viernes, 2 de marzo de 2018

¿ANAYA?… HABLEMOS DE LA PGR (ARTÍCULO)



Foto: Gustavo Becerra/ Cuartoscuro

Por Miguel Pulido/ @nomus77
La conducta de la PGR con el candidato presidencial Ricardo Anaya importa demasiado. No porque esto lo convierta en un frágil perseguido político. Un hombre como él, que mostró su músculo al acudir a la PGR acompañado por los presidentes de 3 partidos políticos nacionales y de uno de los abogados más costosos del país, no queda de súbito en una situación de indefensión.



Importa porque nos dice todo del estado de putrefacción del sistema de justicia. Porque el lance de persecución y acoso (incluidos pésimos modales) contra uno de los hombres más poderosos y mejor conectados del país, evidencia de lo que son capaces.

Y recordar de lo que son capaces (quienes están en este gobierno) siempre importa para pensar otros casos.

Hablar de Anaya es el mejor pretexto para ponernos en los zapatos de los familiares de los chicos de Ayotzinapa que han denunciado los despropósitos que han vivido, primero frente a Tomás Zerón y sus secuaces, y después con quien sea que finja conducir la institución. El asedio a Anaya es la oportunidad insuperable para contener la respiración e imaginar cuántos pobres inocentes están presos porque este sistema los aplastó.

Hablar sin tapujos de los absurdos de la PGR en este caso resulta indispensable para señalar –otra vez- la antigüedad del uso político del sistema de justicia de este país.

Los priistas inventaron el uso faccioso de las instituciones. Después, los panistas ensayaron, con la complicidad de los priistas. ¿Cómo olvidar que hace poco el objetivo era Andrés Manuel y una parte del sector empresarial aplaudía como focas? Los mismos que publican desplegados con llamados a la ética, pero que son unos agachones frente al evidente desbaratamiento de las instituciones. Peor, que hasta hacen guiños a la justicia selectiva.


Es obvio, porque esas instituciones violentas a ellos nunca los atacan. Pero hoy no pueden decir que funcionan.

Y de eso va poner el acento en la PGR. Hablar de lo que le hacen a Anaya es relevante, no por él –insisto-. Es central, porque también va de nosotros, de la sociedad. Porque pone en perspectiva el país en el que vivimos. Porque le da la razón –una vez más- a las denuncias de miles de víctimas que han advertido la falta de profesionalismo, la captura por la delincuencia organizada, las presiones, el maltrato, la revictimización que han sufrido.

Hay que hablar de lo que hoy hace la PGR en contra de Ricardo Anaya, porque desde ahí se puede extrapolar el autoritarismo en este país. Hablando del desastre en contra del candidato, no hay manera de renunciar a una discusión fuerte e informada del estado de las investigaciones en los casos de los estudiantes de Ayotzinapa, las masacres de Coahuila y Tamaulipas, las investigaciones de Odebrecht, el caso de OHL, la fuga del Chapo, las atropelladas extradiciones, los escoltas de Yarrington y Eugenio Hernández y tantos casos más.

Es perfecto reconocer la bestialidad que están cometiendo con Anaya, porque quien lo haga no podrá evitar pegar el grito en el cielo, manifestarse, rabiar por lo que pasa con #GobiernoEspía. Porque si lo de Anaya irrita, seguro causará furia social la investigación abandonada sobre una de las peores conductas en democracia: autoridades invadiendo la privacidad de las personas.

De eso trata denunciar el atropello contra el político del Frente. De asumir de una vez por todas que en este país las instituciones tienen precio, tienen dueño y que son usadas, incluso, para pleitos entre poderosos. Por eso, así como están, no pueden servir a la sociedad y son inútiles para impartir justicia.

MIGUEL PULIDO 

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ MIGUEL PULIDO)MARZO 2, 2018 7:44 AM)

EL RANCHO ESCONDIDO DEL YERNO DE BELTRONES VALE 280 MILLONES


Todos describen la “Reserva Salazar” como la casa de un rey, escribe Óscar Balderas para Cuadernos Doble Raya en un reportaje sobre la millonaria casa de Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones.



Foto: Daniel Ojeda

Por: Óscar Balderas / INVESTIGACIONES OJOS DE PERRO
Para: Cuadernos Doble Raya
Quienes conocen por dentro la casa dicen que es digna de un rey. Seis trabajadores, caballerangos y albañiles que la han recorrido, hablan de ella como si fuera un castillo maravilloso: elogian sus paredes de piedra, la madera que hay en cada estancia, los lustrosos candelabros que iluminan las copas de vino y hasta la arena que cubre el piso de las caballerizas que cuentan con calefacción individual.

Por fuera, el rancho también parece un castillo: tiene altos muros que protegen la vista hacia la pista privada de salto a caballo, trechos y cañadas bardeadas y una gran puerta de cuatro metros de alto custodiada por guardias que vigilan celosamente la entrada y salida de los visitantes.

Pero en este rancho de lujo con pinta de castillo no vive un rey, sino otro tipo de “realeza”: un senador con licencia, que ha dedicado su carrera a combatir la corrupción.

Este jueves, el diario REFORMA publicó un reportaje sobre una propiedad de Pablo Escudero, militante del Partido Verde Ecologista de México, que se encuentra integrado a un club hípico denominado “Reserva Salazar”, un rancho de lujo que compró por 8 millones de pesos en la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, Estado de México.

El texto del periódico señala que la propiedad tiene una hectárea de extensión y fue adquirida por el yerno de Manlio Fabio Beltrones, expresidente nacional del PRI, en diciembre de 2016.

Ojos de Perro Vs. La Impunidad, en la investigación que inició en noviembre, encontró que Pablo Escudero no actúa como un socio del lugar, sino como único dueño de todo “Reserva Salazar”, pues él y su esposa, Sylvana Beltrones, y nadie más, autorizan quién puede pasar, incluso a las zonas boscosas y una peña que solía ser usada por deportistas para practicar alpinismo.

“Sí, ahí todo es del senador”, admitió el comisario Justiniano Felipe, en referencia a que todo “Reserva Salazar” es la casa de descanso del senador con licencia, y no sólo la hectárea que tiene a su nombre en el título de propiedad 000000014839 inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Ojos de Perro Vs. La Impunidad tuvo acceso a un mapa de las tierras ejidales de Salazar, en Lerma; hizo media docena de visitas a la región y empleó la herramienta digital Google Earth, para delimitar la propiedad que ocupa el senador con licencia y establecer que abarca, al menos, 4.5 hectáreas.

Una propiedad en la misma comunidad, de una extensión de tierra similar, también con pista de salto ecuestre, una casa con acabados de lujo, caballerizas con calefacción y áreas boscosas particulares, es “Rancho San Francisco”. Según un anuncio en la página web Propiedades.com fechado el 29 de enero, éste tiene un precio de venta de 280 millones de pesos.

Es decir, la propiedad que ocupa el senador con licencia Pablo Escudero tiene un valor cercano a 15 millones de dólares.

El rancho de lujo está oculto tras altísimos y frondosos árboles, lo que emula espacios vacacionales del norte de Estados Unidos y Canadá. Ojos de Perro habló con personas que venden terrenos de la zona. De acuerdo con su reporte, entre los vecinos hay figuras tan conocidas como Jaime Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, y Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim. En otro tiempo, el conocido narcotraficante Édgar Valdez Villareal, ‘La Barbie’, también tuvo un rancho en esa zona.



Foto: Daniel Ojeda

“Reserva Salazar” está tan escondida como los expedientes que dan cuenta de su existencia: en el Folio Real Electrónico 00042822, donde deben estar los datos de identificación del terreno, hay un vacío de información. Oficialmente, el rancho de Pablo Escudero no tiene número exterior ni interior, ni lote o sección. “No consta”, se lee en el espacio donde debe estar el nombre de la calle y colonia.

Pero todos en la región, desde el comisario Justiniano Felipe hasta los veladores de las caballerizas con los que habló el reportero, saben que en ese rancho de lujo con forma de castillo, él sigue siendo el rey.

TODO SE PARECE A SU DUEÑO

La vida del senador con licencia Pablo Escudero se parece mucho a la de su rancho: un misterio oculto a la vista de todos. Pese a que ha sido diputado federal, senador y hasta aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el abogado de 44 años ventila poco de su vida privada y de cómo se habría hecho del dinero suficiente para ser el propietario de “Reserva Salazar”.

Pablo Escudero Hinojosa, su padre, ha trabajado como un alto directivo en Grupo IDESA, una empresa privada dedicada a la venta, producción y distribución de productos petroquímicos, según información pública de la consultora S&P Market.

Entre los mejores clientes del papá del expresidente del Senado está Petróleos Mexicanos. La madre del legislador, María Josefa Morales Escudero, ya falleció. De hermanos o hermanas, no hay menciones públicas. A veces, habla de tíos y primos, pero sin detalles.

Sin embargo, Pablo Escudero no participa en el negocio familiar, tal y como lo dijo en una entrevista televisiva en mayo de 2017 con la periodista Katia D’Artigues, quien le preguntó cuál fue la decisión más difícil que ha tomado en su carrera. Él contestó que lo más complicado ha sido mantenerse como servidor público, pues su familia le insiste que se dedique a los negocios familiares, a lo que el legislador ha dicho que no. En la misma respuesta reveló que, a la par de su carrera política, se ha dedicado a conseguirse otros ingresos por su cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es ser socio del restaurante Aitana, ubicado en Lomas Virreyes, al poniente de la Ciudad de México.

“Yo he abierto unos negocios de restaurantes y he tenido otras opciones de asesorías, he tenido muchas invitaciones en la iniciativa privada para ir a hacer auditorías (…) Hay muy buenas oportunidades en el sector privado, en los despachos, para ir a trabajar y tener un negocio privado”, contestó.

Si se excluyen sus ingresos por actividades en el sector privado, la riqueza que por sí mismo habría acumulado Pablo Escudero como servidor público está lejos de rozar los 280 millones de pesos de valor cercano de “Rancho Salazar”: él mismo ha contado que comenzó su trayectoria en el gobierno durante 1996, cuando debutó como analista en la Contraloría Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las plazas con remuneración más baja en toda la dependencia.

Luego, llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y escaló hasta convertirse en Oficial Mayor. Estando en ese puesto conoció a su ahora esposa, Sylvana Beltrones, cuyo padre, Manlio Fabio, propulsó la carrera del ambicioso abogado: se incorporó al Partido Verde Ecologista de México y en los años siguientes se hizo de dos curules, una en San Lázaro en el periodo 2009-2012, y otro en la Cámara Alta.

En una entrevista con el periodista Alberto Tavira, publicada en noviembre de 2014 en el sitio digital Cuna de Grillos, Pablo Escudero aseguró que como diputado ganaba 110 mil pesos mensuales y como senador, 124 mil. Sumando sólo esos ingresos, Escudero ha acumulado unos 18 millones de pesos en casi nueve años como legislador.

Apenas el 6.25 por ciento del valor cercano de “Rancho Salazar”.

LA RUTA AL RANCHO

¿Cómo logró Pablo Escudero Morales hacerse de una tierra ejidal?
Actualmente, la Ley Agraria prohíbe que gente ajena a los ejidos sea propietaria de tierras ejidales. Sin embargo, existen formas de darle vuelta a esa legislación y avecindarse en esas zonas.

Originalmente, la tierra donde está “Reserva Salazar” era un punto perdido en el mapa del Estado de México, rodeado de pinos y casas precarias. Una tierra boscosa que ni siquiera servía para sembrar. Pero el gobierno federal encontró un modo para convertir esa tierra ociosa en un ingreso para los empobrecidos ejidatarios: emparcelar la tierra para repartirla entre los habitantes originales y que ellos tuvieran la opción de conservarla como patrimonio familiar o vender, recuerda el comisario ejidal Justiniano Felipe. La mayoría optó por la segunda opción y foráneos adquirieron las tierras para acapararlas y esperar que el paso del tiempo elevara el valor de esos terrenos.



Foto: Daniel Ojeda

El clima frío, el aire limpio, la cercanía con el distrito financiero de la Ciudad de México y con el aeropuerto de Toluca gustó a acaudalados empresarios, quienes ahí establecieron sus casas de descanso. También atrajo a universidades privadas, como la Iberoamericana y la Anáhuac, que han construido ahí sus nuevos planteles. La mayoría compró a esos foráneos acaparadores.

Uno de ellos es un nombre conocido en el municipio de Lerma: Héctor Alfonso Gutiérrez Casillas, dueño del lujoso Club Hípico Trote Largo, y propietario de, al menos, otros 10 predios en la zona. A él se le atribuye gran parte del “boom” inmobiliario en la comunidad de Salazar, “donde toda la gente bonita de nuestra sociedad tiene una propiedad”, escribió a mediados de 2016 la periodista Lourdes Mendoza en el suplemento de sociales Club del periódico Reforma.

Héctor Alfonso Gutiérrez Casillas, un viejo agente aduanal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y socio de la empresa TMS Division Trucking, fue quien vendió, en una ganga, el terreno de “Reserva Salazar” al senador Pablo Escudero, tal y como se establece en la escritura 62609, volumen 701, del cual fue testigo el notario 1 René Cutberto Santín Quiroz, con sede en Toluca, Estado de México.

Debido a ello, Pablo Escudero se convirtió en vecino de Lerma, donde la desigualdad entre habitantes es muy marcada: en la zona alta, viven los ricos, los que conducen camionetas de lujo y se pasean en hermosos caballos que duermen con calefacción propia; en la zona baja, los pobres, que trabajan vendiendo comida y en invierno se congelan en casas precarias con temperaturas bajo cero.

Ahí pasa gran parte de sus días el expresidente de la Comisión Anticorrupción del Senado desde que, el 11 de octubre de 2017, abandonó el cargo de presidente de la Cámara Alta en medio de aplausos y elogios por parte de sus compañeros legisladores.

Cuando tocó el turno de despedirse del escaño, Escudero dedicó cuatro minutos a decirle adiós a la que llamó la responsabilidad política más grande de su vida.
“Vengo a decirles que me voy contento después de haber cumplido con las metas que tenía antes de llegar al Senado de la República (…) Hago votos por los meses que faltan”, fueron sus últimas palabras en la Cámara alta.

Desde entonces, Pablo Escudero cabalga, en su rancho escondido, hacia lo que le depare el futuro: fiscal anticorrupción, diputado, autor de un libro sobre su lucha contra el enriquecimiento ilícito… acaso empresario alejado de la vida pública.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ MARZO 2, 2018 11:16 AM)

BOSQUE DE CODICIA: EL ABOGADO Y LOS NUEVOS VECINOS (PARTE I)



Empresarios y artistas buscan establecer sus viviendas de descanso en Salazar, un poblado del Estado de México donde abundan las historias de despojo, pero también de lucha comunal.

La geografía privilegiada que tiene la comunidad de Salazar en Lerma, Estado de México, fue un lujo natural para sus habitantes hasta hace tres años, cuando la codicia inmobiliaria se fijó en las tierras de un pueblo rodeado por una amplia zona boscosa, delimitada por un parque nacional, una laguna, la vía del extinto ferrocarril y la carretera México-Toluca.

Hoy, las tierras ancestrales que conforman el poblado de Salazar albergan dos realidades opuestas y una disputa legal por la ocupación de 217 hectáreas de bosques y parcelas agrícolas, litigio que sostienen con la comunidad de San Mateo Atarasquillo desde 1947.

Una realidad son los ocho comuneros que fueron detenidos y encarcelados desde el 31 de agosto de 2017, acusados de los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la libertad y lesiones por defender un terreno que se localiza junto al panteón de Salazar, que se habría vendido de forma presuntamente ilegal a un grupo de particulares en el año 2015.

La otra cara de la moneda son los ranchos hípicos y fincas de descanso de grandes empresarios, como el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim; el Consejero de Grupo Grisi, Carlos Alberto Grisi Mariscal; el Director de Grupo Comercial Chedraui, Federico Carlos Fernández Senderos, y uno de los dos accionistas de Grupo Corrado, Ricardo Nizri Guasp.

Grupo Corrado es una compañía contratista de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Nizri funge como su representante legal en la mayor parte de las licitaciones.



También figuran como propietarios de grandes extensiones de bosque acaudalados integrantes de la clase política mexicana, como el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, cuyo rancho fue evidenciado por el diario Reforma en una investigación especial publicada este jueves.

Con una extensión de una hectárea y un costo de ocho millones de pesos, el rancho de Escudero goza de un camino empedrado para conectar con la carretera Salazar-Huixquilucan y vigilancia las 24 horas del día, según pudo constatar Reforma.

Otro de los nuevos residentes de la comunidad es León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del coordinador del bloque PT- Morena en el Senado, Manuel Bartlett Díaz. Bartlett Junior adquirió un terreno de más de una hectárea y al momento de recibir su certificado parcelario, el hijo del senador proporcionó como su domicilio un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Germán Rojas Nava, integrante de la Comisión Agraria de Salazar, asegura que existen más personas involucradas en la compra y venta de predios que históricamente pertenecen a su comunidad, entre los que menciona a la actriz Yolanda Andrade y al empresario José Luis Vaca Bonilla, mismo que en septiembre de 2017 obtuvo un permiso del ayuntamiento de Lerma para bardear un terreno de tres mil metros cuadrados en la zona que Salazar disputa con San Mateo Atarasquillo.

“Sabemos de un señor que se llama José Luis Bonilla Vaca que ha revendido muchas hectáreas, también sabemos de Yolanda Andrade con su fundación ‘EsTuDía’ porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya le había concedido todos los permisos para el cambio de uso de suelo”, explicó.

Suplente en la Comisión Agraria, Francisco Ceballos, señala que los certificados parcelarios que amparan las supuestas propiedades de Carlos Alberto Grisi, Federico Carlos Fernández, León Manuel Bartlett y Ricardo Nizri Guasp, se otorgaron de forma irregular, puesto que ese tipo de documentos sólo se pueden otorgar a los propios comuneros.

 


Agrega que esos títulos parcelarios fueron expedidos a nombre de la comunidad La Cima San Mateo Atarasquillo, pero sostiene que se trata de terrenos ubicados dentro de Salazar y que se trata de ventas ilegales, aprovechándose de la buena fe de los compradores.

Otros presuntos compradores, señala Ceballos, son la conductora de televisión Montserrat Oliver, un hijo del cantante de Vicente Fernández y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, aunque en estos casos no cuentan con ningún tipo de documento para comprobarlo.

Por otro lado, el abogado Mario Alberto de León Venegas, quien se ostenta como representante legal de un grupo de 18 a 20 compradores cuyos nombres se reserva, sostiene que sus clientes adquirieron de forma legal, puesto que la comunidad de La Cima de San Mateo ganó en definitiva el conflicto agrario y se le reconocieron todos los derechos sobre los terrenos en disputa.

Además, sostiene que entre sus clientes no se encuentran artistas o grandes empresarios, pero se niega revelar cualquier nombre, con el argumento de la secrecía profesional. Incluso, considera que no hay ningún documento que dé la razón a los comuneros de Salazar, quienes han encontrado referencias de la existencia del poblado y de sus posibles derechos desde 1550, durante el virreinato.




PRESENCIA EN EL LITIGIO AGRARIO

La recomendación 269/1992 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que el abogado Mario Alberto de León Venegas participó en el fraude, despojo de tierra con violencia y venta ilegal de parcelas de San Juan de Ocotán, localidad indígena ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

En la queja se señala que los documentos utilizados para quitar las tierras a los indígenas fueron falsificados y avalados con certificaciones y declaraciones falsas. En estos hechos participaron funcionarios agrarios y el propio abogado Mario Alberto de León.

 


En sus conclusiones, se afirma que el litigante jalisciense y accionista de la empresa inmobiliaria  Arquitectura y Espacios Beda, creada en Jalisco, se coludió con ex líderes comunales de San Juan de Ocotán para despojar al resto de los ejidatarios de sus propiedades.

Textual, la recomendación dirigida al entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, señala que del análisis que obra en el expediente se pudieron detectar “irregularidades cometidas en contra de la Comunidad de San Juan de Ocotán, Jalisco, por parte de los ex-integrantes de la Mesa Directiva”.

Se nombra a Elías Noguera, David Olivares, Daniel Anguiano, Rito Ramos, Tereso Díaz Timoteo Jiménez, Reynaldo Olivares y Cipriano Flores como autoridades responsables de dichas irregularidades, los cuales fueron auxiliados “por el licenciado Mario Alberto de León Venegas, quienes realizaron la venta ilegal de parcelas, adjudicación de las mismas a personas ajenas a la comunidad, explotación indebida de recursos naturales y mala administración”.

Además, la CNDH afirma que De León Venegas “se quedó con el sello y material membretado de la comunidad y los usó en forma indebida y perjudicial para esta última”, puesto que se aprovechó de la comunidad que representaba para ceder un predio rústico que no era objeto de transacción alguna y para transferir una “finca” en Guadalajara a una persona totalmente desconocida para los comuneros de San Juan Ocotán.

Veintidós años después, otra comunidad de escasos recursos acusa a  Mario Alberto de León Venegas de ser partícipe en el despojo de sus tierras, pero él argumenta que es el representante legal de la comunidad de La Cima San Mateo Atarasquillo y no de una compañía inmobiliaria o grupo empresarial.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ JUAN OMAR FIERRO/ MARZO 2, 2018 9:33 AM)



#FUERAPGR


La indignación contra una Procuraduría General de la República encabezada por un pelele, crece por horas. Al inusual actuar expedito de armar en tres semanas un caso de presunto lavado de dinero que impacta mediáticamente, por ahora, al candidato presidencial Ricardo Anaya, se sumó la difusión del video de entrega de un escrito al Procurador interino, Alberto Elías Beltrán, donde le pide aclarar si estaba sujeto a una investigación. La indignación pública que se expresó en las redes sociales con el hashtag #FueraPGR, provocó la intervención del Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para apagar el incendio, pero Beltrán lo avivó. Difundir el video, dijo, no tuvo como intención intervenir en la campaña presidencial.

El video de marras registra un intercambio amable entre Anaya y un funcionario de la PGR, tras lo cual se escucha una voz -según Diego Fernández de Cevallos, que lo acompañó, es suya- que dice posteriormente sin dirigirse a nadie en específico, “hijo de puta”. La oficina de prensa de la PGR, encabezada por el ex jefe de prensa de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, impulsó un spin en los medios que podría resumirse en el silogismo de Anaya es un grosero que falta el respeto a la autoridad, y como tiene conocidos imputados por lavado de dinero que también le faltan el respeto a la autoridad, también es un delincuente.

La PGR, convertida en la Procuraduría de la Moral, tipificó mediáticamente el “hijo de puta” como un crimen contra las buenas costumbres. Beltrán, dispuesto a sacrificar su prestigio profesional a cambio de contribuir al descarrilamiento de la candidatura de Anaya, y apoyar la candidatura priista de José Antonio Meade, se ha prestado a todo lo que le ordenen, como lo ha demostrado en su breve gestión como encargado del despacho.

Antes del video congeló la indagatoria sobre funcionarios involucrados en la corrupción de Odebrecht, ha retrasado el proceso de extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, está preparando el cierre del Caso Ayotzinapa para después de la elección presidencial donde mantendrá la hipótesis de la “verdad histórica”, y mandó de vacaciones a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, que está paralizada.

La difusión del video, justificó la PGR, respondió al interés público, un eufemismo del interés de la campaña de Meade para remachar ante el electorado que Anaya no es un tipo de fiar. Pero la forma como lo hicieron fue para demostrar que se había negado a declarar ante el Ministerio Público, sugiriendo culpabilidad. En términos jurídicos, Anaya no tenía por qué declarar. No está imputado en la investigación sobre lavado de dinero -cuando menos hasta ahora, ni tampoco ha sido requerido en calidad de testigo. Lo que hizo la PGR fue el uso mediático de ese documento visual.

La PGR asegura que la difusión del video no violó ninguna norma, quizás porque no hay reglamento sobre las canalladas políticas. Las videograbaciones se utilizan para tener registros de acciones y declaraciones, y sirven para probar ante un juez que se salvaguardaron los derechos de la persona en los procesos judiciales, no para ser utilizadas con fines políticos. El video de la PGR tiene audio, pese a que esos dispositivos se emplean básicamente para identificación. Sin embargo, en algunas áreas de la PGR, sus áreas de recepción y delegaciones, el sistema de circuito cerrado de televisión que emplean sí cuenta con audio. Las imágenes del video tienen el sello de agua de la PGR, para que no quedara duda de dónde viene. ¿Qué pretende?

La primera reflexión lleva a la memoria de los 90s, cuando el fiscal Pablo Chapa, encargado por el Procurador panista Antonio Lozano Gracia de la investigación por el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, imputó a Raúl Salinas, el hermano del ex Presidente, como presunto responsable del crimen. La investigación estaba paralizada por falta de pruebas, por lo que Lozano Gracia autorizó que le entregaran a Reforma una fotografía que no tenía nada que ver con el caso, donde Salinas aparecía en un yate con María Bernal, una española con quien había tenido una relación. La publicación de esa fotografía sin contexto ni relevancia en el caso, generó suficiente reacción negativa contra Salinas por razones ajenas al crimen, que dio espacio de maniobra a la PGR para seguir buscando evidencias de su presunta responsabilidad. Una década después, Salinas fue exonerado de la acusación, al comprobarse que todo se había construido por razones políticas.

No hay mucha diferencia con lo que está haciendo la PGR de Beltrán. Su video no tiene nada que ver con la investigación sobre lavado de dinero de un amigo de Anaya, pero genera un clima de opinión pública negativo sobre el candidato que le da el espacio para seguir buscando evidencias y eventualmente, quizás, imputarlo y sacarlo de esa forma de la contienda presidencial.

Hoy como en aquél entonces, se utiliza a la justicia con fines políticos. Pero hoy, a diferencia de aquél entonces, el objetivo de la PGR es un candidato presidencial. El uso político de la ley en 1994 provocó la distorsión del Estado de Derecho cuyas consecuencias seguimos arrastrando un cuarto de siglo después. Hoy, la PGR de Beltrán está cínicamente actuando contra Anaya y trabajando en su contra. Que nadie se equivoque. Si Anaya es culpable de algún delito, que se proceda contra él, pero con el sigilo de ley, no ventilando especulaciones que afecta la calidad democrática de la elección presidencial y quitando en su desesperación por descarrilar a Anaya, legitimidad a todo el proceso electoral.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 02/03/2018 | 04:08 AM)  

SE ENOJARON LOS GRINGOS


La relación entre México y Estados Unidos está más deteriorada de lo que parece. Los últimos exabruptos del Presidente Donald Trump al negarse el Presidente Enrique Peña Nieto a pagar por el muro fronterizo, son lo de menos, por más sanguíneos que sean. La relación se siente quebrada al haberse suspendido el intercambio de información sensible en materia de seguridad, y al cerrarse dentro del gabinete estadounidense los canales de intercambio en temas altamente delicados para la seguridad nacional. El gobierno de Peña Nieto inició mal su relación con la administración de Barack Obama, cuando suspendió la amplia cooperación alcanzada con el gobierno de Felipe Calderón, y terminará igual o peor con Trump.

El caso más evidente es la información que tiene la Casa Blanca sobre la interferencia rusa en el proceso electoral mexicano, expuesto ante la opinión pública en un discurso del consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster el 15 de diciembre pasado en la Fundación Jamestown en Washington, donde afirmó: “Estamos viendo que realmente hay un sofisticado esfuerzo para polarizar en sociedades democráticas y echar a pelear una con otra a comunidades dentro de esas sociedades. Ya estamos viendo las primeras señales de ello en la campaña presidencial en México”.

Públicamente, el Gobierno mexicano minimizó esos señalamientos y mentir en un principio que no tenía evidencia alguna de ello. Sin embargo, la reacción privada fue diferente. En noviembre pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Moscú para reunirse con el canciller ruso Serguéi Lavrov. Oficialmente fue para revisar el estado de las relaciones bilaterales, y al término de su encuentro descartaron las versiones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales mexicanas. “El Gobierno mexicano no tiene ninguna evidencia que valide esta hipótesis”, aseguró Videgaray. Fuentes diplomáticas, sin embargo, admitieron que el viaje fue preventivo y para buscar abrir canales de comunicación fluidos con Moscú. Las alertas en el Gobierno mexicano se habían levantado pese a la postura pública de restarle importancia.

El 31 de enero, los senadores Marco Rubio, precandidato republicano a la Presidencia, y Bob Menéndez, el demócrata de mayor rango en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, en vísperas de un viaje a México y América Latina, que planteara al gobierno mexicano recibir ayuda estadounidense para salvaguardar su proceso electoral, dado que “los sistemas electorales débiles pueden ser explotados fácilmente y manipulador por actores maliciosos como Rusia”. Los senadores dijeron estar “crecientemente preocupados” por la interferencia rusa en las elecciones mexicanas. El 2 de febrero, al iniciar su gira por la región, Tillerson urgió al gobierno de Peña Nieto en la Ciudad de México que estuviera atentos a la interferencia rusa.

El gobierno solicitó a Tillerson información para sustentar lo que advertían en Washington, y de acuerdo con fuentes del gobierno federal, lo único que han recibido desde entonces son evasivas. “No han querido darnos más información de lo que públicamente han dicho”, dijo una de las fuentes mexicanas. “Nos han dicho que nos darán información, pero no nos han proporcionado nada”. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han proporcionado las evidencias que McMaster dijo tener, a menos que se las hayan proporcionado a Videgaray durante su viaje reciente a Washington y la información no haya sido compartida más allá del presidente Peña Nieto. Esta posibilidad, sin embargo, es remota.

La información en poder del gobierno de Estados Unidos donde aparece México se refiere al Proyecto Lakhta, desarrollado por la Agencia de Investigación en Internet, con sede en San Petersburgo, dedicada a la creación de páginas en Facebook para diseminar temas controversiales que estimularan el encono, utilización de cuentas falsas en las redes sociales o cuentas apócrifas mediante el robo de identidad. El Proyecto Lakhta abarcó a 11 naciones, enfocado sobre todo en Estados Unidos, y recientemente fue puesto al descubierto al ser acusados por el Departamento de Justicia 13 ciudadanos rusos y 13 empresas de esa nación. En la acusación no se mencionó a ningún país por nombre salvo a Estados Unidos.

La Agencia de Investigación en Internet era el corazón de lo que han llamado “la granja de troles”, descrita ayer en este espacio, donde se mencionó que información en poder del Instituto Nacional Electoral muestra que en los últimos meses han notado una actividad extraña procedente de San Petersburgo. Las fuentes del gobierno mexicano indicaron que sí existen evidencias de injerencia rusa en el proceso electoral mexicano, pero que esa información aún es precaria, por lo que habían recurrido al secretario Tillerson para que su país les aportara más información para construir un andamiaje de blindaje. La respuesta ha sido negativa.

Los servicios de inteligencia mexicanos han podido detectar desde hace tres años la creación de páginas en las redes sociales donde se ha venido diseminando en español propaganda rusa y apologética sobre el Presidente Vladimir Putin. También han aparecido páginas en Facebook donde se ha estado atacando a candidatos presidenciales, sin preferencia sobre uno específico, alentando la polarización. Hay una serie de cuentas en Twitter que se han analizado, pero la capacidad para poder determinar si son parte de la operación desde San Petersburgo es limitada. El tiempo está corriendo en la campaña presidencial y el gobierno de Estados Unidos mantiene la veda de información para México. Los funcionarios peñistas desconocen las razones de ello, pero sugieren que quizás no quieran compartir esa información porque pudiera poner en riesgo la identidad de sus informantes, en Moscú o en México.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
@rivapa

(NOROESTE/ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 01/03/2018 | 04:02 AM) 

LA GRANJA DE LOS TROLES


La evidencia que en México consideran inexistente de la intervención rusa en el proceso electoral en este país quedó expuesta, de manera fragmentada, de una manera inesperada: la acusación de un Gran Jurado del Distrito de Columbia en contra de 13 rusos con vinculaciones al Kremlin, por haber interferido en el sistema político de esa Nación y en las elecciones presidenciales de 2016. En la acusación de un Gran Jurado en el Distrito de Columbia se ubica como el núcleo de la intervención una granja de troles creada en San Petersburgo, desde donde lanzaron una guerra cibernética contra varios países. Los fiscales estadounidenses no mencionaron a México, pero en el último año, de acuerdo a pruebas que tiene el Instituto Nacional Electoral, cuentas desde San Petersburgo han intentado subvertir el proceso electoral mexicano. Y hasta este momento, no se conoce de ninguna granja de troles adicional en esa ciudad, que esté buscando polarizar, enfrentar y romper sociedades democráticas en el mundo.

Los detalles de cómo lo han hecho en México durante todos estos meses no han trascendido, pero la acusación del Departamento de Justicia dibuja un esfuerzo colosal que llegó a costar un millón 250 mil dólares mensualmente, mediante el cual no sólo reclutaron un ejército de personas en Rusia que introducían mensajes y memes a través de cuentas falsas o de cuentas de identidades robadas, sino que acompañaron la guerra cibernética con la organización de manifestaciones y protestas en Estados Unidos, articuladas a través de sus redes y con activistas estadounidenses que no sabían que eran manipulados para servir a los intereses políticos rusos, luego de infiltrar a sus organizaciones sociales y en varios casos, a oficinas de campaña regionales del entonces candidato Donald Trump.

El Gran Jurado aceptó las pruebas presentadas por los fiscales del Departamento de Justicia de la interferencia rusa en el sistema político estadounidense, incluida la elección presidencial, en lo que describieron como “una guerra de información contra los Estados Unidos” con el objetivo de “diseminar la desconfianza hacia los candidatos y al sistema político en general”. La acusación muestra que la injerencia se dio antes incluso que Trump anunciara su candidatura presidencial, y que si bien durante 2016 trabajaron para que ganara a costa de desacreditar a Hillary Clinton, una vez electo también organizaron grupos de activistas y manifestaciones en varias ciudades de la Unión Americana para repudiarlo. El propósito no era la victoria de un candidato, sino el desmantelamiento del sistema.

“La acusación sirve como recordatorio que la gente no es siempre lo que parece ser en internet”, dijo el Procurador General adjunto, Rod Rosentein, al presentar el fallo del Gran Jurado. “La acusación argumenta que los conspiradores rusos quisieron promover la discordia enn Estados Unidos y minar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que eso suceda”. El caso criminal revela todo un sofisticado entramado que comenzó a funcionar a principio de 2014 con la Agencia de Investigación en Internet, localizada en Olgino, en San Petersburgo, cuya granja de troles -una fábrica que genera contenido en red que busca afectar a la opinión pública a través de desinformación y mentiras- que llegó a tener hasta 300 troles, de los cuales 80 se enfocaron en Estados Unidos.

La granja, llamada en la acusación sólo como la “Organización”, estaba financiada por Yevgeny V. Prigozhin, quien ha sido descrito en la prensa estadounidense como un ex atleta que fue encarcelado por robo, que al colapsar la Unión Soviética a principio de los 90 comenzó un negocio de hot-dogs que fue creciendo con tiendas de autoservicio y restaurantes, a través de los cuales se conectó con el Presidente Vladimir Putin, a quien le proporcionaba servicio de catering para sus cenas de estado, lo cual le valió el peyorativo del “cocinero de Putin”. La operación montada por la Agencia de Investigación de Internet utilizó más de 3 mil cuentas de Twitter a través de las cuales se escribieron 175 mil 993 tweets, según reveló la empresa en enero. Facebook también encontró cientos de cuentas vinculadas a los rusos, mediantes los cuales alcanzaron, con mensajes en su plataforma y en Instagram, a alrededor de 146 millones de personas.

Una de las lecciones que deja la acusación, desde el punto de vista sociopolítico, es que cuando comenzó la intervención rusa para promover la polarización, la sociedad estadounidense ya estaba dividida por la discordia. Amanda Taub y Max Fisher, quienes escriben en The New York Times la columna The Interpreter, citaron un paper académico de Jay J. Van Bavel y Andrea Pereira donde discuten cómo el partidismo y la polarización por la falta de acuerdos alteran la memoria, la evaluación y el juicio, que añadido a la atracción humana por lo falso y las noticias que no son verdaderas, ponen en riesgo la salud funcional de la democracia.

“Esto ha infectado al sistema político estadounidense, debilitado su cuerpo político y lo ha dejado vulnerable a la manipulación”, escribieron Taub y Fisher. “La desinformación rusa parece haber exacerbado los síntomas, pero lo que se teje en la acusación son recordatorios que la enfermedad subyacente, más dañina, fue todo hecho por los estadounidenses”.

Los síntomas existen en México, la polarización, la difamación, la discordia, el encono. La evidencia es que lo que pasó en Estados Unidos, salió de la granja de troles que también tiene huellas en México. ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto manipulado? No lo sabemos aún. Pero quien niegue los riesgos y los costos de esta división nacional, no ha entendido nada.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/28/02/2018 | 04:08 AM)  

EL PELIGRO PARA MÉXICO


La campaña de José Antonio Meade lanzó un nuevo spot dirigido contra Andrés Manuel López Obrador. En él incorpora una secuela de actos de violencia en las calles de la Ciudad de México y una batería de contrastes entre el país que, en su interpretación, busca cada uno de los candidatos. El spot busca sembrar el miedo en la mente del electorado, evocando aquél mensaje en la contienda presidencial de 2006 que llamaba a López Obrador “un peligro para México”. El nuevo spot es un absurdo por cuanto al efecto que quiere causar. La pregunta hoy en día sobre a quién realmente consideran los mexicanos que es un peligro para México, no sólo sorprendería a muchos, sino muestra el error táctico de la campaña de Meade.

El spot de la campaña de Meade apunta hacia el estímulo de la aversión al riesgo, pensando que las mexicanos tienen en esa casilla a López Obrador. La aversión al riesgo se da principalmente cuando las cosas -políticas, económicas y sociales- marchan por buen camino. ¿Por qué arriesgar en las urnas si el entorno es favorable? Los riesgos se toman cuando las cosas no están bien y sufren deterioro. A los factores objetivos se le suman los subjetivos, dominadas por las reacciones emocionales en la toma de decisiones políticas, que son indivisibles. Las emociones no sólo moldean la forma como se piensa y actúa, sino también, de acuerdo con los especialistas, potencian la capacidad de deliberación.

Quienes tienen más aversión al riesgo son aquellos que tienen más que perder. Se puede argumentar entonces que quienes reconsiderarían más su voto, serían quienes están mejor educados y tienen niveles socioeconómicos por encima de la media. Si tomamos en cuenta las encuestas, tampoco es López Obrador quien sale peor librado. En la última medición de la empresa Buendía&Laredo publicada en El Universal en enero, la población con mayor escolaridad y mejores ingresos apoyaban a López Obrador en un 32 por ciento, contra 18.4 por ciento que respaldaban a Meade.

En términos de violencia, las imágenes proyectadas son parte del paisaje nacional, cuya gravedad no es responsabilidad de López Obrador, sino del gobierno del Presidente Peña Nieto. Los camiones incendiados y los radicales que aparecen en el spot, no provocan lo que pretendía el spot, sino traen a la mente la violencia por el narcotráfico desbocado, producto del colapso de la estrategia del gobierno, cuyos números en homicidios dolosos son 20 por ciento superiores a los que tenía el ex Presidente Felipe Calderón, y significan el máximo alcanzado en la historia.

El spot también utiliza dos figuras sindicales recientemente reclutadas por López Obrador, la maestra Elba Esther Gordillo, y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, para subrayar que el candidato de Morena camina hacia la impunidad y les va a perdonar sus delitos. Gómez Urrutia, acusado de un fraude por 55 millones de dólares a un fideicomiso de 10 mil mineros, libró la acusación penal en 2014 y un juez le canceló las órdenes de aprehensión. El juez dijo que podría juzgársele en otro ámbito que no fuera el penal, pero la PGR optó por no denunciarlo. Entonces, quien le abrió la puerta de la impunidad fue el actual gobierno, no López Obrador. En el caso de la maestra Gordillo, se ha insistido en este espacio que es una prisionera política, al haberle fincado acusaciones que no se han sostenido. La acusación por la que podría juzgársele, el probable delito de fraude y desfalco al sindicato magisterial, nunca se le formuló.

En la actualidad, se puede alegar, quien ha generado riesgos para los mexicanos no es López Obrador, sino el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad, en incertidumbre económica y en los niveles de impunidad galopantes-. Recurrir al miedo fue una estrategia que se utilizó en 2006 por la campaña de Calderón, en un entorno donde los negativos de López Obrador era prácticamente iguales, o superiores, a los de su adversario. Hoy, las cosas han cambiado.

La misma encuesta mostró que el 25 por ciento tiene una mala imagen de López Obrador, contra 24 por ciento que tiene de Meade. La diferencia es que el candidato de Morena tiene 49 por ciento de imagen positiva, por 19 por ciento del candidato oficialista. Los números de Meade se magnifican cuando se ve que lo conoce el 67 por ciento de la población, mientras que los de López Obrador se matizan cuando las cifras se anclan en un 97 por ciento de conocimiento. López Obrador ha ido reduciendo sus negativos, mientras que Meade, en tanto más lo conocen, más gente piensa mal de él, quizás no por él, sino por los lastres que arrastra de la desaprobación del presidente -casi 80 por ciento-, y de la carga que significa el PRI -más de 55 dicen que votarán contra ese partido-.

El spot es un nuevo lance fallido. Fue ideado por Alejandra Sota, responsable de Estrategia de Comunicación, y desarrollado por el argentino José Beker. Sota formó parte del equipo de Calderón de donde salió el spot de “un peligro para México”, reeditado en condiciones totalmente distintas a las de 2006, sin entender los cambios de paradigmas que se han vivido. Pero esto no es novedad. En la campaña del candidato oficialista, la equivocación ha sido la constante. La prueba contundente la dio la encuesta de Buendía&Laredo, cuando preguntó: “¿Cuál de los siguientes escenarios cree que sería el peor para México”? El 65 por ciento respondió PRI; el 27 por ciento, López Obrador. Más grave aún es que la tendencia contra el PRI, sube sin freno.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 27/02/2018 | 04:02 AM)  

EL SENADOR DE ANDRÉS MANUEL (II)


Napoleón Gómez Urrutia tiene sueños de grandeza. Poco después de que un juez le cancelara las órdenes de aprehensión que lo salvaba de ir a la cárcel por un fraude de 55 millones de dólares a 10 mil mineros –el fallo es que su caso tenía que juzgarse en un ámbito que no fuera penal-, recibió en Vancouver al entonces Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con quien habló de los conflictos mineros que mantenían las secciones bajo su liderazgo en México. Gómez Urrutia quería regresar a México, pero por la puerta grande. Le pidió que fuera recibido por el Presidente Enrique Peña Nieto y, en un acto de exoneración, pronunciara un discurso de reconocimiento. La solicitud ni siquiera fue discutida en ese momento. Las pretensiones eran cósmicas. Navarrete Prida le dijo que no veía que existieran condiciones políticas para que regresara a México.

Las condiciones políticas nunca se construyeron, ni la coyuntura jurídica adecuada. En todo caso, le dijo Navarrete Prida, tenía que saldar, antes que nada, su relación con Germán Larrea y el Grupo México, que fue el detonante de las demandas en su contra. La propuesta es que tuvieran una separación en los contratos colectivos, lo cual se fue haciendo en todos estos últimos años. Paralelamente, su abogado Marco del Toro, le sugirió desde un principio que era mejor no regresar a México porque en cualquier momento podrían fincarle nuevas acusaciones. Gómez Urrutia tuvo que mantener su residencia en Canadá hasta que surgió el ofrecimiento del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador para ser senador plurinominal.

El líder minero, que ha ido perdiendo contratos colectivos con las empresas mineras, se siente reivindicado y listo para regresar a México una vez que tenga fuero, aunque habría que preguntarse si realmente va a llegar ese día porque tiene, en principio, un problema de elegibilidad. Varios constitucionalistas han declarado a la prensa que no podría ser porque no tiene los seis meses de residencia exigida para un cargo de elección popular, al llevar 12 años viviendo en Canadá. El artículo 55, fracción III de la Constitución exige la residencia efectiva en una candidatura de mayoría, pero en las listas de circunscripciones plurinominales basta ser originario de alguna de las entidades que comprenda la circunscripción.

El problema de la elegibilidad apunta en otra dirección. Gómez Urrutia tiene nacionalidad canadiense, de acuerdo con una declaración pública de sus abogados, el mexicano Del Toro y el canadiense David Martin, quienes afirmaron en agosto de 2013 que el gobierno de esa nación le había otorgado la ciudadanía el 30 de junio de ese año. Los abogados afirmaron que el líder minero había recibido una carta de bienvenida del entonces Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, después de un acto para la entrega de su certificado.

La ciudadanía canadiense le impide ser candidato a cualquier puesto de elección popular, al establecer el artículo 32 de la Constitución: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será́ aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.

Este artículo se refiere implícitamente a un conflicto de interés. Si se tienen dos nacionalidades, ¿a qué país le será leal? ¿Cuáles son los intereses que prioritariamente defenderá? En una entrevista el viernes pasado en Foro TV, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que los intereses de Gómez Urrutia son trasnacionales. Ha gozado de protección de sindicatos mineros en Estados Unidos y en Canadá, así como del sindicato de la industria automotriz en Estados Unidos, dijo Castañón, como parte de una coalición internacional en contra de la industria mexicana.

“Los sindicatos estadounidenses y canadienses de la industria automotriz se quieren meter en los sindicatos mexicanos”, agregó. “Por eso apoyan que desde foros internacionales, ese señor opine sobre los contratos colectivos. Ha ido a hablar en foros internacionales y ha promovido una corriente en contra de la paz laboral mexicana”.

Los intereses explícitos de Gómez Urrutia son trasnacionales. La nominación a una senaduría plurinominal generó reacciones de apoyo del Sindicato de Trabajadores del Acero en Estados Unidos y Canadá, así como de la organización Trabajadores Unidos, que aglutina a los sindicatos más poderosos  de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El líder minero también se ha relacionado con el Nuevo Partido Democrático canadiense, a través de contribuciones registradas a ese instituto entre 2009 y 2017.

En México, la reacción ha sido negativa, y es uno de los temas de mayor longevidad pública contra López Obrador de los últimos años. El candidato presidencial lo ha estado defendiendo y señalando que el líder minero fue víctima de una persecución política, sin explicar cómo su postura nacionalista puede cohabitar con un personaje que en los últimos años ha defendido intereses extranjeros. Este tema puede debatirse, pero no elimina la inelegibilidad para aspirar al cargo que le ofrecieron.

No está claro si López Obrador estaba al tanto de la ciudadanía canadiense de Gómez Urrutia, o si el líder minero lo advirtió y aun así corrió el riesgo de postularlo. Pero la Constitución se lo impide, lo cual obligará a López Obrador a retirarle la nominación y, con ello, eliminar el fuero que estaba buscando Gómez Urrutia para regresar a México con la gloria que sueña, o como en otras ocasiones, se aferre a su decisión y la defienda hasta la ignominia.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26/02/2018 | 04:09 AM)  

CITA EN LA CASA BLANCA


La reunión que fue a pedir a la Casa Blanca el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, del Presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump, se ha puesto en espera. En esta ocasión no depende directamente de Trump, aunque indirectamente él es la causa. Una evaluación en Los Pinos tras recibir el informe de Videgaray de que los asesores de Trump habían estado receptivos para una próxima reunión de trabajo, fue que no había condiciones reales para el encuentro por la volatilidad del estadounidense y la poca certidumbre sobre sus compromisos y acciones. El tema es el mismo por el que han chocado en público otras veces, la construcción del muro fronterizo. Los mexicanos siguen analizando si una fotografía de los dos presidentes que envíe un mensaje a los mercados que observan el curso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vale la pena para correr el riesgo de un exabrupto de Trump.

En tres ocasiones Peña Nieto ha tenido que padecer los excesos retóricos de Trump. La primera vez, cuando lo invitó a Los Pinos durante la campaña presidencial de 2016, acordaron que no hablarían del muro, ni en el encuentro con sus asesores, ni ante la opinión pública, por las posiciones irreconciliables entre los dos. Ni Trump dejaría de decir que México pagaría por esa barrera, ni Peña Nieto cambiaría su tajante rechazo a la propuesta. La segunda tras la toma de posesión en enero del año pasado, cuando mientras se afinaba la agenda de trabajo para una reunión cinco días después, Trump afirmó que México tenía que pagar por el muro y, si no, mejor sería que Peña Nieto suspendiera su visita a Washington. La tercera fue durante la reunión del G-20 en Hamburgo hace un año, donde ante una pregunta durante la conferencia de prensa tras sus conversaciones bilaterales, Trump ratificó que los mexicanos pagarían por el muro.

Trump no puede recular, aunque quisiera. El muro fue el vector a través del cual desdobló la narrativa de su campaña presidencial y con el cual ganó el voto de los sectores más conservadores de Estados Unidos, que ha mantenido unidos hasta este momento, por su postura intransigente sobre el muro. Aunque es más simbólico que una barrera real infranqueable, la construcción del muro ha sido un elemento cohesionador de su electorado base en los tiempos más difíciles de su administración. En la reflexión sobre los costos y beneficios de una reunión con Peña Nieto, la decisión, por ahora, es no concretarla. El problema colateral es que de ese encuentro dependía una parte del mantenimiento de la relación bilateral.

Una consecuencia inmediata de la falta de definición sobre la reunión presidencial fue la posposición del viaje de la nueva secretaria de Seguridad Interna, Kirjsten Nielsen, quien tenía programada una reunión de trabajo este viernes en la Ciudad de México con el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Iba a ser la primera entrevista de Navarrete Prida con un alto funcionario del gobierno de Trump, puesto que en una oportunidad reciente, cuando el secretario de Estado, Rex Tillerson, lo invitó a cenar a la casa de la embajadora Roberta Jacobson junto con el gabinete de seguridad, al iniciar una gira por América Latina hace dos semanas, el Secretario de Gobernación declinó para que no fuera un encuentro social su punto de partida en la relación institucional con sus pares.

La posposición este viaje provino de Washington. Nielsen y Navarrete optaron porque las nubes se disiparan de los cielos de los presidentes, antes de continuar con las pláticas bilaterales en materia de seguridad regional, la gran preocupación del gobierno de Estados Unidos, por la inmigración centroamericana. El impasse se puede romper en cualquier momento, si en una nueva evaluación en Los Pinos se concluye que el riesgo de un desaguisado es menor que los beneficios que pueda traer la reunión, donde se abordarían de manera más concreta lo que tangencialmente hablaron Peña Nieto y Trump por teléfono el martes, seguridad, inmigración y comercio.

Los dos primeros temas es donde hay más acuerdo, porque la inmigración centroamericana también se ha convertido en un problema para México, y existe la convicción de que se tiene que reforzar la frontera sur mexicana para actuar como un amortiguador de los migrantes y las bandas criminales asociadas con las rutas de contrabando humano. En donde se mantienen las diferencias es en varios capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya séptima ronda de renegociación comienza el próximo lunes en la Ciudad de México. La fotografía de los dos presidentes ayudaría a mandar un mensaje a los mercados de que más allá de la complejidad de algunos de los capítulos aún por resolver, no está en el escenario de Trump repudiar el acuerdo norteamericano.

Las señales que ha enviado Washington en los últimos días no ayudan a crear en estos momentos, las condiciones que pudieran modificar la evaluación. Esta semana Nielsen acompañó al Vicepresidente Mike Pence a una visita a la frontera con México, en donde se reiteró el compromiso hecho por Trump con los estadounidenses. “El Presidente Trump tiene como prioridad la seguridad fronteriza, construir un muro y comenzar el proceso para reformar nuestro sistema migratorio”, dijo Pence. “Vamos a construir un muro. Esto significa que vamos a tener una barrera física en nuestra frontera sur”. ¿Alguna posibilidad de que Trump se abstenga de hablar del tema públicamente tras una reunión con Peña Nieto? Ni de chiste.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 23/02/2018 | 03:00 AM)  


Y LA UAS TAMBIÉN DESVIÓ RECURSOS: FUERON $397 MILLONES, DICE LA ASF


La Universidad recibió $3 mil millones 993 mil 323 de la Federación, por lo que el monto desviado representa casi el 10%, señalan

Foto: Noroeste

La Universidad Autónoma de Sinaloa desvió 397 millones 782 mil 228 pesos que correspondían al Impuesto Sobre la Renta y se utilizó para el pago de cuotas obrero patronales, reportó la Auditoría Superior de la Federación en su último informe.

La UAS utilizó esos 397 millones 782 mil 228 pesos para pagarle al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; estos recursos representan casi el 10 por ciento del presupuesto asignado para la Universidad Autónoma de Sinaloa por parte de la Federación.

La Casa Rosalina no presentó ningún documento que acredite algún acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria para no entregar el ISR de sus empleados.

"Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 397,782,228.01 pesos (trescientos noventa y siete millones setecientos ochenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 01/100 M.N.) para su entero a la cuenta bancaria del Sistema de Administración Tributaria por no enterar el Impuesto Sobre la Renta y utilizarlo para el pago a los trabajadores como prestación de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y para el pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sin presentar documentación que acredite un acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria para no enterar dicho impuesto", se lee en el informe.

La ASF también registró que la Universidad Autónoma de Sinaloa incumplió con obligaciones de transparencia en el ejercicio de su gasto trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Se registró incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa (Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, U006), ya que no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de Internet, ni en medios locales de difusión los cuatro trimestres del formato único nivel financiero de los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa lo cual limitó a la universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora", menciona el documento.

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OBSERVACIONES

En total la auditoria de la ASF le realizó a la UAS una recomendación, dos pliegos de observaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. En esta última la ASF promueve ante las instancias internas de control competentes, las presuntas acciones u omisiones que pudieran implicar una responsabilidad administrativa, en este caso exhorta al Servicio de Administración Tributaria realice las indagatorias correspondientes.

(NOROESTE/ ANTONIO OLAZÁBAL/ 02/03/2018)

HIJAS, ESPOSAS, AMIGOS DE PANISTAS, EN LA LISTA DE 'PLURIS' DE SINALOA


Hijas, esposas, amigas y 'cuates' de cabezas de grupos, en principales posiciones

Amenazan panistas inconformes con votar en contra de Ricardo Anaya.


Foto: Claudia Beltrán

Ola de inconformidad levantó ayer entre panistas de Sinaloa, la conformación de la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional.

Nombres de hijas, esposas, allegadas y amigos de los dirigentes actuales, o de las cabezas de grupos y corrientes, aparecen en los primeros lugares.

Ello a pesar de que el PAN generó expectativas a la militancia, que acudió por decenas a registrarse a ese partido en espera de una oportunidad.

La lista, confirmada a Noroeste por Sebastián Zamudio, dirigente estatal, la encabeza Roxana Rubio Valdez, hija del ex Alcalde Eleazar Rubio Ayala, de El Fuerte; se le atribuye ser parte del grupo de Adolfo Rojo Montoya.

En el segundo lugar quedó Jorge Villalobos, quien tuvo episodios polémicos como Diputado federal de 2012 a 2015. Es originario de Chihuahua y tuvo influencia en la relación del PAN con Mario López Valdez, en el sexenio pasado.

En tercera posición la Comisión Permanente designó a Juana Guillermina Ávila, esposa del ex Alcalde Alejandro Higuera, quien a su vez será propuesto de nuevo como candidato en Mazatlán.

Higuera fue el oponente de Zamudio.

En primeras posiciones quedaron también Edgardo Burgos Marentes, ex presidente estatal, y Vanessa Sánchez Vizcarra, integrante de esta corriente.

Le siguen Guillermo Prieto, Luz Aída Salomón y Salvador García.

Prieto es primo de Heriberto Félix y cercano al Diputado local Carlos Castaños, enlace con el Comité Ejecutivo Nacional, quien a su vez "amarró" la posición número ocho para la curul federal plurinominal.

Castaños confirmó que hubo inconformidades en la asignación de los espacios. Aseveró que el listado no es definitivo, pues deberá ser validado por la Comisión Permanente nacional, quien es la que da el "visto bueno" a las candidaturas. Varios militantes anunciaron ayer que impugnarán la resolución y habrá acciones de protesta por este hecho.

LOS 'ELEGIDOS'

Roxana Rubio
Jorge Villalobos
Juana Guillermina Ávila
Edgardo Burgos
Vanessa Sánchez
Guillermo Prieto
Luz Esther Salomón
Salvador García

(NOROESTE/ JOSÉ ALFREDO BELTRÁN/ 02/03/2018 | 04:08 AM)