martes, 9 de diciembre de 2014

DESAPARECE EX REPORTERO EN MAZATLÁN

Familiares de Mario Crespo Ayón exigen al gobernador del estado, y a los titulares de la PGJE y PME que investiguen su desaparición.

“Lo único que sí estuvo medio rarito es lo que pasó hace como una semana, cuando mucho; le hablaron amenazándolo que se pusiera en paz, pero honestamente no supe quién había sido ni a qué se refería ni nada”, dijo una  persona cercana al ex reportero de la fuente policiaca, Mario Crespo Ayón.

El miércoles tres de diciembre, dos días antes de la fecha en que Crespo Ayón, tendría un careo a las 10:05 horas, el 5 de diciembre, en el juzgado Cuarto de lo Penal, fue reportado desaparecido por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán (SSPyTM).

Según la información de la SSPyTM, se montó en su motocicleta marca Itálika como a las 16:00 horas, para dirigirse rumbo al centro de  Mazatlán; eso fue al menos lo que dijo a sus familiares, cuando salió de la colonia Villa Galaxia.

Extraoficialmente se supo que antes de volver a reportarse con sus familiares, Crespo Ayón habría dicho que antes llegaría a la tienda comercial Soriana, ubicada por la avenida Rafael Buelna, para ver un asunto con un tal Kiko.

Cuando la familia presentó la denuncia de su desaparición, el mismo Ministerio Público dijo que revisaría tanto las cámaras ubicadas en el semáforo cercano, como las cámaras instaladas en la gasolinera contigua a dicho negocio.

“Que según el Ministerio Público iban a hacer la investigación para pedir los videos y checar las imágenes, para indagar a qué carro o unidad lo habían subido, porque Mario salió conduciendo su motocicleta”, dijo un familiar del afectado.

CONTEXTO

El 24 de marzo, Mario Crespo Ayón fue detenido por la Policía Ministerial del Estado (PME), a bordo de la camioneta con Logotipo del noticiario radiofónico de cobertura estatal Línea Directa, acusado de portar en la cintura una pistola nueve milímetros, cartuchos, y dinero al interior del vehículo.

Aquella ocasión que fue detenido, sus familiares estuvieron preguntando por él en las diversas corporaciones policíacas, mismas que aseguraban no tenerlo detenido.

Mientras la PME negaba a los familiares haber detenido a Crespo Ayón, cuatro horas después, cuando la Comisión de Derechos Humanos intervino con las autoridades estatales para solicitar información, reconocieron que estaba detenido.

De ese episodio del 24 de marzo, Crespo Ayón logró salir libre, pero una de las secuelas del proceso legal se cumpliría el cinco de diciembre, pues se iba a presentar a declarar a las 10:05 horas, en el Juzgado Cuarto de lo Penal.

“Mario Crespo tendría un careo con los ministeriales respecto al proceso de cuando lo agarraron, había investigaciones y los careos eran parte del proceso”, sostuvo una fuente extraoficial.

“Los agentes del Ministerio Público que lo detuvieron no han corroborado la declaración, no la han ratificado, y precisamente el día 5 de diciembre, tenía el careo con ellos”, dijo.

La familia ya interpuso el 4 de diciembre, la denuncia integrada en la averiguación Previa 1036/14, en la Agencia del Ministerio Público.

Desde que desapareció el ex periodista, sus familiares le han marcado a sus dos teléfonos celulares, pero los dos están apagados.

Los  parientes del desaparecido fueron acompañados por una abogada para verificar, tanto en el Ministerio Público, como en  la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), si Crespo Ayón tenía alguna orden de aprehensión, pero ambas dependencias habrían dicho que no.

HECHOS Y FECHAS

-24 de marzo de 2014. Mario Crespo Ayón es detenido e incomunicado por la PME.

-3 de diciembre de 2014. El ex reportero policíaco, Mario Crespo Ayón es reportado como desaparecido por la SSPyTM.



(RIODOCE/ CAYETANO OSUNA/ diciembre 7, 2014)

EL NUEVO EJÉRCITO: ADOLESCENTES




Primero fueron halcones; hoy tirotean a la policía

Cuando los policías preventivos coparon la camioneta Jeep Liberty color blanco desde la que les dispararon, se sorprendieron al encontrar a bordo a un adolescente.

El muchacho, al verse perdido, no se rindió, sino que buscó ponerse a cubierto.

Riñó con los gendarmes, al grado de reunir una multitud a su alrededor. Esta pretendió arrancarlo de las manos de la policía, pero los refuerzos llegaron y lo evitaron.

Al revisar la camioneta que acusaba impactos de bala en la carrocería y en los cristales, los policías encontraron un fusil tipo AK-47, abastecido con 10 cartuchos útiles.

En su reporte de hechos, los policías afirmaron que patrullaban la zona agrícola de Estación Francisco, en el Valle de El Carrizo, cuando el conductor de una camioneta blanca hizo maniobras sospechosas y luego escucharon unos disparos. Los policías dijeron que fueron agredidos y respondieron. Acertaron varios balazos en la camioneta, iniciándose la persecución que culminó con la detención de Héctor Ulises, de sólo 17 años de edad.

Ya en la ciudad, en las calles del populoso sector Infonavit Macapule, la policía sometió a un sujeto que dijo ser boxeador amateur. En el cacheo, le encontraron cuatro globos que  resultaron ser metanfetamina… poco menos de un gramo.

Ya sometido, un civil lo señaló de ser el mismo sujeto que golpeó a un matrimonio. Randy, de 15 años, fue turnado a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Menores.

La Policía Municipal de Ahome reportó que sólo en la primera semana de diciembre, al menos 10 menores de edad han sido detenidos por diversas conductas, desde portación de fusiles automáticos y disparos contra la autoridad, hasta conducir motocicletas robadas. Entre los detenidos hay una coincidencia: la posesión de enervantes, señala la dependencia.

En todos los casos, los menores de edad detenidos quedan bajo custodia de la autoridad especializada en menores de edad, indica el mismo informe.


KENA MORENO. Menores criminales, consecuencia de adicciones.

ADICCIÓN Y CRIMEN

Kena Moreno, fundadora del Sistema de Centros de Integración Juvenil (CIJ) y con 45 años de experiencia fomentando la prevención de adicciones, afirmó que la implicación de menores de edad en crímenes es una consecuencia de las adicciones.

“Una gran parte de chicos que usan las drogas, para seguir en el consumo se enganchan con el crimen organizado y terminan siendo un eslabón más. Eso es muy preocupante. Sí tenemos que cuidarlos mucho, sobre todo en estados como Sinaloa, que es productor de mariguana”, señaló.

Moreno dice estar en contra de la legalización de la mariguana, pues a mayor disponibilidad, mayor consumo. Y Luego, indicó, siguen otras drogas como la cocaína, éxtasis, metanfetamina, incluso la heroína en la frontera norte.

Kena Moreno, quien estuvo en la ciudad para presidir el cambio en los patronatos de los Centros de Integración Juvenil, afirmó que para evitar que las drogas o el crimen siga dañando a los menores, o nutriéndose de ellos para sus fines particulares, es necesario aumentar la percepción de riesgo sobre el consumo de la droga de inicio, la mariguana.

En tanto, el ex gatillero de Pablo Escobar, John Henry El Chino Millán, mano derecha del extinto capo colombiano, advierte que el enrolar menores de edad en el crimen organizado es una forma de evadir la justicia, porque el adolescente no es perseguible, además de que éste, por su propia inexperiencia, es fácilmente seducido.

El Chino Millán, apodo que causaba terror en los colombianos, acusado de darle muerte a 246 personas, aconseja a los gobiernos invertir más en la prevención, sin que exista un modelo único que garantice resultados.

“No lo hay, casa caso es particular y si no quieren escenas en México como las que vivió Colombia, debe invertirle más en la prevención. México está a nada de llegar a colombianizarse”.

Por separado, Guillermo Dorame Hernández, sicólogo y jefe de la Unidad de Programas Preventivos de la Policía Municipal de Ahome, dijo que las conductas desplegadas por los adolescentes se estudia con la tesis de anomia social, la cual señala que ante la ausencia de norma social de éxito en las entidades capitalistas, el menor tiende a imitar lo que considera sinónimo de estatus.

En la actualidad, el estatus es tener dinero, conducir un vehículo moderno y rodearse de mujeres bellas. Cuando el jovencito observa que con un doctorado no consigue empleo, y que por el contrario, el Pelón, el Chanclas o el Moscas andan en camioneta, con dinero y rodeados de mujeres, sin haber terminado la primaria, se enrolan en ese mundo.

Reconoció que cada vez más jóvenes incursionan en ese nuevo fenómeno, incluso en edades casi infantiles.

“Ese es un problema multifactorial que requiere de atención institucional conjunta, en la que todos deben tomar parte. Desde la familia hasta el gobierno”.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÀJERA/ diciembre 7, 2014)

ASOMAN LOS MUERTOS: DESAPARECIDOS EN LA ZONA NORTE SON ENCONTRADOS EN FOSAS



Myrna Nereyda Medina fue la primera en recibir el aviso. Antes que al teléfono de emergencias, antes que a la policía. Ella, desde el 10 de julio pasado, busca a su hijo Juan Roberto Corrales, desaparecido desde el 10 de julio pasado.

Por eso cuando un hombre que recogía leña encontró cinta canela regada en el monte, lo primero que hizo fue llamarla.

Igual que el hombre, Myrna Nereyda no avisó a nadie y ella misma encabezó la excavación a un costado de la carretera Los Mochis-El Fuerte, en el tramo de Estación Sufragio y La Chocha. Luego tuvo que llamar al Ministerio Público por el hallazgo de una fosa clandestina.

Los peritos no necesitaron excavar mucho. Apenas a metro y medio aparecieron apiladas cinco osamentas. Una sobre otra, sin tierra de por medio. Calculan los expertos que llevan entre seis meses y un año en ese lugar. Fuentes de la Procuraduría describen que todos fueron enterrados al mismo tiempo, y que algunos todavía tenían restos de la ropa. Ninguno tenía zapatos y preliminarmente no se encontraron en el lugar proyectiles ni casquillos de alguna arma.

El sitio al costado de la carretera Los Mochis-El Fuerte está alejado de otros puntos de ambos municipios donde se han detectado otras fosas clandestinas.

Un funcionario de la Procuraduría de Justicia que pidió no ser identificado adelantó que se tomarán muestras de ADN de las cinco osamentas, un proceso que podría tardar de dos a tres meses, y será entonces cuando puedan determinar la identidad. Los restos de ropa, dijo, no son suficientes para concluir de quién se trata.

Al cierre de edición (la madrugada del sábado) Myrna Nereyda Medina, junto a otras dos personas más, estaba rindiendo declaración ministerial por el hallazgo que reportó de una fosa clandestina.

EL CLAMOR DE MYRNA: “CÓMO ESTÉ, LO QUIERO DE REGRESO”

Juan Roberto Corrales Medina, conocido como el Chacharitas, de 21 años de edad, desapareció el 10 de julio de este año cuando vendía discos piratas en la gasolinera de la calle Ignacio Zaragoza.

Ya van a cumplirse cinco meses de su ausencia, y el joven no aparece. Parece que se lo tragó la tierra.

La ausencia quedó registrada en la averiguación previa FRTE/137/2014 que se sigue en la agencia del Ministerio Público del Fuero común en esta cabecera municipal.

La madre del joven, Myrna Nereyda Medina Quiñónez, profesora jubilada, organizó la primera manifestación pública para reclamar el paradero de los desaparecidos de esta comunidad.

El descontento social de los familiares de hombres y mujeres desaparecidos, explotó en una manifestación pública por las calles de la ciudad, y un mitin frente al palacio de gobierno, lo que obligó a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a apersonarse en el cabildo.

Y tras negociaciones individuales, la dependencia se comprometió a ahondar en lo que las madres con hijos desaparecidos y demás familias exigían: operaciones policiales de búsqueda y rescate.

Pero hoy, cinco meses después, la maestra de Mochicahui, El Fuerte, ya no exige rescate alguno, sino sólo la búsqueda. “Sé que para estas fechas ya es muy difícil tenerlo vivo, pero como esté yo lo quiero encontrar, como sea pero lo quiero de regreso conmigo”, dice con voz franca, fuerte, que a veces se quiebra pero que recupera la compostura. “No quiero que me vea que me doblo, pues siempre hemos salido adelante de todas las situaciones adversas que nos enfrentamos juntos. Ahora no será la excepción”.

El Chacharitas se ganó el apodo porque vendía piratería en la gasolinera más vieja de El Fuerte.


MIRNA MEDINA. Investigación por cuenta propia.

Su trabajo cotidiano fue interrumpido por la visita de un desconocido que a nombre de la policía del lugar, le pedía cuota para dejarlo trabajar en paz. Con su raquítico ingreso, pagó la cuota exigida mensualmente: 500 pesos.

Un día, mientras trabajaba, abordó una camioneta negra. “Eran sus camaradas”, declaró un testigo del caso que no pudo identificar a los ocupantes.

Ese día fue el último que se le vio, pues desde entonces no se reporta ni con su madre ni con su mujer. El celular manda al buzón.

Cuando la maestra se enteró del caso, la ausencia ya sumaba 48 horas. Ella se movilizó. Tocó puertas, tantas veces que hasta enfadó a las agentes auxiliares y titulares del Ministerio Público del Fuero Común que llegaron a atenderla de mala gana. Ella nunca se amilanó, sino que sucedió todo lo contrario, le dieron más combustible por encontrar a su hijo.

La madre la hizo de investigadora sin charola y en poco tiempo ya tenía la historia de lo que la policía municipal de El Fuerte y la Policía Ministerial del Estado se negaban a sacar a la luz. Buscó videos, pero ninguna tienda se los entregó. Ese día, sorpresivamente, las cámaras no grabaron. Los testimonios que obtuvo fueron cara a cara, pero los testigos preferían el anonimato y no verse involucrado en ese ni en ningún otro asunto que implicara policías y desaparecidos, pues sabían que los primeros perpetraban lo segundo.

Ella tampoco se desanimó, y continuó en su búsqueda.

En eso estaba, cuando unos vecinos suyos la encontraron. Le dijeron que en su mercería estaba estacionada una camioneta negra, con el comandante de la policía a bordo y otras personas más.

Pensó que se trataba de resultados de la búsqueda de su hijo y se dirigió al negocio, que desde que la ausencia de su hijo permanece cerrado la mayor parte del tiempo.

Cuando llegó, encontró sólo una nota: “Ya no le muevas, porque sigues tú”.

Aquella amenaza velada le dio a la maestra un nuevo impulso y renovó la búsqueda. Sabía que andaba en lo correcto y eso le reencendía los motores, que hasta ahora no se han apagado. Ella mantiene viva la promesa que le hizo a su hijo, la de encontrarlo en donde estuviera y como fuese.

Y repite, lo que para ella es su oración de consuelo: “Sé que para estas fechas ya es muy difícil tenerlo vivo, pero como esté yo lo quiero encontrar, como sea pero lo quiero de regreso conmigo”.


(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera / diciembre 7, 2014)

COMANDO ASALTA A POLICÍAS MUNICIPALES Y LES ROBA 600 MIL PESOS


CULIACÁN.- Comando de sujetos armados asaltaron a patrulleros de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal que custodiaban dinero del programa “Prospera” del Gobierno Federal.

Los policías fueron despojados de sus armas de cargo y de radios de comunicación.

El suceso se produjo alrededor de las nueve de la mañana de este domingo por la carretera que comunica al poblado de Lazareto, perteneciente a la sindicatura de Quilá.

Los agentes custodiaban el dinero de “Prospera” cuando fueron detenidos por varios desconocidos que portaban armas de fuego.
Los uniformados fueron obligados a entregar sus armas de cargo, equipo de comunicación y las llaves de la patrulla. Una vez los policías en poder de los delincuentes, terminaron por entregar la suma de 600 mil pesos del Gobierno Federal.

Fue antes de escapar los delincuentes cuando abandonaron las armas de los policías debajo de la patrulla, no sin antes amenazarlos para que no los siguieran de lo contrario “los matarían a balazos”. Optaron únicamente por llevarse el radio “matra” propiedad del Gobierno del Estado.

El reporte de la autoridad establece que los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo Honda accord de color blanco. Se instrumentó un operativo en la zona donde participaron todas las dependencias de Gobierno que culmino con la detención de tres de los presuntos participantes en este delito.

Los probables ladrones resultaron ser Juan Carlos Rodríguez, José de Jesús Montoya y Luis Rodríguez.

Se aseguró el vehículo utilizado en el asalto y el botín.

Nota tomada del portal Alinstantenoticias.com

(RIODOCE/ REDACCION/ diciembre 8, 2014)

RESTOS DE ALEXANDER PUDIERON SER SEMBRADOS: FAMILIARES


Familiares de Alexander Mora Venancio, señalaron que para ellos es posible que los restos del joven normalista de 19 años fueran “sembrados” en el río San Juan, para que la Procuraduría General de la República (PGR) sustente su teoría de que los estudiantes fueron quemados y sus cenizas arrojadas al mar, como lo declararon tres integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, dijo Félix Rosas Rodríguez, portavoz de los familiares del normalista de Ayotzinapa.

“Los peritos argentinos con nosotros fueron claros, el ADN recabado de esas muestras sí corresponde al papá de Alexander y a su hermano (Ezequiel Mora y Hugo Mora), pero no saben a dónde fueron encontradas esas muestras, porque los peritos (del Equipo Argentino de Antropología Forense) las vieron ya colocadas con otras, nunca vieron de dónde las extrajeron”, señaló; además adelantó que en dos semanas serán entregados los restos de joven originario de El Pericón, Tecoanapa, en la región de la Costa Chica del estado.

Lamentó que la vida del normalista identificado haya terminado en “fragmentos de dos centímetros y en un molar. Así terminó su existencia Alexander, por ello nosotros vamos a continuar con nuestro movimiento, la lucha sigue y exigimos la presentación con vida de los otros 42 muchachos”.

El también dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) en Tecoanapa, dijo que la PGR no puede cerrar las investigaciones por el hallazgo: “aún nos hacen falta 42 y hay cosas en la investigación de la PGR que no concuerdan”.

Rosas Rodríguez señaló que para la familia de Alexander es importante que gobierno federal continúe el convenio firmado con los padres de familia, “es necesario que se integren a las investigaciones los expertos internacionales. El gobierno tampoco ha acatado las recomendaciones de la Comisión Interamericana”.

 (Eje Central)

(RIODOCE/ REDACCION/ diciembre 9, 2014)

UN ALTO FUNCIONARIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF RELACIONADO CON EL CÁRTEL DE SINALOA


Aarón Josué Ramos Miranda, ex oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sería uno más de los funcionarios de la capital mexicana que presuntamente están implicados con gente del crimen organizado, según expone un video que circula en las diferentes redes sociales desde la semana pasada, el cual lo conecta con el narcotraficante Rey Alfonso Terán Estrada, supuesto integrante del Cártel de Sinaloa.

El video obligó a las autoridades del Distrito Federal a separar de inmediato de su cargo a Ramos Miranda, apenas un día después de la publicación del video, el cual expone los repentinos cambios de domicilios del ex funcionario, quien tras vivir en una zona de interés social en la delegación de Tlalpan, pasó a rentar un apartamento de lujo en Lindavista, para luego hacerse de una propiedad millonaria en una zona exclusiva del DF.

“Señor Ramos Miranda, ¿puede usted aclarar cuál es la relación que tiene con Rey Alfonso? ¿Sabía usted que esta persona fue detenida en una camioneta particular, con armas de alto poder? ¿Sabía que Rey Alfonso es hermano de Francisco Gerónimo Terán Estrada, alías Panchito, un poderoso sicario del narcotráfico”, expone Anonymous en el video, cuya liga es https://www.youtube.com/watch?v=p7Yr7D87sbY, y es firmado únicamente con las letras “Okjhg Ghjh”.

El Panchito, según reportes de las autoridades y de diversos medios de información, es líder de una célula del Cártel de Sinaloa que fue detenida el pasado 26 de septiembre, y que aparentemente opera al norte de Chihuahua.

Esta célula de gatilleros, que según han dicho las autoridades, pelea el control al Cártel de Juárez, sería parte del grupo “Gente Nueva”, que opera para el capo Joaquín el Chapo Guzmán, y a quienes se les vincula en al menos ocho homicidios y 14 secuestros en la zona noroeste de ese estado.

Según comunicados de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al Panchito y a otras cuatro personas, las detuvieron elementos del Ejército el pasado 26 de septiembre a las 2:45 de la mañana, cuando circulaban por una de las calles del poblado Casas Grandes, a bordo de un par de camionetas de lujo.

Rey Alfonso habría sido detenido pocos días después en el Distrito Federal, y según las autoridades, la relación entre ambos hermanos es muy estrecha.

Pero Anonymous no sólo se conformó con acusar y cuestionar la actitud y los repentinos cambios de domicilio de Ramos Miranda, también difundió la grabación de una conversación entre el ex funcionario, y un desconocido, a quien le reitera que la información publicada por Reforma, el primer medio de comunicación que dio a conocer la noticia, “ha puesto todo de la chingada”.

“El debía haber hecho una pauta y arreglar, y no arregló”, señala la voz de un desconocido, quien aparentemente habla con Ramos Miranda.

En un punto de la conversación, Ramos Miranda le dice que están de la fregada, pero el desconocido lo calma y le aconseja “que se tranquilice porque ahora tiene que tapar un hoyo con alguien de la misma… (inaudible). Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo”.

Anonymous, por su parte, reviró las estrategias de Ramos Miranda, y le reiteró conocer los detalles de la relación que mantiene con Rey Alfonso.

“No nos molestaría hacerlos públicos. Pero tiene aún la oportunidad de aclarar su repentino enriquecimiento, y para qué fines necesita usted un grupo de sicarios a su servicio”, señaló Anonymous.

Ese sería el motivo por el cual, tras la renuncia de Ramos Miranda, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitió un comunicado en donde señala que la decisión del funcionario “no prejuzga situación alguna, y que serán las autoridades y el mismo Ramos Miranda quienes establezcan los hechos en áreas de rendición de cuentas y transparencia a que están obligados los servidores públicos”.

En un documento firmado por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, se indica que la separación es para que Ramos Miranda pueda esclarecer los hechos en “que se le involucra en las redes sociales”.

Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de México no había precisado si el Cártel de Sinaloa está involucrado con funcionarios de la ALDF, aunque fuentes de esa dependencia señalaron que iniciarían una investigación.

El ex funcionario público anterior a Ramos Miranda, involucrado con narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, fue Ignacio Muñoz Orozco, originario de Culiacán Sinaloa, a quien la misma DEA identificó como un lavador de dinero para esa organización criminal, no así la PGR, quién dijo desconocer si existían acusaciones contra ese empresario sinaloense, aún cuando Estados Unidos lo buscaba por todo el mundo.


(RIODOCE/ MIGUEL ANGEL VEGA/ diciembre 7, 2014)

LA FARSA DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL EJIDO LA PURÌSIMA EN BCS


Ejidatarios de La Purísima presentaron una queja al procurador Cruz López Aguilar por omisión, negligencia y coalición de funcionarios de la delegación estatal, con ex servidores públicos, empresarios y políticos involucrados en el despojo de 425 mil hectáreas en Comondú

La Purísima, Baja California Sur.- La paciencia se agotó entre los campesinos del núcleo ejidal de La Purísima en el municipio de Comondú, Baja California Sur, que después de soportar tres años de omisiones, negligencias y mentiras, pusieron punto final y presentaron, el martes 11 de noviembre, una queja formal al procurador agrario nacional, Cruz López Aguilar, en contra del delegado Eligio Soto López y “servidores públicos” a su cargo, por “haberse coludido con ex servidores públicos, empresarios y políticos ladrones” para despojarlos de 425 mil hectáreas localizadas en la sierra, Golfo de California y Océano Pacífico.

La denuncia, presentada en la Ciudad de México y certificada por el Notario Público Número 5, Alfonso Zermeño Infante, solicita de entrada ejercer las facultades que contiene el Artículo 61 de la Ley Agraria para que por su conducto -según la citada Ley- se inicien las acciones que en derecho procedan, tendientes a invalidar, nulificar o dejar sin efecto alguno, lo acontecido y documentado en la asamblea de fecha 25 de marzo de 2012, cuando de manera discrecional y sin previo sorteo, como establece la Ley Agraria, fueron repartidas grandes extensiones de tierras a ex servidores públicos, empresarios, políticos y prestanombres del precandidato a presidente municipal de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño; lo que de acuerdo a la denuncia formal, presenta vicios e irregularidades que afectan el patrimonio de alrededor de 300 ejidatarios de bajos recursos económicos de esa población ejidal de Baja California Sur.

La denuncia, firmada por alrededor de 150 ejidatarios y entregada por la abogada Marely Higuera Arce, explica que desde el año 1991 se tuvo la participación e incursión en el ejido, de personas que con el interés de invertir en derechos reales, sobre todo en la zona ubicada en la costa marina, adquirieron derechos de personas originarias de ese centro de población, los cuales no son agricultores, ganaderos, residentes u originarios del ejido, casi siempre perseguido por la especulación comercial de parcelas.

Según los denunciantes, de ese tiempo a la fecha fueron “avasallados por el poder económico y adquisitivo de supuestos inversionistas, lo que permitió que adquirieran más de un derecho ejidal de ex compañeros ejidatarios, echando mano de testaferros para que fueran autorizados como avecindados, o sujetos agrarios del núcleo ejidal”.

Asimismo, refieren que buscando la protección de sus miembros, lograron acuerdos en los que enajenaron parcelas y no derechos, derivado del gran acaparamiento de tierras que comenzó a registrarse en la zona, sobre todo del malogrado “Grupo de Los Cabos”.

Sin embargo, la ambición de ex servidores públicos, empresarios y políticos ladrones fue desmedida a tal grado de comprar conciencias y controlar económicamente a la población ejidal, y poder persuadir al Comisariado Ejidal de La Purísima que estaba en funciones en 2011, y lograr, a través de procedimientos legales, nulificar el acta de formalidades especiales del 24 de febrero de 2008, derivada de la asamblea del 25 de febrero de 2007, donde cumpliendo con la Ley Agraria, se había llevado a cabo un sorteo de parcelas, conocido también como reparto económico, además de un reparto equitativo de las tierras.

El caso es que con argucias y engaños, el 15 de febrero de 2011, el Comisariado Ejidal de La Purísima, entonces encabezado por Daniel Raúl Vizcarra Angulo y José de Jesús Arvizu Higuera -afín al aspirante a la alcaldía cabeña, Narciso Agúndez Montaño-, presentó una demanda de nulidad absoluta y pidió el desconocimiento del acta de asamblea del 24 de febrero de 2008, que actualmente radica en el Tribunal Agrario de La Paz.

Como consecuencia, y en virtud de que el llamado “Grupo de Los Cabos” tenía el control absoluto del Comisariado Ejidal de La Purísima, convocó a una nueva asamblea de formalidades especiales que se celebró el 25 de marzo del 2012, a pesar de que la misma asamblea tenía impugnado el cambio de destino de tierras, bajo el número de expediente TUA-48-39/2012.

En esa asamblea, la entonces asesora del núcleo ejidal y ex funcionaria de la Procuraduría Agraria, Miriam Aidée Orozco Luna, fue la encargada de iniciar el desahogo de la reunión, de una manera tecnicista, complicada, robusta, insidiosa y sin el mero interés de dar certidumbre e informar sobre los trabajos técnicos que contenía el cambio de destino de las tierras; incluso hubo interpelaciones al topógrafo Salvador Sarabia Vázquez, encargado de los supuestos trabajos técnicos, quien ni siquiera supo explicar dicha presentación.

Durante 2007 y hasta 2012, se autorizó un punto de acuerdo, el cual consistía en que “cualquier ejidatario que midiera 20 hectáreas, se le otorgaría la titularidad de las tierras en la asamblea de formalidades siguientes”, no obstante, la realidad es que forzosamente se necesitaba utilizar al topógrafo designado por el Comisariado Ejidal para la medición, el cual cobraba 3 mil pesos por parcela, dinero del que carecían muchos ejidatarios, pues su ingreso apenas alcanza para vivir y fueron excluidos del reparto de tierras.

Los que sí aparecieron fueron ex servidores públicos, empresarios, políticos y prestanombres, quienes se repartieron, sin mediar algún sorteo, las mejores tierras de la región, algunas de las cuales fueron ofertadas y sujetas a negociación de compañías mineras:

* Ana Karina Angulo Esquer, esposa del empresario sexenal, Luis Raymundo Cano Hernández, con 14 mil 298 hectáreas, quien contraviniendo el Artículo 27 Fracción VII de la Ley Agraria, registra más del 5 por ciento del total de tierras ejidales.

* Miriam del Carmen Galaviz Palacios, secretaria y prestanombres del empresario Luis Raymundo Cano Hernández, con 257 hectáreas, quien en una investigación federal por lavado de dinero, no tendría manera de comprobar la procedencia de recursos para poseer dichas tierras.

* Salvador Sarabia Vázquez, ex topógrafo oficial del Comisariado Ejidal de La Purísima, con mil 685 hectáreas, quien se auto asignó dichas tierras.

* Daniel Raúl Vizcarra Angulo, con 320 hectáreas. Fue comisariado ejidal en la época en que comenzaron a registrarse las irregularidades.

* Miriam Aidée Orozco Luna, ex asesora del comisariado ejidal y ex funcionaria de la Procuraduría Agraria, con 10 hectáreas.

* Roberto Armando Orozco Alonso, Notario Público Número 130 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con 8 mil 86 hectáreas.

*  Emigdia Cunningham Verdugo, tía del ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunningham, con 5 mil hectáreas.

* Manuel Salvador Baeza Davis, ex titular de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto.

EL DELEGADO DE PA

Sobre la denuncia presentada al procurador agrario nacional, Cruz López Aguilar, el delegado estatal, Eligio Soto López, dijo desconocer el hecho, porque “hasta este momento no he sido notificado de nada”.

— ¿Cuál es su postura?, preguntó ZETA.

“No sé, aquí no tengo tema de esa naturaleza. No tenemos conocimiento de eso en contra de nosotros, y cuando menos hasta ahorita, no estamos enterados por parte del Ejido de La Purísima”.

Durante una entrevista con este Semanario, Soto reconoció saber la coalición de servidores públicos a su cargo con el “Grupo de Los Cabos”, pero todo se está revisando y analizando en el Tribunal Agrario, por lo cual se proclamó impedido para opinar hasta que salga el fallo del tribunal.

— ¿Cuál es su opinión sobre las acusaciones en su contra y la de sus funcionarios?

“Ninguna”.

El delegado federal insistió en no comentar hasta no conocer el fallo, ya que “está en la jurisdicción en el Tribunal Agrario Nacional, porque ahí se están demandando unos contra otros”.

Reconoció tener la obligación de dar atención a cada uno de los sujetos agrarios que se hayan visto afectados en sus derechos y propiedades, “todos los que recurren a nosotros, son atendidos, y ahorita tenemos muchos asuntos o casos de La Purísima, y están siendo llevados por la Procuraduría Agraria; otros no, recurren a abogados particulares”.

A decir por el funcionario, “a nosotros nos corresponde ir hasta el fondo del asunto en cualquier denuncia o circunstancia, y si hubo pasos incorrectos que se hayan dado dentro de la institución, nosotros estamos dispuestos a corregirlos; y si alguien tiene algún asunto en el que se vean afectados por algún funcionario o servidor público a mi cargo, que presenten la denuncia y nosotros vamos a proceder en consecuencia, y damos la cara en todos sentidos. No es ninguna pose, sino el cumplimiento irrestricto hacia los sujetos agrarios y a quienes tenemos la obligación de responderles y velar por sus intereses”.

El delegado agregó que durante su periodo han salido entre siete y ocho funcionarios a su cargo, además de que han entrado nuevos y está por resolverse el caso de uno más que fue señalado por algunos afectados. No ofreció nombres ni puestos, sin embargo, los principales acusados como responsables de haberse coludido con la ex funcionaria de la Procuraduría Agraria, Miriam Aidée Orozco Luna, y según el portal de internet de la propia institución, siguen en sus cargos, haciendo como que trabajan y operando desde el interior para el llamado “Grupo de Los Cabos”, protegidos por el manto del delegado Eligio Soto López. Ellos son:

* Rosario Bauman Mendívil, subdelegada jurídica.

* Selene Urías Cuadras, jefa del Departamento Jurídico.

* Ezequiel López Castro, visitador agrario en Comondú, quien dicho sea de paso, validó y solapó la serie de irregularidades que se han venido cometiendo desde el 15 de marzo de 2012 a la fecha.

Incluso, de acuerdo con la queja presentada en su contra, coludidos con el presidente del Comisariado Ejidal de La Purísima, Placido Rodríguez Higuera, boicotearon en su momento la entrega de la denuncia en la delegación estatal, lo cual derivó que fuera presentada directamente en la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México.

LOS QUEJOSOS

La abogada y ejidataria de La Purísima, Marely Higuera Arce, consideró que tanto cinismo no puede ser posible en la delegación de la Procuraduría Agraria de Baja California Sur, empezando por el propio delegado, Eligio Soto López, quien poco o nada ha hecho en contra de los responsables de intentar despojar a los ejidatarios de sus tierras; el topógrafo Salvador Sarabia Vázquez, quien quiso cobrarse a lo chino con las tierras ejidales en playas y zonas mineras, como permitir que la ex asesora jurídica de esa institución, Miriam Aidée Orozco Luna, ordene y manipule a su antojo a los servidores públicos a su cargo, obedeciéndola ciegamente.

La abogada expuso que las irregularidades son tan graves que, por citar un ejemplo, la ex asesora jurídica de la Procuraduría Agraria es propietaria de la tierra del padre de Isabel Higuera.

Durante una entrevista con ZETA, declaró que los ejidatarios ya están hartos de tanto abuso y se está llegando el momento de que si se sigue actuando con omisión y negligencia en la Procuraduría y el Tribunal Agrario, puede estallar la violencia en cualquier momento, porque “no vamos a permitir por ningún motivo que el ‘Grupo de Los Cabos’ quiera despojarnos de nuestras tierras, y si es necesario usar piedras y machetes, y sacarlos a punta de golpes, lo vamos a hacer sin ninguna duda”.

— ¿Qué tanto apoyo han recibido de la delegación de la Procuraduría Agraria?

“Absolutamente ninguno, solo han sido palabras y discursos, dicen y prometen que nos van a apoyar, pero no pasa de eso, solo es asesoría por todos los juicios que tenemos, pero la verdad esa asesoría deja mucho que desear, porque carecen de conocimientos. Yo soy abogada, pero no en el tema agrario, y aun así, le entiendo bastante bien, y no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta cuando una asesoría es buena o no”.

La ejidataria complementó que por las actitudes de los funcionarios de la delegación, no saben de qué lado están o a quién están apoyando: si a los ejidatarios -en este caso- de La Purísima, o están encaminando sus asesorías para beneficiar los intereses que parecen representar al “Grupo de Los Cabos”.

“Yo he visto cómo actúan y se mueven, y la verdad veo que es todo un teatro muy bien montado, durante mucho tiempo se la han llevado engañándonos y mintiéndonos, con evasivas, estrategias, dándonos largas. Su único interés es favorecer a los ex funcionarios, empresarios y supuestos inversionistas”, consideró Higuera.

La abogada fue tajante: “El delegado de la Procuraduría Agraria, Eligio Soto López, tiene un año prometiendo que nos va ayudar, y a la fecha sigue sin cumplir, pero no podríamos esperar mucho de él, porque todos en La Purísima sabemos que cuando fue ejidatario, por allá también se anduvo queriendo robar tierras, y entonces con qué calidad moral vamos a creerle que de verdad nos quiere ayudarnos ahora que está ostentando el cargo de delegado; porque sinceramente no le creemos nada, las cosas se demuestran con hechos, y no con palabras”.

Para finalizar, Marely Higuera Arce se dijo triste y decepcionada, “porque estamos viendo que los sinvergüenzas quieren ver más jodido al jodido”, como una estrategia para comprar a precio de ganga sus tierras y apoderarse de algo que no les pertenece.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Gerardo Zúñiga Pacheco/   02 de Diciembre del 2014 a las 12:00:00)

LOS GANONES DE “ODILE” EN BCS


El diputado federal del PAN, Francisco Pelayo Covarrubias, y el tesorero de Comondú, Guadalupe Ramírez Núñez, aparecen como los principales beneficiarios en el reparto de apoyos de productores afectados por el huracán

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- En este corazón agrícola del Estado de Baja California Sur, estalló el conflicto por el reparto y entrega de apoyos económicos a productores afectados por el paso del huracán “Odile”, ocurrido el 15 de septiembre de 2014.

La situación ya se veía venir en el futuro inmediato, después de que el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), César Estrada Nery, anunciara el miércoles 26 de noviembre la implementación de un programa especial de recuperación y apoyo a pequeños y mediados agricultores que sufrieron daños totales y parciales en sus cosechas.

Según el diagnóstico oficial, se habla de la destrucción de 200 hectáreas de agricultura protegida, popularmente conocida como “invernadero”, y 5 mil hectáreas de agricultura tradicional o de llamado cielo abierto, así como daños parciales o menores en otras 600 hectáreas.

De acuerdo al titular de la SAGARPA, el plan era entregar un apoyo a fondo perdido a agricultores de invernaderos en dos modalidades:
* Hasta 70 mil pesos por hectárea, con un máximo de 10 hectáreas en el caso de que solo se hayan registrado daños en la malla sombra, es decir, un monto estimado en 700 mil pesos.

* Hasta 200 mil pesos por hectárea, con un máximo de 10 hectáreas en el caso de que tuvieran daños en malla e infraestructura en casa sombra, es decir, una cifra aproximada a 2 millones de pesos.

En el caso de la agricultura tradicional o de cielo abierto, el apoyo sería también de dos maneras:

* 2 mil pesos por hectárea en la siembra de grano, con un máximo de 20 hectáreas; es decir, un monto total de 40 mil pesos.

* 4 mil pesos por hectárea en la siembra de frutales, hortalizas y hierbas aromáticas, con un máximo de 20 hectáreas; cifra aproximada a 80 mil pesos.

El delegado federal aseguró que el monto a fondo perdido autorizado era de casi 100 millones de pesos a distribuir -según el patrón de agricultores en todo el estado- en mil 450 productores a cielo abierto, y a 34 productores de agricultura protegida o de invernadero.

Según Estrada Nery, el dinero empezaría a ser liberado a partir de la primera semana de diciembre: “Habían solicitado un ajuste en el monto de apoyo a productores agrícolas de cielo abierto”, aunque al cierre de esta edición, no recibió respuesta.

EL CONFLICTO

Después de revisar y analizar la información de los apoyos económicos del Gobierno Federal, los agricultores a cielo abierto de Comondú, tomaron la decisión de presentar una queja por escrito al delegado de la SAGARPA, César Estrada Nery, con copia a la Comisión de Agricultura de la XIII Legislatura de Baja California Sur, Cámara de Diputados Federales y del Senado de la República.

Y es que los inconformes no estaban de acuerdo en el reparto inequitativo del dinero, ya que -de acuerdo con el presidente de la Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo, Alejandro Solís López- “en mi tierra no hay agricultores de primera y de segunda categoría, todos somos iguales y merecemos el mismo trato, por lo tanto, el reparto de los apoyos debe ser equitativo y justo para todos”.

Durante una entrevista con ZETA, el líder de los agricultores consideró “una verdadera burla” y “una tomada de pelo” otorgar de 40 mil a 80 mil pesos a unos, y de 700 mil a 2 millones de pesos a otros, “cuando todos fuimos afectados y víctimas de la fuerza del huracán ‘Odile’”.

“No se vale”, dijo molesto, para anunciar, el lunes 1 de diciembre, la toma de la carretera federal de Ciudad Constitución a Ciudad Insurgentes en Comondú, donde -al cierre de edición- participan productores adheridos a la Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo, Confederación Nacional Campesina (CNC) y Central Campesina Independiente (CCI); respaldados por algunos grupos de pescadores de Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos.

— ¿Por qué la toma de la carretera? ¿Qué es lo que están pidiendo?, se le preguntó.

“La toma de la carretera es el único camino que nos dejaron, porque no hubo respuesta inmediata de las autoridades a la queja que presentamos. Lo que estamos pidiendo son dos cosas muy sencillas: la primera es que no sea entregado un solo centavo de los apoyos por el momento, hasta en tanto no sea revisada la lista de beneficiarios; y la segunda, una depuración a esa lista, porque metieron muchos nombres de personas que desde hace mucho cerraron sus ranchos y no están produciendo ni trabajando, y están por recibir apoyos que bien se pueden repartir entre más compañeros que verdaderamente están trabajando”.

En la opinión del presidente de los agricultores, lo más grave de todo es que en la lista vienen “muchos cachirules”, es decir, agricultores que hace algunos meses despidieron a sus trabajadores y cerraron sus ranchos, y ahora resulta que serán beneficiados con dinero del Gobierno Federal.

Tal es el caso del diputado federal del Partido Acción Nacional y aspirante a alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, propietario del rancho Agrícola de Comondú, localizado en el poblado de Zaragoza.

“Aquí todos sabemos que este señor es uno de los productores que cerraron sus ranchos, porque su negocio estaba paralizado y quebrado, y ahora pretende agarrar dinero fresco sin estar sembrando y produciendo; quiere llevarse el dinero de quienes sí estamos produciendo”, acusó.

Para Solís López, “los más acomodados” son aquellos que “quieren llevar la tajada más grande del pastel gubernamental”, uno de ellos, “el tesorero municipal del Ayuntamiento de Comondú, Guadalupe Ramírez Núñez, quien ha sido uno de los principales beneficiarios en el programa de reparto de los apoyos a productores”, y denuncia que tanto el legislador federal como el tesorero municipal, son parte de una “lista selecta” que sospechosamente aparecen beneficiados en programas de SAGARPA, de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

“Tienen acaparados todos los programas de apoyos, casi siempre con apoyos millonarios, y la mayoría de los agricultores estamos recibiendo solo dádivas y Mejoralitos que en nada ayudan a la producción en el campo sudcaliforniano”, consideró el presidente de la Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo.

Según la lista de apoyos de la SAGARPA, el 50 por ciento va a ser para productores de agricultura protegida, y el otro 50% es para los agricultores de cielo abierto.

Sin embargo, en la opinión de Solís, la distribución es inequitativa, ya que los productores a cielo abierto son mil 450, y los de invernaderos, 34 personas, por lo que obviamente les tocará de más.

LAS PROTESTAS

Por esta situación, los agricultores del Valle de Santo Domingo comenzaron las movilizaciones y protestas en contra del método de selección y entrega de apoyos, en medio del más absoluto silencio oficial.

De hecho, ni el gobernador Marcos Alberto Covarrubias ni el alcalde de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, estaban presentes, al encontrarse en los festejos de las Fiestas de San Javier, en el municipio de Loreto.

El lunes primero de diciembre iniciaron las movilizaciones, cerrando la carretera federal de Ciudad Constitución a Ciudad Insurgente desde la 1:30 am hasta las 4:30 pm.

Al siguiente día, es decir, el 2 de diciembre, volvieron a tomar la carretera desde  las 10:00 am hasta las 5:00 pm.
Alejandro Solís López indicó que en esos dos días únicamente recibieron llamadas de algunos funcionarios, de que “estaban viendo eso”, pero no se presentaron al punto de las protestas.

De no haber respuesta, se cerraría el acceso a la carretera y no se permitiría el paso de carga pesada, como pipas de combustibles y tráileres de víveres, para dejar pasar únicamente automóviles, enfermos y ambulancias.

— ¿Cuándo terminarán las movilizaciones?, preguntó ZETA al presidente de la Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo.

“Hasta que nos sentemos a dialogar y saquemos una minuta con puntos de acuerdo específicos, porque queremos que saquen del lista a los que no estaban produciendo antes del huracán ‘Odile’ y repartan los apoyos de manera equitativa, sin trampas y sin consignas”.

De no haber una respuesta, afirmó el líder, en los próximos días habrán de endurecer su postura y v presionar, porque “si los agricultores de invernaderos que no están trabajando quieren dinero, pues que tramiten un crédito y lo paguen, como todos nosotros lo hacemos”.

Al cierre de esta edición, los inconformes llegaron a un acuerdo con la delegación de la SAGARPA. Aunque no se especificaron los recursos, sí se va a subir el monto del dinero, además de verificar cada uno de los ranchos para garantizar que éstos estén operando.

El tesorero del ayuntamiento de Comondú, Guadalupe Ramírez Núñez, no quiso emitir declaración alguna sobre estos hechos, solo recordó que toda su vida ha sido agricultor y nunca se ha beneficiado del servicio público; por lo tanto, no tenía mucho que decir, sobre todo porque la gente lo conoce en Comondú, sabe quién es y su origen es “meramente agrícola”.

Ramírez recordó que es la primera vez que participa en política, pero “siempre he vivido de la producción agrícola y de mis ranchos, y como cualquier persona del ramo, genero empleo y aporto mis impuestos”.

Si bien, reparte su tiempo porque entre semana está en la función pública, el fin de semana se mete a su negocio, donde tiene personas responsables que trabajan en su ausencia.

Por su parte, Francisco Pelayo Covarrubias negó que haya cerrado su rancho, asegurando que sigue trabajando con todo y la serie de problemas que se han venido generando a partir del huracán “Odile”. Argumentó que las versiones de que su rancho está cerrado son completamente falsas y tienen su origen en el tema político. No quiso entrar en más detalles.

LISTA DE AGRICULTORES DE INVERNADEROS


César Omar Meza Geraldo
Felipe de Jesús Saavedra Cervantes
Francisco Pelayo Covarrubias
Francisco Javier Arizpe Villalobos
Juan Francisco Díaz Torres
Jaqueline Rodríguez Castañeda
Jesús Arnaldo Geraldo Geraldo
Guadalupe Ramírez Núñez
Juan Gaynor Rosas
Cristian Ignacio Rodríguez Castañeda
Enrique Ríos Cruz
Raúl Álvaro Ayala Ibarra
Juan José Robles Castro
Antonio Cornelio Salvatierra Espinoza
Salvador Arellano Mariscal
Jesús Alberto Meza Molina
Rogelio Cadena García
Adela Muñoz Barajas
Carlos Enrique González Ibarra
Salomón Alvarado Soria

Fuente: SAGARPA

LISTA DE EMPRESAS DE INVERNADEROS

Agricultores del Carrizal, S.P.R. de R.L. de C.V.
Molina Produce, S. de R.L. de C.V.
Productores Orgánicos Tempentú, S.P.R. de R.L. de C.V.
Verde Limón, S.P.R. de R.L. de C.V.
La Odisea, S.P.R. de R.L. de C.V.
Criyasa, S.P.R. de R.L. de C.V.
Agrícola Sama, S.A. de C.V.
Rancho Agrícola Las Californias, S. de R.L de C.V.
Hidropónicos de Sudcalifornia, S.P.R. de R.L. de C.V.
La Todosanteña, S.P.R. de R.L. de C.V.
Agrícola Casa Blanca, S.P.R. de R.L. de C.V.
Hierbas Frescas Macías, S. de R.L. de C.V.
Productora Agrícola del Campo, S. de R.L. de C.V.
Agrícola de Comondú, S.A. de C.V.

Fuente: SAGARPA

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJES BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/   09 de Diciembre del 2014 a las 12:00:00)

VAN POR “EL GRANDE” EN BCS


Después de la captura de Víctor Barraza Martínez “El 28” y su traslado al centro de arraigo de la SEIDO, ahora quieren detener a Abel Nahúm Quintero Manjarrez o Cruz Alonso Lozoya Uriarte. Para ello la SEIDO abrió la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/605/2014

 Después de la captura de Víctor Barraza Martínez “El 28”, “El Víctor” o “El Vidal”, registrada el 26 de noviembre de 2014 en una casa de seguridad en la calle Gilberto Mendoza de la colonia Civilizadores de La Paz, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició y puso en marcha un operativo especial que lleve a la detención de Abel Nahúm Quintero Manjarrez o Cruz Alonso Lozoya Uriarte “El Grande”, considerado en el último mapa delictivo de autoridades federales y militares, como el cabecilla del segundo grupo bélico responsable de la ola de violencia que azota desde el 31 de julio a la capital de Baja California Sur.

El día del operativo de su captura, “El 28” reveló que tanto él como “El Grande”, conformaban el brazo armado de la organización de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Dámaso López Serrano “El Mini Licenciado” en la ciudad de La Paz, con el mismo nivel jerárquico dentro de las Fuerzas Especiales de Dámaso encabezadas por Édgar Amílcar Acosta Reyes “El Rayo”; disponiendo de un grupo de entre cinco y diez sicarios contratados ex profeso para asesinar a sus rivales, al servicio de Rolando González Moreno “El Compadrón” y Luis Antonio Montoya Beltrán “El Montoya”, “Don Carlos” o “El Artista”, de la organización de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante el interrogatorio, y en manos de sus captores, “El 28” narró el modus operandi del grupo delictivo. Por un lado, declaró que él era el responsable de levantar, torturar, amordazar y ejecutar a sus adversarios, y tirar los cuerpos en predios y la vía pública; y por otro, “El Grande” perseguía y atacaba a vehículos de narcomenudistas.

La intención era recuperar el control del narcomenudeo en la zona norte de La Paz, porque desde la captura del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, Dámaso López Núñez “El Licenciado” e Ismael “El Mayo” Zambada habían entrado en pugna por ese territorio y otros en varias partes del país.

El día de su captura, “El 28” tenía en su poder un radio Matra, con el número 170, propiedad de la Policía Estatal Preventiva, el cual estaba bajo el resguardo del agente Hilario Flores Ramírez “El Yiyo”, familiar del ex comisario Fernando Ramírez Martínez “El Sabueso” y gente cercana del ex coordinador de Giras del gobernador, Irineo Martínez Ordaz.

Sin embargo, y tras conocerse el caso, se pretendió hacer un papeleo de última hora para que el radio apareciera asignado a un ex agente de nombre Fabián Jaime Meza, como una estrategia para proteger al policía en funciones.

Por eso, al ser interrogado por sus captores, no extrañó la versión de “El 28”, de que todo el tiempo tuvieron la protección de la corporación Estatal Preventiva, a cargo de Francisco Javier Camacho Manríquez y de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública encabezada por Martha Cecilia Garzón López.

Inclusive, el jefe de sicarios reveló que el compromiso era tal, que el 22 de septiembre pasado, cuando habían sido detenidos tres sicarios a su cargo en un filtro carretero en el Kilómetro 11 del tramo La Paz-San Juan de Los Planes, el director del Centro de Readaptación Social de La Paz hizo una maniobra y, sin notificar previamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ordenó dejar en libertad al pistolero Gustavo Lozoya Portillo, de 22 años, originario de Badiraguato, Sinaloa.

Obviamente, dijo, eso generó un conflicto porque cuando llegaron con la orden de aprehensión en contra de Portillo, éste ya no estaba en prisión.

LAS INVESTIGACIONES

Luego de ser capturado en el operativo conjunto de la PGJE, Secretaría de Marina y Ejército Mexicano, Víctor Barraza Martínez “El 28”, junto con cinco de sus matones, fueron trasladados a los separos de la Procuraduría Estatal, y casi de inmediato fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO, porque casualmente ese día había llegado un grupo de agentes federales.

Al día siguiente, los seis detenidos fueron trasladados por la madrugada del Aeropuerto Internacional “Manuel Márquez de León” de La Paz, al Aeropuerto de la Ciudad de México, y de ahí, al Centro de Arraigo de la SEIDO, por lo que se abrió la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDS/605/2014.

Los sicarios arrestados fueron interrogados sobre la estructura del grupo criminal, sus redes y nexos; también ofrecieron los nombres de todos los integrantes de su organización y de las bandas rivales, y hablaron sobre una serie de números telefónicos encontrados en sus celulares, así como información que fue encontrada en algunas computadoras y equipos decomisados.

Por ejemplo, según datos obtenidos por Investigaciones ZETA, fue encontrado un video donde quedó grabado el asesinato del narcomenudista Carlos Castro Hale “El Pecas” o “El Güero”, muerto el 22 de noviembre y cuyo cuerpo fue encontrado en la calle Mantarraya, entre Mero y Camarón, del Fraccionamiento Fidepaz.

En la videograbación se observa a Juan Manuel Becerra Osuna o José Miguel García García “El Meño” o “El Recio”, y a Juan Manuel González Montaño “El Millagui”, golpeando y torturando a su víctima, a quien pretendían sacar información sobre el paradero de Rolando González Moreno “El Compadrón” y Luis Antonio Montoya Beltrán “El Montoya”, “Don Carlos” o “El Artista”.

El momento de la muerte quedó grabado, así como cuando la pareja de “El Meño” o “El Recio”, Monserrat Guadalupe Villa Arciniega “La Lupita”, comienza a rayar el cuerpo con una arma punzocortante y pone la leyenda “Perro 100%”; enseguida otra mujer y un hombre clavan una estaca de madera en algunas parte del cuerpo de su víctima.

Los equipos celulares y de computación también tenían videos y fotografías del momento del asesinato de las siguientes personas:

* Mario Alberto López García “El Junior”, Tomas Antonio Rico Castro “El 3” y Carlos Antonio Mayoral “El Mayoral”, torturados, ejecutados y calcinados el 22 de octubre en el Kilómetro 38 de la carretera La Paz-Ciudad Constitución.

* Iván Castro Sandoval “El Pelón”, Jorge Molina Alarcón “El Guerrero” o “El Molina”, y Saúl David Gutiérrez Nuño, torturados y asesinados el 31 de octubre en el Kilómetro 1 + 800 del Libramiento Santiago Oceguera.

* Adauto Sarabia García, torturado y muerto el 23 de noviembre en la calle Privada de Las Sirenas, entre Tuparam e Ignacio Ramírez, Colonia Misioneros.

Dentro de las investigaciones, la PGJE hizo pruebas de balística a las armas decomisadas a los sicarios, entre éstas:

* Dos pistolas Pietro Beretta color negro, 9 milímetros.
* Un fusil de asalto R-15, color negro, calibre 5.56 milímetros.
* Dos rifles de asalto AK-47, color plata obscuro, calibre 7.62 x 39 milímetros.

De acuerdo a un perito de la PGJE, algunas de estas armas dieron positivo en los homicidios de:

- Gerardo Geraldo Méndez “El Geras”.
- José Federico Gaxiola Osuna “El Pikas”.
- José Heliodoro López González “El Helio”.
- Refugio Amador Núñez “El Cuco”.
- Cristian Bianchi Díaz “El Cris”.

La causa principal de esta ola de violencia es que los jefes de sicarios, Víctor Barraza Martínez “El 28” y Cruz Alfonso Lozoya Uriarte “El Grande” -según mensajes encontrados en los teléfonos celulares de Barraza- recibieron el apoyo económico y logístico del jefe de plaza del narcomenudeo de la zona sur, José Fernando Torres Montenegro y/o José Francisco Ojeda Torres “El Pepillo”, Alejandro Sánchez Trejo “El Peinado” o “El Frank”, y Ranulfo López Portillo.

LOS ÚLTIMOS DETENIDOS

Mientras la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO, investiga a los grupos criminales involucrados en la ola de violencia, la PGJE logró la captura de seis sicarios más durante esta semana que termina.
El primero fue detenido el lunes primero de diciembre, luego de que el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, librara una orden de aprehensión en contra de Abraham Ontiveros García como presunto responsable de la ejecución del narcomenudista Roberto Efrén Navarro Cárdenas “El Foquemón”, registrado el 28 de noviembre de 2014 en la calle Istmo de Tehuantepec, entre San Joaquín y Santa Ana de la colonia Santa Fe.

La víctima, quien tenía 22 averiguaciones previas por el delito de robo y una orden de aprehensión vigente, misma que no se pudo cumplimentar porque se encontraba amparado -según la PGJE-, fue asesinado de nueve tiros de pistola calibre 45 y 9 milímetros, cuando se encontraba fuera de su domicilio particular.

El segundo y tercero cayeron durante un operativo especial del Ejército Mexicano, el sábado 29 de noviembre, mientras circulaban sobre el Bulevar Forjadores, rumbo al sur de la ciudad, a bordo de un vehículo sospechoso: un Volkswagen Jetta de color blanco, con vidrios polarizados y placas de circulación 055-PLZ-3 sobrepuestas.

Los militares marcaron el alto y emprendieron la huida, por lo que después de una persecución de alto riesgo, fueron detenidos en la colonia El Cardoncito.

Los tripulantes resultaron ser Teodoro Oroña Quiñonez “El Teo” y Eusebio Oroña Quiñonez, quienes traían en su poder dos pistolas 9 milímetros.

En base a datos recabados por ZETA,  era la tercera vez que los detenidos traían consigo armamento, pero habían sido liberados por los Juzgados Primero y Segundo de Distrito.

Sin embargo, esta última vez no lograron su libertad, por dos razones:

1.- El abogado Ramón Ochoa Bañuelos,  quien defendía al grupo de sicarios de las Fuerzas Especiales de Dámaso, sufrió un ataque armado el 27 de noviembre, en la calle Morelos, entre Héroes de Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia El Esterito, por lo que estaba grave e internado en el hospital “Juan María de Salvatierra”.

2.- Las pistolas 9 milímetros en poder de los hermanos Oroña Quiñonez, dieron resultado positivo en el asesinato del narcomenudista Roberto Efrén Navarro Cárdenas “El Foquemón”. Al cierre de esta edición, eran declarados y posteriormente serían consignados por el asesinato.


Los últimos tres detenidos, de nombre Rubén Maldonado Cortés “El Chúntaro”, Jesús Alberto Méndez Castro “El Chuy” y  Miguel Ángel Méndez López o Ariel Bautista López “El Ari”, son acusados de la ejecución del ex jefe de la plaza del narcomenudeo de la comunidad El Sargento, Benigno Lucero Camacho “El Benni”, registrado el 21 de noviembre.

De igual manera, los integrantes de la banda “Los Flamingos” fueron detenidos y se les aseguró el vehículo que utilizaron en el homicidio, en cuyo interior la PGJE encontró un rifle de asalto, un cartucho percutido .223 y cinco útiles, así como cartuchos útiles 9 milímetros y 38 súper.

Según testigos, la noche del ataque,  agentes de la Policía Municipal de La Paz y de la Policía Ministerial del Estado en la comunidad de El Sargento, se negaron ayudar a la víctima cuando solicitó ayuda después de haber sido baleado.

Inclusive, refieren los testimonios, la camioneta Dodge Durango de los sicarios no prendió y, luego del ataque, tuvieron que empujarla hasta abandonarla a la orilla de una playa, para huir a pie.

Los policías estaban ahí y no hicieron nada para detener a los criminales, hasta que fueron detenidos y consignados al juez penal.

El último en caer, Ariel Bautista López “El Ari”, fue capturado en un retén policiaco en la entrada de Los Cabos, y en su celular se encontraron mensajes de grupos criminales, solicitando que ubicara viviendas de narcomenudistas porque “pronto irían a levantar y matar gente” a ese destino de playa.

Obviamente, este hecho fue antes de la captura de Víctor Barraza Martínez “El 28”.



(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Investigaciones ZETA/   09 de Diciembre del 2014 a las 12:00:01)