Más de ochenta personas permanecen en
calidad de no localizadas entre 2014 y 2018, periodo en que inició la guerra
entre células delictivas. Colectivo Sin Ellos No, AC, prepara una marcha para el 30 de agosto,
conmemorando por primera vez en el Estado el Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas
“Cada día recibimos un
miembro en nuestra agrupación de toda la entidad, y no solamente de aquí;
tenemos en nuestro colectivo madres de Los Mochis, Sinaloa; de Sonora, de
Chihuahua, de Veracruz, de Mérida, de tantas entidades que se han unido a
nuestra causa, porque desafortunadamente, aquí en La Paz cuando vienen de
vacaciones, un día se pierden sus hijos y ya no los han vuelto a ver. Tenemos unas
diez personas que son de fuera de nuestro Estado”, expuso Petra Muñoz Pulido,
presidenta de la asociación civil Colectivo Sin Ellos No.
Y es que se han registrado
diversos sucesos en los que hay registro de personas desaparecidas, de algunas
ya no se supo más, otras fueron privadas violentamente de la libertad y unas
más huyeron de sus casas o cambiaron de domicilio, aunque en estos últimos
casos han sido localizadas.
Sin embargo, gran parte de
los registros actualmente residen en la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE). Las personas que permanecen en calidad de desaparecidas datan de
2014 a 2018, periodo en el que inició la guerra entre células delictivas.
“Los primeros años no
teníamos registros mayores de personas desaparecidas, hasta 2018 se ha tenido
mayor confianza, sobre todo con la recolección de muestras de ADN con las que
se busca alguna relación entre los desaparecidos reportados, los cuerpos
encontrados y los familiares que se han acercado a denunciar el hecho y
solicitar la búsqueda de su familiar”, señaló uno de los miembros del Grupo de
Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.
Recientemente se han
denunciado hasta 59 personas desaparecidas, por lo menos hasta el mes de julio,
así lo dio a conocer Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia
del Estado.
“Alrededor de 59 denuncias se
han venido presentando, en este caso estamos hablando de personas no
localizadas, de alguna privación o inclusive alguna desaparición, de esos 59
casos, hasta el mes de corte, julio, está incluido las que ya fueron
localizadas, ya resueltas; normalmente alrededor del 40-42 por ciento se
localizan, porque son personas que se fueron a otra entidad federativa o de una
ciudad a otra y son localizadas a los días posteriores”, se informó a ZETA.
Baja California Sur se ha visto
inmersa en una lucha criminal entre diversos grupos del Cártel de Sinaloa y de
Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales han privado de la vida a cientos de
personas. Pero también se han registrado privaciones ilegales de la libertad, y
hoy, decenas de familias han quedado incompletas por personas que no se han
vuelto a ver.
Según el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay delitos relacionados
con la libertad personal.
Aunque en lo que va de 2018
no hay secuestros, los llamados “Otros delitos que atentan contra la libertad
personal” reportaron 61 casos en los primeros seis meses del año.
“Nosotros entregamos a la
Procuraduría 45 carpetas, con número de averiguación y todo, pero yo creo que
más, no se atrevieron a denunciar, pero tenemos el reporte de ellas, su
fotografía, sus generales, pero que no se atrevieron, pero están más convencida
gran número de personas para hacerse las muestras de sangre y reportar la
desaparición de sus hijos; pero la verdad no, no hay mucha respuesta, tienen
miedo. En el Colectivo tenemos bien documentadas como unas 82, sin contar a las
que no quieren”, afirmó Petra Muñoz Pulido.
Asimismo, el procurador De la
Rosa aclaró que el incremento de delitos de alto impacto, considerando que es
lo que más afecta a la entidad por estas fechas, abarca principalmente
homicidios dolosos, “levantones” y privaciones ilegales de la libertad con
violencia, delitos que se han desencadenado por la delincuencia organizada,
sobre todo por el narcotráfico.
La PGJE respondió a los
ciudadanos que no confían en la institución, pues a la fecha son pocos los
casos resueltos y, según Colectivo Sin Ellos No, 82 familias aún buscan
respuesta:
“Es una circunstancia muy importante
que se viene presentando en estos meses del año, en este primer semestre del
año, donde ciudadanos, familias, han estado viniendo a la Procuraduría para
exponer algún delito cometido en su agravio, algún familiar que fue víctima de
homicidio en 2017, 2016, 2015 o algún otro evento delictivo, como una privación
de la libertad o alguna desaparición”, sostuvo Daniel de la Rosa Anaya.
“Entonces ahí lo que estamos
generando, reforzamos, así como lo hicimos en su momento con las unidades de
Investigación de Homicidios y de Narcóticos, lo estamos realizando en lo
respectivo a privación de la libertad y desaparición de personas, ya hay nuevos
agentes de investigación y fiscales que están trabajando, se fortaleció esas
fiscalías y prácticamente en todo el Estado se está atendiendo, desde los
agentes del Ministerio Público que tenemos aquí en La Paz y otro en Los Cabos”,
complementó el funcionario estatal.
CRUZADA POR LA JUSTICIA
La necesidad de respuestas ha
llevado a familiares de víctimas de desaparición forzada a emprender una
cruzada, marchar por las calles aun en contra de las mismas autoridades y de
las amenazas del narco contra familiares.
Por ello, ante los diversos
hechos en que se ha privado de la libertad a hombres y mujeres de BCS,
Colectivo Sin Ellos No prepara una marcha para el jueves 30 de agosto,
conmemorando por primera vez en el Estado el Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas. El evento iniciaría a las 6:00 pm en las calles 5 de
Febrero e Isabel la Católica.
“Ahorita tenemos la marcha
que vamos a realizar el 30 de agosto para conmemorar el Día Internacional de
las Víctimas de Desaparición Forzada, este evento se va a llevar a cabo a nivel
nacional. Hemos solicitado apoyo de la Dirección de Tránsito del Municipio,
para que nos acompañen en la marcha, que va a iniciar en la ‘Prepa’ Morelos, en
una glorieta que está ahí nos vamos a juntar y va a terminar en Palacio de
Gobierno; hemos convocado a la sociedad civil”, dijo Petra Muñoz Pulido.
La intención de los
familiares es ser escuchados y obtener respuestas que den certeza y
tranquilidad respecto a las desapariciones de sus seres queridos.
Pero más allá de lo que
puedan pensar las células delictivas, “son los mismos policías que se acercan,
los ministeriales, a amenazar que ya no le muevas y cosas así”, acusó una madre miembro del Colectivo.
“Las madres están amenazadas
por hablar, incluso nos comunican de Vizcaíno que el contingente que venía a la
marcha lo suspende por amenazas”, lamentó por su parte la dirigente del
movimiento que, según Muñoz, ya no es solo en La Paz: padres y madres de familia
de todo BCS se han estado movilizando para rogar a las autoridades, pero
también exigir justicia, que los cuerpos sean buscados y entregados a cada
familia devastada.
El dolor ya ha sido
extendido, la inconformidad está en el aire y las familias van a seguir en la
lucha para presionar a que las instituciones actúen, deteniendo la ola de
“levantones” y resolviendo los 82 casos de los últimos años, más los que
no se han atrevido a denunciar.
“Andan en Los Cabos, Comondú, Loreto, Vizcaíno, Guerrero Negro,
hasta allá tenemos gente que nos hemos clasificado para un mejor control: las
de Comondú hicieron su Colectivo del mismo de nosotros, se agrupó la gente de
Santa Rosalía hasta Vizcaíno, hicieron el Colectivo Zona Pacífico Norte y cada
día aumentando, aquí en La Paz obviamente estamos el grueso”, refirió Petra
Muñoz sobre la participación en la asociación civil.
En cuanto a “levantones”,
según el Grupo Coordinación, “hay inocentes que se han ido por equivocación o
estuvieron en el momento menos indicado”.
Por ello, Colectivo Sin Ellos
No pretende que las familias, estrechen lazos para emprender búsquedas
particulares y extender una red que obligue a las autoridades a involucrarse,
ya que hasta cierto punto se han mostrado inoperantes al no brindar la
respuesta adecuada para las familias dolidas.
“Con las autoridades no hemos
tenido ningún acercamiento, nada de respuesta a nuestras peticiones, no nos han
acompañado a una búsqueda, no se ha conformado a la Comisión Local de Búsqueda,
que ya tiene tiempo, que debe haberse formado, no se nos comunica nada, pese a
que hicimos un acuerdo con el procurador de estarnos informando de los cuerpos,
de los restos que se encontrarán”, expuso quien encabeza el Colectivo.
BÚSQUEDA SIN RESPUESTA
“Hemos solicitado a las
autoridades su colaboración y no tenemos respuesta, por ejemplo solicitamos que
nos ayuden a buscar en Centros de Rehabilitación, en los Cereso, nada nos han
contestado, son puntos en los que pudiéramos encontrar familiares que hayan
sido de alguna manera apresados o llevados contra su voluntad, pero no tenemos
respuesta”, dijo una de las pertenecientes al Colectivo.
“Me la llevo en calle tras
calle, aún espero su regreso, he pegado cartelones en cada poste, he posteado
(sic) miles de veces en Facebook porque sé que él era bueno, todavía recuerdo
cómo suplicaba para que no se lo llevaran, que él no era, yo salí tras ellos,
me colgué del carro y con una voz que nunca voy a olvidar, me dijo que me fuera
o a mí también me iba a tocar, es un dolor que todos los días recuerdo y aquí
(se toca pecho lado izquierdo) duele, y voy a recordarlo siempre”, recordó el
familiar de la víctima de desaparición forzada.
El suceso ocurrió en 2017,
cuando la ola de ejecutados y
“levantados” estaba en su máximo apogeo.
“Nunca pensaron en que el
dolor quedaría para sus familias y le siguieron hasta las últimas
consecuencias, por eso reitero, si van a meterse en operaciones con el narco,
deben tomar en cuenta que en algún momento pueden ser sus familias quienes
estén llorando y lamentando su desaparición”, expresó un agente de la Policía
Ministerial consultado por ZETA.
De acuerdo a información
recolectada en la investigación, cuerpos que han sido enterrados por la zona
del Saltito, Termoeléctrica y Las Cruces en La Paz y no se descarta haya más en
la carretera a Los Planes; al igual se ha dado a conocer que “cerca de los
predios en San José han encontrado más cuerpos” en Los Cabos.
La zona de Vizcaíno en
Mulegé, fue testigo de la aparición de dos cabezas humanas el 7 de abril en el
tramo carretero de Loreto a Mulegé; los cuerpos jamás aparecieron.
Comondú ha sido uno de los
municipios donde la violencia se desencadenó, pero meses después autoridades
reportaron la baja de balaceras y homicidios, sin embargo, ciudadanos alzaron
la voz con el aumento de “levantados” por hombres encapuchados, incluso algunos
con uniformes hechizos de policías.
“Madres incluso han pagado
los servicios de helicópteros, de avionetas privadas, para buscar, porque
tienen mucha información, pero desafortunadamente tienen miedo de las
amenazas”, refirió Petra Muñoz Pulido.
En el camino, muchas madres
de familia han muerto en espera de ver de nuevo a sus hijos, En algún momento,
en Comondú hubo participación del ejército en la búsqueda de cuerpos con las
familias, solo encontraron dos esqueletos humanos imposibles de identificar,
sin embargo, con la medida de tomar muestras sanguíneas a las familias, ha sido posible identificar un
bajo porcentaje de cuerpos.
“No tengan miedo, acérquense
a nuestro Colectivo, estamos estrechamente enlazados con el movimiento nacional
y vamos a trabajar en forma más segura, con un grupo más sólido podemos unas
con otras cuando menos consolarnos, porque son muchas las madres que se sienten
incompletas; ya se nos han muerto madres en espera de sus hijos por enfermedad,
por lo que lo que pasa, no pedimos nada más que se unan”, exhortó la
entrevistada.
PGJE INCIDE AL DENUNCIAR DESAPARICIONES
De acuerdo a datos brindados
por Índice Global de Impunidad realizado por la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), Baja California Sur cuenta con un porcentaje en cifra negra o
delitos que no se denuncian de 88.4%, delitos que siguen impunes porque los
ciudadanos desconfían de las instituciones.
El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que si bien la entidad está
prácticamente libre de secuestros, existe un apartado que denomina “Otros
delitos contra la libertad personal”, en el cual se incluyen denuncias que se
hacen por personas que no se localizan por cambio de dirección o huyen de sus
hogares, pero también las víctimas de desaparición forzada.
En cuanto a “Víctimas por
otros delitos contra la libertad personal”, de enero de 2015 a junio 2018
registró:
En los últimos cuatro años,
BCS contabiliza 354 delitos contra la libertad personal, entre ellos gran
número de personas privadas de su libertad de manera violenta.
“En el caso de los
familiares, lo que nosotros pedimos y que ha habido una gran participación de
los familiares, que tienen algún o han tenido alguna problemática de alguna
persona no localizada, han entregado voluntariamente las muestras y se han
podido identificar, estamos hablando de que en este momento tenemos alrededor
de 86 muestras que nos han donado, estamos refiriéndonos a los años 2014 a la
fecha”, refirió el procurador Daniel de la Rosa Anaya.
Dichos datos confirman que
pudieran existir por lo menos 86 personas desaparecidas, pero hay algo
importante: Colectivo Sin Ellos No ha revelado que las familias temen
denunciar, lo que también hace que la justicia se retarde, pues según De la
Rosa Anaya, al momento que ocurre un “levantón” es vital que se activen
protocolos y esto no se hace por falta de una denuncia, en caso de activarlos,
las instituciones montan operativos de búsqueda del desaparecido y puede ser
detectado por corporaciones de seguridad y militares, de otra manera resultan
estériles, pues no se conoce a quién se busca.
“Hay un protocolo de
actuación, un procedimiento que se ha venido desarrollando, que es conforme al
procedimiento homologado nacional, y a partir de que se presenta la denuncia,
se activan las investigaciones tanto por parte de la agencia de investigación estatal,
como cuando se localiza algún cadáver, pues se realiza lo propio por la
Dirección de Servicios Periciales”, indicó el funcionario.
Con una simple llamada a los
números de emergencia, en lugar de guardar silencio por la actividad que haya
desempeñado el desaparecido, si se desea recuperarlo con vida, debe existir la
denuncia.
“Tenemos la reacción de todas
las autoridades que estamos incluidas en el Grupo de Coordinación de Baja
California Sur para que cualquier autoridad de seguridad pública o de procuración
de justicia dé inclusivo el apoyo invaluable Fuerzas Armadas, y pueda ubicarlo
en alguno de los espacios públicos de la ciudad;: una vez que se presenta esa
llamada, se formaliza la denuncia ante Ministerio Público de cualquiera de los
centros de Justicia que tenemos en el Estado; es importante precisar la media
filiación, fotografías, datos que identifiquen particularmente, especialmente
la persona, posteriormente se activa el protocolo de investigación”, externó De
la Rosa.
La información de la PGJE es
que a la fecha el número de desaparecidos lo encabezan los hombres,
aproximadamente el 90% de los “levantados”, y un 10% son mujeres.
Los cuerpos de seguridad se
movilizaron en la zona conocida como Colinas Plus de San José del Cabo, donde
una mujer conocida como Daniela Valdés Álvarez fue privada violentamente de su
libertad por hombres armados a bordo de una camioneta, dejando a dos menores de
edad en la unidad de color negro.
“La mujer está vinculada
directamente con uno de los grupos criminales de la zona, contaba con prácticas
que se pueden atribuir de delincuencia y fue parada por ciertas personas. Fue
liberada, pero la denuncia ocasionó movilización, esperamos que haya sido
liberada por el trabajo de búsqueda que se hizo”, explicó un miembro de las
Fuerzas Armadas en Los Cabos.
Anteriormente la joven fue
vista en fotografías de su red social con el ex gobernador del Estado, Narciso
Agúndez Montaño, y apoyando en la campaña de Arturo de la Rosa Escalante para
la alcaldía cabeña.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA MARTES, 21 AGOSTO, 2018 01:00 PM)
