viernes, 3 de noviembre de 2017

ANÁLISIS: EL RÉCORD DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO ES UNA CRISIS QUE COMENZÓ HACE 20 AÑOS


Policías detienen a un joven durante un patrullaje nocturno en Tecomán, en el estado mexicano de Colima. Credit Rodrigo Cruz para The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.
Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

 “En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

MEDIDAS EXTREMAS



Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times

En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

SOLUCIONES A CORTO PLAZO Y PROBLEMAS A LARGO PLAZO



Felipe Calderón con integrantes de la Marina antes de un desfile, en 2006 Credit Alfredo Estrella/Agence France-Presse — Getty Images

Calderón adoptó la estrategia conocida como Kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y ex director del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

“LA CLAVE DEL FRACASO”



Una casilla en Ecatepec, Estado de México, en durante la votación para el gobernador, el 4 de junio. No hay reelección de cargos públicos en México. Credit Brett Gundlock para The New York Times

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

UN ESTADO FRÁGIL SE HUNDE

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD

La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

UNA ATOMIZACIÓN SOCIAL Y DEL ESTADO

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

LA PARÁLISIS EN MEDIO DEL DESASTRE


El presidente Enrique Peña Nieto durante el quinto informe de gobierno, en septiembre Credit Mario Guzman/European Pressphoto Agency

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más ricos, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ MAX FISHER Y AMANDA TAUB /28 DE OCTUBRE DE 2017)


POR QUÉ UN DERRAME DE PETRÓLEO DE MÁS DE DOS MILLONES DE LITROS FUE CASI INVISIBLE


La planta de producción flotante “Delta House” en el Golfo de México Credit LLOG Exploration

Cuando se habla de derrames de petróleo, nos vienen a la mente esas imágenes de aves cubiertas de limo negro y una capa brillosa de aceite en el océano.

Pero no todos los derrames de petróleo son iguales.

Cerca de 2.543.796 litros de petróleo se derramaron cuando se fracturó una tubería a una profundidad de 1,5 kilómetros de la superficie del océano este octubre en el Golfo de México, al sureste de Venice, Luisiana, que se ubica más o menos a 105 kilómetros al sur de Nueva Orleans.

No se notaba casi nada.

“Lo que confundió a la gente sobre este evento es que no podían ver nada de petróleo”, dijo el capitán de corbeta Steven Youde, de la Guardia Costera estadounidense, en una entrevista telefónica.

Además de unas cuantas zonas con un ligero brillo en la superficie del océano, el petróleo parecía haber desaparecido completamente y se creía que no afectaría la costa.

El derrame de petróleo parecía ser el más grande desde la explosión del Deepwater Horizon en 2010, cuando cuatro millones de barriles de petróleo se vertieron durante casi noventa días. El episodio de octubre fue mucho menor: 16.000 barriles en menos de dos días.

Aun así, 16.000 barriles es “una fuga bastante importante”, dijo Edward B. Overton, un profesor emérito de ciencias medioambientales en la Universidad Estatal de Luisiana, quien estudia los efectos al medioambiente de Deepwater Horizon. “Sin embargo, no había suficiente en la superficie para que se diera una orden de limpieza”.

En este caso, el petróleo se degradó rápidamente, en parte debido a las fuerzas climáticas.

La empresa a cargo del oleoducto, LLOG Exploration, cree que la tubería se fracturó en las primeras horas de la mañana del 11 de octubre, según señaló en un correo electrónico el vocero de la empresa, Rick Fowler.

El 12 de octubre, LLOG descubrió que la cantidad de petróleo que salía de sus depósitos era distinta a la cantidad de petróleo que salía del sistema de producción flotante de la empresa, Delta House, que se encuentra en el Golfo de México, a casi 65 kilómetros al sureste de Venice, Luisiana.

La pequeña fractura en el oleoducto aún no está reparada, dijo Fowler, aunque cerraron los depósitos y se detuvo la circulación hacia la tubería. No son claras las causas de la fractura. La Agencia Federal de Seguridad y Ejecución de Leyes Medioambientales, que ha supervisado la regulación de la industria energética de exploración litoral, está investigando lo sucedido.

Las autoridades determinaron que la mayoría de las gotas que escaparon de la tubería eran tan pequeñas que se midieron en micras, según Youde.

“Imagínate una lata de refresco o de cerveza”, dijo. “Si la agitas y le haces un pequeño orificio, el líquido sale en gotas diminutas”.

Explicó que los funcionarios buscaron el petróleo por varios días antes de establecer que era muy poco probable que pudieran verlo.

Overton indicó que esas minúsculas gotas fueron ingeridas por bacterias que degradan el petróleo y que habitan en el golfo de México. Algunas de las gotas más grandes salieron a la superficie, donde la luz, el viento y el oleaje ayudaron a desintegrarlas.
Como resultado, el derrame tiene “un posible efecto ambiental”, dijo Overton, pero no parece ser mensurable o significativo. “Tienes un gran impacto cuando el petróleo se aglomera en una capa muy gruesa”.

Se estima que cada año las filtraciones naturales de petróleo —sin relación con la industria petrolera y de gas— lanzan de 75.708.236 a 189.270.590 litros al golfo de México, dijo. Lo hacen desde cientos o quizá miles de distintos puntos del océano Pacífico.

“Las familias de bacterias que pueden eliminar petróleo ya existen en el Golfo”, señaló Overton. “Así que cuando perciben la presencia de más petróleo, esas bacterias lo degradan y comienzan a reproducirse”.

La bacteria se come los hidrocarburos del petróleo y los convierte en dióxido de carbono o en más bacterias, y esas bacterias son fuente de alimento para otros organismos.

Un derrame de petróleo sirve de comida para las bacterias, pero hay veces, como cuando sucedió el de Deepwater Horizon, que las bacterias quedan sobrepasadas por el volumen y no pueden trabajar tan rápido para desintegrarlo.

En un inicio el petróleo derramado por la fractura de LLOG se estimó en una cantidad de entre 7950 y 9350 barriles, después se rectificó la cifra a 16.000 barriles.

“Hay una gran confianza en la nueva cifra”, dijo Fowler.

El derrame es un recordatorio sobre la importancia de continuar con la investigación de los pantanos de Luisiana antes de que suceda otro derramamiento, dijo Claudia Husseneder, profesora de entomología en la Universidad del Estado de Luisiana en una entrevista telefónica.

“No se trata de cómo sino cuándo”, dijo. “Finalmente ocurrirá otro derrame grande que llegará a tierra”.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ CHRISTINA CARON/ 3 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ESPAÑA: EL MÁRTIR CONTRA EL AUTÓCRATA


Carles Puigdemont antes de un discurso ante el parlamento catalán, el 27 de octubre Credit David Ramos/Getty Images

El drama entre el gobierno español en Madrid y el gobierno proindependentista en Cataluña, que ha ido escalando en tensión en particular desde el viernes, cuando las autoridades separatistas catalanas declararon la independencia, ha incluido a dos personajes que les resultan familiares a los estudiantes de política española: el mártir y el dictador.

Carles Puigdemont, quien hasta el viernes era el presidente del gobierno catalán, se ha autoasignado el papel del mártir. En las semanas que siguieron al referendo del 1 de octubre, en el que cerca del 90 por ciento de los catalanes que votaron eligieron la independencia, Puigdemont ha representado el papel de la víctima de la malvada administración madrileña. No importa que el referendo fuera inconstitucional ni que solo el 41,5 por ciento del electorado catalán se molestara en ir a votar.

La declaración de independencia del viernes siguió el mismo guion. La decisión de Puigdemont de permitir que el Parlamento de Cataluña declarara su independencia fue un acto de autoinmolación. Sabía muy bien que esa declaración obligaría a Madrid a hacer valer el artículo 155 de la Constitución española, una provisión que permite que el gobierno central tome el control de una comunidad autónoma.

Después de una votación en el Senado de España de 214 a favor y 47 en contra de hacer uso del artículo 155, Madrid disolvió el Parlament y se hizo cargo de las funciones cotidianas del gobierno catalán, la policía autonómica, las cortes y el sistema de telecomunicaciones. Se han programado nuevas elecciones regionales para el 21 de diciembre. Puigdemont incluso enfrenta cargos de rebelión, lo cual podría valerle una pena de hasta veinte años de prisión.

Eso podría quedarle bien. Durante esta crisis, Puigdemont ha disfrutado de la historia del martirio político del movimiento nacionalista catalán. En especial, ha invocado la memoria de Lluís Companys, quien declaró a Cataluña independiente en 1934, justo antes de que iniciara la Guerra Civil Española. Companys más tarde fue capturado por los nazis, entregado al régimen del general Francisco Franco y ejecutado. Naturalmente, el Castillo de Montjuïc, la fortaleza militar desde donde se observa toda la ciudad de Barcelona y donde el ejército franquista ejecutó a Companys, se ha convertido en un altar para los separatistas catalanes, sobre todo durante este último mes.

Por su parte, el presidente Mariano Rajoy está actuando como guardián del Estado de derecho y protector de la nación, un papel evocador de una larga línea de personajes autocráticos en la historia española (los caudillos), en particular del mismo Franco, quien gobernó con mano de acero desde 1939 hasta su muerte en 1975.

En el centro del franquismo se encontraba el mito de una España unificada y culturalmente homogénea, que se mantenía unida gracias a la gloria de la civilización española —sobre todo al “descubrimiento” del Nuevo Mundo y la cristianización de la península ibérica— y a una cultura común definida por la lengua española y el catolicismo. El Partido Popular conservador de Rajoy tiene sus orígenes en la Alianza Popular neofranquista, partido que fue fundado por antiguos ministros de Franco después de la muerte del dictador.

Desde 2006, cuando los electores catalanes aprobaron el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, un documento que exige mayor control de sus propios asuntos, Rajoy ha luchado contra los separatistas con cada medida legal y política de las que dispone: desde recurrir al Tribunal Constitucional en 2010, el cual declaró nulos los componentes más importantes del estatuto, hasta enviar a la agresiva policía nacional el día del referéndum (unas 900 personas fueron tratadas por lesiones, de acuerdo con funcionarios de salud catalanes).

Mediante sus impactantes actuaciones en los papeles de mártir y caudillo, Puigdemont y Rajoy están intentando obtener puntos políticos mientras España se abalanza hacia el desastre político.

Pese a la declaración de independencia, Cataluña no es más libre hoy que antes. De hecho, después de la invocación del artículo 155 por parte de Madrid, es menos libre.

Además, los prospectos de independencia siguen siendo sombríos: el proyecto catalán de independencia ha obtenido poco ímpetu a nivel internacional. Unos 1700 negocios han transferido sus sedes a otras partes de España. Lo más importante es que no hay una clara mayoría de catalanes que pidan la independencia de Cataluña. Las encuestas muestran de manera consistente que los electores de la región están divididos entre la independencia y el seguir siendo parte de España.

A raíz de la invocación del artículo 155, el martirio proporciona una plataforma útil para mantener vivo el movimiento separatista catalán.

La agenda separatista de Puigdemont ha sido establecida por los elementos más extremistas de su coalición gobernante. En las elecciones regionales de 2015, pudo conformar un gobierno solo después de crear una alianza con la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un pequeño grupo radical y sin líder. Para la CUP se trata de la independencia o nada. En los días anteriores a la declaración, los líderes de la CUP advirtieron que estaban “listos para abandonar” la coalición si no se realizaba pronto una declaración inequívoca de independencia. La declaración de independencia de Puigdemont ha complacido en extremo a la CUP.

Parece que Puigdemont prefiere ser un mártir que un traidor. De cualquier manera, a raíz de la invocación del artículo 155, el martirio proporciona una plataforma útil para mantener vivo el movimiento separatista catalán al promover la narrativa cuestionable de España como opresor de los derechos humanos y la libertad política.

Para Rajoy, quien ha tenido problemas propios en mantenerse en el poder en Madrid (necesitó dos elecciones, en 2015 y 2016, para conservar su mandato), ser firme en cuanto a la independencia catalana es un acto fiel a los deseos de los electores españoles conservadores que conforman la mayoría del electorado de su Partido Popular, y quienes no esperan menos de él.

Para la derecha española, que a regañadientes ha llegado a aceptar la noción de una España multicultural y todo lo que eso conlleva, como la autonomía para comunidades que tienden al independentismo, es muy atractiva la idea de un líder fuerte que se defiende de los extremistas regionales. Rajoy también espera que la crisis catalana sea una lección para otras comunidades autónomas intranquilas en España, sobre todo el País Vasco, donde los independentistas ya han recurrido a la violencia.

Activar el artículo 155, algo que ningún líder español ha hecho antes, lleva a otro nivel de drama, santurronería e incertidumbre política el juego de todo o nada de Puigdemont y Rajoy.

El que más pierde es el pueblo español, incluyendo a la mayoría de los catalanes, que a lo largo de este calvario han hecho un llamado constante para obtener lo único que no pueden hacer bien los mártires ni los autócratas: dialogar y llegar a acuerdos.

Omar G. Encarnación es profesor de ciencia política en Bard College y autor, más recientemente, de "Democracy without Justice in Spain: The Politics of Forgetting".


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ OMAR G. ENCARNACIÓN /1 DE NOVIEMBRE DE 2017)

​ LO QUE QUEDA DEL ‘APARTHEID’ EN SUDÁFRICA


Los residentes de los guetos soportan viajes al trabajo que duran una hora o más en minibuses privados que les cuestan una gran parte de su salario. Credit Joao Silva/The New York Times


CROSSROADS, Sudáfrica – Se suponía que el fin del apartheid sería un comienzo.

Judith Sikade se imaginaba escapando de los guetos donde el gobierno había obligado a vivir a las personas de raza negra. Su meta era encontrar trabajo en Ciudad del Cabo y cambiar su improvisada vivienda por una casa con servicios modernos.

Más de dos décadas después, Sikade, de 69 años, vive en el lodo lleno de basura del gueto de Crossroads, donde miles de familias negras han usado tablones astillados y láminas de metal para construir chozas por falta de otro lugar donde vivir.

“He ido de una choza a otra”, dice Sikade. “Seguimos viviendo en el apartheid”.

En la historia de los derechos civiles, Sudáfrica reclama un logro trascendental: el fin del apartheid y la construcción de una democracia. Sin embargo, para los sudafricanos negros, que constituyen tres cuartas partes de este país de aproximadamente 55 millones de habitantes, la liberación política aún debe traducirse en logros materiales más amplios.

Básicamente, el apartheid persiste en términos económicos.



Las tierras quedaron en su mayoría en manos de la élite blanca después del apartheid y muchos sudafricanos aún viven en villas, como esta en las afueras de Ciudad del Cabo. Credit Joao Silva/The New York Times

Esta realidad es palpable ahora que la agitación política atrapa a Sudáfrica. Manifestantes enojados exigen la destitución del presidente Jacob Zuma por la divulgación de actos de corrupción a tan alto nivel que a menudo se describen como una captura del Estado, con intereses privados que han comprado eficazmente el poder para desviar los recursos estatales hacia ellos. La economía está cayendo en una recesión, empeorando una tasa oficial de desempleo que llega casi al 28 por ciento.

Tras el enojo subyacen disparidades arraigadas en la riqueza: después del apartheid, el gobierno dejó gran parte de las tierras y otros activos en manos de una élite predominantemente blanca. La resistencia del gobierno a transferencias de la tierra a gran escala reflejó su reticencia a inquietar a los inversionistas internacionales.

Hoy millones de sudafricanos negros están crónicamente cortos del capital necesario para comenzar un negocio. Menos de la mitad de la población en edad laboral está oficialmente empleada.

El partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano, construyó imperios de nuevas casas para los sudafricanos negros, pero los concentró en los guetos, reiterando las estructuras geográficas del apartheid. Grandes sectores de la población negra siguen sumidos en la miseria, en tierras que no poseen legalmente.



Cuando el "apartheid" terminó, Judith Sikade vislumbró escapar de los guetos. Décadas después, vive en un asentamiento irregular. Credit Joao Silva/The New York Times

“Nunca desmantelamos el apartheid”, dijo Ayabonga Cawe, execonomista de Oxfam, la organización internacional para el combate a la pobreza, y ahora presentador de un programa de radio que examina asuntos nacionales.

En la era posterior al apartheid, Sudáfrica debía rediseñar una economía dominada por la minería y expandirse con industrias modernas como el turismo y la agricultura, superando el legado de explotación colonial, opresión racial y aislamiento global: los resultados de décadas de sanciones internacionales.

Aun así, de 1998 a 2008 la economía creció cerca de un 3,5 por ciento anual, duplicando el tamaño de la clase media negra. El gobierno construyó millones de casas, amplió el alcance del agua potable y la electricidad, además de entregar subvenciones en efectivo a millones de pobres.

Sin embargo, la crisis financiera mundial de 2008 asoló a Sudáfrica y echó por tierra la demanda de los depósitos minerales centrales para su economía. Desapareció la mitad de los cerca de dos millones de nuevos empleos que se habían creado en los cuatro años anteriores.



Al concentrar nuevos desarrollos de vivienda para los sudafricanos de raza negra en guetos, el gobierno volvió a poner en vigor la geografía del "apartheid". Credit Joao Silva/The New York Times

SIN TIERRA, SIN AVAL

El diez por ciento de los sudafricanos —la mayoría de ese porcentaje son blancos— posee más del 90 por ciento de la riqueza nacional, de acuerdo con un trabajo de investigación realizado por Anna Orthofer, una estudiante de posgrado en la Universidad Stellenbosch. Casi el 80 por ciento de la población —predominantemente negra— no posee nada.

Eso fue producto tanto del colonialismo como del precio negociado para terminar con el apartheid sin una guerra civil. Para lograr que el Partido Nacional consintiera las elecciones, el Congreso Nacional Africano renunció a que se transfirieran a los negros tierras en control de los blancos.



Las escuelas en los guetos sufren graves carencias de recursos. Credit Joao Silva/The New York Times

Una vez en el poder, los funcionarios del Congreso Nacional Africano no quisieron seguir políticas que los inversionistas internacionales pudieran considerar radicales, pues se podría dañar la calificación crediticia de Sudáfrica.

El nuevo gobierno enfrentó grandes déficits de presupuesto, junto con una demanda extraordinaria de vivienda y electricidad. Construir requería de préstamos por parte de inversionistas internacionales. La transferencia de la tierra podía asustar a los mercados, lo cual ponía en peligro los planes del gobierno.

El gobierno satisfizo los mercados internacionales y llenó los guetos de construcciones.

UN HERMOSO ESTILO DE VIDA



El club nocturno Taboo, en un suburbio adinerado de Johannesburgo, es un lugar frecuentado por las celebridades y los miembros acaudalados de la sociedad sudafricana. Credit Joao Silva/The New York Times

Resulta que el sistema funciona, pero a menudo para beneficio de quienes lo dirigen.

PERSONAS COMO MARCUS MOLOELI.

A los 38 años, Moloeli vive en una comunidad cerrada ubicada en la cima de cerros cubiertos de vegetación selvática al norte de Durban, en el océano Índico. Su casa de dos pisos presume baños relucientes, un par de lugares donde estaciona dos Mercedes y un Audi, y un carrito de golf que maneja hacia el club campestre en el centro del complejo.

Una tarde reciente, reflexionaba sobre cómo un hombre negro nacido en la era del apartheid en Sudáfrica había terminado aquí.

En la escuela de su gueto, diez niños compartían un solo libro de texto. Durante el bachillerato consiguió ingresar a una escuela técnica exclusiva para gente de India. Después de graduarse, empacaba abarrotes, luego se mudó a Johannesburgo y tomó un trabajo en el que entregaba muebles antiguos. Se postuló como voluntario para una liga juvenil administrada por el gobierno. En cierto momento esa actividad se convirtió en un puesto en el gobierno del presidente Zuma, que consistía en supervisar los asuntos de la juventud.

Hace dos años, comenzó su propio negocio de consultoría: asegura contratos de gobiernos locales, aconsejándoles cómo gestionar su infraestructura. Pronto se hizo rico.

El total de negros, asiáticos y mestizos millonarios en Sudáfrica se amplió de los 6200 que había en 2007 a 17.300 en 2015, de acuerdo con New World Wealth, una empresa de consultoría con sede en Johannesburgo. Lo que muchas de estas personas tienen en común son vínculos lucrativos con el gobierno.

APARTHEID GEOGRÁFICO

Estas circunstancias se derivaban de una decisión económica tomada en los primeros años de la era posterior al apartheid.

De cara al imperativo de convertir el empoderamiento político de los negros en ganancias materiales, algunas personas dentro del Congreso Nacional Africano pidieron que los guetos se desmantelaran mientras se reasentaba a la gente cerca de las ciudades. Era mejor construir viviendas conectadas al transporte, y así acercar a la gente a los empleos.

Sin embargo, Nelson Mandela como presidente argumentó que Sudáfrica no podía esperar a que estuvieran listos esos desarrollos inmobiliarios. Escogió mejorar las casas existentes mientras expandía los guetos mediante la compra de tierra.

De 1994 a 2004, el gobierno construyó cerca de dos millones de casas nuevas en guetos y asentamientos informales.



Nombulelo Sakwe, una madre de cuatro, trabaja dos días a la semana como empleada doméstica. "Nuestros hijos nacen en la misma situación en la que yo nací", dijo ella. Credit Joao Silva/The New York Times

“Básicamente, agravamos los problemas del apartheid comprando todas estas tierras baratas tan lejos de la ciudad como fuera posible”, dijo Alan Hirsch, un funcionario sénior del Departamento de Comercio e Industria durante el gobierno de Mandela, y ahora director de la Escuela de Posgrado de Práctica y Política del Desarrollo en la Universidad de Ciudad del Cabo.

(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ PETER S. GOODMAN 2 DE NOVIEMBRE DE 2017)







LOS RECIENTES ATAQUES ABREN EL DEBATE SOBRE QUÉ ES TERRORISMO EN ESTADOS UNIDOS


La ciclovía al lado del río Hudson en el Bajo Manhattan donde un conductor mató a ocho personas el martes. Credit Todd Heisler/The New York Times

Horas después de que una camioneta atropellara a varias personas en una ciclovía de Manhattan el martes, los estadounidenses volvieron a debatir sobre algunas de las preguntas que dividen a esa sociedad que cada vez está más polarizada: ¿cuándo se puede decir que un ataque es terrorismo?

Hace un mes, cuando un hombre abrió fuego contra el público de un concierto en Las Vegas, acción con la que asesinó a decenas e hirió a cientos de personas, el ataque no fue calificado de forma generalizada como un acto de terrorismo. Pero esa etiqueta se usó de inmediato para describir el ataque del martes en el que murieron ocho personas, lo cual detonó otra ronda en el feroz debate nacional.

En la superficie, esto podría considerarse como una cuestión que se relaciona directamente con la motivación. El terrorismo se define como un ataque contra civiles para asustar a una comunidad más grande con propósitos políticos.

Sin embargo, la nueva generación del terrorismo islámico, perpetrado por individuos que dicen inspirarse desde lugares lejanos, ha borrado las distinciones entre terroristas e individuos perturbados que actúan por cuenta propia. Lo mismo ha sucedido con quienes ejecutan tiroteos masivos y dan señales tanto de sufrir una enfermedad mental como de apegarse a causas ideológicas ambiguas.

Como resultado, el terrorismo a menudo está en la mirada del espectador, y se determina tanto por el atacante como por la comunidad que se vuelve blanco de las acciones, la cual debe decidir si el ataque representa una amenaza más amplia que requiere una respuesta.

Entonces, cada acción detona un acalorado debate en torno a los problemas relacionados con el control de armas, la inmigración o la tolerancia religiosa —algunos de los problemas que más dividen al país— litigado en un momento de presión nacional.

Para algunos estadounidenses, generalmente los de la izquierda, el ataque de Las Vegas representó el terrorismo de leyes de armas que deben revisarse.

Clasificar el ataque de Las Vegas como terrorismo podría significar clasificar las armas como amenazas nacionales que requieren una respuesta. La derecha consideraría que eso es un intento de afectar a los propietarios de armas y a los conservadores.

Muchos en la derecha consideran que los ataques como el de Nueva York, encabezado por un hombre de Uzbekistán que gritó “Allahu akbar” (“Dios es grande” en árabe), se originan de una amenaza más amplia de la inmigración musulmana sin control. Si es un acto de terrorismo, como lo han definido el alcalde Bill de Blasio y otros, entonces el atacante no puede ser desestimado como un individuo perturbado.

Más de 16 años después de los ataques del 11 de septiembre, muchos estadounidenses, particularmente de izquierda, están cuestionando la disposición con la que los individuos musulmanes se definen como terroristas mientras que quienes no lo son se califican de “tiradores masivos”.

Aunque la etiqueta sea apropiada en casos individuales, dicen, la inconsistencia indica una tendencia a considerar que los musulmanes son parte de un grupo hostil que busca afectar Estados Unidos desde adentro y los asesinos blancos son una especie de excepciones.

Debido a que los asesinatos masivos son momentos de terror público, esta no es un área en la que muchas personas se pongan de acuerdo con facilidad. Podría parecer que las distintas respuestas imponen una jerarquía de víctimas, en la que quienes fueron asesinados por un tipo de atacante se consideran más importante que otros, así como una jerarquía de perpetradores, clasificada por quienes son vistos como una amenaza mayor.



Un homenaje en Las Vegas para las víctimas del tiroteo del 1 de octubre Credit Eric Thayer para The New York Times

Lo que puede parecer un simple asunto de definición rápidamente se divide entre distintas facciones que argumentan a favor de la prioridad de su propia cosmovisión, en un momento en el que eso parece al mismo tiempo más urgente y menos apropiado.

Cada ataque profundiza estas divisiones. Los sucesos provocan terror visceral para muchos, y pueden parecer evidencia de que sus peores miedos se están volviendo realidad, y que la otra mitad de la sociedad está conspirando para hacer que no estén seguros al rehusarse a reconocer la amenaza.

Después del ataque en Nueva York del martes, el presidente Donald Trump publicó una serie de tuits que ligaron al conductor con la política migratoria. Dijo que él le había ordenado al Departamento de Seguridad Nacional que “aumentara nuestro programa de prohibiciones extremas”, e hizo un llamado para terminar con un programa de lotería de visas por diversidad para inmigrantes.

“Ser políticamente correcto está bien, ¡pero no en este caso!”, escribió.

Los de la izquierda, particularmente a quienes les preocupan los crecientes ataques contra los musulmanes, se inquietan por un intento de marginalizar aún más a los musulmanes estadounidenses en un momento en el que son especialmente vulnerables.

“Un hombre grita ‘Allahu akbar’ y asesina a personas. Los medios gritan: ¡Terrorismo!”, escribió en Twitter Nathan Lean, el autor de un libro sobre la islamofobia. “Un hombre blanco asesina a 56 personas en Las Vegas con armas de combate. Los medios no dicen nada”.

Estos debates se han hecho especialmente polémicos desde 2015, cuando Dylann Roof, un hombre de Carolina del Sur que había defendido públicamente la supremacía blanca, asesinó a nueve personas en una iglesia de mayoría negra en Charleston.

El movimiento de Black Lives Matter había pasado dos años haciendo campaña contra la violencia que sufren las personas de raza negra en Estados Unidos, especialmente quienes son asesinados por la policía. El ataque de Roof, argumentaron, demostró la amenaza que enfrentan estas personas.

Muchos sostenían que si el terrorismo islamista había inspirado movilizaciones nacionales y cambios drásticos de políticas, también la violencia contra las personas de raza negra debería hacerlo. Además, el crimen pareció ajustarse perfectamente a la definición legal de terrorismo.

Ese argumento expresa las crecientes preocupaciones de la izquierda acerca de que la palabra “terrorismo” ahora tiene una carga racial y religiosa, y se utiliza principalmente para describir ataques por parte de musulmanes contra no musulmanes.

Esto formó parte del gran debate sobre si a algunas víctimas de terrorismo se les otorgaba más protección que a otras con base en quién los atacó o por qué, y si los políticos entendían ciertas formas de terrorismo.

Cuando en 2009 se filtró un informe del Departamento de Seguridad Nacional acerca de la violencia de la extrema derecha, provocó acusaciones de que los demócratas estaban persiguiendo a los conservadores. El informe fue retirado y la oficina que lo había redactado se desmanteló silenciosamente.

El mismo año del ataque de Roof, la campaña presidencial de Trump ganó terreno gracias a un argumento distinto de que las políticas de identidad habían provocado que se desestimaran ciertas formas de terrorismo. En una declaración de campaña, Trump hizo un llamado a favor de “una prohibición de entrada a Estados Unidos total y completa para los musulmanes” con tal de protegerse de “la gente que solo cree en la yihad y no tiene razonamiento ni respeto por la vida humana”.

Así, definir el terrorismo se ha convertido en otra manera de debatir quién pertenece a la discusión y qué preocupaciones importan en un momento de peligro, cuando escuchar es más difícil y gritar parece ser necesario. Eso se ha convertido en el vehículo perfecto para la creciente tendencia entre los estadounidenses de considerar a los oponentes políticos no solo como ciudadanos con los que no están de acuerdo, sino como amenazas a su seguridad y protección.

Esa es una receta para una mayor polarización y hostilidad en un momento en el que los estadounidenses ya están peligrosamente divididos.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ MAX FISHER Y AMANDA TAUB 2 DE NOVIEMBRE DE 2017)

AGUA Y LUZ PARA LA TRASNACIONAL

Con los 119.9 millones de pesos que el Gobierno de Jalisco le entregó a Nestlé, el Estado absorbió sus gastos en electrificación, agua y adecuación de tierras para su planta de Ocotlán; esa compañía había solicitado 136.3 MDP de fondos públicos

El Gobierno de Jalisco le ahorró a la firma Nestlé sus gastos en materia de electrificación, agua y adecuación de tierras para su nueva planta de Ocotlán, mediante la entrega de 119.9  millones de pesos de dinero público, pese a tratarse de la compañía de alimentos más grande del mundo. 

Aunque la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), de José Palacios Jiménez, mantiene bajo reserva el fin último que le dio la empresa al dinero de los jaliscienses, documentos expuestos por el Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) dan luz sobre el destino que pudo haber tenido el subsidio.

Según el CEPE, la solicitud de recursos públicos que le hizo la trasnacional al Gobierno de Jalisco se presentó desde el 20 de septiembre de 2013, indicó en el folio de transparencia 03186717.

En esa petición elaborada por el represente legal de Nestlé México, Bernhard Michael Jost, se señala la intención de la firma por desarrollar un proyecto en Ocotlán, y el cual se denominaría en los trámites estatales subsecuentes como Nueva Planta Procesadora de Fórmulas Lácteas para Bebés, en la población de San Martín de Zula. Ahí se lee:

“Los incentivos que requerimos para llevar a cabo el proyecto productivo que ahora presentamos consisten en: monto total 136.3 millones de pesos (MDP), los cuales serán utilizados en dos rubros específicos”.

El primer rubro se llamó “Medidas para mejora de terreno” y se estimó en 70 MDP: “El terreno requiere de una gran cantidad de corte (aprox. 1.3 m) el cual debe ser rellenado con material de aporte y grava encementada por aprox. 113 mil 782 m3”; el segundo, “Electricidad”, y se valuó en 80 MDP: “Es necesaria la construcción de una line (sic) de transmisión de 3.8 km desde las líneas provenientes de la subestación Jamay”.

Ya en los convenios que Nestlé suscribió con Sedeco para recibir la bolsa, uno del 3 de septiembre de 2015 por 60 MDP, y otro del 30 de noviembre de 2016 por 59.9 MDP, se fijó en sus anexos un punto 7.2 “Destino” del gasto, que indica en el de 2015: “mejora de terreno, electrificación”; y en el de 2016: “subestación eléctrica, nivelación de predio, perforación de pozo profundo y/o planta tratadora de agua”, según el folio 04167817 de SEPAF.

METAS A LA BAJA

Existe, sin embargo, un achicamiento de metas entre lo que la empresa le había anunciado inicialmente al Gobierno de Jalisco en su petición de fondos públicos, y lo que finalmente quedó plasmado en los convenios con carácter de compromisos exigibles y formales.

En su solicitud de 136.3 MDP de recursos públicos, la trasnacional indicó que efectuaría una inversión total de 4 mil 500 MDP para su proyecto, y que crearía 5 mil 438 puestos de trabajo en tres años, así desglosados: en empleos de construcción serían 2 mil 500 y otros mil 500 indirectos en tres años; y en empleos de operación: 238 directos y mil 200 indirectos.

Sin embargo, en el par de convenios entre la firma y la Sedeco, en los que se autorizó la entrega de los 119.9 MDP, la inversión ahí comprometida se redujo a 3 mil 121.3 MDP entre 2015 y 2017, y se dejó constancia por escrito de la promesa de creación de solo 150 empleos.

Esto se corrobora en los anexos de ambos convenios, en su punto 6 “Etapas de Ejecución y Cronograma”, que en el de 2015 dice: “la empresa se compromete a generar la inversión en activo fijo de 2 mil 100 MDP durante el año 2015” y “a generar y conservar 47 nuevos empleos directos“.

Y en el de 2016, que establece: “La empresa se compromete a generar la inversión en activo fijo de mil 021.3 MDP durante el año 2016 y 2017” y “a generar 103 nuevos empleos mismos que se generarán a partir de mayo de 2016 y durante el 2017”.

EL APOYO

¿En qué debió gastarse el subsidio de 119.9 millones de pesos para Nestlé y su planta?

DOCUMENTO             MONTO                            DESTINO

Convenio 2015           60 MDP                                Mejora de terreno, electrificación.

Convenio 2016           59.9 MDP             Subestación eléctrica, nivelación de predio, perforación de pozo profundo y/o planta tratadora de agua.

LA VÍA FALLIDA

La primera alternativa que exploró el gobierno estatal para dar esos 119.9 MDP a Nestlé fue a través del CEPE, que así lo aprobó en su sesión del 30 de abril de 2014, con el acuerdo 01-04/2014:

“Se autoriza al CEPE recibir recursos económicos por parte de la Sepaf por la cantidad de 119.9 MDP  a fin de otorgar este importe como incentivos para la empresa Nestlé México”.

No obstante, el CEPE nunca entregó ese subsidio, por lo que fue finalmente Sedeco la instancia emisora del recurso. En su sesión del 21 de febrero de 2017, el CEPE formalizó la cancelación de su acuerdo de 2014, con uno nuevo, el 04-03/2017:

“Primero. Se autoriza al CEPE dar por cancelado el acuerdo que lo autorizaba a recibir recursos económicos por parte de la Sepaf por la cantidad de 119.9 MDP. Segundo. Se autoriza al CEPE dar por cancelado el acuerdo que autorizaba el incentivo a la empresa Nestlé México hasta por la cantidad de 119.9 MDP a fondo perdido”.

En el recurso de revisión 856/2017, el CEPE señaló que su incentivo a Nestlé se canceló “por insuficiencia presupuestal, sin embargo la Sedeco le dio seguimiento al proyecto de dicha empresa”.

En los convenios con carácter de compromisos exigibles y formales, Nestlé México recortó las metas que le había anunciado inicialmente al Gobierno de Jalisco

EL DESABASTO

La entrega de fondos públicos del Gobierno estatal a una compañía global se da en un contexto en el que el estado enfrenta un severo desabasto de medicamentos, en los hospitales y centros de salud públicos de su Secretaría de Salud.

Mientras la trasnacional estima que la planta que construyó le redituará “con un valor de exportaciones estimado por mil 050 MDP”, la Secretaría de Salud no tiene los recursos suficientes para regularizar la oferta de medicamentos a sus pacientes.

Incluso, este 23 de octubre que fue relevado Antonio Cruces Mada de esa Secretaría por Alfonso Petersen Farah, el mismo gobernador tuvo que reconocer la crisis.


(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA/ NOV 3, 2017)

CONSULADOS, MANEJOS IRREGULARES


En un análisis que realizó a los 50 consulados de México en EU, la ASF detectó desvíos de recursos económicos, el más importante en el tema de becas que deberían otorgarse a mexicanos residentes en aquel país; dinero que terminó en programas comunitarios de los que no se entregaron cuentas

Previo a que Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos, desconociendo la crisis que se les vendría en 2017, los consulados mexicanos en ese país ya operaban con algunas irregularidades desde 2016.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos y manejos irregulares de recursos económicos en el análisis que realizó a los 50 consulados de México en Estados Unidos.

Gastos sin comprobar, recursos desviados, subejercicios o asignaciones discrecionales a organizaciones civiles, son algunos de los problemas detectados por la ASF en la Cuenta Pública del 2016.

El principal desvío ocurrió en el tema de becas que deberían otorgarse a mexicanos residentes en Estados Unidos; el dinero terminó en programas comunitarios de los que no se entregaron cuentas.

De ese rubro son entregados recursos públicos a organizaciones civiles para realizar actividades con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos.

Uno de los escándalos que se destapó a finales del año pasado con esos fondos fueron los recursos entregados a la Fundación Juntos Podemos, presidida por Josefina Vázquez Mota, que recibió 900 millones de pesos del Gobierno mexicano mediante un tercero, la Asociación de Empresarios Mexicanos, según reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los malos manejos de los recursos para los mexicanos en el extranjero están a la orden del día, a pesar de que se trata de una comunidad que tiene un rol protagonista para la vida al interior de México, sobre todo en su economía.

Se calcula que en el país del norte viven más de 35 millones de mexicanos, 11 millones de ellos sin documentos legales.

Sin embargo, su peso en la economía nacional mexicana es enorme; en 2016 las remesas alcanzaron los 26 mil 970 millones de dólares, superando los ingresos por venta de petróleo.

Una de las acciones más importantes que realiza el IME es otorgar becas a mexicanos que viven en EU, programa en el que la ASF detectó el desvío del 95 por ciento de los recursos
IRREGULARIDADES CONSTANTES

La Auditoría Superior de la Federación detectó que las irregularidades son la constante en el uso de los recursos públicos en los consulados mexicanos en Estados Unidos.

En el Informe de la Cuenta Pública del 2016, la ASF señala que auditó solo 917 millones de pesos de los 4 mil 38 destinados al programa “Atención, protección, servicios y asistencia consulares”; la muestra que revisó fue la ejercida por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

Este Instituto tiene entre sus responsabilidades ofrecer programas y servicios en materia de salud, educación básica y universitaria, educación financiera, llevar a cabo estadísticas y publicaciones sobre los mexicanos en el exterior, procurar las remesas productivas y organización comunitaria, entre otros.

Para operar los programas, el IME se ayuda de organizaciones civiles que pueden tener acceso a los fondos.

Una de las acciones más importantes que lleva a cabo el IME es otorgar becas a mexicanos que viven en EU, programa en el que la ASF detectó el desvío del 95 por ciento de los recursos.

Para esa labor en especial, se le dieron recursos extras por 820 millones de pesos, para poder apoyar a 20 mil connacionales mexicanos mediante los 50 consulados en Estados Unidos. Sin embargo, la ASF detectó que solo 40.9 millones de pesos –equivalentes a 2.2 millones de dólares- fueron radicados en el programa IME Becas; los otros 779 millones no fueron utilizados para otorgar las becas.

“Solo el 5.0 por ciento (40.9 millones de pesos) de los recursos de ampliación autorizados para el programa IME Becas durante 2016 (820 millones de pesos) fueron otorgados a organizaciones e instituciones educativas para realizar acciones de dicho programa.

“Por otra parte, en la revisión de los apoyos otorgados, se observó que 49 de los 50 consulados suscribieron 213 memorándums de entendimiento con 209 organizaciones para realizar acciones del programa IME Becas; no obstante, en los citados memorándums no se estableció el número de connacionales mexicanos que se apoyarían con el pago de becas”, expuso la ASF.

Estos 779 millones de pesos se utilizaron en otros programas, como la formación de promotores de la salud, sesiones informativas e impartición de talleres, pero no en apoyar a la formación de los mexicanos que viven en EU con lo que se buscaba mejorar su calidad de vida y empoderarlos.

Los consulados no pudieron acreditar ni siquiera la existencia de solicitudes de fondos de 110 instituciones u organizaciones en 26 representaciones de México en EU por 1 millón 36 mil dólares.

820 Millones de pesos recursos extras destinados para apoyar a 20 mil connacionales mexicanos mediante los 50 consulados en EU

40.9Millones de pesos de los 820, detectó la ASF que fueron radicados en el programa IME Becas

OPACIDAD EN LA ASIGNACIÓN

Las 50 representaciones de México en los Estados Unidos ejercieron en 2016 recursos por 915.9 millones de pesos, un total de 48.3 millones de dólares –al tipo de cambio del momento, de 18.88 pesos por dólar-.

En su ejercicio, la ASF detectó múltiples irregularidades; sobre todo a la hora de entregarlo a organizaciones para que coadyuvaran en los programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los recursos se entregaron a diversas organizaciones sin tener memorándums de entendimiento plenamente transparentes para saber cuáles serían las actividades a realizar, quiénes y cuántos los beneficiarios o si cumplirían con el cometido.

En muchos casos, ni siquiera se contó con la comprobación documental para saber cómo fueron ejercidos esos recursos, si fueron o no supervisados o evaluados.

Incluso, se entregó dinero a organizaciones estadounidenses a las que no se pudo pedir la acreditación de los gastos “toda vez que al ser organizaciones constituidas en ese país, no fue viable jurídicamente por la extraterritorialidad de las leyes”.

“Respecto del programa Actividades Comunitarias, no se proporcionó la evidencia de las evaluaciones por parte de las RME (Representaciones de México en el Extranjero) y del IME de los proyectos presentados por las organizaciones, antes de la autorización y asignación de los recursos; tampoco se acreditaron los criterios ni la metodología utilizada para seleccionar a las organizaciones a las que se les otorgaron recursos por 42. 4 millones de dólares; y no se verificó que se diera total cumplimiento a lo estipulado en los memorándums”, denunció la ASF.

En el caso del Programa Ventanilla de Salud, la ASF detectó que a junio del 2017 los consulados no habían entregado 595 mil dólares a las instituciones que realizan programas de salubridad, aunque el dinero ya había sido entregado por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 2016.

Y en ese mismo rubro de salud persiste la opacidad. La Auditoría denunció que no se presentaron los reportes e informes del ejercicio de 1.3 millones de dólares, mismos que debían ser entregados por 37 organizaciones participantes.

Así ocurrió también con otros programas. En “Otras actividades comunitarias y apoyos”, no se comprobó el ejercicio de 1 millón de dólares; y en la “Semana de la Educación Financiera”, 49 consulados no comprobaron el ejercicio de 69 mil dólares.

En suma, los consulados mexicanos en Estados Unidos mantienen un régimen de opacidad en el ejercicio de sus recursos.


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ NOV 3, 2017)