Mediante un reportaje de este semanario,
una familia de la Ciudad de México descubrió el destino de uno de sus
integrantes: fue detenido por marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, horas antes
de cruzar hacia territorio estadunidense en busca de trabajo. Pese a la
denuncia, ninguna autoridad les ha hecho caso. Miembros de organizaciones
defensoras de los derechos humanos relatan la pesadilla de las familias de las
víctimas y la que ellos padecen amenazados por trabajar en los casos de
desaparición forzada, que no tienen freno.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Habitual lector de Proceso, Felipe Hernández fue alertado el 6 de mayo por un
conocido para que de inmediato adquiriera el número 2166 del semanario, a fin
de conocer el motivo por el que su cuñado Gabriel Gaspar Vázquez había dejado
de tener contacto con su familia, luego de que el 26 de marzo último informó
desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, que al día siguiente cruzaría la frontera en
busca de trabajo.
Al leer el reportaje
Tamaulipas: Tres meses de terror bajo el yugo de la Marina, Felipe Hernández y
su esposa, Lucía Gaspar, habitantes de la Ciudad de México, pasaron de la
convicción de que Gabriel habría sido detenido por la migra en Estados Unidos
–y que no tardaría en regresar– a la incertidumbre de tener un familiar víctima
de desaparición forzada.
La investigación expone la
desaparición de al menos 28 personas a manos de elementos de la Secretaría de
la Marina (Semar), 17 de las cuales fueron documentadas por el Comité de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entre ellas las de Gabriel Gaspar,
originario de Oaxaca, y la de su amigo Daniel Trejo García, quienes fueron
sacados del domicilio del segundo durante la madrugada del 27 de marzo último,
de acuerdo con el testimonio de Jessica Molina, esposa de Trejo.
Ante la noticia, Lucía
dirigió una carta al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la
que le rogó que dejara en libertad a su hermano Gabriel ante “testimonios y
evidencias sólidas” de que personal de la Secretaría de Marina (Semar) lo había
detenido en Nuevo Laredo.
“La vida de mi hermano y de
su amigo está en sus manos”, sentencia la misiva, fechada el 16 de mayo último,
la cual fue rechazada por el personal de la Semar en la Ciudad de México.
“En dos ocasiones llevé la
carta a la Semar y se negaron a recibirla; (me dijeron) que tenía que hablar a
la Presidencia y pedir una investigación. Me dijeron que posiblemente fueron
delincuentes disfrazados de la Marina; pero mi cuñado no tenía motivos para
estar en problemas con la delincuencia. Es un joven trabajador, honrado, no
tiene vicios. Lo único que quería era una mejor vida para su familia. Tiene una
niña de nueve meses y su esposa estaba embarazada cuando él salió de Oaxaca”,
explica Felipe en entrevista.
Originarios de la comunidad
San Francisco Jayacaxtepec, ubicada a 150 kilómetros de la capital oaxaqueña,
en la sierra mixe, Lucía y Gabriel son los menores de 11 hermanos de extracción
humilde.
“Mi hermano había vivido 14
años en Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, haciendo de todo, de albañil,
instalaciones eléctricas y se vino porque se murió mi papá. Estuvo un año con
mi mamá y después ella murió también. Quiso regresar porque en el pueblo no hay
oportunidades”, cuenta Lucía, quien acompaña a Felipe en la entrevista.
“No duermo pensando en que si
se lo llevaron los marinos ya lo pudieron haber matado. Estamos angustiados
porque no podemos hacer nada, no tenemos dinero (…) Hay que tener dinero para
moverse y a nosotros sólo nos queda encomendarlo a Dios”, dice Lucía entre
lágrimas.
Pero más que la falta de
recursos para ir a Nuevo Laredo a buscar a su hermano, lo que le molesta a
Lucía es que las autoridades, como la Fiscalía Especializada en Búsqueda de
Personas Desaparecidas y la delegación de la Procuraduría General de la
República en Nuevo Laredo “no están buscando, están en el papeleo, decidiendo
quién lleva el caso. Es más la angustia para nosotros de que ya sea demasiado
tarde”.
AMENAZAS CONTRA DEFENSORES
El reportaje de Proceso
también fue considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
en su solicitud de medidas cautelares dirigidas a la Semar el 10 de mayo, de
acuerdo con el oficio V2/29651, del cual este semanario tiene copia y en el que
el organismo pide tomar medidas para detener los abusos.
En el documento, el segundo
visitador, Enrique Guadarrama López, informa al jefe de la Unidad de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos de la Semar, Hilario Durán Tiburcio, que
de enero a esa fecha, “derivado de los operativos realizados por elementos de
la Semar en el Estado de Tamaulipas, se han recibido (…) 32 quejas sobre hechos
en diferentes municipios.
“Las quejas refieren
desapariciones de personas, privaciones de la vida, detenciones arbitrarias,
cateos ilegales y tortura, entre otros, por elementos de la Semar. De todos los
casos se abrieron expedientes de queja y se solicitaron informes
correspondientes.”
El 30 de mayo, en un
comunicado, el organismo defensor de derechos humanos dio a conocer que sólo de
Nuevo Laredo tenía 21 quejas correspondientes a la desaparición de 31 personas,
entre ellas dos mujeres y siete menores de edad, una chica entre ellos.
El reporte de la CNDH abonaba
al reciente llamado urgente que lanzó desde Ginebra, Suiza, el alto comisionado
de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto para que ponga fin a la “ola de desapariciones en
Nuevo Laredo y sus alrededores”, tras revelar que su representación en México
había documentado 23 desapariciones (21 hombres y dos mujeres) en hechos
reportados de febrero al 16 de mayo.
Una semana previa al
comunicado de Zeid Ra’ad al Hussein, el responsable de la Subdivisión de
Tratados de Derechos Humanos del Comité contra la Desaparición Forzada de la
ONU (CED, por sus siglas en inglés), Ibrahim Salama, notificó que el Estado
mexicano tenía hasta el 13 de junio para informar a esa oficina sobre “una
estrategia integral para la búsqueda exhaustiva” de los 17 casos documentados
por el CDHNL, así como una investigación imparcial que permita “identificar a
los perpetradores”.
Entre los requerimientos que
el CED hizo a las autoridades resalta el “permitir el acceso inmediato de las
autoridades a cargo de las búsquedas de las 17 personas desaparecidas, incluido
el CDHNL y los familiares allegados a las víctimas, a los diferentes cuarteles
de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León, e Hidalgo,
Coahuila, donde se supone fueron ingresados algunos de los detenidos para su
interrogatorio”.
En el escrito fechado el 23
de mayo, el CED urge a la implementación inmediata del oficio V2/29651 de la
CNDH y también emite medidas cautelares en favor de las 17 víctimas y sus
familiares, así como del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, quien ha
“sido objeto de amenazas, campañas de difamación y de desprestigio tras su
intervención en apoyo a los desaparecidos y allegados”.
En la misiva, Ibrahim Salama
notifica al gobierno de México que “el comité está altamente preocupado por
estos hechos, que ponen a diario en peligro la seguridad y la vida de los
habitantes del estado de Tamaulipas, y que, de ser verificados, constituirán
una grave violación de sus obligaciones convencionales”.
La preocupación por la
situación del defensor y del ambiente de terror que priva en Nuevo Laredo fue
expresada por la directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional
para las Américas, Carolina Jiménez Sandoval, en una carta dirigida al
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael
Adrián Avante Juárez, fechada el 25 de mayo.
En dicho texto se informa del
intento de impedir el libre tránsito a Raymundo Ramos y a un grupo de familiares
de desaparecidos por parte de elementos de la Marina pertenecientes a la
Unidad de Operaciones Especiales, el 10 de mayo pasado, cuando se dirigían al
poblado de Colombia, Nuevo León, en una brigada de búsqueda de víctimas,
momento en el que el defensor fue “interrogado de manera acosadora” por el
responsable del retén, quien lo acusó de “estar cometiendo el delito de usurpar
la función pública por estar haciendo labores de búsqueda, que, según el
representante de la Semar, sólo correspondían a policías”.
La directora adjunta de
Amnistía refiere actos de difamación contra el presidente del CDHNL mediante
una página de Facebook llamada “La Voz del Pueblo2”, en la que se hacen
“acusaciones contra el señor Ramos Vázquez por su trabajo de denuncia contra la
Semar, acusándole de tener vínculos con grupos delictivos”.
Carolina Jiménez informa que
después de que Ramos Vázquez entrevistó a la esposa de un desaparecido, la
señora fue “secuestrada temporalmente la mañana del día 25 de mayo por
presuntos elementos de la Semar en vehículos civiles, quienes la habrían
amenazado y también le señalaron al señor Ramos Vázquez, exigiéndoles más
información sobre su persona”.
El ambiente intimidatorio
para aplacar las exigencias de los familiares de víctimas que acusan a la
Marina, quienes han recurrido a protestas públicas, impidió que algunos de
ellos se desplazaran a la Ciudad de México, donde denunciarían la oleada de
desapariciones forzadas en Nuevo Laredo en una conferencia de prensa programada
para el pasado 28 de mayo.
CON TESTIMONIOS
Yuliana Uscanga, abogada que
representa a 15 familias de víctimas que han señalado a la Marina, denuncia que
entre el 24 y el 25 de mayo “hubo tres casos de intimidación; nos damos cuenta
que tienen bien ubicadas a las señoras en sus trabajos y en sus domicilios, a
donde han acudido marinos a amenazarlas para que dejen por la paz las
denuncias. Están sembrando el miedo”.
Agrega que, aun cuando había
familias dispuestas a viajar por carretera a la capital del país, decidieron
suspender la conferencia “por seguridad y prudencia”.
–¿Tienen claro que fueron marinos los responsables de
las amenazas?
–No nos consta nada, pero a
nadie más le podría afectar que se siga señalando a la Marina más que a la
propia Marina.
La litigante advierte que,
pese a la gravedad de las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de
la República (PGR), “no hay ningún avance en las investigaciones, no se les da
copia a los familiares de las indagatorias y, menos aún, se realizan búsquedas;
quienes salen a buscar son los familiares”.
Cuenta que en los 15 amparos
que ha interpuesto “la Marina niega su responsabilidad en las desapariciones,
pese a que hay reportes en los que existen fotos y videos que lo acreditan”.
Dos casos de esos son los de
Daniel Gerardo García Ramírez y el de José Luis Bautista Carrillo,
desaparecidos el 14 de abril y el 16 de mayo, respectivamente. En cuanto al
primero, su pareja Azeneth Olivo Lumbrera asegura que, además de testigos de su
detención, perpetrada afuera de una tienda de conveniencia, existen videos de
las cámaras de seguridad de ese establecimiento, de una gasolinería y de un
centro de cambio, pero “los de la PGR no han solicitado las imágenes, aunque la
gente está dispuesta a aportar pruebas y a declarar siempre y cuando se les
proteja”.
En lo que atañe a Bautista
Carrillo, decenas de personas dijeron que personal naval irrumpió en una
reunión de comerciantes en un deshuesadero de autos, denunciaron que fueron
despojados de dinero y objetos de valor; otros más, quienes acudieron en apoyo
de esas personas, tomaron videos y fotografías de la presencia de marinos.
Erika Castro, esposa de José
Luis y testigo de los hechos, explica que en las investigaciones “los marinos
dicen que sí estuvieron en el establecimiento porque recibieron una llamada
anónima de que había gente armada; dicen que entrevistaron al dueño del lugar y
se fueron”.
Ambas mujeres exigen que la
Marina cumpla con su promesa de abrir los cuarteles, ofrecimiento hecho por un
representante de la institución en una reunión del 16 de mayo último en la que
también estuvieron representantes de la ONU y de la CNDH.
Raymundo Ramos, quien como
Uscanga fue testigo del compromiso del enviado de la Semar, dice que la
apertura de los cuarteles estaba programada para el 23 de mayo pasado, pero que
fue cancelada por los responsables de la dependencia “bajo el argumento de que
era por seguridad del personal”.
Expone que no sólo se trata
de atender una instrucción del CED, sino que a las familias les interesa
“buscar esos vehículos en los que han estado realizando las desapariciones
forzadas e identificar a los marinos que se llevaron a sus seres queridos,
porque muchas de esas familias han sido testigos de las detenciones arbitrarias
y posteriores desapariciones forzadas, y la búsqueda la quieren hacer ante las
autoridades, ante la PGR”.
Después de que la CNDH emitió
medidas cautelares, cinco personas más desaparecieron, “por lo que las
actividades de los marinos deberían suspenderse hasta que se realice una
investigación”, considera Ramos Vázquez.
“En los últimos seis meses, en Nuevo Laredo la
Marina no ha hecho nada importante: ni decomisos ni patrullajes ni detenciones
que rindan resultados; en cambio, lo que sí ha hecho son desapariciones forzadas”,
denuncia de nueva cuenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo.
Este reportaje se publicó el 3 de junio de 2018 en la
edición 2170 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 5
JUNIO, 2018)
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