miércoles, 20 de febrero de 2019

LA MARINA DECOMISA 630 KG DE COCAÍNA Y DETIENE A 15 PERSONAS POR TRASLADARLA EN UN BARCO EN SINALOA



En la embarcación interceptada por la Marina  viajaban ocho personas de nacionalidad ecuatoriana, cuatro colombianos y tres mexicanos, todos ellos fueron detenidos.

México, 20 de febrero (EFE).- Oficiales de la Secretaría de Marina (Semar)  interceptaron una embarcación con unos 630 kilogramos de cocaína en las costas de Sinaloa y detuvieron a quince tripulantes de distintas nacionalidades, informó hoy la dependencia en un comunicado.

“Las personas detenidas, la embarcación y la presunta carga ilícita aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la determinación del peso ministerial”, explicó la Semar.

En la pequeña embarcación, con cuatro motores de alta potencia, viajaban ocho personas de nacionalidad ecuatoriana, cuatro colombianos y tres mexicanos, todos ellos fueron detenidos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes en la costa del municipio de Topolobampo cuando un avión de la Marina “avistó navegando a gran velocidad a una embarcación sospechosa” frente a las costas de Sinaloa, un estado muy afectado por el narcotráfico.

La Marina detuvo a quince tripulantes de distintas nacionalidades. Foto: Semar vía EFE.

En una operación conjunta, unidades aeronavales y personal de infantería de la Marina actuaron para “interceptar la embarcación e inhibir la presunta acción delincuencial”.

Agentes de infantería realizaron un operativo desde un helicóptero siguiendo a la embarcación, la cual estaba tratando de evadir a la aeronave, explicó la Semar.

Acto seguido, el personal de infantería tomó el control de la embarcación, que fue finalmente interceptada por una patrulla de la Armada.

En el comunicado, el Ministerio sostuvo que todas sus acciones se realizan “en estricto respeto a los derechos humanos” y al protocolo que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de México.

La Marina, el Ejército y la Policía Federal formarán parte de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública impulsado por el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la violencia.

Organizaciones de derechos humanos han criticado este organismo al considerar que perpetúa la “militarización” del país, donde los militares patrullan por las calles persiguiendo el crimen organizado desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

(SIN EMBARGO/EFE/20 DE FEBRERO 2019)

ANTES DE LA CONSULTA POR CORRUPCIÓN DE EX PRESIDENTES, HAY QUE SABER QUÉ PASÓ EN EL FOBAPROA (#ENTÉRATE)


El ex consejero electoral, Alfredo Figueroa, afirma que hay que conocer los hechos antes de una consulta sobre los actos de corrupción de ex presidentes. Por ejemplo, dijo que la sociedad debe saber qué sucedió en el caso Fobaproa y todos los actores involucrados.

(ARISTEGUI NOTICIAS /Redacción AN / AL /20 DE FEBRERO 2019)

BIGDATA: ASÍ DESCRIBEN LOS DATOS LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO (VIDEO)


Carlos Páez, CEO de 'Mesura Think Tank', presenta las estadísticas que describen la situación de México en materia de producción de gasolina, reservas de agua dulce, la tierra cultivable, el desempeño de estudiantes de nivel básico, los lugares con más robo de celular, la penetración de la tecnología, la percepción de corrupción, violencia contra las mujeres y los principales nodos de violencia.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN / EM/ FEBRERO 19, 2019 12:25 PM)

DERECHO A LA VERDAD DEBE ARRANCAR CON ACTOS DE CORRUPCIÓN DESDE 1980 (#ENTÉRATE)


Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal, considera que para entender los procesos de corrupción y ejercer el derecho a la verdad se deben comprender los hechos públicos desde la década de 1980.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN / AL /20 DE FEBRERO 2019)

ACRIBILLAN AL ACTIVISTA SAMIR FLORES, OPOSITOR A LA TERMOELÉCTRICA DE HUEXCA, MORELOS




La madrugada de este miércoles, el  activista Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, del que forma parte la central Termoeléctrica y el Gasoducto de Huexca, fue acribillado.

Según los primeros reportes, un sujeto llegó al filo de las 05:00 horas a la casa del activista en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac y accionó su arma de fuego en contra de Flores.

Fue el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, quien confirmó el asesinato, “fuimos enterados muy en la madrugada del evento, sabemos que es una persona que conducía una estación de radio y efectivamente se comprobó su muerte tiempo después que se lo llevaron al hospital. Fue agredido, alguien fue a tocar a su casa, su mamá salió a abrir y le gritó que le llamaban, cuando salió le metieron unos balazos. Nos habían dicho primero que había una persona femenina lastimada, sin embargo hasta ahora no hemos podido confirmarlo”, dijo.

Ortiz Guarneros informó que han iniciado coordinación con la Fiscalía del Estado y con la Comisión Estatal que se ha sumado a la investigación para dar con los responsables de este hecho.



Por su parte el gobierno federal en voz de su vocero, Jesús Ramírez, condenó el asesinato del activista, e informó que en el transcurso del día emitirían un posicionamiento.

Condenamos el asesinato de Samir Flores Soberanes, quien era dirigente en Amilcingo, Morelos, y opositor al Proyecto Integral Morelos. En el transcurso del día emitiremos un posicionamiento. La manifestación de las ideas es un derecho fundamental para la democracia.

— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) 20 de febrero de 2019

(ARISTEGUI NOTICIAS/ HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/REDACCIÓN AN / JS/ FEBRERO 20, 2019 10:01 AM)

LA MENTIRA DE LA GUARDIA NACIONAL


El parlamento abierto es una práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la justificación política para que los legisladores de Morena acaten las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de violación al equilibrio de poderes, por citar un ejemplo actual, está generando demandas y controversias constitucionales contra el presidente Donald Trump por querer construir un muro en la frontera con México, dándole la vuelta a demócratas y republicanos que no le quisieron dar presupuesto suficiente para ello. En Washington, los legisladores son independientes del Ejecutivo, pero en México, los senadores de Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin prurito, vergüenza o decoro. La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo vivo de las falacias e indignidad que se viven en estos tiempos de regresión democrática.

Durante las sesiones públicas para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la Guardia Nacional, todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los expertos, argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay consenso para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales mientras se reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones jurídicas.

El artículo Quinto Transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad, además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando militar sobre la autoridad civil.

Pero en el mismo dictamen, explica: “El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así como por su dirección civil”. Es una mentira, como se aprecia en el Quinto Transitorio previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo paramilitar responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las contradicciones van acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras. “Si el régimen propio de las fuerzas militares regulares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, el régimen especial de las policías con un diseño de disciplina militar como el pretendido, sí logra esa conciliación”, señala. “Consideramos que ello reduce significativamente el riesgo para los derechos humanos que puede implicar la incursión de tropas regulares de defensa nacional en tareas de seguridad pública”.

Considerar es una reflexión que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué hace pensar al presidente y a Morena que por ser un nuevo gobierno cambiará la doctrina, entrenamiento y visión de las Fuerzas Armadas? El texto es tramposo. Cuando se refieren a “tropas regulares”, parecería que fueron sólo estas las que se utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas, pero sobre todo Policía Militar, que es lo que se volverá a emplear.

De hecho, la Guardia Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está operando de facto con tres brigadas de infantería de la Policía Militar desde el inicio del sexenio. La Primera Brigada está seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la Tercera en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que sin ser la más violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los poderes económico y político, y los medios de comunicación nacionales, hace que su impacto se multiplique.

Falta por desplegar a militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia delictiva, como fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la delincuencia del fueron común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque al combate de los cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de seguridad pública y delitos del fueron común, que representan alrededor del 92% del total de los delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los cárteles de las droga tendrán una vacación sexenal.

Ni los perseguirán físicamente, ni hay nada previsto para erradicar sus plantíos de drogas, ni canales de distribución y comercialización, ni sus ingresos y finanzas. La regresión es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la Madrid a pedir resultados a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

El avasallamiento de López Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los legisladores de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la desea el presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo proyecto de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se está planteando, sino para co-optar a las Fuerzas Armadas, de cuyo propósito se hablará en un próximo texto.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/19 DE FEBRERO DE 20)

DESENTRAÑANDO AL PRESIDENTE


El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a los legisladores, no acepto como titular del Ejecutivo la simulación”, dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.

Para el presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas -que es lo que llevan años pidiendo-, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro de alimentos, que afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano, probablemente no se entendería lo que dijo el presidente, o se podría alegar que está desviando la discusión de fondo. Sin embargo, no es así.

Como describió la semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que desentrañar lo que dice López Obrador. Una vez más, es cierto, el presidente confunde personas con instituciones, pero no por ello deja de ser altamente relevante lo que esbozó. Las razones que empleó para fustigar a la Policía Federal se refieren a la época de opacidad que vivió ese cuerpo durante los dos primeros tercios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el comisionado de seguridad era Manuel Mondragón -su asesor en la materia y quien realizó el primer plan que le presentó Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad-, quien dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mondragón recibió una capacidad de fuerza de 36 mil 940 policías federales, todos con control de confianza, y rápidamente comenzó su desmantelamiento. Apagó Plataforma México, la mayor base de datos de inteligencia criminal de América Latina, corrió a los expertos en telemática -que manejaban los drones y decodificaban su información-, y desmanteló las operaciones de largo aliento que se llevaban a cabo contra los cárteles -recuperadas por la Marina-. Cuando entregó cuentas el gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, le dieron una capacidad de fuerza prácticamente idéntica, con mayores gastos de operación, sin controles de confianza, y con una inteligencia mermada.

El colapso del sistema policial no es atribuible exclusivamente a Mondragón, sino a lo que hizo la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Osorio Chong, que absorbió todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y escondió el destino de los recursos. La persona que por sus acciones y decisiones, está detrás de las imputaciones de López Obrador, es Frida Martínez Zamora, muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen por qué fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín El Chapo Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales.

Las explicaciones de López Obrador del porqué quiere acabar con la Policía Federal y desea una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tiene nombre y apellido, aunque el presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el presidente confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.

Pero López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal. Hasta ahora no ha sido claro en este tema en esa área, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo de las ambigüedades, acusaciones incompletas, o de las  simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió con los recursos para la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto, es un túnel que necesita luz. El presidente haría bien en alumbrarlo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa 

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/20 DE FEBRERO DE 2019)

POR ESTOS DELITOS ENJUICIARÍA AMLO A EX PRESIDENTES


El presidente enumeró las posibles causas contra Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña

Con la promesa de no meter a la cárcel a chivos expiatorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró las posibles acusaciones por las que podrían ser enjuiciados los últimos cinco ex presidentes de México.

El mandatario hablaba sobre que está pendiente la aprobación a la reforma al Artículo 35 constitucional para que el resultado de las consultas sea vinculatorio, cuando soltó:

Los ciudadanos serán quienes decidan si quieren enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, porque “entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados”.

Al expresidente Ernesto Zedillo por convertir “las deudas privadas de unos cuantos, en deuda pública, como el Fobaproa”.

A Vicente Fox, por “traidor a la democracia y que, después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón”.

A Calderón, “porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio”

Y a Peña, “por corrupción”.

Sin embargo, el presidente López Obrador, aclaró: “Yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a empantanarnos en el pasado”.

Yo soy partidario que veamos hacia adelante, que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad hacia adelante. Yo soy partidario de eso.

Pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra, o sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga: ‘A ver, sí queremos enjuiciar a Salinas’

AQUÍ PUEDES ESCUCHAR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE: