Ley de Austeridad Republicana
es el principio de un cambio sustantivo en la vida política del país. Que se
acaben los gastos superfluos que habían hecho de la vida pública un instrumento
de ascenso social. Dinero de los contribuyentes para su movilización
socioeconómica ascendente sin rendir cuentas ante los electores ni pagar costos
por su rendimiento legislativo, en muchos casos, deficiente. Pero la Ley que se
discutirá en el Congreso y con toda seguridad, dada la mayoría contundente de
Morena que introdujo la iniciativa de acuerdo a los deseos del Presidente
electo Andrés Manuel López Obrador, será aprobada, no puede caer en
puritanismos ni prejuicios. Si el espíritu que anima su redacción no es
expulsado durante su discusión parlamentaria, lo que resultará es una
legislación que provocará un daño irreparable al servicio público, al país y al
propio gobierno de López Obrador.
El impacto de lo que esta
Ley, en los términos como está redactada, causará, es analizado en un documento
técnico sobre los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una
Política de Austeridad Republicana, elaborado por 14 servidores y ex servidores
públicos, así como profesionistas y académicos en Administración Pública. El
documento de 57 páginas no es partidista ni expresa posiciones ideológicas.
Subraya las deficiencias que contemplan los lineamientos trazados en cuanto al
recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y
el aumento de la jornada laboral al personal de confianza, que representa al 20
por ciento del servicio público, que suman 318 mil personas.
Este grupo de funcionarios ha
ido perdiendo poder adquisitivo desde 2003, por el congelamiento de salarios
durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante el gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto hubo un ajuste en los últimos meses con base en
la inflación anual. En el análisis de los 15 últimos años, este congelamiento
provocó que el poder adquisitivo del personal de confianza perdiera 60 por
ciento en promedio, aunque en áreas como la Secretaría de Hacienda, alcanza el
70 por ciento.
La Ley que entró al Congreso
provocaría el despido de un total de 222 mil personas, con lo cual el servicio
público mantendría únicamente a 96 mil en puestos de confianza. Esto significa
una reducción del 70 por ciento del total de trabajadores en el gobierno
federal, donde los principales recortes serían en las Secretarías de la Defensa
y la Función Pública, donde se despediría al 70 por ciento de ese grupo de
trabajadores, que es un porcentaje idéntico que impactaría en la PGR. En la
Secretaría de Gobernación se registraría una reducción del 63 por ciento,
mientras que en la Hacienda y del Trabajo, la reducción sería de 53 por ciento.
El personal de confianza es
al que se ha estigmatizado en el desordenado y poco informado debate sobre el
recorte salarial a la alta burocracia. En el documento técnico que están
circulando para animar a la discusión, se establece que por personal de
confianza se conoce a quienes toman las decisiones en todos los ámbitos del
quehacer público y por su naturaleza y especialización se exigen grados de
estudios, conocimientos y experiencia.
Ese grupo representa el 20.3
por ciento del total de burócratas que, en 2016 totalizaban poco más de un
millón 567 mil personas que trabajan en 319 entes públicos. “Un recorte de la
magnitud que se plantea -dice el documento-, mediante el cual se pretende que
las dependencias y entidades operen únicamente con el 30 por ciento del
personal de confianza, impactará inexorablemente de manera negativa en la capacidad
del Poder Ejecutivo para, como se ha señalado, llevar a cabo dichos actos en lo
particular y desplegar la función pública en lo general de forma eficiente y
eficaz, tal y como lo demanda la ciudadanía que aspira tener una administración
gubernamental moderna y sustentada en mejores prácticas”.
El documento presenta las
deficiencias analíticas de quienes redactaron la Ley. Por ejemplo, en materia
de seguros señalan: “Tomando como base la información de la licitación pública
para la contratación del seguro colectivo de gastos médicos mayores, y haciendo
un cálculo aproximado del monto total de estas aportaciones, se estima que el
ISSSTE recibe 70 millones de pesos mensuales por parte de los trabajadores de
confianza que, en términos abría un aumento inmediato de la demanda de
servicios médicos especializados y costosos para el ISSSTE, que actualmente
atiende un total de 23.7 millones de consultas, de las cuales el 53.6 por
ciento, es decir 12.7 millones, corresponden a medicina general ambulatoria, y
el resto, 11 millones de consultas de medicina especializada, el 46.4 por
ciento”.
Esto significa, según el
documento, que “haciendo una proyección de estas cifras, el personal de
confianza que tendría que ser atendido por el ISSSTE al eliminarse el (seguro
médico), se estima en al menos 928 mil personas que requerirán consultas especializadas,
que se consideran las más caras. Esta demanda de atención médica especializada,
se estima que tendría un impacto económico para el ISSSTE de 4 mil 80 millones
de pesos. La medida no implicará un ahorro para el gobierno, y, por el
contrario, el ISSSTE requerirá de un mayor presupuesto para atender la demanda
de los servicios de salud”.
“La austeridad es un medio,
no un fin en sí mismo”, apunta el documento. “Por ello, el recorte de plazas
debe hacerse sobre la base de datos duros y con una visión integral, de largo
alcance”. No lo dicen de manera crítica, pero el sabor de boca que deja el
análisis, es que la Ley de Austeridad Republicana está más sustentada en
suspicacias que realidades, en arbitrariedades más que razones. No consolida al
servicio civil profesional como una política de Estado, sino que la castra y
empobrece.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 13/09/2018 | 04:04 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario