miércoles, 9 de septiembre de 2015

“PUTEA A MAURICIO LÓPEZ [PRI-DF]”, ORDENÓ ZAPATA, OPERADOR DE RUBALCAVA


El casi Diputado de la ALDF Adrián Rubalcava tuvo en Mauricio López, el líder del PRI en la capital, un compañero de muchas batallas. Juntos fueron a la elección pasada; infinidad de fotografías donde aparecen juntos se difundieron por distintos medios: abrazados, levantándose las manos en señales de triunfo, en conferencias donde López daba la cara por un político vinculado con la violencia, e incluso con un grupo criminal conocido como “Los Claudios”.

Pero Rubalcava, por debajo de la mesa, no lo tenía en tal aprecio.

En las grabaciones realizadas por la Unidad Científica de la Policía Federal, su jefe de asesores Alejandro Emiliano Zapata encargó “putearlo” y ponerlo públicamente en ridículo: “con un pito en la cara”.

Y el operador de estos ataques fue el mismo: Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien fue despedido de Televisa el pasado viernes. Tiene montado un aparato de hostigamiento para periodistas, medios y políticos que responde a la orden (y al dinero) del ex Delegado de Cuajimalpa. Eso revelan las grabaciones realizados por orden de un juez federal…



QUINTA PARTE

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El coordinador de asesores de la Delegación Cuajimalpa, Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, tomó su celular: era Juan Carlos Zaragoza Ríos, entonces empleado de Televisa.

Zapata es uno de los operadores del ex Delegado Adrián Rubalcava, Diputado electo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Zaragoza Ríos opera una red de acoso que lo mismo ataca a políticos que a periodistas.

El ex empleado de Televisa –despedido el pasado viernes– dijo a Rubalcava, de acuerdo con las grabaciones, que habría utilizado las cuentas del Canal de las Estrellas y de Joaquín López Dóriga para denostar políticos.

Eran las nueve y media de la noche del 3 de marzo de 2015, y esta conversación cerraba el tema que abordaron en otra llamada, por la tarde.

La grabación fue hecha por la Unidad Científica de la Policía Federal, con autorización de un el Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal.

Alex [Alejandro Emiliano Zapata Sánchez]: ¿Qué pasó, mi amigo?

Juan [Juan Carlos Zaragoza Ríos]: ¿Qué onda, mi Álex? Oye, no me contestan estos cabrones.

[Zaragoza está urgido de información e imágenes de Mauricio López, el líder del PRI en el DF].

Álex: Ajá.

Juan: Este, me va a ayudar ahorita mi hermano.

Álex: Ajá.

Juan: ¿Hasta qué horas tenemos o hasta qué horas te urge?

Álex: No pus sí, sí dale güey.

Juan: Órale, ya vas.

Álex: Oye, ¿le pusiste lo de la cara de cochino y eso?

Juan: No, no, no.

Álex: De Mauricio.

Juan: No, no, no.

Álex: ¡Ahhhhh!

Juan: Lo que pasa que yo tenía unas cuentas creadas.

Álex: Ajá.

Juan: Que se llamaba Carlos del Valle [ex Director de Desarrollo Social de Cuajimalpa] y ahí le puse cosas a Carlos del Valle, entonces mi idea era bajar todo eso y hacer un Carlos del Valle bien para que de ahí este güey le estuviera chingando a Mauricio.

Álex: Ah, está bien idiota, güey, también.

Juan: Ajajajajaa, pus sí.

Álex: ¿No?

Juan: Pero yo ahorita ya estoy aquí con mi hermano, es el que me va a ayudar, güey.

Álex: Sí. A Mauricio López ponle ahí un pito o algo en la cara.

Juan: Órale, va.

Álex: Sí, ¿no? Mamadas, órale güey.

Juan: Ya estás. Jajajajaja.

No sabían que desde tiempo atrás el teléfono de Zaragoza Ríos estaba intervenido por la Policía Federal.

Una denuncia anónima recibida por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) fue turnada a la Unidad Científica y luego juez federal ordenó intervenir teléfonos y correos electrónicos. No se sabe aún cuánto proporcionó el denunciante a la Policía Federal, pero abrió una investigación que desenmascaró una red que monta ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos, incluso del PRI.

SinEmbargo tuvo acceso al expediente, que obra en la la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a la denuncia realizada por personal del diario digital por una campaña de acoso orquestada, en ese momento, por desconocidos.

Ahora se sabe que uno de los principales involucrados en la red es Adrián Rubalcava Suárez, ex Delegado próximo Diputado de la Asamblea Legislativa, político que se considera ahijado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

La Unidad Científica identificó a Juan Carlos Zaragoza Ríos, ex empleado de la televisora, quien desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y, eventualmente, para realizar extorsiones. Usa las redes sociales y otros recursos de Internet.

“El Lobo de Wall Street” o “James Boss”, como se hace llamar, alternaba su trabajo en Televisa –hasta poco antes de su despido– con el de operador de campañas de acoso. En el Mercado Río Blanco del DF, en un negocio de su madre llamado “Barbacoa Rufo ‘El Güero’”, trabaja o trabajó uno de sus operadores.

Otro de los involucrados es Danna Vázquez, representante de artistas, antes acusada por el uso de cuentas de sus clientes para promover al Verde Ecologista de México (PVEM). Las escuchas la vinculan al ataque de medios y adversarios de Rubalcava por medio del uso de cuentas como la de Belinda o Gloria Trevi.

Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa, está en varias grabaciones, como el mismo Rubalcava. Ordenan ataques contra medios y políticos.

Algunas veces, Zaragoza no sabe bien a bien a quién “putea”. Como cuando recibe la orden de atacar al líder del PRI capitalino.

–O sea, que los Del Valle están contra Manuel –le dice a Zapata.

Y Zapata lo corrige:

–Contra Mauricio.

–Mauricio, perdón, ok, y le genero cosas.

–Este güey es Presidente del PRI-DF.





Zapata con distintos políticos.

El tema que provocó la llamada entre Rubalcava, Zapata y Zaragoza, era tundir a los rivales.

Lo sorprendente es que las instrucciones dadas por Zapata, hijo de un viejo priista cercano a María de los Ángeles Moreno, fueran para que Zaragoza arremetiera con toda la artillería contra Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el DF y cercano a la misma dirigente partidaria.

Y a Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación con quien Zapata y Rubalcava presumen cercanía.

Tan cercanos, que Mauricio López y María de los Ángeles Moreno cobijaron a Rubalcava cuando el PRD le negó, en 2012, la candidatura a la jefatura delegacional de Cuajimalpa.

Entonces, de acuerdo con líderes perredistas consultados, René Bejarano, el mismo videograbado mientras se embolsaba fajos de billetes, acercó a su joven y bien parecido pupilo con Roberto Campa Cifrián, ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La amistad de Bejarano y Campa es sólida, lo suficiente como para que el priista visitara en prisión al perredista durante los días siguientes a los “videoescándalos” que sacudieron la capital en 2004 y 2005.

La amistad entre Rubalcava y López también es maciza. Al menos en apariencia. Al menos por las señales enviadas por el líder del PRI en el DF durante la campaña electoral pasada: cuanto más duros eran los señalamientos contra el ex Delegado, relacionado a secuestro y extorsión, más veces daba la cara.

El 12 de marzo de este año, un grupo de priistas de militancia casi desde sus infancias, exigieron a las dirigencias capitalina y nacional de su partido la expulsión de Adrián Rubalcava.

“Es violento, es un secuestrador”, denunciaron.

La demanda de la separación del Delegado de Cuajimalpa creció hasta la manifestación pública en desapego a la referencial disciplina priista.

“Estamos acusando a Rubalcava de que está vinculado con ‘Los Claudios’, los secuestradores, eso no es nuevo. Él está vinculado desde la campaña que tuvo contra Luis Rosendo (Gutiérrez, candidato en 2012 por el PRD)”, sostuvo Carlos del Valle, ex Director de Desarrollo Social de la Delegación y líder del partido en la misma demarcación.

“Mauricio López [líder del PRI en el DF] es quien lo protege”, sostuvo Del Valle.

Y sí: Mauricio López no dio un paso atrás.

Lejos de cualquier reproche, vino una cascada de eventos convertidos en fotografías promovidas en redes sociales: Adrián y Mauricio se abrazan, Adrián y Mauricio sonríen, Adrián y Mauricio se levantan las manos victoriosas…


La tarde del 3 de marzo de 2015, Alejandro Zapata, priista de toda la vida y furioso antiperredista desde siempre, esperaba la llamada de Juan Carlos Zaragoza Ríos.

Zaragoza, ex empleado de Televisa que se ostenta como experto en redes sociales, oprimió el contacto “Álex” en su celular para conectar con el número 5527555401.

En ese momento, Rubalcava había declarado la guerra a Carlos del Valle, quien fungiera como su director de Desarrollo Social y reclamaba la candidatura a la Jefatura Delegacional. Al no obtenerla, renunció al cargo y denunció diversas irregularidades cometidas por su ex jefe.

Luego vino una andanada de imágenes difamatorias en que se utilizaron fotografías de su rostro montadas en cuerpos de cerdos, al lado de penes, junto a envoltorios de drogas.

En marzo de 2015, Del Valle contraatacó y exigió a su partido la expulsión de Rubalcava a quien denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por sus posibles vínculos del Delegado con una banda de secuestradores llamada “Los Claudios”.

Mauricio López salió en defensa de Rubalcava y se mantuvo firme en que el priista de reciente incorporación mantuviera su candidatura a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, misma que resultaría exitosa y, por la cual, adquirirá inmunidad procesal.

Por eso llama tanto la atención la conversación entre Zapata y Zaragoza.

Se conoce el teléfono y el contenido de la llamada porque la Policía Federal intervino esta y 30 comunicaciones que dan cuenta de cómo, desde la Jefatura Delegacional de Rubalcava y presumiblemente con recursos públicos, se operaron campañas de difamación y acoso por internet contra medios de comunicación y políticos de la Ciudad de México.


Juan: ¿Qué onda, mi Álex?

Álex: ¿Cómo estás?

Juan: Bien, bien, ¿y tú?

Álex: Ahí haciendo travesuras. ¡Jajajajaja!

Juan: Sí, ya me di cuenta.

Álex: Oye.

Juan: Charlote, dime, dime.

Álex: Ya te estoy viendo lo de tu pago, porque estoy con el de Administración.

Juan: ¿Qué te dice güey?

Álex: ¿Es que sabes qué pasa? Ya le estoy diciendo güey, porque si no va a haber pedo.

Juan: Sí, güey, sabes qué pasa que luego haz de cuenta y hay una emergencia, yo prefiero decirle a los morros: sigue habiendo bisne, pero aguántame tantito. Entonces, desde septiembre los traigo así, desde septiembre los traigo, así entonces para que no haya pedo y nos crean.

[Esos meses de 2014 coinciden con la demanda hecha a diversos medios digitales para que retiraran de sus portales imágenes de Rubalcava].

Álex: Sí, güey, ya ni me digas, ahorita te digo bien exactamente la fecha.

Juan: Órale.

Álex: De hecho, le pedí, le dije, necesito resolver esto ahorita ya güey le dije, porque yo obviamente los estoy utilizando, güey, y no me ha caído ni un peso, cabrón, entonces ya por eso ahorita estoy con ello.

Juan: Necesitamos registrar contenido, y presupuesto no tengo para registrar.

[La organización utiliza el registro de imágenes, de Rubalcava y otros, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor como de su propiedad para luego reclamar el cese de su uso en medios de comunicación. De esta manera han amenazado a medios como Aristegui Noticias, SinEmbargo, Cuna de Grillos y otros].

Álex: Claro.

Juan: No, pero bueno, dime ahorita qué te urge del señor [Del] Valle.

Álex: ¡Ahhhh, de lo de este güey!

Juan: Ajá.

Álex: Putea a Mauricio López. Ya te pegué ahí la liga.

Juan: Ok.

Álex: Entonces que [se simule a Del Valle que] le diga que renuncie y ponle “Carlos del Valle para presidente del PRI DF”.

Juan: Ok, o sea, que los Del Valle [el padre de Del Valle es otro priista] están contra Manuel.

Álex: Contra Mauricio.

Juan: Mauricio, perdón, ok, y le genero cosas.

Álex: Este güey es Presidente del PRI DF.

Juan: ¿Le genero cosas a Mauricio haciéndolo creer que es Carlos del Valle el que las está mandando?

Álex: Así es.

Juan: Ahhh, órale.

Álex: Negativas obviamente.

Juan: Sí, sí

Álex: Que es un perrote y que es un pendejo, y cosas así ya manchadas, como quieras.

Juan: Órale.

Álex: ¿No?

Juan: Órale.

Álex: Que si no puede que mejor renuncie y Carlos del Valle para Presidente del PRI DF. Ahí me mandas ahí unas cosas a ver si le puedes poner una cara de cochino.

Juan: Sí, de hecho ya tenía armada yo unas cosas de él, entonces por eso se me va a facilitar porque tenía unos memes creados.

Álex: De Mauricio.

Juan: No, de este de Carlos.

Álex: Ajá.

Juan: Pero con ya con usuarios, entonces le cambió el contenido y ya nada más le ponemos fotos buenas para que sea creíble que es él.

Álex: ¡Ajá, ándale!

Juan: Y ahí te encargo mi Álex, ¿no?

Álex: Sí, ahorita te aviso.


…Continúa mañana


(SIN EMBARGO/ Redacción / septiembre 8, 2015 - 00:10h)

IMPUNIDAD, EL ENEMIGO DE LA PRENSA CRÍTICA EN 3 AÑOS DE EPN


El mapa de las agresiones con la prensa en México, como el de la violencia contra la población en general, ha sufrido una modificación territorial notoria en los últimos cinco años, y especialmente en los últimos tres años de la administración del priista Enrique Peña Nieto.

Especialistas consultados por SinEmbargo, cifras de ONGs nacionales y extranjeras, y estudios relacionados con el tema de la libertad de expresión coinciden en la falta de investigaciones oportunas, imparciales y rigurosas protege a los responsables de violaciones de derechos humanos –la mayoría de ellos autoridades y funcionarios públicos de todos niveles.

Además, esa ausencia de investigaciones rigurosas fortalece el sistema de impunidad en México y la adversidad en el libre ejercicio periodístico, que no sólo vulnera a la prensa, también a la sociedad mexicana y su derecho a la información.

En este escenario, México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con decenas de comunicadores muertos, desaparecidos y exiliados, además de medios acosados y bajo amenaza, sin que hasta ahora el Gobierno federal haya tomado con seriedad esta situación que abona a la mayor crisis de derechos humanos que haya visto este país en su historia moderna.




Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El trabajo periodístico que pone de relieve las fallas o los abusos del poder siempre ha resultado incómodo para el Gobierno en México. De acuerdo con la historiadora Celia del Palacio Montiel, una de las principales investigadoras sobre la evolución de la prensa en el país, desde la década de 1870, por ejemplo, existen registros de periodistas agredidos por hacer publicaciones satíricas en contra de Benito Juárez, cuando éste intentaba reelegirse. “No se diga durante el Porfiriato: es bien sabido que muchos periodistas críticos eran asiduos visitantes de la cárcel de Belén. Muchos Gobernadores de la época también agredieron, mandaron golpear, apresaron a periodistas por el hecho de haberlos criticado”, explica.

El uso de la fuerza disminuyó con el priismo del Siglo XX, agrega, cuando los gobernantes aprendieron en 70 años a controlar los medios de comunicación a través del suministro de papel y los sobornos como “el chayo, los viajes, los regalos”.

Pero la violencia volvió, y de manera “virulenta”, con la alternancia, ese periodo en el que el PRI perdió, primero, el Congreso y, en 2000, la Presidencia de la República.

“En esta breve alternancia, las relaciones entre prensa y poder se desestabilizaron, cambiaron, y las agresiones aumentaron, con el agravante del empoderamiento y visibilización de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, que han ejercido también violencia contra los periodistas en su esfuerzo por controlar la agenda mediática a su favor”, comenta Del Palacio, también fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa de Iberoamérica.

Fue entonces que, de acuerdo con todos los diagnósticos, México se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Al menos 36 periodistas han sido en los últimos nueve años, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés).

Siete, según la organización Artículo 19, tan sólo entre enero y julio pasados, o un reportero asesinado por mes este 2015: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; Gerardo Nieto, en Guanajuato, y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.

Los datos de Artículo 19 muestran cómo, pese a que el peligro en el que se ejerce el periodismo en México ha sido motivo de alerta incluso internacional desde el sexenio pasado, la situación sólo ha ido en aumento: el promedio de 182 agresiones que se registraron cada año en la administración anterior se rompió en la primera mitad de este 2015, cuando la organización contó 227 casos.

“La crisis de derechos humanos que se vive en el país ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión. A pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos internacionales, los casos se caracterizan por la inactividad del Gobierno federal”, dice el reporte “Más violencia, más silencio”, difundido por Artículo 19 el pasado 6 de julio, tres semanas antes del asesinato de Espinosa junto a otras cuatro víctimas.

“La falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México (…) la adversidad en el libre ejercicio periodístico, que no sólo vulnera a la prensa, también a la sociedad”, agrega el documento.

Esta “virulencia”, dice Del Palacio, la frecuencia y la cantidad de los ataques contra los periodistas, es lo que no tiene precedentes en la historia nacional.

“Lo peor de todo es la impunidad absoluta”, advierte la también fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica. “Cualquiera, llámese fuerzas policiacas, Gobiernos estatales, Gobiernos municipales, grupos de choque, partidos políticos, narcotraficantes, delincuencia organizada, puede agredir, matar a un periodista, con una altísima probabilidad de que lo haga en total impunidad”, dice.

OAXACA, LA NUEVA ALERTA


Gabino Cué Monteagudo, Gobernador de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

El mapa de las agresiones con la prensa en México, como el de la violencia contra la población en general, ha sufrido una modificación territorial notoria en los últimos cinco años. De acuerdo con Javier Garza, periodista mexicano y codirector de una base de datos que compila y geo-localiza los casos de agresiones, los homicidios y secuestros de comunicadores que hasta 2010 se concentraban en los estados del norte, ahora, dice, se concentran de manera acelerada en la parte sur del país.

Esta modificación espacial fue motivo de un artículo que Garza publicó en El País el pasado 7 de julio, titulado “Violencia contra periodistas en México: de norte a sur”, que advierte también que estas agresiones, sobre todo en Veracruz, llaman la atención porque presentan un marcado incremento. Oaxaca, advierte, presenta un patrón similar.

“Los casos del sur han cobrado más atención porque han ido en aumento sostenido. En 2010 no hubo asesinatos de periodistas en Veracruz. En los 10 años previos se registraron cinco y en los últimos cinco años se cuentan 12. En Oaxaca la violencia ha trepado silenciosamente: un periodista asesinado en 2013, otro en 2014, tres en lo que va de 2015, el más reciente el del locutor Filadelfo Sánchez, acribillado el 2 de julio al salir de su programa de radio”, dice el texto.

“El deterioro de las condiciones para ejercer periodismo en esos estados se ha dado bajo las gubernaturas de Javier Duarte en Veracruz y Gabino Cué en Oaxaca. Más que una coincidencia, la realidad marca una tendencia de cheque en blanco para cualquiera que piense que sus problemas se solucionan matando periodistas. Claro, esto no es exclusivo de estas dos entidades. Mañana puede darse en cualquier otra parte del país si no se frena la impunidad”, agrega el texto.

DEMOCRACIA EN RIESGO

De acuerdo con diferentes fuentes, los ataques contra la prensa afectan no sólo a las víctimas directas, sino a la sociedad en general, que es destinataria de la información que deja de producir el agredido. La falta de información, a su vez, reduce las opciones y los elementos que los ciudadanos tienen para tomar decisiones relacionadas con su vida pública. Y con esta reducción de opciones y de fuentes informativas, advierten los académicos y los diagnósticos, lo que se pone en riesgo son los derechos humanos a la información y la libertad de expresión y, con ellos, la vida democrática.

En una entrevista publicada el 3 de septiembre en SinEmbargo, el coordinador del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, explicó por qué los problemas por los que atraviesan los periodistas en el México actual no son exclusivos de la prensa. “Es un problema que va más allá y que afecta a toda la sociedad mexicana. Tiene que ver con el clima de temor e intimidación que produce mucho miedo y conduce a la censura, tiene que ver con la afectación de derechos humanos como la libertad de expresión, aunque esté garantizada en la Constitución, muchísimos ciudadanos no pueden ejercerla plenamente porque existen estas circunstancias que hacen que muchos prefieran abandonar la profesión, que prefieran optar por autocensurarse, por temor. Esta afectación a los derechos humanos es una inhibición a la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente muchos de los temas que afectan a la sociedad. Limitan el debate y crean una sociedad menos informada, menos trasparente y menos democrática”, dijo.

“Si bien es gravísimo que se prive de la vida a cualquier persona y que no haya justicia, en el caso de los periodistas que pierden la vida o son agredidos en el ejercicio de su trabajo, estamos hablando del silenciamiento de la propia sociedad, del ataque al derecho a la información, al derecho al crítica, a la denuncia. Cada vez que se silencia a un periodista crítico, se está golpeando seriamente a la democracia y a la sociedad en su conjunto”, dice Del Palacio.
De acuerdo con Salvador de León Vázquez, sociólogo investigador de temas como periodismo, comunicación política y medios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el objetivo de garantías constitucionales como los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información son mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.

“Se ha señalado que una democracia sustantiva, más vivencial, que genere en la sociedad una actitud democrática, puede observarse en diferentes contextos de la vida cotidiana, como el derecho de votar o elegir, y entre más oportunidades haya de elegir, más fuerte es la cultura democrática, y con menos, nos enfrentamos a la imposición; entonces, tenemos una cultura democrática mas frágil, débil, y en consecuencia no se consolida”, dice De León.

En entrevista vía telefónica, comenta que, así como el oficialismo podría ser la característica principal del periodismo que, aun con excepciones, predominantemente se hizo en México en el siglo anterior, “quien ahora hable del periodismo mexicano debe mencionar la violencia”.

VERACRUZ, “PELEA CONTRA EL SILENCIO”


Cientos de ciudadanos, periodistas y estudiantes marcharon en agosto pasado desde el centro de la ciudad de Xalapa hasta la casa del gobernador Javier Duarte de Ochoa en protesta por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro

En Veracruz, la extrema violencia ha dejado consecuencias aun en las aulas de las facultades de Comunicación. De acuerdo con Celia del Palacio, el temor “lamentablemente justificado” ha hecho que los alumnos ya no quieran estudiar periodismo y que incluso, también por temor, muy pocos investigadores estén abordando el tema de la violencia contra la prensa en esa entidad.

“Como lo han planteado varios investigadores, las relaciones entre empresarios mediáticos y Gobierno(s) son patrones de negocios en donde la fuerza de trabajo (los periodistas, los reporteros) son lo menos importante. Se debe satisfacer al ‘cliente’, con lo cual puede silenciarse, correrse a cualquiera que critique a los personajes en cuestión. Ya que los periódicos están inmersos en una crisis económica, dependen casi únicamente de los convenios (poco transparentes) con los Gobiernos de todos los niveles”, comentó la escritora en un ensayo enviado a SinEmbargo en respuesta a un cuestionario.
“Con todo ello, los periodistas (sobre todo en la provincia) sufren de una violencia que puede llamarse estructural: bajos salarios, ninguna seguridad laboral, ninguna protección en caso de ataques, poco respeto por el trabajo, en el sentido de cambiar, mutilar o ‘bajar’ las notas que no sean del agrado de los poderosos, total explotación laboral”, agregó en el texto.

La violencia contra los comunicadores ha generado ya zonas de silencio en el país y podría ampliarse, advierte Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas de a Pie que ha monitoreado y también documentado diversos casos de agresión a reporteros en diferentes partes de México.

En Tamaulipas, dice, los secuestros, las balaceras y las decapitaciones aun de quienes reportaban en redes sociales fueron “ejemplificantes” y, junto con la impunidad, forzaron el silencio de casi toda la prensa del estado.

Estas mismas condiciones, agrega Turati, son las que se viven en Veracruz, donde se comparten además territorios controlados por la misma clase “narcopolítica” y donde también hubo asesinatos que llama “ejemplificantes”.

Pero la diferencia, menciona la también colaboradora de la revista Proceso, es que en Veracruz hay una generación de reporteros en resistencia, como quienes a la muerte de Rubén Espinosa inauguraron Voz Alterna, un colectivo de difusión de información periodística que colegas y amigos habían planeado con el fallecido.

“Veracruz es importante porque ahí se libra en este momento una lucha contra el silenciamiento del país. Y ya llevan muchos años, llevan muchos muertos, 14 periodistas muertos. Son reporteros que han tenido que ver cómo sus jefes son encontrados en bolsas, hechos pedazos. Están viviendo el proceso que se vivió en Tamaulipas, que es territorio Zeta, con la narcomafia gobernando, la misma clase política y crímenes ejemplificantes que hicieron que los periodistas no volvieran a salir. Pero acá, desde Regina Martínez [corresponsal de Proceso en Xalapa, asesinada en 2012], el mensaje era claro y aún siguieron saliendo”, dice.

“Y por lo que están haciendo, aunque saben que los están matando, se les tiene que ayudar, porque ellos están peleando en este momento por la causa más importante de todas, que no se silencie esa parte”, agrega.

Celia del Palacio coincide: “Es preciso que la sociedad en su conjunto sea consciente de lo que se pierde cada vez que se silencia a un periodista. Es preciso que el propio gremio se una, ya que es lamentable que algunos de los propios periodistas se levanten como acusadores y verdugos de sus compañeros. Si esto no ocurre, la libertad de expresión, la democracia en sí seguirá siendo vulnerada, hasta que no haya nadie que pueda levantar la voz y el autoritarismo se generalice una vez más”.



(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto/ septiembre 8, 2015 - 00:00h)

EL GOBIERNO ADMINISTRA CRISIS APOSTANDO AL OLVIDO: ACTIVISTAS



Organización civiles nacionales y extranjeras y agraviados por violaciones graves a derechos humanos afirman, entre el reclamo y la advertencia, que el Gobierno mexicano le apuesta a que el tiempo diluya de la memoria la exigencia de justicia.

Ante casos de alto impacto, la respuesta del gobierno se ha llenado de frases como: “Se llegará hasta el fondo del asunto”, “Se actuará hasta las últimas consecuencias”, “Se ejercerá todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, “Este hecho no quedará en la impunidad”. Y luego, en términos de acciones y hechos, sólo queda el silencio.

Para defensores de derechos humanos se trata de una forma de actuar recurrente y generalizada del Gobierno mexicano, que ha optado por “administrar” las crisis en lugar de resolverlas, y que ha hecho del paso del tiempo y el desgaste social las herramientas de su estrategia de olvido.

El 20 de noviembre del año pasado, durante la convocatoria de paro nacional, en Xalapa, Veracruz. Foto: Cuartoscuro


Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).— Conforme han pasado los meses, el señalamiento de que el Estado mexicano le apuesta al olvido se ha vuelto recurrente entre los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos forzadamente entre anoche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, en Iguala, Guerrero.

El pasado 26 de agosto, al cumplirse 11 meses de la desaparición forzada de los jóvenes –en un hecho que el Gobierno federal ha zanjado atribuyendo a policías municipales y al grupo delincuencial Guerreros Unidos el presunto rapto, asesinato y desaparición de los restos de los estudiantes–, el vocero de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, refrendó una vez más que para ellos la lucha será incansable hasta que se cumpla su única exigencia: la aparición con vida de sus hijos. Recordó además que el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con ellos a cumplir con un decálogo desde octubre del año pasado.

“Diez puntos que para él quedaron en el olvido pero que para nosotros están en la memoria, porque nos faltan 43”, dijo antes de iniciar una marcha en la Ciudad de México. En 20 días se cumplirá un año del ataque a los estudiantes, en el que además fueron asesinadas seis personas, sin que hasta ahora la exigencia de justicia y verdad haya sido satisfecha.

No es la primera vez que agraviados de violaciones graves a derechos humanos dicen, entre el reclamo y la advertencia, que el Gobierno mexicano le apuesta a que el tiempo diluya de la memoria la exigencia de justicia. Tampoco es la primera vez que, ante casos de alto impacto, la respuesta del gobierno se llene de consabidas frases como “Se llegará hasta el fondo del asunto”, “Se actuará hasta las últimas consecuencias”, “Se ejercerá todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, “Este hecho no quedará en la impunidad”. Y luego, el silencio.

Para defensores de derechos humanos se trata de una forma de actuar recurrente y generalizada del Gobierno mexicano, que ha optado por “administrar” las crisis en lugar de resolverlas, y que ha hecho del paso del tiempo y el desgaste social las herramientas de su estrategia de olvido.

Los ejemplos sobran. Tan sólo en lo que va de este sexenio se pueden enlistar, además de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, en donde agentes del Estado asesinaron a personas en acciones que podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales. O el caso de Santa María Ostula, en el municipio michoacano de Aquila, donde elementos del Ejército presuntamente atacaron a la población, causando la muerte de un menor de 12 años, el pasado julio.

O el de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, donde en julio del año pasado otro niño perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por un policía y al menos nueve más resultaron mutiladas, durante un enfrentamiento entre pobladores de esa comunidad y policías estatales. O el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, proveniente de una minera subsidiaria de Grupo México, hecho considerado por el propio gobierno como el “peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”.

En todos los casos, tras el escándalo mediático vinieron las declaraciones de funcionarios asegurando que investigarían los hechos. Y luego, el silencio.

Por supuesto no se trata de algo intrínseco y exclusivo del actual Gobierno federal, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante los 12 años de panismo en el país se registraron otros varios casos de alto impacto que, en su momento, indignaron a la sociedad y pusieron en aprietos a las autoridades. Las víctimas de esos agravios han mantenido su exigencia de justicia, mientras que en las autoridades parecen que lo que persiste es la apuesta de que el tiempo agote esa exigencia.

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con la implementación de una estrategia de seguridad para supuestamente combatir al narcotráfico, la violencia se disparó en el país y aunque el gobierno trató de mantener un discurso de que los asesinatos y crímenes como desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales tenían como únicas víctimas a los criminales, brotaron casos que echaron por tierra esa versión.

Acaso uno de los más impactantes, por el perfil de los afectados y las implicaciones sociales que tuvo al iniciar un movimiento que aglutinó a víctimas de todo el país, fue el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia Ortega,  junto con la de seis personas más, el 28 de marzo de 2011. Si la conmoción por ese hecho fue germen para el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en términos de procuración de justicia, hasta febrero pasado, a casi cuatro años del crimen, ninguno de los 23 detenidos por su presunta responsabilidad, habían sido sentenciados, como dijo el poeta en una entrevista con el diario La Jornada.

En ese contexto de la lucha de las víctimas de la violencia, en su momento también causaron impacto los asesinatos de Marisela Escobedo, Nepomuceno Moreno y Sandra Luz Hernández, padres de una joven asesinada y de sendos desaparecidos, respectivamente, y quienes se volvieron activistas en la lucha por la búsqueda de justicia para los suyos. O casos como el ataque a jóvenes durante una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 16 muertos y al menos una docena de heridos, o el de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron durante un enfrentamiento entre militares y supuestos delincuentes, en Monterrey. Nuevo León.

Este año, ambos casos cumplieron un lustro sin que se hubiera hecho justicia para las víctimas y sus familias. Además en ambos casos, las víctimas fueron doblemente agraviadas pues en su momento se les acusó falsamente y sin pruebas de ser criminales, en una narrativa que intentaba desestimar sus muertes por una supuesta pertenencia al crimen organizado.

También en el sexenio de Calderón ocurrió la que es considerada como la peor tragedia infantil de los años recientes, cuando en Hermosillo, Sonora, la Guardería ABC se incendió, provocando la muerte de 49 nenes el 5 de junio de 2009. Al dolor por la muerte de los bebés y niños, además de decenas de heridos, se sumó la indignación al saberse que la guardería estaba subrogada a una persona relacionada familiarmente con la esposa del entonces Presidente, Margarita Zavala, y el entonces Gobernador del estado, Eduardo Bours.

Los 19 involucrados inicialmente fueron exonerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país y recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la aprehensión de maestras y empleadas de la guardería por presunta negligencia, pero un juez las negó. Durante estos seis años, los padres han mantenido la exigencia de justicia para sus hijos.

Otro incendio que causó conmoción fue el del casino Royale, en la ciudad neoleonesa de Monterrey, en agosto de 2011, en un ataque atribuido a Los Zetas y en el que fallecieron 52 personas. “No habrá impunidad”, prometió al día siguiente de la tragedia el entonces Secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y las culpas se repartieron entre los servidores públicos que habían autorizado la operación del casino y los de Protección Civil que no habían verificado que operara correctamente, sin que finalmente ninguno fuera sancionado.  El autor intelectual del incendio, Carlos Alberto Oliva Castillo, se convirtió en testigo protegido de la PGR.

Los hallazgos de fosas clandestinas en Durango, y San Fernando, Tamaulipas, y la masacre de 72 migrantes en ese mismo municipio,  entre 2010 y 2011 se suman a los casos en los que la conmoción se agotó sin que a la fecha se haya llegado a la verdad y se haya hecho justicia.

Con Vicente Fox Quesada como Presidente, uno de los casos que más impacto causó fue la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y la posterior negativa del gobierno mexicano y de la empresa (Grupo México) de recuperar los cuerpos de 63 mineros que quedaron atrapados. Las familias a la fecha mantienen viva la lucha por justicia.

También en ese sexenio, y durante la guberantura de Peña Nieto en el Estado de México, ocurrió el enfrentamiento entre pobladores de la comunidad mexiquense de San Salvador Atenco y policías federales, el 3 y 4 de mayo de 2006. Los pobladores de San Salvador Atenco, opositores al proyecto fallido de Fox de un nuevo aeropuerto, fueron violentamente reprimidos por los policías en una jornada que implicó allanamientos ilegales, detenciones arbitarias, abusos sexuales de 26 mujeres, y la muerte de dos personas, uno de ellos menor de edad. En los días siguientes al enfrentamiento, además, fueron detenidos y encarcelados una docena de líderes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra, opositores al proyecto del aeropuerto, quienes permanecieron encarcelados cuatro años, hasta que una resolución de la SCJN determinó su excarcelación.

Por los abusos sexuales cometidos por policías contra mujeres, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el proceso que ha seguido la instancia internacional, el gobierno mexicano intentó llegar a una solución “amistosa” con las víctimas,  cuando el caso retomó relevancia. Antes y después de esa coyuntura, no hubo sino silencio.

Si se rastrea más atrás en el tiempo, surgen otros casos de alto impacto como las masacres de indígenas en Acteal, Chiapas, y en la comunidad El Charco, en Ayutla de los Libres, Guerrero, o de campesinos en Aguas Blancas, en ese mismo estado…

EL OLVIDO COMO ESTRATEGIA



“Se apuesta a eso, justamente a que habrá desgaste, habrá olvido, y justamente así es cómo se atienden los temas, aguantando el embate un rato y después pretendiendo que nada pasó”, dice Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional, organización que ha señalado reiteradamente que la estrategia del gobierno en casos de violaciones graves a derechos humanos es precisamente el olvido y el desgaste de las víctimas.

Quiroz expone que hay una condición natural de los movimientos sociales que tienden a desgastarse pasado un tiempo. El problema, dice, es que el gobierno le apuesta a ese agotamiento natural de los procesos de forma deliberada, en lugar de atenderlos.

Con él coincide la también defensora de los derechos humanos Blanca Martínez, quien forma parte del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Martínez señala que se trata de una política deliberada de “administrar los conflictos”, en lugar de resolverlos. Para ello, explica, se ha erosionado el sistema de justicia a fin de generar condiciones para que los procesos de procuración de justicia sean “fraudulentos” por sí mismos.

En el mismo sentido se expresa Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), que agrupa a 75 organizaciones civiles de todo el país. Mas Ríos Martínez subraya que no se trata de una estrategia nueva, pues la respuesta del gobierno de dejar que el tiempo condene al olvido los agravios se puede ver también en los casos que persisten impunes de desapariciones forzadas en los años de la llamada “Guerra Sucia”, cuando ocurrieron al menos 512 desapariciones forzadas, según la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los Años Sesenta y Setenta del Estado de Guerrero (Comverdad).

El director de la Red TDT dice también que aparejada con la estrategia de un mutismo que lleve al olvido los agravios, el gobierno distorsiona los hechos a fin de evitar su responsabilidad histórica con los deudos y las víctimas de las violaciones a derechos humanos.

Otros mecanismos que sirven al mismo propósito, agrega, son el desgaste de las víctimas o sus familiares, mediante procesos engorrosos o tardados en la búsqueda de justicia, la criminalización de los movimientos sociales que exigen justicia por esos agravios, o el ocultamiento de información indispensable para llegar a la verdad de los casos. Todo eso se suma en una maraña cuyo propósito es silenciar la verdad y la exigencia de justicia.

Quiroz advierte que con esa forma de actuar el gobierno favorece la impunidad y la inacción de los ciudadanos, pues el mensaje que transmite es que no importa cuán válida sea una exigencia ni qué tan intensamente se luche por una causa, tarde o temprano esa demanda se va a agotar.

“Hay un fuerte mensaje de impunidad ahí”, afirma el defensor.

ACTUAR MAL DELIBERADAMENTE


Martínez considera que en esa estrategia de administrar los casos en lugar de resolverlos opera una lógica “perversa” y “fraudulenta”, pues en el afán del gobierno de querer sólo superar la crisis sin llegar a la verdad y la justicia, los procesos de procuración de justicia de hacen mal deliberadamente.

“Los casos se administran y en la administración hacen mal las cosas para que no se acerque la justicia a las víctimas”, señala. No hay una sola forma de proceder en ese sentido, pero casos en los que una imputación se cae porque el presunto responsable fue torturado para declararse culpable, o en los que se confronta mediáticamente a las víctimas con sus victimarios son ejemplos de ello, de acuerdo con Martínez.
También lo son las deficiencias en las averiguaciones de las procuradurías de justicia. El caso Ayotzinapa es un útil botón de muestra al respecto.

Apenas el pasado 17 de agosto, el Grupo Interdiscipinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que investiga la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reportó en su quinto informe de actividades que autoridades judiciales tanto locales como federales ocultaron y destruyeron evidencia relacionada con el ataque a los estudiantes. La PGR, señaló el grupo de expertos, no informó a familiares de los estudiantes ni a sus abogados del hallazgo de ropa de los normalistas y fueron los integrantes del GIEI quienes encontraron el registro del resguardo de las prendas en junio pasado.

A partir de este hecho, el pasado 27 de agosto -un día después de que se cumplieron 11 meses de la desaparición forzada de los normalistas- la PGR informó que enviaría “diversas prendas y objetos” de los estudiantes al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que sean analizados.

Los expertos también informaron sobre la existencia de unos videos del día en el que desaparecieron los jóvenes en Iguala y que posiblemente fueron destruidos. Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de Iguala.

Además señalaron que habían solicitado a las autoridades realizar una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón –quien fue asesinado y cuyo rostro fue desollado–, debido a que no se evaluaron varias lesiones del rostro y fracturas craneales en el primer estudio, así como ampliar las imágenes satelitales del basurero de Cocula –donde según la PGR fueron incinerados los restos de los normalistas– y buscar en otras fosas utilizando tecnología láser.

El GIEI indicó también que en 12 por ciento de sus peticiones de datos sobre el caso no pudieron acceder a la información porque ésta no existía o no se había resguardado correctamente.

Cuestionada sobre qué implicaciones tiene que sean las propias autoridades las que fomenten esta falta de acceso a la justicia, Martínez replica que conduce a que cada quien “se queda con su verdad, y la verdad histórica para generar condiciones de justicia, de condiciones para que las víctimas pueden sentir que el daño afectado de alguna manera se está reparando, se queda inconclusa. Entonces se quedan demandas eternas de justicia”.

La impunidad entonces “se vuelve norma”, concluye.

Si para las víctimas o sus familiares, la estrategia de apostar por el silencio y el olvido supone la continuación del agravio y la impunidad, para la sociedad implica “el detrimento total de las instituciones del Estado”, sostiene la defensora de derechos humanos.

“Un Estado que es incapaz de garantizar los componentes básicos de justicia para el pueblo es un Estado peor que fallido: es un no Estado, o un Estado que no debe de existir”, reflexiona.


(SIN EMBARGO.MX/ Mayela Sánchez/  septiembre 7, 2015 - 00:00h)

EL NUEVO AVIÓN DE PEÑA: UN CAPRICHO DE 8 MMDP


El nuevo avión del presidente en la base militar de Santa Lucía. Foto: Universidad Aeronáutica UNAQ

MÉXICO, D.F. (apro).- En este mes patrio está previsto que el presidente Enrique Peña Nieto estrene el avión Boeing 787-8 Dreamliner, que por su lujo es considerado el más caro del mundo y que costará a los mexicanos más de 8 mil millones de pesos.

¿Un palacio aéreo para el Ejecutivo en medio de la crisis económica? Pues sí. En su versión comercial esta moderna aeronave –que puede cruzar el Atlántico sin abastecerse– tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque la que estrenará Peña Nieto tiene sólo 80 asientos.

“De manera inicial se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios de comunicación, (así como) un área de trabajo del titular del Ejecutivo federal, que consta de despacho y área de descanso”.

Salvo el costo, la anterior es información oficial que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reveló a Proceso, en junio del año pasado, mediante una carta en la que precisó también que “el avión estará listo para ser utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial en septiembre del año 2015”.

Es decir, Peña Nieto podría dar el Grito estrenando este avioncito que no tienen ni Barack Obama ni Angela Merkel ni Vladimir Putin, los presidentes de tres de los países más poderosos del planeta.

En octubre del año pasado, el Boeing 787-8 Dreamliner surcó el cielo de México procedente de Estados Unidos y llegó a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, para hacer maniobras de prueba y, conforme al calendario, ya está listo todo para su estreno.

De hecho, para alojar el nuevo avión se hizo construir un hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que, a un costo de mil millones de pesos, se encargó al Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo contratista de la Casa Blanca de Peña en Las Lomas.

Pero esa obra será útil sólo cinco años, porque el nuevo aeropuerto comenzará a operar en 2020 y el actual dejará de funcionar, salvo que sea de uso exclusivo del Ejecutivo.

Fue el panista Felipe Calderón quien inició el proceso de compra, en 2012, en acuerdo con el propio Peña, que era presidente electo, y el operador de la adquisición fue José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy secretario de Desarrollo Social y supuesto presidenciable.

Según el Proyecto Público de Inversión de la SHCP, dado a conocer en agosto de 2013 por la revista Emeequis y el reportero Rafael Cabrera –justamente el descubridor de la Casa Blanca de Peña–, el Dreamliner costará 7 mil 520 millones de pesos, además de los mil millones por la adecuación del hangar.

En 2012, el gobierno pagó 4.8 millones de pesos, en 2013 70.8 millones, 219 millones en 2014, 425 millones este año, y del próximo a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos. Así, el pago total del avión, conforme a este esquema financiero, será de 6 mil 308 millones de pesos.

A esta cantidad deben sumarse otros mil 211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7 mil 520 millones de pesos. Claro, más los mil millones del hangar.

O sea, 8 mil 520 millones costará el capricho de Calderón y Peña, a cual más de ineptos y derrochadores de dinero que no es suyo.

Cuando, en junio del año pasado, en este espacio se informó de las cifras, la SCT envió una carta para admitir que, en efecto, el gobierno de Calderón “dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar en 15 años”, que no era otro más que el descrito arriba.

Pero precisó: “En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna”.

Jamás se informó cuál fue el esquema de financiamiento por el que, finalmente, el gobierno optó, pero ahora es el propio Peña quien asegura que el avión Boeing 787-8 Dreamliner no sólo cuesta más de 7 mil millones de pesos –“han corrido versiones francamente equivocadas del costo del avión”–, sino que ya hasta fue pagado.

“Se pagó la pasada administración”, le dijo al dueño del portal SDP Noticias, Federico Arreola, a quien inclusive le adelantó que ha encargado a la SHCP hacer un “análisis serio y racional” sobre qué hacer con el avión en tiempo de crisis: “Eventualmente venderlo (o) mantenerlo para ciertos fines” (sic).

Naturalmente, Peña no descartó estrenar: “Es decir, no vayamos a una decisión tomada bajo un arrebato, sino más bien bajo una racionalidad de lo que conviene para México, para que el gobierno esté debidamente equipado”.

Fanático de la mentira y el dinero que no es suyo, Peña no es de fiar –la Casa Blanca y Ayotzinapa son sólo dos claros ejemplos– y lo que corresponde es que transparente cómo es que se pagó el avión, de dónde salió el dinero y cuándo se cerró la operación.

Pero, sobre todo, el destino del avión no puede ser otro que su puesta a la venta. Es una insolencia imperdonable que Peña viaje en un avión de más de 8 mil millones de pesos en un país con más de 55 millones de mexicanos pobres, dos más ‘fabricados’ por él…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado


(PROCESO/ ANÁLISIS/ ÁLVARO DELGADO/ 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

MAGISTRADO EBRIO PROVOCA CHOQUE; HAY 2 MUERTOS Y 3 HERIDOS


XALAPA, Ver. (apro).- Guillermo Nieto Arreola, magistrado de la Sala Regional Colegiada del Poder Judicial de Chiapas, causó un accidente automovilístico en el que dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas de gravedad en el municipio de Las Choapas.

Pese a que Nieto Arreola viajaba presuntamente en estado de ebriedad al momento en que ocurrió el percance en el kilómetro 36 de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, libró la prisión haciendo valer su fuero constitucional.

Reporteros de la nota roja consignaron que esta tarde el piloto de una camioneta de lujo modelo Touareg negra venía zigzagueando sobre la carpeta asfáltica hasta que se impactó contra un Pontiac.

“Los traileros que venían en la zona reportaron a cuerpos policiacos que el conductor de la Touareg (el magistrado Guillermo Nieto) venía zigzagueando y causando molestia a los otros automovilistas”, explicaron comerciantes de la región.

Las dos personas que perdieron la vida son Elideth Ortiz Ramos y Carina Montero, quienes venían en la parte delantera del vehículo Pontiac, el cual fue impactado por la camioneta del magistrado.

“El piloto perdió el control para luego impactarse contra la estructura de concreto de un puente”, explicaron testigos del accidente automovilístico.

Otras tres personas, cuyos datos generales se desconocen, viajaban en el Pontiac y resultaron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a un hospital del puerto de Coatzacoalcos.

El magistrado Nieto Arreola viajaba de Chiapas al sur de Veracruz, sin embargo, venía ingiriendo bebidas alcohólicas con otra persona identificada como Fernando Morales.

Aunque el togado dio positivo en el consumo de alcohol, su fuero fue suficiente para salir librado del percance automovilístico.


(PROCESO/ Noé Zavaleta/8 de septiembre de 2015)