MONTERREY, NL (apro).-
Consuelo Morales, presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los
Derechos Humanos (Cadhac), sostuvo que hubo más de 50 muertos en el motín del
martes 10 de octubre en el penal de Cadereyta, y reveló incluso que algunos
reclusos fueron violados con macanas durante el operativo para retomar el
control del reclusorio.
En tanto, el gobierno de
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sostuvo en un breve comunicado que hubo 18
decesos en el incidente violento y aclaró que ninguna dependencia estatal ha
recibido denuncias por la desaparición de más reos.
La hermana Consuelo ofreció
este jueves una conferencia de prensa en las instalaciones de Cadhac, donde
enumeró las torturas a las que fueron sometidos los internos que se amotinaron
en el interior de la cárcel estatal, desorden que fue provocado, según la
autoridad, por desavenencias entre grupos internos.
“De acuerdo con los
testimonios obtenidos por Cadhac, los internos fueron víctimas de tratos
crueles, inhumanos y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso
de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos
violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”,
explicó la ONG en un comunicado que difundió tras su presentación ante los
medios.
También acusó que el
atropello a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad
continuó después de que los disturbios fueron atomizados, pues persistió la
falta de atención médica, de alimentación y de acceso a la comunicación
telefónica de sus familias.
También los reos fueron
hacinados desnudos y constantemente criminalizados por parte de las autoridades,
expuso Morales Elizondo.
Enseguida reiteró que la
cifra de fallecidos que han obtenido es mucho mayor a la que dio a conocer la
administración de “El Bronco”, luego de que policías ingresaran a la
penitenciaría para rescatar a tiros a dos celadores que iban a ser arrojados al
vacío desde el techo de un dormitorio.
Como lo señaló desde el
miércoles pasado, cuando reveló la nueva cifra de internos masacrados, la
activista dijo que obtuvo el dato con base en más de 400 reportes y entrevistas
con familiares que acudieron con personal del organismo en busca de asesoría
legal y acompañamiento.
“Reportan que al menos 50
personas privadas de la libertad perdieron la vida durante los hechos violentos
ocurridos en Cadereyta. Si bien resulta gravemente preocupante la discrepancia
en las cifras, es necesario resaltar que es obligación del Estado brindar
protección a la integridad física y moral, bienestar y seguridad a las personas
privadas de libertad; de manera que los hechos son inaceptables
independientemente del número de personas fallecidas y lesionadas”, sostuvo.
A nombre de Cadhac, Consuelo
Morales aclaró que tuvo que compartir esta información como una forma de
expresar las preocupaciones de las víctimas y sus familias, frente a un manejo
oficial de información lento, opaco e impreciso.
“Ante esta situación, las
familias se desplazaron a las instalaciones del penal para intentar conocer la
condición de su ser querido. La respuesta de la autoridad, lejos de ser
asertiva, fue agredirlos con armas químicas, burlas, amenazas, acoso sexual y
criminalización”, expuso Morales.
Por lo anterior, pidió una
investigación efectiva que esclarezca los hechos de los días 9 y 10 de octubre,
misma que garantice la reparación de los daños a los afectados y que la
autoridad asuma garantías de no repetición, por lo que buscan que en esta
indagatoria participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También pugna por que se
analice si fue apropiado el uso de armas letales de parte de la policía Fuerza
Civil y se investiguen los tratos inhumanos y degradantes.
Igual demandó que los mandos
responsables de la seguridad y el bienestar de los internos de Cadereyta sean
separados del puesto mientras es efectuada la correspondiente investigación de
los hechos.
“Seguiremos dando por válido
el testimonio de víctimas y familias hasta que no haya una investigación
pertinente y transparente, que demuestre lo contrario”, concluye el comunicado.
La administración de El
Bronco dijo que indaga los hechos y auxiliará a los afectados.
“El gobierno del estado
muestra su disposición a investigar a fondo denuncias sobre los hechos
registrados en el penal de Cadereyta, brindando la debida atención y protección
a las víctimas y realizando las acciones necesarias para que los responsables
de los delitos que pudieran resultar sean sancionados”, expuso en la respuesta
oficial a los señalamientos de Cadhac.
(PROCESO/ LUCIANO CAMPOS GARZA /2 NOVIEMBRE, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario