lunes, 3 de diciembre de 2018

RECTIFICACIONES, CORRECCIONES, PARCHES Y ARREPENTIMIENTOS EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN


La Viña del Señor
Lo dicho comendador: Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice conocido refrán. Y dicha frase aplica a la perfección en lo que será el proyecto de Cuarta Transformación de la República enarbolado por el entonces candidato, hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

De lo declarado y criticado durante 18 años en precampañas y campañas, lo ofrecido durante los meses de su tercera campaña electoral y 5 meses de transición a lo que serán las políticas públicas de su gobierno el giro y visión en algunos temas claves está moviéndoles el tapete a propios y extraños.

Es sabido que es de sabios rectificar, pero los bandazos del Peje, que acostumbró a sus fans y seguidores –chairos, pejezombies, morenos, etc.- y hasta a sus detractores –fifís, conservadores, mafia del poder, etc.— a una terquedad a prueba, los tiene sacados de onda.

La polarización social, aunque inconveniente por los riesgos de enfrentamiento que incuba, puede hasta ser útil para distinguir proyectos y propuestas, pues en una democracia, en teoría, no hay derrotas, ni victorias para siempre.

EL PEJE RUMBO A LA HISTORIA

Tal transformación del país, fue anunciada como una fase del proceso que abarca la Independencia, la Reforma y la Revolución. De ahí sus ambiciones y pretensiones de llegar a convertirse en un hito histórico y a su líder y principal arquitecto se le pondría en un nicho a la par de figuras patrias como Miguel Hidalgo, José María Morelos y pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero y “El Tata” Lázaro Cárdenas del Río. Nomás.

En un descuido y el Peje, logra colocar su nombre en letras de oro en el altar de la patria de la Cámara de Diputados o se hace erigir un monumento como a los revolucionarios, en donde el agua y el aceite, amigos y enemigos, víctimas y victimarios de las purgas caudillistas, velan sus restos revueltos.

Anuncios como que las consultas de Morena van a adelante a pesar de las críticas, que la seguridad pública correrá a manos de los militares con uniforme de Guardia Nacional lo cual diversas ONGs y la misma ONU han pedido se rectifique, pues su propuesta incluye adaptar la Constitución a sus designios, algo que ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto se atrevieron; que habrá Ley de Punto Final y perdón en materia de corrupción del pasado porque no alcanzarían las cárceles para meter a tanto exfuncionario malandro y que está va hasta arriba, lo cual hasta a Claudia Ruiz Masseau, presidenta del PRI ruborizó; control por parte de la SEGOB de los medios informativos; falta de consulta a los indígenas en el caso del tren maya; parte de la mafia en el poder en el Consejo Asesor Empresarial; pelea arreglada tipo AAA con la iniciativa para bajar las comisiones bancarias o ser permisivos y dar luz verde al nepotismo, amiguismo y compadrazgo en administraciones emanadas de la coalición “Juntos Haremos Historia” y otras, hacen ver que algunas cosas ofrecidas en el Programa Alternativo de Nación, los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana y el mentado proyecto de Cuarta Transformación de la República, no eran en serio, o sea, dirían los morros, eran puro pedo.

Su hijo Gonzalo López Beltrán, anunciando inversiones y programas del gobierno federal, no fue buena señal y puso el toque especial a la transición.

En Sonora, a nivel municipal gobiernos de corte bonapartista se han replicado, con el nepotismo como característica que los unifica: Guaymas, Empalme, Hermosillo y San Luis Río Colorado han sido los casos más señalados.

CHOQUES A LA VISTA

La alianza de personajes y grupos que se conformó para impulsar detrás la candidatura de Sara Valle Dessens, a la alcaldía bajo los colores de Morena-PT-PES, parece que se desquebraja.

A dos meses de gobierno en el municipio el desgaste a que la administración saravallista ha sido sometida parece que va a cobrarles la factura antes de lo esperado.

Señalamientos ha habido a pasto y van desde el descarado nepotismo, los arreglones con algunos ediles a condición de dádivas y chamba para sus familiares hasta la mano libre que se le concedió a la alcaldesa para nombrar y remover funcionarios y empleados públicos.

La entrega de la mayoría de la fracción morenista y pesista de cabildo al petismo saravallista, hace ver en ese cambio de roles al regidor independiente Ernesto Uribe Corona, como un intransigente radical de izquierda al estilo pejista y a los ediles Estanislao Pineda, Arturo Lomelí, Iztel Ríos y a Antonio Pintor, como levantadedos de la época de oro del PRI.

Entre toda la polvareda levantada alrededor de los cuestionamientos que les ha llovido a Sara y su gente, se habla del rompimiento de los saristas, encabezados por macho alfa de esa tribu, es decir su cuñado cómodo Santiago Luna García y la banda conformada alrededor de diputado local Rodolfo Lizárraga, quienes se apestan a jugar a las vencidas en una guerra que se antoja de pronósticos reservados habida cuenta el tamaño del choque que se avecina, pues unos y otros tienen por donde golpear y hacer daño.

“El Cabezón”, vista su endeble posición de tesorero de la comuna, está decidido a que la secretaria Jazmín Gómez Lizárraga, una vez que deje el cargo para atender su embarazo, no regrese al puesto.

“No hay arreglo”, dicen que comentó la Jazmín, ante la guerra no declarada por el momento.

En tanto al jefe del grupo Coyota, en negociaciones sordas se le busca que aterrice en la dirección de la APIGUAY, a cambio de dejar la cartera financiera que tantos señalamientos le ha costado.

Pero dicha maniobra no se antoja fácil, cuando el diputado federal Heriberto Aguilar, busca dicho puesto para un hermano del regidor Antonio Pintor de nombre David. Ese será otro choque a la vista.

EXHIBIDOS Y RETADOS     

Dos acontecimientos marcaron el primer trimestre del gobierno de Sara Va!: La exhibida en la primera sesión de comparecencias de los exfuncionarios de la administración de Lorenzo De Cima y el reto lanzado por la autodenominada Autodefensas de Guaymas, que ha detenido, golpeado, videograbado y exhibido a presuntos ladrones, suponese lumpenes y escoria sociales.

El primer evento evidenció las carencias del equipo legal de la comuna con un director jurídico trabado y con pánico escénico ante las cámaras de reporteros y el cuerpo de regidores.

Rodolfo Valenzuela Barraza, compañero de despacho del Contralor Daniel Morales y de la edil pesista Susana Jiménez, no atinó a articular respuesta ante los señalamientos de un sobrado exsecretario Allán Jaramillo, dueño y señor del escenario. Luego del desaguisado se optó por cancelar las comparecencias ante el alto costo de la exhibida pública.

En el segundo caso, el desafío a la autoridad por su incompetencia pega en la línea de flotación del nuevo comisario Silvestre Armenta, a quien la Dirección de Comunicación Social, le puso un tapa bocas.

A sus anchas la autodefensa justiciera ha detenido a varios supuestos malandracos con las manos en la masa y según su decir hace la chamba de la corporación policiaca cuya nulidad está más que demostrada.

Falta de gasolina para las patrullas o inhibición para actuar luego de la entrega a un grupo criminal de dos paseantes alamenses por partes de elementos policiacos y la masacre del 4 de octubre pasado en el ataque al Grupo Operativo o el pretexto y justificación que el lector guste y mande han traído desprestigio en la labor de los uniformados, motivo por el cual el accionar del grupo anónimo ha levantado simpatías en un sector de la comunidad porteña.

Al respecto la alcaldesa Sara Valle, ha declarado sus dudas al respecto y ofreció investigar en torno a la aparición de dicha autodefensa.

LA DEMOCRACIA SEGÚN LÓPEZ OBRADOR

Debido a esto y en donde local destaca, las dudas respecto de que la transformación ofrecida descarrile el rumbo está latente, pues tal desnaturalización del proyecto se antoja posible. Los datos revelados, así como el cambio de señales son indicativos de dicha posibilidad. El desorden en la lluvia de propuestas forma parte de ese fenómeno.

La famosa portada de la revista Proceso de hace dos semanas en donde hizo referencia al posible fracaso, alborotó el bitachero y la histeria pejista y el propio presidente electo salió a dar la cara, porque según su decir la crítica será de ida y vuelta.

El riesgo de un cambio descafeinado golpearía a una sociedad a la que se ofreció combatir y acabar con la corrupción y la impunidad. Muchos votantes de los 30 millones que sufragaron por AMLO, se creyeron el discurso del candidato antisistema, de ahí que el bono político del tabasqueño se mantenga incólume, aunque el Peje enarbole una forma de democracia en donde el centro es él mismo, y quien dijo: “Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación”.

“Nosotros no somos corruptos, nunca hemos hecho un fraude, tenemos autoridad moral”, es otra de las perlas de López Obrador, para dar garantías y respaldar sus dichos.

Para algunos, expresiones como las anteriores son indicativo de que el del tabasqueño será un gobierno cesarista y pudiera rayar en lo mesiánico y caudillista.

Y falta la Constitución Moral, que sería el eje bajo el cual se regiría tanto el gobierno entrante como los Protagonistas del Cambio Verdadero.

El Proyecto de Cuarta Transformación de la República nada tiene que ver con el programa histórico del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, ni con la instauración de una dictadura del proletariado o con soviets a la Lenin o con organizaciones productivas como los koljoses y solvjoses y la conformación de un ejército rojo como el que armó y jefatureó el comisario León Trotski.

El historiador marxista George Novack, ha escrito en su libro “Democracia y revolución”, que el término democracia fue acuñado por los griegos en el siglo V a. de C., pero cada etapa histórica ha llenado este concepto con un contenido distinto, según quien ejerza el poder y en donde el elemento subjetivo del cambio es crucial.

Mejor dicho no pudo estar… Vale más que nos vayamos acostumbrando a las nuevas formas y estilos del quehacer político, con sus rituales y símbolos y hasta a los mensajes cruzados.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 21 NOVIEMBRE 2018)

GATOPARDISMO POLÍTICO: SIN NOVEDAD EN EL NOMBRAMIENTO DE FISCAL

La Viña del Señor
El gatopardismo, ese fenómeno que simula cambiar para seguir igual, permea de arriba abajo a las instituciones del Estado y a sus líderes políticos, que venden como novedades recetas del pasado ya probadas como fallidas o se hacen que la virgen les habla ante el cúmulo de problemas y demandas ciudadanas, ventiladas hasta la saciedad en la campaña reciente, en comparecencias ante los órganos competentes, como es el caso de los funcionarios públicos y en foros y consultas, como la del NAIM, que tanto irritó al sector fifí de la inversión y de la sociedad.

En nombramiento del Fiscal General de Justicia en el Estado, no escapó a esa nefasta práctica de la clase política mexicana, que la Cuarta Transformación se ufanó en borrar.

El Congreso del Estado dejó pasar la oportunidad de sentar las bases para la mejora de una institución a todas luces en la lona, según el decir de quienes integraban la terna claudillera enviada para seleccionar al bendecido por los dioses del poder legislativo, previa negociación entre los que mandan.

UNA FISCAL CARNAL

El nuevo titular de la fiscalía será transexenal pues durará 9 años en el cargo y eso deben de haberlo sopesado quienes metieron mano para que Claudia Indira Contreras, quedara en el cargo.

La nueva funcionaria proviene de las entrañas del monstruo, pues buena parte de su carrera ha servido en la institución desde que era Procuraduría y le tocó vivir su transformación en Fiscalía y ocupar la vicefiscalía de Feminicios y de Delitos Sexuales por Razones de Género.

Y si durante el primer tramo de su gobierno Claudia Pavlovich, tuvo libertad para imponer una política anticrimen para atacar flagelos como el incremento de la inseguridad y la impunidad, se ve difícil que pueda remontar en la recta final del sexenio, cuando el gobernador pierde capacidad de maniobra y es sometido a tiroteo y torpedeo interno y externo, derivado de la etapa sucesoria.

¿Y LA AUTONOMÍA DEL MP APÁ?

En ese proceso, que involucró al propio Congreso, a un supuesto Comité Ciudadano de Seguridad Pública y a misma gobernadora Claudia Pavlovich, imperó la salida negociada y se dejó manos libres a “La Güerita”, en el nombramiento del nuevo fiscal, a quien tendrá como uno de sus empleados y subordinados, la cual ha sido la tónica con esa figura, a pesar de los discursos y sesudas doctrinas de juristas de la talla de Héctor Fix Zamudio, que hablan de la autonomía del MP, una sacrosanta calificativa para una institución muy desprestigiada socialmente.

Ya desde antes de que pasara al pleno del Congreso el nombramiento del nuevo fiscal, por voz del propio presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Jesús Alonso Montes Piña, diputado local sanluisino, se vio por donde venía la jugada cuando declaró que no era viable elegir a alguien antagónico a la gobernadora (periódico Expreso 15/11/2018). La línea era clara: No incomodar a la jefa del ejecutivo.

En su dictamen la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales habló maravillas –pero le faltó crítica-- de los propuestos, cuando lo cierto es que ni Rafael Ramírez Leyva, ni Gabino Cabanillas Herrera, ni la seleccionada Indira Contreras, garantizaban de entrada la autonomía de la institución ministerial.

Durante sus comparecencias ante dicha comisión los seleccionados desnudaron como queriendo y no, porciones del verdadero estado de la fiscalía estatal y que cualquier abogado postulante de mediano pelo conoce a la perfección: que en las agencias del MP permean prácticas viciadas como el tortuguismo y la prepotencia, que las víctimas de los delitos son revictimizadas, que la mediación es puro pedo, que su personal carece de formación profesional y que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha sido deficiente y que en ella sus operarios tienen gran culpa. Tales cuestiones han convertido a la Fiscalía en una institución débil y frágil, además susceptible a la crítica.

Al final de cuentas dicha instancia camaral no refirió a la urgencia de una política criminal que evite que Sonora se convierta en otro Tamaulipas en tiempos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, hacia donde ya iba a pasos agigantados, con un municipio de Cajeme, convertido en tierra de nadie.

“El Fofo” Rodolfo Lizárraga, un farandulero y escandaloso diputado local del PT, seguidor de las frases del Ché Guevara, cuyo alcance de fondo escapa a su elemental formación político-ideológica, afirmó que vigilarán que la fiscalía respete los derechos humanos. Palabras al aire dignas de risa, si no se tratara de un asunto tan delicado que implica al sistema de procuración de justicia y de política criminológica, que autores como Eduardo Lozano Tovar, autor del libro “Política Criminal en la sociedad moderna”, si se toman con seriedad.

El Congreso al final decidió que doña Justicia puede esperar mejores tiempos para ser remozada.

EL CONGRESO, UNA VACA QUE NO DA LECHE

De antemano se sabía que el Congreso del Estado, es la arena non de la grilla y un ring en donde se manifiestan los intereses de los grupos fácticos.

La legislatura pasada es el mayor ejemplo de ello: Cuatro diputados panitas fueron cooptados sin pudor y sumados a la causa del PRI-Gobierno. “Las cuatro llantas ponchadas”, los calificó el ex legislador Javier Dagnino.

Más adelante aprobó la conocida como Ley Pano, un bodrio inconstitucional, que en el fondo recogía el sentir de grupos empresariales y ciudadanos azotados por la delincuencia. El Congreso aprobando leyes que van en contra de la letra de la Carta Magna, si constituyó un para Ripley.

La batería de reformas constitucionales que comprendió la Ley Veto a días de terminar el mandato la legislatura saliente, para blindar a la gobernadora Pavlovich, convertir en intransitable al rendición de cuentas y la remoción de funcionarios del Congreso, fue un ejercicio de cinismo y subordinación pocas veces visto, aunque en el pasado el nombramiento del panista Sebastián Sotomayor, como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, fue una afrenta a la autonomía de dicha instancia legislativa y de la misma judicatura.

Así que con esos antecedentes poco se podía esperar del Congreso, a pesar de su nueva composición política de mayoría de “izquierda”, con la cual nadie extraña a la anterior derecha panista y priísta.

La aspiración de Héctor Contreras, ex subprocurador de Justicia y de las gentes más cercanas al exfiscal Rodolfo Montes de Oca y a la par presidente de la Barra Sonorense de Abogados, subordinó a ese organismo gremial a la búsqueda cargo al que aspiraba su dirigente.

De entre las agrupaciones que llamaron la atención sobre la necesidad de implementar políticas públicas que atendieran las quejas ciudadanas en torno a las deficiencias del sistema de procuración de justicia, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos-Sección Guaymas (ANAD-Guaymas), hizo un posicionamiento público dirigido al Congreso del Estado.

Sus agremiados padecen a diario en sus gestiones y trámites ante las dependencias policiacas, agencias del mp y juzgados la realidad que permea en el sistema de justicia y la actitud de quienes no asumen su calidad de servidores públicos. Eso el Congreso debió saberlo.

VER TODO EL BOSQUE, NO SOLO EL ÁRBOL

Y mientras el nombramiento del nuevo fiscal acaparaba los reflectores, en los alrededores se fraguaban otros nombramientos claves para el control del sistema de justicia.

Días antes Francisco Gutiérrez Sánchez, flamante presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, era ratificado por su corte de magistrados independientes. Gutiérrez, ha sido un legimador y apoyador innegable de las propuestas claudilleras como la Ley Pano y la Ley Veto y forma parte del engranaje del sistema anticorrupción a modo. Eso le valió al magistrado.

El máximo órgano del Poder Judicial sonorense perdió todo el respeto cuando durante el gobierno de Guillermo Padrés, sus integrantes se cruzaron de brazos dejaron pasar la imposición de un inexperto en cuestiones de la Ley como Sebastián Sotomayor, como presidente de los togados.

Ese mismo día 15 de noviembre, el priísta y mejor compadre de la gober Aldo Pa(n)dilla, fue ratificado al frente del Tribunal de Justicia Administrativa, otra pieza estratégica de poder claudiño y que impidió la salida de los funcionarios despedidos del Congreso a pocos días de finiquitar la anterior legislatura.

A nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad Interior peñanietista y el Senado aprobaba la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que tanta polémica desató a raíz del Fiscal Carnal y cuya autonomía exige del nuevo el colectivo #Porunafiscalíaquesirva.

Igualmente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (sin lo pública), presentaban el ambicioso Plan Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024), en donde se contempla la creación de la Guardia Nacional bajo mando del titular de la SEDENA, la permanencia de los militares en las calles, mientras ni una coma mereció el tema de la narcocultura que permea en múltiples manifestaciones ideológicas en una evidente apología del delito como en muchos narcocorridos de grupos y bandas como Los Tucanes de Tijuana, Tigres del Norte, Calibre 50 y demás.

Por lo pronto Amnistía Internacional, llamó la atención a desterrar el militarismo de la propuesta pejista.

SE IMPONE AGENDA POLÍTICA SOBRE LA DE SEGURIDAD

No se requiere ser muy ducho en menesteres de la grilla para intuir que de nuevo la agenda política de los actores sobre la demanda de seguridad y combate a la delincuencia.

O sea, al anteponer los intereses políticos se da al traste al ministerio público, como una institución del sistema de justicia digna de mejora o se le mantiene en el pantano en que se encuentra.

Con estas medidas se ahonda el proceso de fortalecimiento del Estado y de debilitamiento de la sociedad en materia de seguridad pública que advertía el investigador Sergio Zermeño, en “La desmodernidad mexicana y alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros días”.

Como se ve, con esos políticos la sociedad siempre pierde…

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 16 NOVIEMBRE 2018)          

CON ESTA IMAGEN, EMMA CORONEL LLAMA CRIMINALES A PEÑA Y CALDERÓN


Foto: Especial

En una historia de su supuesta cuenta de Instagram, Emma Coronel compartió una imagen, en la que se hace una fuerte acusación contra Peña y Calderón, a quienes tacha de 'verdaderos criminales'

Una de las figuras más llamativas y asediadas por los medios durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera es su esposa, Emma Coronel, quien ha sido vigilada por los asistentes a la corte, que a su vez informan de cada falta que comete y de cada reacción que expresa.

Emma es una mujer que se impone adondequiera que vaya; sin embargo, esto le ha costado varios llamados de atención por parte de las autoridades de la corte de Nueva York.



En una historia de su supuesta cuenta de Instagram, Emma Coronel compartió una imagen del portal Nación Unida, en la que se hace una fuerte acusación contra Peña y Calderón, a quienes tacha de verdaderos criminales, a la vez que defiende a El Chapo.

Foto: Especial

Emma Coronel ha desatado polémica por su actitud en las audiencias de Nueva York, pues en una ocasión decidió retirarse los audífonos cuando, al ser enlistados los supuestos asesinatos atribuidos a El Chapo, se mencionó que también era responsable del asesinato de su propio primo.

Foto: Especial
Asimismo, causó gran revuelo el hecho de que en la última sesión hasta el momento del juicio, Emma Coronel fue expulsada de la sala, luego de que supuestamente ingresara un celular a la corte y le tomara una foto a Joaquín Guzmán en plena audiencia.





Luego de que se le diera la orden de abandonar el lugar, Emma Coronel hizo una mueca y obedeció; sin embargo, no se ha confirmado que en verdad entró con un teléfono, puesto que el lugar posee un detector de metales que habría evitado tal acción.

Con información de The New York Post

(VANGUARDIA/ REDACCION/ 27 Nov 2018)

FIRMA DEL DECRETO PRESIDENCIAL PARA EL ACCESO A LA VERDAD EN EL CASO AYOTZINAPA



(RIODOCE/ EL UNIVERSAL/ 03 DE DICIEMBRE 2018)

#ARISTEGUIENVIVO 01/12/18: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ASUME LA PRESIDENCIA, TRANSMISIÓN ESPECIAL



 (ARISTEGUI NOTICIAS/ 01 DE DICIEMBRE 2018)

TOMAN TRIBUNA POR SEGUNDA OCASIÓN INTEGRANTES DE LA CNC



 (RIODOCE/ 29 DE NOVIEMBRE 2018)

CENECISTAS SE MANIFIESTAN EN EL CONGRESO CONTRA ELIMINACIÓN DE CUOTA EJIDAL

(

RIODOCE/ 29 DE NOVIEMBRE 2018)

EL ‘H’, EX LÍDER DEL CÁRTEL BELTRÁN LEYVA, MURIÓ SIN SER SENTENCIADO NI EXTRADITADO


Murió Héctor Beltrán Leyva de un infarto, se empezó a decir en las redes. Que había muerto era cierto; si de un infarto o por otra causa quién sabe, se decía.

En un escueto comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Seguridad informó que “este domingo alrededor de las 16:00 horas, falleció en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro cardiaco, el interno Héctor Manuel Beltrán Leyva, conocido por el alias de el H.

Beltrán Leyva, quien había quedado al mando del cártel luego de la muerte de Arturo, su hermano, se encontraba recluido en el Penal Federal Número 1, Altiplano, desde el 2 de marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Era el reo con número de expediente 3889-AJ-16.

El H enfrentaba un proceso penal en México por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y operación con recursos de procedencia ilícita.

En Estados Unidos tenía una acusación en la Corte de Columbia y una en Brooklyn, donde actualmente Joaquín el Chapo Guzmán es enjuiciado.

Desde el 26 de septiembre de 2016, un Juez concedió la extradición para que lo enjuiciaran en la Corte de Columbia, pero con un juicio de amparo que hasta el día de su muerte continuaba, logró frenarla.

Héctor fue detenido en 2004 en San Miguel de Allende, Guanajuato, y recluido en el penal Altiplano; y el pasado domingo 18 murió de un infarto.

Sus restos fueron trasladados y velados en Hermosillo, Sonora, de donde es originaria su esposa Clara Laborín Archuleta.

Por su captura, el gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos y el estadounidense 5 millones de dólares.

En la Corte de Columbia tenía una acusación desde 2004 y en la de Brooklyn desde 2009, junto con su hermano Arturo, Joaquín Guzmán, Ignacio Coronel, Ismael Zambada García y Jesús Zambada.

De acuerdo con el documento presentado en Brooklyn, los seis acusados eran los principales líderes de La Federación, Cártel de Sinaloa o La Alianza, dedicada al tráfico de drogas desde la década de los 90.

La investigación realizada para presentar la acusación fue antes de que los hermanos Beltrán Leyva rompieran con el Cártel de Sinaloa y formaran su propia organización.

Según la acusación, el cártel operó a través de una red de corrupción policial y política y transportó a gran escala por tierra y aire, cientos de toneladas de cocaína de Sudamérica hacia Centroamérica y México y finalmente a Estados Unidos.

Entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de enero de 1995, introdujeron 84 mil kilos de cocaína; del 1 al 30 de abril de 2003, mil 500 kilos; del 1 de marzo al 30 de abril de 2004, 6 mil kilos; del 1 al 30 de septiembre de 2004, 22 mil 500 kilos; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, 10 mil kilos; y del 1 al 31 de enero de 2005, 3 mil 200 kilos.

De acuerdo con el documento, el grupo obtuvo ganancias por más de 10 millones de dólares en un periodo de 20 meses.

Según el abogado del Chapo Guzmán, Eduardo Balarezo, el H se infartó cuando se enteró que declararía en el juicio contra el Chapo.

“Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que sería extraditado para presentarse en la corte de Nueva York y testificar en juicio contra el Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto”, reveló en su cuenta de Twitter.

POR UNA FOTO FRENA EXTRADICIÓN

Héctor Beltrán se quedó a un paso de ser extraditado a Estados Unidos, ya que un Juez declaró procedente la extradición en septiembre de 2016.

La defensa del narcotraficante promovió un amparo que le fue concedido y tuvo que reponerse el proceso de administración que hasta el día de la muerte no había concluido.

La extradición fue frenada debido a que no se pudo corroborar que la persona que Estados Unidos pidió en extradición era la misma que se encontraba detenida.

En el proceso hubo divergencia entre los peritos oficiales y los de la defensa al analizar la fotografía de Beltrán que el Gobierno estadounidense anexó a la solicitud de extradición.

Para el perito de la defensa no existen elementos técnicos prácticos ni científicos suficientes para realizar cualquier tipo de identificación, pues las fotografías digitales anexadas a la petición de extradición no son originales y la ficha antropomórfica que obra en el expediente es obsoleta para esos fines.

Para el perito oficial son suficientes las constancias para llevar a cabo el dictamen pericial y concluir que la persona que solicita el gobierno de Estados Unidos y el detenido es la misma persona.

Un tribunal colegiado concedió el amparo y ordenó al juez que concedió la extradición que realizara una junta de peritos o en su caso nombrara un tercer perito en discordia para conformar la identidad.

Desde febrero pasado se realizaría la junta de peritos, pero se ha pospuesto y hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

EL LÍDER DEL CÁRTEL

Héctor Beltrán quedó al mando del cartel Beltrán Leyva después de que su hermano Arturo murió en un enfrentamiento con fuerzas federales en Cuernavaca, en diciembre de 2009.

Originario de Badiraguato, los hermanos Arturo, Héctor, Carlos y Alfredo Beltrán Leyva, formaban parte del Cártel de Sinaloa y eran socios del Chapo Guzmán.

En 2008, los hermanos rompieron lazos con el cártel tras acusar de traición al Chapo, a quien señalaban de haber entregado a las autoridades a Alfredo, detenido en enero de ese año en la colonia Burócrata, en Culiacán.

Junto con otros ex miembros del Cártel de Sinaloa formaron su propio grupo e iniciaron una guerra que dejó cientos de muertos en Culiacán, entre ellos el hijo del Chapo, Edgar Guzmán.

El gobierno estadounidense señalaba al cártel Beltrán Leyva como el responsable de la adquisición de armas y municipios en ese país para promover a su grupo criminal y de traficar cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina.

Los hermanos que quedan vivos son Carlos, quien fue detenido en diciembre de 2009 y recientemente recuperó su libertad; y Alfredo, el Mochomo, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en 2017 y al pago de 529 millones de dólares.

El Mochomo podría ser uno de los testigos que declaren contra el Chapo en la corte de Brooklyn.

Artículo publicado el 25 de noviembre de 2018 en la edición 826 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDIN/ 27 NOVIEMBRE, 2018)

LA BUENA VIDA DE CALDERÓN Y PEÑA EN LOS PINOS LE COSTÓ A MEXICANOS MÁS DE 30 MIL MILLONES DE PESOS



De 2006 a 2018, mientras gobernaron el panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, la residencia oficial de Los Pinos generó 2 mil 638 contratos para poco más de mil proveedores. Más de 30 mil millones de pesos –los gastos mayores fueron para  seguridad y protección– se erogaron en la kilométrica propiedad que concentró el poder político en México de 1935 a 2018. Mañana sábado, a partir de las 10:00 horas, estará abierta de par en par para los ciudadanos.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Sólo faltan unas horas para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tome protesta como Presidente de la República y Los Pinos, la legendaria residencia oficial, será abierta a los ciudadanos como un gran museo del poder. La propiedad donde vivieron 13 de los 14 Presidentes de México de 1935 a 2018 (con excepción de Adolfo López Mateos), fue sede de leyendas, misterios y un río de dinero, mucho dinero.

Sólo en los últimos 12 años, durante los cuales vivieron ahí Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) con sus familias, la casona generó 2 mil 638 contratos con poco más de mil proveedores por más de 30 mil millones de pesos, según una revisión en el Portal de Obligaciones y Transparencia, la página Compranet y un informe de la Secretaría de Hacienda.

La erogación más grande, la Presidencia la hizo en asegurar la mansión: pagó 626 millones de pesos contra posibles riesgos por desastres naturales o incendios y 132 millones de pesos en seguridad extra a la que brindaba el Estado Mayor Presidencial para proteger el mobiliario al Servicio de Protección Federal (un órgano creado en 2009 para custodiar personas y bienes).

Los gastos pequeños pero más frecuentes revelan cómo la residencia, cuya historia empezó como un intento de austeridad del Gobierno del ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), mutó al buen vivir. Por lo menos de 2006 a 2018, el comedor de la casa Miguel Alemán, donde habitaban los primeros mandatarios, siempre estuvo de manteles largos. Entre Calderón Hinojosa y Peña Nieto erogaron 28 millones 560 mil 553 pesos en menaje como cubiertos y vajillas de plata y 36.9 millones de pesos en alimentos perecederos, así como vinos y licores.

Otro gasto fue el de los retratos oficiales. Los de los dos últimos mandatarios que habitaron Los Pinos representaron una erogación de más de 2.3 millones de pesos entre las sesiones, las reproducciones y los marcos. A los dos los retrató, sin licitación de por medio, Héctor Herrera Peralta quien desde José López Portillo (1976-1982) hasta ahora, se hizo cargo de captar con la lente a los Presidentes mexicanos.

Mañana, cuando se consolide la transición de poderes, Los Pinos iniciará una nueva era. Sus puertas 1 en Parque Lira y 3 en el bosque de Chapultepec se abrirán de par en par a partir de las 10:00 horas. Las casas Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas podrán ser recorridas. La futura Secretaría de Cultura anunció en un comunicado, así como en la página web “Los Pinos para Todos”, que ahí, donde antes hubo vallas de elementos del Estado Mayor Presidencial, podrá apreciarse en pantallas gigantes la toma de posesión de AMLO, el primer Presidente en la Historia de México de un partido de izquierda y quien ha anunciado que por razones de austeridad, no vivirá ahí.

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EL ESTILO DE VIDA EN LOS PINOS

Entre 2009 y 2012, Felipe Calderón firmó siete contratos cuyo promedio fue de 1 millón 461 mil 930 pesos para ordenar alimentos perecederos que incluían vinos de mesa. Peña Nieto también lo hizo y sólo en 2013 erogó siete millones 583 mil 787 pesos en abarrotes gourmet. En 2017, el mandatario saliente gastó tres millones de pesos sólo en pescados y mariscos.

Para adornar el comedor de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina. Se fueron en ello 509 mil 747 pesos. Cuando Peña Nieto llegó a la casona, se volvieron a comprar manteles por 337 mil 155 pesos. Los proveedores de Los Pinos mientras gobernó Calderón Hinojosa fueron Bariolés y Silvia Hernández Alfaro. Las de Peña Nieto, Dulce María Balbuena Carrillo y Verónica González García.

En esta búsqueda de contratos, también aparecieron los viejos símbolos del sistema. A través del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales de la Presidencia, la erogación para proteger Los Pinos de incendios y otros riesgos, se la llevó un único empresario: Rolando Vega Sáenz, director y dueño de Seguros Atlas, miembro del Consejo de Administración de Grupo México, quien durante las elecciones llamó a sus trabajadores a no votar por Andrés Manuel López Obrador.

Es nieto de Aarón Sáenz, canciller en el gobierno de Plutarco Elías Calles (Presidente de México de 1924 a 1928), el fundador del Partido Nacional Revolucionario que evolucionó a Revolucionario Institucional, y quien en el periodo postrevolucionario se convirtió en empresario cañero. La aseguradora fue fundada por su padre, Rolando Vega Íñiguez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Las coberturas contratadas en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) convirtieron a Seguros Atlas en la mayor proveedora de Los Pinos con seis contratos otorgados por Adjudicación Directa. De hecho, el contrato más grande que firmó Enrique Peña Nieto como Jefe del Ejecutivo –por 234 millones 886 mil 921 pesos– fue con esta compañía de seguros.

De cara a la toma de protesta de López Obrador como Presidente de la República, los edificios de Los Pinos fueron sometidos a trabajos de remodelación y limpieza. Este sábado, la mayor parte de la que fuera por décadas la residencia oficial de los presidentes mexicanos será abierta al público. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

SECRETOS DE LOS PINOS, BAJO PROTECCIÓN

El libro Los Pinos: esta es tu casa –ordenado ex professo por el ex Presidente Vicente Fox en 2003– apunta que los cambios drásticos hacia la ostentosidad dentro de esa residencia rodeada de bosque se iniciaron con Miguel Alemán Valdés, quien gobernó a México de 1946 a 1952. El ex Presidente pidió edificar una mansión estilo francés de cinco mil 700 metros cuadrados. A partir de entonces, esa misma casa fue un escenario de cambios que costaron dinero y que no siempre fueron transparentes con suficiencia.

Por ejemplo, Enrique Peña Nieto se negó a informar cuánto invirtió en las remodelaciones para que él y su familia –la más numerosa después de la de Echeverría quien tuvo ocho hijos– habitaran ahí; además reservó hasta julio de 2019 los contratos de un centro de datos cibernético que ordenó en 2014, el año en que su popularidad se fue en declive después de la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de corrupción de “la casa blanca”.

Felipe Calderón Hinojosa hizo remodelaciones en secreto. En 2007, mandó reconstruir el sótano de la casa “Miguel Alemán”; pero los planos, el anteproyecto y el proyecto arquitectónico fueron puestos bajo reserva del 1 de julio de 2007 al 1 de julio de 2019; de modo que no se puede conocer qué hay ahí.

En 2010, en una entrevista con el noticiario nacional CBS Evening News with Katie Couric, sólo transmitida en Estados Unidos, el ex Presidente insinuó que debajo de Los Pinos había un búnker. “¿Usted recuerda el programa de televisión 24? Yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los criminales”, dijo y después afirmó que él tenía un sitio subterráneo secreto en un sitio de la Ciudad de México.

De Felipe Calderón hubo más secretos en Los Pinos: sus fiestas de cumpleaños. La hemeroteca de las revistas de sociales arroja imágenes y crónicas que muestran la forma en que festejó su llegada al mundo con con cientos de invitados; entre empresarios, funcionarios públicos y miembros del Partido Acción Nacional (PAN). Pero en los archivos de la Presidencia de la República no quedó registro del gasto de esas fiestas, como tampoco facturas o comprobantes que indiquen si causaron cargo al erario. Tampoco quedó registro de las organizadas por Sofía Castro Rivera, la primogénita de Angélica Rivera Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto, quien también eligió las revistas de espectáculos y “del corazón” para el reflejo de sus celebraciones.

Los Pinos, la kilométrica residencia inmersa en el bosque de Chapultepec y el caos de la Ciudad de México, donde hasta ahora sólo pudieron habitar los integrantes de la familia del Presidente, tiene hoy su futuro en vilo. Hay muchas propuestas de lo que de ahora en adelante puede ser esta histórica sede del poder mexicano. En las redes sociales, los ciudadanos han manifestado el deseo de que se transforme en un centro cultural, un jardín botánico, un museo y hasta en una universidad.

(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ 20 DE NOVIEMBRE 2018)

COMANDANTE REUNIÓ A “EL CHAPO”, “EL AZUL” Y COLOMBIANOS, Y MÉXICO FUE INVADIDO CON AVIONES DE COCA



Un ex líder del cártel del Norte del Valle, que suministró droga al cártel de Sinaloa entre 1990 y 1996, recordó en el tribunal de Nueva York este lunes que una vez visitó en prisión acompañado por un comandante de la policía al mexicano Juan Esparragoza, “El Azul”, a quien se refirió como “un padrino” para los narcotraficantes.
Según Ramírez, en la reunión participó “El Chapo” y lo que buscaban era la autorización de Esparragoza para cambiar la ruta de envío de la droga desde aviones a barcos camaroneros, a través del Pacífico.

Nueva York, 3 dic (EFE).- El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias “Chupeta“, afirmó hoy como testigo del Gobierno de Estados Unidos contra Joaquín “El Chapo” Guzmán que, según le dijo uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, durante los años 90 llegaban tantos aviones con coca que parecía que Colombia “invadía” México.

El ex líder del cártel del Norte del Valle, que suministró droga al cártel de Sinaloa entre 1990 y 1996, recordó en el tribunal de Nueva York este lunes que una vez visitó en prisión acompañado por un comandante de la policía al mexicano Juan Esparragoza, “El Azul”, a quien se refirió como “un padrino” para los narcotraficantes.

Según Ramírez, en la reunión participó “El Chapo” y lo que buscaban era la autorización de Esparragoza para cambiar la ruta de envío de la droga desde aviones a barcos camaroneros, a través del Pacífico.

En la celda, que “El Azul” compartía con otros miembros del cártel recluidos en la misma cárcel, había bebida, marihuana y todo tipo de comida.

“El Azul me dijo a modo de chiste: ‘mi compadre Calderoni (Guillermo González, policía judicial federal) me dijo que están llegando tantos aviones con coca de Colombia que los gabachos (Gobierno de EU) dicen que parece que están invadiendo México’, de tantos que estaban llegando en la madrugada”, recordó Ramírez.

El testigo fue entrevistado hoy por la fiscalía en la continuación del juicio por narcotráfico contra “El Chapo” en la corte federal en Brooklyn.

“Chupeta” relató que su relación comercial con Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzó en la década de 1990 y que le vendía su cocaína “de la mejor calidad”, que luego el acusado presuntamente traía a EU.


Parte de esa cocaína se la entregaba a la gente de Ramírez en Los Ángeles y a sus representantes en Nueva York.

El colombiano aseguró que “El Azul” le dijo que había mucha presión del Gobierno estadounidense sobre el mexicano en ese momento, también por los pagos que según Guzmán Loera hacía a la policía para poder recibir los cargamentos de droga, que le suplían varios cárteles de Colombia.

(SIN EMBARGO/ EFE/ 03 DE DICIEMBRE 2018)


LA FISCALÍA DE CHIHUAHUA APRIETA AL GRUPO DE MANLIO: UN NUEVO HILO LLEVA AL HIJO DE GUTIÉRREZ



Este año, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación que desde 2017 realizaba el gobierno de Chihuahua sobre el desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal. Pero la Fiscalía General del Estado mantiene en sus manos otra investigación sobre un desvío de 1 millón 740 mil pesos que involucra a dos empresas propiedad tanto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (Jet-Combustibles), el ex secretario adjunto del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, como de su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez (Promotora de Señalamiento Integral).
Gutiérrez Gutiérrez dijo a SinEmbargo que son empresas con contratos legales, pero que no hay pruebas de que participaron en triangulación de recursos públicos. Adelantó que es momento de dar el segundo paso: “presentar elementos firmes y denuncias penales” en su defensa, luego de vivir nueve meses en prisión “y ser torturado” para firmar “una declaración contra Peña [Nieto]”.

Dulce Olvera y Sugeyry Gándara
Chihuahua, Chihuahua 3 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Chihuahua tiene una investigación en proceso que menciona a un hijo del segundo hombre más importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones, un poderoso político mexicano, presidió esa fuerza que gobernó México desde 1929.

Beltrones, quien solicitó en enero pasado un amparo contra cualquier acción judicial, fue presidente nacional del PRI de agosto de 2015 a junio de 2016. Su segundo en el mando –y uno de sus hombres más cercanos– fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien estuvo en prisión preventiva nueve meses en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán en Chihuahua hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) sobreseyó el caso y, ahora, lleva un proceso en libertad por otro caso de presunta corrupción.
Su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez, quien también solicitó en junio una suspensión para no ser detenido, es señalado de ser el representante legal de una empresa que habría servido para triangular recursos públicos a favor del partido del ex Presidente Peña.

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para servicios no prestados.

En entrevista telefónica con SinEmbargo, Gutiérrez Gutiérrez confirmó que su hijo forma parte de Promotora de Señalamiento Integral, la cual recibió un contrato de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua por 904 mil 579 pesos. Pero aseguró que “es mentira” que ambas compañías estén relacionada con triangulación de recursos públicos, y enfatizó que “no hay pruebas” del gobierno de Javier Corral Jurado. Solo “es interés político”.

“¿Dónde está la prueba de que se trianguló y a dónde? ¿Con quién me vi? No conocía a ningún funcionario público de Chihuahua”, dijo. “Tuvieron acceso un año a cuentas de la empresa Jet-Combustible. ¿Dónde están las pruebas de la parte donde participé yo? Mi actividad fundamental son las empresas”, dijo el ex secretario general adjunto del PRI.

Sobre las dos empresas en investigación, Jet-Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, afirmó que “son empresas constituidas, al corriente con los pagos de impuestos, con contratos legales y un contrato bastante menor […]. No estoy en Promotora. Esa es de un grupo de jóvenes con actividades en diferentes lugares”.

SinEmbargo le cuestionó si le preocupaba que su hijo estuviera bajo la lupa del gobierno de Chihuahua. “Me preocupa la distorsión de la Fiscalía de Chihuahua, cómo funciona el sistema judicial. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la seguridad de mi familia, su integridad física”, dijo. Según él, las autoridades chihuahuenses solicitaron una carpeta de fotos de su esposa e hija “que nada tienen que ver”.


“Hago responsable de la integridad física de mi familia al Gobernador de Chihuahua [Corral Jurado] y al Fiscal [César Augusto Peniche Espejel]”, declaró Gutiérrrez Gutiérrez.

El Fiscal César Augusto Peniche Espejel dijo en entrevista que en esta etapa de la investigación de la causa penal 4094/2017 no pueden referirse a una persona en particular. Agregó que no se ha exonerado a nadie ni se dejará de investigar a ninguna persona. “Hay nombres ligados a esas empresas que están dentro de la investigación, dentro de las carpetas, y desde luego su situación jurídica de estas personas, en su momento, deberá de determinarlo el Ministerio Público [la Fiscalía de Chihuahua]”, aseguró.

Sobre la suspensión de aprehensión obtenida por Alejandro Gutiérrez Gómez este verano, Peniche afirmó que “el juicio de amparo malamente ha sido utilizado como un instrumento de impunidad para aquellas personas que han cometido diversos ilícitos. Es una figura que lamentablemente ha caído en esa condición, que tiende a retardar el avance natural de los procesos. Y en este sentido, hemos sido muy cuidadosos en no trastocar la suspensión provisional, pero eso no impide que también se siga la investigación en otros aspectos de la propia carpeta”.

En mayo, Alejandro Gutiérrez Gómez tuiteó en su cuenta personal: “Responsabilizamos de todo lo que nos pueda suceder tanto a mi papá como a cualquier integrante de la familia al Gob de #Chihuahua”. Un mes después, el 28 de junio, recibió de la Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, una suspensión provisional que impide su aprehensión, reportó el periodista especializado Rubén Mosso para Milenio.

Su padre, el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, enfrenta dos procesos penales diferentes. Uno es por su presunta coparticipación en el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas declaradas por el SAT como fantasmas Samex, Despacho de Profesionistas Futura, Sinnax y SISSAS para talleres y un software no brindados, lo cual fue atraído por la federación este año. Estas empresas no son de su propiedad.

En agosto, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió retirar los cargos por considerar falta de pruebas, por lo que la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de Chihuahua presentaron un recurso contra ese sobreseimiento. La medida sigue en curso.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por su parte, sigue investigando la posible relación con las elecciones de 2016, cuando el PRI perdió siete gubernaturas.

El segundo caso, aún investigado por la Fiscalía de Chihuahua, es por su presunta relación en el desvío de 1 millón 740 mil pesos por otra simulación de servicios que involucra empresas de Alejandro Gutiérrez padre e hijo.

LOS 1.7 MILLONES

En la audiencia pública de enero, la Agente del Ministerio Público Edith Alvírez Manquero acreditó ante el Juez de Control Alejandro Legarda Carreón que entre el 20 y 23 de diciembre de 2015, durante el gobierno del priista César Duarte Jáquez (2010-2016), la Secretaría de Hacienda estatal pagó 835 mil 420 pesos a Jet-Combustibles para servicio de traslado personal y 904 mil 579 pesos a Promotora de Señalamiento Integral para el mantenimiento general de edificios, que incluían trabajos de impermeabilización, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado y mano de obra.

“En la acusación se establece que el imputado Alejandro G. G. aportó la empresa Jet Combustibles, S.A. de C.V., de su propiedad, así como la moral ‘Promotora de Señalamiento Integral S. A. de C. V.’, de la que su hijo era el representante legal, para desviar dinero de la administración estatal”, reportó el gobierno chihuahuense tras esa audiencia.

El Fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche expuso que ese total de 1.7 millones de pesos “es una cantidad que nosotros identificamos que forma parte de una estrategia para desviar recursos aquí en el gobierno del estado, en aquel entonces, para destinarlo para fines distintos al objetivo”.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez aseguró en la entrevista que está preparando elementos en su defensa y presentará denuncias civiles y penales para quienes resulten responsables, ya que afirmó que “la impunidad también es manipular la justicia”.

“Daré a conocer acciones contundentes en mi defensa en combate a la impunidad de quien sea”, afirmó. “Será algo bastante firme con consecuencias severas”.

“A cada acción habrá una reacción. Ya pagué nueve meses en prisión”, declaró. “De aquí en adelante es otra etapa. Me voy a defender con toda la fuerza”.

Sobre su estancia en el Centro de Readaptación Social 1 en Chihuahua, narró que estuvo 61 días en una celda sin ver la luz ni hablar con nadie, “bajo tortura para firmar una declaración contra Peña”.

“Claro que no [la firmé]. Ni contra Peña ni contra nadie. No tenía ningún contacto. Ni siquiera lo conocía”, aseguró.

Actualmente, la investigación sigue en la fase complementaria de presentación de pruebas, ya que se ha estado retrasando su curso normal, dijo el Fiscal Peniche.

“Tanto la defensa y en su momento la Fiscalía han estado, especialmente la defensa, solicitando la ampliación o la suspensión del curso normal del expediente y por su parte la Fiscalía ha estado insistiendo con el juez para que ya pueda pasarse a la etapa previa al juicio oral”, explicó.

Una vez iniciada esa fase, la Fiscalía revisará si hay más responsables, por lo que no descarta más órdenes de aprehensión.

“Hay que revisar nuevamente todas las constancias y verificar quiénes más pudieron haber intervenido, tanto intelectuales como materiales, a ver a quién más le puede parar responsabilidad este expediente”, afirmó. “Tenemos varias personas señaladas como imputados. A muchos de ellos les va a resultar orden de aprehensión”.

Desde finales de septiembre, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez vive en arraigo domiciliario presuntamente en el fraccionamiento Cima de la Cantera, en la zona residencial de Chihuahua. La renta de los inmuebles en esa área ronda por encima de los 20 mil pesos mensuales, de acuerdo con el sitio Propiedades.com.

El Fiscal César Augusto Peniche especificó que tiene brazalete, por lo que puede moverse sin salir de la ciudad de Chihuahua. “Puede estar en ese o en otro domicilio dentro de la ciudad”, afirmó.

Tiene como medidas cautelares la prohibición de salir de la capital del estado, la obligación de portar ese brazalete electrónico y el depósito de 1 millón de pesos como garantía.

“Estoy tranquilo”, contó Alejandro Gutiérrez en la entrevista. Pero, como nunca antes, se traslada en coches blindados, agregó. El sábado 1 de diciembre “elevamos las alertas de seguridad” luego de recibir una serie de llamadas anónimas.

Además de Gutiérrez Gutiérrez, hay dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua sujetos a proceso y en prisión preventiva en el mismo Cereso donde estuvo el priista. Se trata de Antonio Tarín García, ex Director de Adquisiciones, y Gerardo Villegas Mandriles, ex Director General de Administración.

“Por lo pronto hay dos ex servidores públicos que desde la Secretaría de Hacienda facilitaron este desvío de recursos, y que también participaron en el desvío de una cantidad mayor, de la que también ya sabemos que la PGR se desistió o solicitó el sobreseimiento de la causa, inexplicablemente desde nuestra óptica”, expuso el Fiscal César Augusto sobre el caso de los 1.7 millones y el de 250 millones de pesos.

LA FIRMA DEL HIJO

Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, dijo en entrevista con este medio que la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “intentó” llevarse la investigación del desvío de 1.7 millones de pesos a nivel federal. Pero el Quinto Tribunal Colegiado lo desechó este noviembre al tratarse de dos hechos delictivos distintos.

Además del caso de los 1.7 millones, el nombre de Alejandro Gutiérrez Gómez también se ventiló en la investigación del caso de los 250 millones de pesos, de acuerdo con el Consejero Espinoza Cortés.

El 9 de marzo de 2016, la Secretaría de Hacienda estatal pagó 4 millones de pesos a Jet-Combustibles, de Alejandro Gutiérrez, para la supuesta realización de un manual operativo de manejo de aeronaves, de acuerdo con lo dicho por la Agente del Ministerio Público Priscila Licón en la audiencia de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Este contrato fue sumado al desvío de 246 millones de pesos desde la Secretaría de Educación estatal, por lo cual la indagatoria se cerró en 250 millones de pesos, ya que un correo electrónico –mencionado durante una audiencia pública– fue enviado tanto a las cuatro empresas fantasma como a Jet-Combustibles.

“Hay que recordar, y eso lo manifestaron los mismos agentes del Ministerio Público de la Federación en la audiencia, que quien firmó los contratos con el estado fue precisamente el hijo de Alejandro Gutiérrez; el que firmó en representación de Jet-Combustibles”, dijo en entrevista Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua.

“Si el Ministerio Público considera que pudiera haber una responsabilidad en ese sentido, claro que tendría que ser investigado”, añadió.

EL CASO DE 250 MDP

Ciudad Judicial en Chihuahua, sede de las audiencias. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo

“El entonces Gobernador estatal [César Duarte Jáquez], en reunión con otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en este caso las personas identificadas como [Antonio Tarín García], Director de Adquisiciones, [Gerardo Villegas Mandriles], Director General de Administración, así como [Ricardo Yáñez Herrera], Secretario de Educación, Cultura y Deporte, manifestó que era necesario obtener del erario 250 millones de pesos que serían de utilidad para los tiempos electorales que se avecinaban”, declaró un testigo de identidad reservada que laboró de 2010 a 2016 en el gobierno duartista, citado en el Juicio de Amparo 954/2017 promovido por uno de los imputados.

En junio de 2016, doce entidades renovaron Gobernador. Luego de que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió siete estados en el proceso electoral, entre ellos Chihuahua, el dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, dejó el cargo.

El ex Secretario de Educación estatal Ricardo Yáñez Herrera y la ex Directora administrativa Karla Areli Jurado Bafidis fueron sentenciados a tres y cuatro años por las autoridades de Chihuahua por la distracción de 246 millones de pesos para supuestos talleres y un software no entregados.

El Juicio de Amparo citado revela que Karla Jurado autorizó y “actuó para [la] formalización” de los contratos, los cuales fueron firmados por Ricardo Yáñez, en su carácter de Secretario de Educación, Cultura y Deporte. Las actas de adjudicación directa fueron firmadas por Antonio Enrique Tarín García, como Presidente del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, actualmente vinculado a proceso al igual que Villegas Mandriles, ex Director general de administración.

LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

En enero de 2018, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo el caso de los 250 millones luego de una denuncia del Partido Acción Nacional y de Morena por presunta financiación irregular para fines electorales.

Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade desde diciembre de 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo que se sigue en proceso de investigación, pero no puede dar detalles para no violar la presunción de inocencia, ya que el esquema del Sistema  de Justicia Penal Acusatorio “es demasiado estricto”.

“Si nosotros en algún momento dado hacemos valoraciones de cómo va el tema, podemos afectar el debido proceso y esto no lo vamos a hacer como una institución seria. Lo que puedo decir es que es una investigación que está en proceso y nosotros en el ámbito de nuestra competencia vamos a seguir investigando hasta su conclusión”, declaró una semana antes del término del sexenio de Peña Nieto.

A diferencia de la investigación de seis meses en Chihuahua por la que se sentenciaron a dos ex funcionarios públicos, la Fepade ha tardado casi un año. “Nosotros obviamente requerimos de mayor información y cada una de las etapas procesales las estamos cumpliendo por lo establecido por la ley”, justificó el Fiscal.

No obstante, en entrevista a parte, la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, no descartó que atraer el caso a nivel federal se trata de “una estrategia legal” para frenar la investigación que la entidad ejercía y no continuar indagando.

Olmos destacó que los argumentos para atraer el caso a nivel federal no tuvieron sustento y, además, en materia de competencia, el Juez federal debía ser de Chihuahua en vez de la capital del país.

Aunque consideró relevante la sentencia de los dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación estatal por cuatro y tres años respectivamente, destacó que es una pena muy baja considerando que se trata de corrupción.

Jorge Espinoza, Consejero Jurídico de Chihuahua, coincidió en que la federación atrajo el caso de manera “ilegal, irregular, viciada y sobre todo manipulada” y, consideró, hubo una intervención de la Presidencia de la República, a través de la PGR, para proteger al ex Secretario adjunto del PRI.

“Vimos claramente dos cosas: la intervención de la Presidencia de la República, del Poder Judicial de la Federación, porque realmente fue una maniobra. Se pretendió federalizar el caso para que no pudiera ser juzgado en el estado de Chihuahua. Obviamente el interés de ellos era llevarse el asunto, pusieron a un Juez de modo, que era el juez [Gerardo] Moreno”, dijo.

“El juez Moreno desconoció a Chihuahua su calidad de víctima e hizo una serie de atrocidades lléndose al extremo de pretender llevárselo [a Alejandro Gutiérrez] físicamente hasta el Reclusorio Norte”, denunció.

El 23 de mayo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cambió de adscripción al Juez federal Gerardo Moreno García, de administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a un Centro del estado de Chiapas.

Entonces, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, tomó el caso de Alejandro Gutiérrez. El 31 de agosto, en una audiencia, sobreseyó la causa penal a solicitud expresa de los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), que optaron por retirar los cargos al ex secretario general adjunto del PRI.

“Nosotros vemos claramente la maniobra por parte de la PGR para solicitar el sobreseimiento ante el supuesto que no había las pruebas suficientes para procesar a Alejandro Gutiérrez”, aseguró el Consejero Judicial Jorge Espinoza. “No obstante que dentro de esa investigación son cinco personas que están en esa carpeta de las cuales dos ya están sentenciados y dos vinculados, y en el caso de Alejandro Gutiérrez, extrañamente no hubo elementos según la PGR”.

Respecto a lo que ve como protección federal, añadió:

“Es evidente la protección que tiene Alejandro Gutiérrez. Él era Secretario adjunto en el Comité Ejecutivo nacional del PRI, en la Presidencia de [Manlio Fabio] Beltrones. ¿Qué significa? Pues que es una pieza importante política en estructura del priista y que operó desde nuestro concepto la operación financiera para las elecciones de 2016 y es por eso que tiene tanta protección: por el nivel dentro del mismo PRI, y la cercanía con el mismo Beltrones, y a su vez, Beltrones con el Presidente Enrique Peña Nieto”.

Para el Consejero Jurídico de Chihuahua Jorge Espinoza, se debe reforzar el Sistema Anticorrupción mediante mayor especialización a jueces y agentes de los Ministerios Públicos locales y federales para perseguir este tipo de delitos.

“Esperamos de entrada que realmente se haga justicia en este caso. Nosotros confiamos en que el nuevo Gobierno [federal] no intervendrá a favorecer a ninguna de las personas vinculadas con el PRI. Creemos que eso le bajará presión al Poder Judicial de la Federación para que resuelva con base en las constancias de los expedientes y la responsabilidad de cada quién”, afirmó.

(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA Y SUGEYRY GÁNDARA / REDACCIÓN / SIN EMBARGO/03 DE DICIEMBRE 2018)