SOBRAN 100 DIPUTADOS Y 32 SENADORES NO HACEN FALTA

Por lo menos sobran 100 diputados federales. Para empezar, los partidos están sobre-representados y por eso hay más improvisados que políticos. Por eso abundan los debates inútiles, muchos no saben ni lo que hablan y rayan en el protagonismo, especialmente cuando les ponen una cámara de televisión por enfrente. La Constitución obliga a los señores diputados a tener un quórum de asistencia y por eso deben estar oyendo allí discusiones que o no les importan o no les entienden. Luego votan por obediencia política, y raramente con verdadera convicción.

Por eso es un relajo. Unos se duermen. Otros leen el periódico. Sobran los platicadores. Y seguramente la Cámara de Diputados es el único lugar en el mundo donde se usan tantos celulares. Los utilizan para platicar con otro colega fila de por medio. Llaman por larga distancia a sus familias “haciendo conchita” con la palma de la mano en el aparato según eso para que no se oiga, pero a la hora de la hora todo mundo se da cuenta sin querer queriendo. También atienden por el inalámbrico sus negocios personales, al amigo o recomendado que solicitan ayuda “para ver al señor Secretario” o piden la clásica “metida de hombro”. De todo.

El Senador de la República Amador Rodríguez Lozano, me entregó copia de la versión estenográfica de su intervención en la Cámara Alta, donde propuso eliminar a cien diputados de representación proporcional en las próximas elecciones. Pero a la vez, sugirió modificar la Constitución que solamente obligue asistencia de los diputados cuando se instale el Congreso y en las votaciones. Los demás días, que se pongan a trabajar en las comisiones que les asignaron para que, si no saben, les instruyan qué van a tratar el día que los toque debatir.

Pero también sobran senadores. Según Amador Rodríguez, por lo menos 32 de representación popular. Dice que esta fórmula impuesta desde 1994 a la fecha sólo ha tenido un resultado simple: Mayor cantidad y poca o casi nada de calidad. Desde hace mucho tiempo se ha comentado que los señores senadores solamente sirven para aprobar solicitudes de trabajo en embajadas o consulados, o votar para imponer condecoraciones. Antes casi siempre de allí salían gran parte de los candidatos a gobernador. Ahora va perdiéndose esa tendencia.

Por eso Rodríguez Lozano propone nuevas reglas. Desde ocuparse los senadores en diseñar los gastos estatales con fondos federales, hasta que las comisiones discutan los asuntos en lo particular para llegar al pleno y presentar un voto fundamentado, razonado, lúcido y no andar a última hora con improvisaciones o actitudes impresionistas. El Senador sugirió la reelección de diputados hasta tres veces y de senadores solamente una, justificándolo como un paso para el establecimiento de la verdadera carrera legislativa y para que no se pierda la memoria parlamentaria, permitiendo así la continuidad en el trato de los asuntos nacional. En su proyecto define que los partidos solamente puedan presentar a reelección el 50 por ciento de sus candidatos.

Todo esto lo justifica con una razón válida: Si antes hubo necesidad de fórmulas especiales para abrir las puertas del Congreso y el Senado a la oposición, hoy las fuerzas políticas están niveladas y por ello hay la sobrerrepresentación en los partidos. Total, la iniciativa del Senador Rodríguez Lozano fue turnada a estudio desde el 24 de noviembre. Nadie volvió a tocar el tema.

Esto me recuerda una reciente plática con el Licenciado Rodolfo Echeverría Ruiz cuando recordó que en 1965 fue aprobada la reelección de los diputados federales. Reelección que, a su juicio, técnica, oficial y políticamente es válida hasta el momento. Sobrino del ex-presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, dirigente de las juventudes priístas, colaborador del Licenciado Carlos Alberto Madrazo en el PRI nacional, diputado federal y Embajador de México, me recordó como si fuera ayer ese episodio. Se trató de una votación por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Entonces cuatro notables de la política manejaban la legislatura: Don Alfonso Martínez Domínguez a los priístas y, por cierto, único sobreviviente de aquel suceso. Don Adolfo Christlieb Ibarrola, conducía a los panistas. El inolvidable Licenciado Vicente Lombardo Toledano a los del Popular Socialista y el General Juan Barragán, a la minifracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Lógicamente, Martínez Domínguez tenía el visto bueno del entonces Presidente de la República, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Con eso y su habilidad de toda la vida, logró el acuerdo cuando entonces sí se hacía política y no como ahora, puritito escándalo y protagonismo.

Sucedió entonces lo increíble: El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, don Carlos Alberto Madrazo, se opuso a la reelección y en el fondo al presidente. Sus discursos en sentido contrario retumbaron primero en San Luis Potosí, luego en Monterrey, siguieron en Culiacán y remataron en el Distrito Federal días antes de la convención nacional priísta.

Punto y aparte, su hijo Roberto, hoy Gobernador de Tabasco, me recordaba hace algunas semanas las hazañas de su padre. Y ésta de ponérsele por enfrente al presidente es notable. Según las crónicas de Darío Vasconcelos, don Carlos Madrazo dijo a propósito de la reelección: “…ahora sólo es una sola voz la que se escucha –refiriéndose obviamente al Presidente– mientras el pueblo calla porque no tiene medios de expresarse –la prensa entonces no publicaba nada contra el Gobierno– y porque hay gentes venidas no sé de qué selecta galaxia de los espacios siderales –insinuaba a Martínez Domínguez– que sintiéndose superior a todos, dicen con aire de suficiencia que el pueblo no está maduro y no sabe lo que quiere, por eso nosotros sustituimos su voluntad”.

Madrazo dejó por escrito este episodio estremecedor: “Cuando hace dos años tuve que enfrentarme a un grupo desbocado de políticos ambiciosos que querían reelegir indefinidamente a los diputados, para luego seguir por ese peligroso camino, una noche discutía la situación con un alto funcionario del Gobierno –se trataba del Presidente Díaz Ordaz pero Madrazo no quiso aludirlo directamente y por escrito–. Le hablaba de lo impopular de la medida, de los cientos de miles de hombres que dieron su vida peleando por el sufragio efectivo y la no reelección, le hablaba del pueblo mexicano que da todo y sólo pido que no se le traicione, hablaba del pueblo y de pronto escuché estas palabras terribles: ‘Licenciado, ¡el pueblo no existe! La opinión pública la hacemos nosotros con los periódicos’”.

Pero entonces Madrazo no se echó para atrás. Su enfrentamiento ya no era nada más con el jefe de los diputados priístas. También con el presidente. Díaz Ordaz viendo que aquello no caminaba actuó políticamente. Permitió que los diputados aprobaran la reelección. Que el acuerdo fuera turnado a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva. Se le dio lectura y se turnó a la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales. Allí está todavía. Nunca se discutió para su aprobación. Igual que la de Amador en noviembre pasado.

Con sus diferencias: Han pasado 39 años. Rodríguez Lozano tiene por razón natural el apoyo presidencial, pero los diputados y senadores no se han dado por enterados. Si no se discute este asunto, los mexicanos tendremos que seguir pagando el millonario sueldo de 100 diputados que nos sobran y 32 que ni falta nos hacen.

Escrito tomado de la colección “Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado por última vez en diciembre de 2011.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA/JESÚS BLANCORNELAS/LUNES, 3 SEPTIEMBRE, 2018 12:00 PM)

PALABRA, SÍ. “MORDIDA”, NO

Iba mucho de por medio. Tanto así: los abogados contratados por mi amigo, cobraban mínimo 450 dólares la hora. Pero a ésos les recomendaron en el consulado mexicano en San Diego, California. Al apalabrarse con ellos, mi camarada debió entregar pruebas. Nada de palabras. Los abogados se lo dijeron claro: de otra forma, no harían nada. Ya con tales comprobantes, comisionaron a su detective. Lo mandaron a verificar. Desde domicilios, nombres, depósitos bancarios, recibos y, para no seguirle, hasta pagos de impuestos. En algunos casos, no necesitaron al detective. Bastó un telefonazo o carta. Luego los señores abogados empezaron a trabajar en equipo. Nada de uno solo dedicado al asunto. Por ello, en grupo consultaron largamente su bien nutrida biblioteca. Recurrieron a revisar los casos parecidos y juzgados. Armaron argumentos siempre basados en hechos. Entonces se presentaron a la Corte. No fue como en México. Acá basta una simple declaración en la prensa o ante los abogados para iniciar un juicio. Allí está el pleito de los “tocayos” Ramos y Hank. A veces cuando llega al Ministerio Público, si se trata de presentar el caso allí, no hay quien vaya a fondo en la averiguación. Y más burocratismo que en obediencia a la rectitud, turnan el caso al juez que quieren o les importa poco quien sea. Se desarrolla un gran papeleo. Espectaculares apariciones para la televisión y fotógrafos de diarios o revistas. En ocasiones, el demandante publica grandes desplegados en la prensa. Sus abogados buscan periodistas para resaltar aquella denuncia. Casi al mismo tiempo, responde el demandado. Utiliza la misma vía. Declaraciones a telediarios, radio diarios o periódicos. Se vuelca la pasión o alguna de las dos partes gratifica a reporteros o dueños de medios. Todo depende: mucho ruido o silencio. De cualquier forma, viene la presión contra jueces. El asunto se alarga. Basta una sentencia para llegar al amparo y, si no están contentos con el resultado de este recurso, le siguen. Brincan de un tribunal a otro. Desde el fuero estatal al federal. Convierten aquello en interminable. Hay casos clarísimos. Los demandantes o demandados llevan años promoviendo amparos y eso retarda la sentencia definitiva. El papeleo es enorme. Los gastos entre los actos crecen. Se pierde tiempo y dinero en procuradurías y tribunales.

Nada de eso hay en Estados Unidos. El enorme papeleo no se acumula en los juzgados. Existe, pero es herramienta de abogados acusador y defensor. Deben presentarla al juzgador plenamente comprobada. Sin presunciones. Pero primero se reúnen en privado, demandante, demandado y defensores. Con asistencia de un representante de la Corte transcribiendo todo. Son juntas llamadas “deposiciones”, en algún lugar fijado por acuerdo entre las partes. Normalmente, la oficina de cierto abogado. El asunto se trata con toda civilidad. Presentan pruebas. Discuten. No está permitido grabar ni videograbar. Tampoco asistencia de periodistas. Prácticamente, es una operación para “quitarle toda la paja” al proceso. Dejárselo limpiecito y claro al juez si solamente él presidirá la Corte y, en su caso, al jurado. Pero también permite una posibilidad: que actores y abogados lleguen a un arreglo, bajo el supuesto de alguien solicitando indemnización de un millón de dólares. Pueden acordar 500 mil o 700 mil y se termina el asunto. En tal caso, representante de la Corte informará al juez de tal acuerdo. Lo mismo deberán hacer las partes. Formalizar y terminar el asunto. Adiós gastadera de dinero en abogados, juzgados y tiempo. Por eso existen dos cosas importantes en Estados Unidos: pruebas no torcidas y abogados tan capaces como caros.

A propósito: jueves y viernes sucedió algo singular en el Distrito Federal. Concurso Nacional de Juicios Orales. Participaron estudiantes de leyes, representando a varias universidades. Hubo 13 equipos defensores y otros tantos de fiscalía. Me sorprendió la no presencia de bajacalifornianos. Todo organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Irma Ramírez y Rosaura Chinchilla, juezas oficiales en Costa Rica y Texas, presidieron los procesos. También Antonio Franulic Cetinic, de Chile; Horscht Schönbohm, de Alemania y el norteamericano Joseph Caldwell. Según la crónica de Reforma, se planteó un caso de asesinato. Fueron incluidos todos los elementos. Tanto así, que contrataron 78 actores profesionales como protagonistas del caso. Un supuesto crimen. El acusado de matar a su esposa, defendiéndose con su abogado. Joven actor protagonizó al vendedor del arma con que asesinaron a la mujer. Norma González fingió ser administradora de una pensión donde vivía el presunto asesino. Previamente, les indicaron cómo debían actuar para colocar en problemas a fiscales y defensores. Una actriz lloró, asegurando que el acusado estuvo en su casa la noche del crimen.

El “juicio” duró dos días. En el primero, la calificación por puntos en el terreno de la defensa distinguió a la UNAM. Luego al Centro Internacional de Estudios, Centro de Estudios Profesionales de Chiapas, Universidad Insurgentes, Del Tepeyac y Anáhuac Sur del DF. Y como fiscalía, a la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, Del Norte y Tecnológico de Monterrey, UAM e Iberoamericana del DF y Monterrey, Nuevo León. Tras la segunda y última ronda, los ganadores del concurso fueron Autónoma de Ciudad Juárez en fiscalía, y de Chiapas en defensa. A ellos se les premió con un viaje a Washington y Santiago de Chile, para observar verdaderos juicios orales. La opinión de los jueces extranjeros fue notable: “He visto muchos simulacros, pero la calidad de las presentaciones que vi aquí son mejores que muchas a las que he asistido en Estados Unidos”. Otra opinión: “Han demostrado un gran esfuerzo, una enorme preocupación y se reflejó en sus alegatos”. Otro dijo: “Si hay personas que les den capacitación y apoyo, por supuesto que podrían comenzar con los juicios orales en México”. Por último: “Yo no veo ningún obstáculo, solo el proceso legislativo para sacar la reforma. La calidad profesional de estos muchachos aventaja mucho a profesionales que conozco”.

Leyendo estas crónicas, recordé a un amigo abogado. Cierta ocasión, me comentó desilusionado. “No sé para qué estudié tanto”. Refirió triste cómo de nada le servían sus alegatos y promociones en los juzgados. “Todo se mueve con dinero”. Recordé muchos casos donde los agentes de la Policía comisionados a un asesinato o robo, recibían su “gratificación”. Otros pidiendo “para la gasolina” y así no detener a quien tenía encima orden de aprehensión. A veces a los agentes del Ministerio Público o secretarios, actuarios y hasta jueces. No hay secreto: favoritismos en tribunales de alto rango. Es una costumbre. Ley no escrita.

Por eso me imagino. Si los juicios orales se establecieran en Baja California con sentencia definitiva, se terminaría esa industria de la “mordida” y mal litigio. No se podrían ofrecer en pleno juicio unos billetes al juez, menos a los jurados. Sería muy descarado cuando las pruebas llegaran torcidas. Actas alteradas. Esconder testigos. No cumplir con las órdenes de aprehensión. Con el sueldo que tienen en el Poder Judicial, muchos renunciarían. Hoy la paga es utilizada para sus chicles. Como las meseras de restaurantes. No les interesa el sueldo, pero sí las propinas. Se acabarían los abogados llamados “huizacheros” y resaltarían los despachos corporativos. Cobro caro con resultados rápidos. Conocedores de la ley al centavo. Capaces de resaltar la defensa o acusación a palabras. Alejados de “machotes” y engorrosos recursos, acusaciones y demás.

Si se quiere, se puede empezar con juicios orales en delitos menores. Fijar tiempos para tratar asuntos más graves. Emparejado, la gran reforma judicial que tanto nos hace falta y es tarea de los diputados locales. Desgraciadamente, los hechos empujan al pesimismo. No hay abogados a quienes les convenga. Tampoco funcionarios. Y lo más importante: existe ausencia de capacidad entre nuestros legisladores para dar a Baja California la modernidad judicial. Pero pueden lograrlo si se asesoran con abogados de prestigio. Alejados de siglas políticas. No estar pensando en brincar de la legislatura a otra chamba. Ni de ayudarle a su partido para perjudicar al de enfrente. O dejarse de “chanchullos” para “torear” órdenes de aprehensión. Como se dice: el buen juez por su casa empieza. Es momento para nuestros diputados, de justificar el gran pago que reciben y enseñarnos su capacidad.

Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado el 22 de abril de 2005.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA / JESÚS BLANCORNELAS/LUNES, 10 SEPTIEMBRE, 2018 12:00 PM)

HASTA 2021 PODRÍA DIFERIRSE OPERACIÓN DE CONSTELLATION BRANDS EN MEXICALI

Constellation Brands “está logrando posicionarse contra corriente” en Baja California, pero la oposición social que impactó el arranque de la planta que se instala en Mexicali, generó un retraso en el avance del proyecto, por lo que definitivamente no estará concluido en 2019, como se había planeado; informó la encargada del área de Comunicación de la firma, Nina Mayagoitia.

En visita a ZETA precisó que, aunque el desarrollo del proyecto continúa firme con la misma producción estimada en cinco millones de hectolitros, sí hay un retraso en su edificación, al registrar a la fecha, un avance del 45%; por lo que consideró que será de dos a tres años más cuando podrá estar en condiciones de iniciar operaciones.

Contrario a lo que se ha especulado y la controversia generada, sostuvo que la instalación de la planta cervecera en Mexicali está firme, sin que exista riesgo de que sea reubicada a otro Estado.

La expansión del proyecto fue lo que se trasladó a la cervecera ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, ampliación que estaba programada para la planta de Mexicali, con una dimensión similar a la de la primera etapa: producir cinco millones de hectolitros, lo que equivale a 500 millones de litros de cerveza, para lo cual se requiere de un abasto de 1.75 millones de metros cúbicos de agua. “Decidimos no correr riesgos y llevar la expansión a Ciudad Obregón”, subrayó.

Nina Mayagoitia anotó que el retraso en la ejecución de la obra, de edificación de la planta, no incrementa el monto de inversión que Constellation Brands dispuso para México, la cual tasó en cuatro mil 500 millones de dólares, recurso cuyo mayor porcentaje se canaliza para las plantas de Mexicali y Ciudad Obregón.

Consideró que la oposición social contra la planta bajacaliforniana derivó principalmente de falta de comunicación y al hecho de haber sido la primera empresa en ese parque industrial, “pagamos el costo”, situación que la compañía está solventando con reuniones no solo con grupos empresariales, sino también con acciones de tipo social en favor de la comunidad, aplicando la política del buen vecino.

Reconoció que este proceso “ha sido complicado, es difícil llegar a todo el mundo”, pero ponderó que sí han logrado revertir la animadversión hacia el proyecto, aunque también admitió que hay personas y grupos “que nunca van a estar de acuerdo”.

Respecto a las denuncias en contra de los manifestantes que a través del movimiento Mexicali Resiste se han opuesto a la instalación de la planta cervecera por la demanda de agua que requerirá, lo que es considerado un riesgo en el contexto de escasez del vital líquido que enfrenta la entidad, la representante de Constellation Brands anotó que aun cuando a la compañía no le ha gustado como se ha resuelto este problema, continuará con los procesos legales planteados ante tribunales.

(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO / ISABEL MERCADO/ LUNES, 10 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

YA NO HAY PLAZO PARA EL SITT

El gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro está condicionado a poner en operación, el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), en menos de dos meses, antes del 1 de noviembre de 2018; caso contrario, tendría que devolver 800 millones de pesos por los recursos aportados por la federación a fondo perdido, a través de Fonadin. En tanto, mientras Altisa abandonó su participación en el SITT, El Napo asegura que a partir del lunes pondrá a funcionar, la fase 1 de la ruta troncal

Una vez vencidos los plazos determinados por instituciones crediticias y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), instancias que financiaron el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), de no ponerse en operación la primera fase de la Ruta Troncal antes de noviembre, transportistas y Ayuntamiento de Tijuana deberán devolver camiones y recursos obtenidos a fondo perdido.

La aportación de Fonadin a fondo perdido fue de 510 millones de pesos, condicionando la operación del proyecto para febrero de 2017.

El inacabado proyecto ha sido sujeto a prórrogas sin registrar mayor avance, por lo que a punto de culminar la administración federal, al gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro se le emplazó poner en funcionamiento las rutas pre troncales y alimentadoras; caso contrario, deberá devolver la contribución que la Federación aplicó para el SITT vía Fonadin. Así lo planteó la autoridad municipal a los transportistas de Tijuana, a quienes por separado ha invitado a sumarse al proyecto.

Fonadin no solo podría requerir la devolución de los 510 millones de pesos, sino que también, de acuerdo a las cláusulas del contrato, podría sumar el importante de los rendimientos que se hubieran obtenido por su inversión, es decir, el municipio podría verse obligado a devolver 800 millones de pesos, estimó el tesorero Ricardo Chavarría Morales.

En tanto, “el plazo fatal” para que las empresas concesionadas como operador rodante inicien con el pago de los créditos contraídos en la compra de camiones troncales y alimentadores, financiamiento que en conjunto suma 302 millones de pesos, vence el 1 de noviembre, fecha en que deberán comenzar a abonar los intereses del crédito, informó Arturo Aguirre, representante de SITTSA.

OBLIGAN A ALTISA A ABANDONAR RUTA TRONCAL

Después que ZETA publicara la arbitraria irrupción de Altisa en la Ruta Troncal del SITT, el sábado 1 de septiembre, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro se comunicó con transportistas de Azul y Blanco, asegurando desconocer esa situación y comprometiéndose a poner orden, compartió Héctor Márquez, dirigente de esa organización de transporte público.

“El día de hoy dejamos de prestar el servicio en el SITT. Nos salimos totalmente. Será una ciudad de taxis y sin movilidad”, informó a este Semanario, Pedro Zamorano, apoderado de Altisa, la mañana del lunes 3 de septiembre.

En efecto, a partir de ese día la empresa propiedad de Víctor Sevilla dejó de operar sus unidades alimentadoras dentro del derrotero de la Ruta Troncal, no sin advertir que seguirá el recorrido que tiene concesionado, el cual corre casi paralelo al itinerario principal del nuevo sistema de transporte. “Nosotros lo tenemos igual por Niños Héroes y nos podemos bajar por la -calle- Segunda a la Línea –Internacional- si ese es el problema, son solo cuadras, lo podemos ajustar”, indicó Zamorano.

Agregó que su participación fue para apoyar al gobierno municipal a evitar la devolución del recurso federal con que se financió el proyecto del SITT, “por eso nos pidió ayuda -la autoridad municipal-”.

CULPAN A MUNICIPIO DE PONER EN RIESGO INVERSIÓN

En 2013, el XX Ayuntamiento firmó un convenio con el Fondo Nacional de Obras y el Banco Nacional de Obras (Banobras) para el financiamiento del equipamiento de lo que sería el nuevo sistema de transporte, proyecto para el que se determinaron plazos. La terminación de la construcción de las obras del SITT se programó para noviembre de 2016, mientras que su operación se determinó para febrero de 2017.

Mientras Javier Salas, director de la paramunicipal SITT, culpa a las empresas de autotransportes aglutinadas en SITTSA de no poner en operación el total de las unidades programadas para circular en la primera fase, Arturo Aguirre, representante de SITTSA, refiere que el propio gobierno les ha demandado aplazar el arranque del proyecto..

“Los camiones están aquí desde noviembre de 2016, pero no los habíamos puesto a circular por respetar la política del Ayuntamiento de buena negociación, porque el Ayuntamiento, para evitar problemas, trató de convenir para sumar a los demás transportistas. Pero ya no se puede esperar más”, anotó Arturo Aguirre.

Del total de los 30 BRT y 150 unidades alimentadoras, adeudan 302 millones de pesos, financiamiento del que han logrado prórrogas, pero ya no cuentan con más plazo, “los tiempos crediticios ya se vencieron para las empresas de transporte, ya no podemos esperar más”, argumentó Aguirre.

En tanto, Javier Salas, director del SITT, declaró a ZETA que el hecho de que se busque la participación de otras empresas de transporte obedece a que SITTSA no ha cumplido con el convenio por el que obtuvo la concesión de la Ruta Troncal.

Respecto al proyecto, dijo que no hay riesgo de perderlo, porque el Municipio tiene programado que funcione al cien por ciento para finales de 2018.

HASTA CON INTERESES FONADIN PODRÍA DEMANDAR REEMBOLSO

De acuerdo al convenio financiero, en su cláusula décima cuarta estipuló un reembolso del apoyo por municipio, que a la letra dice:

“El municipio se obliga a reembolsar directamente al fondo, el monto del apoyo que se haya ejercido para el pago de estimaciones, más el importante de los rendimientos que se hubieran obtenido por su inversión, en los términos que se estipula en el fideicomiso, a la fecha que se haya dispuesto el apoyo y hasta su total reembolso al fondo”.

Más adelante se precisa en qué casos, el reembolso puede hacerse efectivo, siendo el enumerado en el inciso “b” en el que encuadra el caso del SITT de Tijuana: “que no se haya iniciado el servicio de transporte masivo por el corredor troncal con los autobuses nuevos y el sistema de control y recaudo planteado para el proyecto, en un plazo que en ningún caso exceda de seis meses después de la terminación de la obra pública del proyecto, sin causa plenamente justificada a satisfacción del Fondo”.

Sin embargo, expuso el tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, “no se ha aplicado esta cláusula por Banobras o Fonadin, toda vez que han constatado que este ayuntamiento ha hecho lo propio para que dicho sistema funcione contra todo acto de sabotaje y vandalismo que ha requerido de presupuesto adicional para tratar de que funcione”.

En caso de reembolsar el recurso sería aproximadamente 800 millones -de 510 millones de pesos que aportó- y esto debería ser cubierto máximo en tres años contados a partir de la notificación formal de Fondo, y deberán realizarse pagos semestrales y nos obligarán a incluirlos en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal”, explicó el tesorero municipal.

A PARTIR DEL LUNES OPERARA FASE 1 DEL SITT: NAPO

Con el ultimátum de las instituciones financieras y armadoras que les financiaron las unidades para operar el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, transportistas de SITTSA tomaron la decisión de ya no atender más el llamado del gobierno municipal de esperar un consenso con el resto de las empresas de transporte público y, a partir del lunes 10 de septiembre, anunciaron que pondrán en operación la fase uno del SITT.

“Empezaremos echar a andar todas las rutas a partir de esta semana que entra”, anunció Arturo Aguirre, quien aseguró que actualmente cuentan con 150 camiones, 30 troncales y 120 alimentadores.

Explicó que operarán 25 rutas alimentadoras, 12 pre troncales y dos troncales; cada troncal abarca un recorrido de 34 kilómetros con una duración de 90 minutos. El tiempo de espera para abordar cada unidad será de 15 minutos “al principio, después será de cinco minutos”.

Las dos rutas principales se desarrollarán de la terminal Insurgentes-Línea de San Ysidro-Centro y terminal Insurgentes-Zona Río-Centro-, mismas que serán operadas en dos sentidos -R1 y R2- con 15 unidades en cada una, “es por ello que en la Ruta Troncal solo pueden operar unidades tipo BRT, porque traen puerta en ambos lados, necesarias para poder operar en ambos sentidos; no se pueden incluir en la Ruta Troncal unidades alimentadoras porque las estaciones están ubicadas en ambos sentidos, por lo que la invitación a Altisa fue que incluyera sus camiones solo como alimentadores, pero no respetó el acuerdo que hizo con la autoridad”, declaró.

MULTAS POR USO DE CARRIL CONFINADO HASTA OCTUBRE

Para SITTSA, el hecho de diferir un mes más la aplicación de multas por el uso del carril confinado a la Ruta Troncal es un error, el cual Arturo Aguirre considera un intento por frenar la circulación de las unidades. Aun así, desarrollarán la fase uno a partir del próximo lunes 10 de septiembre.

Leopoldo Guerrero, secretario de Gobierno municipal, comentó que durante septiembre los automovilistas que circulen por los carriles etiquetados como exclusivos del SITT recibirán “solo una amonestación con una boleta que no tiene repercusión monetaria”.

Y añadió, “la aplicación formal de la infracción -la cual se efectuará a partir del 1 de octubre, de acuerdo al nuevo plazo- tiene que ver con el funcionamiento normal del sistema, si hay un atraso en el arranque, esto indica que tenemos que prorrogar el tema de la infracción; ya se están integrando algunas rutas alimentadoras en el tema del SITT para ir implementado el pasaje”, proceso que prevé, concluirá a finales de este mes.

“Estamos trabajando para que todas las empresas estén incluidas, el sistema de transporte tiene que ser integral, en la que ninguna colonia ni ninguna empresa que preste el servicio tenga que estar fuera. Sabemos que es un tema que se va a dar poco a poco, porque hay que conciliar intereses de las propias empresas”.

Para concluir, subrayó que también se busca integrar un esquema de cobro que garantice a todas las empresas participantes “tener la tranquilidad y seguridad que van a poder formar parte no solo en la prestación del servicio, también de las ganancias”.

(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO / ISABEL MERCADO /LUNES, 10 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

PARRA EN ATENTADOS CONTRA PEP Y MINISTERIAL

Óscar Parra Aispuro “El Tekolín” es el presunto responsable de los ataques contra el ex Subdirector de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva, Fabricio Ruiz Valenzuela, y contra los hijos del ex Comandante de la Policía Ministerial, Adán Uribe Herrera. El capo de San Felipe está prófugo y con orden de aprehensión por asesinar a un militar, pero -refiere la investigación- protegido por policías municipales y estatales

Mario Ibarra Lugo “El Piri”, y otros dos hombres identificados con los apodos de “El Jarocho” y “El Wily”, integran el brazo armado de Óscar Parra Aispuro “El Tekolin”, quien de acuerdo a investigadores del Estado, está detrás del intento de ejecución de los hijos del ex Comandante de la Policía Ministerial, Adán Uribe Herrara, y es probable responsable del  asesinato de dos estadounidenses en Bahía de los Ángeles.

Además, Parra Aispuro es señalado de atentar contra la vida de Fabricio Ruiz Valenzuela, subdirector de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien junto al ex ministerial Uribe Herrara, conformó en 2017 un equipo para investigar y aprehender a miembros del Cártel del Mar, entre ellos a Gastón, hermano de Óscar Parra Aispuro.

“El Tekolín” controla criminalmente desde San Felipe hasta Bahía de los Ángeles, incluso se le señala de haber ejecutado a un militar el 30 de diciembre de 2017. Parra está prófugo, y según información de los investigadores, se habría sometido a una cirugía plástica para cambiar su fisonomía y evadir a la justicia.

Con relación al asesinato de los norteamericanos Ray Ball, de 72 años de edad y Jo Anne Butler, de 69, pese a que las primeras investigaciones señalan que se trató de un robo, información recabada por ZETA podría vincular a sicarios cercanos a Parra Aispuro, luego que los norteamericanos intentaron alertar sobre la pesca ilegal de totoaba en la zona.

Pese a que en la zona proliferan solo machos de totoaba que tienen un menor precio en el mercado, la pesca ha ido bajando hasta Bahía de los Ángeles, debido a los operativos en las cercanías de San Felipe.

ATENTADO CONTRA MINISTERIAL

El viernes 31 de agosto, por lo menos tres individuos atentaron contra los hijos del ex Comandante de la Policía Ministerial, Adán Uribe Herrera, cuando viajaban en el vehículo de su padre, un Chevrolet Aveo color azul modelo 2014.

El joven Adán Alejandro Uribe Méndez, de 18 años, salió de su domicilio alrededor de las 11:30 pm hacia una tienda de autoservicio, lo acompañó su hermano menor de edad. Al salir de su casa fueron seguidos por una camioneta Jeep Cherokee color rojo.

El vehículo se les emparejó aparentemente para rebasarlos, sin embargo, cuando les dio alcance los ocupantes dispararon contra el joven, hiriéndolo en el brazo izquierdo y en el estómago.

Asustado por el ataque, Adán Alejandro dio vuelta en Avenida La Encantada, retornado a su domicilio a toda velocidad para resguardarse en la cochera. Allí fue rescatado por familiares, quienes pidieron apoyo policiaco y lo llevaron a un hospital de la ciudad.

El vehículo utilizado por los agresores fue localizado incendiado sobre la carretera Islas Agrarias.

Unas ocho cámaras de vigilancia lograron captar la agresión al joven, quien sospechan, fue confundido con su padre al viajar en el vehículo de este. Las investigaciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no han avanzado mucho con relación a la  información contenida en las cámaras de seguridad o declaraciones de los vecinos. Fuentes policiacas que ZETA entrevistó, ubican en la escena a tres sicarios del “Tekolín”, quien mantiene el control del tráfico de totoaba en San Felipe.

AMENAZAN A MINISTERIALES Y MUNICIPALES

Desde el número telefónico (646) 947-6927, el C4 recibió una llamada de amenaza contra policías ministeriales y municipales de Ensenada la madrugada del lunes 3 de septiembre, según consta en un reporte al que ZETA tuvo acceso.

El mensaje fue el siguiente: “QUE VAN A CHINGAR A SU MADRE LOS POLICÍAS SI SIGUEN CON LO MISMO, VAN A MADREARSE A LOS POLICÍAS Y VA A PONER VARIOS EXPLOSIVOS, EN COMANDANCIA Y ESTO VA A PASARLE A LOS MUNICIPALES Y MINISTERIALES”.

De acuerdo con datos del grupo nocturno de la Policía Ministerial y del C4, la llamada se recibió a las 00:34 am del lunes y quedó registrada bajo el número de incidente 590498/2018, con el concepto “Amenazas a servidores e instituciones públicas”.

Tras identificar el número telefónico del que se hizo la amenaza, autoridades regresaron la llamada y mandó directo al buzón, según consta en el mismo reporte. Fuentes de seguridad consultadas cuestionaron la versión de que se haya llamado de regreso, cuando se supone que C4 y las autoridades investigadoras pueden rastrear con mayor profundidad la localización e identidad del agresor.

Un policía ministerial consultado por este Semanario comentó que la información de la llamada llegó a los agentes a través de los comandantes, pero no ampliaron datos ni ordenaron reforzar protocolos de seguridad. “Nada más pasaron el dato, quiere decir que sí es cierto”, apuntó el elemento.

ZETA cuestionó al vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado si derivado de este hecho se había iniciado una carpeta de investigación. La respuesta fue que se revisaría, sin embargo, al cierre de esta edición no se informó más.

Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, personal indicó que la información estuvo circulando en redes sociales y en este medio, pero tampoco hubo nuevas órdenes.

De marzo de 2017 a la fecha, por lo menos tres agentes de la Policía Municipal de Ensenada han fallecido en ataques a balazos, mientras que en julio de este año, un agente ministerial fue acribillado en el puerto.

El 29 de marzo de 2017 fue asesinado Sergio Enrique Echavarría, comandante de El Mármol, en una emboscada sobre la Carretera Transpeninsular, entre El Rosario y Cataviña; en el atentado resultaron heridos los agentes Ulises Ceballos y Galed Angulo.

El 7 de julio del mismo año, hombres armados atacaron la delegación de Camalú, matando al comandante Antonio García e hiriendo de muerte al agente Nacoa Gutiérrez, quien falleció tres días después.

Mientras que el 26 de diciembre de 2017, el agente Josué Ángeles fue herido de gravedad cuando realizaba una intervención de rutina sobre Gastélum y 12. El agresor fue abatido por otro oficial.

El 29 de marzo del presente año, fue baleado el Comandante de la Estación Oriente, Pablo Granados, quien aún no se recupera de las lesiones.

El 1 de junio, fue ultimado el comandante de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva en el puerto, de nombre Francisco Ibarra González, cuando salía de su casa en Villas del Real 6.

Y el 12 de julio, fue atacado a balazos el agente ministerial Raymundo Muñoz Villalobos, conocido como “El Rayo”, cuando salía de casa de sus padres en el fraccionamiento Buenaventura. Dos días después murió en el Issstecali.

Entre los involucrados en el atentado se relacionó a Mario Ibarra Lugo “El Piri”, “El Jarocho” y “El Wily”, quienes aparentemente habían acechado por horas a Uribe Herrera, quien al momento no contaba con escoltas.

Adán Uribe Herrera fue jefe de grupo de la Policía Ministerial desde julio de 2017 hasta enero de 2018, según datos de las corporaciones policiacas, fue uno de los que detuvo a Adrián Rivera Castañeda “El Chata de la Sierra”, quien era empleado del Ayuntamiento de Mexicali y el enlace de Óscar Parra con policías municipales.

En la misma detención, ocurrida el 27 de julio del año pasado, también fue apresado Arnoldo Castañeda Romero “El Nono”, quien era el contador y mantenía en su poder libretas con decenas de pagos para pescadores, policías municipales, ministeriales e inclusos miembros de Fuerzas Armadas.

Ese mismo día, agentes ministeriales realizaron una persecución contra Parra Aispuro, cuando al fin lo tenían al alcance, llegaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y lograron rescatarlo de los ministeriales, quienes minutos después se percataron que los municipales fingieron su arresto para sacarlo de la zona y liberarlo inmediatamente.

Desde entonces el agente ministerial, junto con el ex subdirector de Inteligencia de la PEP, Fabricio Ruiz Valenzuela, empezaron a recibir amenazas de muerte, desde mensajes de texto, WhatsApp e incluso llamadas telefónicas.

Al día siguiente de las detenciones del “Nono” y “El Chata de la Sierra”, el 28 de julio de 2017, José Alberto Castellanos González, asesor de la procuradora de Justicia, Perla Ibarra Leyva, pidió a Uribe Herrera su arma de fuego y que se retirara del cargo. Sin embargo, gestiones de un miembro del Ejército, Teniente Coronel Juan Manuel Nolasco, impidieron el movimiento y se mantuvo en el cargo.

Información de inteligencia militar indica que Parra Aispuro pidió la remoción del agente ministerial ofreciendo un pago de 200 mil dólares, y por correrlo de la corporación, 50 mil dólares adicionales, dato que no han podido corroborar, pero continúa en investigación interna.

Posterior a ello, hubo trece operativos fallidos por parte de Inteligencia de la PEP y de la Policía Ministerial para detener a Parra Aispuro, sin embargo, por complicidad de municipales, estatales y fuerzas federales, logró escapar.

Los operativos se trasladaron desde San Felipe hasta San Luis Gonzaga. El 12 de octubre del año anterior fue detenido Gastón Parra Aispuro, en un primer momento se pensó se trataba de Óscar, pero finalmente fue identificado como el encargado de suministrar las armas al cártel del Mar.

A Gastón le encontraron droga, cartuchos y dinero en efectivo, sin embargo, en la captura proporcionó varios nombres de los integrantes de la organización criminal, vinculando a agentes municipales y ministeriales; actualmente está en libertad, al tiempo que reiniciaron las amenazas contra Ruiz Valenzuela y Uribe Herrera.

A la salida de Daniel de la Rosa Anaya de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,  su sucesor, Gerardo Sosa Olachea, no ha dado continuidad a los operativos en San Felipe, además, desmantelaron la unidad de persecución contra Parra Aispuro.

El 30 de diciembre de 2017, Óscar Parra Aispuro mató a Esaú Saldaña Ramos, miembro del Ejército que en ese momento se encontraba como civil. Esa madrugada de domingo, el militar se encontraba en la calle Mar de Cortés realizando labores de reparación de su vehículo. Se enfrentó verbalmente con Parra Aispuro, éste sacó un arma y disparó contra el soldado.

“El Tekolín” se refugió en su domicilio, donde cámaras de seguridad captaron la llegada del capo acompañado de su esposa, quien de hecho bajó el arma por el lado del copiloto. Limpiaron el vehículo para eliminar cualquier huella.

El video que cayó en manos de los agentes ministeriales fue la prueba para girarle la orden de aprensión a Parra; el 5 de enero de 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció una recompensa por quien dé información sobre su paradero, mientras que el 18 de enero fue retirado de San Felipe el agente ministerial Adán Uribe Herrera, y trasladado a Mexicali.

Fue hasta el sábado 16 de junio que el ex subdirector de la PEP, Fabricio Ruiz Valenzuela, volvió a San Felipe. Acudió sin escolta, ya que el viaje fue por motivos personales.

Días antes Uribe y Ruiz habían sido amenazados nuevamente por WhatsApp por Parra, quien los acusó de costarle “mucho dinero”. El agente ignoró la amenaza. Al salir de una tienda de autoservicio fue interceptado por un vehículo 4 Runner color gris.

Debido al mal estado del camino, Ruiz sospechó al ver el vehículo a toda marcha tras él. Aceleró hasta un alto en las calles Mar de Japón y San Felipe, frenando de repente, lo que sacó de balance a los sicarios que abrieron fuego contra Fabricio.

El agente policiaco reaccionó y dio reversa, logrando esquivar la mayoría de las balas. “Era un comando negro, de esos que ya no había”, fue la declaración de un investigador que recabó datos a través de testigos de la zona.

Inmediatamente llegaron policías municipales, quienes decidieron no perseguir a los agresores. El comando, aparentemente protegido por los municipales, estaba integrado por sicarios y elementos de diversas corporaciones, incluso -señala la investigación- el detective adscrito a Unidades Foráneas, Luis David Valdez Meza, quien se encuentra bajo investigación por el atentado.

2 MIL 087 HOMICIDIOS EN BAJA CALIFORNIA

Hasta el cierre de esta edición, en Baja California han sido privadas de la vida 2 mil 087 personas, derivado de diversos ataques armados. Tijuana registra la cifra más alta, con mil 693 crímenes, seguido de Ensenada (158), Mexicali (110), Rosarito (65) y Tecate (62).

En los primeros días de septiembre se han documentado 39 homicidios en Tijuana. Aquí los hechos suscitados del domingo 2 a las primeras horas del jueves 6 de septiembre.

DOMINGO 2. Christian Noé Torres Sosa, de 25 años de edad, fue asesinado al interior de la tienda de abarrotes Álvarez,  en la colonia Alfonso Ballesteros. En un lote baldío en Mineral de Santa Fe, fueron encontrados restos humanos.  De un tiro fue asesinado un hombre de 35 años en Terrazas del Valle. En el Hospital General falleció Christian Alfonso Olmos Herrera, de 41 años, quien recibió tiros en región cefálica y tórax, en el fraccionamiento Soler. Sobre una cobija color guinda y bajo un árbol fue localizado el cuerpo de un sujeto en Lomas de la Presa. En la Anexa 20 de Noviembre, una persona fue encontrada sin vida; al parecer fue golpeada con un objeto contuso.

LUNES 3.  En Urbi Villa del Prado II fue encontrado muerto un hombre tras recibir un tiro en el abdomen.  En la colonia Cortés, Delegación San Antonio de los Buenos, se reportó un bote de plástico color azul con el cadáver de un desconocido de alrededor de 25 años. En un cerro en Urbi Villa del Prado II fue hallado el cadáver de un masculino, de aproximadamente 25 años; tenía heridas por disparo de arma de fuego. El cadáver maniatado y calcinado de un masculino fue encontrado en Natura Sección Amanecer.  Con tiros en la región cefálica y brazo derecho fue reportado el cuerpo sin vida de un masculino, de 35 años, al interior de un domicilio en Colinas de la Presa. En Valle de las Palmas fue localizado el cadáver de una persona en estado de putrefacción, al parecer familiares reportaron su desaparición tres días antes a las autoridades, y al no obtener noticias, iniciaron una búsqueda, hallando el cuerpo bajo escombros. En el interior de la tienda de abarrotes Lolita en Los Laureles, fue asesinado un hombre. Con marchas pardo-rojizas fue hallado el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años  en Pedregal de Santa Julia.

MARTES 4. Una persona con visibles huellas de violencia y envuelto en una bolsa y lona fue  localizada en la Zona Norte. En un baldío en la Simón Bolívar fue encontrado el cuerpo de un sujeto con lesiones por arma de fuego; tenía alrededor de 45 años. Luego que elementos de Bomberos sofocaron el incendio de un vehículo sobre el Bulevar 2000, a la altura del fraccionamiento Paseo Santa María, al interior de la unidad se halló el cuerpo de un hombre. En Villas del Campo fueron ubicados los restos de un masculino maniatado y con lesiones por arma de fuego; la víctima, aún sin identificar, tenía aproximadamente 25 años.

MIÉRCOLES 5. Un sujeto no identificado falleció en el Hospital General tras lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza. Luego de una denuncia por privación ilegal de la libertad, agentes de la Policía Estatal Preventiva arribaron a un domicilio en Calle Pescara en el fraccionamiento Santa Fe III Sección, donde fueron recibidos a balazos por presuntos secuestradores. Cuatro de ellos fueron abatidos y la víctima liberada. Solo uno de los hombres ha sido identificado y responde al nombre de Israel Arias Hernández, de 35 años. En Presidentes, un hombre fue asesinado de varios tiros en el abdomen. En un lote baldío de la colonia Mariano Matamoros, se localizó un cadáver putrefacto cubierto con una cobija color gris.

JUEVES 6. En las instalaciones de la Clínica 1 del IMSS, feneció un joven de aproximadamente 25 años.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 10 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

SI HAY AGUA, NO HAY MANTENIMIENTO, NI OBRA, NI CORRECTA PLANEACIÓN

La falta de agua potable en cientos de colonias de Tijuana, es un problema de infraestructura de la distribución, generada por la ineficiencia administrativa, de mantenimiento y la falta de recursos en la CESPT, dependencia del gobierno estatal encabezado por Francisco Vega de Lamadrid

“Al día de hoy en la mañana -jueves 6 de septiembre-, la presa El Carrizo que abastece a Tijuana-Rosarito, tiene alrededor de 22.6 millones de metros cúbicos, está a más de 55 por ciento de su capacidad, entonces el agua está ahí”, expresó José Alejandro Cervantes Beltrán, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La misma versión dio el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Ricardo Cisneros Rodríguez, quien agregó que la capacidad de la presa es de 30 millones de metros cúbicos, y todo el año ha tenido la posibilidad de desfogar su capacidad máxima -6.2 metros cúbicos por segundo-, pero el promedio este año ha sido de 5.3 metros cúbicos por segundo. Incluso, ofreció una conferencia con recorrido en el acueducto Río Colorado. Tijuana, para probarlo.

Ante la presencia de agua suficiente, se le preguntó a Cisneros cuál es el problema, pero evadió responder alegando que es un tema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

“El agua que sale de la presa a la planta potabilizadora, de la planta a los tanques de regulación y de ahí a las casas, es responsabilidad de la Comisión”, refirió.

Sin dependencia del Estado, desde la Conagua, Cervantes Beltrán fue más claro: “Es un problema de infraestructura de la distribución, no es un problema de volumen”.

Al pedirle detalles, explicó: “La CESPT tiene un tubo de salida principal de agua que era por donde tomaba el agua de la presa, y otra salida que se construyó para poder cerrar la principal cuando necesita mantenimiento, y seguir abasteciendo de agua por la segunda.

“Sin embargo, es obvio que en algún momento no se le dio ese mantenimiento, y hay una especie de mejillón que se adhiere y empieza a reducir la capacidad hidráulica de los tubos, entonces llega un punto en que no se da la capacidad suficiente para suministrar el agua y tienen que utilizar ambas líneas, las que juntas apenas se dan abasto, y están por debajo (de las necesidades de la ciudad).

“Ahora, aun cuando la solución es entrar a limpiar, el organismo operador no lo puede hacer, porque se apaga una de las líneas, menos agua va a recibir la potabilizadora, y menos agua va a poder distribuir, y si entrara a reparar, para recuperar ese día de limpieza, va a tardar varias semanas en regularizar el suministro.

“Entonces, el tema no es tanto de volumen y disponibilidad. Hay que decirlo en el sentido constructivo: es un problema que la ciudad requiere mucha mayor inversión en materia de infraestructura no solo en agua potable, sino en drenaje y mantenimiento”, expuso el director de Conagua.

LOS REQUERIMIENTOS DE AGUA

Del agua disponible en el Río Colorado, a la zona Tijuana-Rosarito le corresponden 80 millones de metros cúbicos al año, los cuales son insuficientes -desde hace varios años- para las necesidades de la región, por lo que Mexicali, que cuenta con excedentes, les cede alrededor de 20 millones de metros cúbicos al año, y para el resto del agua que se necesita, la CESPT debe rentar derechos a los agricultores de Mexicali que dejan descansar su tierra.

Solicitado el histórico de consumo, la CESPT proporcionó los últimos cuatro años: en 2015 la zona consumió 120 millones de metros cúbicos; en 2016, aumentó a 122 millones de metros cúbicos; y en 2017 creció a 125 millones de metros cúbicos. Entonces, en el primer periodo aumentó 2 millones de metros cúbicos, y en el segundo, subió 3 millones, lo que pudo permitirles prever que el tercer período, 2017-2018, podría aumentar 4 millones de metros cúbicos, ya que un millón de metros cúbicos al año, ha sido el aumento promedio en los últimos cuatro años. Pero no lo hicieron.

Tal aumento del consumo se ha mantenido en el promedio, a pesar de la jornada atípica de calor, con la que la CESPT ha justificado el desabasto. Porque de los 125 millones de metros cúbicos que consumió Tijuana-Rosarito en 2017, este año se pronostica que cerrará con el consumo de 129 millones de metros cúbicos de agua. O sea, los 4 millones de metros cúbicos que, basados en la estadística, eran pronosticables.

En entrevista con ZETA, Germán Lizola Márquez, director de la CESPT; el subdirector de Agua y Saneamiento, Mario Olvera; y el coordinador de los distritos, David Ruvalcaba, insistieron en el impacto por el incremento inusual del consumo por parte de los usuarios, afectados por el factor climático “atípico”.

Cuando se les cuestionó que no se trata de un factor nuevo, y que era programable, indicaron: “El incremento de la temperatura se ha venido dando, el cambio climático es un hecho, pero lo usual hasta ahora habían sido dos a cinco días seguidos de calor intenso, pero este año fueron tres o cuatro semanas de un calor al que no estamos acostumbrados, pero sí tenemos, y te doy la razón en la planeación, en la que ya estamos trabajando”, comentó Lizola, después de explicar que instalaron una mesa de trabajo y están revisando en campo todas las líneas, tanques y acueductos, para hacer un diagnóstico de qué necesitan para el siguiente año.

Sin embargo, este diagnóstico que servirá para la planeación de 2019, se inició porque después que terminó la crisis de calor, hace alrededor de dos semanas -Lizola considera que menos-, el agua aún  no se regulariza en algunas zonas. De acuerdo a cifras oficiales de la CESPT, el número de colonias afectadas, conforme a los reportes telefónicos, son entre 12 y máximo 50 al día. Un hecho que reconocen problemático por la importancia del servicio que proporcionan, pero tampoco lo razonan crítico, ya que lo ven como un pequeño porcentaje de las mil 100 colonias que atienden.

Lo que están encontrando en los canales, tanques, acueductos y bombas que suministran a las colonias sin agua, son afectaciones por vandalismo -en 2017 gastaron 10 millones y en 2018 han erogado 4 millones en este rubro- y problemas generados por los cambios de presión.

FALTAN MÁS TANQUES DE REGULACIÓN GRANDES;  EL ÚLTIMO SE CONSTRUYÓ EN 1992

Al hablar de la planeación y el aumento del consumo, el director de la CESPT, manifestó:

“La lógica me dice que tengo que construir otro tanque para almacenar más agua y prepararnos para la siguiente temporada de calor, y si son 40 mil cuentas nuevas por año, pues serán 40 mil tomas más que van a demandar agua.

“Por eso lo de la planeación que les comentaba, y los recorridos para visualizar las necesidades del siguiente año, ya sabemos de antemano que debemos dar una repuesta y prever lo que nos pasó este año, ya sabemos, vamos a planear previendo que vamos a tener la misma intensidad de calor”.

Se le preguntó si no pudieron prever, planear el año pasado, pero no hubo una respuesta concreta y regresaron al tema del clima y el aumento del consumo.

En Tijuana hay tres tanques principales, uno con capacidad de almacenar y distribuir 30 mil metros cúbicos y dos con capacidad de 20 mil metros cúbicos; dos, el del Aguaje de la Tuna y del Cerro Colorado, se construyeron en 1982 y el de Otay en 1992. Adicionalmente existen 239 tanques más pequeños y poco más de 79 plantas de bombeo. Evidencias de años recientes muestran que son insuficientes.

— Si hay suficiente agua en la presa El Carrizo y ustedes dicen que hay suficiente agua en potabilizadora, ¿por qué se vacían los tanques o quedan con tan poca agua que no funcionan?

“En los tiempos de mayor calor, el tanque principal, el del Aguaje, a esta hora -alrededor de las cuatro de la tarde-, tendría 30 centímetros-, pero hemos hecho operativos y hemos revertido esto, ahorita traemos cuatro metros (dos semanas después de que concluyó la ola de calor), la altura máxima del agua en el tanque es de 5 metros”.

— ¿No se están llenando de manera constante?

“En la noche se llenaban, y siempre está abierto al cien por ciento, pero en las semanas de calor, debido al consumo, no se alcanzaba a recuperar el nivel mínimo de operación del tanque, que es de un metro, el agua no llegaba al flotador y el sistema se apagaba para protegerse y no quemarse”.

Entonces empezaron los tandeos o manipulación del sistema que permanece por zonas, en la CESPT aseguran que dejan el agua fluir todo el día de los tanques, tanto como les sea posible, y apagan la distribución en las noches-madrugadas para que los depósitos acumulen agua y los vuelven abrir a las cuatro de la mañana.

Y anunciaron como buen pronóstico el hecho que entre el 2 y 5 de septiembre, el tanque del Aguaje de la Tuna, haya logrado acumular cuatro de los cinco metros de su capacidad, “eso le dará a la gente y a nosotros un respiro”.

ERROR DE PROGRAMACIÓN O FALLA EN ENTREGA DE AGUA

En cuanto al hecho de que “CEA declaró que nos debe  -a las CESPT- 9 millones de metros cúbicos del agua prometida y programada, los cuales son al día de hoy -5 de septiembre-, once millones de metros cúbicos, eso también lo estamos trabajando, para que el acueducto nos mande como debe ser” explicó Lizola Márquez.

Durante una reunión realizada dos semanas atrás, donde participaron todos los organismos del agua y representantes de los módulos de riego en Mexicali, le informaron que no le estaban mandado el fasto completo de sus proyectos porque Estados Unidos también estaba restringiendo el acceso al volumen del agua del Río Colorado a los organismos en México, “entonces es una cadenita”, afirmó.

Ricardo Cisneros, cabeza de la Comisión Estatal del Agua, coincidió en que llegó menos agua, pero no afectó el flujo constante hacia Tijuana, porque no llegó al mínimo permitido; el máximo son 45 millones de metros cúbicos y el mínimo para que el agua fluya sola son 17 millones de metros cúbicos, y no ha estado por debajo de ese límite.

Del agua que dejó de llegar, solo precisó que de los 80 millones de metros cúbicos que le envían a Tijuana del río en el año, siempre llegan 72 millones, porque el 10% se pierde en el traslado por los 120 kilómetros que se recorre a través de canales abiertos en parcelas de Mexicali, antes de llegar a la planta de bombeo.

“Este año además los agricultores tuvieron un desfasamiento y, en lugar de terminar su consumo de agua en abril-junio, siguieron consumiendo en verano. Entonces, cuando debían estar llegando a la presa El Carrizo, 5.2 metros cúbicos por segundo y me llagaban 4. 2 o 4.1 y la presa empezó a bajar, no llegó al límite mínimo; igual iniciamos pláticas y encendimos los focos amarillos”.

— ¿Le dejaron de entregar 11 millones de metros cúbicos de agua a la CESPT en este año?, se inquirió al titular de la Comisión Nacional del Agua.

“Es un tema que ya platiqué con el director de la CEA, lo que pasa es que estaba mal programada el agua de ellos”.

— ¿Pidieron menos?

“Ellos hicieron una programación mensual, y programaron usar más agua de la que tenían convenida, de la que habían pedido y a la que tenían derecho. Ese es principalmente el tema. Entonces, cuando el incremento por la ola de calor y la CESPT registra que hay mayor demanda, es cuando dice ‘necesito más agua’ y reprograma, pero yo no puedo reprogramar hasta que el convenio esté formalizado con el distrito de riego. Lo que sucede cada año agrícola, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 31 de agosto, es lo que estamos haciendo ahora”.

PREVALENCIA DE USO URBANO

Ante el evidente aumento del consumo de agua en las ciudades de Baja California, investigadores e ingenieros han propuesto revisar los artículos que en la Ley Nacional de Aguas, instruyen en el reparto de los derechos de agua, la prevalencia del uso doméstico, le sigue el uso público urbano y el uso agrícola que en el Estado, como en la mayoría de los países, consume el más alto porcentaje del líquido vital, porque es la producción de alimentos.

En Baja California, las actividades primarias se quedan con el 92% de los derechos de agua, y aportan el 3% del Producto Interno Bruto.

Los investigadores también critican la falta de inversión en la optimización de uso de esa agua, “aquí la mayoría de los riegos agrícolas son por inundación, lo que hace que el 40% del agua se pierda, y el gobierno, en coordinación con los productores, no hace lo necesario por mejorar los sistemas de riego, o cambia a cultivos que requieran menos agua”.

Mientras activistas locales consideran que es un tema que se debe y puede modificar, con el nuevo Gobierno Federal y las cámaras de legisladores federales, el director de la Conagua considera que hay poco que hacer en ese rubro.

“El tema de prelación, como existe en la Ley de Aguas Nacional, no es para repartir el agua; es cuando se hace el reparto de las concesiones, cuando hay volumen disponible, pero en este caso el agua ya se encuentra repartida”, concluyó.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ROSARIO MOSSO CASTRO /LUNES, 10 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

CLAUDIA PAVLOVICH, UNA GOBERNADORA DERROTADA POR AMLO

En lo que será su primera gira por tierras sonorenses luego de la elección de la que emergió ganador absoluto, Andrés Manuel López Obrador, programó reunirse en privado con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a quien su movimiento derrotó en toda la línea.

Según informaron los voceros de Morena, Jacobo Mendoza y Jorge Taddei Bringas el periplo del Peje, iniciará el día 21 de septiembre en San Luis Río Colorado, luego visitaría plazas de Nogales y el 22 Guaymas y Ciudad Obregón.

En el ambiente posterior al primero de julio quedó flotando la idea de que el mero nombre de López Obrador, se impuso a todo el aparato político del beltronismo enquistado en la administración estatal y de paso sobre el PRIAN y el frente anayista PAN-PRD-MC, impulsado por el clan Bours aliado a Ramón Corral Avila y que condensó la candidatura al senado de Antonio Astiazarán y Letty Cuesta, pieza de la Lola del Río.

A partir de ese contexto es válido cuestionarse: ¿Qué tiene que ofrecerle la gobernadora a López Obrador, luego de su maniobra para despojar de facultades a la futura mayoría morenista en el Congreso estatal?

SÍNTOMAS DEL DETERIORO

El provocador y desafiante paro de los concesionarios del transporte público aglutinados en la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte  Urbano en las principales ciudades de la entidad que gobernará la izquierda a partir del 16 de septiembre, en lectura de algunos observadores, vino a confirmar algo que todo mundo sabía: Que la gobernadora Claudia Pavlovich, es una política derrotada a la que el poder se le escapa de las manos.

Su partido, el PRI, fue mandado por los electores el pasado primero de julio a formar parte de la chiquillada. Su otro partido de apoyo, el PANAL, terminó perdiendo el registro y está en proceso de liquidación y ya coquetea con las nuevas mayorías. El PVEM, su otrora aliado de mayor confianza, cambió de afectos y le prestó cinco diputados a Morena en San Lázaro para que alcanzara la mayoría absoluta.

EJERCICIO PARA SACAR EL CHAMUCO TRICOLOR

Tan duro fue el porrazo al tricolor que se hizo pertinente que la mismísima Claudia Ruiz Massieu, se hiciera presente en el nido de “El Chanate” Gilberto Gutiérrez Sánchez, para sobarles el chipote a los desubicados priístas, quienes el día 8 de septiembre estaban convocados a un “Diálogo entre militancia y clase política”.

Se supone que el evento sería sin monólogos, ni discursos dosificados, como se estilaba en la vieja escuela, todo en aras de sacar el chamuco y desterrar las malas vibras que dejaron las candidaturas fracasadas de “El Maloro” Acosta, el Pato de Lucas, Pano Salido, Iris Sánchez, Susana Corella, Otto Claussen, Eme Ochoa y demás fallidos suspirantes.

UN TIRO CANTADO

A días de las elecciones el gobierno claudillero promovió una batería de reformas legales autoritarias para neutralizar a la fuerza política que la venció en las urnas y eso la enemistó con la aplanadora guinda que ya empezó a gobernar el país. Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, anunciaron que tumbarán dichas reformas.

Y como al parecer el día 13 de septiembre, dos antes de que asuma la nueva mayoría de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el poder legislativo local, se vence el término para impugnar vía controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dichosas reformas aprobadas por el PRIAN y se requiere de un 33% de los integrantes del “Congrueso”, los diputados federales pejistas acudieron ante Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, la otra instancia autorizada para hacerlo, para que aventara el tiro.

Se habla incluso de “negociaciones” para que el PRI y el PAN, pues el PRD perdió el registro en el estado, vayan juntos en el Congreso local, para dar la pelea a la barredora de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

BIENVENIDA A LA REALIDAD SEÑORA GOBERNADORA

En el fondo, el paro transportista a pesar del endurecimiento del puño claudillero ante el chantaje, dañó la imagen de la gobernadora, al evidenciar su falta de capacidad política y operativa para atender un problema que se ha venido agudizando con el tiempo y que pega en el grueso de la población usuaria de dicho servicio público.

Antes del cale de los concesionarios, varios eventos de repercusión política que se han venido presentando uno tras otro, no auguran nada bueno:

En el camino de la transición cayó en desgracia el cacique político del PT y ave de tempestades, Jaime Moreno Berry, por decisión de Alfonso Durazo y de Alberto Anaya, el dueño de la franquicia fundada por Raúl Salinas de Gortari, “el hermano incómodo”, para competirle y restarle votos al PRD en la izquierda.

El petista estorbaba al proyecto encarrilado hacia el 2021 y se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato de los morenistas al insistir que sus legisladores irían por la libre en el Congreso del Estado.

Fuera de la jugada Moreno Berry, los cañones del morenismo apuntan hacia la enemiga jurada que osó retar a quienes están a días de asumir el poder en la entidad y que a nivel federal no tendrá contrapesos reales.

Javier Villarreal, el zorro jerarca de la CTM estatal, en una maniobra que se vio como de deslinde y de desmarque del PRI para acomodarse a los nuevos tiempos, anunció hace días que la central obrera registraría una agrupación política ante el IEE.

El pleito que sube de tono entre los dos mentores de “La Güerita”, uno del pasado como Eduardo Bours y otro del presente como Manlio Fabio Beltrones, y cabezas de dos de los más grandes y poderosos grupos políticos que actúan al interior del PRI y con espacios en el gobierno claudillero, tampoco es buena noticia, pues en un descuido la gobernadora podría quedar en medio del fuego cruzado de tales egos.

Tampoco es nada grato el mensaje que envía el diferendo a muerte entre dos figuras del gabinete de Claudia como Enrique Claussen y “El Potrillo” Miguel Ernesto Pompa Corella, que cuentan con sus propios seguidores al interior de la administración estatal, lo que ya habla de falta de control político sobre quienes tienen la responsabilidad de sacar avante la tarea de gobierno.

La puesta en duda por parte de un tribunal federal respecto de la constitucionalidad de la conformación de la Fiscalía Anticorrupción, el engendro más emblemático del sexenio claudillero, es un descalabro que causa estragos en la moral pública de quienes tenían cifradas esperanzas de con el regreso del PRI a poder ejecutivo se castigarían los excesos del padrecismo.

EL IRREVERSIBLE CICLO DE DECLINACIÓN DEL PODER

Con el inicio del segundo tramo del período de gobierno empieza la declinación del poder del gobernante en turno y comienza la lucha por el acceso a este entre los actores políticos con la fuerza para alcanzarlo en la próxima contienda.

Esa es una regla de oro del sistema político mexicano que se cumple puntualmente y permite la circulación de las élites en el poder.

Una muestra patética del poder que se esfuma entre las manos es el del todavía presidente formal Enrique Peña Nieto, a quien reportan como el solitario de palacio del que poco queda de aquel político al que la revista Time calificó como el salvador del país.

El escenario que enfrenta Claudia Pavlovich, y que amenaza con ponerse peor de adverso ante las carencias de sus operadores políticos, es solo un indicio de que ya se está quedando sin poder e influencia, lo cual es percibido por los grupos rivales que actúan en consecuencia. El irreversible ciclo de eclipse del poder inició con el resultado electoral.

No fue nada gratuito que los electores sonorenses hayan decidido cobrar en las urnas las afrentas de la clase política fallida representada por el PRI, el PAN y el PRD y el gobierno claudillero.

A mediados de mes el Peje y los suyos, tomarán el control del Congreso del Estado y 18 alcaldías importantes, en lo que representará un escenario nada favorable para PRI y su gobernadora.

La recomposición del poder en Sonora, quieran o no, se aproxima a pasos agigantados…

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 09 SEPTIEMBRE 2018)