Durante toda la semana
pasada, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió a las autoridades que atendieran
el problema del ataque de porros a estudiantes con una petición, casi
exigencia, que no terminara fuera de control. “Que no vaya a extenderse hasta
el 2 de octubre”, demandó. El rector de la UNAM, Enrique Graue y el Secretario
de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, instalaron una mesa para ver la forma
como se atacaba el problema y se apagaba el fuego. La semana pasada se dieron
las reuniones en Bucareli.
La mesa la encabezó el
subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena, y asistieron el comisionado
nacional de Seguridad, Renato Sales, y la secretaria general del CISEN,
Jacqueline Moreno. Por la UNAM estuvo el secretario general, Leonardo Lomelí y
los abogados universitarios. Una de las discusiones de fondo fue sobre la
jurisdicción. La UNAM es terreno federal, por lo cual la PGR, argumentaban los
universitarios, tenía que atraer el caso. En Gobernación dijeron que al ser un
delito del fuero común, correspondía a la Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México. En todo caso, actuarían todos en un mismo objetivo.
Bajo las instrucciones
presidenciales, la Policía Federal detuvo el jueves a dos de los presuntos
implicados en el ataque a estudiantes en la explanada de la Rectoría el lunes.
Los detenidos fueron identificados como Éric y Joel, por presumiblemente
participar en el ataque, pero el viernes los liberó la procuraduría capitalina.
La UNAM mostró su inconformidad, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México,
José Ramón Amieva, dijo que seguían investigando pero no fabricarían culpables.
Un documento de inteligencia obtenido por Eje Central, no los ubicaba en los
sucesos del lunes pasado, aunque no significa que no estuvieran. La molestia de
las autoridades universitarias es que esperaban que los gobiernos detuvieran a
los agresores para que el conflicto en la UNAM no creciera.
Las investigaciones
ministeriales continúan, pero hay dos líneas de relevancia que surgieron
durante la mesa en Gobernación que no está claro si forman parte de las
pesquisas. Se trata de las fuentes de apoyo y financiamiento que reciben los
grupos de choque que participaron en el ataque del lunes pasado. Eje Central
reveló los nombres de los grupos de choque que participaron, y señaló que
históricamente han estado vinculadas al PRI, al PRD, y a algunos personajes del
PAN del Estado de México.
Durante las mesas en
Gobernación, surgieron los nombres de los políticos que utilizan de manera
regular a porros en los CCH de Azcapotzalco y Naucalpan, de donde se tiene
identificado la mayoría agresores tienen su centro de operación. Uno es
Francisco Chiguil, electo Diputado en la Asamblea Legisltiva de la Ciudad de
México en 1997 como miembro del PRD, y delegado en Gustavo A. Madero, cuando
sucedió se dio la tragedia en el New’s Divine, donde murieron 11 jóvenes y dos
policías. Como muchos perredistas brincaron a Morena en la última elección, y
como candidato a la misma delegación, ganó. Chiguil ha sido protegido de Joel
Ortega, quien fue cesado como Secretario de Seguridad Pública por el fallido
operativo del New’s Divine, y actualmente es asesor de la futura Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero quien lo llevó a Morena como candidato
fue Martí Batres, actual presidente de la Cámara de Diputados y uno de los
líderes del Consejo Estudiantil Universitario que se enfrentó al rector de la
UNAM Jorge Carpizo a mediados de los 80.
El otro es el ex Presidente
Municipal de Naucalpan, Édgar Olvera, quien acaba de rendir protesta como
Diputado local en el Estado de México. Olvera es considerado como la cabeza del
grupo político panista más poderoso en esa entidad. Los porros que atacaron a
los estudiantes el 3 de septiembre, salieron de Naucalpan en un autobús blanco,
que circuló por el Segundo Piso durante 24 kilómetros sin ser detectado por la
policía. Las autoridades tienen la placa del camión y su seguimiento a través
de las cámaras de seguridad en la capital federal, lo que les permitiría saber
quién contrató y pagó por el vehículo que utilizaron para llegar a Ciudad
Universitaria y regresar a su punto de origen.
De acuerdo con la
investigación de Eje Central, hubo por lo menos cuatro personas más que
acudieron a Ciudad Universitaria en dos vehículos, un Vento negro con placas
del Estado de México y un Seat vino con placas de la Ciudad de México, desde
donde se supervisaron las acciones violentas del grupo que encabezaban, de
alrededor de 90 jóvenes, algunos de los cuales escondían en sus mochilas bombas
molotov o cohetones. Una de las personas que presuntamente los auxilió fue
Jaime Vázquez, que es “indicador” –como se llaman a informantes- de Rectoría.
Las autoridades tienen un
enorme volumen de información que les permitiría acelerar la investigación,
pero avanza a marcha lenta. Las instrucciones del Presidente y del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México son que se solucione lo antes posible el problema
y que se detenga a los responsables. Sobre los materiales, está todo para ir
por ellos; sobre los intelectuales, está alumbrado el camino para llegar a
ellos y determinar si, en este caso, tienen responsabilidad. Lo que no puede
permitirse es la pasividad y lentitud frente a un escenario de inestabilidad
aprovechando a la comunidad estudiantil, aprovechando que se está preparando
para celebrar el 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 que concluyó
con la Matanza de Tlatelolco, susceptible coyunturalmente a volver a
confrontarse con el gobierno.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 10/09/2018 | 04:05 AM)
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