miércoles, 27 de mayo de 2015

LOS NEGOCIOS DE NARCISO


Socios y domicilios fiscales compartidos en actas constitutivas de compañías proveedoras del ayuntamiento de Los Cabos, ligan a Narciso Agúndez, sus hijos y yerno, a seis empresas favorecidas con millonarios contratos otorgados por el ayuntamiento encabezado por José Antonio Agúndez, por ley impedido de favorecer a sus familiares. Se detectan socios sin capital que estarían sirviendo como prestanombres

San José del Cabo, Baja California Sur.- Cuando el ex gobernador del estado de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño fue presentado el 25 de mayo de 2012 en la rejilla de prácticas, después de haber sido capturado y sujeto a proceso penal por el delito de peculado –tras apropiarse ilícitamente de 7 predios en el exclusivo fraccionamiento de El Pedregal de Cabo San Lucas— el entonces Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, Sergio Aguilar Navarro, y durante la primera audiencia, inició un interrogatorio de datos generales sobre el acusado. El juzgador textualmente preguntó, y el detenido contestó lo siguiente:

--¿Nombre?

--Narciso Agúndez Montaño.

--¿Originario?

San José del Cabo.

--¿Escolaridad?

Profesionista.

--¿A qué se dedica actualmente?

--Soy comerciante.

--¿Percepciones mensuales?

--100,000.00.

Después de escuchar las imputaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y en presencia de sus abogados, Miguel Ángel Camacho Flores, Marco Antonio Ceseña Sandoval y Otoniel Gómez Ayala, el procesado se negó a seguir respondiendo más preguntas del juzgador sobre su actividad empresarial, y se reservó el derecho a seguir declarando en el proceso penal, bajo el número de expediente 096/2012.

Tras una investigación documental, este semanario, pudo ubicar una serie de negocios amparados en el poder de Narciso Agúndez Montaño, en sociedad con sus hijos Christian y Argelia María Agúndez Gómez, y su yerno, Freddy Erubey Martínez Rivera.

Según las pruebas recabadas por este semanario, se pudieron identificar por los  menos 10 personas coaligadas a los Agúndez, presuntos prestanombres incorporados a seis empresas de cuatro giros comerciales diferentes, y quienes durante la administración del hermano del ex gobernador, José Antonio Agúndez Montaño, han fungido como los proveedores favorecidos del XI Ayuntamiento de Los Cabos.

Este reportaje está basado en información documental obtenida del ayuntamiento de Los Cabos, algunos expedientes, forma parte de una batalla legal iniciada el 17 de diciembre de 2013 –tras la negativa del gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, teniendo como interlocutor al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), que terminó ordenando la  entrega de documentación, misma que fue interrumpida arbitrariamente por los funcionarios municipales en agosto de 2014 y en marzo de 2015.
Las actas constitutivas de las compañías, altas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como facturas, órdenes de compra directa y adjudicaciones amañadas de licitaciones, de seis empresas que han vendido servicios al ayuntamiento cabeño, forman parte de esta investigación de ZETA.

La pirámide de favorecimientos empieza con Narciso Agúndez Montaño como cabecilla, seguido en el orden de jerarquía por sus hijos Christian y Argelia María de apellidos Agúndez Gómez, y su yerno, Freddy Erubey Martínez Rivera.

Los tres familiares del candidato a Presidente Municipal de Los Cabos, tienen bajo su influencia a las siguientes personas y empresas, y las cuales –de acuerdo a documentos en poder de este semanario— están interconectadas unas con otras entre socios y domicilios fiscales.

1.- Reynaldo Vázquez Salazar, y representante legal de Inmobiliaria Brisa Azul, S.A de C.V.

2.- Jorge Yépez Zazueta y Jonathan Torres Inzunza, representante legal y representante de pleitos y cobranzas, respectivamente, de Comercializadora California.

3.- Álvaro Alexis Martínez Rivera y Jonathan Torres Inzunza, administrador y comisario de vigilancia, respectivamente de la constructora Rivera Corp, S.A. de C.V.

4.- Lorenzo Esquivel Pérez, representante legal de Proyecto, Construcción y Supervisión “E”.

5.- Williams Gareth Lucero Rivera y Cipriano Alberto Ceseña Coria, representante de pleitos y cobranzas y comisario de vigilancia, respectivamente, de Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V.

6.- Williams Garet Lucero Rivera, Yoo Edward Lucero Rivera y Otoniel Marrón Amao, administrador, comisario de vigilancia y socio, respectivamente, de Constructora Baco, S.A de C.V.

Todos forman parte de empresas interconectadas a través de los socios y domicilios fiscales.

LAS EMPRESAS

Datos recabados por ZETA, expusieron que la Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V, según la escritura 533, expedida el 27 de abril de 2006 por el Notario Público No. 12, Miguel Ángel Izquierdo y Viamonte, es propiedad de los hermanos Christian y Argelia María Agúndez Gómez.

Los sobrinos del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño e hijos de Narciso, aparecen con las siguientes acciones:

1.- Christian con el 99%


2.- Argelia María con el 1%
Los socios de esta constructora –de acuerdo al acta constitutiva en poder de este semanario— designaron a Cipriano Alberto Ceseña Coria como comisario de vigilancia de la sociedad y a Williams Gareth Lucero Rivera, como representante para pleitos y cobranzas de la compañía.

La empresa ofrece los servicios de diseño arquitectónico; construcción de obra civil; urbanización y edificación; desarrollos turísticos; desarrollos habitacionales; lotificación; estructuras metálicas; instalaciones; levantamientos topográficos; ampliación; remodelación: supervisión de obras; asesorías y trámites.

Hasta aquí, todo parece correcto, a no ser que el domicilio fiscal de la constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., resultó ser una vivienda particular –y sin ninguna vista de negocio—registrada a nombre de Christian Agúndez Gómez y localizada en la calle Retorno de Paseo de los Avestruces No. 4413 en la colonia Las Grullas en La Paz, Baja California Sur.

Entonces empiezan las ligas documentales con el resto de los miembros del grupo.

En ese mismo domicilio fiscal, aparece registrada una segunda empresa denominada Proyecto, Construcción y Supervisión “E”, y donde figura como representante legal, Lorenzo Esquivel Pérez, amigo de Christian.

En otro documental relacionado, el representante de pleito y cobranzas de la compañía Spacio Scala, S.A de C.V de los jóvenes Agúndez, llamado  Williams Gareth Lucero Rivera, figura registrado en una tercera empresa denominada Constructora Baco, S.A. de C.V.

En esa compañía –y de acuerdo al acta constitutiva de la sociedad dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos— aparece como socio de Williams, Othoniel Marrón Amao, cada uno con el 50% de las acciones, y donde figura como comisario de vigilancia, Yoo Edward Lucero Rivera, el hermano de Williams.

La cuarta compañía –y según la escritura 4 mil 529, expedida por el Notario Público No. 15, Juan Raúl Mendoza Unzón— es Rivera Corp, S.A. de C.V., y donde aparecen como socios los siguientes hermanos:

1.- Freddy Erubey Martínez Rivera con el 99% de las acciones.

2.- Álvaro Alexis Martínez Rivera con el 1%.

La compañía hartamente favorecida en el sexenio de su suegro el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, tiene registrado como comisario de vigilancia a Jonathan Torres Inzunza, y quien a su vez, es el representante de pleitos y cobranzas de la quinta empresa denominada Comercializadora California, y donde aparece como representante legal, Jorge Yépez Zazueta.

En la sexta y última compañía denominada Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V., figura como representante legal, Reynaldo Vázquez Salazar, y la cual tiene un contrato de arrendamiento de locales para oficinas de la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del XI Ayuntamiento de Los Cabos.

Los locales comerciales se encuentran en un terreno propiedad de Narciso Agúndez Montaño, y donde fue construido el llamado edificio “Cerro Azul”, ícono de la corrupción de su sexenio, porque no existe explicación de cómo invirtió 11 millones de pesos en la construcción del edificio de dos plantas, cuando en todo su gobierno –en calidad de gobernador— únicamente ganó 8 millones 640 mil pesos, a razón de un sueldo de 120 mil pesos mensuales.

El edificio –y según el currículo de la constructora Spacio Scala, S.A de C.V— fue diseñado por el vástago del ex gobernador, Christian Agúndez Gómez, y cuyos recibos de agua y luz aparecen a nombre de Argelia María, la otra hija de Narciso, y el cual se encuentra ubicado en un retorno sobre la calle de Goleta y Transbordador en la colonia El Chamizal, justamente a un costado de dos residencias del hoy candidato a Presidente Municipal de Los Cabos.

SIN CAPITAL EVIDENTE

Sobre las personas que figuran como representantes legales, socios, comisarios de vigilancia y responsables de pleitos y cobranzas de las compañías de los Agúndez, ZETA, indagó si podían poner un negocio que vendiera  a crédito al XI Ayuntamiento de Los Cabos, y soportar un financiamiento de uno a tres meses en el pago de sus productos y servicios.

En el registro público no se localizaron grandes propiedades, que acreditara una acaudalada situación financiera, de hecho existe constancia de que algunos debieron recurrir al Infonavit para poder tener acceso a un patrimonio.

A continuación los describimos.

1.- Álvaro Alexis Martínez Rivera. Socio de “Rivera Corp, S.A de C.V”, y hermano del esposo de la hija de Narciso, y quien –según la escritura 2, 302, expedida el 10 de diciembre de 2003 por el Notario Público No. 9, Óscar Amador Encinas— posee un terreno y construcción identificado como Lote 13, Manzana 244, ubicado en Camino Real entre las calles Antonio Wilson González y Gil B. Morales en el Fraccionamiento Camino Real. El predio de 160 metros de construcción fue adquirido a través de un crédito de Infonavit entre él y su pareja, Daniela Jiménez Famanía, y los cuales había reunido entre sus créditos un equivalente a 118 mil 099 pesos con 4 centavos y 88 mil 574 pesos con 58 centavos, los cuales sumaron un monto de 206 mil 674 pesos con 2 centavos, de un precio a cubrir de 222 mil pesos.

2.-Othoniel Marrón Amao. Socio de “Constructora Baco, S.A de C.V”, y quien –de acuerdo a la escritura 50,352, expedida el 7 de noviembre de 2012 por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero— es propietario un terreno de 400 metros cuadrados, marcado con el Lote 44 y Manzana 72, en la calle Sin Nombre del Sector UABCS. Según el contrato de compraventa, el terreno fue comprado en un valor de 80 mil pesos.

3.- Jorge Yépez Zazueta. Representante legal de “Comercializadora California”, y quien –según la escritura 658 expedida el 15 de octubre de 2012 por el Notario Público No. 27, Carlos Enrique Lira Padilla— tiene un terreno identificado como Lote 15 y Manzana 180 del predio Mezquitito en el Fraccionamiento El Progreso. El monto de la operación fue de 52 mil 212 pesos.

4.- Williams Gareth Lucero Rivera. Socio de la Constructora Baco, S.A. de C.V. y representante de pleitos y cobranzas de la Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., y quien –de acuerdo a la escritura 45,181 expedida el 17 de agosto de 2010 por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero— posee una vivienda de interés social en la calle Prolongación Alfredo V. Bonfil entre la Calle Sexta y Séptima en el poblado de El Centenario al norte de La Paz. La propiedad de 406 metros cuadrados, y con la clave catastral 103-017-182-009— tuvo un costo de 600 mil pesos, y la cual fue adquirida a través de un crédito de Infonavit.

5.- Cipriano Alberto Ceseña Coria. Representante de pleitos y cobranzas de Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., y quien –según la escritura 42, 772 expedida el 21 de mayo de 2010 expedida por el Notario Público No. 11, Jorge Álvarez Gámez, es propietario de un lote identificado como fracción de terreno del predio “La Piedra”, bajo la clave catastral 05-241-01. El terreno identificado como Lote 22 y Manzana 191, y el cual tuvo un costo de 490 mil pesos, 250 mil entregados a la firma del contrato y 240 mil que iba a ser pagados en 48 mensualidades de 5 mil pesos, a partir de junio de 2010 y hasta mayo de 2014.

LOS CONTRATOS

Durante esta investigación, y de acuerdo a la copia de contratos, asignación directa y licitaciones, ZETA, pudo acreditar que las compañías de la familia Agúndez fueron ampliamente favorecidas con una serie de contratos, y los cuales fueron pagados con recursos propios del Ayuntamiento, hasta de programas sociales como Hábitat y del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM), así como otros programas del Ramo 33 del Gobierno de la República.

En la revisión de la documentación, puede confirmarse que muchos de los contratos asignados directamente fueron maliciosamente “fraccionados” para evitar, que por el monto, se fuera a licitación pública, tal como lo establece el Artículo 53 de la Ley de Arrendamiento, Adjudicaciones y Servicios del Estado, y el cual establece que podrán asignarse de manera directa, siempre y cuando se considere lo siguiente.

I.- Podrá contratarse por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda del equivalente a la cantidad de 4 mil 700 veces el salario mínimo diario general vigente en el estado.

II.- Podrá contratarse por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto superior al equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario mínimo diario vigente en el estado, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública.

En el caso de la obra pública, y con recursos federales, quedó evidenciado que las compañías constructoras primero fueron favorecidas con contratos de paredes, después de techos, cimentación y pisos firmes, así evitaron ir a licitación pública, y acaparar todas las obras de construcción.

Los siguientes fueron los contratos asignados:

1.- Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V.  Obra de red hidráulica y red de saneamiento en la calle de Palma Molino, colonia Las Palmas en Cabo San Lucas en el programa Hábitat en 2011; obra de ampliación de Centro de Desarrollo en Calle Ernesto Arámburo en colonia El Zacatal en San José del Cabo y obra de ampliación de Centro de Desarrollo en calle Jacarandas y avenida Encino en la colonia Buenos Aires en San José del Cabo en el programa Hábitat en 2012.

2.- Proyecto, Construcción y Supervisión “E”. Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia El Zacatal en San José del Cabo, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/02/2012;  Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Vista Hermosa en San José del Cabo, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/03/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Buenos Aires en San José del Cabo, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/04/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia 4 de marzo en Cabo San Lucas, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/05/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Mesa Colorada en Cabo San Lucas, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/08/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Los Cangrejos en Cabo San Lucas, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/11/2012.

3.- Constructora Baco, S.A. de C.V. Pavimentación del circuito principal de la comunidad de las Ánimas Altas, según licitación E0-803008998-N19-2012, con recursos del FISM del Ramo 33 del ejercicio 2012 y construcción de pisos firmes en viviendas, según contrato de asignación directa, bajo el número de contrato DGDS/OM-R33/02APO/2012, con un precio de 681 mil 753 pesos con 60 centavos.

4.- Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V. Contrato de arrendamiento de locales comerciales para las oficinas de la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Los Cabos (Zofemat) por un monto de 25 mil pesos mensuales, según la copia del contrato.

En el caso de la empresa Comercializadora California, en el ejercicio de 2013 –según la licitación EA-803008998-N06-2013— fue favorecida con un contrato de 3 millones 553 mil 426 pesos por ser la propuesta “económica más conveniente” para ofrecer el servicio de papelería y material de oficina, y donde firmaron los representantes legales de la compañía, Jonathan Torres Inzunza y Jorge Yépez Zazueta.

Según datos recabados, y documentos en poder de este semanario, en el ejercicio fiscal de 2012, esta empresa ya había sido favorecida –de enero a junio— con un contrato de 4 millones 880 mil 204 pesos con 67 centavos.

La compañía de los Agúndez surtió material de limpieza, cafetería, materiales eléctricos, materiales de construcción, llantas, papelería, materiales de oficina, baterías y refacciones de vehículos, pintura y materiales de plomería, cerraduras, archiveros y hasta alimentación a la Presidencia Municipal, Secretaría Particular y las direcciones de Desarrollo Rural, Atención de la Juventud, Deporte, Administración, Relaciones Públicas, Comunicación Social, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Atención Ciudadana, Ecología y Medio Ambiente y Almacén General.

Las compras fueron desde los 2 mil 599 pesos con 46 centavos hasta los 529 mil 588 pesos con 77 centavos.

Por ejemplo, en enero de 2012, se facturaron compras por 693 mil 794 pesos con 26 centavos; en febrero un millón 54 mil 805 pesos con 7 centavos; en marzo un millón 32 mil 380 pesos con 36 centavos; en abril 572 mil 733 pesos con 85 centavos; en mayo 838 mil 193 pesos con 34 centavos y en junio 688 mil 298 pesos con 22 centavos.

En suma, 4 millones 880 mil 204 pesos con 67 centavos que fueron a parar a la bolsa de esta gran familia.

EL MODUS OPERANDI

De acuerdo a algunos trabajadores del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Narciso como cabecilla de este grupo político, promueve con su hermano el alcalde, la compra de productos y servicios a estas empresas, y éste a su vez, baja la orden a los siguientes funcionarios.

1.- Edilberto Graciano Chávez, el oficial mayor, y quien como responsable de compras, utiliza al encargado de Procedimientos, Raúl Ramos Cisneros para que coordine la contratación de servicios y productos a través de una asignación directa, o bien, una adjudicación a modo a favor de las empresas de Los Agúndez.

2.- Alejandro Sánchez Acosta, el contralor municipal, y quien a pesar de tener la responsabilidad de controlar, evaluar, vigilar y fiscalizar el correcto uso del patrimonio y el ejercicio del gasto público, prácticamente se hace de la vista gorda, y permite compras que contravienen la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios del estado, con precios que rayan en el escándalo de hasta 400% más del costo del mercado, y sospechosamente, casi siempre a las empresas de la familia del ex gobernador.

3.- Emilia Vega Uribe, la tesorera municipal (y en su momento Gerardo Manríquez Amador), ordena los pagos al director de contabilidad, Ulises Montoya Escalante (y en el tiempo de Manríquez a Ana Luisa Guluarte Arista) a favor de los proveedores Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V; Comercializadora California; Rivera Corp, S.A de C.V; Proyecto, Construcción y Supervisión “E”; Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V. y Constructora Baco, S.A. de C.V.

SILENCIO DE JOSÉ ANTONIO

Sobre estos hechos, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, guardó silencio y no fijó –al cierre de esta edición— una postura oficial al respecto, pero los regidores del PAN y del PVEM, Pablo Díaz Rivera y Emilio Fernández Alonso, respectivamente, y hasta los del PRD, Cristina Medina Carrillo y Julio César Castro Pérez, consideraron que la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez, navega en la política de “cuentas obscuras” y la “nula transparencia” en el procedimiento de compra y contratación de servicios, y quienes planean citar a comparecer a algunos funcionarios que están directa o indirectamente involucrados en gastos irregulares y hasta cierto punto sospechosos, como el del excedente de 224 millones en el ejercicio fiscal de 2012; 60 millones en el paso del huracán “Odile” y 18 millones en las fiestas tradicionales de San José del Cabo en el 2014 y 2015, respectivamente.

Un abogado consultado por ZETA, que pidió anonimato por temor a represalias, expuso que “la PGR tiene todas las facultades legales para atraer la investigación de la red de vínculos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, sobre todo porque se dispuso de manera discrecional de recursos de programas federales”, porque –según consideró— “se están utilizando prestanombres que evidentemente no tienen la manera de probar que son empresarios y menos la solvencia económica para poder sostener que son dueños de todas esas empresas”.

Lo más grave –según dijo— es que “en este caso también queda configurada jurídicamente la figura de delincuencia organizada, porque están participando más de tres personas en el saqueo de los recursos públicos, y quienes actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa e indirectamente a obtener un beneficio económico o del orden material”


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco / investigaciones ZETA/  26 de Mayo del 2015 a las 12:00:06)

LA CAPTURA DE “EL LOCO” EN BCS


El sicario de las Fuerzas Especiales de “Los Dámaso”, Jovanny Núñez Espino, fue detenido tras perpetrar el robo de una camioneta último modelo línea Raptor. El criminal está vinculado con 5 homicidios, entre ellos, el de Audencio Yobany López Beltrán “El Héctor” o “El H”

Cuando el sicario de “Los Dámaso” en La Paz, Baja California Sur, Jovanny Núñez Espino “El Loco” fue capturado por agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial del Estado, iba a bordo de una camioneta pick up que acababa de robar con lujo de violencia en el cruce de las calles Colima entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto en la colonia Pueblo Nuevo de la capital sudcaliforniana, la víctima Rosalba Camacho Gómez bajaba el 3 de mayo de 2015 su vehículo color azul marino, línea Raptor y marca Ford, cuando un sujeto la interceptó y apuntando con una pistola le pidió las llaves de la camioneta último modelo y se marchó.

La mujer –entonces— reportó el atraco vía C4, y explicó que el delincuente había tomado la calle Colima, por lo que se inició la búsqueda, teniendo a la vista la unidad en esa calle a la altura de Ignacio Ramírez, iniciándose una persecución sobre la calle Colima, después avenida Forjadores y finalmente por el boulevard Colosio hasta llegar a la carretera de La Paz hacia Los Planes.

Observando las patrullas que traía atrás, el maleante quiso perderse de sus persecutores y agarró un atajo y se metió por un camino de terracería que va de la colonia Agua Escondida a la de El Mezquitito, pero en la carrera perdió el control de la unidad y se estrelló contra un árbol.

Cuando chocó, los agentes policiacos, quisieron aprovechar el momento y se acercaron, pero el delincuente, disparó con una pistola 9 milímetros, por lo que tuvieron que replegarse.

Entonces, se bajó y corrió hacia el monte, disparando en contra de las fuerzas de seguridad hasta que se quedó sin balas, ahí fue cuando los policías se acercaron y lo apresaron.

LAS DELACIONES

Una vez detenido, Jovanny Núñez Espino “El Loco”, de 28 años y originario de Mazatlán, Sinaloa, fue sujeto a revisión, y quien traía consigo una cartera y un celular.

En el interior de su cartera fueron encontradas tarjetas plásticas de “Farmacon”, “Bancoppel”, “BanBajío” y una hoja blanca escrita con pluma negra, y la cual traía dibujado un croquis del malecón costero entre 16 de septiembre y Agustín Arreola en la colonia centro en La Paz, con la leyenda “La Tribu”.

En la parte de inferior del croquis traía otras anotaciones. Son las siguientes.

1.- Camisa a cuadros naranja con azul, pantalón de mezclilla, barba de candado, aproximadamente 1.80 de estatura, complexión regular, tez blanca y cabello corto.

2.- Automóvil de color blanco, línea Malibú, marca Chevrolet, modelo 2014 y placas de circulación CZM-79-77.

3.- La morra lo pondrá por “La Tribu”. Esperar ahí.

El delincuente fue trasladado a los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tras ser sometido a un extenso interrogatorio, terminó por reconocer que el croquis era de la ejecución de Audencio Yobany López Beltrán “El Héctor” o “El H”, asesinado la madrugada del 5 de abril de 2015, cuando iba acompañado de su novia, Linda Elizabeth Peinado Villa.

El sicario confesó que el crimen de “El H” fue ordenado por Felipe Eduardo Guajardo García “El 28”, porque “participó en el crimen de El Pantera” y su grupo “se ha negado a entregarnos la plaza de narcomenudeo en la zona norte de La Paz”.

Cuando los agentes de investigación, preguntaron para quién trabajaba, “El Loco” respondió que para las Fuerzas Especiales de “Los Dámaso”.

Dijo haber estado “hasta hace poco” bajo el mando de la célula comandada por Melisa Margarita Calderón Ojeda “La China”, pero como “era buscada” y “ahorita estaba escondida”, lo habían enviado con “El Oso”, y quien recientemente había llegado a reforzar las actividades criminales de esta organización delictiva.

El criminal describió físicamente a su jefe y expuso que “trae un tatuaje con una garra de un oso en uno de los brazos”.

Durante el interrogatorio, reconoció haber participado en el levantón de Mario Morales Hernández, propietario de la “Llantera Morales”, y a quien –dijo— “torturamos todo el día junto con La China y le pegamos un balazo en la cara, y lo abandonamos, pensando que estaba muerto”.

Cuando los agentes preguntaron por qué había robado la camioneta de la señora, y sin necesidad de presionarlo, contestó que “El Oso” había ordenado robar vehículos y perpetrar algunos asaltos a negocios para “sacar una feria”, porque la estructura de “Los 28” estaba “económicamente debilitada”.

Dijo que la detención de sicarios, el decomiso de carros y el aseguramiento de casas de seguridad habían estado mermando las actividades de este grupo y “mucha gente ya no quería jalar con Los 28”, incluso expuso que “ahorita estamos yendo a levantar gente incluso balear las casas de algunos vendedores que no se quieren alinear con Los 28”, y describió el caso de un mecánico identificado como “Sixto” que vive en las calles de Javier Mina entre Encinas y Navarro en la colonia Los Olivos, y a quien –dijo— “le aventamos una granada y no detonó y estábamos planeando balear su vivienda”, lo que finalmente sucedió ese 20 de mayo de 2015.

El sicario dijo que “ahorita Los 28 habían ordenado la muerte de mucha gente que trabaja para ellos por desconfianza”, –según explicó— era el caso de “Érick Dávalos Von Borstel, el novio de La China, y quien delató la ubicación de “El 20” y tuvieron que asesinarlo por soplón.

El delincuente aceptó haber participado en ese crimen, pues dijo que fue “la célula de El Oso, el que lo levantó, torturó y mató”. Además  admitió haber participado en los siguientes homicidios.

1.- Anacleto Sáenz Alarcón “El Cleto”, ejecutado el 10 de enero pasado sobre el libramiento Daniel Roldán entre Agustín Olachea y Carretera Transpeninsular al norte.

2.- Jesús Alfredo Ávila Spíndola “El Toro”, asesinado el 3 de abril pasado en las calles de Melchor Ocampo entre Yucatán y Chiapas en la colonia Guerrero de La Paz.

3.- Juan Carlos Bareño Avilés “El Juanillo”, destazado y sus restos abandonados en las colonias Los Cácaros, Lázaro Cárdenas y Santa Fe en La Paz.

4.- Carlos Castro Hale “El Güero” o “El Pecas”, ejecutado y abandonado en la calle Mantarraya entre Mero y Camarón en Fraccionamiento Fidepaz.

Al cierre de esta edición, el sicario de las Fuerzas Especiales de “Los Dámaso” iba a ser consignado por estos crímenes.





(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Investigaciones ZETA /   26 de Mayo del 2015 a las 12:00:19)

NO ES SUFICIENTE


La ligereza, evidente a partir de su comportamiento público y la ausencia de estrategias exitosas para contener la violencia cada vez más frecuente en Tijuana, hace ver a Alejandro Lares Valladares, quizá falto de preparación, capacidad y talante para en estos momentos, encabezar la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana.

Al respecto, hace unos días me comentaban algunos interlocutores: “Pero qué prefieres, una persona como Lares o alguien como Santillana”, en referencia a la desafortunada comparación al primer secretario de Seguridad en el trienio de Jorge Hank, Ernesto Santillana, ciertamente una persona que se manejó bajo la sospecha de la criminalidad y el auge de los comandos negros durante su administración.

Realmente las comparaciones sobran. Se puede decir que en materia de secretarios de Seguridad Pública en Tijuana, ha habido de todo. Desde aquellos que como Santillana representaban a su patrón, o como en el mismo trienio Javier Algorri, que hizo intentos por contener la criminalidad en la misma Policía Municipal.

Ha habido también secretarios que en el contexto en que les tocó hacer frente desde la institución a los cárteles de la droga, los narcomenudistas y los rateros y asaltantes, dieron lo que pudieron. Cada uno ha aportado, pues, algo a la corporación que ahora se ve atacada y sobrepasada no solo por los criminales organizados, sino por la delincuencia común.

Cuando Alberto Capella Ibarra tituló por primera vez la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hizo una labor en beneficio de una clase poderosa que se había visto amenazada y vulnerada por las células del Cártel Arellano Félix. Los empresarios tuvieron con Capella actos de agradecimiento.

Luego llegó el Teniente Coronel Julián Leyzaola, quien en coordinación con el Ejército Mexicano al que pertenece aun en el retiro, se organizaron para depurar -incluso con malos resultados a la larga- la corporación policíaca e ir desmantelando las bandas del CAF.

Otra vez Capella, con otra actitud, quizá más protagonismo pero igual el reto de unir a los elementos policíacos desunidos entre detenciones, sospechas de corrupción y falta de credibilidad. Siguió la organización de Leyzaola en los distritos de seguridad, le dio facultades a los mandos medios, presencia y compromiso.

Y luego llegó Lares, que si hace Usted la desafortunada comparación, pues no le ha puesto un sello de su personalidad a la Policía Municipal de Tijuana. Cosa contraria, de la mano de su directora de Policía, Patricia Sida, han navegado en el mar de dejar hacer, dejar pasar tanto en denuncias contra sus policías, como en denuncias ciudadanas que no son atendidas.

Se nota la ausencia de una estrategia clara, precisa y contundente de combate a la inseguridad, cuando cada vez más en las calles de Tijuana suceden asaltos, robos, extorsiones, homicidios, que están haciendo caer incluso a personas inocentes y menores vulnerados.

Al Semanario ZETA, por ejemplo, cada semana lectores y residentes de esta ciudad nos hacen llegar sus inquietudes y denuncias ciudadanas anónimas. Lo más frecuente es que se quejen de la presencia de vendedores de drogas en las colonias de Tijuana, a los que ven impunemente continuar con su ilícita actividad, y ser frecuentados esos lugares por elementos de la Policía Municipal en claros actos de corrupción, protección de criminales y ordeña de recursos ilícitos, mordidas, pues, a los criminales.

Este escenario de dejar hacer, dejar pasar la corrupción al interior de la corporación y la falta de estrategias exitosas -porque es obligatorio que tenga estrategias, solo que es evidente, no dan resultados-, nos llevan a una escala de violencia. Va: Un delincuente empieza cometiendo delitos menores y aprende a burlar la Ley, a conocer el entorno policíaco y jurídico para, de manera sistemática, ser detenido y obtener su libertad en un círculo vicioso oficial que abona al crecimiento del nivel de los delitos cometidos. Ya en una ocasión, publicamos un reportaje de Isaí Lara donde daba cuenta de rateros que en este sistema escalaron hasta convertirse en homicidas o vendedores de droga.

Con 55 ejecuciones tan solo en los primeros 21 días del mes de mayo, Tijuana se va colocando en los primeros sitios de ciudades -otra vez- peligrosas. Ello significa que más de dos personas han sido asesinadas cada día de mayo de 2015. En total, en los primeros cinco meses de este año se han contabilizado 211 asesinatos violentos, con consecuencias fatales para inocentes que caen como víctimas colaterales.

No se trata, pues, de decir si Alejandro Lares debe irse o quedarse en la corporación, tampoco pensar si es menos peor que algunos de quienes le antecedieron en la Secretaría de Seguridad, pero sí decir que de acuerdo a los niveles de inseguridad en Tijuana que van en incremento alarmante, podría no tener la capacidad para contenerlo.

Otra persona se hacía la difícil pregunta: ¿Y a quién ponemos? Es decir, si Lares se va, ¿a quién ponemos? Esa es una cuestión que corresponde exclusivamente al alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, y a su equipo de asesores y nadie más -aunque se presume la autoridad norteamericana debe avalar el nombramiento-, y no es cualquier compromiso. En prenda va el prestigio propio del presidente municipal y la seguridad de los tijuanenses todos.

Hace unos días, un lector ya cansado de la impune situación, escribió esto a ZETA:

“Nuestra comunidad Urbi Villas del Prado 2a sección es un caos en cuanto a inseguridad, vandalismo de los jóvenes, venta de drogas y gente que vive en las casas abandonadas pero que roba a los vecinos. En particular la privada Canarias frente al kinder lo grafitean a cada rato e incluso se han metido a grafitearlo. En esta privada hay venta de droga en varias casas, un muchacho es el halcón trae su radio para avisar los movimientos… hay una señora que se cree la dueña de las casas solas, mete a los viciosos y les cobra renta, es la que tiene la desfachatez de gritar a la hora que sea que se siente muy protegida dice que su hermano es municipal y otro ministerial. Cosa que creemos pues la Policía no se aparece en esta privada y algunos dicen que sí la protegen. Ya estamos hartos y con temor de que en algún momento vayan a cometer una cosa bárbara. Algunos vecinos se han ido por este motivo y otros están optando por armarse pues dicen o ellos o nosotros, cómo podemos hacer que los encierren o correrlos de aquí, nosotros nos embarcamos con estas casas y no es justo irnos y perder nuestro patrimonio. ¿Con quién podemos acudir? Ayúdenos por favor”.

En contraste, un residente de otra zona de Tijuana, escribió a ZETA para informar lo que ha visto: “Alejandro Lares pasa por lo regular todas las tardes en Verona Residencial, mientras su grupo de escoltas espera hasta entrada la noche. Por el tiempo que está ahí, se ve que el secretario trabaja de lunes a viernes y hasta las 6 de la tarde”.

Los comentarios que nos llegan a nuestra página electrónica www.zetatijuana.com, a nuestros correos electrónicos, por la vía postal a nuestras oficinas y en nuestras redes sociales, refieren un hartazgo social de las condiciones en que se encuentra la Policía Municipal y cómo no están actuando a favor del ciudadano, ni en prevención, ni en atención.

Lares dice a los suyos  que trabaja mucho, que se coordina y anda en retenes, que trae un equipazo de inteligencia, que va de aquí para allá, pero es evidente, en la realidad de las cifras, en las calles de la ciudad y en el sentir ciudadano, que eso, en el actual contexto de inseguridad y violencia entre varios cárteles de las drogas en la zona, no es suficiente.

Aguas.



(SEMANARIO ZETA/ SORTILEGIOZ/ ADELA NAVARRO BELLO /  25 DE MAYO DEL 2015 A LAS 12:00:00)

ABSUELTOS POR GRANADAZOS DE MORELIA


Juez ordena libertad de cuatro inculpados a quienes presuntamente la PGR fabricó pruebas

Tras más de seis años y medio de proceso penal, cuatro encausados por los hechos violentos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, donde estallaron dos granadas de fragmentación durante la celebración del Grito de Independencia, fueron absueltos al probarse que autoridades ministeriales violaron sus derechos humanos y fabricaron pruebas en su contra.

La sentencia definitiva absolutoria fue dictada en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco en la causa penal 254/2008, donde entre otros delitos, se les procesó por delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, lesiones calificadas y homicidio agravado en grado de tentativa.

El impartidor de justicia concluyó que la acusación se basó fundamentalmente en la confesión de tres de ellos (como autores materiales), respecto de quienes quedó plenamente demostrado, incluso con periciales de la propia Procuraduría General de la República, que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO (ahora SEIDO).

A los implicados no se les respetaron sus derechos fundamentales, no les fueron atendidas las lesiones que presentaban y su declaración ministerial les fue tomada  cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura, además de que fueron exhibidos ante la opinión pública, e incluso se allegó un video donde son sometidos a una entrevista sin presencia de defensor en la que aceptaron su participación, refiere parte de la resolución.

Las anteriores violaciones a los derechos fundamentales de los procesados genera la nulidad sus confesiones y pruebas restantes que emanaron de la misma, a saber, las declaraciones de testigos protegidos ofertadas por la autoridad ministerial federal, que mostró fotografías de los primeros tres implicados, lo que condujo a la existencia de un reconocimiento sin que estuviera presente su defensor.

El Consejo de la Judicatura Federal afirma en una nota informativa donde da a conocer el fallo judicial que, se demostró que la firma plasmada en la declaración de uno de ellos no corresponde a su puño y letra, evidenciándose la prefabricación de pruebas en su contra.

Por si fuera poco, de la serie de testimonios presentados por la defensa quedó demostrado que los primeros tres implicados se encontraban Lázaro Cárdenas, Michoacán, el día de los hechos, sin que se aportara prueba en contrario; de ahí que al haberse nulificado las pruebas de cargo ofrecidas por la PGR indefectiblemente el resultado de la sentencia tuvo que ser absolutorio a fin de proteger el principio de presunción de inocencia del que gozan los ahora absueltos.

De la cuarta persona absuelta, la decisión se sustentó en que las pruebas de cargo con las que se le pretendía fincar responsabilidad resultaron ser precisamente aquellas que se nulificaron por ser violatorias de derechos humanos; además de que las declaraciones vertidas por los testigos protegidos no generaron certeza respecto a la identidad de dicha persona como uno de los líderes del Cártel de Los Zetas, sin que el Ministerio Público Federal hubiese aportado prueba en contrario.

El juzgador ordenó la inmediata libertad de las cuatro personas y a fin de respetar los datos personales de los absueltos se omiten los nombres de los mismos.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez /   27 de Mayo del 2015 a las 15:08:22)

CORRUPCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO MARCAN LA ELECCIÓN EN SONORA, DICE MÉXICO EVALÚA


Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El proceso electoral en Sonora está marcado por las denuncias recíprocas de corrupción en un estado donde la percepción de este problema es muy alta, e incluso ha rebasado el promedio nacional, dijo el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa al presentar los indicadores que debe atender el próximo Gobernador.

“Mientras que en 2009, la tragedia de la guardería ABC suscitó un voto de castigo contra el PRI, dando la gubernatura al PAN, en la persona de Guillermo Padrés, este año, el proceso electoral está marcado por las denuncias recíprocas de corrupción”, refirió al organización, y cuestionó:

“¿Seguirán los electores de la entidad usando el proceso electoral como medida para que sus gobernantes rindan cuentas?”

El próximo 7 de junio, más de 1 millón 967 mil sonorenses elegirán a su nuevo Gobernador.  Los contendientes a la gubernatura son: del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Pavlovich Arellano, de Acción Nacional (PAN) Javier Gándara Magaña y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Navarro López.

Guillermo Padrés Elías pudo haber convertido su administración en una gran historia: en las elecciones del 5 de julio de 2009 se convirtió en el primer representante de un partido político de oposición, el PAN, en derrotar al PRI, luego de que el tricolor gobernó Sonora por más de 70 años.

Sin embargo, aquella esperanza se diluyó pronto y hoy es señalado por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que incluso son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). Este cúmulo de errores, incluida su mala administración de las finanzas del estado, plantean ya las encuestas, será el que probablemente devuelva a esta entidad al PRI.

Pavlovich Arellano y Gándara Magaña, quienes son los candidatos punteros en el proceso electoral, han protagonizado escándalos sobre el uso de aviones privados y moches.

El primer gran escándalo nacional colocó a Pavlovich Arellano como una “cabildera” para gestionar recursos a los empresarios sonorenses. Lo cual ella aceptó. El diario Reforma publicó una serie de conversaciones telefónicas de la Senadora con licencia y funcionarios federales en los que, refiere, se buscó el beneficio de contratistas sonorenses en licitaciones federales.

Posteriormente, el periodista Ciro Gómez Leyva publicó en El Universal, que al igual que la candidata del PRI Claudia Pavlovich, el panista Gándara Magaña utiliza tres aviones. De uno es propietario y dos  son rentados, así como un helicóptero para viajar a sus actos de campaña.

Gándara Magaña reconoció el uso de los aviones e incluso dijo a Gómez Leyva, en una entrevista en Radio Fórmula, que pagó con recursos electorales la renta de un avión del cual es propietario y que desde hace dos años arrenda Servicio y Mantenimiento DQ.

México Evalúa refiere que de acuerdo con su  Índice de Competencia Electoral, Sonora obtiene un promedio general regular de 3.6, donde 1 representa un nivel muy bajo de competencia electoral y 6 un nivel de alta competencia electoral.

“Una mayor competitividad entre partidos sugiere que los votantes están ejerciendo su derecho para elegir a los candidatos más fuertes y premiar o castigar, a través de su voto, el desempeño de gobiernos anteriores”, dice la organización.

Menciona que el porcentaje de municipios del estado gobernados por el PRI ha disminuido de manera importante desde 1994, mientras que el PAN ha logrado aumentar el porcentaje de municipios en sus manos de manera considerable.

En 2006, dice México Evalúa, el PAN le arrebató la hegemonía al PRI y, desde entonces, es el partido que gobierna la mayoría de los municipios del estado, aunque al mismo tiempo los comicios se han vuelto cada vez más reñidos.

La participación durante la última elección en 2012 fue del 57.09 por ciento. De 1994 a 2012, el promedio histórico de votos para el ganador ha sido del 51.46 por ciento, con un margen de victoria de 14.81 por ciento y un número efectivo de partidos de 2.29.

México Evalúa menciona cómo en la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) el 86.55 por ciento de los ciudadanos sonorenses dijo percibir una alta ocurrencia de prácticas corruptas, porcentaje superior al promedio nacional, en el que 88.3 por ciento por ciento de los ciudadanos tienen esta percepción.

Asimismo refiere que en términos de Seguridad Pública, desde 2012 la percepción de seguridad ha disminuido en el estado. En 2012, dice, 57.3 por ciento de los sonorenses se sentía seguro, contra un 41.6 por ciento en 2014.

En base a cifras de  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) dice que a pesar de esta disminución, en 2014 fue la séptima entidad con mejor percepción de seguridad, con 41.6 por ciento de su población sintiéndose segura, muy arriba del promedio nacional que registró un 24.9 por ciento en este indicador.

El análisis menciona que en 2009, año en que Guillermo Padrés asumió la Gubernatura del estado, Sonora registró una tasa de 18.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Esta cifra registró para el año siguiente un aumento importante que alcanzó una tasa de 24 homicidios, antes de registrar una baja los siguientes dos años, con 17.1 y 17.8 respectivamente.

En 2013, la tasa de homicidios aumentó nuevamente, registrando 20.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para 2014, la entidad tuvo una ligera disminución, llegando a 19.6, pero se situó por encima del promedio nacional, que fue de 13.1.

México Evalúa dice que en cuanto a la confianza de la población en su policía estatal, ésta ha disminuido cada año desde 2012, hasta ubicarse debajo del promedio nacional en 2014.

Al citar las mismas cifras dice que mientras que en 2012, 18 por ciento de la población de Sonora tenía mucha confianza en la policía estatal, contra 10 por ciento en promedio a nivel nacional, para 2013 la confianza en la policía estatal disminuyó a 14.3 por ciento y siguió bajando en 2014, año en el que solamente el 13.2 por ciento de la población confiaba en la policía de la entidad.

Al referirse al Gasto Público y Rendición de Cuentas, México Evalúa dijo que desde 2011, la deuda estatal per cápita ha aumentado año con año, pasando de 5 mil 519 pesos en 2011 a 6 mil 849 pesos en 2014, por arriba del promedio nacional de 4 mil 258 pesos.

“De hecho, de los 9 estados que elegirán Gobernador este año, Sonora tenía en 2014 la segunda deuda per cápita más alta, solamente después de Nuevo León, con una deuda per cápita de 12 mil 203 pesos”, dice el análisis.

Por otra parte, dice la organización, entre 2009 y 2013, el esfuerzo de recaudación local ha mostrado una tendencia general a la baja (pasando de 29.34 por ciento a 21.39 por ciento), aunque se han recuperado de manera notable en el último año del periodo, logrando superar el promedio nacional de 16.09 por ciento.

En el mismo periodo, la proporción que representa la inversión pública dentro del gasto total ha bajado entre 2009 y 2011, antes de recuperarse, para llegar en 2013 a superar ligeramente la cifra de 2009, con 14.5 por ciento.

El reporte dice que en el ámbito educativo, aunque el rubro parece haber mejorado durante el mandato de Padrés, “la calidad de la educación en Sonora sigue por debajo del promedio nacional”.

Menciona que la proporción de alumnos de tercer grado de secundaria pública en la entidad con un nivel insuficiente o elemental en Español pasó de 84.9 por ciento a 81.7 por ciento, y, en el caso de Matemáticas, de 91.6 por ciento a 70 por ciento.

Sin embargo, dice, Sonora permanece por debajo del promedio nacional 65.7 por ciento en español y 62.9 por ciento en matemáticas para 2013.

México Evalúa dice que si bien no hay información de la última prueba PISA, ”ya que errores administrativos atribuibles a la burocracia educativa del estado no permitieron obtener una muestra representativa de estudiantesW, los resultados de la prueba 2009 muestran que, de 6 niveles, el nivel de Sonora está por debajo del promedio nacional.

En Lectura, el 44.7 por ciento de los alumnos sonorenses se encontraba en el Nivel 1 o debajo de éste, contra 40.2 por ciento a nivel nacional, y en Matemáticas, el 55.4 por ciento, contra 50.8 por ciento a nivel nacional.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / mayo 27, 2015 - 15:53h)

VIDEO EXHIBE A RODRIGO MEDINA EN CLASES DE ACTUACIÓN EN TELEVISA



MONTERREY, N.L. (apro).- Un video que circula en redes sociales presenta al actual mandatario priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, mientras recibe clases de actuación de la actriz Patricia Reyes Espíndola, aparentemente cuando era candidato en las elecciones del 2009.

El clip denominado “La dupla del engaño 18/20”, que fue publicado en YouTube, muestra algunos momentos en los que el joven aspirante es adiestrado por la mentora, quien le enseña cómo presentarse ante las cámaras de televisión y amistosamente le llama la atención, señalándole que tiene las manos temblorosas “como flan”.

Se apunta en el video que el aspirante está tomando clases en Televisa.

Medina la pregunta a Reyes Espíndola: “¿Cuándo estoy sentado qué debo hacer?”. La maestra le indica que para que no se le note el temblor de las manos puede coger un vaso o escribir con una pluma sobre un papel.

El video de 2:40 minutos, que forma parte de una serie que pretende comparar a Medina con la actual candidata priista a la gubernatura Ivonne Álvarez, intercala imágenes del candidato con las de la película La dictadura perfecta, en la que se habla de cómo la televisión controla el gobierno.

La actriz le pide al candidato que diga algunas líneas, y luego que las repita, con una entonación diferente para dirigirse a “los chavos”, pero mucho más relajado.

Responde Medina: “Bueno, ahorita no le estoy metiendo mucha actuación”.

En la campaña de ese año, su entonces contrincante a la gubernatura del PAN, Fernando Elizondo, denunció que Rodrigo Medina era apoyado por Televisa, que en ese proceso electoral le dio cobertura total al candidato oficial en todos sus eventos y relegó a sus adversarios.


(PROCESO/ LUCIANO CAMPOS GARZA/ 27 DE MAYO DE 2015) 

PANDILLAS, A LA SOMBRA DEL ‘SICARIATO’


En Jalisco, 152 pandillas están detrás de 207 asesinatos; aunque la autoridad no las vincula con los cárteles, su violencia ha escalado desde el 2011


"A cambio de una cantidad de dinero ofrecida por operadores de esta organización delincuencial, procedieron a la quema de vehículos"

Gobierno del estado
Sobre los bloqueos del 1 de mayo

En el 2013 las autoridades identificaban a 300 pandillas en Guadalajara; a 50 las calificaban de violentas y a 20 de esas ligadas con los cárteles

"Ellos (cárteles) saben enganchar a la gente (...) y cada vez son más profesionales"

Mario Cervantes
Especialista en estudios de juventud de la UdeG y titular de la Cátedra Unesco de la Juventud



En Jalisco y principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se han identificado a 152 pandillas que han cometido uno o más homicidios.

Son responsables en términos totales de 207 muertes en un periodo de ocho años, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Ni las autoridades federales o locales han confirmado la integración de esos grupos a funciones de “sicariato” para el crimen organizado, en concreto para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, el comportamiento de los homicidios por pandillas empata desde 2011 con la escalada de violencia que detonó en el sexenio pasado en el país y en la entidad.

El 26 de enero de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó en una solicitud de información que el CJNG opera en nueve estados del país, igual que entonces lo hacía el grupo de Los Caballeros Templarios.

En ese momento, esa estadística las hacía las organizaciones de mayor presencia, superando al Cártel del Pacífico, con presencia en seis entidades.

La PGR aseguró también que, a diferencia de cárteles como los del Pacífico o Carrillo Fuentes (Juárez), que disponen de pandillas como Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, el primero; y La Línea y Los Aztecas, el segundo, el CJNG no tenía ese tipo de ramificaciones:

“No se identifican grupos, células o pandillas vinculadas a la organización”, dijo la dependencia.

Pero el informe de la Fiscalía local arroja que en 2011, cuando Jalisco vivió el punto más álgido de la violencia desatada por el crimen organizado hasta registrar mil 222 homicidios totales, fue también el año con más asesinatos ejecutados por pandillas, con 53 casos.  

En 2010 se habían dado sólo ocho homicidios por pandillas, así que el disparo de 2011 fue del 562 por ciento apenas de un año a otro.

Con la espiral ascendente de ajustes de cuentas, intimidación y masacres de las organizaciones criminales, la violencia pandilleril crecía casi seis tantos.

De igual forma, al cabo de 2011 y años ulteriores, en que toda esa muerte impulsada por la delincuencia organizada comenzó a menguar, si bien poco y gradualmente, los asesinatos de pandillas siguieron atados a esa misma tendencia que posteriormente iría a la baja.

En 2012 se les atribuyeron 35 muertes; en 2013, 23, y en 2014, 21, según los datos de la Fiscalía, en un periodo que va del 2007 a agosto del 2014, obtenidos a través de solicitud de transparencia. 

La afirmación de la PGR que descarta los vínculos del CJNG con pandillas no se refiere sólo a Jalisco, su epicentro, sino también a las otras ocho entidades donde el grupo asentó sus operaciones: Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Distrito Federal.

Esta particularidad que la PGR sostiene para el CJNG sólo es compartida por otro cártel, Los Caballeros Templarios, que tampoco –según la versión oficial– tiene pandillas o células delictivas anexas.

De ahí en más, las otras siete grandes organizaciones criminales del país sí presentan estos subgrupos:

El Pacífico cuenta con ocho pandillas a su servicio; Arellano Félix, tres; Familia Michoacana, dos.

Carrillo Fuentes tiene dos; Beltrán Leyva, siete; Los Zetas, nueve; del Golfo, 12.

POR MIL ‘VAROS’

Si no es para el “sicariato”, el CJNG sí se acerca a jóvenes jaliscienses y los ha reclutado incluso para implementar los bloqueos en vías y carreteras, como los del pasado 1 de mayo.

El gobernador Aristóteles Sandoval lo ha dicho en reiteradas ocasiones.

“Contrata jóvenes que distribuyen droga o que están bajo el influjo de drogas, les dan mil pesos y les piden que bloqueen o actúen (...) quienes actúan y cometen este delito son jóvenes que les pagan 500 o mil pesos por incendiar un vehículo”.

El 7 de mayo el gobierno comunicó:

“El modus operandi para ejecutar estos bloqueos fue a través de personas -que a cambio de una cantidad de dinero ofrecida por operadores de esta organización delincuencial- procedieron a la quema de vehículos particulares y del transporte público”. 

La información recolectada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara coincide con la de la PGR.

El 8 de julio de 2013, su entonces titular, Carlos Mercado, dijo que de las 300 pandillas de la ciudad, 50 se clasificaban como violentas, y de éstas, 20 se vincularon al crimen organizado.

“No hemos tenido datos exactos de ‘sicariato’, pero sí tenemos datos de que participan o tienen vínculos con algunas organizaciones.

“Los reclutan o forman parte de la parte más baja de la pirámide de la delincuencia organizada, otros que cometen están vinculados con la compra y venta de drogas. Se acercan algunos grupos (cárteles) y les ofrecen la posibilidad de ingresos económicos, incluso beneficios como vehículos o acceso a armas de alto poder”, dijo Mercado.

En Tonalá, municipio vecino a Guadalajara, la pandilla Los Fantasmas es buen ejemplo de ello.

A ese grupo, al que la Fiscalía atribuye cuatro homicidios, se le  liga con  la venta de narcóticos.

El 11 de octubre de 2012, la Policía estatal detuvo a seis de sus integrantes con un 1.6 kilogramos de mariguana, 53 dosis de cocaína (15 gramos), y dos pistolas calibre .380.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló en su Informe Regional 2013-2014 para Latinoamérica:

“No todas las pandillas son de carácter criminal ni mucho menos tienen entre sus objetivos centrales el delito y la violencia.

“Diversos estudios señalan que en la mayor parte de los casos, las pandillas siguen funcionando como espacios de socialización entre pares y como mecanismos de autoprotección entre jóvenes”, dice el informe.

A CAMBIO DE...

Pero cuando el vínculo entre cártel y pandillas se dá,  hay un quid pro quo, es decir, un favor por otro.

El especialista en seguridad, Eduardo Guerrero, dice que los cárteles reducen riesgos, pues los pandilleros no tienen información sensible en caso de ser aprehendidos; además conocen bien sus colonias y son más baratas que un ala de sicarios.

Las pandillas, a cambio, obtienen recursos, protección policial y aseguran la provisión de droga -con descuento incluso- para su consumo y narcomenudeo. 

Por su parte, Mario Cervantes, especialista en estudios de juventud de la UdeG y titular de la Cátedra Unesco de la Juventud, describe:

“Los cárteles, los grupos de delincuencia organizada, ven un nicho que, a mi criterio, son los únicos que han tomado en cuenta el bono demográfico que actualmente en México está siendo desperdiciado.

“Ellos saben enganchar a la gente, a eso se dedican, es su trabajo y cada vez son más profesionales, los observas y están metidos en las colonias. Hay un panorama desolador, (los jóvenes) no encuentran trabajo, no salen en listas, no hay espacios recreativos y culturales”, dice el especialista.

Todo ello ayuda a que los recluten, además de la exaltación mediática del narco y un estilo de vida materialista e inmediatista.

“Al chico le estás ofreciendo un modus vivendi, una estabilidad económica, imagínate cuánto no gana por colocar unas grapas con los cuates.

“El antivalor se convierte en un valor en esta generación socialmente aceptado.

“Para que lleguemos como sociedad a ese nivel de que puedes tranquilamente reclutar gente y la gente le quiere entrar, es porque algo está pasando, algo estamos haciendo mal educadores, sociedad civil y gobierno”, concluye Guerrero.


(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA /Miércoles 27 de mayo de 2015)