El Mando Especial que quiere
el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la delincuencia en
todo el país, encuentra en la Ley de Seguridad Interior que está discutiendo la
Suprema Corte de Justicia, su marco de referencia, con la legalización de
soldados y marinos en las tareas de seguridad pública y militares coordinando a
toda la autoridad civil. El único problema es que desde el ángulo de los
defensores de derechos humanos, viola los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30 y 31 de la Constitución. Es decir, 20
artículos constitucionales.
El Mando Especial, forma
parte de la estrategia de seguridad pública que se espera anuncie este
miércoles López Obrador, le otorga a los militares autoridad sobre los cuerpos
de seguridad civiles, y le asigna tareas que corresponden únicamente al
ministerio público. La Ley fue publicada por el presidente Enrique Peña Nieto
en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2017, para regular y blindar a las Fuerzas
Armadas para que puedan actuar como policías, pero decidió no aplicarla hasta
que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia. La Ley provocó impugnaciones
sobre su legalidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María
Aguilar, dijo el lunes, al iniciar el debate, que las impugnaciones se
revolverán mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, una de las seis entidades que la impugnaron, señala que los
artículos objetados pueden vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, al
acceso a la información pública y principio de máxima publicidad, a la protección
de datos personales, a la consulta previa de las comunidades indígenas, la
libertad de expresión, la libertad de asociación, el principio de inmediatez en
la puesta de disposición, el principio de la legalidad, el principio pro
persona y el principio de progresividad. “Las Fuerzas Armadas no pueden, por sí
mismas, intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles, aunado
a que resulta imprescindible la solicitud por parte de las propias autoridades
civiles para su participación”, señala.
“La Ley que ahora se impugna
contempla la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la diferencia
radica en que la Ley de Seguridad Interior habilita a las Fuerzas Armadas para
que puedan actuar por sí; es decir, sin mediar petición de apoyo por parte de
la autoridad civil, aunado a que la autoridad que dirigirá y coordinará las
acciones que permitan la permanencia y la continuidad de sus órdenes de
gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el
mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la
gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional, será un comandante
de las Fuerzas Armadas designado por el presidente de la República,
subordinando a las autoridades civiles bajo la coordinación de la autoridad
militar designada”.
En este espacio se publicó
ayer que el modelo que desea el presidente López Obrador implementar en 265
regiones de alta incidencia delictiva en el país, es la creación de unidades de
300 a 600 elementos cada una, donde los policías federales, los estatales y en
aquellos casos donde haya confianza, los municipales, además de la policía de
investigación criminal y los ministerios públicos federales y locales, estarán
bajo la coordinación de un militar, quien dirá qué investigar, a quién
investigar, cuándo, cómo y de qué forma se arma el caso y se presenta ante el
juez que determine, lo que contraviene la Constitución, además, en tres
artículos. López Obrador arrastra conceptualmente lo que produjo el gobierno
del presidente Peña Nieto, como una opción a su fallida, si no desastrosa,
estrategia de seguridad pública.
Desde diciembre de 2016 se
advirtió en este espacio: “Si existe una debilidad institucional y las policías
estatales y municipales son los eslabones mas vulnerables de la seguridad
pública, es porque quienes ahora buscan apresurar la Ley de Seguridad Interior,
son quienes, en función de sus necesidades políticas de corto plazo,
sacrificaron la profesionalización de las policías. Se puede argumentar que
intentan cubrir sus errores y deficiencias con otro error aún mayor y sin punto
de retorno.La discusión encabezada por el gobierno y el PRI para que se
dictamine la Ley de Seguridad Interna, también es hipócrita.
“Frenar la profesionalización
de las policías alargó el tiempo de los militares en las calles. A esa
negligencia que permitió actividades criminales, ahora quieren sumar la
atrocidad de militarizar el país. Una vez mas hay que insistir. La solución al
problema no es la Ley de Seguridad Interior sino un nuevo modelo policial en el
país que profesionalice esos cuerpos. Ya han sido suficientemente
irresponsables –por las consecuencias humanas, sociales y políticos causados-,
para que vuelvan a caer en el mismo error. La simulación sólo ahonda los
problemas, y eleva costos y tiempos para su solución”.
Los asesores de López Obrador
en el campo de la seguridad pública, quieren llevar al presidente electo por el
mismo camino equivocado que Peña Nieto. López Obrador ha comprado su idea y
quiere profundizarla violentando la Constitución o cambiándola, como le dijo al
secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, cuando le señaló que su
plan estaba fuera del marco de la ley. Si Peña Nieto estuvo mal, lo que quiere
el presidente electo es todavía peor. La subordinación del poder civil al
militar, mediante el Mando Especial, no es una ocurrencia. Es una estrategia de
la que se va a arrepentir ante la censura y condena de quienes defienden los
derechos humanos en México y el mundo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE
PERSONAL/14 DE NOVIEMBRE DE 2018)
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