lunes, 10 de noviembre de 2014

NO SE APAGA EL FUEGO



Aunque José Luis Abarca ya está en la cárcel y se anunció el hallazgo de los desaparecidos, la crisis no da tregua. Los inconformes siguen en las calles y los padres no aceptan los resultados de las investigaciones



Las protestas con saldos rojos ocurren después de que el procurador anunciara que existen indicios de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados

Lejos de enfriar las protestas, el último informe de la PGR sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ha radicalizado las manifestaciones que se han teñido de actos violentos.

En las últimas protestas convocadas en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero los reflectores los han acaparado hechos violentos presuntamente cometidos por grupos radicales anarquistas que apoyan este movimiento.

Las protestas con saldos rojos ocurren después de que el viernes el procurador Jesús Murillo Karam anunciara de que existen indicios de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el estado de Guerrero.

Entre los organizadores de las protestas por los estudiantes de Ayotzinapa circula la versión de que detrás de estos actos incendiarios podrían estar grupos de infiltrados en el movimiento.

La noche del sábado una protesta, que comenzó de manera pacífica en las instalaciones de la PGR y terminó en el Zócalo, concluyó con el incendio de una de las puertas de Palacio Nacional, donde despacha el presidente Enrique Peña Nieto.

No existen en los últimos años antecedentes de un acto así en contra de Palacio Nacional.

Los primeros actos vandálicos se registraron hace una semana en la movilización multitudinaria del pasado 5 de noviembre, que se desplazó por Paseo Reforma y terminó con un mitin en el Zócalo capitalino donde los padres de los estudiantes desaparecidos exigieron a las autoridades justicia para sus hijos.

Ese día la manifestación transcurrió sin hechos violentos, sin embargo el incendio de una estación del sistema de transporte Metrobus en el sur de la ciudad opacó la protesta masiva.

Casi al mismo tiempo en que celebraba la manifestación de estudiantes grupos presuntamente ligados al movimiento anarquista del Distrito Federal atacaron con bombas molotov la estación Universidad del Metrobus y uno de los autobuses que terminó calcinado.

El viernes pasado, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.

De acuerdo a Murillo Karam, existen indicios de que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala y entregados al grupo criminal de Los Guerreros Unidos.

Los integrantes de este grupo delictivo –según los testimonios de tres de los detenidos – habrían asesinado y calcinado a los estudiantes en el basurero de Cocula.

Los restos incinerados habrían sido tirados al Río San Juan, que cruza esta zona del estado de Guerrero, con el propósito de borrar cualquier evidencia.

La Procuraduría General de la República no pudo confirmar la muerte de los estudiantes por la imposibilidad de llevar a cabo pruebas de ADN de los restos calcinados rescatados.

También en Guerrero, las protestas como en la Ciudad de México, se han radicalizado.

El sábado jóvenes de Ayotzinapa incendiaron vehículos de transporte de empresas privadas y una patrulla de la Policía Federal afuera del Palacio de Gobierno.

El inmueble oficial fue atacado con pedradas dañando cristales de sus ventanas.

El día de ayer arribó a la Ciudad de México la marcha #43x43, que inició hace una semana en el municipio de Iguala para protestar por la desaparición de los normalistas.

La caravana, que durante cinco días recorrió 200 kilómetros, fue convocada por organizaciones sociales en apoyo a los padres de los estudiantes desaparecidos.

En el mitin celebrado en el Zócalo se  condenó el informe rendido por el procurador Jesús Murillo Karam y se exigió su renuncia como titular de la PGR.

ENCIENDEN PALACIO NACIONAL

Hidalgo Neira
En las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México cada vez aparecen actos violentos que terminan por empañar las manifestaciones.

La noche del 8 de noviembre será recordada como la noche en que una de estas protestas convocadas por los estudiantes concluyó con el incendio de una de las puertas de Palacio Nacional.

La movilización comenzó a las 20:00 horas con un plantón frente a las instalaciones de la PGR, en Paseo de la Reforma.

La manifestación se había convocado a través de redes sociales para protestar por el informe que presentó el viernes el procurador Jesús Murillo Karam donde asegura que hay indicios en la investigación para establecer que los estudiantes fueron asesinados y calcinados por el cártel de los Guerreros Unidos.

Luego de la PGR, el grupo de manifestantes se desplazó hacia el Zócalo exigiendo justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

En la plancha del Zócalo un grupo de manifestantes –identificados como parte de los grupos anarquistas- se abalanzaron contra lasvallas de seguridad instaladas en la explanada.

La protesta, que había transcurrido sin disturbios, se tornó violenta con el lanzamiento de bombas molotov y piedras contra uno de los accesos principales de Palacio Nacional.

Las llamas comenzaron a surgir en las puertas de Palacio Nacional, que fueron mitigadas por el sistema contra incendios de este inmueble federal.

El clamor de la gente no bajaba y siguieron amedrentando y golpeando la entrada del Palacio.

El enfrentamiento entre los radicales y los elementos de seguridad provocó que muchos manifestantes abandonaran la protesta por los estudiantes.

Los manifestantes –algunos encapuchados o con máscaras del personaje Guy Fawkes de la cinta “V de Venganza”- arremetían contra el portón de madera.

Los elementos del Estado Mayor Presidencial intentaban con agua y con gas disuadir en vano los ánimos enardecidos de los manifestantes.

El operativo que implementó la Policía concluyó con la detención y presentación de 18 personas por los actos violentos ocurridos en Palacio Nacional.


(REPORTE INDIGO/ CÉSAR CEPEDA /Lunes 10 de noviembre de 2014)

AUSENCIAS QUE LASTIMAN: VENDIERON TODO Y NO LOS ENCUENTRAN


Diez hombres desaparecieron en Tamaulipas desde 2010; las esposas han abandonado la búsqueda porque ya no tienen dinero para hacer el trabajo de las autoridades

OAXACA, Oax, 10 de noviembre.— Después de cuatro años de peregrinar para dar con su paradero, las esposas y familiares de diez hombres desaparecidos en el norte del país, tres de la Laguna de Zapotengo y siete de la cabecera municipal de San Pedro Pochutla, en la región Costa, han tenido que abandonar su búsqueda.

La señora Celerina Santos Santiago, esposa de Nemorio Vizarratea Vinalay, uno de los desaparecidos, oriundo de Zapotengo, poblado de apenas una centena de habitantes, dijo:

“Ya dejamos de buscarlos porque se acabó el dinero, no por otra cosa. Ahora queda en las manos de Dios que regresen.”

La mujer afirmó que las madres y esposas de los hombres, integrantes de la Sociedad Cooperativa Ecoturística-Zapotengo de Pochutla, se organizaron y emprendieron el rastreo por varios lugares del país desde que conocieron su desaparición: el 14 de julio del 2010 en Tamaulipas.

“Fuimos a la capital del estado (Oaxaca), al Distrito Federal, a Tamaulipas y a Morelos; subimos, bajamos, nos cansamos de dar vueltas y nada”, señaló.

El grupo de mujeres utilizaron sus pocos ahorros y debieron vender embarcaciones destinadas a recorridos turísticos en la laguna de la comunidad.

“Acabamos con todo; malbaratamos unos terrenos, vendimos cosas de la casa y seis lanchas en busca de ellos; fuimos a todos lados, pero no los encontramos”, asentó.

Consideró que la ayuda de los gobiernos federal y estatal fue insuficiente para las familias, que tuvieron que mantener sus propias  investigaciones sobre los desaparecidos.

“Como a los que están en el gobierno no les duele, no hacen nada; no les importa porque no son sus parientes”, lamentó.

Destacó que por eso (falta de dinero) dejaron el regreso de sus familiares desaparecidos en las manos de Dios, porque eso sí, no han perdido la fe de volver a verlos vivos.

“En él está si regresan o no; tenemos esperanzas y fe de que algún día van a llegar”, comentó.

En 2013 su esperanza se animó cuando ganó una ternera en una rifa realizada por el Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, en la aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

“Como esposa de comunero fui en su representación (a la rifa). Para mí fue una señal; es una señal de Dios que está vivo. Lloré mucho, sé que está vivo y que va a regresar”, apuntó.

Desde su desaparición a la fecha, la incertidumbre agobia constantemente a sus familiares por no saber dónde se encuentran ellos.

“Es algo que jamás se nos olvida; podemos estar contentas un rato, pero luego nos acordamos de lo que pasó. Si me dijeran ‘está muerto’, me quedaría tranquila porque ya sé dónde está”, mencionó.

También refirió que la desaparición ha generado problemas en el interior de las familias por la falta del padre en el hogar.

La mujer dijo que la ausencia también ha ocasionado contrariedades en la familia porque la mayoría de los desaparecidos eran el sostenimiento económico.

“Vendimos casi todo, solamente nos quedamos con las casitas. El proyecto (ecoturístico) está parado.

“En su momento, la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) nos ayudó con una tiendita, donde vendimos productos básicos, pero solamente le ganamos un peso a cada producto.”

Otra familiar, Marisol Ramos Martínez, esposa de otro de los desaparecidos, Fidel Espino Ruiz, vendió algunas pertenencias y propiedades para indagar el paradero de su marido, pero no tuvo respuesta alguna.

Por la venta de sus propiedades y la falta del padre, los hijos han dejado la escuela, comentó.

“No tenemos para el pasaje ni para lo que piden los maestros en la escuela; el proyecto ecoturístico está ahí, parado”, refirió.

Contó que su decisión de no seguir buscando al esposo se la hizo saber a otra de las mujeres, Celerina Santos Santiago, por la carencia de dinero.

“Lo dejé en manos de Dios. Ya no tengo dinero, no me alcanza para seguir buscando; por ese motivo ya no le sigo”, lamentó.

EN 2010, EL ÚLTIMO CONTACTO

A pesar del hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas en Tamaullipas y del tiempo transcurrido, los familiares de los diez pobladores de la Laguna Zapotengo y San Pedro Pochutla, desaparecidos en Tamaulipas, aún mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

“Tenemos fe en Dios; creemos que están bien y que van a regresar vivos”, afirmó María Vizarratea Salinas, hermana de Luis, Juan Carlos y Andrés.

El último contacto con los desaparecidos se registró el 14 de julio de 2010 por un mensaje de celular enviado por uno de ellos, Isauro Rojas Rojas, dirigido a su esposa María de Jesús. Le indicaba su llegada a la ciudad de Matamoros, donde comprarían vehículos.

“Como no se comunicaban, entonces mi hermana habló a su esposo y contestó un hombre con acento norteño que dijo ‘policía federal’. Pensó que se había equivocado y nuevamente marcó, pero la respuesta fue la misma”, asentó.

Explicó que las víctimas no llevaban mucho dinero, sólo el necesario con el fin de adquirir dos camionetas para ser destinadas al proyecto ecoturístico establecido en la laguna Zapotengo.

IBAN A COMPRAR CAMIONETAS

“En enero de ese año habían ido a comprar unas (camionetas) y regresaban en julio (a Matamoros); además de las camionetas iban a comprar piezas de
vehículos pesados, porque varios de los desaparecidos tenían un taller mecánico”, señaló.

Rechazó que sus familiares hayan tenido algún vínculo con la delincuencia organizada o se hayan dedicado a actividades delincuenciales.

“En Pochutla y en Zapotengo los conocen y saben que son hombres trabajadores y que no tienen ninguna relación con la delincuencia”, sostuvo.


(EXCELSIOR/ Patricia Briseño/ Corresponsal/ 10/11/2014 10:52) 

POLICÍA PROTEGE A CRIMINALES


De 2013 a la fecha, agentes municipales de La Paz no tienen registrada una sola detención a narcomenudistas en el Centro de Operaciones Estratégicas  o ante la PGR. A su vez, la PEP no ha capturado vendedores de droga desde el 19 de agosto del presente año

La última vez que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una indagatoria en contra de criminales del municipio de La Paz, Baja California Sur, fue el 22 de junio de 2012, cuando bajo el número de averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/237/2012, recabó información, identificó células delictivas e inició la persecución del entonces jefe de plaza del narcomenudeo, Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco”.

Los agentes de la Unidad Especializada en Delincuencia de la SEIDO, obtuvieron información del paradero del jefe criminal y fueron por él, después de que la agente del Ministerio Público de la Federación, Liliana González Lira, libró una orden de aprehensión en su contra. Catearon siete viviendas, operativo en el cual se detuvo únicamente al sobrino del narcomenudista, identificado como Roberto Salazar Monzón, de entonces 22 años, y su pareja sentimental, Blanca Esthela Avilés Agúndez, de 19, cuando se encontraban empaquetando droga en la calle Coromuel número 330, entre Rivapalacios e Insurgentes, Fraccionamiento Juárez de La Paz.

En manos de los agentes de la Unidad Especializada en Delincuencia, el familiar de “El Oaxaco” fue generoso con sus captores y, sin necesidad de presionarlo, habló sobre la estructura criminal, quiénes participaban, por qué lo hacían. Hasta dio santo y seña de sus protectores en la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Coordinación de Giras del Gobernador del Estado de Baja California Sur.

Sin embargo, 55 días después, es decir, el 15 de agosto de 2012, cuando la SEIDO preparaba nuevos operativos que llevaran a su captura, “El Oaxaco” fue levantado, torturado, asesinado y calcinado cuando se encontraba en el rancho “Cuatro Corrales”, en la comunidad de San Luis Gonzaga, en Comondú.

Los criminales sabían que el ex capo era buscado por la SEIDO y representaba un peligro en caso de ser ubicado y detenido, por eso lo mataron.

A partir de entonces, la Unidad Especializada de Delincuencia de la SEIDO tiene entre sus expedientes los nombres de agentes, mandos y funcionarios públicos que desde el gobierno de la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, y del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, protegen y encubren a criminales, a cambio de fuertes cantidades de dinero.

Por eso no es obra de la casualidad -según un agente de investigación de la SEIDO- que “la policía Municipal de La Paz y la Policía Estatal Preventiva, no persiga ni capture a narcomenudistas”.

El agente de investigación -quien es parte de la Unidad Especializada en Delincuencia- participa desde el 12 de octubre de 2014 en la elaboración de un mapeo en el Estado de Baja California Sur, donde de entrada, en el catálogo de incidencia delictiva de ambos cuerpos de seguridad pública descubrieron lo siguiente:

* De 2013 a la fecha, la Policía Municipal de La Paz no tiene registrada una sola detención, ni puestas a disposición de narcomenudistas en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

* Policía Estatal Preventiva (PEP) no captura vendedores de droga desde el 19 de agosto de 2014.

Peor aún, ambas corporaciones de seguridad, evidentemente protegen, informan y están coludidas con criminales, pues de acuerdo al agente de la SEIDO, “durante este lapso de tiempo recibieron 175 denuncias anónimas sobre vendedores de droga que quedaron registradas en el Sistema Nacional de Denuncia Anónima, a través del teléfono 089, y por complicidad no atendieron las denuncias ciudadanas”.

— ¿Cómo saben que no fueron atendidas?, preguntó ZETA.

“Porque cuando cotejamos la información, revisamos cuántas denuncias entraron vía denuncia anónima, y cuántas personas detuvieron en ese mismo periodo. Y vaya sorpresa al descubrir que no detuvieron ni pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público absolutamente a nadie.

Según el registro, en las denuncias anónimas “la gente ofreció información de los vehículos, rasgos físicos de los vendedores de droga, vestimenta y hasta la ubicación en el momento en que hacían la transacción”.

—  ¿Y qué paso?

“Nadie acudió al llamado, lo que nos arroja que los policías y mandos están protegiendo a narcomenudistas, cobrando un sueldo por hacer como que trabajan en las corporaciones, y otro que viene del crimen organizado por encubrir sus actividades ilícitas”, describió el agente.

En la revisión y análisis de la información sobre incidencia delictiva, la única que ofreció información sobre capturas y puestas a disposición de narcomenudistas fue la PGJE, a través del COE, tras detener a casi 150 vendedores de droga e incautar 20 mil dosis de “’cristal’, marihuana y cocaína”.

El agente de investigación dijo que desde el 21 de agosto de 2012, por mandato, la PGJE es responsable de investigar el delito del narcomenudeo y abrió 390 averiguaciones previas en contra de narcomenudistas, de los cuales 133 fueron consignados y enfrentan procesos penales en Juzgados locales de Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz, Guerrero Negro, Vizcaíno y la llamada Zona Pacífico Norte.

PLAN FALLIDO

“Aunque tengan la voluntad, ningún plan o programa de seguridad va a funcionar mientras los criminales estén coludidos con la Policía”, advirtió el agente de investigación de la SEIDO consultado por ZETA.

Por su parte, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal de La Paz, Manuel Arce Delgadillo, se quedó frío al recibir el reporte mensual de detenciones. Reconoció que no aparece una sola captura de asuntos relacionados a la puesta a disposición de vendedores de droga al menudeo.

— Se habla de denuncias anónimas y ni un solo detenido, ¿cómo van con el programa de depuración? ¿Qué sucede,  por qué no están deteniendo y persiguiendo a los narcomenudistas?, planteó este Semanario.

“Eso mismo le pregunté a mi gente. Es un tema delicado, tenemos resultados, no te puedo dar el número exacto, pero se han generado varias bajas de policías, incluso un agente de la Policía que fue encontrado consumiendo droga. En los exámenes de Control y Confianza no nos botó; nos botó hasta en las pruebas de antidoping, y ya no se le renovó arma, inclusive dejó de pertenecer a la corporación a raíz de ese hecho. Definitivamente es un tema delicado, a veces no puedes tener una desbandada, hay que irlos segregando.

“Ahorita te lo digo como abogado, porque a fin de cuentas no soy policía, para mí todo debe seguir un procedimiento. Tenemos instalado ya el Consejo de Honor y Justicia, y hace escaso un mes, el Cabildo nos aprobó el reglamento, y esa va a ser la instancia para someter en el seno del consejo no nada más las bajas, sino estímulos también; porque tenemos muchos policías que en el pasado huracán ‘Odile’ sacaron la casta, no todo es tema de inseguridad y lo vinculado a hechos violentos. Esta vez pudimos evaluar el nivel de repuesta.

“Yo, y debo decirlo, me situaba en esa parte de la sociedad de que vemos al policía de lejos y le sacamos la vuelta, pero cuando vez el nivel de compromiso te da otra imagen, y no podemos sustraernos a la depuración de policías malos, cuando también hay buenos elementos”, respondió Arce.

El 24 de junio de 2014, la presidenta municipal de La Paz,  Esthela Ponce Beltrán, presentó con bombo y platillo la “Estrategia Integral de Seguridad Pública y Prevención Social para la Violencia y Delincuencia en el periodo 2014-2015”.

El plan contemplaba, entre otras cosas, los siguientes puntos:

1.- Coordinación interinstitucional transversalizada como política pública incluyente.

2.- Fortalecimiento de la política de seguridad pública municipal.

3.- Desarrollo policial y profesionalización.

4.- Policía comprometida por la proximidad social.

5.- Participación ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

6.- Operativos de servicio y mejora a la comunidad.

7.- La normatividad como base de actuación de los integrantes de la Policía Municipal.

8.- Innovación y modernización administrativa.

Después de 37 días del lanzamiento, la promocionada estrategia de seguridad fracasó cuando comenzaron las balaceras y ejecuciones en La Paz, donde la violencia no solo se registró en la ciudad capital, sino se desbordó hacia pequeñas comunidades turísticas como Los Barriles y Todos Santos.

Completamente anulado el fallido plan, el comisario de la Policía Municipal de La Paz aceptó que tuvieron que implementar “una nueva estrategia, pero focalizada al nuevo esquema de violencia que se está viviendo, donde montaron operativos o volantas en calles y avenidas para detectar e infraccionar, inclusive retirar de circulación vehículos sin placas y tarjetas de circulación y polarizados; incluso participamos en los operativos interinstitucionales”.

LA COMPLICIDAD

Respecto al mapeo delictivo, el agente de la SEIDO dijo que haber recibido quejas de agentes de la PEP sobre la instrucción de la subsecretaria estatal de Seguridad Pública, Martha Cecilia Garzón López, y del comisario Francisco Javier Camacho Manríquez, de “no actuar ni a favor ni en contra de los vendedores de droga, y de la recomendación de que si pueden, ni se aparezcan o lleguen tarde a los crímenes”, desde que se descubrió “la participación de agentes, sobre todo en el asesinato de Esteban Espinoza Velázquez ‘El Pantera’, registrado el 31 de julio pasado”, citó el entrevistado.

“Las sospechas de sus nexos con criminales, se acrecentaron cuando por órdenes de la subsecretaria y del comisionado anterior, Ragner Torres Morenos, se dio la orden de desaparecer el Grupo Especial Operativo (GEO), responsable del combate al narcomenudeo.

“Tenemos información de que lo primero que hizo ese señor Ragner Torres Moreno en su calidad de comisario de la Policía Estatal Preventiva, fue nombrar a un primo del coordinador de Giras del gobernador, de nombre Irineo Martínez, llamado Fernando Ramírez Martínez ‘El Sabueso’, como subcomisionado; y bajaron la orden de no detener vehículos de narcomenudistas, lo que de entrada provocó un choque con el GEO, que desde su inicio hasta su desaparición, si mal no recuerdo el 18 de agosto pasado, detuvo a 215 delincuentes, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, de los cuales el 95 por ciento fue capturado por narcomenudeo y posesión de armas de fuego”, explicó la fuente.

Además, refirió que “las capturas de narcomenudistas, contradiciendo su orden, comenzaron a incomodar al comisionado y subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, tanto que las últimas dos detenciones de vendedores de droga fueron el detonante para desaparecer ese grupo policiaco”.

De acuerdo con su información, la primera se dio el 30 de julio, cuando fueron detenidos los narcomenudistas Jesús Ángel Cota Lucero y Cristian Bianchi Díaz, quienes tenían en su poder una bolsa de cocaína, “cristal” y marihuana, y andaban en una camioneta Honda CRV de color blanco, placas de circulación ZCM3N53.

La segunda fue el 18 de agosto pasado, cuando se detuvo a tres narcomenudistas con 22 envoltorios de “cristal”, una bolsa de marihuana, una bolsa de cocaína y 2 mil 600 pesos. Sus nombres son José Arvizu Valenzuela, Jesús Alberto Méndez Castro y Silvia Jaqueline Gómez Amezcua.

Una vez desintegrado el Grupo Operativo Especial, los agentes fueron enviados a cuidar funcionarios, sus casas y a puntos fijos en instituciones gubernamentales.

Peor aún: en base a lo expuesto por el agente de investigación de la SEIDO, los nexos entre criminales y policías -sobre todo de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública- son tan obvios que un grupo de policías señalados de estar vinculados con delincuentes no fueron cesados, sino únicamente sacados de operaciones y encomendados a tareas administrativas dentro de la PEP.

Inclusive el investigador señaló que uno de ellos, de nombre Martín Aceves Marqués “El Keko”, resguardó, en el patio de la SEPS,  una camioneta Nissan Armada 2006 de color blanco, placas de circulación BHB-5462 propiedad de un narcomenudista.

Para concluir, de acuerdo con el agente de  la SEIDO, “todo mundo en la Policía la reconoce y tienen información que era de un narcomenudista de la zona norte de La Paz, y el policía de repente llegó a bordo de ella, la guardó en la Subsecretaría y ahí sigue. Hasta donde hemos podido investigar, está registrada a nombre de Herlinda Liliana Rodríguez Mendoza, con domicilios en los fraccionamientos Villa del Real y El Florido, en la ciudad de Tijuana, Baja California, quien tiene dadas de alta otras tres camionetas del estilo y figura, como pareja de Raúl Enrique Castro”.

CAEN CINCO SICARIOS EN TODOS SANTOS

Casualmente, y después de la llegada de la Unidad Especializada en Delincuencia de la SEIDO, la Secretaría de Marina logró la captura de cinco sicarios del Cártel de Sinaloa, en un operativo realizado la madrugada del 22 de octubre en el poblado de Todos Santos.

Los detenidos responden a los nombres de Aarón Eleuterio Gutiérrez Sosa, Daniel Ovalles Vázquez, Jesús Alberto Quiroz Villarreal, Norberto Sánchez Meléndez y Fausto Rodolfo Zavala Robles, este último, detenido con anterioridad -26 de agosto de 2014-, cuando husmeaba las viviendas del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y del ex subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Martín Álvarez Savín, en la colonia La Esperanza I.

En aquella ocasión, el sujeto fue capturado con otros cuatro acompañantes: Eusebio Oroña Quiñonez, Teodoro Oroña Quiñonez, Martín Octavio Burgueño Reyes y Rubén Adrián Ávila Quiñonez, en posesión de tres pistolas Pietro Beretta 9 milímetros, abastecidas con cuatro cargadores.

Sin embargo, no se sabe cuándo y por qué causa fue liberado, después de que la PGJE entregó al detenido en la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta vez, Fausto Rodolfo Zavala Robles fue detenido en posesión de una granada de fragmentación, cuatro armas cortas, cargadores y aparatos de radiocomunicaciones. Quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

En sus primeras declaraciones, uno de los pistoleros dijo haber sido contratado por Cruz Alonso Lozoya “El Grande” y Vidal Martínez Barraza “El Víctor” o “El Vidal”, y trabajar para Alejandro Sánchez Trejo “El Fran” o “El Frane” y Ranulfo Portillo López, células criminales de Dámaso López Núñez “El Licenciado”.

Según el sicario, fueron enviados al poblado a “cumplir un encargo”, aunque no especificó de qué se trataba.

La captura de estos cinco sicarios, se suma a otra realizada el 16 de octubre por el Ejército Mexicano, también en Todos Santos, donde fueron detenidos en posesión de un rifle de asalto AK-47 y un R-15, los siguientes sujetos: Roberto Leyva Verdugo, de 18 años de edad; Alejandro Espinoza Cabrera de 23; Javier Ortiz Saavedra, de 21; Mauro Alán Valles Aguilar, de 22; y Fernando Arturo Ramírez, de 27.



 (SEMANARIO ZETA BCS/ Investigaciones ZETA/ 28 de Octubre del 2014 a las 12:00:00)

PIDEN RENUNCIA DE TONY AGÚNDEZ


Asociaciones civiles, colegios de profesionistas y cámaras empresariales, solicitaron que el alcalde de Los Cabos deje el cargo por ineptitud, incompetencia y negligencia, luego del paso del huracán “Odile”

Los Cabos, Baja California Sur.- Cuando el perredista José Antonio Agúndez Montaño recibió su constancia de mayoría como presidente municipal de Los Cabos, electo en el proceso electoral de 2011, en medio de empujones, golpes y patadas, nadie se imaginó que podría ser un preludio del fin de su administración gubernamental.

Así empezó y, todo parece indicar, así podría terminar el gobierno del alcalde cabeño, después de que en la última semana enfrentara feroces críticas sociales porque -según una carta abierta enviada a ZETA- “dio sobradas muestras de incapacidad, incompetencia y negligencia para responder a la ciudadanía en el momento en que se requería la participación de todo el gobierno municipal, tras el paso del huracán ‘Odile’, el cual se caracterizó por su falta de liderazgo y compromiso para cumplir con sus obligaciones, y dejó a la población en total anarquía, a merced de hordas de rijosos que saquearon comercios y viviendas, y permeó un clima de inseguridad en todos los pobladores”.

El escrito aborda tres puntos centrales, y es parte de los cuestionamientos que durante esta semana se endurecieron en contra del edil, quien el 18 de octubre tuvo que soportar las rechiflas y abucheos en la inauguración de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas y, dos días después, una severa gritoniza afuera de la estación de radio Cabo Mil, cuando se presentó en vivo a aclarar las dudas de su criticada ausencia durante los primeros cuatro días de contingencia para hablar sobre todo lo que había hecho antes, durante y después del ciclón.

Apenas comenzó la entrevista y comerciantes, restauranteros, empresarios e integrantes de la sociedad civil, fueron y se apostaron afuera de la radiodifusora. Con pancartas en mano, pedían a gritos la renuncia del alcalde cabeño.

Las consignas “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” y “¡El Tony se esconde y no responde! ¡El Tony, se esconde y no responde!”, se escuchaban incesantemente durante la entrevista y calaron tanto que el conductor del programa “Los Cabos a la Carta”, Armando Figaredo, no tuvo más remedio que abrir el micrófono y decir al aire si alguien de los inconformes quería hacer una pregunta concreta al hermano del ex presidiario Narciso Agúndez Montaño.

— ¿En dónde se presentó para evitar el saqueo? ¿En qué lugares llegó encabezando las fuerzas del orden? ¿Qué estuvo haciendo cuándo todo esto se presentó? Estamos escuchando su entrevista y las excusas son de lo más balín. ¿En dónde se apersonó para darle aliento a la población, dónde estuvo?”, planteó retórico el presidente de la organización civil Sociedad Organizada por Sudcalifornia, Armando Sánchez Salcido.

La respuesta del edil de que estuvo “trabajando mucho” exaltó aún más a los inconformes, por lo que decidieron esperar a que terminara la entrevista y encararlo personalmente.

Completamente desencajado, y con una sonrisa nerviosa, el edil salió de la compañía de comunicación caminando y se dirigió a las inconformes, acompañado de un grupo de policías y de su secretario general de Gobierno, Jesús Druk González; el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas; el oficial mayor del municipio, Edilberto Graciano Chávez; y el coordinador de Comunicación Social del XI Ayuntamiento de Los Cabos,  Javier Ruiz Almazán.

El primero en abrir el dialogo fue el alcalde. Como respuesta, solo obtuvo  reclamos:

“¡Fuera de aquí! ¡No tenemos nada que hablar!”, “La seguridad de la ciudad le corresponde a usted por mandato constitucional… ¡usted es el responsable de la plaza!”.

El alcalde cabeño soltó la risa y respondió: “Aquí se llama municipio”. Uno de los inconformes lo encaró: “¡Haga usted las aclaraciones que quiera, no se haga el chistoso!”, por lo que pidió respeto. Los quejosos replicaron: “¡No se esté burlando de lo que estoy diciendo entonces!”.

El principal punto de discusión y reclamos fue el abandono del alcalde al principal destino turístico de Baja California Sur.

“¡Usted debió cumplir con la Ley! ¡Usted abandonó a la ciudadanía!”, le dijeron en su cara, a lo que Agúndez contestó “¡No, señor!, y continuaron los reclamos: “¡Sí, señor! ¿Cómo explica entonces el saqueo o los robos?”.

El tono de la discusión fue subiendo de tono, cuando salió a relucir que el alcalde cabeño andaba en Las Vegas al momento de que arribó “Odile”.

“Con el debido respeto, demuéstrenme que estaba en Las Vegas, tráigame el boleto y todo eso de lo que están diciendo”, retó el edil a los manifestantes, quienes no se amilanaron: “Si usted dice que no estaba en Las Vegas, entonces es todavía peor, porque estaba aquí y no hizo absolutamente nada; estuviste ausente en todo momento, cuando prevenir el delito era tu trabajo y no lo hiciste, ¡y todavía tu gente saqueando y robando los comercios!”.

Los inconformes no se anduvieron por las ramas y fueron tajantes: “¡Queremos tu renuncia! ¡Ya hiciste mucho daño, Tony! ¡Vamos, queremos que te largues!”.

La discusión se alargó entre dimes y diretes, y los ciudadanos adelantaron que promoverían un juicio en su contra para verlo caer antes de que termine su gobierno.

LA CARTA

Aunque pareciera que la discusión no pasaría de eso, el 22 de octubre, ZETA recibió una carta dirigida al Presidente de México, Enrique Peña Nieto; XIII Legislatura del Estado de Baja California Sur y Cabildo del XI Ayuntamiento de Los Cabos. Está firmada por las siguientes personas:

1.- Raúl Padilla Padilla, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el destino de playa.

2.- Blanca Pedrín Torres, presidenta de la Asociación de Hoteles Boutique en el estado.

3.- Armando Sánchez Salcido, dirigente de la asociación civil Sociedad Organizada por Sudcalifornia.

4.- Francisco Javier Rubio Castro, dirigente del Movimiento de Transparencia del municipio.

5.- Carlos Tinoco, vicepresidente de la asociación civil Amigos de Cabo San Lucas.

6.- Mónica Espinoza Añuití, representante del Patronato del Estero de San José del Cabo.

7.- Enrique Rodríguez, responsable de la organización Vecino Vigilante de Los Cabos.

8.- Francisco Javier Vargas, presidente del Frente Popular Cabeño.

9.- Mario Meave, representante de la Ciclovía de Cabo San Lucas.

Los inconformes expresaron que a más de un mes del paso del huracán “Odile”, los habitantes de Los Cabos comenzaron a retornar a la normalidad por la oportuna intervención del Gobierno Federal, por lo que pudieron ponerse de pie mucho antes de lo estimado.

Aunque reconocieron que “todavía falta mucho por hacer”, también llegó el momento de pedir cuentas sobre la actuación de las autoridades municipales en el momento más crítico y difícil para el destino turístico, comenzando por el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y sus dos principales colaboradores con mayor responsabilidad en casos de emergencia: el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Guillermo Marrón Rosas; y el director municipal de Protección Civil, Wenseslao Petit Jacinto.

LOS FIRMANTES TOCARON TRES PUNTOS:

1.- Como ciudadanos reiteraron su desconfianza al presidente municipal de Los Cabos, puesto que ha demostrado falta de liderazgo y compromiso con la ciudadanía. Por lo tanto, no confían en que sea la persona adecuada a quien se puedan asignar recursos económicos del Gobierno Federal, ni encomendarle tareas de reconstrucción en el municipio.

2.- El director de la Policía Municipal de Los Cabos demostró incapacidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía antes, durante y después de “Odile”, cuando se desató una oleada de robos, saqueos y rapiña a decenas de negocios, viviendas, escuelas y hospitales; aunado a los índices de delincuencia considerada del fuero común, que se han disparado desde que Guillermo Marrón Rosas ocupa esa responsabilidad, incluidos los asaltos a turistas por parte de agentes de seguridad a su mando.

Por tal motivo, piden la remoción del funcionario, y en su lugar, conformar una instancia de Mando Único, bajo la dirección de personal federal certificado y calificado que venga a consolidar una verdadera fuerza de seguridad, a la altura de las necesidades de la población.

3.- En el caso del director municipal de Protección Civil, es imperioso un cambio de titular y la conformación de una coordinación real y efectiva con todos los cuerpos de rescate y seguridad. La penosa actuación de esta entidad gubernamental se vio más afectada aún por los señalamientos de rapiña del coordinador en Cabo San Lucas, Joaquín Téllez Álamo, actualmente suspendido de sus funciones.

Según los firmantes, en los hechos la Dirección Municipal de Protección Civil es una figura decorativa sin atribuciones, recursos ni estrategias para salvaguardar la vida de la población y sus bienes, por lo que se requiere una reestructuración a fondo de la institución.

Los inconformes agregaron que “es momento de exigir cambios en la administración municipal”, porque en otras condiciones lo que procedería es pedir la destitución del presidente municipal de Los Cabos, aunque reconocen que es un trámite largo y está por finalizar sus funciones, y planea otro cargo público de mayor envergadura.

Sin embargo, exigen que los titulares municipales de la Policía y de Protección Civil de Los Cabos, sean removidos de sus cargos y se proceda a la reorganización inmediata de sus dependencias, en virtud de que áreas tan importantes y claves como esas, no pueden estar en manos de personas tan carentes de oficio y habilidad.

LA POSTURA

Sobre estos hechos, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, fijó su postura y dijo que no renunciará, a pesar de las críticas sociales que viene arrastrando desde el inicio de su administración sobre el perfil de sus funcionarios, la falta de transparencia en el manejo del dinero público, el enriquecimiento de algunos funcionarios como el caso del tesorero y sus colaboradores más cercanos. Y ahora la probada incompetencia de sus funcionarios en un momento de emergencia tras el paso del huracán “Odile”.

El edil rechazó que haya estado ausente para asistir a una pelea de box en Las Vegas, Nevada, cuando el huracán estaba tocando tierra en el estado. “Estuvimos trabajando y al pendiente de la trayectoria del ciclón desde que se supo que pegaría en el estado”, además de que, asegura, estuvo encabezando algunas reuniones de Protección Civil.

— ¿Estuvo o no fuera del estado?, se le preguntó.

“No podía estar fuera, porque antes del huracán habíamos planeado la celebración de las fiestas patrias del 15 de septiembre, y teníamos el día del ‘Grito’”.

— ¿Nunca salió del estado? ¿Nunca viajó?

“Si hay alguien que diga eso, que me lo compruebe y me traiga una foto y el boleto donde estaba en la pelea, en la cual otros representantes populares (refiriéndose al diputado Federal del PAN, Arturo de la Rosa Escalante) sí estuvieron y es su problema, pero la pelea ni por la televisión la vi, porque no tuve siquiera la oportunidad, estábamos en un evento en la colonia de Mesa Colorada, en una cabalgata y al pendiente del ciclón.  Creo que hubo resultados que no tuvimos que lamentar, ninguna pérdida de vida humana, más la de una persona que se cruzó un arroyo y fue arrastrada por la corriente de agua”.

El edil admitió “haberse quedado solo”, porque “no recibimos ayuda de nadie y todo lo que se hizo fue con recursos propios, ya que no recibimos ni una cobija, ni una colchoneta, ni víveres de nadie; incluso la gasolina, y gastamos dinero propio que no salió de los Acciones Prioritarias Inmediatas  del Gobierno Federal”.

E insistió:

“No hemos recibido ni un peso del Gobierno de la República, ni del Gobierno del Estado, ni un litro de gasolina o diésel, a pesar de que se otorgaron 2 millones 500 mil litros, y aun así, estamos haciendo frente a los compromisos”.

Agúndez se declaró “contento”, no así “satisfecho”, por el operativo implementado antes, durante y después del huracán, porque la pérdida de una vida humana no tiene precio, y al final, se perdió por la imprudencia de alguien.

Sin embargo, se justificó al decir que “realizamos el protocolo que tenía que seguirse, porque hicimos perifoneo y evacuación de personas en zonas de alto riesgo, algunos se fueron con familiares, otros a albergues, y eso fue fundamental para no perder el control”.

El alcalde de Los Cabos agregó que el Ayuntamiento inició casi de inmediato y con recursos propios, la limpieza de la zona turística de San José del Cabo y Cabo San Lucas, y “todavía estamos sacando la basura de las colonias populares”.

— En todos los medios se publicaron fotografías de policías saqueando tiendas, después detuvieron al coordinador de Protección Civil de Cabo San Lucas, Joaquín Téllez. ¿Qué pasa con sus colaboradores? ¿No le incomoda su actuación?

“Claro, Los Cabos no se merecía eso y estamos abiertos al diálogo, hemos buscado el acercamiento con la sociedad, porque he sido muy claro en el caso de actos vandálicos después del huracán ‘Odile’, y si un servidor público estuvo involucrado, que sea castigado conforme a la Ley. Nosotros no hacemos la investigación, pero sí el Agente del Ministerio Público, tiene pruebas que actúe conforme a derecho”.

José Antonio Agúndez Montaño repartió culpas y escudó su tibia actuación contra “los rapiñeros”, porque “ni el Ejército Mexicano pudo contener esos actos vandálicos”.

Actualmente, de acuerdo a datos recabados por ZETA, la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento de Los Cabos no han podido cobrar completas sus quincenas, derivado de la falta de recursos. Algunos han estado recibiendo solo el 30 por ciento de salario.

En tanto, la directora de Ingresos de la Tesorería, Susana Burgoing Amézquita; la coordinadora de Ingresos de la delegación de Cabo San Lucas, Maricela Ceseña; y la directora de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte, fueron sorprendidas de shopping el pasado fin de semana en la plaza comercial Las Américas de San Ysidro, California, en Estados Unidos.

Para concluir, el alcalde cabeño expuso que el retraso del pago de dos quincenas de la mayoría de los trabajadores se debe a que durante veinte días no tuvieron ingresos, por lo tanto, no han podido recuperarse económicamente.


(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 28 de Octubre del 2014 a las 12:00:00)

EL CONCUÑO INCÓMODO


El 11 de septiembre, Abelino Montoya Saracho, pariente del senador y aspirante a candidato a gobernador del PAN en Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, fue detenido en posesión de casi siete toneladas de marihuana en San Diego, California. El presunto integrante del Cártel Arellano Félix estaba acompañado de cuatro individuos más, acusados de conspiración por tráfico de drogas en la Unión Americana

San Diego, California, Estados Unidos.- Abelino Montoya Saracho era un hombre de tres caras. En La Paz, Baja California Sur, lo conocían como un empresario próspero. En Tijuana, Baja California, lavaba dinero, y en San Diego, California, se le identificaba como un traficante de drogas del Cártel Arellano Félix. Y en el campo político, es conocido como el concuño del senador Carlos Mendoza Davis.

La madrugada del 11 de septiembre de 2014, Montoya Saracho fue capturado en posesión de 6 toneladas 639 kilos 60 gramos de marihuana, distribuidas en mil 116 paquetes.
El traficante de drogas había cruzado, a bordo de un tráiler, la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Se dirigió hacia una agencia aduanal anexa a la Garita de Otay, para estacionarse justo en el domicilio 9346 de la Customhouse Plaza de San Diego, California.

Según un reporte de la Administración para el Control de Drogas de los Estados  Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el vehículo de Abelino ingresó cerca de las 4:10 am a territorio estadounidense, cuya trayectoria fue seguida por un vehículo aéreo no tripulado, el cual comenzó a transmitir información y datos del movimiento de la unidad sospechosa, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El avión conocido como dron captó el momento en que el tráiler se estacionó, punto hasta donde llegó otro vehículo automotor, se echó de reversa y se estacionó. Entonces sus  tripulantes comenzaron a transferir paquetes de un vehículo a otro.

Por las características de los empaques -según el reporte de la DEA-, las autoridades supusieron que se trataba de un cargamento de marihuana, por lo que se emprendió un operativo en el que agentes del Departamento de Seguridad Nacional, lograron detener a las siguientes personas, cuando intentaron darse a la fuga:

*  Abelino Montoya Saracho
* Alejandro Ramírez López
* Jorge García Chávez
* Jesús Sánchez Hernández
* Julio César Vargas.

Según la causa penal, los detenidos fueron acusados de posesión ilegal con intención de distribuir una sustancia controlada y conspiración para distribuir marihuana, en violación del Artículo 21 del Código Penal de Estados Unidos, sección 841 (a) (1) y 846. En sus primeras declaraciones, se pudo constatar que:

* Abelino Montoya Saracho negó conocer que el cargamento contenía narcóticos, pero admitió que recibiría un pago por ayudar a transferir la mercancía de un vehículo a otro.

* Alejandro Ramírez López admitió conocer que se trataba de narcóticos, su pago sería de 4 mil a 5 mil dólares por transferir la mercancía.

* Jorge García Chávez, Jesús Sánchez Hernández y Julio César Vargas, admitieron saber que se trataba de narcóticos y recibirían un pago por ayudar a transferir la droga de un lado a otro.

LA CAPTURA DEL CONCUÑO INCÓMODO

La captura de Abelino Montoya Saracho hubiera pasado desapercibida -como cualquier otra en Estados Unidos- de no ser porque es concuño del senador y virtual candidato a gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.

El propio legislador reconoció en una carta difundida el lunes 27 de octubre, su parentesco político, y admitió que su esposa Gabriela es hermana de Valeria Guadalupe Velázquez Dipp, cónyuge de Abelino desde hace 13 años. Sin embargo, dijo no saber nada de él desde 2013, cuando dejó la ciudad de La Paz y se fue a vivir a Tijuana.

Desde el 12 de septiembre, es decir, un día después de su captura, el pariente de Mendoza y los otros cuatro detenidos quedaron a disposición del Juez de Primera Instancia del Juzgado del Sur de California, Estados Unidos, Nita L. Stormes, bajo los expedientes 14-MJ-3175-NLS y 14-CR-2915-BEN.

El gobierno de Estados Unidos transcribió en los expedientes que “los detenidos conspiraron intencionalmente, a sabiendas que distribuir y/o importar 50 kilogramos de marihuana o más de sustancias controladas, es un delito federal que no tiene derecho a fianza, el cual habrá de ser resuelto por el Gran Jurado”.

Desde el momento de su detención, el gobierno de Estados Unidos, designó a David L. Baker como abogado defensor de Abelino Montoya Saracho, hasta el 17 de septiembre, cuando a petición del interesado fue sustituido por John Cotsirilos.

El familiar del senador del PAN quedó en el estatus de “convicto”, cuando la juez Nita L. Stormes libró orden de detención en espera de que sean resueltos los dos juicios que deberá enfrentar en Estados Unidos. Así lo transcribió:

“… Por la presente se ordena que el acusado sea detenido en espera del juicio y, si es declarado culpable, la sentencia en estos asuntos, sin perjuicio o renuncia del derecho del acusado a solicitar más tarde la libertad bajo fianza, y las condiciones de la liberación, y sin perjuicio o una renuncia de los Estados Unidos a buscar detención en el caso de una solicitud por el acusado…”.

Asimismo, “… se ordena, además, que el acusado se compromete a la custodia de la Procuraduría General o su representante designado por el confinamiento en una instalación separada de la correccional, en la medida de lo posible, de las personas en espera o que cumplan condena, o bajo custodia en espera de la apelación. El acusado se dio oportunidad razonable para la consulta privada con el abogado…”, además,  “… mientras que en la custodia, previa orden de un Tribunal de los Estados Unidos a petición de un abogado de los Estados Unidos, la persona a cargo de la institución correccional deberá entregar al acusado al Mariscal con el propósito de una aparición en la conexión con un procedimiento judicial o cualquier otro aspecto que se estipula por la defensa y los abogados del gobierno…”.

Por último, “… esta orden se dicta sin perjuicio de la modificación por este tribunal y sin perjuicio de la aplicación por el acusado de su derecho a la libertad bajo fianza y una audiencia de detención en una fecha futura… así se ordena…”.

EL DESLINDE DE MENDOZA

Como suele suceder en estos casos, el primero en desligarse de Abelino Montoya Saracho por sus cargos criminales fue el senador Carlos Mendoza Davis.

Aunque al cierre de esta edición, la noticia no había sido difundida por algún medio de comunicación local, salvo algunos comentarios en columnas de análisis político con datos muy generales, el legislador fijó su postura el 27 de octubre, con las siguientes precisiones:

* “El señor Abelino Montoya Saracho es esposo de (su cuñada) Valeria, desde hace 13 años, por lo que me une con él un parentesco político”.

* “Desde el año 2013, el señor Abelino Montoya, vive en la ciudad de Tijuana. En ese lapso, hemos tenido muy poco contacto, pese a que mi cuñada y sobrinos permanecen en esta ciudad”.

* “Solicité información al respecto. Efectivamente, me fue confirmado que el señor Abelino se encuentra detenido en Estados Unidos, sujeto a una investigación y pendiente de determinarse su situación jurídica”.

* “Este caso ha sido sumamente doloroso para nosotros como familia. Nuestro principal interés es el bienestar de mis sobrinas, sobrino y cuñada, que siempre contarán con todo nuestro cariño y comprensión”.

* “Cada quien debe hacerse responsable de sus actos. Nadie puede responder por las decisiones de otro. La Ley determinará, como corresponde, lo conducente en este caso”.

A punto de ser nominado como candidato oficial del PAN -entre noviembre y diciembre próximos-, en virtud de que no tiene rival al interior del blanquiazul, Mendoza Davis refrendó su compromiso con la legalidad y la transparencia:

 “La educación que doy a mis hijos, se basa en la honradez, la decencia y la rectitud, así pueden avalarlo quienes me conocen… espero que este caso lamentable sea resuelto en términos legales, y que se respete la seguridad y tranquilidad de mis sobrinas, sobrino y cuñada”.

ZETA solicitó una entrevista con el senador, quien, antes del cierre de edición, quedó en reportarse. Lo que sí envió a la redacción fue una carta donde se deslinda de las actividades criminales de su concuño, misma que se transcribe íntegra a continuación:

Adela Navarro Bello
Codirectora General del Semanario ZETA
Presente. —

El pasado 24 de octubre, el Señor Víctor Octavio García en la columna ABCdiario que aparece en diversos medios de esta ciudad, hizo referencia a un asunto que aqueja a la familia de mi cuñada, hermana de mi esposa, Valeria Guadalupe Velázquez Dipp.

Al respecto, me permito hacer las siguientes aclaraciones, mismas que hice llegar públicamente al Señor García el pasado día 27 de los corrientes.

1)El Señor Avelino Montoya Saracho, es esposo de Valeria, desde hace 13 años, por lo que me une con él un parentesco político.

2) Desde el año 2013, el Señor Avelino Montoya vive en la ciudad de Tijuana. En ese lapso, hemos tenido muy poco contacto, pese a que mi cuñada y sobrinos permanecen en esta ciudad.

3) La noticia la recibí a partir de la columna del Señor García, por lo que solicité información al respecto. Efectivamente, me fue confirmado que el Señor Avelino se encuentra detenido en los Estados Unidos, sujeto a una investigación y pendiente de determinarse su situación jurídica.

4) Este caso ha sido sumamente doloroso para nosotros como familia. Nuestro principal interés es el bienestar de mis sobrinas, sobrino y cuñada, que siempre contarán con todo nuestro cariño y comprensión.

5) Cada quien debe hacerse responsable de sus actos. Nadie puede responder por las decisiones de otro. La ley determinará, como corresponde, lo conducente en este caso.

Refrendo mi compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia. La educación que doy a mis hijos se basa en la honradez, la decencia y la rectitud. Así pueden avalarlo quienes me conocen.

Espero que este caso lamentable sea resuelto en términos legales y que se respete la seguridad y tranquilidad de mis sobrinas, sobrino y cuñada.

Atentamente.
Carlos Mendoza Davis
La Paz, Baja California Sur


EL PROCESO

Según el calendario del Juzgado del Sur de Distrito de San Diego, California, Abelino Montoya habrá estar presente en audiencia el próximo 18 de noviembre, cuando tenga de frente a la Juez Primero de Primera Instancia, Nita L. Stormes, para escuchar de viva voz las acusaciones en su contra en dos expedientes: el primero penal y el segundo migratorio.

El acusado deberá oír las acusaciones en presencia de su abogado defensor, John G. Cotsirilos; también habrá de estar presentes los otros cuatro implicados en el caso.
ZETA consultó a un despacho de abogados con experiencia en juicios en Estados Unidos, a fin de conocer el proceso penal que habrá de enfrentar Abelino Montoya Saracho.

El abogado, quien solicitó no revelar su identidad, expresó que el 90 por ciento de los casos terminan en un pacto de declaración de culpabilidad, porque es una manera de evitar un juicio tedioso y tenso.

En el caso de posesión de drogas -y de acuerdo a su experiencia-, “un juez puede incluso ser convenido a retirar las cargas a cambio de la declaración de culpabilidad, cuyo caso pueda terminar en un programa de rehabilitación, y si es muy grave, dependiendo los cargos criminales, entre cinco y diez años de prisión”.

No obstante, “algunos son duros” y “no son dóciles negociando”, por lo que enfrentan procesos con una convicción tiesa potencial, donde el indiciado pierde posibles privilegios y hasta derechos.

Según el abogado, el procesado en Estados Unidos, debe tomar en cuenta cinco factores:

* Una declaración en disputa o no reconocer su culpabilidad, es tener que enfrentar en el proceso las cargas.

* La aceptación de culpabilidad implica una convicción criminal que aparecerá como un antecedente penal.

* El no reconocer el delito a pesar de las cargas, es arriesgarse a perder los posibles privilegios y derechos.

* Admitir haber cometido un delito equivale a una declaración de culpabilidad.

* La negociación de una declaración de culpabilidad puede tener como resultado un proceso más rápido y ligero, inclusive posibilidades de entrar en un programa de rehabilitación.

Datos recabados por este Semanario en La Paz, refieren que Abelino Montoya Saracho era un próspero hombre de negocios, presunto propietario de una cadena de comercios de alimentos preparados, mariscos y refrescos, popularmente conocida como Los Laureles. En las licencias comerciales, sus hermanos aparecen registrados como los dueños de las cocteleras en las siguientes direcciones:

* Altamirano casi esquina con Sinaloa, Colonia Pueblo Nuevo.

* Avenida Álvaro Obregón, casi esquina con Allende, Colonia Centro.

Mientras que la esposa del detenido, Valeria Guadalupe Velázquez Dipp, figura como propietaria de los siguientes establecimientos comerciales:

* Marisquería Los Laureles 2, en Avenida Luis Donaldo Colosio y Bordo de Contención, Fraccionamiento Las Grullas.

* Boutique Peques, Colonia Centro de La Paz.

Según las actas constitutivas de sociedades, los familiares de su esposa aparecen como propietarios de otros negocios, como es el caso de los hermanos Juan Manuel, Fernanda Carlota y Gabriela Margarita Velázquez Dipp, así como el propio senador Carlos Mendoza Davis.

Para la Procuraduría General de la República, Abelino Montoya Saracho forma parte de los lavadores de dinero del Cártel Arellano Félix, y está vinculado directamente con Edgardo Leyva Escandón y “Los Abaroa”, quienes aparecen en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


(SEMANARIO ZETA BCS /Investigaciones ZETA/ 04 de Noviembre del 2014 a las 12:00:01)