miércoles, 24 de febrero de 2016

VERA AYALA SIGUE PRÓFUGO


La orden de aprehensión por delincuencia organizada dictada contra Jorge Mario Vera cumple con los requisitos constitucionales y procesales, determina juez de garantías. El ahijado de Jorge Hank Rhon continúa prófugo.

Otros implicados en la causa penal en un Juzgado de Distrito en Guadalajara obtuvieron amparos en años anteriores y quedaron desvinculados.

Sin avances las averiguaciones previas por homicidios presuntamente cometidos por el mismo grupo criminal que estuvo relacionado con el Cártel Arellano Félix   Debido a que no se transgredieron sus derechos fundamentales al haberse dictado una orden de aprehensión en su contra, por el contrario, los indicios son los indispensables para emitir dicho mandamiento judicial, un juez federal en la ciudad de Zapopan negó el amparo de la justicia al ex comandante de la Policía de Tijuana, Jorge Mario Vera Ayala.

El hijo del ex convicto por homicidio y ahijado del empresario Jorge Hank Rhon, pretendía desligarse de la orden de captura dictada en su contra el 15 de agosto de 2015, en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud.

Los hechos datan del año 2012, como secuela del fallido intento de la Procuraduría General de la República de llevar y mantener en prisión a Hank Rhon, a quien un año antes, el 4 de junio de 2011 habían capturado tras un cateo en el hipódromo Agua Caliente –calificado de ilegal por una juez– y donde se localizaron 88 armas de fuego y más de 9 mil cartuchos.

Jeronimo Vera Ayala En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/117/2012, testigos protegidos declararon sobre la existencia de un grupo de seguridad denominado “Alto Impacto”, patrocinado por Hank.

Dicho escuadrón se encargaba de realizar actividades de protección al político, pero también, dijeron los declarantes, prestaban auxilio al Cártel Arellano Félix (CAF).

Los testigos protegidos “Angélica”, “Carolina” y “Guadalupe”, aceptaron que trabajaban para la organización criminal dedicada al narcotráfico y que les consta que Jorge Mario Vera Ayala era el responsable operativo del grupo “Alto Impacto”, mismo que integraban –la década pasada– su hermano Jerónimo Vera Ayala y otros sujetos que tenían oficina en el hipódromo de Tijuana.

El grupo especial tenía como finalidad la coordinación de actividades delictivas, tales como secuestros, levantones, asesinatos y el trasiego de droga, en colaboración con el CAF.  

EL SEÑALAMIENTO

En la causa penal 155/2012 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, obran las declaraciones de los testigos colaboradores y protegidos Víctor Manuel Peña García “El Chuta” y Carlos Fernando Vázquez con clave “Carolina”, entre otros, que señalan a Jorge Mario Vera Ayala como el principal enlace con el CAF, cuando fungió como comandante de la Policía Municipal de Tijuana.

En las constancias se detalla que en el año 2007, existieron reuniones entre Jorge Mario Vera Ayala con los integrantes de la organización de los hermanos Arellano, en las instalaciones de la fundación de Jorge Hank Rhon y que Teodoro García Simental “El Teo”, lugarteniente del CAF visitó algunas veces el hipódromo “agua caliente” para entrevistarse con el hoy indiciado.

“Carolina” narra en sus declaraciones que entre los años 2005 y 2007 fueron custodiados de 15 a 20 cargamentos de droga –mariguana y/o cocaína– con la supervisión y mando de Vera Ayala para proteger las actividades de narcotráfico de los Arellano Félix.  

NEGATIVA DE AMPARO

El Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Zapopan, Carlos Alberto Elorza Amores, conoció de la demanda de amparo promovida por Jorge Mario Vera Ayala.

El quejoso reclamaba que existían violaciones a sus garantías individuales en su perjuicio al haberse tomado como válidas las declaraciones de testigos protegidos que carecían de verosimilitud. También su defensa aseguraba que no estaba demostrada la relación de su cliente con el CAF.

El juez de amparo estableció que los conceptos de violación esgrimidos por Vera Ayala y sus abogados carecen de sustento legal, en virtud que el juez de la causa, “al dictar la orden de captura en contra del ahora promovente, cumplió con las exigencias de los artículos constitucionales invocados (14 y 16), pues en la indagatoria de donde dimana el acto reclamado existen acusaciones que vinculan al quejoso al delito referido referentes a hechos que la ley sanciona con pena privativa de libertad”.

Jorge Hank Rhon En cuanto a las declaraciones de los testigos protegidos, el juez les dio el valor indiciario requerido para resolver sobre el mandamiento de aprehensión solicitado por la autoridad ministerial, pues éstos –que aceptaron trabajar para la organización delictiva de los Arellano Félix– cumplieron con las formalidades que la ley establece.

“Dichos testimonios resultan claros y precisos”, asentó el juez de amparo. Cabe mencionar que la protección denegada al quejoso es impugnable a través del recurso de revisión, mismo que no se ha presentado hasta el cierre de esta edición. 

 LA LIBRARON

Jorge Mario Vera Ayala estaba esperanzado en obtener el amparo como ya había sucedido con algunos de sus coinculpados, entre ellos su hermano gemelo Jerónimo, quien es el único que estuvo preso por este caso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, entre febrero de 2012, que fue detenido en Zapopan, y junio de 2013, fecha en que recuperó su libertad.

Sin embargo, el hijo del asesino del periodista Héctor “El Gato” Félix Miranda (1988), también sabía que era sobre él que pesaban señalamientos directos y que algunos de los testigos fueron sus colaboradores.

Entre 2012 y 2015 fueron desvinculados de la causa penal –mediante la obtención de amparos– el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri Franco y el ex director de la Policía Municipal, Víctor Manuel Zatarain Cedano; además del ya mencionado Jerónimo Vera Ayala.

En el caso de los antes mencionados, jueces y magistrados colegiados, concedieron y confirmaron la protección de la justicia federal para efectos de que quedara sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra y se repusiera el procedimiento para valorar de nueva cuenta las pruebas.

A Jerónimo se le decretó entonces auto de libertad por falta de elementos para procesar.

Los encargados de resolver, a diferencia del Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de Jalisco, estimaron que el Ministerio Público Federal había sido ineficaz al hacer una revoltura en las imputaciones de la militancia de los indiciados en el grupo “Alto Impacto” y su interacción con el CAF.

Incluso argumentaron los jueces que no se establecían con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar el delito de delincuencia organizada.  

OTROS DELITOS

Dentro de la indagatoria federal, en la que se establece la presunta participación de Jorge Vera con la delincuencia organizada, obran una serie de imputaciones de su probable autoría en la comisión de diversos delitos de fuero común, que por razones de competencia no fueron consignadas por el Ministerio Público de la Federación.

Luis Javier Algorri Franco Entre los crímenes atribuidos al gemelo se mencionan el de Angélica María Muñoz Cervantes, nuera de Jorge Hank Rhon; el de Martín Feliciano Camacho Ontiveros “El JC”; así como algunos policías municipales y personas que supuestamente debían droga o pago por derecho de piso.

También algunos secuestros. Sin embargo, a la fecha se desconoce el tratamiento que se ha dado a las diversas averiguaciones previas en el área de Homicidios Dolosos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

Tampoco queda claro por qué si los señalamientos se centran, además del ahijado, en el padrino, hasta el momento el concesionario del Hipódromo Agua Caliente se mantiene tan tranquilo sin ser siquiera molestado por las autoridades, principalmente desde inicios de la actual administración federal.


(SEMANARIO ZETA/ INVESTIGACIONES ZETA/  LUNES, 22 FEBRERO, 2016 01:00 PM)

INVESTIGAN PROTECCIONISMO DE SECRETARÍA DEL TRABAJO A EMPRESAS DE HANK


Inconsistencias y demora en el seguimiento de una demanda que implica a una de las empresas de Jorge Hank, y el no seguimiento a una queja administrativa presentada por estas anomalías, lleva a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a indagar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, por violación de diferentes preceptos laborales y de impartición de justicia.

La omisión y dilación en el seguimiento de una demanda laboral interpuesta contra una de las empresas filiales de Grupo Hipódromo de Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, obligó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California (CEDH).

Esta es la primera vez que en Baja California se requiere la defensa del derecho a la seguridad jurídica por no llevar los tribunales laborales un debido proceso, reporta la Comisión a cargo de Melba Olvera Ramírez.

El viernes 30 de marzo de 2012, Ramón Félix Moreno denunció por despido injustificado a la empresa Administración y Logística del Noroeste, S.A. de C.V., y a casi cuatro años los testigos de la parte demanda no han sido requeridos para el desahogo de la testimonial, “algo inusual e injustificado”, exponen expertos en la materia.

Autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje sostienen que no existe una deliberada negligencia, ni favoritismo hacia la empresa de Jorge Hank, “como muchos lo quieren ver”, y atribuyen la demora a un simple “exceso de trabajo”.
Pero con todo y que en agosto de 2015 el denunciante presentó una queja administrativa ante la propia Junta, y a la reciente intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  el proceso contra la firma hankista continúa estancado.

La demora implica a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, cuya titular es Juana Pérez Floriano, cercana de Jorge Hank. 

LAS INCONSISTENCIAS DEL CASO

Ramón Félix dijo haber sido despedido sin razón aparente, y sin el pago de finiquito por parte de una de las empresas de Jorge Hank Rhon. Él ingresó como inspector de seguridad en Grupo Hipódromo de Agua Caliente en 2007, contratado por la empresa Administración y Logística del Noroeste. Al contratarlo, la compañía le hace firmar al mismo tiempo una carta de renuncia.

Por ello, en su defensa, la demandada presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje una carta de renuncia voluntaria en la que aparece la rúbrica de Félix Moreno, fechada el 1 de abril de 2012. Lo que no tomó en cuenta la empresa de Jorge Hank, es que ese día fue domingo, inhábil en la administración del consorcio y fijado de descanso para el quejoso. Además, Félix Moreno presentó la demanda laboral por despido injustificado el viernes 30 de marzo de 2012, dos días antes de que “renunciara voluntariamente”.

Desde su inicio, el proceso ha sido aplazado por diversas causas,  muestra de ello es que la primera audiencia programada para el 28 de junio de 2012 se difirió en varias ocasiones, hasta ser concluida el 4 de marzo de 2013.

Fue entonces que la parte demandada ofreció prueba testimonial a cargo de Deny Cipactli García Benavides y María del Carmen Gutiérrez Sánchez, empleados de la misma empresa. Admitida la prueba, como siguiente paso los testigos deberían ser citadas por conducto del actuario adscrito a esa junta; por ello se fijó el 28 de mayo de 2013 como fecha para el desahogo de las testimoniales.

Prueba testimonial que no ha sido posible llevar a cabo su desahogo. En el expediente del caso no obra constancia alguna que justifique el motivo por el cual se ha incumplido con el desarrollo de las diligencias señaladas en las fechas establecidas.

  DESATENCIÓN ADVERTIDA

“Así pongas demanda laboral, o hagas lo que hagas, no se te va a dar nada”, fue la advertencia que en marzo de 2012 -comparte Ramón Félix Moreno-, le hiciera Luis Javier Algorri Franco, a quien ubica como coordinador de seguridad Hipódromo de Agua Caliente, y también se desempeñaba como director de la empresa Administración y Logística del Noroeste, S.A. de C.V., filial que se encarga de brindar seguridad privada al consorcio de Jorge Hank, y en la cual Félix Moreno laboraba como inspector.

Y en efecto, la querella presentada en 2012 y radicada en la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, en el expediente 1861/2012-4D, se estancó en mayo de 2013 en la etapa de desahogo de los testimoniales, la única que falta para completar el proceso.

Para el afectado este hecho constituye “una confabulación obvia entre directivos de la empresa y funcionarios de la Junta”, por ello, el 11 de agosto de 2015 presentó una queja administrativa contra el personal jurídico de la Junta Especial Número Cuatro.  

En ella requirió un razonamiento de parte del actuario, en el que explicara por qué no había acudido al domicilio de los testigos a notificarlos, o por qué no ha levantado constancia alguna en la que justifique el motivo por el cual no dio cumplimiento a lo que se le ordenó”, anotó el denunciante. 

 PRIMERA QUEJA ANTE DERECHOS HUMANOS

Sin precedente en Baja California, el seguimiento a la demanda laboral es investigado por la CEDH de Baja California.

El caso se expuso a esta instancia el 16 de diciembre de 2015, al no recibir el trabajador respuesta de parte las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, de la queja administrativa, presentada en agosto de ese año.

Clasificado en el expediente 923/15/4VG, la Comisión recibió el caso por “violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica” y “actuación negligente e ineficaz de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tijuana, así como del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”.

Analizado el caso, la CEDH amplió la averiguación e investiga por presunta violación en la administración de justicia, dilación en el procedimiento administrativo, omisión al ejercicio del principio de la exacta aplicación de la Ley, y por incumplir con los plazos y formalidades de Ley.

Hechos en los que no solo implica a la Junta de Conciliación y Arbitraje; también señala como posible responsable a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia a cargo de Juana Pérez Floriano, funcionaria calificada como incondicional de Jorge Hank.  

JUSTIFICAN ANORMAL DILACIÓN

“Aunque no son los tiempos adecuados, son los tiempos normales de los expedientes”, así justificó Martha López Parra, secretaria general de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, la dilación de casi cuatro años en la resolución de la demanda laboral interpuesta por Ramón Félix Moreno.

Sostuvo que la demora en el seguimiento de los juicios laborales, “es un problema generalizado, no particular”, descartando así que haya negligencia por tratarse de un asunto en el que está implicada una empresa de Jorge Hank.

“Sé que muchos quieren ver esa película, pero no es así”, expresó la funcionaria para de inmediato exponer que en la Junta son atendidas 600 demandas al mes, las cuales deben ser diligenciadas por solo10 actuarios.

“No nos damos abasto”, indicó. Por ello, recomendó a los denunciantes y a sus abogados llevar ellos mismos a los actuarios a ir en busca de los testigos, en aras de agilizar los procesos.

Del caso de Félix Moreno indicó que en noviembre de 2015 y enero de 2016, el actuario asignado procedió a la notificación de los testigos pero, “después de hacer un recorrido no fue posible localizar el domicilio porque no se encontró el numeral -número de referencia del domicilio-”.

Por ello, explicó, los testigos siguen sin ser notificados. La funcionaria se comprometió a que si el 2 de marzo de 2016, establecida como nueva fecha para la presentación de los testimoniales, la parte demanda no lleva a la audiencia a sus testigos, serán desechados como tales, “o los lleva la parte demanda, o se ofrece como desierta la prueba”, asentó.

Con este tardío seguimiento, la Junta de Conciliación y Arbitraje descarta aplicar amonestación alguna contra el actuario, o las autoridades representantes de la Junta Especial Número Cuatro.

De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Juanita Pérez Floriano, se informó que “la procuración de la justicia laboral se hace sin distingos”, y que en el caso de Jorge Hank, algunas de sus empresas ya han sido emplazadas por la dependencia, pero no se especificó cuántas ni cuáles.  

MANIPULAN EXPEDIENTE

La no integración de la queja administrativa presentada por Ramón Félix en el expediente 1861/2012-4D, así como la repentina aparición de 15 constancias en la que los actuarios hacen constar que sí cumplieron con buscar a los testigos para ser notificados, es un nuevo elemento que se integró esta semana a la queja presentada ante Derechos Humanos en contra de la Junta de Conciliación y arbitraje.

Esta misma semana, Arturo Méndez, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, mostró a ZETA el expediente, en el que se encontraban integradas 15 visitas para notificar a los testigos del caso, sin ser éstos localizados.

Desde el 22 de mayo de 2013, hasta el 25 de septiembre de 2015, el funcionario expuso que los actuarios han llevado a cabo 15 diligencias de ese tipo.

No obstante, en las actas de audiencia levantadas por la Junta Especial Número Cuatro durante todo el proceso y hasta el 21 de octubre de 2015, ha quedado asentado que los testigos “no se encuentran legal y debidamente notificados, al no obrar constancias actuariales al respecto”.

El presidente de la Junta aseguró no tener conocimiento de la queja administrativa, a pesar de que su oficina la recibió a las 10:00 horas del 11 de agosto de 2015, pero de antemano descartó que proceda, al sí haber sido buscados los testigos y existir constancia de ello.

Cuestionado si se está protegiendo los intereses de la empresa de Jorge Hank, Méndez declaró que no hay favoritismo.    

JUSTICIA QUE ES TARDADA, NO ES JUSTICIA: ABOGADOS

“Cuatro años es demasiado tiempo para un proceso laboral, sin que los testigos hayan sido notificados”, consideró Armando Atilano Peña, vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Si bien es cierto, anotó, algunos casos pueden llevar hasta ocho años, su prolongación deriva del ofrecimiento de pruebas o recursos legales a los que se apegan las partes, no por omisión derivada de la autoridad que lo dirime. La no ubicación de un domicilio, prosiguió, puede ser una justificante para demorar el proceso, “pero no por tanto tiempo”.

Al existir una queja administrativa por incumplimiento de la autoridad, explicó, se le debe dar trámite a la misma, lo que obliga al funcionario objeto de la queja a exponer las causas porque no llevó a cabo las notificaciones.

Finalmente, subrayó, “se debe dar una resolución apegada a derecho para que el funcionario que no cumplió con su obligación, sea sujeto a una penalidad o sanción de tipo administrativo o, incluso, ser retirado de su cargo”.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ ISABEL MERCADO LUNES, 22 FEBRERO, 2016 01:00 PM)

PRESUNTOS AUTODEFENSAS BLOQUEAN CARRETERAS E INCENDIAN VEHÍCULOS EN MICHOACÁN


Un grupo de presuntos autodefensas bloquearon varias carreteras en Los Reyes, Parácuaro y Buenavista Tomatlán, en el estado de Michoacán, tras la detención de al menos 12 de sus compañeros que se apostaban en barricadas, por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE).

Los policías ministeriales implementaran un operativo en búsqueda de uno de sus presuntos objetivos criminales, sin embargo, la irrupción de estos uniformados desató bloqueos en Los Reyes, lugar en el que de acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente huyó con la ayuda de la ciudadanía, a pesar de que varios helicópteros sobrevolaron la zona.

De acuerdo con medios locales, trascendió que en dichos bloqueos logró escaparse Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, quien está acusado de tener vínculos con el crimen organizado.

A “El Americano”, se le acusa de haber ordenado la muerte de Carlos Rosales, alias “El Tísico”, quien fue el fundador del cártel de La Familia michoacana y jefe de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Fue alrededor de las 17 horas cuando un grupo de civiles incendiaron un vehículo tipo Pick Up, a la altura de Buenavista-Santana, con la finalidad de realizar un bloqueo en la zona.

Después un segundo auto fue incendiado en el bloqueo que se mantiene en la carretera Buenavista-Los Reyes, a la altura de Santa Ana.

La camioneta blanca, de reciente modelo, le fue arrebatada a su propietario, para después ser incendiada y atravesada para evitar el paso de autoridades policiales. Las barricadas permanecen desde el año 2013 y son vigiladas por hombres armados de los denominados grupos de autodefensas o comunitarios.

El 11 de febrero pasado terminó oficialmente el plazo para que grupos armados abandonaran las tareas de seguridad no formales que realizaban desde hace varios años.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo dijo en ese momento que la seguridad “es una tarea que le compete exclusivamente a las autoridades constituidas para ese propósito, y quien tenga la intención de defender con armas a los ciudadanos deben someterse a un proceso legal para integrarse a los cuerpos de seguridad formales, previa acreditación de los exámenes de control y confianza y pasar a formar parte de la Policía Estatal Mando Único”.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ MIÉRCOLES, 24 FEBRERO, 2016 03:19 AM)

EPN VISITA POR PRIMERA VEZ IGUALA DESDE DESAPARICIÓN DE 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA


El presidente Enrique Peña Nieto visita hoy Iguala, Guerrero, donde encabezará la ceremonia oficial por el Día de la Bandera.

Será la primera vez que el mandatario visitará dicha ciudad durante su administración, esto a pesar de que en la madrugada del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 jóvenes estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y otras 6 personas fueron asesinadas. Desde hace un 1 año y casi 5 meses Iguala ha sido noticia mundial por la desaparición de los 43 normalistas.

A pesar de la turbulencia política y social que sacudió al país, en diciembre de ese mismo año Peña Nieto canceló una visita que haría a ese municipio, a la que sólo acudió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El 9 de noviembre del 2014, Peña Nieto se fue a China en el marco de una gira internacional que inició en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y que culminó en Australia.

Eran los momentos en que las protestas y marchas por los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se generaban a nivel internacional, con conatos de violencia derivados de enfrentamientos entre la Policía y los familiares de los estudiantes, ocurridos en el Distrito Federal y en Guerrero.

También crecían los cuestionamientos (a nivel nacional e internacional) al gobierno de Peña y su capacidad para ofrecer justicia a los desaparecidos y sus víctimas.

A ello se sumaba un reclamo que se hacía más fuerte en las marchas y protestas: la renuncia del presidente.

Peña realizó este viaje a pesar de que la oposición le exigió quedarse para atender la demanda ciudadana de resolver la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos presuntamente por parte de policías municipales. Peña Nieto anunció al Senado que aplazaba su viaje de 7 al 17 de noviembre.

Sin embargo, poco después anunció que sí asistiría solo que recortaba los días de ausencia y planteó las fechas del 9 al 15 del mismo mes. A pesar de que Guerrero es el estado de la República más visitado por el Presidente durante su mandato, sólo después del Estado de México, desde la desaparición de los 43 normalistas el presidente Peña Nieto se ha reunido en dos ocasiones con familiares de los estudiantes y sus abogados, lo que ha hecho denotar su desinterés por el emblemático caso.

Además hoy no se prevé un acercamiento del mandatario nacional con los familiares o sobrevivientes de la “noche triste” de Iguala. En medio de un operativo de seguridad encabezada desde hace varios días por el Ejército, la Marina, el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal, que abarca a varias comunidades alrededor del municipio.

Recientemente, el semanario Zeta llegó a la conclusión de que en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios dolosos.

Oficialmente, el gobierno mexicano reconoce sólo 54 mil 454 asesinatos intencionales. Pero el conteo que realiza el equipo de Zeta corrige al de la Secretaría de Gobernación (Segob), que no reporta por lo menos 10 mil 755 homicidios dolosos.

El Estado de México es líder en muertos, con 8 mil 845, seguido por Guerrero, con 6 mil 040. La cifra en nueve años da cuenta del tamaño de la tragedia: 185 mil 428 homicidios intencionales.

Aunque en un principio se consideró realizar la ceremonia en las instalaciones militares de Iguala, la Presidencia de la República decidió cambiar la sede a un campo deportivo.

En punto de la una de la tarde, el mandatario izará la Bandera monumental sobre el Cerro del Tehuehue, para luego abanderar a 300 escoltas, de diferentes niveles educativos de Guerrero, en el estadio “General Ambrosio Figueroa”, durante el acto cívico realizado en el marco del 195 aniversario del Lábaro Patrio.

Este martes, durante el tercer día de trabajo en Iguala, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó la visita de Peña Nieto:

“Estoy convencido al igual que los que estamos aquí y también el presidente que queremos siempre recordar a Iguala como cuna de la bandera, así que será un día muy especial para Iguala y para Guerrero, sea desde este momento bienvenido a Iguala el presidente Enrique Peña Nieto porque siempre ha sido solidario con Iguala y con Guerrero”, expresó.

Previo a la visita de Enrique Peña Nieto a Iguala el gobernador desarrolló una gira de trabajo de tres días; el domingo se reunió con representantes del sector empresarial y de la sociedad civil para abordar temas de seguridad. Astudillo Flores, aseguró que la visita del presidente Peña Nieto a Iguala demuestra su interés para que el municipio “se levante”.

“Al evento del abanderamiento, van a asistir la representación de los tres poderes, tanto de la cámara de diputados como del Senado, que representan el poder legislativo, estará el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República, será un evento que sin duda cobra vital importancia la visita del presidente” dijo Astudillo.

En pocas ocasiones Peña Nieto se ha referido a lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, como un hecho que cambió al país. Una de ellas fue el 27 de noviembre del 2014, cuando presentó las acciones de su decálogo por la seguridad y la justicia, en respuesta a los hechos de Iguala.

“Después de Iguala, México debe cambiar”, dijo el presidente Peña Nieto, “como un mexicano más, me sumo al clamor ciudadano que exige justicia y, como Presidente de la República —y lo dejo de manera muy enfática— asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad”. Sin embargo, el punto de vista del mandatario contrasta con la opinión de los más importantes medios internacionales.

Por ejemplo, en octubre pasado, un reportaje publicado en la prestigiosa revista The New Yorker y firmado por el periodista Francisco Goldman, afirma que en México se ha vivido un año de “muchas mentiras”.

Entre ellas que las investigaciones independientes sugieren que hasta el Ejército participó u omitió su responsabilidad en los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 43 de los cuales están desde hace un año, tres más fueron asesinados y muchos otros resultaron heridos, algunos de gravedad.

Goldman narra lo que sucedió aquel 6 de septiembre pasado, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó los resultados de su investigación sobre los sucesos del 26 de septiembre y 27 de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero.

Después, dice Goldman, los periodistas afines al Gobierno federal intentaron desvirtuar o desacreditar una conclusión a la que se tardó 6 meses en llegar, luego de revisar casi 1 millón 725 mil páginas de los expedientes, dice el periodista.

 Ese día, cuando se presentó el informe, se “demolió” la “verdad histórica” dicha por el gobierno de Peña Nieto, dice Goldman.

Las protestas mundiales para conocer la verdad del caso trajeron la suficiente presión para que cinco expertos, de varios países y varias especialidades, fueran nombrados por la CIDH para dar una versión distinta de la investigación “profundamente viciada y de posible complicidad criminal” que realiza el gobierno mexicano, agrega.

 “Sería difícil exagerar lo que fue una demolición de la historia oficial del gobierno mexicano, una historia ya burlonamente conocida en México como la ‘verdad histórica’, desde que el ex Procurador Jesús Murillo Karam, lo llamó enfáticamente así durante una conferencia de prensa, a finales de enero.

En ese caso, Murillo Karam había anunciado que, de acuerdo con las conclusiones de los investigadores de la PGR, los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal de Iguala a sicarios de los Guerreros Unidos e incinerados en el vertedero de la vecina ciudad de Cocula.

La conclusión oficial, se dio con el supuesto apoyo de expertos científicos y las confesiones de los narcotraficantes”, escribió Goldman.

Por su parte, el diario estadounidense The New York Times publicó una editorial en enero de este año, en el cual abundó en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, afirmando que hubo una investigación fallida por parte de la PGR.

Eso se suma al escepticismo público y a la negativa del gobierno de permitir a los expertos de la CIDH entrevistar a los militares del batallón de Iguala, dijo el rotativo neoyorquino.

Ante ello, el rotativo sostiene que “no es demasiado tarde para que el gobierno reconozca que se echó a perder su investigación (del caso Iguala)”, por lo que debería dar a los investigadores internacionales el acceso sin restricciones al personal gubernamental, es decir, al Ejército.

“Eso puede ser muy poco para salvar la reputación del señor Peña Nieto. Pero es lo menos que puede hacer por las víctimas de una de las peores atrocidades contra los derechos humanos de México en la historia reciente”, sentencia.

Por su parte, en septiembre de 2015, el semanario británico The Economist hizo referencia a las conclusiones del grupo de expertos de la CIDH luego de seis meses de recolectar evidencia. Al respecto, señaló:

“Nada ha proyectado una larga sombra sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto como la desaparición del año pasado de 43 estudiantes en el estado sudoccidental de Guerrero. La sombra se alargó el 6 de septiembre, cuando la explicación del gobierno sobre los acontecimientos fue severamente cuestionada por una investigación internacional”.

Las conclusiones del estudio, abundó el semanario, “agravan la incertidumbre sobre lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa”, desparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, luego de tomar autobuses que los conducirían a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Miércoles, 24 febrero, 2016 02:57 PM)