Entre el Andrés Manuel López
Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo en plena campaña
presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa
Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que
existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había
imaginado”.
Todo lo que se ha tenido que
revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no
alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los
culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de
Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado
en algo, su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería
en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su
proyecto de transformación, aunque quizás, no le será posible mantener su
deseo.
López Obrador tomó de aquél
programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final,
establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que
estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por
la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la
represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el
banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la
democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino
Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López
Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la
oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley
“para la impunidad”.
Casi 20 años después, por
iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de
Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y
fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la ex
legisladora en un enfrentamiento con los militares, el Senado argentino anuló
en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de
Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios
orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente
Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la
dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por
más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que
quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.
La tuerca que torció la
historia en México y llevó a López Obrador a la Presidencia fue la corrupción y
la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado,
entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron
por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como
presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de
la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un
después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar
atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a
acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.
En la entrevista narró los
porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los
cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación y someter la
seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho
como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad
tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que
ha salpicado -no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición-
a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en
la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistencia de
expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que
alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar
irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.
La entrevista de Tercer Grado
estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le
pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn
en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán no obligarían a su PGR o a su
fiscal, a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a
quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido
dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil
Jordan, ex director de la DEA en el Paso, Texas, en una entrevista con la
cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la
campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección,
como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio
millones de pesos para que lo dejaran escapar.
López Obrador se quedó unos
instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo.
Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo
que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia.
Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana
debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final,
Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico,
irá por él.
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/20 DE NOVIEMBRE DE 2018)