* Los números no cuadran: juez
Ciudad de México. (Animal
Político) La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a Javier Duarte
el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos,
pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden
de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de
pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Es decir, menos del 10% de los
recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la
imputación.
“Los números no cuadran, eso
está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de
Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una
audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.
Las inconsistencias en los
señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales
de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se
contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace
unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.
Aunque la audiencia era
inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de
fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo
sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz
hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la
Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una
defensa adecuada.
Y fue ahí donde los fiscales
cayeron en varias dudas, que luego se convirtieron en fallas y contradicciones.
“Está claro que el caso se
está desmoronando en estos momentos”, dijo al juez federal el abogado de
Duarte, Marco del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no pudo
responder.
La PGR tendrá una oportunidad
más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en
la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra
Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo
deja en libertad.
Pero en esa audiencia la
defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.
EL CASO DE LA PGR
En la audiencia la PGR acusó
a Duarte de “encabezar una organización criminal” que le permitió adueñarse de
más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, mismos que a
través de empresas fantasma y prestanombres consiguió introducirlos al sistema
financiero, para luego invertirlos en propiedades, joyas y terrenos.
El origen del caso fue una
denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,
que registró movimientos de recursos sin justificación real.
La trama, según la imputación
de la PGR, involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que
simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche.
En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con
irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el
empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.
Según la acusación de la PGR,
a través de Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos,
mientras que por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo
por instrucciones de Duarte”, según la Procuraduría
Ambas empresas fachada
habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre
ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV (que forman parte
de una red de empresas que solo existen en el papel como ha publicado Animal
Político), y que habrían recibido recursos públicos de la administración.
LAS DUDAS
Luego de escuchar la
imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20
aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose
prácticamente en un interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por
los mismos funcionarios, que no respondían con precisión.
Por ejemplo, Duarte pidió que
se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así
como quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría
tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos. Peor aún,
cayeron en contradicciones.
“Cuando libré la orden de
aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso
me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con
lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos
de la PGR exhiben incongruencia” dijo el juez.
Luego, la defensa insistió en
que la Procuraduría detallara de qué cuentas habían salido los 438 millones
presuntamente desviados por Duarte, y tras varias intervenciones los fiscales
solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría
de Educación de Veracruz.
“¿Eso es todo?”, cuestionó el
juez. La abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la
acusación entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. El juez
Moreno señaló que era claro que “los números no cuadraban”, pero que esto se
vería a fondo en la audiencia de vinculación.
Las fallas siguieron. La
defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos
en el complejo Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones
de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los
fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se
registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la
declaración del abogado Ortega.
La Procuraduría tampoco pudo
responder si Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de
formular su denuncia.
“Estamos en el punto en que
ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es
un caso que se está desmoronando”, dijo el abogado Marco Antonio del Toro.
FISCALES POCO PREPARADOS Y AUSENCIA
En la audiencia inicial, la
PGR estuvo representada por los agentes del MP Martha Ramos Castillo, Nelly
Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez.
Marco Antonio del Toro, quien
encabeza la defensa de Duarte, señaló en la audiencia que dichos agentes
“claramente no estaban preparados” para la misma, ante la dificultad que les
representaba el encontrar los datos que se le solicitaban.
El juez Gerardo Moreno García
no se expresó de la misma forma, pero advirtió que era la tercera vez que la
PGR presentaba diferentes agentes del Ministerio Público en audiencias
relacionadas con esta causa penal. Cabe señalar que por este mismo caso el juez
ya había vinculado a proceso y sentenciado a dos mujeres.
“Es la primera vez que yo los
veo a ustedes. En este caso ya lo conozco, pues también vinculé y sentencié a
dos personas detenidas con anterioridad. La defensa ha hecho preguntas muy
simples, y ustedes no pueden forzar las respuestas. Es evidente la dificultad
para encontrar los datos que les están siendo requeridos”, dijo el juez.
Al seguir con sus críticas,
el juez dijo que entendía que “posiblemente por cargas de trabajo” los fiscales
no habían podido leer bien el caso, pero insistió en que esa no era
responsabilidad de la defensa ni el presentado.
“No sé si es por la carga de
trabajo que tienen y llevan varios casos, pero eso no es culpa del presentado
ni sus abogados”, dijo el juez a los fiscales.
Cabe señalar que en la
audiencia de vinculación a proceso de las hermanas Nadia y Eva Arzate Peralta
estuvo presente un representante de la Unidad de inteligencia Financiera de
Hacienda, pero en esta audiencia no fue así, o por lo menos no entre los
representantes que podían intervenir en el caso.
DUARTE, SERIO ANTE EL JUEZ
El exgobernador de Veracruz
Javier Duarte lució con el rostro serio en la mayor parte de la audiencia, pero
muy participativo. Por sí solo hizo más de 15 preguntas al juez sobre su caso,
y mantuvo una charla casi permanente con su equipo de abogados.
En ningún momento se apreciaron
sonrisas o gestos de burla, como ocurrió en Guatemala.
La audiencia inicial,
programada para las 16:30 horas de ayer, se retrasó porque el exgobernador
pidió un tiempo para comer tras haber llegado a México procedente de Guatemala.
Ya en la audiencia, vestía la misma ropa que al llegar al país: pantalón de mezclilla
y camisa con líneas guinda.
Duarte estuvo acompañado en
todo momento por un equipo de cinco abogados, encabezado por Marco del Toro.
(NOTIVER/ ANIMAL POLÍTICO/ 19 JULY, 2017, 09:10:00)