viernes, 31 de julio de 2015

MILITARES SECUESTRAN, AMENAZAN Y DESPOJAN A EMPRESARIO DE MEDIO MILLÓN DE PESOS


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Luego de despojarlo de casi medio millón de pesos en efectivo y de otros valores, el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz le apuntó al empresario con su arma y, ante la risa burlona de otro militar, sentenció: “Ya valiste madre”.

Sucedió el mediodía del 6 de marzo. El lugar: un retén del Ejército en el Circuito Exterior Mexiquense, en los límites con la Ciudad de México.

El contratista de la construcción había retirado minutos antes 428 mil pesos de la sucursal de Banamex en el aeropuerto capitalino, que ese mismo día le habían depositado, y se dirigía a una obra en Ecatepec, Estado de México, cerca de Plaza las Américas, donde tenía previsto pagar a proveedores y empleados.

No pudo hacerlo: los militares lo secuestraron, amenazaron y robaron a campo abierto y a la luz del día.

Y a casi cinco meses de los hechos, luego de vencer el miedo a que se cumplieran las amenazas de desaparecerlo y de matar a su familia si denunciaba, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República (PGR) nada han hecho para devolverle su dinero ni para castigar a los militares criminales, pese a que están plenamente identificados.

Más aún: el teniente Mendoza Ortiz y tres de sus presuntos cómplices –Juan José Durán Cárdenas, Enrique Gutiérrez Martínez y Jonathán Martínez Fuentes– están presos en el Campo Militar Número Uno, acusados del secuestro de otro empresario. Pero el Ministerio Público castrense y la PGR ya ni siquiera atienden a la víctima.

La pesadilla para el empresario, cuya identidad consta en las averiguaciones y que aquí se omite por razones de seguridad, inició aproximadamente a las 12 horas del pasado 6 de marzo cuando circulaba, a bordo de su camioneta Dodge Durango blanca, por el Circuito Exterior Mexiquense.

Al aproximarse a la caseta de cobro, a la altura de la avenida Carlos Hank González, vio un retén militar y de policías del Estado de México, quienes le hicieron la indicación de orillarse.

Un soldado le pidió identificarse y le preguntó hacia dónde se dirigía y a qué se dedicaba. Cuando respondía a las preguntas, otro militar, encapuchado y con lentes oscuros, le pidió bajarse del vehículo para revisarlo; al hacerlo, ubicó una bolsa negra de plástico.

De inmediato, el soldado encapuchado le arrebató al empresario las llaves de la camioneta y le ordenó que subiera en el asiento del copiloto, mientras que él ocupó el lugar del conductor, siempre bajo la custodia de otro militar armado.

El encapuchado le preguntó al empresario qué traía la bolsa; éste respondió que era dinero en efectivo, 428 mil pesos, para pagos de nómina y proveedores, pues es contratista en el ramo de la construcción. Le mostró su teléfono, donde constaba que esa mañana le habían hecho el depósito y la hora en la que él hizo el retiro.

“En ese momento me arrebata de mis manos mi teléfono para quedar incomunicado, lo empieza a revisar y al mismo tiempo me empieza a decir que era un delito federal transportar esas cantidades de efectivo y que para él eran de procedencia ilícita”, declaró el empresario, primero ante la justicia militar y luego ante la PGR.

Consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDICS/171/2015, iniciada por el agente del Ministerio Público Federal Gustavo García Contreras, y en el expediente SC/83/2015-VII, levantado por el mayor René Catana Méndez, agente investigador militar, cómo el soldado encapuchado amenazó al empresario con llevarlo ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO):

“(El militar le dijo) que él era la autoridad en ese momento e indicándome que su papá era general y que también tenían empresas y sabían todo acerca de movimientos bancarios. Yo insistiéndole que el dinero era de procedencia lícita. Él no me hacía caso y refería que me iban a poner a disposición. Este sujeto me empieza a amedrentar diciéndome que me iba llevar la chingada y que gracias a mí se iba a colgar una medallita a su favor.”

El militar hizo una pausa para hacer una llamada, con el teléfono del empresario, a alguien que llamó “jefe” y, al colgar, le pidió entregarle su cartera, reloj y una cadena de oro, mientras le decía que le daría la oportunidad de acreditar el origen del dinero, pero de lo contrario, dijo, “iba a cargarme la chingada”.

Sólo para eso le devolvieron al empresario su teléfono: Llamó a su cliente y, cuando comenzaba a hablar con él, el militar le arrebató el aparato para hablar con aquél y ordenarle que llegara en 10 minutos.

En ese momento otro militar sin capucha, al que identifica sin dudar como el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz, subió a la camioneta en el asiento trasero. “Me apunta con su arma y me dice que ya había valido madres y que no me pusiera pendejo”.

EL DESPOJO

En la espera, según el testimonio del empresario, el otro militar le decía que con él se iba a colgar “una estrellita”, porque “estaban agarrando puro ‘pendejo inocente’. Después de eso intenté bajarme de mi camioneta por temor a cada una de las cosas y amenazas que decía. Acto seguido, me grita diciéndome que no me bajara, que él era la autoridad y que me iba a esposar y a meterme un ‘pinche plomazo’”.

Cuando el cliente del empresario llegó, acompañado de un abogado, los militares les dijeron que sólo querían hablar con uno de ellos. Tras varios minutos de diálogo con el litigante, éste le comunicó al empresario retenido que, para no consignarlo ante la SEIDO, debía entregar 80% de los 428 mil pesos.

“Se nos hizo muy descabellada esa oferta, ya que no era dinero ilícito”, expuso la víctima, a quien los militares decían que ellos tenían todo controlado y que “literalmente estábamos en sus manos, refiriendo que si no hacíamos caso nos iban a desaparecer a todos”.

En su declaración, asentó: “Sin tener otra opción, decidimos otorgarles ese dinero que solicitaban, ya que después de amedrentarnos y de sus amenazas temíamos por nuestra integridad. Inmediatamente me piden que vayamos a mi vehículo, al cual se suben los dos militares y yo. Adentro del mismo toman la bolsa de dinero y sólo me dejaron aproximadamente 35 mil pesos en la bolsa”.

Antes de dejarlo libre, los militares se negaron a devolverle sus pertenencias y lo amenazaron: “Diciéndome que si hacía algo en contra de ellos, ya tenían registrados todos mis movimientos e iba a ir a mi casa a matar a todos y a cada uno de mi familia”.

Pero, a pesar de los consejos de amigos y familiares para que se olvidara del asunto, y aun contra su propio temor de que podría haber represalias contra él y su familia, el empresario presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, el 12 de marzo, y luego lo hizo ante la PGR.

Además, el mismo día en que presentó la denuncia, envió al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, un escrito en que detalla cómo ocurrió lo que él define como robo, secuestro y amenazas a manos de los militares.

La respuesta llegó una semana después, el 20 de marzo, firmada por el general brigadier Juan Roberto Sánchez Fragoso, jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y es escueta: “Esta Secretaría tomó nota de sus señalamientos y se realizan las acciones a fin de proceder conforme a derecho”.

Pero han pasado los días, las semanas y los meses, y ni la justicia militar ni la civil han resuelto nada.


(PROCESO/ ÁLVARO DELGADO/ 31 DE JULIO DE 2015) 

KAPLAN: EL MISTERIOSO GRINGO QUE SE FUE EN HELICÓPTERO (5 de 5)




David Joel Kaplan protagonizó en 1971 la llamada “Fuga del Siglo”. Tan espectacular como la que recientemente realizó Joaquín Guzmán Lorea, “El Chapo”, del penal de El Altiplano, la del estadounidense David Kaplan, recluido en el penal de Santa Martha Acatitla, entonces considerado el de más alta seguridad del país, fue planeada con precisión milimétrica por su propia hermana.



Un helicóptero Bell 47 dotado de una turbina sobrealimentada y piloteada por un ex combatiente de Vietnam fue su vehículo a la libertad.

Como también hizo “El Chapo” en su fuga del penal de Puente Grande, Kaplan intentó escapar antes escondido en un montón de ropa sucia que sería llevada, con él adentro, a la lavandería por un camión repartidor. El plan se frustró por alguna delación.

Otra huida considerada por Joel David fue ocultarse en un compartimento falso colocado en la defensa de un camión por otro reo estadounidense de la época, un tipo de apellido Church, preso por asesinar a un policía mexicano con sus propias manos. Trambién se frustró.

Hasta que el 18 de agosto de 1971, cerca de las 18:30 horas lo logró. Y también, como “El Chapo” Guzmán Loera, lo hizo en las narices de los guardias.


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Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– Diez: Un helicóptero Bell 47 dotado de una turbina sobrealimentada aparece por encima del muro de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Nueve: —¡Mira, Kaplan! Allí viene. ¿Lo ves? ¡Es el helicóptero que se acerca! —alardea Castro. —¡Oh, Carlos, tengo miedo! —tiembla Kaplan, protagonista de una decena de fugas frustradas.

Ocho: Quinientos setenta reos menos dos reos del dormitorio uno pasan la tarde viendo una película.

Siete: La nave, un Bell con cuerpo de libélula y frente de burbuja desciende entre la lluvia al interior del patio del tercer sector de la prisión. “(Lo disfruto) de la misma manera que uno aprecia realmente a una muchacha cuando lleva mucho tiempo el acostarse con ella”, dirá el piloto del momento.

Seis: David Joel Kaplan, estadounidense, y Carlos Contreras, venezolano, salen del dormitorio uno y se protegen del agua junto a los muros. ¿Qué decir cuando les pregunten qué hacen en el lugar?

Cinco: Los custodios dudan… El aparato es del mismo color azul metálico en que aparecen y desaparecen los jefes de la Policía del Distrito Federal.

Cuatro: Kaplan y Contreras corren por la cancha de basquetbol. Están a nada de lograrlo y de perderlo. Kaplan está cerca de morir, de suicidarse. Es lo mismo.

Tres: Los custodios no se convencen. La lluvia, la sorpresa… Algo está mal con el helicóptero: su matrícula es extraña.

Dos: El vigilante Victoriano Cruz levanta su arma y jala el gatillo, pero se traba.

Uno: Joel y Carlos reconocen, entre la barba, la amplia sonrisa de Roger, un piloto de combate de Vietnam con actitud de volar a través de un arcoíris. El hombre maniobra el ascenso del aparato. Boquiabiertos, los guardias de la Penitenciaría, la cárcel de mayor seguridad en México en ese momento.

Cero: Durante 10 segundos de las 6.35 de la tarde del 18 de agosto de 1971, se ha consumado La Fuga del Siglo.






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La biografía de Kaplan es tan peculiar que pasa por un productor de cine porno nacido en la Unión Soviética, bailarinas exóticas, asesinos cubanos,

E incluye un cadáver, el del hombre a quien acusaron de asesinar, Luis Vidal, Jr., con ojos cafés, en vez de azules como los tuvo.

O los tiene, pues se afirma que sobrevivió a su acta de defunción mexicana.

Aun así, la esposa del hombre asesinado afirmó que se trataba de su esposo y también lo reconoció una camarera que lo vio algunos segundos sentado en la cama del Hotel Continental Hilton en que se hospedó antes de desaparecer.

—¿Cómo explica usted el cambio de color de ojos de su marido? —preguntaron a la esposa de Vidal.

—Seguramente alguien sacó los globos oculares de mi esposo y puso los de alguien más —explicó ella.

El galimatías de la muerte de Vidal y el procesamiento de Kaplan, su socio, está relatado en el libro Kaplan. Fuga en 10 segundos, obra de Eliot Asinof, Warren Hinckle y William Turner, publicado en español por Lasser Press en 1973. Existe además un relato autobiográfico de Carlos Contreras, compañero de celda y de fuga de Kaplan, llamado La Fuga del Siglo, editado por Carnel, en Venezuela, también en 1973.

Además, SinEmbargo posee copia de los expedientes penales y partes penitenciarios de Kaplan.

La versión más aceptada sobre Joel David Kaplan es que fue un agente encubierto de la CIA, traficante de armas y, a la vez, miembro de una familia de empresarios azucareros con intereses políticos en Cuba, de donde salieron tras el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959. Por su parte, Vidal, Jr., fue hijo de un acaudalado empresario español con amplias amistades en el Caribe al grado que el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) apadrinó a Luis Vidal, Jr.

El 22 de octubre de 1971, dos muchachos encontraron una jauría de perros devorando un cadáver de quien, sería reconocido como el de Vidal.

Luego de un proceso plagado de irregularidades —estas ciertas, más allá de la propaganda escrita por Asinof, Hinkley y Turner  a favor de Kaplan—, el estadunidense y socio de Vidal fue detenido, presentado por la prensa mexicana como asesino, procesado y sentenciado en 1964 a 27 años de prisión por el delito de homicidio y a tres años más por el de inhumación clandestina.

¿Por qué el sistema mexicano actuó con tal ferocidad contra un estadunidense acaudalado? En la época, el momento más caliente de la Guerra Fría, se especuló que Kaplan fue víctima de su tío, el magnate de la melaza y el azúcar, Jacob M. Kaplan, cuyos nexos con la CIA y de financiamiento a regímenes latinoamericanos de derecha también fueron ampliamente discutidos.

Se dijo que Kaplan era pieza o parte de una pieza en el asesinato de John F. Kennedy o un contrabandista de drogas con conocimiento de la participación en el negocio de políticos de todos los niveles.




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A fines de los sesenta y principios de los setenta, la Penitenciaría de Santa Martha fue destino, según viejos custodios, de la desaparición de decenas de estudiantes y disidentes comunistas de las épocas, a quienes se habría incinerado en una fundidora que ahí existió.

Para la perspectiva de un judío estadounidense de clase alta, la cárcel mexicana debía ser lo más parecido a un calabozo medieval. Junto con los reos trasladados de Lecumberri, se trasladaron a Santa Martha, en ese tiempo a las afueras del Distrito Federal, el confinamiento en celdas cuyas puertas eran clausuradas con soldadura.

A estos sitios se les llamó ZO o zona de olvido y su existencia perduró al menos hasta mediados de la década pasada, ya bien empezado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En “Kaplan. Fuga en 10 segundos”, el empresario azucarero es descrito con una piel mortecina, blanca como el yeso y un olor a moho propio de quienes han vivido el encierro sin sol ni aire, pero en el mismo libro se hacen constantes referencias de los beneficios de los que gozó el ex agente gracias a la definitoria corrupción del sistema carcelario mexicano: mejor comida, visitas conyugales ilimitadas, noches de póquer, una celda compartida sólo con el venezolano que lo acompañó en su escape y botellas y botellas de whiskey y ron.

En septiembre de 1967, la Suprema Corte de Justicia de la nación denegó, en definitiva, la apelación de Joel David Kaplan.

Si el gringo quería salir de México, su calabozo, habría de fugarse.

La idea de huir se convirtió en algo tan presente en su cabeza como el aire en sus pulmones.

Concibió el plan de fingir apendicitis y convino con el chofer de la ambulancia del reclusorio su salida y entrega, fuera de la Ciudad de México, a un grupo de dos mujeres estadunidenses y un canadiense manco con quienes viajaría al norte con aspecto de turistas. Aceptó el pago de 75 mil pesos y la entrega de un anticipo de la tercera parte. El proyecto fracasó cuando el socorrista fue despedido por llegar ebrio al trabajo tras una farra financiada con el mismo dinero de Kaplan.

Siguió la trama ingeniada por Kaplan en que, luego de repartir sobornos por 100 mil dólares, sería declarado muerto y su “cadáver” envuelto para salir de la cárcel. Afuera, sería suplido por un cuerpo verdadero y él seguiría hacia Perú. Pidió el dinero a su tío, albacea de su fortuna, quien respondió que no.

Judy, una hermana de David, se unió al propósito de lograr el escape. Buscó ayuda entre exagentes de la CIA, exmilitares y desertores del régimen cubano y repartió miles de dólares en cualquier cantidad de ideas que incluyeron el incendio de la penitenciaría.

Algo más viable ocurrió en octubre de 1970, cuando un joven matrimonio mexicano adquirió, en medio del llano del ex Lago de Texcoco, un terreno que convirtió en gallinero, justo a 200 metros del patio del dormitorio uno en que Kaplan rumiaba su tragedia en México. En vez de aumentar el número de pollos, crecía la cantidad de tierra. El plan era un túnel que se cavó hasta que los picos toparon con lava volcánica, imposible de retirar con discreción.

Cosas de las cárceles mexicanas: un agente de la CIA no tendría los mismos beneficios de la ingeniería de túneles de los que gozaría, casi 45 años después, un narcotraficante de Sinaloa.


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Judy Kaplan logró el apoyo de Victor Stadter, un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial y contrabandista de lo que fuera, desde monos capuchinos hasta influencias ganadas en los burdeles más ostentosos de América  Latina.

Y algo especialmente interesante sobre Stadter, orgulloso descendiente de prusianos, y el crimen organizado en el continente: este estadunidense se forjó como uno de los mayores transportistas de mercancías ilegales volando su propio avión, desde Guatemala hasta Texas, un par de décadas antes de que Amado Carrillo se ganara el apodo de Señor de los Cielos.

Nuevamente antes que El Chapo, esta vez de su fuga del Penal Puente Grande, Kaplan ideó una fuga escondido en un montón de ropa sucia que sería llevada, con él adentro, a la lavandería por un camión repartidor. El plan se frustró por alguna delación.

Otra huida considerada por Joel David fue ocultarse en un compartimento falso colocado en la defensa de un camión por otro reo norteamericano de la época, un tipo de apellido Church, preso por asesinar a un policía mexicano con sus propias manos.

Church gozaba la concesión para la elaboración de remolques de camiones en el interior de la cárcel, cajas que se vendían en el exterior en un negocio privado llevado desde la dirección penitenciaria. Acordaron el pago de 100 mil pesos de la época, pero el plan no prosperó porque Church encaminó el plan hacia la traición, descubierta luego de cobrar 50 mil pesos.

Otra idea fue conseguir un traslado a la cárcel de Cuernavaca argumentando razones de salud, la necesidad de respirar aire limpio y a menor altura. La prisión de la capital de Morelos es descrita en la época como una “prisión sin puertas” en que “se les permitía a los presos ir a la ciudad, disfrutando de una gran libertad”.

“Un lugar ideal para Joel Kaplan”, se lee en el libro.

Paranoides —pero no necesariamente fuera de la realidad—, los estadunidenses calculaban que la carretera a Cuernavaca podría escenificar una emboscada mortal contra el reo. Aun así, decidieron continuar. La noche del traslado se convirtió en mañana amarga: nada ocurrió, nadie abrió la reja y llamó a Kaplan para irse.

Stadter, entonces, lanzó un solo mensaje en todas las frecuencias que conocía del sistema político mexicano: habría plata, mucha plata para quien diera la orden de dejar salir libre a su cliente. Y la respuesta fue una: no importaba cuánto ofreciera ni qué tan alto estuviera la mano que recibiera el dinero, siempre habría alguien más arriba recordando que la puerta debía permanecer cerrada.

El contrabandista contrató un maquillista de cine en Estados Unidos. Un peluquero de Nueva York diseñó una peluca de 700 dólares que se adaptaría a la cabeza de Kaplan quien, en la enfermería de Santa Martha, a donde llegaría luego de tomar una droga que le haría parecer enfermo de paludismo, se disfrazaría del propio maquillista y saldría. El verdadero maquillista saldría libre tras demostrar que el reo lo drogó. Esta vez, con todo listo, Kaplan enfermó en verdad.

¿Huir por aire? Quizá en ese momento pareció el peor de todos los disparates. Fue una idea haya nacida en la cabeza de Kaplan, según la investigación de Asinof, Hincle y Turner, por su conocimiento de las operaciones del ejército estadunidense en Vietnam que extraían prisioneros tomados por la guerrilla vietnamita detrás de las líneas enemigas.

Stadter contactó a un viejo amigo texano, un descendiente de irlandeses de apellido Orville y apodo Cotton que entonces volaba una avioneta fumigadora y quien contactaría al piloto del helicóptero, Roger Hershner, un piloto de combate en Vietnam de 29 años de edad.

Sin que Kaplan conociera muchos de los detalles, organizaron la fuga. Acaso debió fotografiar el patio de aterrizaje para conocer la distribución y dimensión del espacio.

Las imágenes no funcionaron, pero Stadter logró infiltrar a un agente de bienes raíces y familiar suyo como un criminólogo a quien el propio director de la penitenciaría proporcionó un recorrido por la cárcel.

Kaplan decidió incluir en el escape a Carlos Contreras Castro, un narcotraficante venezolano que se las arregló para desconectar la alarma de la torre de vigilancia, a la que el venezolano y el estadunidense se referían como “torre de control” durante las conversaciones, siempre sumergidas en whiskey.

Roger despegó a las 5.53 de la tarde del 18 de agosto de 1971 de Pachuca, Hidalgo. Arribó a Santa Martha Acatitla a las 6.35.

DIEZ, NUEVE, OCHO…

El escape, como ahora es el de Joaquín Guzmán, fue tema internacional y se le otorgó el título de “la fuga del siglo”.




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Kaplan inauguró, exitosamente, el uso de helicópteros en fugas de cárceles. Dos años después que él, tres miembros del Ejército Republicano Irlandés se evadieron de una prisión en Gran Bretaña luego de que un compañero suyo secuestró una nave con su piloto y lo obligó a descender en la cárcel de Mountjoy.

Desde entonces, ha habido 42 intentos de escape de esta manera, 30 de estos exitosos. El último se registró el 7 de junio de 2014 en centro de detención de Facility, Quebec, de donde huyeron tres hombres quienes volvieron, un par de semanas después, al mismo encierro.

En 1975, Charles Bronson interpretó a Nick Colton en Breakout (Dir. Tom Gries) al piloto y héroe en el rescate de un estadunidense preso en una sucia y corrupta mazmorra mexicana.

Será posible ver la fuga de Kaplan, un agente de la CIA, gracias al filme La Cuarta Compañía, thriller mexicano dirigido por Amir Galván y Vanessa Arreola y que se estrenará el último trimestre de este año.

Galván y Arreola utilizaron un helicóptero idéntico al empleado por Kaplan, el Bell con cuerpo de libélula y cabeza de esfera transparente. Rodaron en el interior de la Penitenciaría de Santa Martha y la escena de la fuga de Kaplan fue lograda en el mismo patio al que descendió, en 10 segundos, el aparato. Muchos de los extras y parte del reparto con papeles menores son internos.

La cinta es una ficción resultante de años de investigación documental y aborda la existencia de un grupo de ladrones de autos, todos convictos de Santa Martha, quienes salen todas las noches a robar autos Grand Marquis. La operación criminal era dirigida desde la Policía del DF, entonces en manos del Negro Durazo.


LA PELÍCULA QUE RECREA LA FUGA









Uno pensaría que para un comando de presos de la Penitenciaría del DF, mejor conocida como de Santa Martha Acatitla, que tienen oportunidad de salir y operar en las calles de la Ciudad de México de finales de los setenta, una fuga es un suceso que desluce luego de tanto salir y entrar de la prisión, comentan en entrevista con SinEmbargo Arreola y Galván, directores de La Cuarta Compañía.

Pero La Fuga del Siglo pasado, donde Joel Kaplan y su compañero de celda, Carlos Contreras, se elevaron en un helicóptero en los 10 segundos que les dieron libertad para siempre, produce fascinación por igual en muchos hombres libres, en los internos del presente y en los contados sobrevivientes de “la cuarta compañía”, el escuadrón de presos y a su vez notables jugadores de futbol americano,  cuya historia recuperan los cineastas en una película que llevará el mismo nombre y que se estrena en el invierno de este año, “el mismo donde la fuga del Chapo ya es la precoz aspirante a ser la gran fuga en el México de este siglo”, apunta Galván.

La Cuarta Compañía es una película mexicana de reciente producción donde la pérdida de la inocencia de un joven y los autogobiernos en la cárcel, trenzan una historia poco conocida pero tan real y sorprendente como el autogobierno actual en el 65 por ciento de las cárceles de nuestro país —el control en manos de criminales recluidos, del que hablan especialistas.

Habla Arreola:

“En nuestra historia retomamos la fuga de Kaplan como alegoría, como un símbolo asombroso de la libertad, de la ausencia de presión y también presencia de expansión individual y unión solidaria con los otros. La fuga es uno de los episodios que recreamos en la Penitenciaría del DF, el mismo lugar donde se origina el relato histórico de la cuarta compañía durante el sexenio de López Portillo.

“Lo logramos gracias a la colaboración y apoyo tanto de la población de internos como de autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) durante la gestión de Marcelo Ebrard. Y, bueno, el corazón palpita de singular modo cuando hay que recrear una fuga en una cárcel donde un helicóptero bajó y al elevarse se llevó consigo a dos presos y dejó a un tercero que se quedó, y se sigue quedando, porque lo interpreta Raymundo Moreno Reyes, el preso más antiguo, próximo a cumplir medio siglo en el sistema penitenciario nacional y quien forma parte de nuestro elenco”.

A Raymundo le llaman El Burrero, porque vendía la leche de su burra, y ésta, a decir de él, es la tercera película de su filmografía.

Raymundo llegó a la vieja cárcel Lecumberri cuanto tenía 21 años, y en la década de los sesenta fue trasladado a la Penitenciaría.

La tarde del 18 de agosto de 1971,  6.35 miró hacia el cielo y vio llegar e irse al helicóptero de Kaplan.



(SIN EMBARGO.MX /HUMBERTO PADGETT / JULIO 31, 2015 - 00:00H)

RED DE FARMACIAS, UN DOMICILIO Y UN DICHO DE DUARTE DAN PISTA DE CORRUPCIÓN EN CHIHUAHUA


Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– Era diciembre de 2010 y Chihuahua cerraba, con más de tres mil homicidios, uno de los años más violentos de su historia. César Horacio Duarte Jáquez, que hasta 2009 fue presidente de la Cámara de Diputados, tenía entonces dos meses en la gubernatura y, ese fin de año, encabezaba en la capital del estado una ceremonia por el encendido de las luces de un árbol navideño. Junto a su esposa Bertha Gómez, en la Plaza del Ángel, Duarte aludió en su discurso a la criminalidad que se vivía para asegurar que “trabajaría por la paz” y que no tendría miedo. Al terminar, exclamaría: “Que el cielo bendiga a Chihuahua”.

La plegaria se convirtió desde entonces en la marca de su sexenio y, en los últimos cinco años, no ha habido casi acto oficial en el que el mandatario no se despida pidiendo “al cielo” proteger la entidad cuya administración pública encabeza. La usó en las entrevistas que dio a medios locales, por ejemplo, después del asesinato de la activista Marisela Escobedo; al presentar apoyos a los miles de afectados por la sequía, al anunciar su plan estatal de desarrollo, en las ceremonias del Grito de Independencia…

Es tanto el apego que Duarte tiene por la frase que, el 10 de junio de 2013, inició un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, para registrarla como un “aviso comercial” creado para la “gestión de negocios”, trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos de oficina. El expediente quedó integrado con el número 83251, a nombre de César Horacio Duarte Jáquez. La dirección: Periférico de la Juventud número 8725, colonia Lomas Universidad, Chihuahua.

En esa misma dirección, de acuerdo con el padrón de proveedores de la Secretaría de Hacienda de aquella entidad, está también registrada una compañía de servicios médicos que ha ganado contratos millonarios para surtir al gobierno del mismo mandatario. La empresa se denomina “Servicios y Atenciones Médicas K”, y aparece en la relación de empresas que hacen negocios con el gobierno estatal con el número de registro A-32-27621. Como domicilio fiscal, en la misma documentación, la empresa registró Periférico de la Juventud 8725, colonia Lomas Universidad. Al marcar los números telefónicos que aparecen la documentación oficial, una recepcionista respondió informando que la oficina era de “Almacenes Ymmarsa”, empresa también proveedora del Sector Salud de Chihuahua.

La relación entre estas empresas ha sido negada por la administración de Duarte, también acusado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito probablemente derivado de la creación del Banco Progreso de Chihuahua –nutrido, según la denuncia, con más de 800 millones de pesos erogados por la Secretaría de Hacienda de la misma entidad.

De acuerdo con Jaime García Chávez, autor de la investigación sobre el banco y de la denuncia ante PGR, la oficina donde ahora está el negocio “Que el cielo bendiga a Chihuahua” es el domicilio fiscal generado para registrar algunas de las empresas que, de acuerdo con diversos indicios, podrían estar participando en un entramado de corrupción en beneficio de otros funcionarios estatales.

Entre ellos, de acuerdo con la denuncia presentada en septiembre por García Chávez, están también el actual secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, señalado en la acusación como quien destinó 802 millones de pesos del erario para el banco, y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, ex presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento y, también, accionista de la institución bancaria.

“De hecho, en ese domicilio hay tres agrupaciones: ‘Que el cielo bendiga a Chihuahua’, la de las farmacias y la Asociación Ganadera Regional División del Norte (antes dirigida por Hermosillo), creada por Duarte alrededor de 2006 con el apoyo de la Confederación Nacional Campesina (del PRI), grupo del que Duarte formaba parte”, explica García Chávez en entrevista.

“Y en el tema de las farmacias, se han empezado a evidenciar los negocios que han hecho con la adquisición de productos en el Sector Salud, a través del Seguro Popular y Pensiones Civiles del estado”, agrega el abogado.

Información oficial documenta cómo el gobierno del estado ha entregado de manera directa la asignación de contratos millonarios a la farmacéutica Servicios y Atenciones Médicas K. En una auditoría realizada por la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre los estados financieros de los Servicios de Salud consta que, el 28 de mayo de 2012, se realizó una sesión extraordinaria para asignar a esta compañía un contrato por un “importe máximo” de 321.1 millones de pesos.

“Este importe corresponde a la adjudicación directa número 282/2012, con fallo adjudicatorio del 28 de mayo en sesión extraordinaria número 012/2012 del Comité de Adquisiciones, adjudicándose a Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, mediante contrato D20518, obligándose éste a entregar cada uno de los bienes, apegándose a las descripciones y presentaciones que se indican en el anexo 1, corresponder a las claves incluidas en el cuadro básico del Sector Salud (…) este por un importe mínimo de $96,427,739.09 y máximo de $321,136,133.61, este contrato tendrá una vigencia del 28 de mayo al 31 de diciembre de 2012”, dice el Informe técnico de resultados de la auditoría.

En el padrón de proveedores de la Secretaría de Salud aparece actualmente el nombre de la compañía como especializada en “la compraventa importación y exportación de medicinas de patente, artículos de belleza, artículos de aseo y limpieza, dulcería, revistas, periódicos, perfumería, juguetería, plásticos artículos de electrónica y accesorios relacionados con todos los anteriores, rehabilitación y terapia física, atención médica en todas las especialidades, traslado de ambulancia, toma de muestras y análisis clínicos, radiografías, tomografías y mastografías, nebulizaciones, todos los estudios relacionados con la salud, entre otros”.

De acuerdo con lo que ha denunciado el Senador panista Javier Corral, integrante del movimiento Unión Ciudadana que apoya la denuncia de García Chávez, es precisamente la proveeduría de medicamentos al sector salud uno de los giros que también estaría redituando de manera personal al Gobernador Duarte.

“Llamé la atención del asunto desde 2012, cuando el Gobierno del Estado adquirió medicamentos con sobreprecios exorbitantes para favorecer, y así pagar la factura, a varios de quienes le financiaron a César Duarte buena parte de su campaña y se han convertido a través de distintas empresas, en las que no necesariamente aparecen, en recipendiarios de fabulosos contratos de carreteras, equipamiento, transporte público, obras para presas y, no se diga, medicinas”, denunció Corral en una columna disponible en el sitio electrónico de la fracción panista en el Senado de la República.

“Pensiones Civiles del estado y el Instituto Chihuahuense de la Salud han sido dos de los instrumentos de la corrupción, a través de licitaciones amañadas, con el objeto de adquirir medicamentos y productos farmacéuticos con sobreprecio. Entre los laboratorios de medicamentos las historias son de escándalo”, agregó el legislador.

En el mismo texto, Corral explicó que Ymmarsa se había quedado con el 83 por ciento de las licitaciones de 2012, ganando así contratos por 354 millones de pesos aun cuando presentaba notables aumentos en los precios. “Por ejemplo, YMMARSA cotizó 648 piezas de Fenitonina Sódica en 204.60 pesos por pieza, cuando en el ejercicio anterior habría gastado 48.62 pesos por pieza, es decir un 321 por ciento por arriba”, escribió el Senador. “Los dueños de YMMARSA apoyaron la campaña de César Duarte. Siete meses después de la toma de posesión de éste, en julio del 2011, sin ninguna experiencia en el ramo decidieron constituirse como empresa, y cinco meses después habían ganado la millonaria licitación, cuando para este tipo de licitaciones se pide por lo menos dos años de experiencia en el ramo”, agregó Corral.

Sobre la relación con Servicios y Atenciones Médicas K, Corral anunció entonces que “dentro de las investigaciones que abra el Ministerio Público Federal por la denuncia presentada por Jaime García Chávez, presentaremos esas adquisiciones, que además aparecen en la página de proveedores de Gobierno del Estado, donde tan sólo en 2012 se hizo una adjudicación directa por un monto contratado de 321,136,133.61 pesos en medicamento y material de curación para el Seguro Popular”.

La contratación, asegura Corral, viola el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, así como el 50 de la Ley de Adquisiciones, los cuales obligan a los servidores públicos abstenerse de celebrar contratos con personas físicas o morales con las que haya “interés personal, familiar o de negocios”.

El titular del Seguro Popular en el periodo señalado en las acusaciones es el actual Secretario de Secretario de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores, actual centro de cuestionamientos luego de la filtración de un depósito a su nombre por 5.7 millones de dólares en una sucursal ubicada en El Paso, Texas, del banco Wells Fargo.

A través de un comunicado, Hernández desmintió en días pasados ser poseedor de dicha cuenta. “El Secretario de Salud del Gobierno del estado, Pedro Hernández, negó tener una cuenta bancaria en la institución Wells Fargo con sede en El Paso, Texas, según versión que de manera perversa circuló a través de correos electrónicos y redes sociales bajo la autoría de una persona que se identifica como Ricardo Maldonado”, citó el pasado 10 de julio la revista Proceso.

Para García Chávez, sin embargo, la postura oficial no es suficiente. “Hicimos casi un peritaje sobre la ficha de depósito, y llegamos a la conclusión de que el depósito es real; con un simple boletín dijeron que era chisme de los medios, pero tanto los sellos como las cantidades, las direcciones, todo lleva a esa observación”, dijo el abogado en entrevista.

Otra documentación muestra organigramas oficiales en los que se observa que Pedro Genaro Hernández, además de las denuncias anteriores, cobró un doble salario a las finanzas públicas. Uno, indica el organigrama del “Régimen Estatal de Protección Social en Salud” de 2014, por 64 mil 68 pesos asignados a su función como director general de dicha entidad. Otro, de 56 mil 139 pesos, por su cargo como director administrativo de la Secretaría de Salud.

“Obvio que Pedro Genaro Hernández no tiene la capacidad económica para tener dinero en esa cuantía (…), pero es un hecho que hay corrupción en la compraventa de medicamentos, y todo lleva a ese domicilio en el que se operan los negocios de César Duarte”, agregó García Chávez.



(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/ JULIO 31, 2015 - 00:04H)

4 MILITARES SERÁN JUZGADOS POR DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTE DE 7 JORNALEROS EN ZACATECAS


Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Un Juzgado de Distrito Especializado dictó auto de vinculación contra cuatro militares del 97 Batallón de Infantería, por su presunta participación en la desaparición de siete civiles el pasado 7 de julio en el Municipio de Calera, Zacatecas.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas determinó abrir un juicio en contra de los cuatro implicados por delitos contra la administración de justicia, homicidio y desaparición forzada de personas bajo la causa penal 43/2015.

Entre los procesados están, el coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, elementos del 97 Batallón de Infantería de la Onceava Zona Militar en Guadalupe, en esa entidad.

Este proceso se determinó bajo el nuevo sistema de justicia penal, el cual ya opera en esa entidad. En el que el delito de homicidio el delito de homicidio está contemplado como uno de los ilícitos en los cuales se debe aplicar la prisión preventiva de oficio.

Por ello, el juez ordenó que los cuatro efectivos militares inculpados fueran encarcelados durante todo el tiempo que dure el proceso.

“La autoridad jurisdiccional ordenó la misma (prisión preventiva) en contra de los cuatro inculpados, por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente, en el entendido de que no podrá exceder de un año, salvo que los inculpados requieran mayor tiempo para ejercer su derecho de adecuada defensa”, precisó el CJF.

El pasado 20 de julio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “identificó indicios de una probable participación de personal militar” en la desaparición de siete jornaleros ocurrida el pasado 7 de julio en Calera, Zacatecas, y cuyos cuerpos fueron encontrados días después sin vida, al menos cuatro de ellos con el tiro de gracia.

Mediante un comunicado de prensa, la 11 Zona Militar informó que con motivo de los avances en la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar “en relación con los hechos relativos a la desaparición de siete personas el 7 de julio de 2015, en Calera, Zacatecas, identificó indicios de una probable participación de personal militar”.

Ese mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja por el caso.

Desde su desaparición, los familiares de siete jornaleros, cinco de ellos hombres y dos mujeres, denunciaron que elementos del Ejército del 97 batallón de infantería sacaron a sus parientes de manera violenta durante un supuesto operativo para buscar armas y drogas realizado la madrugada del martes 7 de julio en el domicilio ubicado en el número 106 de la calle Francisco I. Madero, de la ciudad de Calera, en Zacatecas.

La misma información, proporcionada por la familia de los trabajadores agrícolas, refiere que los militares actuaron bajo las órdenes de un coronel identificado con el nombre de Martín Pérez Reséndiz. Las mismas versiones indican que entre los desaparecidos había un ex militar.

Los familiares de los jornaleros presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En las denuncias presentadas refirieron que los soldados, que tienen su sede en Fresnillo, viajaron en cuatro vehículos, una de las cuales fue identificada con el número 0897, justo en la que viajaba el coronel en referencia, y posteriormente ingresaron al domicilio de donde fueron sacados los jornaleros.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / julio 31, 2015 - 18:23h)

DISCUTIRAN HOY LEY SOBRE DERECHOS DE NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES

(RIODOCE/ 31 DE JULIO 2015)

JUEZ LIBERA ORDEN DE EXTRADICIÓN CONTRA “EL CHAPO”


El juzgado tercer de distrito con sede en la ciudad de México concedió una orden de detención con fines provisionales de extradición en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Informó el diario La jornada en su portal que la medida fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos el mes pasado y, la PGR informó que “derivado de un proceso de análisis y diagnóstico de dicha petición, ayer la PGR obtuvo la orden de detención”.

La PGR explicó que el análisis realizado por esta dependencia verificó que la solicitud cumpliera con los requisitos establecidos en el tratado de extradición celebrado entre México y Estados Unidos.


(RIODOCE/ REDACCION/ 30 julio, 2015)

TORPEZAS BUROCRÁTICAS LIBRARON A “EL CHAPO” DE LA EXTRADICIÓN


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sabía que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo iba a entregar a Estados Unidos. Se fugó cuando se tramitaba su extradición.

El jueves 16 de julio, la procuradora general de la República, Arely Gómez, informó oficialmente a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo que la petición de extradición había llegado el 25 de junio. Horas más tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también acudió al encuentro, añadió que hay oficios que lo demuestran.

Publicó el semanario Proceso en su portal web que  sin embargo, desde principios de mayo el abogado defensor de Guzmán, Juan Pablo Badillo Soto, tuvo en sus manos copia certificada de la solicitud, ya tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los tiempos judiciales y la falta de precisión de parte de la SRE en su demanda de extradición abrieron el espacio para que Guzmán Loera se fugara de la cárcel antes que el gobierno y el Poder Judicial lo entregaran.

Los acuerdos judiciales del expediente 73/2015, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal, indican que el procedimiento estaba en marcha.

Prueba de ello es que el 20 de mayo la Mesa Uno del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, publicó el auto donde revela que el abogado de El Chapo, Badillo Soto, presentó “copia certificada” del pedido de extradición.

Sin embargo el juzgado rechazó esa copia como prueba de la solicitud de amparo promovida desde el 23 de enero de 2015 porque “no la adjunta al escrito que se provee”.

El juez también rechazó pedir a la SRE copia certificada de la solicitud de extradición por considerar que la defensa de Guzmán Loera “aún estaba en tiempo” de recibir el documento:

“En cuanto a su petición en el sentido de que este órgano jurisdiccional requiera al secretario de Relaciones Exteriores la copia certificada a que se ha hecho mención, dígase que no ha lugar (…) en virtud de que, si bien la parte quejosa acredita que solicitó copias certificadas ante SRE, lo cierto es que el escrito fue recibido el 15 de mayo pasado, y a la fecha no ha transcurrido un lapso suficiente para inferir que existe negativa u omisión en la solicitud que formó en el escrito anteriormente citado.”

Lo anterior implica que la solicitud de extradición llegó a México antes del 15 de mayo pasado, es decir 40 días antes de la fecha en que, según la procuradora, se recibió tal demanda del gobierno estadunidense.

El abogado Badillo Soto no sólo señala a la SRE como autoridad responsable, sino también a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), particularmente a su titular, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

El mismo 20 de mayo, el juzgado le concedió al Chapo una “suspensión provisional” para que no sea extraditado a Estados Unidos ni trasladado a cualquier otro penal. Asimismo le dio 24 horas a la SRE para que entregara un informe que valide la solicitud de extradición a Estados Unidos.

“De no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados (por parte de Guzmán Loera)”, le dijo el juzgado al Ejecutivo, y le dio un plazo: hasta las 9:45 del 25 de mayo. En tanto ello sucede, estableció el juzgado, se le otorga la “suspensión provisional”. Ésta dice:

“Para el efecto de que el quejoso de mérito quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a la integridad personal se refiere, en el lugar donde se encuentra actualmente recluido y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no sea entregado al Estado solicitante, ni trasladado a cualquier otro lugar distinto del que se encuentra interno, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, sin perjuicio de que se continúe con el proceso de extradición.”

La última frase implicaba que la Secretaría de Gobernación debía tenerlo bajo su resguardo e impedir que se fugara.

El juez aclaró a la SRE que “la suspensión concedida no motiva la inobservancia de algún tratado celebrado entre México y el país requirente con detrimento en las relaciones diplomáticas”, pues “no se rehúsa la extradición sino únicamente se suspenden los efectos de la orden correspondiente para mantener viva la materia del amparo y permitir que se analice la constitucionalidad de la orden de extracción reclamada”.

El trámite ante el juzgado lo estaba haciendo la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Relaciones Exteriores, en representación del embajador de México en Estados Unidos.

Al siguiente día, 22 de mayo, el juzgado le informó al embajador estadunidense en México, Anthony Wayne, que no puede ser tercero interesado en dicho trámite de extradición.

El 25 de mayo el juzgado negó en “definitiva” la suspensión del acto reclamado, es decir, la solicitud de extradición. De acuerdo con lo notificado ante el juzgado, “las autoridades responsables (SRE) han negado la existencia del acto reclamado (solicitud de extradición) en este juicio biinstancial (Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado)”.

El abogado de Guzmán Loera presentó una impugnación a esta decisión pero el Primer Tribunal Colegiado la desechó. Una semana después, el 1 de julio de 2015 (10 días antes de la fuga), el Juzgado de Distrito “sobreseyó el juicio de amparo”.

Aun así, el 17 de julio, cuando El Chapo ya había huido, su defensor presentó un recurso contra el sobreseimiento.

Desde la reaprehensión de Guzmán Loera, el 23 de febrero de 2014, sus abogados interpusieron de inmediato un amparo contra su posible extradición. La solicitud quedó registrada con el número 299/2014, pero se negó la “suspensión definitiva contra la extradición por inexistencia de actos reclamados”, según informó el Poder Judicial. Éste comunicó el 5 de marzo de 2014:

“El órgano jurisdiccional detalló que, al solicitar los informes correspondientes a las autoridades responsables, a saber el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, el secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, éstas negaron la existencia de los mismos”.


(RIODOCE/ REDACCION/ 31 JULIO, 2015)

SOFISTICADO TRÁFICO SUBTERRÁNEO


Desde el 2003 a la fecha las autoridades de Estados Unidos y México han localizado poco más de una decena de túneles que conectan las ciudades de Mexicali y Caléxico, desde entonces la tecnología  y la longitud de estos pasadizos van en ascenso

Desde el 2003 a la fecha han sido descubiertos 15 túneles que conectan Mexicali y Caléxico para el contrabando de droga, armas, migrantes y dinero. Pero fue hasta 2008 que la tecnología usada en estas construcciones dio un salto cuando entraron en operación el Cártel de Sinaloa comandados por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“Ya quisiera construir algo así el gobierno”, indicó un ingeniero civil entrevistado por ZETA, afirmó que la tecnología que se utiliza hoy en día te permite tener precisión menor a una décima de pulgada.

Dijo que se debe de tener un personal capacitado y especializado en este tipo de edificaciones, ya que en el subterráneo se manejan gases tóxicos que si no tienen el cuidado puede derivar en la muerte de todas las personas que están trabajando.

“Llevan armado de varilla cuando son muy profundo pero últimamente se ha sustituido por tubería que esta por arribada de todos los demás sistemas porque es muy resistente, necesitas el equipo, el conocimiento, no puedes meter a una persona sin el conocimiento, sin la experiencia necesaria, debes tener un equipo de ingenieros que sepan del tema”.

El ingeniero indicó para un túnel de 230 metros con 1.5 metros de altura por un metro de base representa 414 metros cúbicos, pero se le tiene que agregar el factor de expansión de la tierra, lo que significaría transportar alrededor de 560 metros cúbicos.
“Los camiones que contratas andan alrededor de 12 metros cúbicos cada uno, estás hablando de cerca de 50 viajes, realmente no es tanto, puedes estar haciendo la chamba pero difícilmente se da cuenta la gente”, afirmó el especialista.

Indicó que a mayor profundidad se tiene que batallar con el manto freático, lo que dificulta cualquier actividad, por lo que se tienen que utilizar técnicas de tubería y agua a vapor para realizar el túnel.

En cuanto a los costos mencionó que es difícil estimarlos ya que los precios se triplican por realizarse en condiciones totalmente adversas, un buen equipo de GPS de topografía podría costar hasta en 80 mil dólares más la contratación de ingenieros, software, equipo de cómputo, equipo de perforación el cual se tiene que comprar en Estados Unidos o Canadá.

PODRÍAN ESTAR OPERANDO VARIOS A LA VEZ

Por su parte Alfredo Arenas, quien durante muchos años fue el enlace de la Policía Estatal Preventiva con las autoridades norteamericanas, indicó que desde la entrada del Cártel de Sinaloa la infraestructura avanzó mucho por lo que cada vez es más difícil localizarlos.

“Los primeros que nos tocó encontrar eran muy rústicos, rudimentarios, básicamente un agujero, tenías que pasar a gatas, los que fuimos encontrando más adelante sí eran muy sofisticados, podías entrar inclusive parado por ahí, tenían rieles de comunicación, sistema de ventilación y aire acondicionado, iluminación, sistema de comunicación, líneas de teléfono”.

“Si tuviéramos el equipo para analizar la avenida Internacional estoy seguro que iban a encontrar 4 o 5 túneles más porque los que encontramos había llovido y hubo hundimientos, por llamadas anónimas o por aviso de Estados Unidos”, afirmó el ex agente de la PEP.

ARELLANO Y SUS INICIOS

El 12 de septiembre del 2003 fue localizado por autoridades norteamericanas un primer túnel de 120 metros de longitud ubicado del lado mexicano en un taller mecánico marcado con el número 985 de la avenida Cristóbal Colón entre las Calles A y B de la colonia Nueva mientras que del lado americano daba a una vivienda marcada con el número 1161 de la calle Segunda en Caléxico.

En aquella ocasión fueron detenidas 4 personas identificadas como Joaquín Mandujano Lázaro, José Guadalupe Prado Mendoza, Guillermo González Liera, y Raúl Solano Zepeda.

Según las pesquisas de los estatales, el pasaje habría funcionado por más de 8 meses además de que presuntamente pertenecía a los hermanos Arellano Félix, quienes mantenían el poder de la plaza además de que contaban con los recursos suficientes para operar una infraestructura de ese calado.

El predio fue comprado por Ruth Romo Beyer en junio del 2003 por 89 mil 997 dólares, pero fue asegurado por delitos contra la salud, en 2005 fue cancelado el aseguramiento, actualmente se encuentra administrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en donde existe una veintena de vehículos que en la imagen de google Street tomada en 2009 no aparecen.

Apenas pasaron 2 meses para que fuera descubierto el segundo túnel, el 12 de noviembre del 2003  cuando agentes de la Patrulla Fronteriza realizaba un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la línea internacional, por las lluvias se había reblandecido la tierra, fue cuando una de las llantas del vehículo se hundió dejando al descubierto un hueco, entonces se percataron de un pasadizo de tres metros de profundidad y casi 200 metros de longitud.

En México el túnel daba con el interior de una bodega desocupada de “Muebles y Mudanzas” en la avenida Colón con número 1070. Francisco Rodríguez Gastélum adquirió la propiedad en julio de 1997 por compraventa, sin embargo el predio fue asegurado bajo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/187/2005, hasta la fecha sigue incautada.

El 25 de febrero de 2005 fue anunciado el tercero en Mexicali por parte de la DEA “luego de meses de investigación”, en esta ocasión el acceso se encontraba en la avenida Francisco I. Madero, en una mansión que contaba con circuito cerrado en el interior de la casa, tenía tres metros de profundidad, electricidad y ventilación.

Ya el 29 de julio de 2010, otro túnel fue “redescubierto” cuando colapsó uno de los tramos, entonces se dieron cuenta que los delincuentes había intentado rehabilitar el pasadizo, luego de que la Procuraduría General de la República no lo hubiera clausurado.

15 de septiembre de 2006 fue localizado el cuarto túnel en la misma zona, luego de que las autoridades norteamericanas detuvieran a una persona con una tonelada de mariguana alertando a las autoridades mexicanas de la existencia del túnel de 5 metros de profundidad con salida a la avenida Colón 724 entre las calles Nicolás Bravo y Pedro Pérez y Ruiz, en pleno centro de la ciudad.

Tenía una longitud de 210 metros de largo, en ese entonces la propiedad se le vinculó a  ex regidora Rosa Elena Flores Velarde, quien en su momento explicó que la había vendido en 2005.

DE LLENO SINALOA

El 1 de marzo de 2008 agentes de la Policía estatal descubrieron un nuevo narco túnel, informaron que llevaba ya unos cien metros de avance y estaba formado por paredes de ladrillo y castillos cimbrados de concreto, los cuales soportaban la edificación de metro y medio de profundidad.

Iniciaba en la vivienda ubicada con el número 134 del callejón Francisco I. Madero a la altura de la calle C, fueron detenidos Wilfrido Cruz Astorga, Arturo González Hernández, José Eliseo Acosta Velásquez, Jesús Enrique Vargas Ruiz, Marco Antonio Olvera González, Martín Jacobo Lizárraga, Víctor Manuel Jacobo Lizárraga y Héctor Joel Montaño González.

Los cambios eran significativos, entre las características de la construcción estaba la utilización de un elevador para descender a un segundo nivel además de que las paredes contaban con ladrillo y castillos con cemento. Según el Registro Público de la Propiedad en mayo del 2008 la vivienda fue comprada por Manuel Hernández Zavala.

Con la fuerte presencia del Cártel de Sinaloa fue localizado el 12 de noviembre de 2009  el túnel más cercano a la garita internacional Mexicali-Caléxico entre la avenida Cristóbal Colón y calle Azueta, apenas se llevaban  5 metros hacia Estados Unidos, contaba con una profundidad de 6 metros y una altura de 2.20 metros por 2.20 metros de ancho, tenía un sistema de iluminación, y ventilación, y encontraron un taladro especializado para realizar la excavación, el cual fue calculado en 75 mil dólares en su precio al mercado.

En el lugar fueron detenidos Marco Polo Aguilar Martínez, Rigoberto Gaspar Méndez, Carlos Gaspar Méndez y Rigoberto Carlos Osuna Villegas.

Según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad la propietaria original era María del Consuelo Andrade, pero por una disputa testamentaria fue adquirida por Moreno Aguilar, en 2010 fue asegurada por la PGR pero liberada en febrero del 2012,  posteriormente se vendió la propiedad por “2 millones 600 mil”, aunque el edificio sigue abandonado y con letrero de “Se vende”.

El 11 de diciembre del 2009 fue descubierto por elementos de la Segunda Región Militar un túnel en el Callejón Francisco I. Madero entre las calles México y Bravo, en donde fueron detenidas 7 personas. Las dimensiones del túnel llegaban en su punto más bajo a los 3.5 metros, por 13 de largo con dirección a Estados Unidos, pero la obra se había detenido después de 6 meses por una falla en la maquinaria.

Fue el 8 de marzo del 2011 cuando elementos militares descubrieron un pasadizo cercano a la garita Nuevo Mexicali conocido como la Arenera, el cual simulaba ser una alcantarilla y cruzaba directamente con la zona rural de Caléxico.

Para ingresar se tenía que sumergir debajo de las aguas del canal Todo Americano, por lo que al momento de realizar la revisión se encontraron tanques de oxígeno, apenas tenía poco menos de un metro de longitud, se decomisó equipo de bombeo y 3 paquetes de mariguana, la detención se dio gracias a una alerta de la Patrulla Fronteriza 3 días antes ya que habían detenido a 7 personas con un cargamento de 381 kilos de mariguana.

28 de julio del 2011 se reportó una excavación que presumiblemente serviría para la construcción de un nuevo túnel para transportar droga, en la calle B número 113 entre calles Francisco I. Madero y Reforma se localizó una máquina perforadora valuada en 5 millones de pesos.

7 de junio del 2012 en San Luis Río Colorado, los militares aseguraron otro túnel, con una profundidad de 18 metros y una longitud de 230 metros, medía 1.2 metros de ancho por 1.3 metros de alto, se encontraba forrado con triplay de una pulgada en piso, techo y paredes, tenía un sistema de ventilación con un motor que empujaba aire a través de un tubo PVC de 6 pulgadas además de sistema de iluminación controlado desde Estados Unidos como de México.

10 de la mañana del sábado 5 de enero del 2013 cuando autoridades municipales fueron alertadas sobre una persona tirando escombro en la colonia Baja California, ahí fue detenido Carlos Alberto  Hernández Montero que reconoció estar trabajando en la construcción de un túnel, así localizaron en la vivienda marcada con el número 612 de la avenida Gustavo I. Madero entre Nicolás Bravo y calle México el pasadizo que aún no era concluido. Éste y el túnel de San Luis Río Colorado son idénticos, aunque al ser descubierto el segundo llevaban 30 metros de construcción.

El sábado 25 de abril, de este 2015  agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron mediante cámaras de vigilancia a un grupo de narcotraficantes saliendo de un túnel pegado al canal Todo Americano. Pese a que 2 de ellos lograron escapar, una persona fue detenida debido a que el traje de buceo que utilizaba le impidió darse a la fuga, ahí localizaron 27 paquetes de metanfetamina con un valor aproximado a los 700 mil dólares, el pasadizo contaba con equipo de ventilación e iluminación, pero sobre todo que estaba inundado por lo que se tenía que cruzar con oxígeno.

El túnel daba con una vivienda en la avenida Colón entre las calles Salvador Díaz Mirón y Río Elota en el fraccionamiento Hípico, muy alejado de los demás encontrados hasta el momento, según datos de catastro municipal el inmueble se encontraba al corriente de todos sus pagos. Ahí vivía regularmente una familia con un menor de edad, los cuales rentaban el inmueble desde hacía 6 meses, ya que la dueña de la casa se había mudado hacia Estados Unidos.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Cristian Torres Cruz /  27 de Julio del 2015 a las 12:00:17)