El parlamento abierto es una
práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la justificación
política para que los legisladores de Morena acaten las instrucciones del
presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de violación al equilibrio de
poderes, por citar un ejemplo actual, está generando demandas y controversias
constitucionales contra el presidente Donald Trump por querer construir un muro
en la frontera con México, dándole la vuelta a demócratas y republicanos que no
le quisieron dar presupuesto suficiente para ello. En Washington, los
legisladores son independientes del Ejecutivo, pero en México, los senadores de
Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin prurito, vergüenza o decoro.
La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo vivo de las falacias e
indignidad que se viven en estos tiempos de regresión democrática.
Durante las sesiones públicas
para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la Guardia Nacional,
todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los expertos,
argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay consenso
para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales mientras se
reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar
subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está
circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera
pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones
jurídicas.
El artículo Quinto
Transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia de
violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, la
Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para
efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad,
además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de
seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el
organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una
de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando
militar sobre la autoridad civil.
Pero en el mismo dictamen,
explica: “El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su
dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así como por
su dirección civil”. Es una mentira, como se aprecia en el Quinto Transitorio
previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo paramilitar
responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las contradicciones van
acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras. “Si el régimen propio
de las fuerzas militares regulares no se concilia con las funciones propias de
las autoridades civiles, el régimen especial de las policías con un diseño de
disciplina militar como el pretendido, sí logra esa conciliación”, señala.
“Consideramos que ello reduce significativamente el riesgo para los derechos
humanos que puede implicar la incursión de tropas regulares de defensa nacional
en tareas de seguridad pública”.
Considerar es una reflexión
que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué hace pensar
al presidente y a Morena que por ser un nuevo gobierno cambiará la doctrina,
entrenamiento y visión de las Fuerzas Armadas? El texto es tramposo. Cuando se
refieren a “tropas regulares”, parecería que fueron sólo estas las que se
utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas, pero sobre
todo Policía Militar, que es lo que se volverá a emplear.
De hecho, la Guardia
Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está operando de
facto con tres brigadas de infantería de la Policía Militar desde el inicio del
sexenio. La Primera Brigada está seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco,
Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda en otros siete
municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás
Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la Tercera en otros seis: Ixtapaluca,
Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En
total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que sin ser la más
violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los poderes
económico y político, y los medios de comunicación nacionales, hace que su
impacto se multiplique.
Falta por desplegar a
militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia delictiva, como
fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la delincuencia del fueron
común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque al combate de los
cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de seguridad pública
y delitos del fueron común, que representan alrededor del 92% del total de los
delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los cárteles de las droga
tendrán una vacación sexenal.
Ni los perseguirán
físicamente, ni hay nada previsto para erradicar sus plantíos de drogas, ni
canales de distribución y comercialización, ni sus ingresos y finanzas. La regresión
es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique
Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la Madrid a pedir resultados a
su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión
Federal de Electricidad.
El avasallamiento de López
Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los legisladores
de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la desea el
presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo proyecto
de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se está
planteando, sino para co-optar a las Fuerzas Armadas, de cuyo propósito se
hablará en un próximo texto.
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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/19 DE
FEBRERO DE 20)