jueves, 7 de junio de 2018

REVELA SENTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS EN LA DEFENSA DE 3 DETENIDOS POR AYOTZINAPA


Un indiciado fue defendido por el mismo abogado de oficio que dos horas antes había escuchado imputaciones en su contra, defendiendo a otro sujeto.



(Foto: Archivo Cuartoscuro).

El Poder Judicial de la Federación detectó que hubo conflicto de intereses en la defensa de tres detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con la sentencia de un tribunal colegiado que el lunes 4 ordenó reponer el procedimiento.

La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, establece que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los estudiantes no ha sido pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra el conflicto de intereses que afectó el derecho de al menos tres detenidos a una defensa adecuada. A esas tres personas les fueron asignados abogados de oficio que previamente habían defendido a otros sospechosos que habían hecho imputaciones en contra de ellas.

De acuerdo con la sentencia, a las 22:00 horas del 10 de octubre de 2014 se recabó la declaración ministerial de Rosario Manuel Borja, detenido junto con Ramiro Ocampo Pineda, alias “el Chango”, a las 16:30 horas del 9 de octubre de 2014 por la Marina.

Rosario Manuel Borja no admitió pertenecer a alguna organización criminal, pero sí realizó imputaciones contra Ramiro Ocampo Pineda “el Chango”, a quien le atribuyó ser “halcón” de “Los Tilos”, un grupo de sicarios o narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos.

Luego, a la 01:00 del 11 de octubre de 2014, rindió su declaración ministerial “el Chango”, a quien se le designó el mismo defensor público que a Rosario Manuel Borja, quien lo había señalado de pertenecer a un grupo criminal.

“El agente del Ministerio Público de la Federación debió advertir el conflicto de interés que se suscitaba y designarle un diverso abogado, a fin de respetar el derecho fundamental a una defensa adecuada”, afirmaron los magistrados en la sentencia.

Otro caso similar es el de Jonathan Osorio Cortez, alias “El Jona” o “Jonas”, quien fue asistido por el mismo abogado de oficio que había sido designado previamente para defender a Agustín García Reyes, alias “el Cheje” o “el Chereje”; éste último había hecho imputaciones directas contra Osorio Cortez.

La sentencia menciona además que a la 01:00 del 28 de octubre de 2014 Benito Vázquez Martínez rindió su declaración ministerial y realizó imputaciones contra Salvador Reza Jacobo, alias “Lucas”, quien dos horas después, a las 03:00, fue defendido por el mismo abogado de oficio que asesoró a Vázquez Martínez.

Los magistrados señalan que el Ministerio Público Federal determinó el cambio de defensa de varios indiciados, precisamente por el conflicto de interés que existían con varios de los procesados. Sin embargo, el cambio de defensores públicos se realizó hasta el 16 de octubre de 2014, cuando la situación debió advertirse y corregirse al momento.

DARÁN VISTA AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

La sentencia indica que existe jurisprudencia sobre el conflicto de intereses y el derecho a una defensa adecuada.

El derecho a una defensa adecuada se transgrede cuando un mismo defensor patrocina a coinculpados con intereses contrarios (…) pues en tales condiciones, al actuar aquél en beneficio de uno de sus patrocinados afecta los intereses de los restantes”, de acuerdo con el registro 168689 del Semanario Judicial de la Federación.

El Poder Judicial de la Federación advirtió que el Estado Mexicano ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por transgredir el derecho fundamental a una adecuada defensa.

Tomando en cuenta lo anterior, “resultaba necesario que al valorar todas las declaraciones a las que se hizo referencia previamente, también se examinara si se respetó el referido derecho humano”, indica la sentencia.

Los magistrados advirtieron que consideran pertinente dar vista al director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que evalúe el desempeño de los defensores adscritos a la PGR y en especial a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ ARTURO ILIZALITURRI/ JUNIO 7, 2018 8:05 PM)

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