jueves, 7 de junio de 2018

“LOS MARINOS SE LLEVARON A MI HERMANO”, EL REPORTAJE QUE PROVOCÓ LAS AMENAZAS CONTRA PROCESO



Mediante un reportaje de este semanario, una familia de la Ciudad de México descubrió el destino de uno de sus integrantes: fue detenido por marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, horas antes de cruzar hacia territorio estadunidense en busca de trabajo. Pese a la denuncia, ninguna autoridad les ha hecho caso. Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos relatan la pesadilla de las familias de las víctimas y la que ellos padecen amenazados por trabajar en los casos de desaparición forzada, que no tienen freno.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Habitual lector de Proceso, Felipe Hernández fue alertado el 6 de mayo por un conocido para que de inmediato adquiriera el número 2166 del semanario, a fin de conocer el motivo por el que su cuñado Gabriel Gaspar Vázquez había dejado de tener contacto con su familia, luego de que el 26 de marzo último informó desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, que al día siguiente cruzaría la frontera en busca de trabajo.

Al leer el reportaje Tamaulipas: Tres meses de terror bajo el yugo de la Marina, Felipe Hernández y su esposa, Lucía Gaspar, habitantes de la Ciudad de México, pasaron de la convicción de que Gabriel habría sido detenido por la migra en Estados Unidos –y que no tardaría en regresar– a la incertidumbre de tener un familiar víctima de desaparición forzada.

La investigación expone la desaparición de al menos 28 personas a manos de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), 17 de las cuales fueron documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entre ellas las de Gabriel Gaspar, originario de Oaxaca, y la de su amigo Daniel Trejo García, quienes fueron sacados del domicilio del segundo durante la madrugada del 27 de marzo último, de acuerdo con el testimonio de Jessica Molina, esposa de Trejo.

Ante la noticia, Lucía dirigió una carta al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la que le rogó que dejara en libertad a su hermano Gabriel ante “testimonios y evidencias sólidas” de que personal de la Secretaría de Marina (Semar) lo había detenido en Nuevo Laredo.  

“La vida de mi hermano y de su amigo está en sus manos”, sentencia la misiva, fechada el 16 de mayo último, la cual fue rechazada por el personal de la Semar en la Ciudad de México.

“En dos ocasiones llevé la carta a la Semar y se negaron a recibirla; (me dijeron) que tenía que hablar a la Presidencia y pedir una investigación. Me dijeron que posiblemente fueron delincuentes disfrazados de la Marina; pero mi cuñado no tenía motivos para estar en problemas con la delincuencia. Es un joven trabajador, honrado, no tiene vicios. Lo único que quería era una mejor vida para su familia. Tiene una niña de nueve meses y su esposa estaba embarazada cuando él salió de Oaxaca”, explica Felipe en entrevista.

Originarios de la comunidad San Francisco Jayacaxtepec, ubicada a 150 kilómetros de la capital oaxaqueña, en la sierra mixe, Lucía y Gabriel son los menores de 11 hermanos de extracción humilde.

“Mi hermano había vivido 14 años en Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, haciendo de todo, de albañil, instalaciones eléctricas y se vino porque se murió mi papá. Estuvo un año con mi mamá y después ella murió también. Quiso regresar porque en el pueblo no hay oportunidades”, cuenta Lucía, quien acompaña a Felipe en la entrevista.

“No duermo pensando en que si se lo llevaron los marinos ya lo pudieron haber matado. Estamos angustiados porque no podemos hacer nada, no tenemos dinero (…) Hay que tener dinero para moverse y a nosotros sólo nos queda encomendarlo a Dios”, dice Lucía entre lágrimas.

Pero más que la falta de recursos para ir a Nuevo Laredo a buscar a su hermano, lo que le molesta a Lucía es que las autoridades, como la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la delegación de la Procuraduría General de la República en Nuevo Laredo “no están buscando, están en el papeleo, decidiendo quién lleva el caso. Es más la angustia para nosotros de que ya sea demasiado tarde”.

AMENAZAS CONTRA DEFENSORES

El reportaje de Proceso también fue considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su solicitud de medidas cautelares dirigidas a la Semar el 10 de mayo, de acuerdo con el oficio V2/29651, del cual este semanario tiene copia y en el que el organismo pide tomar medidas para detener los abusos.

En el documento, el segundo visitador, Enrique Guadarrama López, informa al jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar, Hilario Durán Tiburcio, que de enero a esa fecha, “derivado de los operativos realizados por elementos de la Semar en el Estado de Tamaulipas, se han recibido (…) 32 quejas sobre hechos en diferentes municipios.

“Las quejas refieren desapariciones de personas, privaciones de la vida, detenciones arbitrarias, cateos ilegales y tortura, entre otros, por elementos de la Semar. De todos los casos se abrieron expedientes de queja y se solicitaron informes correspondientes.”

El 30 de mayo, en un comunicado, el organismo defensor de derechos humanos dio a conocer que sólo de Nuevo Laredo tenía 21 quejas correspondientes a la desaparición de 31 personas, entre ellas dos mujeres y siete menores de edad, una chica entre ellos.

El reporte de la CNDH abonaba al reciente llamado urgente que lanzó desde Ginebra, Suiza, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que ponga fin a la “ola de desapariciones en Nuevo Laredo y sus alrededores”, tras revelar que su representación en México había documentado 23 desapariciones (21 hombres y dos mujeres) en hechos reportados de febrero al 16 de mayo.

Una semana previa al comunicado de Zeid Ra’ad al Hussein, el responsable de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Ibrahim Salama, notificó que el Estado mexicano tenía hasta el 13 de junio para informar a esa oficina sobre “una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva” de los 17 casos documentados por el CDHNL, así como una investigación imparcial que permita “identificar a los perpetradores”.

Entre los requerimientos que el CED hizo a las autoridades resalta el “permitir el acceso inmediato de las autoridades a cargo de las búsquedas de las 17 personas desaparecidas, incluido el CDHNL y los familiares allegados a las víctimas, a los diferentes cuarteles de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León, e Hidalgo, Coahuila, donde se supone fueron ingresados algunos de los detenidos para su interrogatorio”.

En el escrito fechado el 23 de mayo, el CED urge a la implementación inmediata del oficio V2/29651 de la CNDH y también emite medidas cautelares en favor de las 17 víctimas y sus familiares, así como del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, quien ha “sido objeto de amenazas, campañas de difamación y de desprestigio tras su intervención en apoyo a los desaparecidos y allegados”.

En la misiva, Ibrahim Salama notifica al gobierno de México que “el comité está altamente preocupado por estos hechos, que ponen a diario en peligro la seguridad y la vida de los habitantes del estado de Tamaulipas, y que, de ser verificados, constituirán una grave violación de sus obligaciones convencionales”.

La preocupación por la situación del defensor y del ambiente de terror que priva en Nuevo Laredo fue expresada por la directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Carolina Jiménez Sandoval, en una carta dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, fechada el 25 de mayo.

En dicho texto se informa del intento de impedir el libre tránsito a Raymundo Ramos y a un grupo de familiares de desa­parecidos por parte de elementos de la Marina pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales, el 10 de mayo pasado, cuando se dirigían al poblado de Colombia, Nuevo León, en una brigada de búsqueda de víctimas, momento en el que el defensor fue “interrogado de manera acosadora” por el responsable del retén, quien lo acusó de “estar cometiendo el delito de usurpar la función pública por estar haciendo labores de búsqueda, que, según el representante de la Semar, sólo correspondían a policías”.

La directora adjunta de Amnistía refiere actos de difamación contra el presidente del CDHNL mediante una página de Facebook llamada “La Voz del Pueblo2”, en la que se hacen “acusaciones contra el señor Ramos Vázquez por su trabajo de denuncia contra la Semar, acusándole de tener vínculos con grupos delictivos”.

Carolina Jiménez informa que después de que Ramos Vázquez entrevistó a la esposa de un desaparecido, la señora fue “secuestrada temporalmente la mañana del día 25 de mayo por presuntos elementos de la Semar en vehículos civiles, quienes la habrían amenazado y también le señalaron al señor Ramos Vázquez, exigiéndoles más información sobre su persona”.

El ambiente intimidatorio para aplacar las exigencias de los familiares de víctimas que acusan a la Marina, quienes han recurrido a protestas públicas, impidió que algunos de ellos se desplazaran a la Ciudad de México, donde denunciarían la oleada de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo en una conferencia de prensa programada para el pasado 28 de mayo.

CON TESTIMONIOS

Yuliana Uscanga, abogada que representa a 15 familias de víctimas que han señalado a la Marina, denuncia que entre el 24 y el 25 de mayo “hubo tres casos de intimidación; nos damos cuenta que tienen bien ubicadas a las señoras en sus trabajos y en sus domicilios, a donde han acudido marinos a amenazarlas para que dejen por la paz las denuncias. Están sembrando el miedo”.

Agrega que, aun cuando había familias dispuestas a viajar por carretera a la capital del país, decidieron suspender la conferencia “por seguridad y prudencia”.

–¿Tienen claro que fueron marinos los responsables de las amenazas?

–No nos consta nada, pero a nadie más le podría afectar que se siga señalando a la Marina más que a la propia Marina.

La litigante advierte que, pese a la gravedad de las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR), “no hay ningún avance en las investigaciones, no se les da copia a los familiares de las indagatorias y, menos aún, se realizan búsquedas; quienes salen a buscar son los familiares”.

Cuenta que en los 15 amparos que ha interpuesto “la Marina niega su responsabilidad en las desapariciones, pese a que hay reportes en los que existen fotos y videos que lo acreditan”.

Dos casos de esos son los de Daniel Gerardo García Ramírez y el de José Luis Bautista Carrillo, desaparecidos el 14 de abril y el 16 de mayo, respectivamente. En cuanto al primero, su pareja Azeneth Olivo Lumbrera asegura que, además de testigos de su detención, perpetrada afuera de una tienda de conveniencia, existen videos de las cámaras de seguridad de ese establecimiento, de una gasolinería y de un centro de cambio, pero “los de la PGR no han solicitado las imágenes, aunque la gente está dispuesta a aportar pruebas y a declarar siempre y cuando se les proteja”.

En lo que atañe a Bautista Carrillo, decenas de personas dijeron que personal naval irrumpió en una reunión de comerciantes en un deshuesadero de autos, denunciaron que fueron despojados de dinero y objetos de valor; otros más, quienes acudieron en apoyo de esas personas, tomaron videos y fotografías de la presencia de marinos.

Erika Castro, esposa de José Luis y testigo de los hechos, explica que en las investigaciones “los marinos dicen que sí estuvieron en el establecimiento porque recibieron una llamada anónima de que había gente armada; dicen que entrevistaron al dueño del lugar y se fueron”.

Ambas mujeres exigen que la Marina cumpla con su promesa de abrir los cuarteles, ofrecimiento hecho por un representante de la institución en una reunión del 16 de mayo último en la que también estuvieron representantes de la ONU y de la CNDH.

Raymundo Ramos, quien como Uscanga fue testigo del compromiso del enviado de la Semar, dice que la apertura de los cuarteles estaba programada para el 23 de mayo pasado, pero que fue cancelada por los responsables de la dependencia “bajo el argumento de que era por seguridad del personal”.

Expone que no sólo se trata de atender una instrucción del CED, sino que a las familias les interesa “buscar esos vehículos en los que han estado realizando las desapariciones forzadas e identificar a los marinos que se llevaron a sus seres queridos, porque muchas de esas familias han sido testigos de las detenciones arbitrarias y posteriores desapariciones forzadas, y la búsqueda la quieren hacer ante las autoridades, ante la PGR”.

Después de que la CNDH emitió medidas cautelares, cinco personas más desaparecieron, “por lo que las actividades de los marinos deberían suspenderse hasta que se realice una investigación”, considera Ramos Vázquez.

 “En los últimos seis meses, en Nuevo Laredo la Marina no ha hecho nada importante: ni decomisos ni patrullajes ni detenciones que rindan resultados; en cambio, lo que sí ha hecho son desapariciones forzadas”, denuncia de nueva cuenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Este reportaje se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 5 JUNIO, 2018)

MARINA, LA IMAGEN DE UNA DERROTA



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La imagen es devastadora para la moral militar: un joven patea a un efectivo de la Marina que camina maltrecho tras ser rescatado por dos de sus compañeros de una manifestación que se tornó en apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Protegido por otros dos elementos, sigue recibiendo golpes y patadas mientras lo encaminan para ponerlo salvo. Uno de los marinos que lo escolta es golpeado con un palo por la espalda. El chaleco amortigua el golpazo. Una patada por la espalda lo saca de equilibrio por un momento.

Al otro marino le revienta una botella de agua en el casco. Los gritos humillan tanto como los palos y piedras que les avientan. Lo mismo que una camioneta de la Armada que terminó apedreada, con las llantas ponchadas y pintada con las siglas del CJNG.

Arropados por otros marinos, los militares apuran el paso para alejarse de una de las calles del sur de Ciudad Guzmán, Jalisco, un municipio a sólo dos horas de la capital, Guadalajara.

Minutos antes, la Marina había disparado al aire para dispersar a los manifestantes y rescatar al militar. Un civil resultó herido en una pierna. Horas después, esa Fuerza Armada admitió que disparó y subrayó en que no repelió las agresiones. Nada dijo sobre el herido.

La manifestación tuvo lugar la tarde del pasado lunes y fue convocada para protestar por la presencia de la Marina en el lugar, a la que acusan de cometer abusos.

No es la primera vez que militares mexicanos son humillados por civiles durante la guerra contra el narcotráfico. Elementos del Ejército han sido secuestrados, retenidos y golpeados en tumultos en lugares como Michoacán. Las versiones oficiales y oficiosas dicen que detrás de esas manifestaciones están los grupos de la delincuencia organizada.

Otra cosa han sido los ataques armados que también han pegado a la moral de las Fuerzas Armadas. El propio CJNG derribó ahí en Jalisco un helicóptero en 2015. La semana pasada, la Marina sufrió otra derrota en relación con el CJNG.

Un juez federal decidió la liberación de Juan José Farías, conocido como El Abuelo, porque la Marina mintió sobre las circunstancias de su detención. Ocultó que disparó desde dos helicópteros hacia el vehículo en el que iba el presunto jefe del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán.

En el vehículo viajaba un niño de dos años. La Marina estuvo a punto de repetir la tragedia de hace dos meses cuando acribilló a una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue parte de la respuesta a una triple emboscada que dejó un marino muerto y 13 más heridos, presuntamente a manos del Cártel del Noreste.

Nuevo Laredo se ha convertido en una crisis para la Marina. La semana pasada, desde Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos la señaló en la desaparición forzada de al menos 23 personas entre febrero y mayo de este año.

La ONU hizo eco de las denuncias del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La revista Proceso también ha dado cuenta del trabajo de esa organización civil que dirige Raymundo Ramos. Esa cobertura devino en una intimidación hacia el medio.

Las Fuerzas Armadas han llegado a un límite. Más que desatar su respuesta violenta, urge reconstituir su dignidad. A menos, claro, que se quiera la venganza de un Estado desesperado por no perder su última línea de defensa.

@jorgecarrascoa

(PROCESO/ ANÁLISIS /JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 6 JUNIO, 2018)

DEJAN NARCOMANTA CONTRA CANDIDATO ¡EN ESCUELA!


El mensaje fue encontrado esta mañana colgado en la entrada de una escuela de Guerrero, la cual suspendió clases


Foto: Tomada de Facebook.

Cd. de México.- Omar Jalil Flores Majul, candidato del PRI a diputado local en Taxco, Guerrero, fue amenazado a través de una manta que llevaba la firma del Cártel del Golfo.

Según medios locales, el mensaje fue encontrado esta mañana colgado en la entrada de una escuela del barrio de Guadalupe, la cual suspendió clases.

El texto lanza una advertencia al abanderado, sus escoltas y familiares.

"Es la ultima advertencia, yego su ora, aver si sus escoltas van aguantar los vergasos ya tenemos ubicadas a sus familias (sic)", reza en la manta".

A principios de mayo pasado, Flores solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero personal de seguridad para su campaña.

El priista, de 42 años de edad, es Alcalde con licencia de Taxco y fue diputado federal de 2012 a 2015.

(EL MAÑANA DE REYNOSA/ AGENCIA REFORMA/ 07 / JUNIO / 2018 - 07:33 P.M)

EN SU NUEVA PORTADA, LA REVISTA TIME ILUSTRA A TRUMP COMO UN REY



La revista Time divulgó este jueves, la nueva portada de su versión impresa, en la cual aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya imagen ilustrada simula estar reflejada en un espejo, caracterizada con corona y capa, como si fuera un rey, en referencia a su derecho absoluto a otorgarse el perdón a sí mismo.

“Los críticos de Trump oyen en estas afirmaciones de autoridad presidencial no solo un eco de Richard Nixon, sino el tipo de poder sin freno que los estadounidenses han rechazado desde que rompieron con la monarquía británica en el Siglo 18”, señaló la revista.

A inicios de esta semana, Rudolph Giuliani, abogado del mandatario estadounidense, afirmó que el magnate republicano contaba con el derecho absoluto para otorgarse el perdón en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Poco después, Trump afirmó en su cuenta de la red social Twitter, que contaba con dicho derecho, pero aseguró que no era necesario usarlo, porque no ha hecho “nada malo”, además de que calificó como “inconstitucional”, una posible citación a declarar por parte del Fiscal Especial, Robert Mueller.

-Con información de Reforma.

(SEMANARIO ZETA/ INTERNACIONAL / CARLOS ÁLVAREZ/ JUEVES, 7 JUNIO, 2018 12:29 PM)

MATAN A HOMBRE Y BALEAN A NIÑO DE 3 AÑOS



Fotos: cortesía

Alrededor de las 14:00 horas de este jueves 7 de junio,  se reportó el ataque armado al interior de una tienda de abarrotes en la colonia Chamizal, en Tijuana,  el saldo fue de un hombre muerto y un menor de 3 años de edad, herido en una extremidad.

A la central de emergencias se informó que en un comercio sobre la calle Buena Vista se escucharon detonaciones de arma de fuego  y al parecer dos personas resultaron lesionadas.



Los hechos ocurrieron en la colonia Chamizal

Al arribo de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja tuvieron a la vista a los lesionados, el adulto, de alrededor de 40 años, fue declarado sin vida en el lugar; mientras que el infante, resultó con una lesión en una extremidad inferior, para lo cual fue necesario su traslado a un nosocomio.

Tras los hechos  gentes policiacos montaron un operativo de búsqueda para dar con tres presuntos responsables que huyeron a pie tras el ataque.

Por el momento no se reportan personas detenidas.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ JUEVES, 7 JUNIO, 2018 02:54 PM)

PGR Y PF DETIENEN DENTRO DE PRISIÓN DE BC, A “EL QUILLO”, UNO DE LOS PRESUNTOS ASESINOS DEL PERIODISTA JAVIER VALDEZ



Juan Francisco Picos Barrueto, alias “El Quillo”, fue aprehendido este miércoles por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal (PF), dentro de un penal de Baja California, por su presunta participación en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, acontecido el pasado 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.

“El Quillo”, quien junto a Heriberto Picos Barraza, “El Koala” y Luis Idelfonso Sánchez Romero, “El Diablo” -asesinado en Sonora en septiembre de 2017-, todos sicarios del Cártel de Sinaloa, supuestamente asesinaron al periodista sinaloense, corresponsal del diario La Jornada y cofundador del semanario Ríodoce.

Picos Barrueto estaba preso por procesos penales en los que le imputan los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante. El pasado 24 de agosto, “El Quillo” fue detenido por elementos de la PF y de la Secretaría de Marina (Semar), en Mexicali, después de que se pasó un alto a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto. En la revisión del vehículo, le hallaron una pistola Ruger 985, dos armas calibre 9 milímetros, una calibre 45 milímetros y una caja con 35 cartuchos.

La PGR informó que la orden de aprehensión contra “El Quillo” -familiar de “El Koala”, capturadp el pasado 23 de abril, en Tijuana-, fue obtenida gracias a las investigaciones conjuntas de la Procuraduría, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Fiscalía de Sinaloa.

Dentro de prisión de BC, la PGR cumplimentó contra “El Quillo”, la orden de aprehensión por homicidio, y solicitó a al juez de control de Sinaloa, responsable del caso, fijar a Picos Barrueto una fecha para llevar a cabo la audiencia inicial para formularle la imputación.

“En dicha audiencia los fiscales adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) expondrán los datos de prueba con los que cuenta la fiscalía y se solicitará la vinculación a proceso del detenido”, indicó la PGR a través de un comunicado.

Javier Valdez fue asesinado el pasado 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa, por presuntos miembros de una célula del Cártel de Sinaloa, que estaba bajo el mando de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en la Ciudad de México el mismo mes del homicidio del periodista sinaloense, y que se encuentra preso, sujeto a juicio de extradición.

Según la investigación de la PGR, el móvil del crimen del periodista sinaloense tuvo que ver con unas publicaciones realizadas por Valdez Cárdenas en contra de “El Licenciado”, y su hijo Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, detenido en Estados Unidos.

“El Koala” permanece recluido en el penal de Aguaruto, en Culiacán, aunque solicitó ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 8, que se localiza en el municipio de Guasave, argumentando temor hacia su integridad física, petición aceptada por el juez.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS/  CARLOS ÁLVAREZ/ MIÉRCOLES, 6 JUNIO, 2018 10:15 PM)

DETIENEN EN CDMX A 6 CHINOS Y 4 MEXICANOS; TENÍAN 10.5 MDD EN EFECTIVO; LAVABAN DINERO AL CJNG


Al ejecutar dos órdenes de cateo entre el 26 y 29 de mayo pasado en la Ciudad de México, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvieron a 6 ciudadanos chinos y 4 mexicanos, a quienes les aseguraron 10 millones 510 mil 152 dólares (equivalentes a 206 millones 68 mil 249 pesos), así como 95 mil 800 pesos en efectivo, supuestamente producto del lavado de dinero de una célula delictiva al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales.

Durante un mensaje a medios, Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) divulgó los nombres -pero no los apellios- de los presuntos delincuentes: José Ángel, Marina Yamilé, Gregorio, Carlos Herminio, Chen, Liang, Junqiang, Haiquan, Guoen y Wuiko.

También se incautaron 5 inmuebles, una pistola calibre .9 milímetros, 10 vehículos -de ellos 5 con compartimentos para ocultar objetos-, así como documentos financieros y contables, abundó Israel Lira Salas.

“Las investigaciones permitieron conocer que los detenidos forman parte de una red internacional de operadores financieros vinculados con distintas organizaciones delictivas generadoras de violencia en el territorio nacional que operan con dinero producto de actividades ilícitas”, señaló el subprocurador.

Los acusados ya fueron vinculados a proceso por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Según Lira Salas, el juez acordó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, plazo en el que los sospechosos del sexo masculino permanecerán internados en el Reclusorio Norte, y la mujer en el Penal de Santa Martha.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS/  CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 7 JUNIO, 2018 12:02 PM)

REVELA SENTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS EN LA DEFENSA DE 3 DETENIDOS POR AYOTZINAPA


Un indiciado fue defendido por el mismo abogado de oficio que dos horas antes había escuchado imputaciones en su contra, defendiendo a otro sujeto.



(Foto: Archivo Cuartoscuro).

El Poder Judicial de la Federación detectó que hubo conflicto de intereses en la defensa de tres detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con la sentencia de un tribunal colegiado que el lunes 4 ordenó reponer el procedimiento.

La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, establece que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los estudiantes no ha sido pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra el conflicto de intereses que afectó el derecho de al menos tres detenidos a una defensa adecuada. A esas tres personas les fueron asignados abogados de oficio que previamente habían defendido a otros sospechosos que habían hecho imputaciones en contra de ellas.

De acuerdo con la sentencia, a las 22:00 horas del 10 de octubre de 2014 se recabó la declaración ministerial de Rosario Manuel Borja, detenido junto con Ramiro Ocampo Pineda, alias “el Chango”, a las 16:30 horas del 9 de octubre de 2014 por la Marina.

Rosario Manuel Borja no admitió pertenecer a alguna organización criminal, pero sí realizó imputaciones contra Ramiro Ocampo Pineda “el Chango”, a quien le atribuyó ser “halcón” de “Los Tilos”, un grupo de sicarios o narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos.

Luego, a la 01:00 del 11 de octubre de 2014, rindió su declaración ministerial “el Chango”, a quien se le designó el mismo defensor público que a Rosario Manuel Borja, quien lo había señalado de pertenecer a un grupo criminal.

“El agente del Ministerio Público de la Federación debió advertir el conflicto de interés que se suscitaba y designarle un diverso abogado, a fin de respetar el derecho fundamental a una defensa adecuada”, afirmaron los magistrados en la sentencia.

Otro caso similar es el de Jonathan Osorio Cortez, alias “El Jona” o “Jonas”, quien fue asistido por el mismo abogado de oficio que había sido designado previamente para defender a Agustín García Reyes, alias “el Cheje” o “el Chereje”; éste último había hecho imputaciones directas contra Osorio Cortez.

La sentencia menciona además que a la 01:00 del 28 de octubre de 2014 Benito Vázquez Martínez rindió su declaración ministerial y realizó imputaciones contra Salvador Reza Jacobo, alias “Lucas”, quien dos horas después, a las 03:00, fue defendido por el mismo abogado de oficio que asesoró a Vázquez Martínez.

Los magistrados señalan que el Ministerio Público Federal determinó el cambio de defensa de varios indiciados, precisamente por el conflicto de interés que existían con varios de los procesados. Sin embargo, el cambio de defensores públicos se realizó hasta el 16 de octubre de 2014, cuando la situación debió advertirse y corregirse al momento.

DARÁN VISTA AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

La sentencia indica que existe jurisprudencia sobre el conflicto de intereses y el derecho a una defensa adecuada.

El derecho a una defensa adecuada se transgrede cuando un mismo defensor patrocina a coinculpados con intereses contrarios (…) pues en tales condiciones, al actuar aquél en beneficio de uno de sus patrocinados afecta los intereses de los restantes”, de acuerdo con el registro 168689 del Semanario Judicial de la Federación.

El Poder Judicial de la Federación advirtió que el Estado Mexicano ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por transgredir el derecho fundamental a una adecuada defensa.

Tomando en cuenta lo anterior, “resultaba necesario que al valorar todas las declaraciones a las que se hizo referencia previamente, también se examinara si se respetó el referido derecho humano”, indica la sentencia.

Los magistrados advirtieron que consideran pertinente dar vista al director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que evalúe el desempeño de los defensores adscritos a la PGR y en especial a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ ARTURO ILIZALITURRI/ JUNIO 7, 2018 8:05 PM)

HALLAN OCHO CADÁVERES EN FOSA EN EL SALTO, JALISCO



Fotos: Cortesía

Estaban dentro de terreno bardeado donde el propietario pretendía hacer una noria

Autoridades de Jalisco rescataron los cadáveres de ocho personas que fueron inhumados clandestinamente en un terreno localizado en la colonia Lomas del Aeropuerto, municipio de El Salto.

El hallazgo fue reportado desde la mañana del miércoles por el propietario del predio que se ubica sobre las calles Aviador y Aerolíneas. Inicialmente se localizaron dos cuerpos humanos y en los primeros minutos de este jueves la cuenta finalizó en ocho cadáveres.

El dueño había iniciado hace tiempo la excavación de un pozo para construir un aljibe. La obra fue abandonada y al volver el martes para reanudar el proyecto se encontró el pozo cubierto de tierra. El miércoles al extraer el material, el denunciante se dio cuenta del homicidio.



Fotos: Cortesía

De acuerdo con personal de los Servicios Periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que participó en la exhumación de los restos humanos, todos corresponden a personas de sexo masculino, de diversas edades y que presentaban una evolución cadavérica de entre 22 días y tres meses.

Los cuerpos fueron cubiertos con cal o yeso para evitar que los olores de la descomposición salieran de la fosa clandestina, por lo que los restos están sedimentados, expresó el director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal.

Los restos mortuorios fueron trasladados a la morgue ubicada en el municipio de Tlaquepaque, donde médicos forenses ya realizan las necropsias que ordena la ley para establecer las causas de fallecimiento.

El Ministerio Público y agentes investigadores adscritos a la División de Homicidios Intencionales de la Fiscalía General de Jalisco ya indagan el macabro suceso.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ JUEVES, 7 JUNIO, 2018 01:30 PM)

MÉXICO RESPONDE A EE. UU. CON NUEVOS ARANCELES



Instalaciones para la producción acerera en Ontario, Canadá Credit Justin Tang/The Canadian Press, vía Associated Press

WASHINGTON — México anunció hoy la imposición de aranceles a bienes estadounidenses que suman alrededor de 3000 millones de dólares, como whisky, queso, cerdo y otros, en respuesta a los gravámenes al acero y el aluminio que estableció recientemente el gobierno de Donald Trump.

Esta es una nueva complicación que marca la relación bilateral en momentos en que ambos países, junto con Canadá, también batallan respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los aranceles mexicanos fueron establecidos poco después de que la Casa Blanca anunciara un nuevo obstáculo para la negociación, pues dio a conocer su deseo de que discutir el acuerdo de 1994 por separado con Canadá y México, en vez de negociar de manera tripartita.

Larry Kudlow, el principal asesor económico de Trump, dijo que lo que el presidente prefiere “ahora es negociar con México y con Canadá por separado” pues eso permitiría alcanzar un pacto “más rápido”.

Los aranceles anunciados por Trump —25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio— fueron impuestos contra México y Canadá el 1 de junio en una campaña para ejercer presión y que ambos países accedieran a las demandas estadounidenses en la renegociación del TLCAN. La Casa Blanca también impuso aranceles a la Unión Europea, Japón y otros países.

Esto ha enfurecido a países aliados, que ya indicaron que responderán con sus propios aranceles a bienes estadounidenses, en especial los que se producen en estados y zonas que respaldaron electoralmente a Trump.

Funcionarios mexicanos indicaron que la lista de sus aranceles justamente busca ejercer presión sobre integrantes de alto rango del Partido Republicano: el acero de Indiana, de donde es oriundo el vicepresidente Mike Pence, o productos agrícolas del distrito de California representado por el diputado Kevin McCarthy, el líder de la bancada mayoritaria en la Cámara Baja.

“Los agricultores necesitan certeza y mercados abiertos para mantenerse a flote”, dijo Angela Hoffman, subdirectora de Farmers for Free Trade (Agricultores por el Libre Comercio), en un comunicado. “Ahora lo que hay es caos y proteccionismo”.

Aún está por verse qué país se echará para atrás primero; así, quedan en vilo el futuro del TLCAN y los millones de trabajos de todo el continente que están vinculados a ese pacto. La incertidumbre es tal que varias empresas están reteniendo inversiones que harían si el futuro del tratado fuera seguro.

Separar el acuerdo norteamericano trilateral en dos acuerdos bilaterales muy probablemente requeriría anular el tratado de más de veinte años de antigüedad, pese a que Kudlow insistió en que Trump no planea retirarse del TLCAN (a pesar de las múltiples amenazas que ya ha hecho).

Quienes han seguido de cerca las negociaciones dicen que la idea de tener acuerdos separados busca presionar a Canadá, cuyas negativas a pedidos estadounidenses son vistos como un impedimento, aunque los representantes mexicanos en las conversaciones también han dicho que no estarían dispuestos a partir el proceso pues eso rompería con cadenas de suministro en toda América del Norte y complicaría de manera innecesaria un tratado del que dependen muchas empresas.

Los tres países continúan en un punto muerto sobre partes importantes del tratado, como las reglas para la manufactura de automóviles y una propuesta estadounidense para que haya una cláusula de expiración, con la cual el acuerdo expiraría cada cinco años a menos que sea explícitamente renovado.

Ya es prácticamente imposible que haya un acuerdo para este año, debido a los plazos de tiempo necesarios para que sea votado en el Congreso cualquier acuerdo comercial. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos que podrían cambiar la composición de la legislatura, actualmente controlada por republicanos. México también celebra elecciones generales el próximo 1 de julio, lo que implicaría un posible cambio en el equipo negociador.

Varios empresarios están descontentos con la estrategia de Trump respecto al pacto con Canadá y México: un sondeo entre diversos directores ejecutivos hecho por Business Roundtable arrojó este martes que ven como un riesgo cada vez mayor para sus empresas la política comercial de la actual Casa Blanca y la posibilidad de represalias a medidas como los aranceles.

(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ ANA SWANSON Y JIM TANKERSLEY/  5 DE JUNIO DE 2018)