 mil 727 pesos con 39 centavos más, que representa el 40 por ciento de lo contratado.

Respecto a Los Cabos, el financiamiento a pagar a 30 años sería de 916 millones 073 mil 664 pesos con 38 centavos;  417 millones 473 mil 664 pesos con 38 centavos más, lo cual equivale al 90 por ciento de lo contratado.

Lo anterior en base a las corridas financieras entregadas de última hora por los propios ayuntamientos de La Paz y Los Cabos.

Una danza de millones que se repartiría entre todos, y donde el menos beneficiado sería el pueblo porque, en un solo acto y de arranque, La Paz incrementaría su deuda en más del 400 por ciento en comparación con las anteriores 13 administraciones municipales; mientras que Los Cabos se entracalaría más del 300 por ciento de lo que quedaron debiendo las 10 administraciones anteriores durante los últimos 39 años.

Los antecedentes
El 17 de noviembre inició una sesión pública ordinaria, y contabilizando la asistencia de 20 diputados, se declaró quórum legal, por lo que se sometió a consideración de la asamblea el orden del día que en esa ocasión constaba de 19 puntos o temas a tocar. Sin embargo, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Treviño Angulo y ya iniciada la sesión, solicitó se incluyeran dos puntos más:
1. Someter a discusión, análisis y dictamen la solicitud de la autorización para que el Ayuntamiento de La Paz pudiera reestructurar su deuda pública y contratar un financiamiento adicional destinado a inversiones públicas productivas por el orden de 462 millones, a pagar en un plazo de 30 años. De esa cantidad, 115 millones 125 mil 148 pesos se destinarían al refinanciamiento de la deuda; 347 millones 474 mil 852 pesos se utilizarían para inversiones públicas productivas.

2. Someter a discusión, análisis y dictamen la solicitud de la autorización para que el Ayuntamiento de Los Cabos pudiera reestructurar la deuda pública y contratar un financiamiento adicional destinado a inversiones productivas por el orden de 498 millones 600 mil pesos a pagar en un plazo de 30 años. De esa cifra, 179 millones 824 mil 561 pesos se utilizarían en el refinanciamiento de la deuda y 318 millones 775 mil 439 pesos serían destinados a inversiones públicas productivas.

Sin embargo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jisela Páez Martínez, solicitó el uso de la voz y rechazó el intento de someter a votación este tema, en virtud de que estaba en análisis en la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos y, según el tiempo estipulado de 30 días concedido por la Ley Reglamentaria del Congreso, el término para dictaminar el caso vencería el 1 de diciembre, al haber requerimientos de información en trámite por parte de los integrantes de esa comisión a los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, como es la documentación de listado, proyectos de ejecución, costo total de obras y corridas financieras, entre otros aspectos.

Tal intervención generó posiciones encontradas que derivaron en un desorden legislativo protagonizado por diputados del PRI, PAN, PRD, MRPS, PANAL y Convergencia, provocando que un bloque de legisladores abandonara la sesión ordinaria.

En el  recinto únicamente quedaron seis diputados del PAN y 2 del MRPS, dejando sin quórum la asamblea. Ante esa situación, Juan Domingo Carballo Ruiz,  diputado presidente de la Mesa Directiva, declaró suspendida la sesión.

En relación a este hechos, los artículos 32 y 99 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo establecen claramente:

“Queda estrictamente prohibido a los diputados abandonar el recinto, sin el permiso previo de la Presidencia, durante el desarrollo de las sesiones”, además, que los diputados “tienen obligación de asistir a todas las sesiones, y de permanecer en ellas, durante todo el tiempo de su duración”.

Así es que sólo el presidente de la Mesa Directiva pudo suspender y abrir nuevamente la sesión, por lo que la apertura que posteriormente hizo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramón Alvarado Higuera, es ilegal. Lo mismo aplica para la sesión posterior que sostuvieron 12 diputados del Bloque Opositor, y donde, en un acto de desesperación y presionados por los alcaldes de La Paz y Los Cabos, aprobaron la contratación de los empréstitos.

El Artículo 109 de la Ley Reglamentaria establece lo siguiente: “Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso del Congreso, se calificaren de urgente o de obvia resolución”. Es decir, en el caso de los ayuntamientos, el tema no podría haberse discutido sin antes dictaminarse tras haber pasado por comisiones.

Todo lo anterior ha generado un ríspida disputa, que es considerada por la mayoría de analistas políticos, como el primer encontronazo entre el PAN y un Bloque Opositor integrado por el PRI, PRD, PANAL y Convergencia, en vísperas de las elecciones federales, y cuyo encono está llegando a tal grado que al cierre de esta edición, tenía paralizado el trabajo legislativo gracias al tema de los créditos.

De hecho, el 21, 22, 23 y 24 de noviembre inéditamente se convocaron sesiones extraordinarias fuera de horarios normales para discutir el caso de la autorización de los créditos, dejando fuera toda la agenda legislativa por tratar de desahogar este tema.

La sala de sesiones ya no es la misma, pues del debate y quehacer legislativo, se pasó a los gritos y descalificaciones verbales entre los legisladores de ambos bandos, exhibiendo toda una desmedida soberbia, porque ninguna de las partes cedía.

Hoy se sabe que los legisladores del PRI, PAN, PRD, MSPS, PANAL y Convergencia, tuvieron que negociar en una sesión secreta una junta de carácter urgente con el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor para tomar acuerdos, y aunque en lo particular, el gobernante panista dijo “no estar de acuerdo en el endeudamiento”, dejando en manos de los legisladores la decisión de autorizar o no el recurso a los ayuntamiento de La Paz y Los Cabos.

En la sesión pública ordinaria del 23 de noviembre, los diputados sometieron a discusión inéditamente la validación de dos actas: la de la sesión legal que fue suspendida, y la de la sesión ilegal, donde al ser sometida a votación, se entrampó de nuevo, ya que a favor votaron diez diputados del Bloque Opositor, nueve en contra del PAN y una abstención, en tanto otro legislador se reportó “enfermo”.

El resultado de la votación no alcanzó la mayoría requerida, que es de la mitad más uno, es decir, 11 votos para que pudieran haber validado las dos sesiones, y por ende, la autorización de los créditos.

Toda esa parálisis legislativa ya generó molestia en algunos sectores de la sociedad, sobre todo porque se están dejando de lado temas importantes como el Informe del Órgano de Fiscalización Superior de los Municipios, las Leyes de Ingresos, las propuestas de Tablas de Valores Catastrales, el presupuesto de egresos, iniciativas de leyes y reformas prioritarias.

La desesperación ha llegado a tal grado que ciudadanos como la señora María Monserrath Trasviña Meza, tuvieron que levantarse de su silla de la sala de sesiones e ir a increpar en su cara a todos los diputados, quienes salieron del recinto legislativo dejando sentada a toda la concurrencia, donde había decenas de estudiantes. Partieron a un edificio alterno y se metieron a sesionar secretamente a una sala conocida como “Armando Aguilar Paniagua”, donde sorpresivamente, la enfurecida dama ingresó y les dijo a rajatabla:

“Qué creen, ¿que somos sus pendejos?, ¿que vamos estar esperándolos a la hora que ustedes quieran y nos falten al respeto de esa manera, dejarnos sentados allá en la sala de sesiones para que ustedes se vengan acá a lo oscurito? No señores, ahorita mismo se regresan y hablan allá, lo que están hablando aquí, porque yo, como ciudadana, tengo derecho a saber lo que está pasando en mi estado, y no voy a permitir que una bola de zánganos, holgazanes y sinvergüenzas como ustedes, nos dejan allá sentados y se venga para acá, a ver qué arreglan”.

Las dudas
Lo que preocupa a los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, es el tema del endeudamiento, que a decir de algunos legisladores, como la panista Jisela Páez Martínez, la experiencia del crédito anterior otorgado al Ayuntamiento de Los Cabos y contratado en septiembre de 2009, expone claramente que a la larga, los préstamos afectan la economía de los municipios.

Basta saber que de los 100 millones que recibió por el empréstito, actualmente y a la vuelta de 2 años, pagará 179 millones 824 mil 561 pesos; 80 por ciento más de lo que contrato, y cuya deuda pública pretende ser refinanciada por la administración del perredista José Antonio Agúndez Montaño.

Por eso y por algunas dudas, los legisladores tienen frenadas las intenciones del Bloque Opositor de autorizar los créditos a favor de los ayuntamientos, y que en el caso específico de La Paz, después de un estira y afloja, la administración de Esthela de Jesús Ponce Beltrán terminó por reducir de última hora la petición de crédito de 462 millones 600 mil pesos, a 376 millones 101 mil 123 pesos. Pero los diputados insisten en validar lo inicialmente solicitado, y por ende, 147 millones quedarían volando.

Por lo pronto, los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos no podrán iniciar los trámites del crédito, hasta en tanto la sesión ilegal pueda ser validada o de plano anulada por acuerdo con los diputados del Bloque Opositor, para entonces reiniciar el trabajo legislativo y consensuar el caso de los créditos.

Todo esto es porque, en las condiciones en que fueron autorizados los créditos, carecen de validez jurídica, y ningún banco asumiría la responsabilidad de entregar el dinero si no existe un Decreto de Ley firmado por el presidente y secretario de la Mesa Directiva, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no podrá anotar los financiamientos en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios por la sola presunción de ilegalidad en un acto fraudulento y viciado de nulidad.

Los pactos
En esta lucha es evidente el amasiato entre el PRI y el PRD, donde pareciera haberse cambiado el dinero de los créditos por la impunidad de personajes como la ex alcaldesa de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, e inclusive la eminente postulación del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño como candidato a senador de la alianza PRI-PVEM.

Hoy por hoy, es muy notoria la simulación de los perredistas que están terminando por cuajar una alianza de facto para respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto, a cambio de la candidatura del ex gobernador del PRD y recientemente afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El desayuno público entre los alcaldes de Los Cabos, La Paz y Mulegé, José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Guillermo Santilla Meza,  respectivamente, que tuvo lugar  el 23 de noviembre en un restaurante de la localidad, habla por sí solo de lo que se viene y se anticipa. Inclusive estuvieron sentados en la mesa por 30 minutos José Antonio Agúndez Montaño, el ex candidato a gobernador y actual delegado del CEN del PRI, Ricardo Barroso Agramount.

Los movimientos que se pudieron percibir por analistas ya eran evidentes; a continuación el recuento:

1. El encuentro entre el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño y diputados federales del PRI en el Palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, con el pretexto de solicitar un aumento al presupuesto de ese destino turístico.

2. El destape de Narciso Agúndez Montaño como posible candidato del PVEM, y quien evidentemente, habrá de ir en alianza con el PRI.

3.  La indiscreción del ex gobernador de Baja California Sur en una reunión en Comondú, donde anticipó que su hermano el alcalde perredista de Los Cabos, estaría renunciando a su partido en el mes de enero.

4. La afiliación del ex oficial mayor del gobierno de Narciso Agúndez Montaño, Garibaldo Romero al PVEM, y considerado como parte de una avanzada o migración de perredistas hacia ese partido.

5. La repentina aparición de José Antonio Agúndez Montaño en eventos del municipio de La Paz, como la coronación de la reina de las fiestas tradicionales de Los Barriles.

6. El surgimiento del Bloque Opositor Legislativo a favor de los créditos, integrado principalmente por el PRI y el PRD, donde sus diputados han tenido encuentros con los alcaldes de ambos partidos.

TONY AGUNDEZ PROTEGE A FUNCIONARIOS CORRUPTOS EN SAN JOSE DEL CABOS

Contrario a las promesas de campaña del alcalde perredista

El presidente municipal de Los Cabos tiene en su gabinete a 8 funcionarios que “no están aptos para desempeñar el cargo”, según la evaluación y conclusión de regidores de la XI administración.

Lo anterior, a pesar de que el edil del PRD prometió que sometería a revisión periódica el trabajo desempeñado por los principales integrantes de su administración en los primeros 90 días de gobierno.

Gerardo Zúñiga Pacheco
San José del Cabo, Baja California Sur.- Ya pasaron 90 días, 120 y 180, y hoy se cumplen 210 días, y el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, sigue incumpliendo su promesa de campaña –y que enarboló el día de su toma de protesta– de someter a revisión y evaluación periódica el trabajo desempeñado por los principales integrantes de su gabinete en los primeros tres meses de la XI administración.

Y es que el edil del PRD, desde hace cuatro semanas, tiene en su escritorio los resultados de la evaluación que –en virtud de no haberla hecho personalmente— elaboraron 8 de los 11 regidores que integran el cabildo. Los legisladores se mostraron preocupados porque, cuando menos, ocho directores generales del ayuntamiento local, simple y sencillamente, no dieron el ancho.

Los regidores del propio PRD inclusive, como Julio César Castro, revisaron el trabajo de los funcionarios de José Antonio Agúndez Montaño, y concluyeron que “no están aptos para desempeñar el cargo”.

Ellos son:

1.- Guillermo Rosas Marrón, secretario general del ayuntamiento.

2.- Edilberto Graciano Chávez, oficial mayor.

3.- Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, comisionado de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

4.- Joel Abaroa Delgado, director municipal de Turismo.

5.- David Green Moreno, director municipal de Atención Ciudadana.

6.- Óscar Graciano Beltrán, director de Transporte Municipal.

7.- Susana Burgoin Amézquita, directora de Ingresos de la Tesorería Municipal.

8.- Ernesto Segismundo Corales, jefe de Inspección Fiscal.

A pesar de estar prácticamente reprobados, los funcionarios siguen despachando en el cargo y cobrando un jugoso sueldo que, según los regidores, no se merecen, porque carecen de capacitación y preparación para desempeñar sus funciones.

La evaluación de los regidores
“Nosotros como regidores hicimos nuestro propio análisis, y le entregamos al alcalde en su oportunidad, lo que a nuestra consideración y de la mayoría de los compañeros del seno del cabildo, son funcionarios que necesitan ser reubicados a otras áreas o definitivamente dejar el cargo”, dijo el perredista Julio César Castro.

Durante una entrevista con ZETA, Castro dijo que solicitaron la comparecencia de los funcionarios  –y en ese análisis— detectaron que no cumplían con el perfil para desempeñar los cargos que se les asignaron, y por ende, deben irse.

El regidor integrante de la Comisión de Seguridad Pública reveló que han tenido algunas pláticas con el alcalde José Antonio Agúndez, sobre el tema, ya que él había prometido elaborar personalmente una revisión y evaluación en los primeros 90 días de su gobierno, sobre todo, con el compromiso de que “otorgaran su voto de confianza” para respaldar y avalar el nombramiento de los citados servidores públicos, sin embargo, ya van 210 días, y hasta ahora, todo sigue como al principio.

“Debo y debemos reconocer que sí estamos mucho muy retrasados en cuanto a la evaluación de los funcionarios, pero nosotros ya hicimos nuestra parte, lo que vendría siendo la evaluación, ahora corresponde al alcalde, tomar la decisión”, comentó el regidor del PRD.

Pero en virtud de que el alcalde aparente o intencionalmente está olvidando sus promesas de campaña, hoy, los ocho regidores responsables de la revisión y evaluación de los funcionarios, se preparan para llevar el tema a cabildo en la próxima sesión ordinaria que se habrá de registrar en los primeros días de diciembre, tal como lo expresó el regidor del PAN, Juan Fernando Sánchez Navarro.

“Necesitamos que el alcalde nos entregue una fecha exacta y definitiva de cuándo van a registrarse los enroques o cambios de funcionarios que los integrantes del cabildo, propusimos, y que hasta la fecha, no ha respondido”, comentó el edil panista.

— ¿El alcalde está minimizando y ninguneando al cabildo?, si ustedes, toman una decisión en el pleno, puede ser definitiva para que uno u otro funcionario, permanezca o se vaya del cargo, pues al final de cuentas, son la máxima autoridad… inquirió ZETA.

“Definitivamente que somos la  máxima autoridad, por eso hicimos la evaluación, y se la entregamos, es el tema que tocaremos en la próxima sesión; si no hay respuesta, entonces tendremos que revisar el caso y presionar duramente en asuntos generales, porque la sociedad votó por un cambio, y ése no se está reflejando en las decisiones de gobierno”.

El regidor del PAN, recordó que el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, no llegó con un gran respaldo popular o consenso social, pues del 100% del electorado, únicamente un 25% voto por él, y el resto por otras fuerzas políticas, y quienes están vigilantes y atentas a que las cosas se hagan bien.

El caso Lenin
Sobre el caso específico del comisionado de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, y quien –según datos entregados a ZETA— el 6 de agosto reprobó el examen de control y confianza elaborado en el Centro de Seguridad Nacional (CISEN), los regidores del PRD y del PAN coincidieron en señalar que el asunto ya está prácticamente resuelto, por versión del propio alcalde.

Sin embargo comentaron que la salida del funcionario se ha retrasado, porque actualmente “los cuatro candidatos a sucederlo están siendo revisados y sometidos a una evaluación para que puedan presentar sus exámenes de control y confianza con miras de entrar en la terna que se habrá de presentar al cabildo”.

Los candidatos a relevar en el cargo a Lenin Rodríguez Aguilar, son:

1.- Saúl González Núñez, ex comisionado de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.

2.- Carlos de Jesús Jiménez Pérez, ex director de la Policía Ministerial del Estado.

3.- Gerardo Vázquez Alatriste, ex coordinador general de Investigaciones de la PGR y ex delegado de la PGR en Sonora.

4.- Román Martínez Marín, ex militar y actual jefe operativo de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

Profesionalmente desacreditado y cuestionado, Lenin Rodríguez Aguilar finalmente dejará el cargo, hecho que podría ocurrir en cualquier momento.

Desde que tomó protesta y hasta la fecha, Lenin Rodríguez prácticamente fue excluido de los operativos mixtos encabezados por fuerzas militares, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, mientras no pasara el examen de control de confianza y reestructurara la institución que se ha convertido en un nido de narcopolicías al servicio del todavía jefe de la plaza de narcomenudistas, Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía (a) “El Javi” o “El Javier”.

En esta lista y –según revelaciones de Jaime Ariel Meza López, alias “El Jimmy”, detenido en un operativo militar— están los siguientes policías y comandantes:

Cirilo Castro Cosío, Martín Burgoing Olachea, Alonso Valencia Cabrales, Felipe Valencia Cabrales, Rolando Dunton Díaz, Francisco Peralta Agúndez, Juan Carlos Cosío, Jesús Leyva Valenzuela, Mario Yuri Batida Sandoval, Celso Filemón Lázaro y Cuauhtémoc Ceseña Amador, todos involucrados en la averiguación previa AFI/BCS/COE-LC/2403/2010 de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR.

Cabe destacar que Cuauhtémoc Ceseña es investigado por fuerzas federales por haberse apoderado de un sinnúmero de propiedades del narcomenudista Abraham González (a) “El Banny”, ejecutado cuando “El Javier” se hizo cargo de la plaza de San José del Cabo.

Los propios regidores reconocieron que el caso particular de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito municipal de Los Cabos, es un tema muy delicado y toral y que deberá ser valorado a conciencia en el seno del cabildo, por los últimos hechos violentos que se han registrado en el principal destino turístico del estado.

Julio César Castro, regidor integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dijo estar preocupado particularmente por que se atienda la inseguridad de manera frontal, con un plan perfectamente diseñado y estructurado de trabajo y que no sólo contemple patrullas y armas, sino que se aboque al tema de la violencia intrafamiliar, y el cual –explicó— “no está pegando mucho en Los Cabos, porque se ha manejado de manera distinta, como si no se tratara de un tema de seguridad”.

El regidor anticipó que de hecho ya están trabajando en la intención de ampliar el presupuesto en materia de seguridad, porque “ahora que viene el G-20, requerimos tener un buen nivel en esta materia y proyectar una imagen de un destino seguro para todos aquellos que llegarán a visitarnos”.

El alcalde
Sobre esta situación, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, respondió en una entrevista de banqueta a los medios de comunicación sobre las inconformidades y presión de parte de los regidores.

“Calma”, dijo el edil del PRD y solicitó a los regidores que están presionando por los enroques de funcionarios, que “no se desesperen, porque todos sus compromisos de campaña van a ser cumplidos, únicamente que en su tiempo”.

El presidente municipal de este destino afirmó que se tomará el tiempo que sea necesario para tomar una decisión, ya que “está a la espera de contar con las certificaciones de algunos directores para dar por cerrado este capítulo”, refiriéndose específicamente al caso de Lenin.

Durante la breve entrevista agregó que ha estado platicando con regidores y colaboradores sobre el tema y que la promesa que hizo se va a cumplir en su momento. “La mayoría de los regidores están conscientes de que se ha trabajado en ese sentido y habrá algunos que están desesperados, pero yo les pido calma”, recalcó.

Aunque no estableció la fecha de la primera sesión ordinaria de cabildo, podría darse este fin de semana o a principios de la otra, la cual será convocada por Guillermo Marrón Rosas, uno de los funcionarios que están en la cuerda floja y que figura en la lista negra de los regidores. A la fecha ocupa el cargo de secretario general en el Ayuntamiento de Los Cabos.

CRIMEN SE DISPARA EN ENSENADA

Florencio Cuevas Salgado se esconde.

La última vez que el Secretario de Seguridad Pública se dejó ver fue el 10 de noviembre, cuando tuvo que dar la cara ante las quejas de agentes por los cambios a la estructura de la Policía Municipal del puerto.

A la fecha, el funcionario ha incumplido las promesas que hizo al inicio de su gestión.

Cifras de la DSPM indican que la delincuencia ha crecido.

Por el momento, el principal problema es el robo en sus distintas vertientes. Sólo en octubre de 2011 se registraron 79 hurtos más en comparación con 2010.

Ricardo Meza Godoy
Rara vez Florencio Raúl Cuevas Salgado se deja ver. No le agradan los reflectores y, en consecuencia, procura evadir a la prensa cada vez que puede.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, militar retirado con largo historial, de pelo cano, estatura media, bigote, mal encarado y con un redondo abdomen, sólo se muestra cuando hay evento y foto con el Alcalde, o si de plano necesita dar la cara debido a problemas dentro de la corporación.

Tal fue el caso el jueves 10 de noviembre cuando, luego de quejas de policías municipales sobre el procedimiento y los reacomodos en la estructura organizativa de la policía en Ensenada, tuvo que salir a dar una explicación, acompañado del Síndico Procurador, Carlos Fidel Escobar Hernández, y del coordinador operativo de policía preventiva, Luis Alberto Tolosa Espinoza.

A su entrada como Secretario de Seguridad Pública, Florencio anunció varias cosas que no ha cumplido. O al menos, no ha informado públicamente que lo haya hecho.

La primera, lo que una y otra vez fue el “caballito de batalla” dentro del tema de Seguridad Pública de Enrique Pelayo Torres durante la campaña electoral en 2010: la creación de la policía de barrio, policías que serían “amigos de los ciudadanos” a decir del ahora primer edil.

En Ensenada hay, sí, más barrios, pero ningún policía de barrio que camine en la noche por las calles silbando como sucedía antes. Pelayo prometió, Florencio lo anunció (excepto lo de silbar) y no han logrado cristalizar sus propuestas.

Otro de los temas que Florencio expuso a ZETA iniciando su gestión, fue la realización de un estudio a profundidad para conocer el estado de inseguridad en el municipio, trabajo que serviría para que la secretaría a su cargo pudiera tomar rumbo. El estudio profundo todavía no se conoce.

Policías de barrio o no, todos serían, según Florencio, sometidos a un riguroso proceso de acondicionamiento físico, e inscritos a un programa de nutrición con apoyo del Instituto Municipal de Deporte, para “bajar la panza”. El programa no se implementó.

La aparente ventaja que implicaba contar con un militar en retiro hacía pensar en que las relaciones entre el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y los policías municipales serían mejor que antes. Sin embargo, el bochornoso episodio la madrugada del viernes 14 de octubre entre militares y oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), adscritos a la delegación de San Quintín, dejó ver lo opuesto.

El encuentro dentro de las instalaciones de la delegación, donde decenas de militares del 67 batallón de infantería en San Quintín, se llevaron por la fuerza a su compañero Ricardo González Pérez, quien minutos antes había sido detenido por los policías luego de manejar en supuesto estado de ebriedad y no portar documentos que acreditaran la portación de un arma, puso a prueba las relaciones de Florencio.

Dos días después, el domingo 16 de octubre a las 3 de la tarde, el subcomandante de la policía municipal de San Quintín, Rubén Morales García, fue detenido por militares en el poblado de El Rosario y trasladado al Ministerio Público federal ubicado en el Ejido El Papalote de esa demarcación, supuestamente por portar un arma sin permisos fuera de su jurisdicción, cuando la jurisdicción, aclaraba entonces el coordinador operativo de la DSPM, Luis Alberto Tolosa Espinosa, va “…desde La Misión hasta el paralelo 28”, lo que comprende todo el municipio de Ensenada y no por delegaciones.

La situación se tornaba más tensa y Florencio, al menos hasta la tarde del lunes 17 de octubre, no se paró a visitar a su gente en San Quintín, donde los municipales habían pasado la noche atrincherados en sus oficinas para evitar más encuentros con los soldados.

“Nos dicen que el general está muy enojado por todo lo que está pasando”, dijo un policía municipal en San Quintín ese lunes. Era todo lo que sabían hasta ese momento. Otro agente en Ensenada refirió días después, que el general Cuevas se dedica a gestiones administrativas y no se mete tanto a lo operativo.

Tras el decomiso del mega-plantío de 120 hectáreas de mariguana en la delegación de El Mármol, la única reacción dada a conocer por la DSPM, fue cambiar a los agentes municipales adscritos a la zona, a otras delegaciones, “para que no se viciaran”, expuso a ZETA el entonces director de Tránsito y Transporte, Alfredo Rosales Green.
Las operaciones del narcotráfico en Ensenada, conocidas luego de las declaraciones de Juan Francisco Sillas Rocha, alias “El Sillas”, detenido en Tijuana, no han generado la más mínima declaración pública del ex militar, ningún movimiento anunciado que brinde certidumbre a la población civil de que se esté atendiendo la situación.

Ninguna suspensión, al menos en lo que se realizan investigaciones, nada. El operativo más anunciado por la corporación en los últimos días fue el de la Baja 1000, que se llevó a cabo en el puerto el pasado fin de semana y acaparó la atención de decenas de policías. Ahí sí, ruedas de prensa.

A final de cuentas el silencio de Florencio, quien fue Jefe de Relaciones Públicas del Estado Mayor de la Sedena y Jefe de la Editorial de la Sedena, deja más preguntas que respuestas.

Robos, el problema principal
En números dentro de la DSPM en Ensenada el principal problema es el robo. Tan sólo en el mes de octubre de 2011 se registraron 464 hurtos, la cifra de octubre de 2010 en el mismo rubro es de 385. Es decir, de un año a otro hubo una diferencia de 79 delitos de este tipo.

De ahí le siguen daños en propiedad ajena, 114 en octubre de 2011, comparado con 99 en el 2010. Violencia Familiar, 65 en 2011 y 76 en el 2010.

El robo a domicilio se ubica en el primer puesto y se da particularmente en las colonias del sector este y noreste de la ciudad, seguido de la parte sur, colonia Aeropuerto y la zona conocida como las Villas. En total, en todo el puerto, que incluye 8 cuadrantes, ese mes hubo unos 203 robos a domicilio.

En segundo lugar está el robo a vehículos, 140 en octubre de 2011.
No obstante, para el coordinador operativo de la Policía Preventiva, Tolosa Espinosa, Ensenada es un municipio tranquilo, considerado, dice, “la cuarta ciudad más segura del país”.

El funcionario asegura que los hechos violentos que se han registrado son aislados, la existencia de pandillas es casi nula salvo los “Norteños” y los “Sureños”, que tienen actividad en el Cañón Buenavista, al sur de Maneadero. Jóvenes residentes de la zona, conocida también como “El Zorrillo”, que se mantienen prácticamente todo el tiempo dentro de su espacio, “rara vez salen, algunas veces los hemos detectado en Maneadero”, explicó.

Dijo que las pandillas en otras zonas de la urbe son grupos muy pequeños y los mantienen bajo control. Los pleitos comunes son, la “morrita” que van a visitar a otra colonia fuera de su territorio y los pleitos en fiestas.

Tolosa no considera que asesinatos como el de un hombre cuyo cadáver fue encontrado sin manos ni rostro en la zona de La Encantada el 24 de octubre y otro cuerpo parcialmente quemado localizado el 2 de noviembre en el mismo sitio, estén relacionados entre sí, misma postura sostenida por el Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez durante una de sus últimas visitas al puerto en este mes. Ambos desestiman que los hechos violentos registrados en la entidad tengan vínculos.

En general, la operatividad de la DSPM se observa ordenada, no así el sentir entre pares y de la misma sociedad hacia los oficiales, ya que además de las quejas de los mismos policías luego de los nombramientos y reacomodos tanto en la ciudad de Ensenada como de la zona sur del municipio, en San Quintín, el Síndico Municipal Escobar Hernández manifestó el 15 de noviembre que existen “varias denuncias” ante la dependencia a su cargo, de ciudadanos en contra de malos elementos de la DSPM, quienes abusando del uso de la fuerza los han detenido.

En total, los asuntos que involucran a policías durante el 2011 llegan a los 200, de acuerdo a información de la propia sindicatura. Aproximadamente el 80 por ciento de las quejas que recibe en total la dependencia están dirigidas contra la policía municipal. Adicional a los 200 casos, se encuentran al menos 46 gestorías en curso, donde buscan resolver situaciones por medio de acuerdos, rencillas de todo tipo.

Entre los casos se encuentran quejas ciudadanas por infracciones que los afectados califican de injustas, comportamiento agresivo y mal trato de los policías contra los ciudadanos, mala conducta y falta de respeto a sus superiores.

Tras la entrada de Escobar al frente de la Sindicatura, el departamento de Asuntos Internos subió de 2 a 5 abogados que atienden este tipo de casos. Según indica la jefa del área Myriam Marchena Sández, este incremento es para evitar la prescripción de los casos y desahogar procesos pendientes, algunos que se venían arrastrando desde 2010, como el de un policía que en San Quintín golpeó severamente a un indígena y está siendo procesado penalmente.

Otros de los casos: un oficial está siendo procesado por haberse robado una laptop de una unidad policíaca; a dos policías se les disparó el arma de cargo en distintos hechos, uno mientras limpiaba el arma y otro al bajarse de la patrulla; a otro, se le inició un procedimiento administrativo para removerlo del cargo, ya que luego de una revisión de rutina, descubrieron que el certificado de secundaria que presentó para ingresar a la corporación era falso.

El alto porcentaje de casos por comportamientos inadecuados es visto en el área de Asuntos Internos como uno de los puntos en los que la propia DSPM debe enfocarse, en que la policía logre tener un buen trato hacia los ciudadanos, pues la percepción los ubica en el peor sitio, al menos formalmente luego de llevarse a cabo la mayoría de las denuncias ante Sindicatura, lo que además los aleja de la intención del XX Ayuntamiento de tener a policías amigos de los ciudadanos. Las deficiencias más marcadas en la DSPM se encuentran en el ámbito administrativo y de “relaciones humanas”, cualidad principal que en caso de llegar a existir, requeriría un policía de barrio.

Aunado a esto, las inconformidades de los propios agentes no han cesado. En la zona sur, molestias por los movimientos de personal se hicieron evidentes esta misma semana al igual que ocurrió en  Ensenada días atrás. El personal de Sindicatura contempla incrementar sus visitas e inspecciones a San Quintín debido a múltiples quejas que provienen de esa delegación.

Incluso, Asuntos Internos anunció que se integrarán a su equipo de inspectores dos policías municipales, quienes apoyarán para recopilar información sobre temas que involucran a sus colegas.

Pese a estos hechos, el Secretario de Seguridad Pública se ha mantenido alejado de los micrófonos, sin dar la cara, mientras que los temas se acumulan, los problemas internos crecen y sus promesas iniciales se desvanecen, lo que abona a la percepción de una falta de transparencia. Y al desconocerse las actividades del ex militar queda la pregunta: ¿dónde está Florencio?
 

ALCALDE DE ENSENADA MALBARATA PREDIOS MUNICIPALES

Entre los beneficiados, Inmobiliaria Galibe, cuyos socios son José Galicot y Luis Francisco Serrano Lluch.

En su afán por salir del bache financiero y pagar deudas, el alcalde de Ensenada ha recurrido a la venta de tierras muy por debajo de su valor real, generando un desfase millonario al gobierno local.

Según el Registro Público de la Propiedad, uno de los terrenos dividido en dos partes de la Manzana núm. 249, quedó inscrito en un contrato de compraventa, el 13 de octubre de 2011 para la fracción A y el 1 de noviembre de 2011 para la fracción B.

La empresa que compró la propiedad es “Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.”, pero no aparecen los socios que la integran, mientras que en el registro de Inmobiliaria Galibe S.A. de C.V. en Tijuana, destacan Galicot Behar y Serrano Lluch.

Ricardo Meza Godoy
Las frágiles pero estables finanzas del Ayuntamiento de Ensenada que el ex Presidente Municipal Pablo Alejo López Núñez asegura haber heredado al ahora primer edil Enrique Pelayo Torres, ofrecen entre las pocas opciones para el equilibrio de los ingresos municipales, la venta de tierras.

Práctica que han venido realizando de manera habitual los últimos alcaldes para salir de los “baches” financieros y que sigue siendo aprobada ante el Cabildo.

Tan sólo en una de las últimas sesiones del Cabildo del XIX Ayuntamiento, el 23 de noviembre de 2010, el gobierno local para poder pagar deudas con proveedores desincorporó 79 mil 301.36 metros cuadrados de un predio en Bajamar identificado como AV-17, Manzana S/M, que había sido donado por la empresa Desarrollos Urbanos de Baja California, S.A. de C.V.

Este predio fue utilizado por el XX Ayuntamiento para pagar la deuda del gobierno local ante el Issstecali en un valor de 104 millones de pesos, pese a haberse contemplado en la Ley de Ingresos 2011, aprobada el 9 de diciembre de 2010, con un valor de 145 millones de pesos.

Los otros terrenos que serían vendidos en 2011, de acuerdo a lo estimado por el Ayuntamiento, son el predio de la Calle 11 y Avenida Reforma a un precio de 23 millones de pesos, donde permanecen las oficinas centrales del departamento de bomberos. Además, remató un lote ubicado en La Salina, a un precio de 27 millones.

El Presidente Municipal, basado en lo que dijo era la ley de oferta y demanda, vendió finalmente el terreno de 11 y Reforma, de 9 mil 779.786 metros cuadrados, en 17 millones de pesos. Lo que trajo un desfase de 47 millones de pesos para el gobierno local.

Dicho terreno dividido en dos partes de la Manzana núm. 249, quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) en un contrato de compraventa, el 13 de octubre de 2011 para la fracción A y el 01 de noviembre de 2011 para la fracción B. La empresa que compró el terreno, registrada en el RPPC en Ensenada es “Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.”, sin embargo no aparecen los socios que la integran, mientras que en el registro de Inmobiliaria Galibe S.A. de C.V. en el municipio de Tijuana, destacan como socios activos José Galicot Behar, y Luis Francisco Serrano Lluch.

Sobre la propiedad de La Salina no se han dado a conocer datos de su venta ni de alguna modificación en su valor.

Acompañando los montos estimados el 9 de diciembre de los tres terrenos, Pelayo refirió en el Cabildo que “dependiendo de la procuración de los recursos federales extraordinarios, podremos estar en posibilidad de evitar estas enajenaciones”, algo que evidentemente no ocurrió pero sí continuó, pues el 15 de noviembre el Cabildo desincorporó 84 terrenos para venderlos en el 2012, mismos que  contempló dentro de la Ley de Ingresos 2012 del XX Ayuntamiento.

Las  estimaciones de Pelayo indican que habrá 230 millones de pesos a las arcas municipales luego de la venta de todos esos predios repartidos en las delegaciones de Maneadero, Francisco Zarco, San Quintín, Vicente Guerrero, La Misión, El Sauzal, San Vicente, Chapultepec y Ensenada. Esto de un total de ingresos por mil 301 millones de pesos para el próximo año.

No obstante, los cálculos del gobierno municipal para los 230 millones fueron hechos antes de someterlos a una revisión de la Comisión Estatal de Avalúos y desconociendo el monto base, colocando nuevamente a la administración de Enrique Pelayo en supuestos estilo Capulina, donde los precios pueden ser, a lo mejor, quién sabe o tal vez, mayores o menores, tal como ocurrió con el de 11 y Reforma.

Pese a ser una solución viable, la venta de terrenos tiene características apreciadas por los propios funcionarios que juegan en contra del gobierno local. Los terrenos son finitos y eventualmente dejarán de ser una opción de financiamiento, cuando el municipio se quede sin tierras para ofrecer.

La venta de los terrenos municipales se convirtió en la opción central del ingreso para el 2012 en Ensenada, lo que es preocupante, según explicó el regidor del Partido del Trabajo, Armando Reyes Ledezma, quien refirió no estar de acuerdo en que al patrimonio municipal se le ponga para sacar de los problemas financieros que “por descuido o por negligencia, o falta de oficio, se vengan dando (en la administración)”, dijo.

Reyes Ledezma explicó que en administraciones pasadas se ha opuesto a la utilización del ingreso por la venta de terrenos para pagar deudas del gobierno, tal fue el caso en la administración de César Mancillas Amador, donde se entregaron al Issstecali 26 terrenos como abono de la deuda con dicho instituto.

Los 26 terrenos sumaron en ese entonces, el 28 de agosto de 2007 en sesión extraordinaria y extra urgente de Cabildo de carácter privada, la cantidad de 32 millones 846 mil 940.34 pesos para Issstecali, con predios ubicados en Los Encinos, Juan Diego Residencial II, Villa Residencial del Real 2da Etapa, Ventana al Mar, Villa Residencial del Sol, Villa del Real III Sección, Puerto Salina, La Escondida, Lomas de la Presa y Rancho La Fortuna. Un total de 100 mil 255.94 metros cuadrados.

Ese día César Mancillas refirió en el Cabildo: “Está bien porque de la deuda que teníamos nada más vamos a pagar la mitad, vamos a limpiar totalmente, y el próximo Alcalde podrá presupuestar todo el salario integrado, que no le vuelva a pasar lo mismo”.

La deuda ante ISSSTECALI con el siguiente alcalde volvió a surgir y creció. La desincorporación y venta de patrimonio municipal con Pablo Alejo volvió a darse. Actualmente el Issstecali posee formalmente ante el RPPC en Ensenada, 25 terrenos, todos registrados el 30 de agosto de 2010 bajo la partida 5219589, sin que destaque aún el predio de Bajamar en los registros.

Otros ingresos
Existen varias propuestas que regidores y Alcalde han referido pueden resolver la situación, sin embargo, ninguna de ellas es vigente y la mayoría se encuentra en procesos de análisis, factibilidad o en iniciativas, como la planteada por Reyes Ledezma, quien propone ante el Cabildo una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que Ensenada tenga los ingresos que le corresponden.

En otros de los rubros que se estimaron en la Ley de Ingresos 2012, se encuentra por ejemplo el cobro por uso de vía pública a la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos del Noroeste y Cablemás, aunque no ha sido definida una tarifa ni se ha realizado un conteo de postes o casetas telefónicas que estas empresas utilizan. Es decir el A-B-C jurídico y fiscal.

También estiman tener ingresos por la regulación de los salones de fiestas en Ensenada, que de acuerdo a estimaciones del director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rodolfo Mellado Pérez, ronda los 150 negocios.

A éstos se les cobraría por factibilidad 20 salarios mínimos; por apertura entre 100 y mil 200 salarios mínimos, dependiendo la ubicación, el cupo y los horarios; además de un cobro por revalidación anual del 5 por ciento del costo de apertura.

Estiman cobrar también a todo aquel que organice eventos masivos, conciertos con artistas foráneos (50 salarios mínimos), charreadas, rodeos, jaripeos (20 salarios mínimos), festejos y ferias populares (38 salarios mínimos) y peleas de gallos (50 salarios mínimos). Son las primeras estimaciones.

Ni el sector comerciante ni el restaurantero han sido enterados de estas medidas, entre las que se incluyen cobros adicionales a quienes tramiten permisos temporales de venta de bebidas con graduación alcohólica.

Para Elvira Romero Gutiérrez, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ensenada, la nula información del gobierno local hacia el sector los deja “con tarea” para investigar de qué manera se harán estos cobros adicionales a quienes, como Canirac, organizan eventos masivos en el puerto.

Al menos 7 eventos masivos con un promedio de 5 mil asistentes los organiza la Canirac en Ensenada, principalmente para la promoción de los mismos restauranteros y con pocos ingresos, refirió Romero Gutiérrez. Por lo que sí se preocupa es que se cobre por algo en lo que habitualmente el ayuntamiento apoya: la activación del sector.

Misma postura de Carlos Travesí Bosch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), quien explicó que de no hacerse de manera correcta, las medidas del gobierno municipal podrían desincentivar la realización de eventos, en una ciudad donde algunos promotores salen “tablas” con los ingresos de conciertos y otras actividades.

La reclasificación del valor de los terrenos en 7 colonias en Ensenada, entre las que se encuentran la colonia Independencia, Bustamante y Abelardo Rodríguez, es vista como una alternativa para incrementar los ingresos por recaudación municipal con el cobro del predial. Sin embargo el gobierno local tiene pendiente la modernización catastral. Mientras que los terrenos de colonias ya registradas suben de valor los nuevos fraccionamientos no registrados ni siquiera están pagando dicho impuesto.

En conclusión y con ingresos adicionales aún en cierne, la venta de predios del municipio es la principal apuesta del XX Ayuntamiento y el puerto mientras la deuda de ISSSTECALI comienza a subir de nuevo, cuando dicho adeudo debería ser pagado normalmente, al descontarse directamente del ingreso de cada trabajador municipal.