Raymundo Riva
Palacio
La confirmación de
que parte de los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a
Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron
secuestrados y asesinados por las policías municipales y la banda criminal
Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre, obliga a que la justicia plena
para encontrar a todos los culpables del asesinato masivo toque a la clase
política. Está en la cárcel parte de los presuntos responsables criminales y la
PGR va tras el resto. Siguen impunes, empero, aquellos que por omisión o
comisión crearon las condiciones para este episodio calificado como barbarie.
Estos no son clandestinos, ni están prófugos. Son cinco políticos, para
empezar, miembros de las tres corrientes que controlan al PRD.
A lo largo de casi
70 días, las autoridades han eludido entrar a ajustar cuentas legales con
ellos. Lo que han hecho es un encubrimiento y otorgar blindaje al gobernador
con licencia, Ángel Heladio Aguirre, y a los líderes del PRD, quienes apoyaron,
encumbraron y protegieron al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que
convirtió a las instituciones en Iguala en parte orgánica del crimen
organizado, de la mano de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, miembro
de una familia donde cuando menos 15 de sus familiares dirigían una banda que
operaba en Tierra Caliente, Guerrero y Morelos, dedicados al narcotráfico,
secuestro y extorsión.
La imagen pública de
la izquierda reformista, la aliada del gobierno en el Pacto por México, resultó
lastimada por su respaldo a Abarca, pero al mismo tiempo se mantiene impune
ante cualquier otra comisión de delitos. El presidente prometió que irían al
fondo para esclarecer la barbarie de Ayotzinapa, y el procurador Jesús Murillo
Karam, afirmó el domingo que la investigación seguirá abierta, “tope donde
tope”. Parece un juego de palabras, porque jurídicamente está cerrada la
investigación. Si se mantiene abierta es para capturar al resto de los
responsables materiales y, por supuesto, saber quiénes son los políticos que allanaron
el camino para el crimen en Iguala.
Estos responsables
políticos tienen que rendir cuentas claras. Pero hay que ser cuidadosos. No por
ser responsables del poder de Abarca, automáticamente son culpables de
asesinato. Son cosas diferentes que deben dilucidarse. Se debe comenzar por
investigarlos formalmente. El gobernador con licencia Aguirre es por donde
habría que empezar y que deje ser visitante frecuente, como él mismo afirma,
del despacho del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de
Murillo Karam. ¿Por qué Aguirre?
Por dos razones. La
penal, porque sí se le puede imputar el crimen por omisión en sus
responsabilidades, que él evade con la justificación que dio aviso de lo que
sucedía. La política, porque fue quien encabezó en 2012 la mesa donde cinco
miembros del PRD decidieron las candidaturas en Guerrero. No sólo fue la de
Abarca en Iguala, sino de la de otros siete presidentes municipales que hoy
están siendo investigados por la PGR por su presunta vinculación con Guerreros
Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios. En esa mesa estaba Sebastián de
la Rosa, el principal protector de Abarca, miembro de Los Chuchos y
estrechamente relacionado con el exlíder del partido, Guadalupe Acosta Naranjo.
El exsenador y
primer secretario de Desarrollo Social de Aguirre, David Jiménez Rumbo, también
participó en esa mesa. Jiménez Rumbo, líder del PRD en Guerrero, afirmó en una
entrevista que Los Chuchos lo tienen vetado porque se opuso a la candidatura de
Abarca. Sin embargo participó en la aprobación de las candidaturas, como
representante de Alternativa Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista,
actual secretario general del PRD, y nunca expresó, antes del crimen, haber
disentido por Abarca.
Otro participante de
las decisiones fue Víctor Aguirre, sobrino del gobernador con licencia, como
representante de Izquierda Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su
esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes lo destaparon en marzo como su
candidato al gobierno de Guerrero. El quinto en la mesa fue Jesús Evodio
Velázquez Aguirre, secretario general del PRD en el estado, y líder de la
corriente Nueva Mayoría, filial de Los Chuchos, quienes lo quieren como
candidato a la alcaldía de Acapulco. En enero fue destapado en un evento donde
la figura central fue el fundador de la corriente, Jesús Ortega.
La mesa de los cinco
fue avalada por el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Zambrano ha
buscado deslindarse de Abarca, al igual que el resto de los cinco que lo
eligieron candidato. Sus jefes políticos, Los Chuchos, Bejarano y Bautista,
hablan del tema como si no fueran culpables del encumbramiento del exalcalde,
pese a los antecedentes criminales de la familia de su esposa. Y salvo Aguirre,
ninguno de ellos ha sido llamado a declarar en la PGR.
Apoyo político no es
ser culpable del crimen, pero todos ellos tienen que aclarar por qué si eran
públicas las relaciones criminales del matrimonio Abarca-Pineda Villa, lo
respaldaron. Dentro de las cúpulas del PRD aseguran que como pago, Abarca les
daba dinero, lo que de confirmarse, supondría que el gobernador y las
corrientes que controlan al PRD, recibieron recursos del crimen organizado.
Esto deberá ser trabajo del Ministerio Público Federal. Lo único claro por
ahora, en su caso, es que Abarca era uno de los suyos, no sólo hasta el 26 de
septiembre, sino inclusive después de haber sido la pieza central del crimen en
Ayotzinapa.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 08.12.2014)