martes, 5 de febrero de 2019

EJECUCIONES CON MÁS SAÑA EN BCS


“Homicidios como el registrado en Ciudad Constitución (21 de enero) y el de San José del Cabo (23 de enero), en el que ambos fueron torturados, y muchos otros, también la pareja y uno anterior en La Paz (6 y 7 de enero), muestra que los sicarios están obteniendo información de sus víctimas para seguir” explica una fuente policial a ZETA luego de los primeros homicidios de 2019 en los que se ve un incremento de la violencia en los asesinatos a manos de los cárteles que se disputan el territorio de BCS

“Esperamos ya, que la violencia suba de tono, es algo que ya se siente y se ve venir, los hechos concretos recientes presentan ejecuciones de narcomenudistas que buscaban independizarse, pero que a los encargados de la plaza desde luego no favorece, otros dichos es que el Cártel de Sinaloa pretende volver a la zona, ambas versiones no se escapan de lo que ocurre, hay eventos que muestran cómo el narco está implementando técnicas violentas para interrogar y para ejecutar”, explica un miembro de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur.

Poco antes de las 22:00 horas del jueves 30 de enero, hombres armados con AK-47 o “cuernos de chivo” abrieron fuego en contra de un automóvil Chevrolet Aveo, automóvil de renta en el que viajaban dos personas del sexo masculino, los cuales quedaron con múltiples heridas de bala que le produjeron la muerte.

En la unidad de color rojo, quedaron los cuerpos de los dos tripulantes en la parte delantera, todos los cristales fueron destrozados por los impactos de bala, incluso el motor del automóvil aún estaba en marcha y las luces encendidas.

Los hechos ocurrieron en el poblado conocido como Rincón La Playa en San José del Cabo municipio de Los Cabos, en la dirección de Cangrejos y Tortugas Carey, al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno, además se montó un intenso operativo en diversos puntos de la ciudad para dar con los responsables.

“El comando armado irrumpe en el sitio, ya les estaban poniendo cola, cuando se aproximan inmediatamente accionan sus rifles, esto es el reflejo de la contención de la violencia, el tema estaba parado, pero era obvio que en algún momento tenía que estallar, mientras tanto vemos la queja ciudadana de siempre, personas desaparecidas y siguen en aumento, más que contener aquí lo que se vio es que cambiaron la estrategia”, refiere la fuente policial.

Desde el 6 de enero se veía venir una serie de ajustes de cuentas, sobre todo por ese día en la tarde se localizó a un joven con el tiro de gracia, el cual fue arrojado en una brecha entre las colonia primero de mayo y Camino Real en el municipio de La Paz.

Homicidio en la colonia La Pitahaya en el municipio de La Paz muestra el aumento de hechos delictivos en el primer mes de 2019, a comparación de los últimos tres meses de 2018 y el primero de 2019, se tiene que se duplicó el número de homicidios dolosos.

“Este joven está relacionado también con los dos muertos al día siguiente en la colonia Perlas del Golfo, donde fueron privados de la vida un presunto sicario y su pareja sentimental, sicario que presentaba operaciones con el Cártel de Sinaloa, entonces es muy claro, puede ser la respuesta de La Plaza a Sinaloa en Los Cabos, por una intromisión, que eso se sabrá según avance la investigación”, reveló el elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Pero la saña ha sido muy clara por parte de los grupos criminales que se mueven en toda la entidad, aproximadamente a las 12:42 horas del 21 de enero, cerca de la colonia Brisas del Valle, en Ciudad Constitución municipio de Comondú, fue localizado flotando en las lagunas de oxidación el cuerpo sin vida de una persona de apariencia joven.

Según datos extraoficiales, el joven se encontraba amordazado y atado de pies y manos, además contaba con signos de tortura; según referencia de la ubicación, el cuerpo se encontró en la zona sur de Ciudad Constitución en una zona conocida como Los Cajones.

“Homicidios como el registrado en Ciudad Constitución (21 de enero) y el de San José del Cabo (23 de enero), en el que ambos fueron torturados, y muchos otros, también la pareja y uno anterior en La Paz (6 y 7 de enero), muestra que los sicarios están obteniendo información de sus víctimas para seguir con las ejecuciones, lo que se sabe es que seguramente están estudiando a sus víctimas para ejecutar”, refiere la fuente policial.

Sin embargo, en los últimos informes recibidos por ZETA, refieren de una fosa séptica, al parecer con restos óseos, los cuales y a simple vista refieren pertenecer a restos humanos, dicha fosa fue localizada en el municipio de La Paz en una zona apartada al sur de la capital.

La ubicación brindada a este Semanario localiza un rancho de difícil acceso, localizado a 10.4 kilómetros al sur del Santuario de los Cactus, a 20 kilómetros de El Triunfo y 27 de San Antonio, a 58 kilómetros de la capital a más de una hora de camino.

Según los detalles brindados, tomando la desviación hacia el Santuario de los Cactus, por terracería son 16.2 kilómetros para llegar al sitio, en el rancho se aprecia solamente una vivienda y una construcción apartada a unos 15 metros, allí se localiza la fosa séptica al parecer.

Lo que se puede apreciar visualmente son huesos al parecer costillas, cadera y fémur, así también se encuentran restos de ropa y botes de ácido.

Todo esto fue confirmado por fuentes de seguridad, sin embargo, el equipo del Servicio Médico Forense acudió al sitio para confirmar primeramente si se trata de restos humanos y en segundo término si se trata de una o más personas, la información no ha sido confirmada oficialmente.

LAS CIFRAS DE ENERO

En el mes de enero, oficialmente se conoce la muerte de por lo menos 10 personas entre hombres y mujeres, la mayoría fue torturada por sus captores, entre ellos se encuentra un periodista, en el caso de José Rafael Murúa Manríquez, Director de Radio Kashana.

Dos muertos que fueron fusilados con cuernos de chivo, los sicarios descargaron los cargadores contra sus víctimas, demostrando la fuerza y la saña para eliminar contrarios.

Según los datos recabados a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el mes de enero se cometieron 10 homicidio dolosos, los 10 fueron ejecuciones al estilo del crimen organizado, gran parte de ellos, las víctimas presentaban signos de tortura.

La comparación que hiciera ZETA entre el 2018 y 2019, se tiene que en enero del año pasado se cometieron 35 homicidios dolosos, en el 2019 10, una disminución del 71.42% de un año a otro.

Sin embargo, cabe aclarar que enero fue el mes más violento en Baja California Sur, a partir de febrero y marzo se pudo contener la violencia y se tuvo una disminución de por lo menos el 75%. Si tomamos en cuenta los últimos tres meses del 2018 y lo comparamos con enero del 2019, se tiene que en octubre se registraron 5 homicidios dolosos, noviembre y diciembre con 4 cada uno, lo que implica que se duplicaron los hechos violentos a comparación de los últimos tres meses.

“Ahora se trabaja en la estrategia, digamos que se había relajado un poco la vigilancia y ahora se tiene que ha aumentado la presencia criminal, sobre todo en La Paz y Los Cabos”, apuntó el agente de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con los datos obtenidos, los homicidios se dividieron de la siguiente manera:

invDueda claro que se debe poner énfasis en la operatividad en el municipio de La Paz y Los Cabos, sobre todo que hay células operando y torturando, además de que utilizan armas de grueso calibre, los últimos sucesos se registran justo después de que se revelaran los resultados del Semáforo Delictivo, en el que Baja California Sur se coloca en verde en cuanto a la incidencia por homicidio doloso.

Además de que la entidad se ha colocado como ejemplo en estrategia de seguridad, al reducir considerablemente la incidencia por delitos que afectan la integridad de los habitantes.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ MARTES, 5 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

AVANCES EN CASO MURÚA


A una semana del homicidio del director de Radio Kashana en Santa Rosalía, la PGJE capturó a Héctor Mora García “El Moreno” el sábado 26 de enero, a quien se identifica como líder de plaza de narcomenudeo en dicha localidad de Mulegé

“Este sujeto, en compañía de otros dos que ya están plenamente identificados, privaron de la libertad y cometieron el homicidio en agravio de Rafael Murúa Manríquez en Santa Rosalía; los indicios y los testimonios dan pie a referir a los imputados, los tres pertenecen a una célula delictiva dedicada principalmente a la distribución de droga al narcomenudeo, presuntamente encabezan la venta en el lugar”, confió a ZETA un miembro de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur.

A una semana del homicidio del director de Radio Kashana en Santa Rosalía, localidad de Mulegé, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló la captura de Héctor Mora García “El Moreno” en un operativo conjunto entre efectivos de la Secretaría de Marina y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJE, la tarde del sábado 26 de enero.

Según un mapa elaborado por fuerzas de inteligencia militar, “El Moreno” es líder de plaza de narcomenudeo en Santa Rosalía, “el móvil que refieren testigos y el ya confeso principal, es un incidente de tránsito que tuvo el periodista con otro conductor integrante del grupo delictivo en noviembre de 2018, refieren los hechos que se trató de ‘El Moreno’, quien inclusive golpeó en la cara al periodista porque le había chocado su vehículo, que lo acababa de adquirir”.

Murúa fue privado de su libertad para después torturarlo y ejecutarlo en una brecha ubicada en el Kilómetro 40 del tramo Santa Rosalía-San Ignacio. Se presume fue levantado en la zona centro de Santa Rosalía y llevado a la fuerza para enseguida agredirlo y asesinarlo.

“El lugar donde lo privan de la libertad es cuando él y una mujer que trabaja con él, en su radio, una zona cercana a una narcotiendita, donde les avisaron que allí estaba el periodista con el que habían tenido el incidente y se lo llevaron de ese lugar a otro, donde le dieron dos disparos y luego lo dejaron en el lugar donde se encontró el cuerpo”, apuntó un miembro de la Mesa de Seguridad en el Estado.

Según la organización Artículo 2019, el comunicador recibió amenazas de muerte desde junio de 2017 y, a finales de 2018, denunció hostigamiento por parte de personal del municipio mulegino Felipe Prado Bautista.

De acuerdo a estudios forenses, el homicidio derivó de la adicción del periodista a cierto estupefaciente, sin embargo, tal versión fue descartada por la PGJE.

“No se ha logrado determinar quién accionó el arma o si cada uno hizo una herida, sólo se sabe de momento que son tres los participantes, no podemos comentar mucho al respecto”, refirió la fuente de la Mesa de Seguridad.

Hasta el cierre de edición, las declaraciones de “El Moreno” sugieren un problema personal, ya que el periodista tuvo la mala suerte de involucrarse en un hecho de tránsito con el narcotraficante.

“Como medios de comunicación y como ciudadanos que somos, no podemos estar expensas a lo que pasa en Tijuana, Sinaloa o Chihuahua, que si le pitas a un ‘narco’, lo chocas o si le gusta tu mujer se la lleva; no podemos vivir en zozobra en la entidad, debemos tener legalidad y eso debe garantizarlo la autoridad, nadie puede estar por encima del Derecho, mucho menos ser esclavos de la delincuencia con tan pocas salidas que hay. Aquí si alguien se roba una chiva todos nos enteramos, no es posible que tengamos que lidiar con ‘narcos’ y servidores públicos que les sirven a intereses económicos antes que para lo que fueron contratados”, lanzó uno de los periodistas de la Red de Reporteros BCS.

LA DETENCIÓN DE “EL MORENO”

Por lo menos tres operativos se desarrollaron en la comunidad de Santa Rosalía, dos tranquilamente por “El Moreno”. Investigaciones apuntaban hacia su dirección, sin embargo, fuentes de información revelaron que se refugiaba en una zona de bares donde mantenía operaciones.

Días antes de su captura, la población de Santa Rosalía denunció fuertes movilizaciones y disparos de arma de fuego, sin embargo, “se trataba de oficiales que disparaban, fuimos víctimas del miedo y de los operativos, mi pueblo de noche era como una cueva, oscuridad y se escuchaba el eco de los disparos”, manifestó un habitante de la Zona Centro.

La investigación se centró en uno de los testigos, quien informó que en el lugar donde Murúa fue levantado, había una narcotiendita y quizá de allí derivó el crimen.

El detenido, de 34 años de edad y originario de Veracruz, tiene un largo historial criminal en Santa Rosalía, “a siete días de este lamentable hecho, agentes estatales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, en funciones de Policía Naval, se le cumplimentó orden de aprehensión al de nombre Héctor ‘N’ alias ‘El Moreno’ por su relación directa en el homicidio calificado, y señalado como jefe de plaza en el narcomenudeo en Santa Rosalía”, celebró Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE en Baja California Sur.

Además, contaban con órdenes de aprehensión para los copartícipes en el homicidio del comunicador, pues podrían tener vínculos en otros hechos delictivos, entre homicidios, privaciones ilegales de la libertad, amenazas y narcotráfico.

“De acuerdo a las investigaciones, el 19 de enero del año en curso, Héctor ‘N’, en compañía de otras personas que también están plenamente identificadas, privaron de la libertad a José Rafael Murúa Manríquez, quien horas más tarde fue localizado sin vida”, reiteró el procurador.

Las investigaciones aún no culminan y los adelantos brindados a ZETA apuntan a un móvil principal, con pruebas e indicios, incluso la declaración del detenido, aunque podría esclarecerse en su totalidad  una vez desarticulada la célula delictiva.

“Hay diversas líneas de investigación, particularmente si uno de los móviles es la actividad periodística,  profesional (del occiso); el otro móvil es de carácter personal, un incidente de tránsito con un miembro de la delincuencia en esta ciudad. Los operativos van a continuar para llegar al esclarecimiento pleno del hecho delictivo”, cerró Daniel de la Rosa.

DESAPARECIDOS EN MULEGÉ

Las investigaciones del homicidio del comunicador Rafael Murúa, han conducido a que no sólo las autoridades muleginas se movilicen, al haber múltiples denuncias por corrupción y vínculos con la delincuencia organizada; también el Estado indaga en el caso del segundo periodista asesinado en BCS.

“Los estamos investigando en este momento, están relacionados con desapariciones, particularmente este sujeto (El Moreno), porque hay muchas denuncias sobre personas que no han sido localizadas, testimonios que indican que esta persona pudo ser vista por familiares de algunas víctimas, lo que lleva a que las desapariciones pueden tener relación al narcomenudeo. Familiares confirman que lamentablemente eran adictos, en algunos casos robaban para drogarse, pero también hay personas que no tenían indicios”, aseveró la fuente de la Mesa de Seguridad del Estado.

“El Moreno” no sólo controlaba la venta de narcóticos al menudeo, según fuerzas de seguridad, la célula en que operaba se dedicaba a desaparecer a la competencia, distribuidores de droga que buscaron independizarse.

“Ha habido muchos desaparecidos, para los reporteros es incómodo dar seguimiento a una desaparición, todos sabemos quiénes son, es un pueblo muy pequeño y si los denunciamos, se vienen las amenazas como ha sido los últimos meses. En un tema de narcotráfico no podemos hacer mucho, hay autocensura para evitar problemas, tenemos amenazas si publicamos ciertos temas y a veces uno por llegar tranquilo a casa prefiere omitirlos”, es la realidad que compañeros reporteros de Mulegé, comparten en la cloaca descubierta tras el homicidio de Rafael Murúa.

En múltiples ocasiones,  Colectivo BCS Sin Ellos No, ha señalado el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos, ropa e identificaciones, “incluso hay miembros de Seguridad Pública que estaban operando levantones y sólo los entregaban a la delincuencia, todo hemos denunciado como Colectivo a la Procuraduría, no es justo que familias estemos desesperadas por nuestros familiares que no dejaron huella y seguramente están enterrados o en algún lugar; lo único que pedimos es encontrarlos y aliviar el sufrimiento de nuestras familias sudcalifornianas”, es el clamor de la asociación civil.

“Seguimos indagando, es probable que tengamos algo de información, pero una vez que se capture a los otros dos que acompañaban a ‘El Moreno’, podremos dar mayor información, seguramente hay más gente involucrada en la célula, de entrada podemos esperar que se tenga el esclarecimiento del homicidio del periodista y de ahí otras desapariciones. Todo indica que van por buen camino las indagatorias”, dijo al respecto el integrante de la Mesa de Seguridad consultado por este Semanario.

REPORTERO AGREDIDO EN COMONDÚ

“Ya lo traían en salsa, desde el principio no le gustó el trato que recibió de algunos medios, porque gran parte de ellos trabajan con él (alcalde de Comondú) para hablar bonito de su administración, no así Martín (Valtierra), lo que le ha costado un gran disgusto”, expresó un cercano al reportero agredido a batazos el martes 29 de enero por hombres encapuchados.

El comunicador encabeza el proyecto periodístico Contrastes de Comondú, erigiéndose como una voz crítica al gobierno municipal de Walter Valenzuela, al hacer denuncias ciudadanas sobre las necesidades en servicios públicos, falta de pagos en el propio municipio y gastos exagerados.

Ocho segundos de golpes le generaron graves fracturas que pudieron quitarle la vida.

“Estamos con vida, un atentado cobarde no tiene calificativo, nos hemos dedicado a trabajar en manejo información, atendiendo denuncias. Simplemente agradecerles y ya estamos dejando en manos de las autoridades competentes la investigación, ya hay avances y le estamos dejando en manos de las autoridades, confiamos”, comentó Martín Valtierra, cuyo ataque ocurrió cuando se dirigía a su domicilio tras cubrir una manifestación en contra de Servicios Públicos Municipales en la colonia Chato Covarrubias de Ciudad Constitución.

IMPLICADOS EN LA MIRA

Avanzan investigaciones de agresiones a periodistas en el caso de Rafael Murúa Manríquez, director de la radio comunitaria Radio Kashana, quien fuera privado de la vida el 20 de enero en la cabecera municipal de Mulegé por miembros de la delincuencia organizada.

Alrededor de las 2:45 am del jueves 31 de enero se ejecutó orden de aprehensión en contra de Pedro Eduardo López Mendoza “El Güerito”, de 21 años y originario de La Paz, quien fuera vinculado como copartícipe en el homicidio calificado con ventaja.

En audiencia privada que se celebró el 29 de enero, donde presumiblemente Héctor “N” alias “El Moreno”, presunto líder de plaza de venta de droga al menudeo en Santa Rosalía, declaró su participación en el homicidio del comunicador con ayuda de dos personas más, bajo la causa penal J04/2019 se libraron dos órdenes de aprehensión para dos imputados más.

Según informes extraoficiales, el detenido se encontraba refugiado en la zona agrícola de la comunidad de El Vizcaíno en Mulegé y cuenta con historial delincuencial en el valle de El Vizcaíno; también participaba con el líder de Santa Rosalía y uno más, del cual está por revelarse su identidad.

El aseguramiento se llevó a cabo en coordinación con agentes de la Secretaría de Marina y elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) en Santa Rosalía.

De acuerdo a la información recabada, el expediente SRL/016/2019 que guarda la investigación de los hechos en que dieron muerte al periodista sudcaliforniano, se aprehendió a “El Güerito”  por homicidio calificado con ventaja; falta dar con el otro implicado, cuya orden de detención está pendiente.

A la redacción de ZETA se filtró que el plenamente identificado limita su movimiento en el territorio de la Península de Baja California, incluso se ha montado un operativo para su localización. Aunque no se ha compartido la imagen, su rostro ya circula entre las instituciones para dar ejecución a la orden de aprehensión, librada por el Juez de Control del Juzgado Penal del Sistema Acusatorio del Partido Judicial de Mulegé, con residencia en Santa Rosalía.

Pedro Eduardo López Mendoza fue internado en el Centro de Reinserción Social de Mulegé.

En el caso de la agresión al periodista comundeño Martín Valtierra, la investigación ha tomado forma, la detección del vehículo en que viajaban los agresores a través de las cámaras de vigilancia, dio luz verde para la búsqueda y localización, así como un imputado por la evidencia que apunta a su nombre.

Supuestamente estaría involucrado un empleado municipal de Comondú, el cual fue identificado como Fidel “N” y que presuntamente es propietario del carro en que se transportaban los agresores.

“Se conversó con él por la evidencia circunstancial, le pertenece la unidad o al menos está a su nombre, el presunto indica que la unidad la vendió y ya no es de su propiedad, se investiga sobre a quién pudo vender la unidad o si hay contradicciones en su declaración para conocer a detalle el suceso. De entrada está dentro de los sospechosos de agredir al periodista”, informó a este Semanario una fuente de la Mesa de Seguridad en BCS.

El caso podría tornar un giro importante en las próximas horas, pues hay evidencia suficiente para dar con los agresores del periodista de Contrastes de Comondú.

La PGJE investiga a los denunciantes, pues pudo ser una treta para Valtierra.

Los victimarios quizá le seguían la pista desde el lugar de la denuncia hasta su casa, o simplemente estaban afuera del domicilio, esperaron el momento y lo agredieron.

“Tiene una fractura en el cráneo, lado izquierdo, de diez puntadas; los golpes con bate en el brazo, antebrazo derecho está fracturado, pero eso no nos quita el ánimo a seguir adelante. Esta fractura en el antebrazo derecho, producto de protegerme de los golpes de bate, pero aquí seguimos, gracias, es lo único que puedo decirles gracias y seguimos para adelante”, relató el periodista a sus seguidores.

“Los agresores llegaron a lo que iban, sin mediar una sola palabra se abocaron a agredir a batazos, por más que el afectado intentaba razonar, ellos ni siquiera mencionaron una sola palabra, uno tras otro y se fueron en silencio”, expuso uno de los investigadores del caso.

“El Incómodo” es el mote a  Valtierra en la administración municipal de Walter Valenzuela, sin embargo, “para suerte de Martín, ha documentado cada una de las denuncias por nepotismo, el pago irregular de nóminas, la falta de agua y servicios públicos en las colonias, en la Chato Covarrubias nadie quiere al alcalde, le denuncian falta de servicios y terminan amenazados, eso no está bien”, manifestó un allegado al periodista con 28 años de trayectoria.

“Obvio, es una agresión directa del Municipio, hay indicios que revelan que fue enviado del Palacio de Cantera, el auto es el principal motor para que se sepa que la agresión fue enviada desde una silla, debió ser alguien intolerante y capaz de ordenar algo tan horrible, alguien sin escrúpulos y las autoridades saben de dónde”, afirmó un amigo de Martín Valtierra.

El Ayuntamiento de Comondú envió un escueto comunicado de prensa reprobando el cobarde atentado: “Lamentamos y condenamos la manera artera en que ocurrió esta agresión, rechazamos todo tipo de violencia y solicitamos a las autoridades correspondientes que se investigue hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de este ataque a un comunicador de este municipio”.

Si bien Felipe Prado, Rubén Muñoz y Armida Castro, presidentes municipales de Mulegé, La Paz y Los Cabos, respectivamente; además del gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, reprobaron el hecho, el alcalde comundeño no hizo lo pertinente.

LA EVIDENCIA EN VIDEO

La agresión contra Martín Valtierra quedó grabada en video, de otra manera, los simpatizantes de ciertos políticos que pudieran estar vinculados a la agresión, descalificarían el atentado como algo falso y creado para desprestigiar su figura política.

El video de una cámara de vigilancia es la principal evidencia de la paliza propinada en contra del director de Contrastes de Comondú, quien momentos antes desciende de su vehículo y abre la cochera; pasaron sólo instantes para que un segundo auto hiciera contacto visual, del cual bajan dos personas encapuchadas y armadas, al parecer con bate de beisbol. Ocho segundos bastaron para producirle lesiones en cráneo, fractura en brazo derecho, hematomas en piernas y cuerpo, que ameritaron hospitalización en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las lesiones tardarán  más de quince días en sanar y que ponen en riesgo la vida.

En el video entregado a ZETA, se ve cómo el comunicador es agredido, pierde la estabilidad y cae al suelo, recibiendo por lo menos diez batazos. La cámara grabó a una mujer que acompañaba a Martín, al parecer su esposa, la principal testigo, quien desciende rápidamente del automóvil, huye y pide ayuda.

Los agresores abandonan la escena a bordo de un vehículo. Se aprecia al periodista caminando convaleciente hacia su unidad, toma su teléfono celular y solicita ayuda. Gracias a la grabación se pudieron establecer las características del auto de los agresores, un Hyundai Accent 2004 color oscuro, dos puertas y “primer”. Vidrios polarizados, franja de color oscuro a los costados, rines de color negro y calcomanía de San Judas Tadeo en la parte media superior del vidrio.

Presuntamente pertenece a un trabajador del Ayuntamiento de Comondú, siendo la línea que vincula al Municipio, lo cual está por confirmarse.

Todo parece indicar que a alguien no le gustó una publicación en redes sociales, ya que en un perfil de noticias de policiaca se publicó una nota denominada “Walter Valenzuela da trabajo a narcos”, y posiblemente el descontento por la constante crítica de Martín Valtierra, hizo pensar que éste fue el autor de dicho artículo.

“Se nos ha criticado gravemente por los medios de comunicación, siento que es una gran irresponsabilidad dar una información que no les consta. Los medios dan información falsa deben tener una responsabilidad civil y pagar por ese descrédito que se nos genera a nosotros, y estamos nosotros en esa situación con los abogados, para ver la posibilidad de que si se entrega una información falsa, tengan una responsabilidad civil”, expuso en su momento Walter Valenzuela, alcalde de Comondú.

Cuestionado respecto a si denunciará legalmente, dijo: “Sí, por medio del Congreso del Estado, se tiene que legislar en favor de los gobiernos”.

Por su parte, Valtierra extendió una invitación a los compañeros de los medios de comunicación:

“Aquí le vamos a ir en la lucha, gracias, pedirles que se cuiden, estos atentados  han sido producto de la violencia que se vive en esta región, ya dejamos en las manos de las autoridades (la investigación)”.

(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ MARTES, 5 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

LOS TESTIGOS QUE HUNDIERON AL “CHAPO”


Durante diez semanas, la fiscalía de Estados Unidos presentó 56 testigos bajo juramento en la Corte del Distrito Este de Nueva York, para documentar con evidencias los diez cargos relacionados con el narcotráfico que pesan contra el sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien podría ser condenado a cadena perpetua en los siguientes días, cuando finalice el llamado “Juicio del Siglo”

Al presentar sus argumentos finales el fiscalía estadounidense pidió al Jurado que “no dejen escapar” a Joaquín Guzmán Loera. Que lo declaren culpable.

Además, les dejó en claro que lo importante del caso no es demostrar si “El Chapo” era el máximo líder del Cártel de Sinaloa, sino catalogarlo como un “organizador, supervisor u otra posición de esa organización” para poder condenarlo por narcotráfico.

“El acusado era un jefe de cinco o más personas, no hay que probar que era el máximo responsable” para condenarlo por narcotráfico, subrayó ante el Jurado la fiscal Andrea Goldbarg, estadounidense de origen argentino, antes de insistir en que Guzmán “era uno de los máximos líderes (del Cártel de Sinaloa) más allá de la duda razonable”.

Sin embargo, la defensa del acusado ha defendido a lo largo del juicio que el verdadero líder del Cártel de Sinaloa era y es, Ismael “El Mayo” Zambada García, quien permanece prófugo de la justicia.

Los abogados de “El Chapo” afirman que su cliente fue víctima de una traición del “Mayo”, su ex socio, en colusión con funcionarios mexicanos corruptos y de una conspiración entre los gobiernos de Estados Unidos y México para encubrir corrupción.

La fiscalía estadounidense asegura que eso es falso y “totalmente irrelevante para la culpabilidad del acusado”, además, asegura que “El Chapo” era el jefe de un imperio criminal que traficó toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos a lo largo de 25 años, con ganancias de 4 mil millones de dólares, producto de sus negocios ilícitos.

Además de testigos -ex socios, ex amantes, ex empleados, ex enemigos y ex funcionarios públicos-, el gobierno de Estados Unidos  presentó durante tres meses de juicio, videos, grabaciones de audio, mensajes de texto y de mensajería instantánea, testimonios de expertos e investigadores de la Administración para el Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones (DEA y FBI por sus siglas en inglés, respectivamente) como pruebas para incriminar al capo sinaloense.

Contrario a la fiscalía estadounidense, el equipo de abogados del sinaloense -integrado por Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Púrpura- sólo llamó a un testigo bajo juramento, quien incluso, no ayudó a la causa del capo.

Al presentar sus argumentos finales, Lichtman atacó la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno estadounidense, sobre los cuales afirmó, “han mentido toda su vida”, al asegurar a los miembros del Jurado que fue lo que hicieron nuevamente cuando se sentaron frente a ellos durante los tres meses que lleva el juicio.

El litigante dijo al Jurado que el gobierno de Estados Unidos y la fiscalía esperan que ellos olviden la “deshonestidad” de los testigos cooperantes -de los cuales 14 eran cooperantes del gobierno y 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de su sentencia por narcotráfico, la que aguardan en prisiones norteamericanas-, al momento de decidir sobre los diez cargos que pesan contra Guzmán Loera en la justicia norteamericana.

Lichtman expuso que la fiscal Goldbarg habló durante seis horas en la presentación de los argumentos del Gobierno estadounidense, “pero no oyeron una palabra acerca de la credibilidad” de los testigos. “Presumen que (los declarantes) dijeron la verdad”.

El litigante reiteró que Ismael Zambada García, identificado por testigos como ex socio de Guzmán Loera en el Cártel de Sinaloa, estuvo detrás del arresto y procesamiento de su cliente, pero nunca ha sido arrestado, “y a ustedes les toca averiguar por qué”, apuntó.

Lichtman también hizo la presentación inicial de argumentos del juicio en noviembre de 2018 y generó gran polémica cuando afirmó que el entonces Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, habían sido sobornados por el Cártel de Sinaloa, tema que le fue prohibido tocar en sus argumentos finales, pero que sin embargo abordó, diciendo que no fue “El Chapo”, sino “El Mayo”, quien supuestamente sobornó a los ex mandatarios.

LOS TESTIGOS MÁS RELEVANTES

JESÚS ZAMBADA GARCÍA “EL REY”.- Declaró que entregó dos maletas con entre 6  y8 millones de dólares en 2005 y 2006, a Genaro García Luna –ex secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, como parte de una serie de sobornos que le dio el Cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de Guzmán Loera.

“El Rey”, de 56 años de edad y hermano del “Mayo”, fue un testigo clave del gobierno de Estados Unidos. Fungió como sublíder del Cártel de Sinaloa desde 1987 hasta su arresto, en 2008.

Asimismo, señaló que Gabriel Regino García, quien fungió como titular de la Subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementarios, además de estar a cargo de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recibió supuestos sobornos por millones de dólares.

“El Chapo” -a quien señaló como uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa- mató en un cine de Culiacán, en 2004, a Rodolfo Carrillo Fuentes, ya que el hermano del “Señor de los Cielos” y del “Viceroy”, “no le dio la mano”.

También reveló un plan del Cártel de Sinaloa para asesinar en 2005 a José Luis Santiago Vasconcelos  ex subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y posterior subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), quien “lo único que hacía era que no cooperaba con nadie” del narcotráfico.

Según “El Rey”, Guzmán Loera ordenó sobornar a altos mandos de la Policía y militares mexicanos, así como a la Interpol, pagando en Ciudad de México hasta 300 mil dólares mensuales.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ “EL TOLOLOCHE” Y/O “EL GORDO”. Fue el supuesto piloto del “Chapo” durante 12 años -entre 1986 y 1998-, a cargo de contactar a los cárteles colombianos que le suministraban la droga, recibir los cargamentos y enviarlos a EU.

Afirmó que el Cártel de Sinaloa trasladaba narcóticos usando diez  aviones. Además, describió algunos de los lujos del “Chapo”, quien supuestamente tenía casa “en cada playa”, por lo menos  cuatro jets en los que transportaba millones de dólares, un yate llamado “El Chapito” y un zoológico en un rancho de Guadalajara.

Martínez contó que hizo varios viajes con “El Chapo” a Estados Unidos -en uno compraron dos aviones por 3 millones de dólares- y luego fueron a Las Vegas, Nevada, porque “el señor Guzmán quería apostar”. Aparte, se trasladaron a Colombia para negociar envíos de droga por avión y por barco.

Por otra parte, relató cómo barcos atuneros y mercantes colombianos, cargados a reventar de cocaína -“hasta 13 o 14 toneladas”- se encontraban en aguas internacionales con barcos atuneros y tiburoneros mexicanos a los que transferían la droga, de la cual terminaba en Estados Unidos en un “cien por ciento”.

Abundó que entre 1990 y 1993, importaron por barco entre 25 y 30 toneladas de cocaína colombiana por año. De las ganancias, el 55 por ciento de los ingresos generados por la venta de la droga era para los colombianos, y el 45% para “El Chapo”, quien envió “dos o tres veces cerca de 10 millones de dólares cada vez” a Guillermo González Calderoni, ex comandante de la Policía Judicial de la PGR durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y asesinado en Texas en 2003.

JUAN CARLOS RAMÍREZ ABADÍA “CHUPETA”.- El capo colombiano, uno de los ex líderes del Cártel del Norte del Valle y quien suministró droga al Cártel de Sinaloa entre 1990 y 1996, aseguró que durante la década de los noventa del siglo pasado, llegaban tantos aviones con cocaína, que parecía que Colombia “invadía” a México.

Evocó que una vez visitó en prisión -acompañado por un comandante de la Policía- al sinaloense Juan José Esparragoza Moreno “El Azul, a quien se refirió como “un padrino” para los narcotraficantes.

Según Ramírez Abadía, en la reunión participó “El Chapo”, y lo que ambos buscaban era la autorización de Esparragoza Moreno para cambiar la ruta de envío de la droga desde aviones a barcos camaroneros, a través del Pacífico.

“El Chupeta”, de 55 años de edad y cuyo apodo se debe a su obsesión hacia las paletas dulces, conocidas en Colombia, aseguró que desde 1990, Guzmán era uno de sus socios principales en el negocio de transportar cocaína a Estados Unidos.

En total, fueron cerca de 400 mil kilos de cocaína los que Ramírez Abadía trasladó desde Colombia hasta EU por cárteles mexicanos, hasta 2007, cuando fue capturado por agentes de la DEA.

A pesar que Guzmán Loera se quedaba con un porcentaje más alto de su cocaína que otros traficantes (40%), tardaba mucho menos que otros en transportarla. “Me dijo: ‘Yo soy el más rápido’, así fue la primera reunión de ambos en la recepción de un hotel de Ciudad de México en 1990.

Germán “Barbas” Rosero.- Abogado colombiano, quien afirmó que “bajar” dólares en efectivo, producto de la venta de drogas desde México a Colombia, es otro de los “negocios multimillonarios” de las organizaciones del narcotráfico.

Ex enlace del colombiano Cártel del Norte del Valle con el Cártel de Sinaloa, explicó que contrabandear dólares en efectivo desde México hacia Colombia se conoce como “bajar” y que tales contrabandistas son llamados “bajadores”, quienes en la década de 2000, estos contrabandeaban entre 500 mil y un millón de dólares por viaje. Las cantidades aumentaron hasta 5 millones de dólares.

Este contrabando es “un negocio multimillonario” realizado en general por personas de origen colombiano con residencia en ese país que de momento se encontraban en México, a fin de “hacerlos responsables” en caso de perder el dinero.

TIRSO MARTÍNEZ SÁNCHEZ “EL FUTBOLISTA”, “EL MECÁNICO” Y/O “EL INGENIERO”.- Originario de Guadalajara, Jalisco, fungía como distribuidor de drogas de los cárteles de Sinaloa y de Juárez en la Unión Americana. Con el dinero que obtuvo del narcotráfico, compró varios equipos profesionales de futbol y detalló uno de los tantos métodos usados por “El Chapo” para transportar narcóticos: trenes de carga que llegaban hasta Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Bajo el mando de Guzmán, coordinó envíos de más 50 toneladas de la droga valoradas en 800 millones de dólares. Para blanquear las ganancias ilegales, sus operadores compraron relojes de lujo y diamantes en Nueva York y los enviaban hasta Sinaloa.

Según “El Futbolista”, las operaciones de los cárteles del narcotráfico se consolidaron tras la muerte del “Señor de los Cielos” y reconoció que laboraba tanto para el Cártel de Sinaloa como para el de Juárez, entre las décadas de 1990 y 2000.

HERMANOS CIFUENTES VILLA.- El 15 de enero de 2019, el abogado Jeffrey Lichtman preguntó al testigo colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa si el sinaloense pagó un soborno de 100 millones de dólares al entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

La respuesta de quien fuera un notorio mafioso colombiano, además de colaborador criminal de Guzmán, fue “sí”.

Cifuentes, detenido en México en 2013 y extraditado a EU en 2016, agregaría detalles como que, siendo Presidente electo a finales de 2012, Peña Nieto buscó un acercamiento con el narcotraficante sinaloense para pedir 250 millones de dólares a cambio de cancelar la búsqueda del entonces líder del Cártel de Sinaloa. La contraoferta de Guzmán Loera fue la entrega de 100 millones de dólares.

Cifuentes Villa aseguró que vivió y trabajó con Guzmán Loera en las montañas de Sinaloa entre 2007 y 2009, y agregó que éste entregó 100 millones de dólares a Peña Nieto durante los últimos meses de 2012, a través de un contacto identificado como “La Comadre María”.

Jorge Milton dijo que “El Chapo” sobornó a Ignacio Morales Lechuga, entonces titular de la PGR en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y  que a través de Juan de Dios Rodríguez Valladares “El Flaco”, uno de sus hombres en Ciudad de México, manejó una nómina de 70 policías federales que protegían sus negocios.

El abogado hizo que el testigo colombiano Alexander Cifuentes leyera sus propias declaraciones realizadas en 2016 a la fiscalía estadounidense, en las cuales reveló que el Cártel de los Beltrán Leyva pagó al entonces Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, para intentar acabar con el Cártel de Sinaloa.

Además del supuesto soborno de 100 millones de dólares que le dio al entonces Presidente Enrique Peña Nieto, el capo sinaloense  sobornó con 10 millones de dólares al “General de la Nación de México” para que “dejara de molestarlo”, dijo el colombiano.

Como lo había adelantado Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, Cifuentes Villa confirmó que “El Chapo” daba hasta 10 millones de dólares en sobornos a militares para que lanzaran ofensivas contra el grupo rival de los hermanos Beltrán Leyva.

Alex Cifuentes aseguró que el capo sinaloense fue torturado por el Ejército Mexicano después de ser arrestado en Nayarit, y hasta lo colgaron de un helicóptero para que confesara dónde ocultaba los cargamentos de droga.

Según el relato de Cifuentes, la guerra entre el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva le impactó tanto al “Chapo” en su negocio de drogas que acumuló un “déficit en 2008 de más o menos 20 millones de dólares”, empatando su testimonio con el de los abogados de Guzmán Loera, quienes afirman que el sinaloense no era un hombre tan rico, como lo definió durante un par de años la revista Forbes.

PEDRO FLORES.- Considerado por las autoridades federales estadounidenses como el narcotraficante más importante de Chicago, Illinois, junto con su hermano Margarito, se convirtió en la década de 2000, en el más importante distribuidor de cocaína para el Cártel de Sinaloa en dicha ciudad estadounidense.

La fiscalía norteamericana reprodujo el miércoles 19 de diciembre, en la Corte Federal, dos audios en los que se escucha al “Chapo”, negociando el precio de un cargamento de 20 kilos de heroína con destino a Chicago.

Las grabaciones datan de mediados de noviembre de 2008 y fueron hechas por Pedro Flores, considerado por las autoridades federales estadounidenses -junto con su hermano gemelo Margarito- como el narcotraficante más importante de Chicago, quien declaró en su calidad de testigo protegido en el juicio que se lleva a cabo contra el capo sinaloense.

Cuando las grabaciones se realizaron, los hermanos Flores ya estaban colaborando con la DEA ante la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, que apenas iniciaba.

VICENTE ZAMBADA NIEBLA “EL VICENTILLO”.- El hijo del “Mayo” aseguró que su “compadre” Guzmán Loera “no es su enemigo, pero tampoco “un mito”, como que pretende demostrar la defensa del acusado por narcotráfico durante su juicio en Estados Unidos.

“El Vicentillo” aseguró también que “El Chapo” nunca sobornó al ex Presidente Vicente Fox Quesada para poder fugarse del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Guzmán Loera también le confirmó la versión de su escape en un carrito para la ropa sucia en 2001.

Por otra parte, dijo haber tenido “en el bolsillo” a Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Calderón Hinojosa, y al escolta personal de Vicente Fox, Coronel Marco Antonio de León Adams.

CHRISTIAN RODRÍGUEZ.- “El Chapo” espiaba los teléfonos de mujeres y decenas de allegados con un programa informática intervenido por el FBI con ayuda de Christopher Rodríguez, un hacker colombiano que trabajó para el sinaloense en 2008 y después colaboró con las autoridades estadounidenses como testigo protegido.

Rodríguez instaló a Guzmán Loera un sistema encriptado de comunicaciones para establecer llamadas telefónicas seguras, enviar mensajes de texto y correos electrónicos difíciles de intervenir, así como una aplicación de espionaje.

Dos años después, a partir de febrero de 2010, Rodríguez comenzó a trabajar con el FBI usando el mismo sistema de comunicaciones que le instaló al sinaloense para que el gobierno norteamericano interceptara sus llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y lo pudieran ubicar por medio de aparatos electrónicos que usaba para comunicarse.

“Christian (Rodríguez) podría ser elegible a recibir los 5 millones de dólares que ofrecía el Departamento de Estado por información que llevara a la ubicación y captura del ‘Chapo’”, declaró Stephen Marston, agente especial del FBI, sobre el hacker, quien no está acusado de algún delito en Estados Unidos y estudió hasta el tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones.

Rodríguez explicó que al sinaloense le gustaba tanto el programa informático que le instaló, que le pidió usar la aplicación de espionaje en teléfonos móviles y computadoras para saber qué hacían sus colaboradores y parejas sentimentales.

LUCERO GUADALUPE SÁNCHEZ LÓPEZ.- La ex diputada contó sobre las cartas de amor que Joaquín Archivaldo hacía para ella, en las cuales también le daba instrucciones para comprar y vender drogas.

Las misivas presentadas como pruebas por la fiscalía de Estados Unidos, incluyeron aquellas que el acusado envió a su ex trabajador y luego ex socio, Dámaso López Núñez “El Licenciado”, donde Guzmán daba instrucciones sobre tráfico de drogas, entre otras operaciones del Cártel de Sinaloa.

Durante su testimonio, Sánchez López leyó la primera línea de una de las misivas, que comenzaba diciendo: “Para mi reina, que es amada”, ante la indiferente mirada de la actual esposa del “Chapo”, Emma Coronel Aispuro, quien se alisaba el cabello y sonreía sentada en la sala.

Según Sánchez, el sinaloense se aprovechó de su relación amorosa para pedirle que traficara marihuana y lavara dinero para su cártel. La ex legisladora aceptó que si bien sostuvo una relación sentimental con Guzmán, era una mezcla de enamoramiento y miedo, por lo que “a veces lo quería y a veces no”.

DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ “EL LICENCIADO”.- Los hijos de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera mataron al periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas porque éste insistió en Publicar una entrevista con “El Licenciado”.

“El reconocido y prestigioso periodista de Sinaloa”, Valdez Cárdenas, “desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar), por eso lo mataron”, declaró Dámaso.

López Núñez asumió que fueron “Los Chapitos” quienes ordenaron la muerte porque Valdez Cárdenas decidió seguir adelante con la publicación de una entrevista con él –quien ya se encontraba preso-. En esta citaba criticaba abiertamente a los hijos de Guzmán Loera, con quienes “El Licenciado” estaba “en guerra”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / CARLOS ÁLVAREZ/ LUNES, 4 FEBRERO, 2019 01:00 PM)


EL PODERÍO IMPUNE DEL “MAYO”


Testimonios en el juicio de “El Chapo” Guzmán perjudican al líder en solitario del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García. Sin embargo, el capo se mantiene intacto en su imperio, pese a las bajas que ha tenido su organización. “El Mayo” sigue como uno de los blancos prioritarios para el gobierno de Estados Unidos. Aunque utiliza todo tipo de transporte y rutas para el tráfico de droga, su fuerte es la vía marítima. En noviembre último fue detenida parte de su red en Colombia.

Probablemente Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, no libre una larga condena que podría ser hasta de cadena perpetua en el juicio que le sigue el gobierno norteamericano, pero los testimonios también han sacudido al líder vigente del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien continúa libre con un imperio intacto que opera como en sus mejores tiempos.

Así lo reconoce un informe de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA, por sus siglas en inglés), dado a conocer en noviembre de 2018, al señalar que los cárteles mexicanos representan la mayor amenaza para ese país. Entre las seis organizaciones del narcotráfico que se mencionan -con aumento en su poderío-, destaca la facción criminal que dirige el sinaloense.

“El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líderes de las organizaciones criminales de Sinaloa, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, son considerados por Estados Unidos, blancos prioritarios junto con otros narcotraficantes mexicanos. Por Zambada se ofrecen 5 millones de dólares de recompensa.

En teoría, los mismos individuos serían objetivos importantes para el Gobierno de México, como eran señalados durante la pasada administración; sin embargo, las actuales autoridades federales no se han pronunciado al respecto y los temas del narcotráfico y crimen organizado dejaron de ser parte de la agenda diaria.

Mario Ismael Zambada García es un presunto traficante de drogas ilícitas que ha actuado por lo menos desde hace cuatro décadas en el país, inicialmente en la supervisión de plantaciones de marihuana y amapola, y después, en su trasiego hacia el norte. Se le acusa de ser responsable de la importación de cocaína procedente de Sudamérica y la producción de metanfetaminas para su distribución en la Unión Americana.

Aunque en México cuenta con varias órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, en suelo estadounidense es reclamado en extradición por la Corte Federal del Distrito de Columbia, para ser procesado por tráfico de cocaína. En el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México se dictó una orden de detención provisional con fines de extradición internacional desde 2003.

Diversas operaciones conformadas por policías mexicanos y norteamericanos se han realizado por lo menos durante 18 años sin éxito. Durante cateos y aseguramientos solamente se han encontrado algunas huellas de su sigilosa presencia, tanto en rancherías como en ciudades. En ese tiempo, numerosos colaboradores del capo, incluidos socios, lugartenientes e incluso sus hijos, han caído presos por agentes del Estado o asesinados a manos de  sus enemigos.

La droga sigue su curso hacia el norte y lleva el sello de la organización sinaloense, también llamada Cártel del Pacífico. Todo parece indicar que la vía marítima, favorita del “Mayo”, es la más segura para que los grandes volúmenes de cocaína lleguen a su destino. Primero en grandes barcos y después a bordo de lanchas rápidas que recorren las costas de Michoacán hasta las dos Baja California.

UN JUICIO “RASPOSO”
En la Corte de Brooklyn, Nueva York, han salido “chispas” del juicio que sigue el gobierno de Estados Unidos a “El Chapo” Guzmán, compadre de Ismael Zambada. Y es que con el afán de ganar beneficios, los testigos, encarcelados por pertenecer a la organización criminal de Sinaloa, han hecho imputaciones no sólo contra Joaquín, sino contra “El Mayo”, reconociéndoles como los jefes del cártel.

El primero en prender el aparador fue el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien el 13 de noviembre de 2018 aseguró ante el Jurado que su cliente había pagado millonarios sobornos a dos anteriores presidentes de México, pero además, que el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa es Ismael “El Mayo” Zambada, “quien nunca ha pasado un día en prisión y sigue prófugo”. Agregó que éste pagó a los ex mandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, millones de dólares en sobornos.

Luego, el 18 de diciembre, Pedro Flores, considerado el narcotraficante más importante de Chicago, reveló que durante la década de 2000 llegó a distribuir hasta 60 toneladas de estupefacientes, pero el negocio se multiplicó una vez que entró en contacto con Guzmán Loera y Zambada.

Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Mario Ismael, que había testificado apenas unos días después que el abogado de Guzmán Loera, evitó mencionar a su consanguíneo y atacar al “Chapo” y al gobierno. Sin embargo, al reanudarse el juicio tras un receso de invierno, el 4 de enero de 2019, Vicente Zambada Niebla “Vicentillo”, hijo del “Mayo”, ubicó a su padre como líder del cártel al lado de su compadre Joaquín, de quienes dijo, “tenían influencia sobre las autoridades policiales y las usaban a su antojo”.

“Vicentillo”, pendiente de sentencia en una Corte Federal de Chicago y testigo colaborador de los norteamericanos para que no le condenen a cadena perpetua, declaró que Guzmán y Zambada utilizaron a la Policía Federal en la guerra que mantuvieron en México contra el cártel de los Beltrán Leyva y los Carrillo Fuentes. Además, reconoció que la DEA le permitió realizar llamadas telefónicas a su padre, a cambio de información sobre grupos delincuenciales rivales.

BAJAS, NO MERMAS

Entre 2004 y 2014, las células delictivas que conformaban la parte del Cártel de Sinaloa que Ismael Zambada controlaba sufrieron por lo menos de diez bajas relevantes, sin que se mermara la operatividad de la organización. Detenidos, extraditados o asesinados, “El Mayo” vio reducido a su grupo de colaboradores de confianza, para quienes siempre tuvo líderes emergentes.

Cayeron Javier Torres Félix “El JT”, Gonzalo Araujo Payán “El Chalo Araujo”, Vicente Zambada Niebla “Vicentillo”, Roberto Burgos Beltrán “El Doctor”, Manuel Garibay Espinoza “El Meño”, Manuel Torres Félix “El M1” y/o “El Ondeado”, Serafín Zambada Ortiz, Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax” e Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”.

Ahí pararon las dificultades y cambios en las estrategias de Zambada. Entre 2016 y 2018 también hubo pérdidas importantes, como el rumor de una traición entre compadres que llegó desde Inglaterra, cuando en marzo se difundió una entrevista con la supuesta hija del “Chapo”, Rosa Isela Guzmán Ortiz, en el periódico The Guardian. La mujer habría dicho que su padre fue traicionado por “El Mayo” y por políticos de alto nivel, a quienes financió sus campañas electorales, por eso le recapturaron.

En 2016 vendrían la detención del principal lavador del cártel, Juan Manuel Álvarez Inzunza “El Rey Midas”; la extradición de Abraham Inzunza Inzunza “El Peque”, hermano del sanguinario “Macho Prieto”; la captura de Inés Enrique Torres Acosta “El Kike”, uno de los principales operadores de Zambada García; y el asesinato de Juan Carlos Landeros “El Güero 90”, tras un enfrentamiento entre grupos armados.

En el mismo año, la oficina de Interpol en el país capturó en Ciudad de México a Heriberto Zazueta Godoy “El Capi Beto”; luego fue ejecutado en Culiacán, Édgar Parra Zambada, sobrino de Ismael; el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de negra a Eliseo Imperial Castro “Cheyo Ántrax”, también sobrino de “El Mayo”; y tres miembros de la célula delictiva de Los Ántrax murieron baleados en un tiroteo con rivales.

En febrero de 2017, los hijos de Joaquín “El Chapo” afirmaron -mediante una carta- haber sido atacados por Dámaso López “El Licenciado”. Presuntamente cuando ocurrió la agresión, los “Chapitos” iban acompañados por “El Mayo” Zambada. Tras la detención de Dámaso en mayo de ese año, el preso externó su temor a ser asesinado en la cárcel, negando su participación en cualquier atentado contra Zambada. A finales de esa anualidad, fue apresado César Rafael Vázquez Pérez “El Comándate Fierro”, jefe de plaza en Jalisco y Colima.

Finalmente, en noviembre de 2018 fue desarticulada en Colombia “El Clan Familiar”, una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína en lanchas rápidas, ligada a Zambada García. Nueve de sus miembros fueron aprehendidos. La organización criminal enviaba droga desde Colombia hasta Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos.

TRÁFICO MARÍTIMO

Esta última acción dejó en claro que a falta del “Chapo” Guzmán y otros de sus personajes estelares, el Cártel de Sinaloa tal vez disminuyó su actividad en el tráfico aéreo de drogas, pero en la vía marítima mantiene sus viejas estructuras, pues es más difícil para las autoridades internacionales detectar los cargamentos, que además son en mayor volumen.

Al “Mayo” se le tiene catalogado como un buen negociador no sólo al interior de la organización delictiva, sino con otros grupos, principalmente con representantes de gobierno. Parte de su éxito, según averiguaciones previas integradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es su gestión ante autoridades portuarias y navieras. Sus esbirros obtienen documentos para el despacho de salida de embarcaciones tipo tiburoneras y camaroneras a la navegación en las costas mexicanas.

Está documentado en investigaciones oficiales nacionales y norteamericanas que los barcos que ha usado el Cártel de Sinaloa para el transporte de cocaína procedente de Colombia son adquiridos en el área de Texas, Estados Unidos; posteriormente los cruzan a México para llevarlos a un astillero ubicado en Tampico, Tamaulipas, donde se les fabrica un compartimento oculto en el interior de los tanques de almacenamiento de combustible, agua o aceite en forma de “clavo”.

Las embarcaciones acondicionadas pasan por el canal de Panamá y son cargadas con la cocaína, navegan toda la noche hacia México y arriban a costas mexicanas en el Océano Pacífico, donde desembarcan la cocaína en navíos camaroneros o tiburoneros, siendo los principales lugares: Mazatlán, Teacapan y Escuinapa, Sinaloa. También llega la droga a las costas de Chiapas y Manzanillo, en Colima.

El modo de operar de la facción de Zambada fue relatado en actuaciones:

Desplazan un buque de bandera mexicana a Centroamérica (Honduras, Panamá, Ecuador o Perú), donde es preparado estructuralmente para realizar el transporte de carga ilícita por un periodo de entre 15 y 20 días; en el lugar simulan ser de bandera centroamericana.

Una vez preparado, zarpa con destino a Panamá, donde tiene una estancia de entre 10 y 15 días, para recibir la carga ilícita.

Tres días antes del zarpe de este buque, zarpa un segundo buque de costas del Pacífico Norte en México, con destino a Sudamérica.

Una vez cargado con cocaína, el primer buque zarpa con destino a México.

Un día después que el buque zarpa hacia México, un tercer buque sale de costas mexicanas en el Pacífico Norte, con destino vía la pesca hacia Chiapas.

El segundo buque se cruza con el primero tras salir de aguas mexicanas en el Pacífico Centro y continúa su navegación hacia Centroamérica, donde será preparado.

El tercer buque se encuentra con el primero en aguas del área limítrofe a la Zona Económica Exclusiva, donde realiza el trasbordo de tripulantes, cambio de nombre, bandera y documentos, de tal forma que el primer buque suplanta al tercero, continuando su navegación hacia un puerto del Pacífico Norte en México; el tercero simula ser el buque de bandera sudamericana y se dirige al sur
Cuando estos eventos se desarrollan, el segundo buque podría estar en Panamá con la carga ilícita, listo para dirigirse a México y continuar con el ciclo.

Lo anteriormente reseñado, obra en conocimiento de la DEA y la Secretaría de Marina Armada de México, pues las investigaciones datan desde la década anterior, cuando se descubrió que los barcos que transportaban cocaína eran modificados en su nombre y/o matrícula, “clonados” con otros. Mbia

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 4 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

LOS ARZATE, BUSCADOS POR ESTADOS UNIDOS


Como integrantes del Cártel de Sinaloa encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada, los hermanos René y Alfonso Arzate están acusados de surtir y traficar marihuana, cocaína y metanfetamina, junto a células de traficantes del sur de California. Los expedientes en su contra permanecen cerrados, pero existen órdenes de aprehensión con fines de extradición. La justicia federal le negó amparo a “La Rana”, y al mismo tiempo, dejó en libertad a Israel Vergara Galindo “El Marquitos”, identificado como uno de sus sicarios asociados

Acusado junto a otras 117 personas, e identificado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como “…un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa a cargo del tráfico de drogas en el norte de Baja California, René Arzate García está acusado de conspirar para importar una gran cantidad de marihuana a los Estados Unidos (…) y  es sospechoso de coordinar y hacer cumplir órdenes de múltiples asesinatos y secuestros entre otros operativos violentos”.

La acusación indica que “…iniciando en una fecha no especificada, y continuando  e incluyendo al 25 de julio de 2014, en el distrito sur de California y otros lugares, el demandando René Arzate -García alias ‘La Rana’, ‘El Papá’, ‘El General’, ‘El Apá’, conspiró a sabiendas e intencionalmente con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para importar 1000 kilogramos y más de marihuana violando subsecuentes secciones del título 21  de Código de los Estados Unidos. Básicamente lo acusan de importar y exportar sustancias controladas, y de conspiración”.

Los cargos contra René Arzate forman parte de un juicio seguido en tres partes contra Ismael “El Mayo” Zambada y 117 de sus operadores criminales, entre los cuales se incluyen los hijos del capo y líderes delictivos de la organización en la frontera de México con California.

La investigación que los oficiales de la Oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) bautizaron como operación “Narco Polo”, inició a finales de 2011 y se enfocó en una célula criminal con base en Oceanside, National City y Chula Vista, California, la cual recibía cocaína, marihuana y metanfetamina que era cruzada desde Tijuana.

En noviembre de 2012 fincaron cargo contra los principales socios de Los Arzate en San Diego: Miguel Iram Quiroz Pérez, quien fue capturado hasta enero de 2015, y José Luis Iglesias, considerado prófugo.

De acuerdo a los expedientes en posesión de la Fiscalía del Distrito Sur de San Diego, las células de Quiroz e Iglesias recibían la droga de sus proveedores René y Alfonso Arzate.

LOS OPERADORES DE “LA RANA”

El mencionado expediente detalla que en septiembre de 2013 la investigación detectó a Alfonso Arzate García “El Aquiles” y a su hermano René Arzate García “La Rana” como líderes de la operación criminal en la plaza de Tijuana y concentró sus esfuerzos en acreditar la participación de éstos en el tráfico de droga a San Diego.

También explica que pudieron ubicarlos tras detectar la actividad criminal de dos de sus secuaces con residencia en Tijuana.

José Luis Mora Zamora.- Asesinado en Tijuana la mañana del 5 de enero de 2019. Estaba acusado y con orden de aprehensión en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Los primeros indicios de su actividad criminal se acreditan en el expediente en septiembre de 2013, y aseguran, era asistido en los delitos por varios integrantes de su familia.
Ejecutan en SLRC al “Junior”, antiguo lugarteniente del CAF

 Tras ser detenido y liberado por el asesinato de tres agentes de la Policía Ministerial que investigaban un crimen, “El Junior” mantenía un bajo perfil pese a que hace alrededor de 15 años era uno de los lugartenientes del Cártel Arellano Félix en Mexicali.

La noche del 30 de enero fue asesinado cuando descendía de su vehículo sobre la calle 15 y callejón Carranza, en la vecina localidad de San Luis Río Colorado, Sonora, donde se había refugiado desde hace varios años.

Una cámara de vigilancia en un local de la zona captó el momento en que los matones emparejaron su vehículo hacia la víctima y abrieron fuego en reiteradas ocasiones, terminando con su vida a los pocos minutos.

En 2015, fue detenido por la Policía Estatal Investigadora de San Luis Río Colorado, pero en noviembre de 2018 recobró la libertad gracias a la decisión de un juez federal, por lo que se presume había regresado a su actividad criminal en aquel municipio.

José Luis Cárdenas López, conocido como “El Junior” fue uno de los implicados en el homicidio de tres agentes de la Policía Ministerial del Estado en 2001, de nombres Rodolfo Camarena Medel, Víctor López López y Raúl Inzunza Domínguez, los cuales investigaban un caso.

Al “Junior” también se le relacionó con el asesinato de Enrique Harari García, hijo del ex director de la Policía Federal, Enrique Harari Garduño “El Funy”.

Se desconocen los motivos del asesinato, pero evidentemente se presume que se debió a su actividad criminal.

Mora fue acribillado en compañía de su esposa frente al puesto de mariscos El Güero en Paseo Playas, Sección Costa Hermosa de la delegación Playas de Tijuana. Les dispararon en 17 ocasiones con un rifle R-15. La familia tenía registrados 24 autos de reciente modelo.

Aunque el gobierno de Estados Unidos lo tiene registrado como lugarteniente de Los Arzate, del 2011 hasta el 25 de julio de 2014, de acuerdo a las versiones dadas por los miembros de su familia a las autoridades locales, lo apodaban “El Cabo 23” y formaba parte de la célula de Juan José Pérez Vargas “El Piolín” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo mataron porque no quiso regresar con Sinaloa a la célula de Los Uriarte y por no aceptar entregar a  Merio Delval Barocio “El Cabo 33”,  del CJNG.

Israel Vergara Galindo “El Marquitos”.- Sicario liberado por el Poder Judicial Federal el 20 de diciembre de 2018, con sentencia absolutoria. En Estados Unidos tiene abierta la acusación con número de caso 13-CR-3574-DMS.
Es un ex policía municipal de Tijuana y  miembro del crimen organizado identificado por las autoridades  locales desde finales de los años noventa. Inició su actividad delictiva en el Cártel Arellano Félix (CAF), pero terminó con ese grupo cuando estaba bajo el mando de Juan Sillas y Fernando Sánchez Arellano.

Se cambió a Sinaloa el 31 de octubre de 2011, después que informó a las autoridades y a los hermanos Arzate dónde elementos del CAF tenían secuestradas a la hermana y sobrina de Ismael “El Mayo” Zambada en Tijuana.

Con varios cargos por secuestro y homicidio en Baja California, fue detenido el 8 de octubre de 2013 pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) decidió procesarlo en lo federal. Fue enjuiciado por cinco años, declarado inocente de los cargos federales y liberado el mes pasado.

Ejército, Marina y Policía Federal para contrarrestar homicidios; operativo es parte de la Guardia Nacional
Tras el incremento de homicidios registrados en Tijuana en los últimos días -la cifra llegó 2 mil 518 víctimas a lo largo de 2018-,  el Presidente de México, Andrés López Obrador, expresó en su conferencia matutina del jueves 31 de enero que para disminuir el índice delictivo se está instrumentado un operativo especial que forma parte de la Guardia Nacional.

“En el caso de Tijuana se está instrumentando un plan especial porque crecieron mucho los homicidios, ya estamos actuando, eso es parte de la Guardia”, expresó.

En este esfuerzo conjunto, Ejército, Marina y Policía Federal buscarán coordinación para que participen las policías Municipal y Estatal, a razón de que “lo que nos importa es la seguridad pública”.

A unas horas de concluir el primer mes de 2019, en Tijuana se registraron 216 homicidios dolosos, cantidad que supera el mismo periodo del año pasado, cuando se dataron 191 víctimas.

Aquí una relación de los sucesos violentos del lunes 28 al jueves 31 de enero.

LUNES 28. Alán Miguel Barreto Rey, de 26 años de edad, fue asesinado de tiros en Ampliación Loma Bonita.

MARTES 29. Un desconocido de 25 años fue ultimado a balazos en Las Torres; Antonio Muñoz Granados, de 52 años, fue herido de bala en el rostro y su cuerpo quedó tendido en la vía pública en Rancho Las Flores. En Loma Bonita se desató un tiroteo que dejó como saldo una persona muerta y otra herida en el abdomen. El occiso llevaba por nombre Jairo Colón Muñoz, de 21 años. Con huellas de violencia producidas por arma de fuego, fue localizado el cadáver de un masculino de 35 años en Baja Malibú. Abel Varela Vega, de 42 años, murió en el Hospital Guadalajara tras los tiros que le propinaron en el tórax. Con una lesión en la región cefálica fue hallado el cuerpo de Edgar Rosalío Lizárraga Flores, de 31 años, en la colonia Reforma.

MIÉRCOLES 30. En el Hospital General murió Miguel Díaz Chávez, de 23 años; la víctima ingresó con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En el mismo nosocomio fallecieron Félix Hernández Cendejas, de 25 años, quien fue atacado a balazos en la Buenos Aires y Daniel Valdez Gómez, de 45 años, agredido por arma de fuego en Zona Centro. En Reacomodo Sánchez Taboada fue ejecutado Pablo Corona Sandoval, de 37 años. Un desconocido de 45 años, fue ultimado de por lo menos cinco tiros cuando se encontraba en el interior de un edificio abandonado en calle Francisco I. Madero. En el interior de un edificio en Infonavit  Presidentes, una pareja de desconocidos fue privada de la vida a  balazos. En la Clínica Número 1 del IMSS,  Christian Daniel Leyva Pérez, de 25 años, pereció por lesiones por arma de fuego. En el interior de una vivienda de Calle Nogal de la colonia Las Torres fue asesinado un desconocido. “Así van a quedar todos los putos que no estén de este lado. Atte CDS”, fue el mensaje que dejaron escrito con letras en una cartulina, junto al cuerpo sin vida de un desconocido a bordo de un vehículo abandonado en Puerta del Sol.

JUEVES 31.  En El Pípila, un sujeto fue asesinado de un tiro en el abdomen. En Los Venados se encontró el cadáver de un masculino envuelto en una cobija; testigos refieren que los presuntos responsables se retiraron a bordo de un vehículo color rojo. En Santa Fe segunda sección, un hombre fue ejecutado a balazos al interior de un taxi.

En lo que va del año, Baja California registra 258 crímenes; Tijuana encabeza la cifra con 216 víctimas, seguida de Ensenada (17), Mexicali (10), Rosarito (9) y Tecate (6).

“EL AQUILES” CON “LOS ÁNTRAX”

La acusación señala a Alfonso Arzate y decenas de sus asociados delictivos de traficar a  Estados Unidos, 652 kilos de metanfetamina, mil 343 kilos de cocaína, 12.2 toneladas de marihuana, 53 kilos de heroína, 5 mil 500 pastillas de oxicodona y más de 14.1 millones de dólares en ganancias resultado de la venta de drogas.

La traficaron por China. Australia, Gran Bretaña, Filipinas, Canadá, Colombia y México. Y la introdujeron en la Unión Americana vía San Diego, Los Angeles, Riverside, San Bernardino y San Francisco en California; Chicago, Illinois; Detroit, Michigan; además de Nevada, Texas, Delaware, Kentucky,  Carolina del Sur y Nueva York.

Fechada en septiembre de 2013, la acusación con el número de caso 14CR0722-DMS presenta a “El Aquiles” como coacusado; como cómplices, Jesús Quiñonez Flores “El Chiquillo Ántrax”, asesinado a balazos en diciembre de 2014, y Rafael Guadalupe Núñez Félix “El Changuito Ántrax”.

Núñez Félix fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina el 13  noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, en un operativo que incluyó la aprehensión de otros tres lugartenientes del Cártel de Sinaloa y de Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael Zambada.

El joven Zambada espera la extradición a Estados Unidos desde noviembre de 2015. En tanto, “El Changuito Ántrax” se escapó del penal de Aguaruto el 20 de marzo de 2017, mientras seguía el trámite de la  extradición.

La acusación que incluye a Alfonso Arzate, forma parte de una investigación que siguió las actividades delictivas de 60 presuntos traficantes, incluidos los hijos de “El Mayo Zambada” y Alfonso Limón Sánchez, principal proveedor de cocaína de parte del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido y  escapó en los mismos operativos que el “Changuito Ántrax”.

Según el documento, “los agentes estiman que esta célula es responsable de distribuir aproximadamente la tercera parte de la metanfetamina que circula en el Condado de San Diego”.

EL ASESINADO “ATLANTE”, PARTE DE LA MISMA OPERACIÓN

Alfonso Lira Sotelo fue identificado como traficante del Cártel de Sinaloa por el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California desde 2010, asentado en Tecate. Compartía sus actividades criminales con sus hermanos Javier y Delia. Acusado de una serie de delitos federales, fue capturado el 16 de  septiembre de 2014 en Zapopan, Jalisco, pero en noviembre de 2017 fue liberado. Con detractores al interior de Sinaloa, regresó a las actividades criminales y fue asesinado el 13 de septiembre de 2018 en Culiacán.

En 2015 fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de formar parte de las células que servían a Ismael Zambada. En septiembre de 2016, a través del Departamento del Tesoro, se ordenó el congelamiento de los bienes de los hermanos Lira Sotelo en aquel país. Ello no impidió que sin mayores consecuencias, Alfonso fuera liberado a finales de 2017.

De acuerdo a la acusación, las actividades delictivas de Lira estaban acreditadas desde 2005 hasta 2014, en sociedad criminal con Eliseo Imperial Castro “El Cheyo Ántrax” y Alberto Meza Zazueta “El Danone”, implicados en tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana. Además, los acusaron de lavado y tráfico de dinero producto de la venta de droga.

EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

En lo referente a los crímenes particulares de los cabecillas del Cártel de Sinaloa en Tijuana, este expediente aún se mantiene sellado. El texto únicamente detalla que los delitos contenidos en la acusación con número de caso 14CR2122DMS derivan de:

* Escuchas telefónicas “…de treinta (30) a 100 (100) líneas telefónicas pueden haber estado sujetas a vigilancia (intervención)”

* Incluyen “información y documentación en posesión de leyes extranjeras que se obtuvo como resultado de cualquier investigación conjunta o cooperación interinstitucional entre los Estados Unidos y México”

* De hechos probados y acreditados por la fiscalía, relacionados con el tráfico de mil kilos de marihuana, actividades que forman parte de la transacción criminal señalada en el expediente

En la acusación advierten que de acuerdo a la Sección 853 del Título 21, si resulta responsable de los delitos y es condenado a más de un año de prisión, será sujeto a la confiscación de “…cualquier propiedad que

constituyen, o derivado de cualquier producto la persona obtiene, directa o indirectamente, como resultado de sus felonías alegadas en el mencionado expediente”.

De acuerdo al volante de “Se Busca”, publicado por el FBI, René Arzate es considerado armado y peligroso. “… el 25 de julio de 2014, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una orden de arresto federal” en su contra.

LOS ARZATE EN SINALOA

Aunque mantienen el control criminal en la zona costa de Baja California mientras sostienen una pugna territorial con una fracción del Cártel de Sinaloa que se escindió y se pasó al CJNG,  como cabecillas criminales, los Arzate García tienen residencia en el Estado de Sinaloa.

“Alfonso Arzate, sobre quien pesa una orden de aprehensión por secuestro en la Procuraduría estatal, no viene a Baja California, se contacta con sus operadores por medios electrónicos; René Arzate -quien no tiene órdenes de aprehensión en México- sí hace vistas esporádicas al Estado”, detalló un investigador federal.

Sin embargo, ninguna autoridad mexicana ha procedido en su contra.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 4 FEBRERO, 2019 01:00 PM)