lunes, 18 de junio de 2018

SEMAR SUSPENDE A MARINOS POR DESAPARICIONES EN NUEVO LAREDO; ATIENDE MEDIDAS CAUTELARES

Organismos defensores de derechos humanos han denunciado la desaparición de al menos 28 personas entre febrero y mayo de 2018

La Secretaría de Marina (Semar) informó que varios marinos han sido suspendidos de sus labores ante su probable participación en la desaparición de 28 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En mayo pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas ocurridas entre febrero y mayo de 2018.  Sin embargo, otras organizaciones locales han estimado que habrían sucedido al menos 40.

De acuerdo con el organismo, estas desapariciones habrían sido perpetradas durante la noche o madrugada por fuerzas federales, mientras caminaban o manejaban por carreteras, lo que ameritó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación.

Ante ello, a través de un comunicado, la Semar aceptó dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la CNDH e informó que ha puesto en marcha diversas acciones para no dejar en la impunidad los casos.

La Semar dijo que ordenó de manera puntual al personal naval dar cabal cumplimiento al respecto de abstenerse de violar los derechos humanos e instruyó a los elementos desplegados en Tamaulipas a realizar sus labores de manera congruente.

Asimismo, dio a conocer que se realiza una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas en compañía de los familiares de dichas personas a través de los mandos de la primera región naval y de la Unidad de Operaciones Especiales.

En aquellos casos en los que las personas desaparecidas hayan sido localizadas sin vida, se llevará a cabo una investigación acorde a los estándares internacionales”, señaló.

De igual forma, autorizó que personal de la CNDH en compañía de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inspeccionara las Bases de Operaciones del estado de Tamaulipas y Nuevo León.

La dependencia dio a conocer que ya se efectúa una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente.

Igualmente, ordenó dar vista por los hechos materia de cada caso, tanto al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, quien iniciará a los procedimientos administrativos de investigación correspondientes, como a la Fiscalía General de Justicia Militar.

La Secretaría dijo que también se le garantizan medidas de protección a los testigos y a sus familias que han estado denunciando las desapariciones, así como a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente atienden los casos.

Asimismo, se dirigió al personal de la CNDH en Nuevo Laredo que realice sus funciones con plena seguridad y sin ser objetos de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.

Destacó que la secretaría “es respetuosa de los ordenamientos institucionales que emitan las autoridades encargadas de velar por la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país, promoviendo la cooperación entre instituciones para el cumplimiento de las atribuciones de la CNDH”, concluyó.


(EJE CENTRAL/ REDACCIÓN/ 18 DE JUNIO DE 2018)

VOTÓ RICO MCPATO


Siempre se mete uno en problemas cuando hace cosas buenas que parecen malas. Pero se pone peor cuando uno hace cosas que piensa buenas para todos porque lo son para uno, sin decirle al resto lo que piensa hacer. Esto es lo que le sucedió a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que tiene ascendencia e influencia sobre el 29 por ciento del Producto Interno Bruto. Sus manejos sibilinos a favor de Ricardo Anaya en la lucha por la Presidencia, sin consensuar con la mayoría de sus pares en ese grupo selecto, le estalló, como se pudo apreciar en la prensa política desde el jueves pasado, donde lo señalaron de manipulador de encuestas para favorecer a quien, no sólo de corazón, sino de convicción militante, está ayudando.

Ramírez ha estado engañando a muchos con un doble juego. La primera señal de que el exitoso empresario tenía una agenda oculta para la mayoría de sus pares, fue la publicación de un desplegado en varios periódicos de la Ciudad de México el 3 de mayo titulado “Así No”, en el cual respondía los calificativos de López Obrador contra cinco miembros del Consejo que acusó de hacer campaña en su contra. El Consejo condenó las palabras de López Obrador y dijo que era preocupante que denostara a quienes no compartían sus ideas. Varios miembros del Consejo se enteraron del manifiesto cuando lo vieron publicado, porque nunca les pidieron su autorización para suscribirlo.

López Obrador no se amilanó. “Para ser claro”, añadió como réplica al desplegado, “no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. No es sólo hacer negocio, sino se sienten los dueños de México. Tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno”. La iniciativa de Ramírez agudizó el encono a niveles inéditos, y provocó que 10 días después se reuniera Ramírez con Alfonso Romo, coordinador de Estrategia de la campaña de López Obrador y enlace con los empresarios, para despresurizar el conflicto, que comenzó a desactivarse días antes, durante una comida del jefe de Cinépolis con Gerardo Esquivel, el asesor externo económico del candidato, con quien coincidió en los 90 en Harvard, cuando ambos estudiaban en aquella universidad.

Las garantías de que el Consejo no apostaba por ningún candidato y trabajaría con quien resultara electo Presidente, siempre fueron mentiras de Ramírez, quien llevaba meses apoyando discretamente de Anaya. Amigo cercano al ex Presidente Felipe Calderón, luchó para evitar que Margarita Zavala dejara el PAN, y le pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que declinara su candidato José Antonio Meade a favor de Anaya. Cuando los líderes de la coalición anayista presentaron una queja en la Organización de Estados Americanos en marzo por el uso faccioso de la PGR en contra de él, Ramírez también viajó a Washington para cabildear en los tanques de pensamiento de esa capital contra el gobierno peñista por el manejo político de la justicia en detrimento de su candidato. El doble juego que mantuvo durante meses, llegó a su fin la semana pasada.

La columna “Bajo Reserva” en El Universal, reveló el jueves que Ramírez escondió a los miembros del Consejo una encuesta donde Anaya estaba en tercer lugar, para impulsar entre sus miembros de la Coparmex, donde aparecía en segundo lugar. La columna no dio mayores detalles, pero esa encuesta fue elaborada por la empresa de Gabriela de la Riva, a quien desde el año pasado le comisionó el Consejo estudios de preferencia electoral, para tomar mejores decisiones para sus apoyos y financiamientos. La primera encuesta fue en noviembre, donde López Obrador tenía 30 por ciento de preferencia de voto, seguido de Anaya con 24 por ciento y Meade con 20. La siguiente fue entregada el 18 de enero, donde López Obrador y Anaya mostraban un incremento en las preferencias de 2 por ciento, mientras que Meade estaba estancado en 20.

La encuesta que ya no distribuyó Ramírez la entregó De la Riva el 5 de junio pasado, donde López Obrador aparecía con 44 por ciento de la preferencia electoral, mostrando una estabilidad desde abril, pero con cambios significativos en el segundo lugar. Anaya apareció en la encuesta a mil 516 personas -como todas las anteriores que había hecho-, con 20 por ciento de preferencia electoral, que significó una caída de 4 por ciento con respecto a la anterior medición del 15 de mayo, mientras que Meade aparecía con 24 por ciento de preferencia electoral, que representó un incremento de cinco puntos porcentuales con respecto a los datos de un mes antes. De la misma manera, el número de indecisos se redujo a 8 por ciento, casi la mitad de lo registrado previamente.
La forma como empezó a trascender en los medios la molestia en el equipo de Meade por el ocultamiento de la encuesta de De la Riva, se entiende por la necesidad que tienen de posicionar al candidato oficial en el segundo lugar y que de esta forma se pueda construir, en estas dos últimas semanas cruciales de campaña, la opción del voto útil. La manipulación que hizo Ramírez al proporcionar a los miembros del Consejo otra encuesta, no la que habían revisado y utilizado por meses, no fue sólo por el resultado de una preferencia coyuntural por Anaya, o la lectura de que él iba en segundo lugar.

Ramírez está jugando política a espaldas de los miembros -o la mayoría de ellos- del Consejo Mexicano de Negocios a favor de Anaya. Hizo cosas buenas, para él, que no sólo parecen malas, sino terribles, al intentar desinformar a quienes jamás debía haber engañado, sus pares.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 18/06/2018 | 04:05 AM)

NI UNO DE LOS 2,360 CONTRATOS DE KIMBERLY CON EL GOBIERNO DE EPN PASÓ LICITACIÓN; FUERON DIRECTOS



Kimberly-Clark de México se ha convertido en una de las principales proveedoras del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto con un total de 2 mil 360 contratos por adjudicación directa, cuyo monto es de 296 millones 115 mil 818 pesos, de acuerdo con una revisión en el Portal de Obligaciones y Transparencia y la página Compranet.
El gigante papelero de México, cuyo Consejo de Administración es presidido por el empresario Claudio X. González Laporte, también se benefició con 10 concesiones recibidas entre los años 1994, 1995, 1996 y 2001, para extracción de aguas nacionales y bienes públicos inherentes para uso industrial. El plazo de 6 de ellas ya concluyó, tres son por 50 años y una no lo especifica.
Claudio X. González Laporte es uno de los empresarios más importantes del país y ha sido un duro crítico de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. También es miembro del Consejo Mexicano de Negocios, una cúpula empresarial que en esta elección estuvo enfrentada con el tabasqueño, pero que en la recta final de la contienda lograron limar asperezas mediante una reunión. Incluso se habló de un abrazo entre el empresario y el tres veces candidato presidencial al finalizar el encuentro.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto otorgó a Kimberly-Clark de México un total de 2 mil 360 contratos por adjudicación directa con un monto de 296 millones 115 mil 818 pesos, de acuerdo con una revisión al Portal de Obligaciones y Transparencia y la plataforma Compranet.

Kimberly-Clark de México, cuyo Consejo de Administración es presidido por el empresario Claudio X. González Laporte, también se benefició con 10 concesiones recibidas entre los años 1994, 1995, 1996 y 2001, para extracción de aguas nacionales y bienes públicos inherentes para uso industrial. El plazo de 6 de ellas ya concluyó, tres son por 50 años y una no lo especifica.

La empresa Kimberly-Clark de México lleva 93 años operando en el país con productos de consumo personal como toallas femeninas, pañales, servilletas, papel higiénico jabón y toallitas húmedas.

Actualmente cuenta con 18 marcas líderes en el mercado entre las que se encuentran Huggies, Kleen-Bebé, Evenflo, Kleenex Cottonelle, Depend, Kotex, Escudo, Suavel, Vogue, Pétalo y Depend.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia, el grupo empresarial no tuvo que competir para ganar un solo contrato en este sexenio, pues a través de Diconsa recibió 2 mil 360 por adjudicación directa por un monto de 296 millones 115 mil 818 pesos.

La gama de los montos de los más de dos mil contratos de Kimberly-Clark con el Gobierno va desde convenios de 745 pesos hasta los que se firmaron por más de un millón de pesos, según la revisión de contratos de este medio digital. En este sexenio los abarrotes no comestibles de la compañía no han faltado en las tiendas de la Distribuidora Conasupo (Diconsa), que depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La Sedesol tuvo cuatro secretarios en este sexenio mientras que la pobreza aumentó a 53.4 millones de personas, 65 mil más que en 2012, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Diconsa, que opera el Programa de Abasto Rural con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles en todo el país, es dirigida por Orlando Olguín Miranda, quien asumió el cargo en febrero de 2018. Pero las adjudicaciones a Kimberly-Clark se dieron con su predecesor: Héctor Eduardo Velasco Monroy, hoy candidato a Diputado federal por el PRI en Atlacomulco, Estado de México.

LAS CONCESIONES DE KIMBERLY-CLARK

De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia, Kimberly-Clark cuenta con 10 concesiones recibidas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Tres fueron otorgadas en 1994 con una vigencia de 50 años, es decir, hasta 2044.

En cada una de estas concesiones la empresa tiene derecho de extraer aguas nacionales del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, para uso industrial.

La empresa obtuvo otros seis títulos de concesión en el año 1994 que finalizaron en 2004 para extraer millones de metros cúbicos de agua. Por ejemplo, en el título de concesión, “06COA100129/24FMDL14”, el Gobierno otorgó a Kimberly-Clark permiso para extraer aguas nacionales en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, por un volumen de 2 millones 448 mil 836 m3 por año, es como llenar 2.5 veces el estadio Azteca.

Veracruz, Coahuila y Tlaxcala son los estados de donde el gigante papelero extrae la mayor cantidad de agua para uso industrial.

En el primer trimestre de 2018, las ganancias de Kimberly-Clark aumentaron un 7.1 por ciento, lo que equivale a 10 mil 207 millones de pesos, de acuerdo con su último reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los resultados positivos se vieron apoyados por los incrementos de precio implementados durante los últimos 12 meses y ahorros en los costos.

En el año 2017, las ventas netas de Productos al Consumidor alcanzaron los 31 mil millones 961 mil 958 pesos, mayores a los registrados en 2016 las cuales fueron de 30 millones 640 mil 717 pesos.

CLAUDIO X. GONZÁLEZ EN LA ELECCIÓN

Kimberly-Clark de México fue dirigida hasta 2003 por Claudio X. González Laporte, quien hoy preside el Consejo de Administración de la compañía. En el año 2003 el empresario dejó la dirección en manos de su hijo Pablo González Guajardo.

Claudio X. González Laporte es uno de los líderes empresariales más importantes del país y ha sido un duro crítico del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador.

A lo largo de esta contienda electoral la relación entre el empresario y el abanderado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha sido nada sencilla. López Obrador lo acusó en varias ocasiones de ser uno de los líderes de la “Mafia del Poder” –un presunto grupo económico y político que domina México– que buscaban un acuerdo para beneficiar al panista Ricardo Anaya Cortés y evitar su triunfo en la elección.

Claudio X. González es miembro del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), un núcleo que reúne a varios de los empresarios más poderosos del país, entre ellos varios que se han opuesto abiertamente, en esta elección y en el pasado, en contra de Andrés Manuel López Obrador.

En mayo pasado, ese organismo empresarial publicó el desplegado “Así No”, en el que condenaban los “ataques y descalificaciones” por parte de López Obrador a los empresarios, además de negar un acuerdo con el Presidente Peña Nieto para apoyar la candidatura de Anaya.

En la recta final de la contienda electoral el CMN se reunió con el candidato puntero y, según las declaraciones de ambas partes, “fue una reunión respetuosa y se limaron asperezas”.

Incluso, Claudio X González –quien ha sido consejero de múltiples compañías mexicanas y extranjeras como Telmex, Banamex, Alfa, Carso, Modelo, Televisa, Kellog Company y JP Morgan– declaró al salir del encuentro que él y López Obrador se abrazaron.

(SIN EMBARGO/ GUADALUPE FUENTES LÓPEZ/ 18 DE JU8NIO 2018)

BASTA YA DE INSEGURIDAD, DICEN 27 PUEBLOS DE GUERRERO: ANUNCIAN QUE ASUMIRÁN SU PROPIA DEFENSA



Este mediodía más de mil pobladores marcharon en Filo de Caballos en donde denunciaron que los pueblos se encuentran expuestos a las bandas del crimen organizado que se disputan la zona sin que les hayan enviado al Ejército y la Policía Estatal como lo pidieron desde el martes al gobierno del estado.
El presidente de la Unión de Comisarios, David Barragán, denunció también que por la inseguridad por lo menos en 12 pueblos se encuentran cerradas las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.
El pasado 13 de julio, al menos 10 pueblos del municipio de Heliodoro Castillo, al centro del estado de Guerrero, denunciaron que se encuentran sin energía eléctrica y sin servicio telefónico. En Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, desde el lunes están cerradas las escuelas de todos los niveles y el Centro de Salud por los enfrentamientos entre dos grupos de sicarios que se diputan la zona.

 Zacarías Cervantes
Guerrero/Ciudad de México, 18 de junio (El Sur/SinEmbargo).- Pobladores de 27 localidades de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y Chilpancingo integraron este día su Policía Ciudadana de Autodefensa luego de que denunciaron que los gobiernos federal y estatal no los han apoyado con seguridad después de los hechos de violencia del sábado 9 de junio en Corralitos y el lunes de la semana pasada cerca de Filo de Caballos.

Este mediodía más de mil pobladores marcharon en Filo de Caballos en donde denunciaron que los pueblos se encuentran expuestos a las bandas del crimen organizado que se disputan la zona sin que les hayan enviado al Ejército y la Policía Estatal como lo pidieron desde el martes al Gobierno del estado.

El presidente de la Unión de Comisarios, David Barragán, denunció también que por la inseguridad por lo menos en 12 pueblos se encuentran cerradas las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.

Asimismo, dijo que sigue cerrado el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos que, aseguró, atiende a pobladores de más de cien comunidades de estos cuatro municipios.

Los policías ciudadanos no se incorporarán a alguna organización existente y se regirán mediante los usos y costumbres de los pueblos.

FALTA DE SERVICIOS HACE HUIR A FAMILIAS

Al menos 10 pueblos del municipio de Heliodoro Castillo, al centro del estado de Guerrero, se encuentran sin energía eléctrica y sin servicio telefónico, según se informó el pasado 13 de junio. Mientras que en filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, desde el lunes están cerradas las escuelas de todos los niveles y el Centro de Salud por los enfrentamientos entre dos grupos de sicarios que se diputan la zona, informaron pobladores.

Asimismo, la empresa que cubre el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Tlacotepec también suspendió el servicio, como ya lo habían hecho los de Iguala.

Familiares de algunos de los habitantes de los pueblos de Heliodoro Castillo, que viven en la capital y en Chichihualco, demandaron ayer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se restablezca el servicio de energía eléctrica que no tienen desde el sábado, cuando un comando armado atacó el pueblo de Izotepec y cortó el servicio, con lo que afectó a por lo menos otros nueve pueblos de la zona.

Asimismo, la empresa que cubre el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Tlacotepec también suspendió el servicio, como ya lo habían hecho los de Iguala.

EMPRESAS TAMBIÉN SE VAN

La semana pasada, la empresa refresquera PepsiCo cerró sus actividades en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, en la zona de Tierra Caliente del estado de Guerrero, dos meses y medio después de que la empresa refresquera Coca Cola-FEMSA cerrara sus operaciones por el asedio y extorsión de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con medios locales y nacionales, la empresa multinacional estadounidense dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos –que tenía más de 40 años establecida en Ciudad Altamirano– liquidó en Toluca, Estado de México, al menos a 70 empleados y dio por terminadas sus operaciones en la región de Tierra Caliente.

El cierre de la empresa –de acuerdo con los diarios de la entidad– se dio por la presión de grupos delictivos que, desde el 29 de mayo pasado, pedían con mayor insistencia el pago de derecho de piso a los encargados de la refresquera. Bajo Palabra recordó que través de las diversas redes sociales se alertó desde la semana pasada que PepsiCo dejaría de surtir refrescos y botanas a tiendas de la Tierra Caliente.

El pasado 23 de marzo, Coca-Cola Femsa anunció el cierre de su centro de distribución en el municipio de Altamirano, en el sureño estado de Guerrero, debido al “hostigamiento” que sus trabajadores han sufrido por parte de grupos delictivos.

Desde enero de este año, los empleados de este centro “comenzaron a recibir constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado” y se registraron afectaciones a las instalaciones, explicó la empresa en un comunicado.

La compañía refirió que el cierre de operaciones es de “forma indefinida”, con el objetivo de “preservar la integridad y seguridad” del personal, conformado por 160 colaboradores.

No es la primera ocasión que sucede un hecho similar, en mayo del 2017 casi dos mil pobladores de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y uno de Tepecoacuilco integraron su policía comunitaria con el propósito de frenar a la delincuencia organizada en estas localidades que rodean las minas Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala que explota la minera canadiense Gold Corp, así como la de Los Guajes/El Limón cerca de Nuevo Balsas, que trabaja la minera, también canadiense, Media Luna.

La zona donde se encuentran las 10 comunidades es territorio de disputa entre las bandas criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos.

-Con información de El Sur

(SIN EMBNARGO/ Redacción / 18 DE JUNIO 2018)

REGIDORA PLAGIÓ REGLAMENTO Y SE FUE A EUROPA



Fotos: Enrique Botello

Mientras Protección Civil aboga por un reglamento para la atención inmediata de desastres en Ensenada, otros regidores quitan peso al hecho que Bertha Martínez Villalobos simplemente reprodujo los artículos para el municipio, otros dicen que se necesita una adecuación más profunda. Experta consultada asegura que si pone la propuesta como propia es fraude y no una violación a los derechos de explotación de la obra, pero sí a los de autor

La regidora Bertha Martínez Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un “copy-paste” del Reglamento del Fondo Municipal para la Atención de Desastres Naturales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para aplicarlo en Ensenada.

La propuesta fue aprobada en la comisión conjunta de Gobernación y Legislación y Seguridad, y Tránsito y Transporte, para estudio y dictaminación. El documento, no solo fue íntegramente copiado, sino que tiene inconsistencias de redacción en los considerandos y justificaciones.

Debido a que se trata de un reglamento para un fondo que no existe, la regidora pidió a Tesorería Municipal permiso para usar la cuenta de algún fideicomiso ya existente, “el que sea”, pero la solicitud fue rechazada al incurrir en una falta.

Según el portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California, en Ensenada, un regidor percibe mil 400 pesos diarios, mensualmente, 42 mil 700 pesos, más gasolina.

En 2017, entre los trece regidores ensenadenses gastaron 962 mil pesos en gasolina para ellos y sus colaboradores, cada uno de ellos tiene como mínimo a tres personas a su disposición.

Para Gestión Social, que no está dentro del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ensenada, recibieron 5 millones 783 mil pesos, dando un total de casi 7 millones de pesos entre gasolina y gestión.

ZETA estuvo en la oficina de Martínez Villalobos para conocer detalles de la iniciativa, sin embargo, el personal informó que la regidora se encontraba fuera de la ciudad, mientras que en Oficialía Mayor no solicitó autorización para separarse del cargo.

En presidencia informaron que sin permiso, la funcionaria viajó a Europa por motivo de placer en días hábiles. Al igual que el regidor Iván Duarte Córdova, a quien ubicaron en Oriente por motivos personales.

Los regidores que avalaron la propuesta de reglamento sin cotejarla o señalar las inconsistencias fueron: Ricardo Medina Fierro, David del Moral Silva, Ramón Iván Duarte Córdova, Rodolfo Mellado Pérez, Norma Angélica Silva Aguirre y María Rosa Guzmán Agúndez.

URGE REGLAMENTO PARA ENSENADA

El director de Protección Civil Municipal, Jaime Nieto de María y Campos, reconoció que es urgente la creación de un fondo para dar una respuesta inmediata a las emergencias.

Ejemplificó que cada que hay una condición como el fenómeno “El Niño” (más lluvia de la normal), es necesario que el Ayuntamiento se declare “incompetente” por la falta de recursos económicos.


Ing. Bertha del Carmen Martínez Villalobos, regidora Ensenada

Entonces el Gobierno del Estado se hace cargo de dar el dinero, de lo contrario, debe dar parte a la Federación para que a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), reciba los apoyos.

Esto se convierte en un enredo burocrático tardado, en el que presidencia  termina gestionando el recurso.

En un primer momento, dijo, “ocupamos dinero para abastecer de gasolina las unidades, comprar comida y otros víveres, también herramienta. Acá en Ensenada ha habido casos emblemáticos como cuando  se presentaron dos ‘Niños’ en el mismo año. Hubo puentes caídos, personas incomunicadas y sin alimento. Otro son los grandes incendios forestales donde rescatistas en brigada arriesgan la vida.

“Somos el municipio con mayor incidencia y se tiene que operar con lo que se pueda, y normalmente sale de la oficina de presidencia, pero es dinero difícil de comprobar porque son sodas, aguas y gasolina que compramos en las tienditas de la zona rural”, describió.

En todos los casos se requiere inmediatez en la respuesta, “porque ni el fuego, ni el agua, ni una explosión, esperan a que los gobiernos hagan trámites”.

EDIL QUE DEFIENDE “COPY PASTE”, TAMBIÉN DE VACACIONES

Para el regidor Iván Duarte Córdova, integrante de la Comisión en Temas Legislativos, Política Pública, Diseños Institucionales o Reglamentos, es complicado hablar de “plagio”, ya que un reglamento no solo puede corresponder a una sola persona o que alguien tenga los derechos exclusivos.

“Incluso a nivel estatal, la gran mayoría o un gran porcentaje de leyes estatales están reproduciendo literalmente disposiciones a nivel federal, porque existe similitud”, comentó en entrevista vía telefónica con ZETA.

Comparó con el Código Civil, donde cada Estado tiene numeración.

“Sería muy desafortunado catalogar de plagio, de un contubernio para soportar, porque no se da en temas legislativos, no existe tal”, insistió.



Cabildo Ensenada

Para llegar a ese punto del reglamento del Fonden, estuvieron en cuatro reuniones analizando el reglamento “pequeño” y “noble” que  atiende una necesidad, más allá de si se cumplió o no con la forma y, argumentó, la regidora simplemente reprodujo los artículos para Ensenada.

Duarte indicó que además de regidor,  es abogado y maestro en Administración Pública con especialidad y un diplomado en Derecho Corporativo, por lo cual “conozco el alcance del derecho de autor, es complicado hacer una acusación de plagio y no necesariamente tienen que ser ideas propias; partimos de la buena fe del inicialista”, complementó.

NO VALE “COPIAR Y PEGAR”

Para Jorge Camargo Villa, el tomar referencia de reglamentos de otros estados es válido siempre y cuando se busque adaptar ordenamientos y artículos a las condiciones de cada municipio.

“Estoy convencido que copiar directamente no es del todo aplicable, hay que entrar al fondo”, declaró.

Aunque considera que la intención es buena, se requiere de ese fondo para hacer frente a las emergencias, pero desechó que se haga bajo estas condiciones.

Como regidor, “es obligación revisar los reglamentos que se hacen para el municipio, es decir, leerlos al 100 cien por ciento para que sean aplicables”, destacó el regidor.

REGLAMENTOS DEBEN SER DE “NUESTRA CIUDAD”: BAJA PATENTS

Paulina Arroyo,  titular del despacho Baja Patents, expertos en temas de derecho de autor en Ensenada, explicó que si bien las leyes no son registrables, es decir, no gozan de los mismos derechos de autor que otras obras, no es conveniente adjudicar la autoría porque  “es un engaño”.

La intención de la Ley es que las legislaciones sean susceptibles de ser reproducidas, finalmente son para beneficio de la sociedad y, por lo tanto, el creador de la Ley original no podrá impedir su aplicación en Ensenada.


“El regidor ensenadense no debe mencionar que él la creó porque eso es fraude, no es violación a los derechos de explotación de la obra, pero sí a los derechos de autor”, expuso la abogada.

Sobre llamar plagio a un hecho de este tipo, mencionó que es un término coloquial, que la Ley no menciona esa palabra ni “piratería”, pero en la práctica se usa.

Aclaró que esta situación encierra dos problemas: adjudicarse la autoría -no respetar la de otra persona- y ostentarse como autor.

“Aunque este no es tema de derechos de autor  es importante, no adecuar la Ley a la territorialidad; se debe adecuar a las condiciones de nuestro Estado y no copiar tal cual”, reiteró Arroyo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /LUNES, 18 JUNIO, 2018 01:00 PM)

EL MONTAJE DE LA DESALINIZADORA



Fotos: Marcos Flores

La inauguración de la planta por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se dio aún sin entregar un solo litro de agua a la CESPE y con dos nuevas fechas para hacerlo: 9 y 15 de julio

La entrega de la planta desalinizadora de agua de mar en Ensenada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el lunes 11 de  junio, se convirtió en un evento de simulación, un montaje.

Hasta el momento no aporta un solo litro de agua a los ciudadanos, y mientras la empresa Aguas de Ensenada y la Comisión Estatal del Agua (CEA) fijan como fecha de inicio el 9 de julio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dice que “a más tardar” el 15 de julio.

La planta producirá 8 millones de metros cúbicos anuales, a un promedio de 20 pesos el metro, que dejará ganancias por 160 millones de pesos anuales. Después de los 20 años de vigencia del contrato, la empresa habrá obtenido 3 mil 200 millones de pesos, poco menos de cuatro veces lo invertido.

No hay un panorama claro en cuanto el retraso de 15 meses y los responsables, así como en el aumento de 517 millones a 882 millones de pesos en el costo original de la obra. Mientras tanto, el contrato de prestación de servicios no está disponible en Transparencia.

El viernes 1 de junio, durante la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Jorge Cortés, insistió ante el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Carlo Bonfante, la necesidad de poner en marcha la planta; en respuesta, el representante del gobernador Francisco Vega de Lamadrid en ese evento declaró que se estaban probando los equipos y que el Estado se reuniría en los siguientes días con los empresarios españoles.

El miércoles 6 de junio, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Carlos Loyola Peterson, subió el tono del discurso frente a un panorama incierto y la creciente exigencia de los ciudadanos de contar con el servicio de agua ante la proximidad del verano, enfrentando un déficit del 18 por ciento.



Foto: Marcos Flores

Dicho retraso, reclamó ante ZETA, “coloca otra vez a la CESPE en una situación bastante incómoda que ya ha llegado en el caso de nosotros a un grado fuerte de molestia, porque consideramos que las posibles explicaciones que nos puedan dar los ejecutivos de la empresa, ya para nosotros son inaceptables; ya no hay, desde el punto de vista de la CESPE, razón que valga”, reiteró.

Loyola dijo haber insistido a la CEA para revisar el contrato de prestación de servicios con la empresa Aguas de Ensenada, a fin de imponerle sanciones o inclusive rescindir el contrato. La CESPE no había sido informada de una nueva fecha de operación de la planta. Cabe precisar que Aguas de Ensenada “entregará” el agua a la CEA y esta a su vez la venderá a CESPE.

Existen cláusulas en las que se establecen sanciones económicas, “lo que en la CEA nos dicen, es que el procedimiento normal es terminar el proyecto, luego viene el cierre financiero del proyecto y ahí es donde se analizarán los costos, retrasos y sanciones a las que se hayan hecho acreedores los inversionistas españoles”, comentó el director de la CESPE.

“No nos importa si el edificio está pintado o si el patio está pavimentado, lo que nos importa es que esté produciendo agua y después, que hagan lo que quieran”, remató.

NI LA EMPRESA NI CEA ASUMEN RESPONSABILIDAD

La misma noche del miércoles 6 de junio, Comunicación Social del Estado convocó a un recorrido por la planta a las 12:00 pm del jueves 7 de junio. Moisés Pariente, director de Aguas de Ensenada, de GS Inima, dijo que la obra ya estaba terminada, en periodos de prueba y de ajustes para que el agua cumpliera con toda la norma, previo a su envío al tanque El Gallo.

— ¿Cuál es el precio que ustedes darán a la CEA por metro cúbico?

“Se la debo, pero hay un modelo financiero, está incorporado dentro del contrato, hay unos cocientes de actualización y realmente ahora mismo si me pregunta, no le podría dar el número exacto”.

— ¿Cuál fue el costo real de la planta desaladora, cuánto costó construirla?

“Estamos en 760…”.

En ese instante lo interrumpió un funcionario de CEA, quien dijo que el costo fue de 880 millones de pesos, pero que la cifra del directivo español era sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

— ¿Qué tanto se elevó el precio de lo que se tenía contemplado?

“El tema principal que hubo aquí fue que la intención era construir la planta en otro sitio (El Salitral). Hubo varios requerimientos del Ayuntamiento, de CFE (Comisión Federal de Electricidad). Por ejemplo, nosotros tenemos una línea enterrada de alta tensión que no estaba considerada dentro del proyecto”.


  ¿Cuándo se tenía que haber entregado la obra y cuáles fueron las razones de la empresa para incumplir con los tiempos?

“Estos proyectos son muy complejos y tienen muchos factores. Esto no es un tema de un retraso atribuible ni a nosotros ni a la CEA, lo que pasa que por el camino hay requerimientos de diferentes instituciones y hay que tomarlos en cuenta”.

— ¿La empresa recibió los pagos a tiempo?

“Esto va a través de un fideicomiso, como parte de la estructura financiera de este proyecto, pues tiene aporte del gobierno federal, de bancos y aporte nuestro”.

— ¿En qué montos de cada entidad?

“De capital de riesgo, que le llaman, aportación de la empresa es un 25 por ciento; del Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), entre 20 y 25%; el resto es financiado a través una institución”.

— En 2017 se hablaba de problemas con la obra marina, este año ¿cuál ha sido el motivo del retraso?

“Se ha manejado una fecha de la obra terminada, en diciembre, se refería a la obra civil, faltaba equipamiento electromecánico que se ha hecho con posterioridad. Después de haberse equipado el sistema se han iniciado con pruebas en seco, en húmedo, y es dentro del proceso de arranque”.

Después de la entrevista con el director de la empresa española constructora de la planta, se cuestionó al director de la CEA, Ricardo Cisneros.

— El director de la CESPE aseguró haber pedido a la CEA revisar el contrato para imponer sanciones o rescindir el contrato con la empresa. ¿Cuál es la postura?

“La idea de la visita es que constaten la terminación de la obra, que está a punto de iniciar. Realmente ha habido un desfasamiento de tiempo, pero como bien lo mencionaba Moisés (Pariente), ha sido a causa de modificaciones en especificaciones, en un cambio de sitio, cuestiones climáticas, también muchos de los equipos vienen de Europa, de Alemania. Son cosas que intervienen y afectan los tiempos en un momento dado de desarrollo, yo entiendo que Carlos (Loyola), al igual que la población, se encuentran ya con una presión muy fuerte, hay una presión social muy fuerte por la necesidad del agua, por eso la empresa también está haciendo un gran esfuerzo para que esto suceda a la brevedad”.

— ¿Son causas atribuibles a la empresa?

“No. Como bien lo menciona Carlos en sus declaraciones, la parte contractual es entre Aguas de Ensenada y Comisión Estatal del Agua, y nosotros hemos estado muy al pendiente del seguimiento de todo el proceso y haciendo los análisis pertinentes para que proceda lo que tenga que proceder, y lo que no, pues hacer las deductivas correspondientes”.

— ¿Cuál es el costo estimado del metro cúbico?

“El estimado es que el agua debe costarle lo mismo a la población de lo que ya cuesta sacarlo de los pozos o del flujo inverso. La idea es mantenerlo lo más cercano posible a ese costo. Como bien decía Moisés, no podemos dar ese monto ahorita, sería una irresponsabilidad, puesto que no se ha cerrado el número final de la etapa de inversión y demás. Aun cuando estamos ya por cerrar la parte de operación, todavía la parte financiera tiene un proceso para hacer el cierre total donde se van a poder definir los montos”.

— A partir del 9 de julio, ¿cuánto se demoraría para dar el servicio?

“La responsabilidad de Aguas de Ensenada es ubicar el agua en El Gallo, que es el tanque de distribución de la CESPE, de ahí en adelante ya será responsabilidad de Carlos Loyola la distribución. Una vez que tengamos la parte operativa terminada, entraremos al cierre de la parte financiera que nos debe llevar alrededor de un mes, mes y medio”.


— ¿Hubo un incremento en el costo de la obra?

“Finalmente sí hubo un incremento, no podemos tapar el sol con un dedo, pero el incremento está plenamente justificado, tanto por el cambio de sitio, por requerimientos en especificaciones y por consideraciones precisamente para la ampliación de la segunda etapa. El costo inicial era de 570 millones y nos fuimos a 880 millones”.

— ¿De dónde salió ese ajuste?

“La inversión es mayormente de la empresa, hay una parte que colocó el Gobierno Federal, fija. La empresa financió todos los cambios”.

CONTRATO NO APARECE EN TRANSPARENCIA DE CEA

En el portal de la CEA, en el apartado APP, aparecen datos sobre el Sistema Integral Hídrico para la Región de San Quintín en el Municipio de Ensenada; y la Construcción, Financiamiento y Operación de una Planta Desalinizadora en el Municipio de Playas de Rosarito, pero no de la desalinizadora de Ensenada.

En el apartado de Transparencia de la CEA, en la información de oficio, se dan a conocer concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, además de resultados de adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, pero en ninguno figura el contrato de la desalinizadora.

ZETA intentó contactar vía telefónica a Marco Antonio Zambrano Leal, titular de la unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua, para solicitarle directamente una copia del contrato o una liga para encontrarlo, pero hasta el cierre de esta edición, no respondió al llamado.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ MARCO A. FLORES /LUNES, 18 JUNIO, 2018 01:00 PM)

AYUNTAMIENTO IGNORA AFECTACIÓN EN LÍMITES TERRITORIALES CON ESTADOS UNIDOS



Foto: Jorge Dueñes.- En la imagen se observa al costado izquierdo, el corte del talud en el que no se respetaron los 20 metros que establece el decreto.

Luego que el Ayuntamiento otorgara licencias de movimientos de tierra a la empresa constructora Vista del Río, esta sobrepasó los límites territoriales federales establecidos en decretos binacionales entre México y EU. Sin embargo, contrario a detener las obras, autoridades municipales siguen respaldando el proyecto y autoridades binacionales como la CILA, encargadas del territorio fronterizo nacional, aseguran no haber recibido ese proyecto para dictaminar su factibilidad. Especialistas consideran hubo una clara violación al reglamento por parte del Municipio

Pese a que existen decretos y estatutos internacionales en los que se establecen claramente los límites y deslindes territoriales entre México y Estados Unidos, así como los de orden federal, el Ayuntamiento de Tijuana otorgó y facilitó licencias de movimientos de tierra en un predio en Playas de Tijuana colindante con el muro fronterizo, propiedad de la empresa Constructora y Proyección Vista del Río, S de R L de CV, quienes al momento de ejecutar las obras, sobrepasaron esos límites sin contar con el permiso previo y requerido.

Con previa autorización del Ayuntamiento, entre julio y agosto de 2017 la empresa intervino el predio con un corte de talud, en un espacio considerado como calle internacional en el Acta de 1906, firmada entre México y el país vecino, en la que también se establece que en el sitio no deben existir construcciones de ningún tipo; señalamiento que en noviembre del mismo año hicieron saber los vecinos de dicha localidad, mediante un recurso de queja interpuesto ante el propio Ayuntamiento, quienes hicieron caso omiso.

Situación por la que, a decir de los expertos en materia de construcción y límites territoriales consultados por ZETA, se incurrió irresponsablemente en una violación a los parámetros nacionales y binacionales previamente establecidos en la misma carta, por lo cual las autoridades municipales correspondientes podría ser acreedoras a una sanción por parte de la Federación e incluso, podrían desatar una controversia entre ambos países.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, compartió a este Semanario que él no lo ve de tal manera, debido a que no se invadió el terreno como se menciona y, además, se notificó puntualmente sobre estas acciones a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, desde la CILA se desmintió al secretario en un documento que se entregó a vecinos de Playas de Tijuana -copia en propiedad de ZETA-, en el que se señala tajantemente que ese proyecto no se les ha presentado para su revisión y poder emitir así la factibilidad del mismo conforme a sus atribuciones.

Asimismo, indica que se notificó de manera oficial a las autoridades municipales que no se estaban siguiendo las normas y recomendaciones pactadas en el Acta 244, firmada el 4 de diciembre de 1973 en Ciudad Juárez, Chihuahua.



Foto: Jorge Dueñes.- Tres casas y una cancha deportiva son las que tendrán que ceder terreno por invasión

Aunado al anuncio de la renovación del muro fronterizo, saca a relucir una problemática que en Tijuana ha sido constante, precisamente la invasión y afectación de terrenos no solamente federales, sino internacionales, derivada también de la nula supervisión que el Ayuntamiento realiza en zonas que colindan con el muro fronterizo, lo que implicará que con la construcción del muro, algunos vecinos de Playas de Tijuana tengan que derrumbar parte de sus casas.

SOBRE LOS HECHOS

El 7 de julio de 2017, la Dirección de Administración Urbana (DAU), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), otorgó a Constructora y Proyección Vista del Río licencia de Movimientos de Tierra número URB-1359/17, para el predio identificado con la clave catastral PT-001-101, ubicado en Calzada Cascada s/n, Sección Terrazas del fraccionamiento Playas de Tijuana, con vigencia de 30 días; el 15 de agosto del mismo año, la empresa solicitó prórroga de 90 días para continuar con los movimientos en el mismo predio y se les otorgó la licencia número URB-1642/17.

El 17 de octubre de ese año, el inspector verificador Óscar Adrián Mercado Díaz realizó una ficha técnica del lugar, confirmando se trataba del predio establecido y que todos los movimientos de tierra se llevaban acorde a lo establecido, sin embargo, no se especificó la observación de los cortes de talud en terrenos federales.

Debido a esta situación, un grupo de vecinos de Playas de Tijuana, encabezados por el señor Saúl Torres Barbosa, interpusieron una queja ante el Ayuntamiento de Tijuana el 9 de noviembre de 2017, debido a la permisividad que estaban teniendo con la empresa desarrolladora, ya que esta realizaba movimientos de tierra en otros predios ubicados en la colindancia del cuerpo norte de la vialidad de acceso controlado Autopista Playas de Tijuana, de la vialidad primaria de ingreso al fraccionamiento Playas de Tijuana y del muro fronterizo, los cuales no pertenecían a la empresa.

Por lo tanto, solicitaron la cancelación inmediata de las obras en dicha queja, aunado a que, como lo señala el plano E-28 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, el predio donde se autorizaron los trabajos de movimientos de tierras está dentro de una zona definida como Área Especial de Conservación.

AFECTARON TERRENO FEDERAL SIN PREVIO PERMISO

Sin embargo, la instancia municipal no se pronunció al respecto durante varios meses y los vecinos recurrieron a la CILA para determinar la situación por la incidencia y afectación al predio federal donde la empresa realizó el corte de talud, instancia binacional que, mediante oficio signado por su representante Roberto Espinoza Mora el 12 de marzo de 2018, respondió de manera concreta que hasta esa fecha no habían “recibido, ni se les había presentado para revisión o solicitud de factibilidad ningún proyecto” de esa zona.


Foto: Jorge Dueñes

Por lo tanto, no podían emitir una opinión técnica ni la factibilidad del mismo, de acuerdo a sus atribuciones; respecto a las disposiciones jurídicas federales que se infringieron por esa afectación al talud, en el documento se resalta que “no se están siguiendo las normas y recomendaciones de la CILA al respecto emanadas del Acta de 1906 y del Acta #244 de la CILA”, lo cual fue debidamente manifestado por la vía oficial a las autoridades municipales.

Por lo tanto, recomendaron a la DAU dar el seguimiento correspondiente, al ser la instancia encargada de aplicar la reglamentación; recomendación que no se acató de tal manera y, contrario a ello, respondió solamente al grupo de vecinos -hasta el 11 de mayo de 2018- mediante un oficio firmado por la titular Magdalena García Tafoya, en el que la autoridad resaltó que pese a los señalamientos, “el solicitante (la empresa) cumplió con los requisitos requeridos en las leyes y reglamentos aplicables en la materia”, por tal motivo, no procedía la petición para la cancelación de las obras de movimiento de tierra.

DAU ACEPTA INDIRECTAMENTE QUE SE AFECTÓ TERRENO FEDERAL

En el mismo documento, la autoridad señala que en los movimientos de tierra en el predio correspondiente al “Derecho de Vía Zona Federal (Área de restricción)”, el 19 de febrero, mediante Acta de Comparecencia, se hizo saber al desarrollador que “respecto al derecho de paso de 20 metros deberá dejarse libre y tendrá que presentar solución técnica a la contención en esa zona”, con lo cual deja abierta la posibilidad de interpretación para entender que “sí se sobrepasó” el límite territorial federal, como lo hizo saber el señor Torres Barbosa en entrevista con ZETA.

Lo refutable del caso es que de alguna manera se está aceptando la afectación a un terreno federal, se está violentando la Ley desde el propio Ayuntamiento y por ende también la empresa, por haber expedido una licencia de Movimientos de Tierra en terrenos federales sin el permiso necesario, o por la omisión de la misma afectación al terreno y por no considerar los decretos establecidos incluso de forma binacional, lo cual podría acarrear sanciones también de índole penal.

Así lo señaló a este Semanario el ingeniero Jorge González Belmont, quien ha desempeñado cargos públicos durante distintos periodos en la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado.

SDUE INSISTE QUE ESTÁ TODO EN REGLA; EMPRESA NO RESPONDE

Sobre la afectación al terreno federal, el titular de la SDUE, Alejandro Lomelín Clapera, señaló que efectivamente el corte al talud está muy cercano a la malla fronteriza, pero “se le aclaró muy bien” a la CILA que el proyecto conserva los 20 metros necesarios para el derecho de vía, por lo tanto, “se respeta perfectamente bien” eso.

Detalló que eso fue lo que se informó debidamente al inicio de este año a la misma dependencia, situación que contrasta con el documento emitido por la CILA, en el que en marzo informa que hasta esa fecha no se les había presentado proyecto alguno.

Sobre esta observación, Lomelín Clapera resaltó que “probablemente en algún momento del corte del talud sucedió esto, pero insisto, a principios de este año estuvimos con CILA, incluso yo estuve con ellos y nos hemos mantenido en comunicación constante. En ese sentido hay un talud que fue revisado por parte de DAU y fue una de las cosas por las cuales se aprovechó la suspensión de las mismas obras, para poder hacer la revisión de la inclinación del talud”.


Carta expedida por la CILA en la que manifiesta que dicho proyecto no les fue presentado para emitir la factibilidad conforme a sus atribuciones / Carta de la DAU en la que acepta que la empresa hizo movimientos de tierra en zona federal y que se les pidió presentar solución técnica a la contención de esa zona.

Sobre la suspensión de las obras, refirió que estas se dieron solamente porque los desarrolladores modificaron el proyecto para hacer movimientos de tierra en un nuevo terreno que compraron y que se ubica hacia la salida a Playas, por lo tanto, se han mantenido hasta que presenten la nueva documentación con las adecuaciones necesarias tanto en movimientos de tierra, como en impacto e integración vial en la zona.

El titular de la SDUE también detalló que ellos no tienen la documentación que los vecinos presentan, en la que manifiestan que ese sitio se trata de un predio considerado como uso de conservación, y reiteró que todo lo que se da como permiso es analizado por la DAU, que es la facultada en ello, “todo lo que se ha otorgado es porque cuenta con los análisis, documentación y facultad legal para hacerlo”, argumentó el funcionario.

ZETA buscó con insistencia a los representantes de la empresa Constructora y Proyección Vista del Río para conocer su postura sobre esta situación y acordar una entrevista, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no devolvieron la llamada.


DECRETO NO HA SIDO RESPETADO, VECINOS PAGAN LAS CONSECUENCIAS

En entrevista con este Semanario, Roberto Espinosa Mora, representante de la CILA en Tijuana, expuso  que en noviembre de 1906, cuando se firmó el Acta de la CILA en El Paso, Texas, ambos gobiernos establecieron “una zona a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18-20 metros), que se considere como una ‘calle internacional’ y en la cual no se permita que existan edificios ni construcciones de ningún género”, con el principal objetivo de no afectar la estabilidad de los monumentos internacionales, no alterar los escurrimientos pluviales y tratar de detener el desbordamiento poblacional.

Lo cual no se ha respetado a lo largo de la historia, debido a que las autoridades competentes no se han encargado de la supervisión de ello, y porque las personas tienen la idea errónea de que la cerca o muro es la línea divisoria entre ambos países y generalmente “se pegan” hacia la línea fronteriza, sobrepasando los límites territoriales y no respetando los 20 metros como, se establece en el decreto.

Problemática que salió a relucir y persiste en la actualidad, desde el anuncio de las próximas obras que Estados Unidos realizará en la frontera con Tijuana, para la renovación de 22.53 kilómetros de muro fronterizo, y en la cual varios vecinos de Playas de Tijuana “saldrán perdiendo” parte de su patrimonio, debido a que tendrán que respetar y ceder parte del territorio que no les corresponde; situación de la cual fueron notificados en marzo del presente año y que deberán acatar de acuerdo a lo que la autoridad estadounidense decida una vez que comience con las obras del lado de su territorio.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /MANUEL AYALA/ LUNES, 18 JUNIO, 2018 01:00 PM)