El primero de diciembre, los
muertos como consecuencia de homicidios dolosos ya no serán del Presidente
Enrique Peña Nieto, sino del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las
emboscadas a los cuerpos de seguridad federal, serán suyas no de Peña Nieto, como
también los secuestros, los robos y las extorsiones. Ese día y los
subsiguientes serán iguales como hoy, mañana y el 30 de noviembre, porque la
inseguridad no desaparece por decreto ni con actos de fe, sino con un trabajo
sostenido y planificado para que con los años puedan comenzarse a dar
resultados. Pero esa es la trampa en la que se metió el futuro gobierno de
López Obrador, al fijar plazos para acabar con la violencia sin tener el método
para enfrentar a los criminales de manera efectiva, y no como sugieren, con
palabras en lugar de balas.
El nuevo gobierno podrá decir
que le entregaron un país en ruinas, lo que en el tema de la seguridad es
correcto, pero no podrán sostener eternamente la plañidera porque se
comprometió a resolver en 36 meses el fenómeno que más agobia a los mexicanos.
El Presidente electo dice que el crimen tiene que enfrentarse de manera
integral, lo que es cierto. Los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto así lo propusieron, pero nunca pudieron llevarlo a cabo como lo
diseñaron. Hay que frenar el reclutamiento de jóvenes, mediante oportunidades
de vida que si bien no compiten con los ingresos que les deja el narcotráfico,
su principal estímulo sería que la vida no será corta. Pero sin combate a los
delincuentes ni trabajo de inteligencia, nada va a cambiar; todo lo contrario.
La experiencia de Peña Nieto
al dejar de combatirlos en sus primeros ocho meses de gobierno pensando que así
se reduciría la violencia, es la mejor muestra de que eso es un error
estratégico. Las personas a las que encomendó López Obrador el diseño del
modelo de seguridad y el andamiaje jurídico para echar a andar una nueva
Secretaría de Seguridad, no han cumplido con su trabajo. La iniciativa de ley
para crearla, presentada por su responsable, Alfonso Durazo, fue rechazada por
el Presidente electo, quien le encargó a su asesor jurídico, Julio Scherer, que
trabajara el proyecto porque el que revisó no servía.
Cuadrar la seguridad pública
con la seguridad nacional, como pretende la nueva Secretaría de Seguridad al
incorporar el CISEN -reduciendo el trabajo de inteligencia- y Protección Civil,
ha resultado mucho más complejo de resolver jurídicamente de lo que se
imaginaban. La creación de una Guardia Civil con militares al frente, es un
distractor retórico que, sin embargo, se va a concretar como una fuerza de 250
mil elementos, divididos en células de mil cada una, encabezada por un militar
o un marino, que tendrá a su mando policías federales y estatales, distribuidos
en 250 ciudades, entre las que destacan la Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey, así como los destinos turísticos en Acapulco, Cancún, Los Cabos y
Puerto Vallarta.
Estas células combatirán la
delincuencia del fuero común. Lo que tiene que ver con el fuero federal, que
implica la lucha contra los cárteles de la droga, no va a ser una prioridad -la
violencia, ciertamente, la genera el narcomenudeo, no el narcotráfico, aunque
están vinculados-, por lo que el presupuesto de sólo 0.8 por ciento del PIB que
se dedicará a la seguridad, parece suficiente para el nuevo gobierno. No
presupuestar para compras de armamento y pedir la cancelación de equipo ya
ordenado, puede hacerle sentido a López Obrador en su idea de austeridad, pero
en el combate a criminales es cederles el monopolio de la fuerza. Si su
objetivo involuntario es que su gobierno pone los muertos y los criminales le
ganan la guerra, está haciendo lo correcto. Si no ha visto que ese será el
resultado, tiene que corregirlo.
La estrategia de seguridad
del nuevo gobierno es una galimatías. El Presidente electo y su equipo están
llenos de contradicciones y de ocurrencias coyunturales. La seguridad,
parafraseando a Georges Clemenceau, es demasiada seria para dejárselo a estos
políticos, que además, están confundidos y sin encontrar la respuesta al reto.
Pero la suerte les sonríe. El grupo parlamentario del PAN presentó este martes
una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no es
rebuscada ni egoístamente ambiciosa como originalmente la deseaba López Obrador,
pero resuelve el embrollo en el que se encuentran.
La iniciativa tiene mucho eco
en lo que propuso en un libro este año el ex Secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, acusado en México de estar vinculado a los cárteles de la
droga y odiado por muchos, pero reconocido por la OEA y el Departamento de
Estado, que tienen otro tipo de información sobre él, le encargaron un plan de
seguridad pública para América Latina. García Luna no asesoró al PAN, pero las
propuestas que tomaron de su libro han probado funcionar para reducir la
violencia.
No estaría mal que López
Obrador dejara de ocupar a improvisados y hablara con profesionales en el tema
-en su equipo hay varios-, para que dejen a un lado la creatividad destructiva
y se enfoquen en la seguridad pública. Si no quiere al CISEN en la Secretaría
de Gobernación, que tampoco lo meta con calzador en la Secretaría de Seguridad,
y lo convierta en un órgano desconcentrado adscrito a la Presidencia, y que
Protección Civil se quede donde está. Le quedan seis semanas escasas para tener
algo sensato como política de corto, mediano y largo plazo, antes de iniciar su
administración y que los muertos por la violencia empiecen a contabilizársele y
a pesarle.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 12/10/2018 | 04:02 AM)