Tuvieron
que pasar casi 10 meses y que un grupo de expertos internacionales e
independientes sugiriera como principal móvil de la desaparición y asesinato de
todos o la mayoría de los 43 normalistas secuestrados por la Policía Municipal
de Iguala la noche del 26 de septiembre, era el narcotráfico.
Los
expertos revelaron la existencia de un quinto autobús en donde viajaba la
mayoría de los jóvenes desaparecidos donde, de acuerdo con información que
obtuvieron de un tribunal federal en Chicago, probablemente iba un cargamento
de heroína. Los expertos fueron cautelosos y no abundaron si uno o más jóvenes
pudieran haber conocido de esa carga, pero al establecerla como el probable
móvil del crimen y la saña con la que se cometió, pusieron una daga en el cuello
del Gobierno mexicano.
El
informe de los expertos cuestionó la investigación que encabezó el exprocurador
Jesús Murillo Karam, y que motivó que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera
a la nueva procuradora, Arely Gómez, que revisaran las conclusiones y que las
incorporaran, donde proceda, a la averiguación del caso.
Detalles
más concretos, paradójicamente, están en poder de la PGR desde hace casi un
año, pero el entonces procurador no se atrevió a ventilarlo en público y, menos
aún, incorporarlos como parte toral de la investigación.
En
este espacio se detalló esa parte de la investigación, el 19 de noviembre del
año pasado.
Era
entonces, como hasta ahora, una verdad impronunciable.
El
misterio de Iguala está resuelto, se apuntó en noviembre. Las claves las había
aportado Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos y capturado en la
autopista México-Toluca el 16 de octubre, que se había convertido en el
principal testigo de la PGR para entender la vinculación de esa banda con las
autoridades en Iguala y Cocula, y comprender en su contexto, lo que había
sucedido con los normalistas de Ayotzinapa.
Casarrubias
no quería colaborar con las autoridades federales hasta que Murillo Karam fue
personalmente a hablar con él a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano.
–Si
colabora, le dijo Murillo Karam, habrá dinero de recompensa.
–Tengo
más dinero del que me pueda dar, respondió.
–Podemos
reducir los cargos, replicó el procurador.
–Mis
abogados me dicen que el caso va por buen camino, desafió.
–Con
usted en la cárcel, “El Pez” va a atacar a su familia, le dijo Murillo Karam.
Nosotros podemos protegerla, ofreció.
En
ese momento, Casarrubias se quebró y habló. “El Pez” es Johnny Hurtado
Olascuaga, y es el jefe de La Familia Michoacana en la región guerrerense de
Tierra Caliente –donde operan Guerreros Unidos– y el Estado de México.
Casarrubias
le proporcionó al exprocurador nombres de funcionarios involucrados con las
bandas criminales, base de las capturas del alcalde de Ixtapan de la Sal,
Ignacio Ávila, y de su secretario de Seguridad Pública, Efraín Mendoza, por
presuntos nexos con el crimen organizado. Involucró también al gobernador de
Guerrero con licencia, Ángel Heladio Aguirre, por sus nexos con Guerreros
Unidos.
Casarrubias
fue quien aportó el modus operandi de la banda y reveló la estructura criminal
dentro de las instituciones en Iguala y Cocula. Asimismo, reveló por qué se dio
la orden de matar a los jóvenes. Dijo que dentro del grupo de normalistas había
una célula de 17 jóvenes que pertenecían a Los Rojos, la banda criminal
enfrentada con Guerreros Unidos, que recibían órdenes de Santiago Mazari Hernández,
sobrino de Alfonso Miranda, exdiputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe
de plaza en Amacuzac.
Los
Rojos, que controlan Chilpancingo, llevan como una de sus misiones asesinar a
Víctor Hugo Benítez, apodado “El Tilo”, quien era el jefe de plaza de Guerreros
Unidos, según Casarrubias.
Según
los investigadores federales, dentro de los más de 50 normalistas que llegaron
a Iguala, había un “halcón” de Guerreros Unidos, quien informó de las
intenciones de sus enemigos. El objetivo eran sólo 17 normalistas, agregó
Casarrubias. No se sabía la suerte del “halcón”, aunque durante semanas los
teléfonos celulares de cuatro de los desaparecidos se activaron durante algunos
momentos y se volvían a apagar. En algunos casos en la PGR interceptaron
mensajes de texto donde daban la apariencia de estar perdidos en la sierra.
Nunca se utilizaron los sistemas georeferenciales para ubicar los celulares, ni
se sabe si aún siguen ocasionalmente activos. Uno de esos mensajes fue
divulgado por los expertos en su informe.
La
PGR de Murillo Karam no pudo establecer oficialmente esa línea de investigación
por la falta de legitimidad de las autoridades.
Desde
el principio, cuando se sugirió que había vinculaciones con el crimen
organizado, llovieron las denuncias de diversos frentes para acusarlo de
criminalizar la protesta social. El Gobierno se paralizó, y se aceptó
implícitamente que la verdad histórica y jurídica en toda su extensión, no
sería conocida a través de la versión oficial. Al Gobierno no le interesaba revelar
todos los detalles del porqué se dio la matanza, sino resolver el caso. Error
de diagnóstico, como tantas otras acciones en las que incurrió con torpeza el
Gobierno en el caso de Ayotzinapa.
El
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, ante aquel silencio cómplice con la
ilegalidad –no actuar también es un delito–, convirtió ahora a la PGR en omisa,
negligente e irresponsable.
La
realidad que quisieron ocultar terminó, finalmente, por arrastrarlos una vez
más.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
/ twitter: @rivapa
(ZOCALO/
COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 09 DE SEPTIEMBRE
2015)
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