Es injustificable y
lamentable que el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú, haya desestimado primero, y a la ligera, después, la opinión
técnica del Colegio de Ingenieros Civiles sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Es conocida su convicción ideológica
–porque está metida de esa forma en su cabeza-, que la mejor opción para una
nueva terminal aérea es la que sugirió su amigo y asesor del Presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, José María Riobó, 10 meses después de no ganar la
licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto.
El Colegio fue una de las
instituciones técnicas a las que les pidieron López Obrador y Jiménez Espriú
que emitieran su opinión sobre la viabilidad y factibilidad de un nuevo
aeropuerto en Texcoco o Santa Lucía, y aportaran elementos al debate público.
Así lo hizo el Colegio y determinó que Santa Lucía no era una opción y costaría
66 por ciento más que Texcoco. Jiménez Espriú dijo que estaban mal sus cálculos,
sin dar a conocer los suyos, basados en expertos chilenos que dijeron que era
Santa Lucía, no Texcoco, donde estaba la terminal prometida, cuyos nombres
mantiene en secreto. Hasta ahora no se conoce el proyecto ejecutivo de Santa
Lucía, propuesto por él y Riobó, para que los expertos lo puedan examinar. Sólo
palabrería del futuro Secretario que en este caso se acercó más al arrebato
contra quienes contradijeron su idea.
La discusión ha sido política
desde la campaña presidencial, cuando López Obrador dijo que era una obra
“faraónica”. El Presidente electo ha ido modulando su discurso y encontró en
una consulta pública –o encuesta nacional-, la salida al entuerto retórico en
el que se metieron. Sólo como antecedente a esa propuesta, el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, la empresa de participación estatal
mayoritaria responsable de la obra, administración y operación del nuevo
aeropuerto, se ajustó a los Principios de Ecuador, un código de prácticas para
determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y ambientales de los
proyectos, que fortalecen las posibilidades de financiamiento, realizó una
consulta pública en toda la zona del nuevo aeropuerto y entabló un diálogo
social en los cinco municipios aledaños a la obra, donde viven alrededor de 300
mil personas, donde obtuvo 75 por ciento de aprobación al proyecto.
Esa consulta no fue nacional,
y se enfocó a los municipios donde tendrán una afectación directa por la nueva
obra. La consulta nacional, o la encuesta que se ve como una alternativa por
razones de tiempo, se está impulsando desde el equipo del Presidente electo con
una petición concreta a los medios: abrir espacios al debate sobre la nueva
obra. El llamado a los medios ha sido bien recibido porque ello permite que los
niveles de información de calidad sobre la obra se socialicen y la gente pueda
tomar mejores decisiones. Por eso, la postura de Jiménez Espriú contradice el
interés de López Obrador para abrir la discusión sin prejuicios.
La discusión sobre el nuevo
aeropuerto, como se apuntó aquí el viernes, debe escapar del cómo no se
construye en uno u otro lado, y cómo sí se construye. El cómo sí, por el avance
de la obra en Texcoco y los costos que tendría su cancelación, no sólo
económicos, sino los financieros –al perder calificación de deuda-, debe dejar
en paz la opción de Santa Lucía y enfocarse en cómo y qué se debe hacer para
mejorar la obra actual. Esta argumentación es lo que quiere presentar el
Consejo Coordinador Empresarial al Presidente electo, como un alegato de apoyo
a que la obra “faraónica” que planteaba sin información correcta –Riobó le
aportaba datos parciales e incorrectos- se convierta como un detonante para el
desarrollo para el nuevo gobierno.
El Grupo Aeroportuario ya ha
hecho avances en ese sentido, derivados sin duda alguna por las críticas a
López Obrador al costo de la obra, y se han hecho ahorros por más de 12 mil 500
millones de pesos al diseño actual de la terminal con el cambio de componentes,
y cuatro mil más por una nueva tecnología en el soporte de la torre de control,
que resiste un sismo de 10 grados. Otros ocho mil 500 millones de pesos, según
los expertos, podrían añadirse si se simplifica el diseño arquitectónico del
edificio terminal y del centro intermodal de transporte.
Expertos mexicanos recomiendan
que se tendría que negociar con el arquitecto Norman Foster, quien hizo el
diseño de Texcoco, y Parsons, que administra el proyecto, para realizar esas
modificaciones y reducir su costo por metro cuadrado. Funcionarios mexicanos
dijeron que ya están negociando positivamente con Foster en algunos cambios, el
de los materiales en los acabados de la terminal.
Otras propuestas que podrían
ser consideradas, que se encuentra entre las ideas que quieren incluir los
empresarios en el documento final del Consejo Coordinador Empresarial es que se
hagan ajustes en la política aeronáutica que generen fuentes de ingreso y
financiamiento adicionales, que incluye otro tipo de impuesto de uso de
aeropuerto a pasajeros en conexión, el sistema pre-clarence, para que se pase
migración y aduana estadounidense en México –este modelo, que se aplica en
Canadá, y parcialmente en Tijuana, también está negociándose- y se un Hub
internacional, así como abrir las llamadas quintas libertades, aunque esta
posibilidad enfrenta mucha presión de las aerolíneas estadounidenses que, por
ejemplo, ha impedido que Emirates, hasta ahora, pueda volar a México.
Las posibilidades del cómo sí
habrá un nuevo aeropuerto existen claramente. Pero hay que despojarse de
arrebatos y aportar información y argumentos. A todos nos beneficiará.
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17 DE SEPTIEMBRE 2018)
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