Organización
civiles nacionales y extranjeras y agraviados por violaciones graves a derechos
humanos afirman, entre el reclamo y la advertencia, que el Gobierno mexicano le
apuesta a que el tiempo diluya de la memoria la exigencia de justicia.
Ante
casos de alto impacto, la respuesta del gobierno se ha llenado de frases como:
“Se llegará hasta el fondo del asunto”, “Se actuará hasta las últimas
consecuencias”, “Se ejercerá todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, “Este
hecho no quedará en la impunidad”. Y luego, en términos de acciones y hechos,
sólo queda el silencio.
Para
defensores de derechos humanos se trata de una forma de actuar recurrente y
generalizada del Gobierno mexicano, que ha optado por “administrar” las crisis
en lugar de resolverlas, y que ha hecho del paso del tiempo y el desgaste
social las herramientas de su estrategia de olvido.
El
20 de noviembre del año pasado, durante la convocatoria de paro nacional, en
Xalapa, Veracruz. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).— Conforme han pasado los meses, el
señalamiento de que el Estado mexicano le apuesta al olvido se ha vuelto
recurrente entre los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, desaparecidos forzadamente entre anoche del 26 de
septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, en Iguala, Guerrero.
El
pasado 26 de agosto, al cumplirse 11 meses de la desaparición forzada de los
jóvenes –en un hecho que el Gobierno federal ha zanjado atribuyendo a policías
municipales y al grupo delincuencial Guerreros Unidos el presunto rapto,
asesinato y desaparición de los restos de los estudiantes–, el vocero de los
padres de familia de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, refrendó
una vez más que para ellos la lucha será incansable hasta que se cumpla su
única exigencia: la aparición con vida de sus hijos. Recordó además que el
Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con ellos a cumplir con un
decálogo desde octubre del año pasado.
“Diez
puntos que para él quedaron en el olvido pero que para nosotros están en la
memoria, porque nos faltan 43”, dijo antes de iniciar una marcha en la Ciudad
de México. En 20 días se cumplirá un año del ataque a los estudiantes, en el
que además fueron asesinadas seis personas, sin que hasta ahora la exigencia de
justicia y verdad haya sido satisfecha.
No
es la primera vez que agraviados de violaciones graves a derechos humanos
dicen, entre el reclamo y la advertencia, que el Gobierno mexicano le apuesta a
que el tiempo diluya de la memoria la exigencia de justicia. Tampoco es la primera
vez que, ante casos de alto impacto, la respuesta del gobierno se llene de
consabidas frases como “Se llegará hasta el fondo del asunto”, “Se actuará
hasta las últimas consecuencias”, “Se ejercerá todo el peso de la ley, caiga
quien caiga”, “Este hecho no quedará en la impunidad”. Y luego, el silencio.
Para
defensores de derechos humanos se trata de una forma de actuar recurrente y
generalizada del Gobierno mexicano, que ha optado por “administrar” las crisis
en lugar de resolverlas, y que ha hecho del paso del tiempo y el desgaste
social las herramientas de su estrategia de olvido.
Los
ejemplos sobran. Tan sólo en lo que va de este sexenio se pueden enlistar,
además de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, en donde agentes
del Estado asesinaron a personas en acciones que podrían considerarse como
ejecuciones extrajudiciales. O el caso de Santa María Ostula, en el municipio
michoacano de Aquila, donde elementos del Ejército presuntamente atacaron a la
población, causando la muerte de un menor de 12 años, el pasado julio.
O
el de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, donde en julio del año pasado
otro niño perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por un
policía y al menos nueve más resultaron mutiladas, durante un enfrentamiento
entre pobladores de esa comunidad y policías estatales. O el derrame de sulfato
de cobre en el Río Sonora, proveniente de una minera subsidiaria de Grupo
México, hecho considerado por el propio gobierno como el “peor desastre
ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”.
En
todos los casos, tras el escándalo mediático vinieron las declaraciones de
funcionarios asegurando que investigarían los hechos. Y luego, el silencio.
Por
supuesto no se trata de algo intrínseco y exclusivo del actual Gobierno
federal, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante los 12
años de panismo en el país se registraron otros varios casos de alto impacto
que, en su momento, indignaron a la sociedad y pusieron en aprietos a las
autoridades. Las víctimas de esos agravios han mantenido su exigencia de
justicia, mientras que en las autoridades parecen que lo que persiste es la
apuesta de que el tiempo agote esa exigencia.
Durante
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con la implementación de una estrategia
de seguridad para supuestamente combatir al narcotráfico, la violencia se
disparó en el país y aunque el gobierno trató de mantener un discurso de que
los asesinatos y crímenes como desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales
tenían como únicas víctimas a los criminales, brotaron casos que echaron por
tierra esa versión.
Acaso
uno de los más impactantes, por el perfil de los afectados y las implicaciones
sociales que tuvo al iniciar un movimiento que aglutinó a víctimas de todo el
país, fue el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, Juan Francisco
Sicilia Ortega, junto con la de seis
personas más, el 28 de marzo de 2011. Si la conmoción por ese hecho fue germen
para el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en
términos de procuración de justicia, hasta febrero pasado, a casi cuatro años
del crimen, ninguno de los 23 detenidos por su presunta responsabilidad, habían
sido sentenciados, como dijo el poeta en una entrevista con el diario La Jornada.
En
ese contexto de la lucha de las víctimas de la violencia, en su momento también
causaron impacto los asesinatos de Marisela Escobedo, Nepomuceno Moreno y
Sandra Luz Hernández, padres de una joven asesinada y de sendos desaparecidos,
respectivamente, y quienes se volvieron activistas en la lucha por la búsqueda
de justicia para los suyos. O casos como el ataque a jóvenes durante una fiesta
en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que
dejó 16 muertos y al menos una docena de heridos, o el de los dos estudiantes
del Tecnológico de Monterrey que murieron durante un enfrentamiento entre
militares y supuestos delincuentes, en Monterrey. Nuevo León.
Este
año, ambos casos cumplieron un lustro sin que se hubiera hecho justicia para
las víctimas y sus familias. Además en ambos casos, las víctimas fueron
doblemente agraviadas pues en su momento se les acusó falsamente y sin pruebas
de ser criminales, en una narrativa que intentaba desestimar sus muertes por
una supuesta pertenencia al crimen organizado.
También
en el sexenio de Calderón ocurrió la que es considerada como la peor tragedia
infantil de los años recientes, cuando en Hermosillo, Sonora, la Guardería ABC
se incendió, provocando la muerte de 49 nenes el 5 de junio de 2009. Al dolor
por la muerte de los bebés y niños, además de decenas de heridos, se sumó la
indignación al saberse que la guardería estaba subrogada a una persona
relacionada familiarmente con la esposa del entonces Presidente, Margarita
Zavala, y el entonces Gobernador del estado, Eduardo Bours.
Los
19 involucrados inicialmente fueron exonerados por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, máximo tribunal del país y recientemente la Procuraduría General
de la República (PGR) solicitó la aprehensión de maestras y empleadas de la
guardería por presunta negligencia, pero un juez las negó. Durante estos seis
años, los padres han mantenido la exigencia de justicia para sus hijos.
Otro
incendio que causó conmoción fue el del casino Royale, en la ciudad neoleonesa
de Monterrey, en agosto de 2011, en un ataque atribuido a Los Zetas y en el que
fallecieron 52 personas. “No habrá impunidad”, prometió al día siguiente de la
tragedia el entonces Secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional,
Alejandro Poiré, y las culpas se repartieron entre los servidores públicos que
habían autorizado la operación del casino y los de Protección Civil que no
habían verificado que operara correctamente, sin que finalmente ninguno fuera
sancionado. El autor intelectual del
incendio, Carlos Alberto Oliva Castillo, se convirtió en testigo protegido de
la PGR.
Los
hallazgos de fosas clandestinas en Durango, y San Fernando, Tamaulipas, y la
masacre de 72 migrantes en ese mismo municipio,
entre 2010 y 2011 se suman a los casos en los que la conmoción se agotó
sin que a la fecha se haya llegado a la verdad y se haya hecho justicia.
Con
Vicente Fox Quesada como Presidente, uno de los casos que más impacto causó fue
la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y la posterior negativa
del gobierno mexicano y de la empresa (Grupo México) de recuperar los cuerpos
de 63 mineros que quedaron atrapados. Las familias a la fecha mantienen viva la
lucha por justicia.
También
en ese sexenio, y durante la guberantura de Peña Nieto en el Estado de México,
ocurrió el enfrentamiento entre pobladores de la comunidad mexiquense de San
Salvador Atenco y policías federales, el 3 y 4 de mayo de 2006. Los pobladores
de San Salvador Atenco, opositores al proyecto fallido de Fox de un nuevo
aeropuerto, fueron violentamente reprimidos por los policías en una jornada que
implicó allanamientos ilegales, detenciones arbitarias, abusos sexuales de 26
mujeres, y la muerte de dos personas, uno de ellos menor de edad. En los días
siguientes al enfrentamiento, además, fueron detenidos y encarcelados una
docena de líderes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra, opositores al
proyecto del aeropuerto, quienes permanecieron encarcelados cuatro años, hasta
que una resolución de la SCJN determinó su excarcelación.
Por
los abusos sexuales cometidos por policías contra mujeres, el caso fue llevado
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el proceso que ha
seguido la instancia internacional, el gobierno mexicano intentó llegar a una
solución “amistosa” con las víctimas,
cuando el caso retomó relevancia. Antes y después de esa coyuntura, no
hubo sino silencio.
Si
se rastrea más atrás en el tiempo, surgen otros casos de alto impacto como las
masacres de indígenas en Acteal, Chiapas, y en la comunidad El Charco, en
Ayutla de los Libres, Guerrero, o de campesinos en Aguas Blancas, en ese mismo
estado…
EL OLVIDO COMO ESTRATEGIA
“Se
apuesta a eso, justamente a que habrá desgaste, habrá olvido, y justamente así
es cómo se atienden los temas, aguantando el embate un rato y después
pretendiendo que nada pasó”, dice Perseo Quiroz, director de Amnistía
Internacional, organización que ha señalado reiteradamente que la estrategia
del gobierno en casos de violaciones graves a derechos humanos es precisamente
el olvido y el desgaste de las víctimas.
Quiroz
expone que hay una condición natural de los movimientos sociales que tienden a
desgastarse pasado un tiempo. El problema, dice, es que el gobierno le apuesta
a ese agotamiento natural de los procesos de forma deliberada, en lugar de
atenderlos.
Con
él coincide la también defensora de los derechos humanos Blanca Martínez, quien
forma parte del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Martínez
señala que se trata de una política deliberada de “administrar los conflictos”,
en lugar de resolverlos. Para ello, explica, se ha erosionado el sistema de
justicia a fin de generar condiciones para que los procesos de procuración de
justicia sean “fraudulentos” por sí mismos.
En
el mismo sentido se expresa Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todos (Red TDT), que agrupa a 75 organizaciones civiles de todo el país. Mas
Ríos Martínez subraya que no se trata de una estrategia nueva, pues la
respuesta del gobierno de dejar que el tiempo condene al olvido los agravios se
puede ver también en los casos que persisten impunes de desapariciones forzadas
en los años de la llamada “Guerra Sucia”, cuando ocurrieron al menos 512
desapariciones forzadas, según la Comisión de la Verdad para la Investigación
de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los Años
Sesenta y Setenta del Estado de Guerrero (Comverdad).
El
director de la Red TDT dice también que aparejada con la estrategia de un
mutismo que lleve al olvido los agravios, el gobierno distorsiona los hechos a
fin de evitar su responsabilidad histórica con los deudos y las víctimas de las
violaciones a derechos humanos.
Otros
mecanismos que sirven al mismo propósito, agrega, son el desgaste de las
víctimas o sus familiares, mediante procesos engorrosos o tardados en la
búsqueda de justicia, la criminalización de los movimientos sociales que exigen
justicia por esos agravios, o el ocultamiento de información indispensable para
llegar a la verdad de los casos. Todo eso se suma en una maraña cuyo propósito
es silenciar la verdad y la exigencia de justicia.
Quiroz
advierte que con esa forma de actuar el gobierno favorece la impunidad y la
inacción de los ciudadanos, pues el mensaje que transmite es que no importa
cuán válida sea una exigencia ni qué tan intensamente se luche por una causa,
tarde o temprano esa demanda se va a agotar.
“Hay
un fuerte mensaje de impunidad ahí”, afirma el defensor.
ACTUAR MAL DELIBERADAMENTE
Martínez considera que en esa estrategia de administrar los casos en lugar de resolverlos opera una lógica “perversa” y “fraudulenta”, pues en el afán del gobierno de querer sólo superar la crisis sin llegar a la verdad y la justicia, los procesos de procuración de justicia de hacen mal deliberadamente.
“Los
casos se administran y en la administración hacen mal las cosas para que no se
acerque la justicia a las víctimas”, señala. No hay una sola forma de proceder
en ese sentido, pero casos en los que una imputación se cae porque el presunto
responsable fue torturado para declararse culpable, o en los que se confronta
mediáticamente a las víctimas con sus victimarios son ejemplos de ello, de
acuerdo con Martínez.
También
lo son las deficiencias en las averiguaciones de las procuradurías de justicia.
El caso Ayotzinapa es un útil botón de muestra al respecto.
Apenas
el pasado 17 de agosto, el Grupo Interdiscipinario de Expertas y Expertos
Independientes (GIEI) de la CIDH que investiga la desaparición forzada de los
43 normalistas de Ayotzinapa, reportó en su quinto informe de actividades que
autoridades judiciales tanto locales como federales ocultaron y destruyeron
evidencia relacionada con el ataque a los estudiantes. La PGR, señaló el grupo
de expertos, no informó a familiares de los estudiantes ni a sus abogados del
hallazgo de ropa de los normalistas y fueron los integrantes del GIEI quienes
encontraron el registro del resguardo de las prendas en junio pasado.
A
partir de este hecho, el pasado 27 de agosto -un día después de que se
cumplieron 11 meses de la desaparición forzada de los normalistas- la PGR
informó que enviaría “diversas prendas y objetos” de los estudiantes al
Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para
que sean analizados.
Los
expertos también informaron sobre la existencia de unos videos del día en el
que desaparecieron los jóvenes en Iguala y que posiblemente fueron destruidos.
Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de
Iguala.
Además
señalaron que habían solicitado a las autoridades realizar una segunda autopsia
al cuerpo de Julio César Mondragón –quien fue asesinado y cuyo rostro fue
desollado–, debido a que no se evaluaron varias lesiones del rostro y fracturas
craneales en el primer estudio, así como ampliar las imágenes satelitales del
basurero de Cocula –donde según la PGR fueron incinerados los restos de los
normalistas– y buscar en otras fosas utilizando tecnología láser.
El
GIEI indicó también que en 12 por ciento de sus peticiones de datos sobre el
caso no pudieron acceder a la información porque ésta no existía o no se había
resguardado correctamente.
Cuestionada
sobre qué implicaciones tiene que sean las propias autoridades las que fomenten
esta falta de acceso a la justicia, Martínez replica que conduce a que cada
quien “se queda con su verdad, y la verdad histórica para generar condiciones
de justicia, de condiciones para que las víctimas pueden sentir que el daño
afectado de alguna manera se está reparando, se queda inconclusa. Entonces se
quedan demandas eternas de justicia”.
La
impunidad entonces “se vuelve norma”, concluye.
Si
para las víctimas o sus familiares, la estrategia de apostar por el silencio y
el olvido supone la continuación del agravio y la impunidad, para la sociedad
implica “el detrimento total de las instituciones del Estado”, sostiene la
defensora de derechos humanos.
“Un
Estado que es incapaz de garantizar los componentes básicos de justicia para el
pueblo es un Estado peor que fallido: es un no Estado, o un Estado que no debe
de existir”, reflexiona.
(SIN
EMBARGO.MX/ Mayela Sánchez/ septiembre
7, 2015 - 00:00h)
No hay comentarios:
Publicar un comentario