En su discurso en la plaza
pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático
sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal. En
Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos
pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y
fierro. El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó
mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el
nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin
afectación financiera.
La clave se encuentra en la
segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la
mañana –la definitiva tiene matices-, donde señala que este mismo lunes emitirá
en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares. Es decir,
no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la
obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva
–denominada Class Action- de los tenedores de bonos que fueron ofertados y
adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.
Se desconoce cuántos y cuáles
fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de
estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco.
Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016
y 2017 dos ofertas por un total de seis millones de dólares para financiar la
construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global
Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría
acelerar el pago del bono y el interés. Varios manejadores de fondos viajaron a
la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo
resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero
no hubo quién atendiera sus preocupaciones.
Tras las frustradas gestiones
se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como
oficialmente el gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en
Texcoco. La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una
acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción
estratégica. De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una
situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por
132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica
que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39
personas. El gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores
de bonos aceptaron los términos de la negociación.
Ese 7% restante de los
tenedores de los bonos demandaron al gobierno argentino en un largo litigio en
la corte en Nueva York. En octubre de 2012 el juez Thomas Griesa determinó que
Argentina debía pagar el 100% de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández
apeló, y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se
llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle
activos en el extranjero. Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil
millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de
mil 500 por ciento sobre la inversión original, profundizando la crisis
económica con la que recibió el gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el
contexto de la decisión adoptada por el gobierno de López Obrador para evitar
un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el
sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.
La decisión, por esta razón,
es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los
contratos mientras que el gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos
internacionales. Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que
se esperarían mayores ofertas de compra. El problema es que por más lento que
avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se
incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López
Obrador, cuando menos por ahora.
La apuesta tendrá que ser por
la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto
“Benito Juárez” y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del
presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa
y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30
mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y
privados, bancos y aseguradoras. No será algo sencillo de lograr, por la
pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto,
pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el
gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.
El aplazamiento de la
cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un
camino sencillo y tiene que explicarse bien en México. La percepción de que el
presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser
precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos audiencias simultáneas:
la doméstica, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que
la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra,
pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que
olvidar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ COLABORACIÓN/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/3 DE
DICIEMBRE DE 2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario