El
mapa de las agresiones con la prensa en México, como el de la violencia contra
la población en general, ha sufrido una modificación territorial notoria en los
últimos cinco años, y especialmente en los últimos tres años de la
administración del priista Enrique Peña Nieto.
Especialistas
consultados por SinEmbargo, cifras de ONGs nacionales y extranjeras, y estudios
relacionados con el tema de la libertad de expresión coinciden en la falta de
investigaciones oportunas, imparciales y rigurosas protege a los responsables
de violaciones de derechos humanos –la mayoría de ellos autoridades y
funcionarios públicos de todos niveles.
Además,
esa ausencia de investigaciones rigurosas fortalece el sistema de impunidad en
México y la adversidad en el libre ejercicio periodístico, que no sólo vulnera
a la prensa, también a la sociedad mexicana y su derecho a la información.
En
este escenario, México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el
periodismo, con decenas de comunicadores muertos, desaparecidos y exiliados,
además de medios acosados y bajo amenaza, sin que hasta ahora el Gobierno
federal haya tomado con seriedad esta situación que abona a la mayor crisis de
derechos humanos que haya visto este país en su historia moderna.
Ciudad
de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El trabajo periodístico que pone de
relieve las fallas o los abusos del poder siempre ha resultado incómodo para el
Gobierno en México. De acuerdo con la historiadora Celia del Palacio Montiel,
una de las principales investigadoras sobre la evolución de la prensa en el
país, desde la década de 1870, por ejemplo, existen registros de periodistas
agredidos por hacer publicaciones satíricas en contra de Benito Juárez, cuando
éste intentaba reelegirse. “No se diga durante el Porfiriato: es bien sabido
que muchos periodistas críticos eran asiduos visitantes de la cárcel de Belén.
Muchos Gobernadores de la época también agredieron, mandaron golpear, apresaron
a periodistas por el hecho de haberlos criticado”, explica.
El
uso de la fuerza disminuyó con el priismo del Siglo XX, agrega, cuando los
gobernantes aprendieron en 70 años a controlar los medios de comunicación a
través del suministro de papel y los sobornos como “el chayo, los viajes, los
regalos”.
Pero
la violencia volvió, y de manera “virulenta”, con la alternancia, ese periodo
en el que el PRI perdió, primero, el Congreso y, en 2000, la Presidencia de la
República.
“En
esta breve alternancia, las relaciones entre prensa y poder se
desestabilizaron, cambiaron, y las agresiones aumentaron, con el agravante del
empoderamiento y visibilización de los grupos delincuenciales dedicados al
narcotráfico, que han ejercido también violencia contra los periodistas en su
esfuerzo por controlar la agenda mediática a su favor”, comenta Del Palacio,
también fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa de Iberoamérica.
Fue
entonces que, de acuerdo con todos los diagnósticos, México se convirtió en uno
de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Al menos 36
periodistas han sido en los últimos nueve años, según el Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés).
Siete,
según la organización Artículo 19, tan sólo entre enero y julio pasados, o un
reportero asesinado por mes este 2015: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan
Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; Gerardo
Nieto, en Guanajuato, y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.
Los
datos de Artículo 19 muestran cómo, pese a que el peligro en el que se ejerce
el periodismo en México ha sido motivo de alerta incluso internacional desde el
sexenio pasado, la situación sólo ha ido en aumento: el promedio de 182
agresiones que se registraron cada año en la administración anterior se rompió
en la primera mitad de este 2015, cuando la organización contó 227 casos.
“La
crisis de derechos humanos que se vive en el país ha tenido un grave impacto en
la libertad de expresión. A pesar de las advertencias y recomendaciones
otorgadas por organismos internacionales, los casos se caracterizan por la
inactividad del Gobierno federal”, dice el reporte “Más violencia, más
silencio”, difundido por Artículo 19 el pasado 6 de julio, tres semanas antes
del asesinato de Espinosa junto a otras cuatro víctimas.
“La
falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los
responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de
impunidad en México (…) la adversidad en el libre ejercicio periodístico, que
no sólo vulnera a la prensa, también a la sociedad”, agrega el documento.
Esta
“virulencia”, dice Del Palacio, la frecuencia y la cantidad de los ataques
contra los periodistas, es lo que no tiene precedentes en la historia nacional.
“Lo
peor de todo es la impunidad absoluta”, advierte la también fundadora de la Red
de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica. “Cualquiera, llámese fuerzas
policiacas, Gobiernos estatales, Gobiernos municipales, grupos de choque,
partidos políticos, narcotraficantes, delincuencia organizada, puede agredir,
matar a un periodista, con una altísima probabilidad de que lo haga en total
impunidad”, dice.
OAXACA, LA NUEVA ALERTA
Gabino
Cué Monteagudo, Gobernador de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro
El
mapa de las agresiones con la prensa en México, como el de la violencia contra
la población en general, ha sufrido una modificación territorial notoria en los
últimos cinco años. De acuerdo con Javier Garza, periodista mexicano y
codirector de una base de datos que compila y geo-localiza los casos de
agresiones, los homicidios y secuestros de comunicadores que hasta 2010 se
concentraban en los estados del norte, ahora, dice, se concentran de manera
acelerada en la parte sur del país.
Esta
modificación espacial fue motivo de un artículo que Garza publicó en El País el
pasado 7 de julio, titulado “Violencia contra periodistas en México: de norte a
sur”, que advierte también que estas agresiones, sobre todo en Veracruz, llaman
la atención porque presentan un marcado incremento. Oaxaca, advierte, presenta
un patrón similar.
“Los
casos del sur han cobrado más atención porque han ido en aumento sostenido. En
2010 no hubo asesinatos de periodistas en Veracruz. En los 10 años previos se
registraron cinco y en los últimos cinco años se cuentan 12. En Oaxaca la
violencia ha trepado silenciosamente: un periodista asesinado en 2013, otro en
2014, tres en lo que va de 2015, el más reciente el del locutor Filadelfo
Sánchez, acribillado el 2 de julio al salir de su programa de radio”, dice el
texto.
“El
deterioro de las condiciones para ejercer periodismo en esos estados se ha dado
bajo las gubernaturas de Javier Duarte en Veracruz y Gabino Cué en Oaxaca. Más
que una coincidencia, la realidad marca una tendencia de cheque en blanco para
cualquiera que piense que sus problemas se solucionan matando periodistas.
Claro, esto no es exclusivo de estas dos entidades. Mañana puede darse en
cualquier otra parte del país si no se frena la impunidad”, agrega el texto.
DEMOCRACIA EN RIESGO
De
acuerdo con diferentes fuentes, los ataques contra la prensa afectan no sólo a
las víctimas directas, sino a la sociedad en general, que es destinataria de la
información que deja de producir el agredido. La falta de información, a su
vez, reduce las opciones y los elementos que los ciudadanos tienen para tomar
decisiones relacionadas con su vida pública. Y con esta reducción de opciones y
de fuentes informativas, advierten los académicos y los diagnósticos, lo que se
pone en riesgo son los derechos humanos a la información y la libertad de
expresión y, con ellos, la vida democrática.
En
una entrevista publicada el 3 de septiembre en SinEmbargo, el coordinador del
programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, explicó por qué los problemas
por los que atraviesan los periodistas en el México actual no son exclusivos de
la prensa. “Es un problema que va más allá y que afecta a toda la sociedad
mexicana. Tiene que ver con el clima de temor e intimidación que produce mucho
miedo y conduce a la censura, tiene que ver con la afectación de derechos
humanos como la libertad de expresión, aunque esté garantizada en la
Constitución, muchísimos ciudadanos no pueden ejercerla plenamente porque
existen estas circunstancias que hacen que muchos prefieran abandonar la
profesión, que prefieran optar por autocensurarse, por temor. Esta afectación a
los derechos humanos es una inhibición a la posibilidad de que los mexicanos
debatan abiertamente muchos de los temas que afectan a la sociedad. Limitan el
debate y crean una sociedad menos informada, menos trasparente y menos
democrática”, dijo.
“Si
bien es gravísimo que se prive de la vida a cualquier persona y que no haya
justicia, en el caso de los periodistas que pierden la vida o son agredidos en
el ejercicio de su trabajo, estamos hablando del silenciamiento de la propia
sociedad, del ataque al derecho a la información, al derecho al crítica, a la
denuncia. Cada vez que se silencia a un periodista crítico, se está golpeando
seriamente a la democracia y a la sociedad en su conjunto”, dice Del Palacio.
De
acuerdo con Salvador de León Vázquez, sociólogo investigador de temas como
periodismo, comunicación política y medios de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, el objetivo de garantías constitucionales como los derechos a
la libertad de expresión y al acceso a la información son mejorar la vida
cotidiana de los ciudadanos.
“Se
ha señalado que una democracia sustantiva, más vivencial, que genere en la
sociedad una actitud democrática, puede observarse en diferentes contextos de
la vida cotidiana, como el derecho de votar o elegir, y entre más oportunidades
haya de elegir, más fuerte es la cultura democrática, y con menos, nos
enfrentamos a la imposición; entonces, tenemos una cultura democrática mas
frágil, débil, y en consecuencia no se consolida”, dice De León.
En
entrevista vía telefónica, comenta que, así como el oficialismo podría ser la
característica principal del periodismo que, aun con excepciones,
predominantemente se hizo en México en el siglo anterior, “quien ahora hable
del periodismo mexicano debe mencionar la violencia”.
VERACRUZ, “PELEA CONTRA EL SILENCIO”
Cientos
de ciudadanos, periodistas y estudiantes marcharon en agosto pasado desde el
centro de la ciudad de Xalapa hasta la casa del gobernador Javier Duarte de
Ochoa en protesta por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, Nadia
Vera, Yesenia Quiroz, Olivia, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín. Foto:
Félix Márquez, Cuartoscuro
En
Veracruz, la extrema violencia ha dejado consecuencias aun en las aulas de las
facultades de Comunicación. De acuerdo con Celia del Palacio, el temor
“lamentablemente justificado” ha hecho que los alumnos ya no quieran estudiar
periodismo y que incluso, también por temor, muy pocos investigadores estén
abordando el tema de la violencia contra la prensa en esa entidad.
“Como
lo han planteado varios investigadores, las relaciones entre empresarios
mediáticos y Gobierno(s) son patrones de negocios en donde la fuerza de trabajo
(los periodistas, los reporteros) son lo menos importante. Se debe satisfacer
al ‘cliente’, con lo cual puede silenciarse, correrse a cualquiera que critique
a los personajes en cuestión. Ya que los periódicos están inmersos en una
crisis económica, dependen casi únicamente de los convenios (poco
transparentes) con los Gobiernos de todos los niveles”, comentó la escritora en
un ensayo enviado a SinEmbargo en respuesta a un cuestionario.
“Con
todo ello, los periodistas (sobre todo en la provincia) sufren de una violencia
que puede llamarse estructural: bajos salarios, ninguna seguridad laboral,
ninguna protección en caso de ataques, poco respeto por el trabajo, en el
sentido de cambiar, mutilar o ‘bajar’ las notas que no sean del agrado de los
poderosos, total explotación laboral”, agregó en el texto.
La
violencia contra los comunicadores ha generado ya zonas de silencio en el país
y podría ampliarse, advierte Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas
de a Pie que ha monitoreado y también documentado diversos casos de agresión a
reporteros en diferentes partes de México.
En
Tamaulipas, dice, los secuestros, las balaceras y las decapitaciones aun de
quienes reportaban en redes sociales fueron “ejemplificantes” y, junto con la
impunidad, forzaron el silencio de casi toda la prensa del estado.
Estas
mismas condiciones, agrega Turati, son las que se viven en Veracruz, donde se
comparten además territorios controlados por la misma clase “narcopolítica” y
donde también hubo asesinatos que llama “ejemplificantes”.
Pero
la diferencia, menciona la también colaboradora de la revista Proceso, es que
en Veracruz hay una generación de reporteros en resistencia, como quienes a la
muerte de Rubén Espinosa inauguraron Voz Alterna, un colectivo de difusión de
información periodística que colegas y amigos habían planeado con el fallecido.
“Veracruz
es importante porque ahí se libra en este momento una lucha contra el
silenciamiento del país. Y ya llevan muchos años, llevan muchos muertos, 14
periodistas muertos. Son reporteros que han tenido que ver cómo sus jefes son
encontrados en bolsas, hechos pedazos. Están viviendo el proceso que se vivió
en Tamaulipas, que es territorio Zeta, con la narcomafia gobernando, la misma
clase política y crímenes ejemplificantes que hicieron que los periodistas no
volvieran a salir. Pero acá, desde Regina Martínez [corresponsal de Proceso en
Xalapa, asesinada en 2012], el mensaje era claro y aún siguieron saliendo”,
dice.
“Y
por lo que están haciendo, aunque saben que los están matando, se les tiene que
ayudar, porque ellos están peleando en este momento por la causa más importante
de todas, que no se silencie esa parte”, agrega.
Celia
del Palacio coincide: “Es preciso que la sociedad en su conjunto sea consciente
de lo que se pierde cada vez que se silencia a un periodista. Es preciso que el
propio gremio se una, ya que es lamentable que algunos de los propios
periodistas se levanten como acusadores y verdugos de sus compañeros. Si esto
no ocurre, la libertad de expresión, la democracia en sí seguirá siendo
vulnerada, hasta que no haya nadie que pueda levantar la voz y el autoritarismo
se generalice una vez más”.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto/ septiembre 8, 2015 - 00:00h)
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