La Viña del Señor
El gatopardismo, ese fenómeno
que simula cambiar para seguir igual, permea de arriba abajo a las
instituciones del Estado y a sus líderes políticos, que venden como novedades
recetas del pasado ya probadas como fallidas o se hacen que la virgen les habla
ante el cúmulo de problemas y demandas ciudadanas, ventiladas hasta la saciedad
en la campaña reciente, en comparecencias ante los órganos competentes, como es
el caso de los funcionarios públicos y en foros y consultas, como la del NAIM,
que tanto irritó al sector fifí de la inversión y de la sociedad.
En nombramiento del Fiscal
General de Justicia en el Estado, no escapó a esa nefasta práctica de la clase
política mexicana, que la Cuarta Transformación se ufanó en borrar.
El Congreso del Estado dejó
pasar la oportunidad de sentar las bases para la mejora de una institución a
todas luces en la lona, según el decir de quienes integraban la terna
claudillera enviada para seleccionar al bendecido por los dioses del poder
legislativo, previa negociación entre los que mandan.
UNA FISCAL CARNAL
El nuevo titular de la
fiscalía será transexenal pues durará 9 años en el cargo y eso deben de haberlo
sopesado quienes metieron mano para que Claudia Indira Contreras, quedara en el
cargo.
La nueva funcionaria proviene
de las entrañas del monstruo, pues buena parte de su carrera ha servido en la
institución desde que era Procuraduría y le tocó vivir su transformación en
Fiscalía y ocupar la vicefiscalía de Feminicios y de Delitos Sexuales por
Razones de Género.
Y si durante el primer tramo
de su gobierno Claudia Pavlovich, tuvo libertad para imponer una política
anticrimen para atacar flagelos como el incremento de la inseguridad y la
impunidad, se ve difícil que pueda remontar en la recta final del sexenio,
cuando el gobernador pierde capacidad de maniobra y es sometido a tiroteo y
torpedeo interno y externo, derivado de la etapa sucesoria.
¿Y LA AUTONOMÍA DEL MP APÁ?
En ese proceso, que involucró
al propio Congreso, a un supuesto Comité Ciudadano de Seguridad Pública y a
misma gobernadora Claudia Pavlovich, imperó la salida negociada y se dejó manos
libres a “La Güerita”, en el nombramiento del nuevo fiscal, a quien tendrá como
uno de sus empleados y subordinados, la cual ha sido la tónica con esa figura,
a pesar de los discursos y sesudas doctrinas de juristas de la talla de Héctor
Fix Zamudio, que hablan de la autonomía del MP, una sacrosanta calificativa
para una institución muy desprestigiada socialmente.
Ya desde antes de que pasara
al pleno del Congreso el nombramiento del nuevo fiscal, por voz del propio presidente
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Jesús Alonso Montes
Piña, diputado local sanluisino, se vio por donde venía la jugada cuando
declaró que no era viable elegir a alguien antagónico a la gobernadora
(periódico Expreso 15/11/2018). La línea era clara: No incomodar a la jefa del
ejecutivo.
En su dictamen la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales habló maravillas –pero le faltó crítica--
de los propuestos, cuando lo cierto es que ni Rafael Ramírez Leyva, ni Gabino
Cabanillas Herrera, ni la seleccionada Indira Contreras, garantizaban de
entrada la autonomía de la institución ministerial.
Durante sus comparecencias
ante dicha comisión los seleccionados desnudaron como queriendo y no, porciones
del verdadero estado de la fiscalía estatal y que cualquier abogado postulante
de mediano pelo conoce a la perfección: que en las agencias del MP permean
prácticas viciadas como el tortuguismo y la prepotencia, que las víctimas de
los delitos son revictimizadas, que la mediación es puro pedo, que su personal
carece de formación profesional y que la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal ha sido deficiente y que en ella sus operarios tienen gran
culpa. Tales cuestiones han convertido a la Fiscalía en una institución débil y
frágil, además susceptible a la crítica.
Al final de cuentas dicha
instancia camaral no refirió a la urgencia de una política criminal que evite
que Sonora se convierta en otro Tamaulipas en tiempos del Cártel del Golfo y de
Los Zetas, hacia donde ya iba a pasos agigantados, con un municipio de Cajeme,
convertido en tierra de nadie.
“El Fofo” Rodolfo Lizárraga,
un farandulero y escandaloso diputado local del PT, seguidor de las frases del
Ché Guevara, cuyo alcance de fondo escapa a su elemental formación político-ideológica,
afirmó que vigilarán que la fiscalía respete los derechos humanos. Palabras al
aire dignas de risa, si no se tratara de un asunto tan delicado que implica al
sistema de procuración de justicia y de política criminológica, que autores como
Eduardo Lozano Tovar, autor del libro “Política Criminal en la sociedad
moderna”, si se toman con seriedad.
El Congreso al final decidió
que doña Justicia puede esperar mejores tiempos para ser remozada.
EL CONGRESO, UNA VACA QUE NO DA LECHE
De antemano se sabía que el
Congreso del Estado, es la arena non de la grilla y un ring en donde se
manifiestan los intereses de los grupos fácticos.
La legislatura pasada es el
mayor ejemplo de ello: Cuatro diputados panitas fueron cooptados sin pudor y sumados
a la causa del PRI-Gobierno. “Las cuatro llantas ponchadas”, los calificó el ex
legislador Javier Dagnino.
Más adelante aprobó la
conocida como Ley Pano, un bodrio inconstitucional, que en el fondo recogía el
sentir de grupos empresariales y ciudadanos azotados por la delincuencia. El
Congreso aprobando leyes que van en contra de la letra de la Carta Magna, si
constituyó un para Ripley.
La batería de reformas
constitucionales que comprendió la Ley Veto a días de terminar el mandato la
legislatura saliente, para blindar a la gobernadora Pavlovich, convertir en
intransitable al rendición de cuentas y la remoción de funcionarios del
Congreso, fue un ejercicio de cinismo y subordinación pocas veces visto, aunque
en el pasado el nombramiento del panista Sebastián Sotomayor, como magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia, fue una afrenta a la autonomía de dicha
instancia legislativa y de la misma judicatura.
Así que con esos antecedentes
poco se podía esperar del Congreso, a pesar de su nueva composición política de
mayoría de “izquierda”, con la cual nadie extraña a la anterior derecha panista
y priísta.
La aspiración de Héctor
Contreras, ex subprocurador de Justicia y de las gentes más cercanas al
exfiscal Rodolfo Montes de Oca y a la par presidente de la Barra Sonorense de
Abogados, subordinó a ese organismo gremial a la búsqueda cargo al que aspiraba
su dirigente.
De entre las agrupaciones que
llamaron la atención sobre la necesidad de implementar políticas públicas que
atendieran las quejas ciudadanas en torno a las deficiencias del sistema de
procuración de justicia, la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos-Sección Guaymas (ANAD-Guaymas), hizo un posicionamiento público
dirigido al Congreso del Estado.
Sus agremiados padecen a
diario en sus gestiones y trámites ante las dependencias policiacas, agencias
del mp y juzgados la realidad que permea en el sistema de justicia y la actitud
de quienes no asumen su calidad de servidores públicos. Eso el Congreso debió
saberlo.
VER TODO EL BOSQUE, NO SOLO EL ÁRBOL
Y mientras el nombramiento
del nuevo fiscal acaparaba los reflectores, en los alrededores se fraguaban
otros nombramientos claves para el control del sistema de justicia.
Días antes Francisco
Gutiérrez Sánchez, flamante presidente del Supremo Tribunal de Justicia en
Sonora, era ratificado por su corte de magistrados independientes. Gutiérrez,
ha sido un legimador y apoyador innegable de las propuestas claudilleras como
la Ley Pano y la Ley Veto y forma parte del engranaje del sistema anticorrupción
a modo. Eso le valió al magistrado.
El máximo órgano del Poder
Judicial sonorense perdió todo el respeto cuando durante el gobierno de
Guillermo Padrés, sus integrantes se cruzaron de brazos dejaron pasar la
imposición de un inexperto en cuestiones de la Ley como Sebastián Sotomayor,
como presidente de los togados.
Ese mismo día 15 de
noviembre, el priísta y mejor compadre de la gober Aldo Pa(n)dilla, fue
ratificado al frente del Tribunal de Justicia Administrativa, otra pieza
estratégica de poder claudiño y que impidió la salida de los funcionarios
despedidos del Congreso a pocos días de finiquitar la anterior legislatura.
A nivel federal la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad
Interior peñanietista y el Senado aprobaba la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, que tanta polémica desató a raíz del Fiscal Carnal y
cuya autonomía exige del nuevo el colectivo #Porunafiscalíaquesirva.
Igualmente, el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador y su futuro secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (sin lo pública), presentaban el ambicioso Plan Nacional
de Paz y Seguridad (2018-2024), en donde se contempla la creación de la Guardia
Nacional bajo mando del titular de la SEDENA, la permanencia de los militares
en las calles, mientras ni una coma mereció el tema de la narcocultura que
permea en múltiples manifestaciones ideológicas en una evidente apología del
delito como en muchos narcocorridos de grupos y bandas como Los Tucanes de
Tijuana, Tigres del Norte, Calibre 50 y demás.
Por lo pronto Amnistía
Internacional, llamó la atención a desterrar el militarismo de la propuesta
pejista.
SE IMPONE AGENDA POLÍTICA SOBRE LA DE SEGURIDAD
No se requiere ser muy ducho
en menesteres de la grilla para intuir que de nuevo la agenda política de los
actores sobre la demanda de seguridad y combate a la delincuencia.
O sea, al anteponer los
intereses políticos se da al traste al ministerio público, como una institución
del sistema de justicia digna de mejora o se le mantiene en el pantano en que
se encuentra.
Con estas medidas se ahonda
el proceso de fortalecimiento del Estado y de debilitamiento de la sociedad en
materia de seguridad pública que advertía el investigador Sergio Zermeño, en
“La desmodernidad mexicana y alternativas a la violencia y a la exclusión en
nuestros días”.
Como se ve, con esos
políticos la sociedad siempre pierde…
(EL
PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 16 NOVIEMBRE 2018)
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