martes, 8 de mayo de 2018

GUERRERO, DONDE EL NARCO MANDA…



La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho.

CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.

A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.

Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.

De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores.

Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo.

Otro asunto que refleja el problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana.

Pese a los señalamientos, el PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio controlado por el narcotráfico.

MINERAS EN LA MIRA

El 23 de marzo último, Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta zona del estado.

La refresquera expuso que, recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”.

Otro caso: en junio de 2015, la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia, municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a La Familia.

Así, a una semana del ataque a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y mucho menos detenidos.

Amparada por la ausencia de las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y política.

En agosto de 2017, este semanario informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo delictivo de La Familia.

Esta mina de 12 mil hectáreas era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces.

De acuerdo con declaraciones ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China.

En su edición 2081, Proceso publicó el reportaje Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario en Guerrero, en el que empresarios y personajes de la política del estado denunciaron que el impulso que el gobernador Astudillo realiza en favor de ciertos proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada.

El 12 de julio de 2017, el presidente del Clúster Minero de Guerrero y gerente de la empresa canadiense Media Luna, Alfredo Phillips Greene, anunció tres proyectos en la zona norte y en Tierra Caliente.

También expuso que Grupo Peñoles, que actualmente explota la mina Rey de Plata en la zona norte, se va a expandir a la región de Tierra Caliente para invertir 200 millones de dólares en “una importante zona con potencial minero” ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, lugar que ha sido golpeado por la violencia que generan los cárteles.

Phillips Greene agregó que la canadiense Alio Gold –antes Timmins Gold Corp– está en fase de desarrollo del proyecto minero Ana Paula, ubicado entre los municipios de Cuetzala y Apaxtla, en la zona norte.

El anuncio de inversión extranjera ocurre en un contexto de intensa confrontación entre grupos delictivos por el control de las zonas mineras de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como por la producción y el trasiego de heroína hacia el Estado de México. Se trata de una confrontación que ha dejado muerte, terror, desplazados, pueblos fantasmas, ­desaparecidos y que tiene paralizada la economía local.

EL DESORDEN DEL FISCAL

El pasado 25 de abril, Xavier Olea Peláez anunció su dimisión como fiscal general de Guerrero. Su salida se da en un ambiente de impunidad y de extrema violencia. Durante el periodo que estuvo en el cargo, dos años y cuatro meses, hubo al menos 5 mil homicidios dolosos.

De acuerdo con víctimas y fuentes de la fiscalía, Olea Peláez se caracterizó por su frivolidad y se va sin resolver, entre otros asuntos, una decena de homicidios de políticos en pleno proceso electoral.

Además, dejó una fiscalía en la que la mayoría de sus mil 406 policías ministeriales no pudo ser certificada y 750 cadáveres permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense del estado, debido a la falta de recursos humanos y técnicos.

En la tragedia de Guerrero también cabe la corrupción: integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda con Vida de Personas Desaparecidas reprocharon que el gobierno de Héctor Astudillo Flores destinó “en la opacidad” 6 millones de pesos para construir un panteón forense de la Fiscalía del estado en el interior de un cementerio privado que administra una empresa propiedad del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez.

Para los miembros de la organización, ese dinero debió invertirse en la elaboración de perfiles genéticos de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, dijo Lamberto Castro de la Cruz, integrante de la caravana y del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilpancingo.

Olea Peláez se ha caracterizado por asumir la defensa legal de personajes polémicos, como Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Arturo El Negro Durazo.

Mientras es designado el reemplazo de Olea Peláez –el segundo fiscal que deja el gobierno de Astudillo–, el encargado de despacho es el vicefiscal José Antonio Bonilla Uribe. A su vez, los policías judiciales seguirán bajo el control de Esteban Maldonado Palacios.

Durante 10 años, Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de Investigación de la fiscalía, desde donde ha enfrentado diversos señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incurrir en diversas irregularidades.

Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/  8 MAYO, 2018)

TRUMP ANUNCIA RETIRO DE EU DEL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN Y LE IMPONE SANCIONES ECONÓMICAS



WASHINGTON (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el retiro de su país del acuerdo nuclear que alcanzó la comunidad internacional con Irán en 2015 y anunció la imposición de sanciones económicas a la nación persa.

“Estados Unidos se retira del acuerdo con Irán”, dijo en la Casa Blanca y enseguida firmó un memorando con el que ordenó la imposición inmediata de sanciones al país del lejano oriente.

“Con este memorando le estamos imponiendo fuertes sanciones económicas a Irán… no permitiremos que nos chantajeen”, declaró Trump durante su mensaje a la sociedad estadunidense.

El mandatario insistió en que Irán “miente” respecto a sus intereses y programas de desarrollo de armas nucleares.

“Quiero enviar un mensaje: Estados Unidos no hace promesas huecas. Cuando hago una promesa, la cumplo”, enfatizó Trump.

Con la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos se anula su participación en el Plan de Acción de Cooperación Conjunta, bajo el cual el gobierno de Irán se comprometió a ser supervisado por las Naciones Unidas (ONU) para verificar que su programa de desarrollo de energía nuclear es con fines pacíficos y no armamentistas.

Con la amenaza de tomar acciones “más fuertes” y eficaces que las sanciones económicas que delineó, Trump acusó al régimen de Irán de ser el principal promotor del terrorismo internacional y de la desestabilización en el Medio Oriente.

A los estadunidenses, su presidente les recordó que el régimen iraní tiene un largo historial de atacar sus intereses y a sus ciudadanos.

“El de Irán es un régimen de terror grandioso… el acuerdo de 2015 es una gigantesca ficción; es un acuerdo horrible que nunca generará la paz”, insistió el mandatario republicano.

A cambio de las supervisiones de la ONU, Irán anulaba las sanciones económicas que le impuso la comunidad internacional.

La reacción global que se dio en cadena inmediatamente después del anuncio de Trump, en términos generales, fue de lamentar la decisión del mandatario. Alemania, Francia y Gran Bretaña fueron las primeras potencias mundiales en criticarlo por la salida del compromiso.

“Bajo el actual acuerdo no podríamos prevenir que Irán obtenga una bomba nuclear… ni que se desate en el Medio Oriente una carrera por poseer armas nucleares”, destacó Trump.

El magnate neoyorkino añadió que su gobierno trabajará con los países aliados para encontrar una solución comprensiva que elimine la amenaza nuclear de Irán y para bloquear sus acciones de apoyo al terrorismo.

“Si Irán sigue con sus planes, tendrá problemas más grandes de los que ha tenido”, advirtió y dejó abierta la puerta a que el gobierno iraní busque negociar un nuevo compromiso.

“Cuando estén listos yo también lo estaré para negociar la paz y estabilidad que todos queremos en el Medio Oriente”, concluyó.

(PROCESO/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 8 MAYO, 2018)

ALREVESADO

No creí vivir para verlo: Últimamente es más fácil detener policías perversos y muy difícil arrestar capos malosos. Ya está todo alrevesado. Antes, aunque los agentes estuvieran capeados de culpas y pecados no entraban a prisión ni de visita. En cambio, los mafiosos abultaron el registro de huéspedes en “La Palma” y otras prisiones. Durante el último año brotaron tantas sorpresas como descuajaringues en el PAN. La Procuraduría General de la República desapareció la FEADS, pútrida fiscalía especial. Sus impúdicos policías estaban enmarañados con el narcotráfico y organizaban secuestros. Contrariamente la PGR no ha destejido ni al más desnutrido de los cárteles donde… también están sus agentes.

En el pasado ejecutaban a los comandantes y sub-delegados de la Procuraduría General de la República. No les perdonaron la vida. Unos, a la puerta de su casa o en la calle. A otros les iba mejor cuando los sorprendían en tan asquerosa faena. Nada más eran cesados sin castigarlos según la ley. Entonces agarraban sus cositas y se iban a otra institución o ciudad. Sin problemas causaban alta. Nadie se fijaba si tenían malos antecedentes. Bastaba su palabra o la recomendación de cierto mafioso o político y punto.

En el 97 hubo una racha de la milicia incrustada en la PGR. Detuvo a los policías secuaces de los capos y a los hombres claves de la mafia. Fue de menos a más. Sorprendió la detención en Tijuana de un general entretejido con los mafiosos. Siguieron con Everardo “El Kitty” Páez y Amado Cruz. Luego el divisionario Gutiérrez Rebollo fue noticia de impacto y tema peliculesco. Continuó el asombró con la soldadesca arrestada en Guamuchilito y el enjaulamiento de dos generales. Eso aparte de atrapar a “El Beto” Quintero en Veracruz.

Hombre clave del Cártel del Golfo. Y a sus compinches “El Metro” Alcides en Quintana Roo, su jefe y ex gobernador Mario Villanueva, “El June” en Tamaulipas. Aparte a Ismael Higuera “El Mayel” en Ensenada. Jesús Labra “Don Chuy” y para no seguirle, Enrique Harari Garduño en Tijuana. Todos en la escala primaria del narcotráfico.

Mientras tal sucedía los policías se mataban entre ellos. Unos al servicio del narcotráfico y traicionando a sus compañeros. Fue dramático cómo asesinaron a don José Patiño, honesto Agente del Ministerio Público. Perseguía a los Arellano. Por eso hombres de la PGR lo secuestraron, torturaron, mataron y tiraron al fondo de un barranco.

Después otros agentes operaron por su cuenta. Entraron al secuestro. Se echaron millonadas a la bolsa convirtiéndose en delincuentes y autoridad. Siguieron con el soborno a mafiosos utilizando oficinas federales. Asaltaron desamparados. Quién sabe cuántos infelices ejecutaron.

También bloqueaban investigaciones sobre la mafia. Informaban de todos los planes oficiales a los capos y malinformaban a la prensa. Cubriéndoles así frente, flancos y retaguardia. Ahora, el Ejército los descubrió y detuvo. La PGR arraigó, luego consignó y terminaron encarcelados. Por lo menos una docena están por completar ese tránsito. Viven en las famosas “casas de seguridad”. En esta nómina hay federales, estatales y municipales.

La captura más importante fue hace casi un año: Benjamín Arellano Félix. Desde entonces nada de gran jerarquía. Joaquín Guzmán Loera va para dos años de su fuga. A los Carrillo Fuentes no les encuentran. “El Mayo” Zambada es invisible. Osiel Cárdenas Guillén, que se suponía sería el más fácil de apañarlo, sigue siendo el rey en el Golfo y desde Nuevo Laredo. Decían de los Arellano “…fácil caerán” luego de morir Ramón y encarcelado Benjamín. Pero ya van dos veces que se les escapó Francisco Javier “El Tigrillo”. Eduardo, Enedina y demás son intocables en Estados Unidos.

En este alrevesado mapa polimafioso nace lo nunca visto: Los policías no tuvieron perdón de la justicia ni abogado que consiguiera su libertad. Antes debían por ley detenerlos, pero sin necesidad de un defensor ni siquiera llegaban a la entrada de la cárcel. Sus delitos eran enormes. Asesinatos probados. Torturas también. Robos no se diga.

Ahora los mafiosos han ganado en un año más juicios que en los últimos veinte años. A Jesús Héctor “El Güero” Palma fue preciso inventarle otro delito para no dejarlo salir del penal. Es que echó abajo todas las acusaciones y legalmente debía quedar libre. Ismael “El Mayel” Higuera está en “La Palma”. Pero fue favorecido por la justicia federal. Eduardo Arellano logró en los tribunales y sus hermanos también, la devolución de muchas residencias. La PGR se las incautó y hasta ocupadas estaban por vía del comodato.

El martes 25 Reforma y El Universal publicaron lo increíble. El primero: “Un juez federal en Baja California dictó ayer auto de formal prisión en contra de Italo Américo Ciani Carvajal, ex subdelegado de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) de la Procuraduría General de República”, con asiento en la Ciudad de Tijuana. El Universal: “Con el auto de libertad que dictó el 5 de febrero pasado el Poder Judicial Federal en favor de Benjamín Arellano Félix, queda cerrada la posibilidad de citar a declarar a ex funcionarios del pasado gobierno panista de Baja California, que de acuerdo con la causa 29/2002, de la que fue exonerado el presunto capo, son señalados como responsables de brindar protección y seguridad, incluso personal, al máximo jefe del cártel de Tijuana”.

Lo impresionante de tales noticias: El ex de la FEADS no tiene para cuándo salir del nuevo penal bajacaliforniano “El Hongo”. Y a Benjamín le borraron un cargo más. Cero y lleva cuatro juicios ganados al hilo. Nunca un acusado de narcotráfico ganó tantos amparos y procesos en menos de un año. Los hubo esperando eternidades para recibir sentencia. Sus abogados no podían apelar. Menos defender. Cualquier juez les taponeaba todas las salidas. Claro: Hubo otros mafiosos de menor escala que retornaron a la libertad. El soborno fue evidente. Pero hombres como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca o “El Güero” Palma, nada más no saldrán ni en brazos de un magistrado.

En el último auto de libertad concedido a Benjamín hay una sorpresa. Se salva legalmente el ex Procurador General de Justicia en el Estado, Licenciado José Luis Anaya. Resulta que el joven tijuanense Enrique Hodoyán Palacios declaró oficialmente cuando lo detuvieron: Antes de asumir el cargo en el Gobierno del Licenciado Héctor Terán Terán, Anaya pactó con los Arellano. Todas las facilidades al cártel. Con una sola condición “…no cometer homicidios ni secuestros para no ‘calentar’ la plaza”.

Los defensores de Benjamín resaltaron que “los testigos de oídas” no pueden ser considerados definitivos para iniciarle otro proceso, “…con lo cual se esfumó por cierto su figura como jefe de una amplia y bien estructurada red delictiva, de acuerdo con lo argumentado por sus abogados”.

Pero según El Universal Francisco Fiol Santana, Sergio Sandoval y Encinas Filatoff, “que formaban parte de la guardia personal del entonces Gobernador Ernesto Ruffo Appel”, prestaban sus servicios a los hermanos Arellano Félix. Todos ellos fueron citados por el Mayor Juan José Sánchez Gutiérrez, ex Director de la Policía Judicial del Estado, Juan Francisco Román Carrillo, Rafael López Cruz y Salvador Barba.

El auto de libertad concedido a Benjamín provoca varios escenarios muy de tomarse en cuenta: Uno.- Los jueces dictaminaron a su favor por temor a ser ejecutados como pasó con los magistrados en Sinaloa. Dos.- La Procuraduría General de la República presentó las acusaciones plagadas de errores. Tres.- Los abogados de Benjamín Arellano son muy capaces. No necesitan de soborno ni influencia. Solamente la fama de su cliente. Cuatro.- La política desvió el camino judicial. Para el joven Hodoyán sí fueron válidas sus declaraciones y lo sentenciaron. Pero resultaron inválidas en el caso de Benjamín. La carambola tuvo su efecto. En este sexenio foxista absolvieron fácilmente los grandes pecados de ex funcionarios panistas. Y cinco.- Sutilmente el Gobierno mexicano estaría retirando a propósito todos los cargos a Benjamín. Así se facilitará la extradición a Estados Unidos. Y allá no lo salva ni George Bush.

Así está ahora este alrevesado panorama. La limpia policíaca no alcanza la suciedad del gran narcotráfico. Dirigió la estrategia para capturar a los agentes de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), motivo por el cual fue desaparecida tal dependencia.

Promovió una intensa labor social a través de los conscriptos del Servicio Militar para mejoría de la ciudadanía. También fue clave en la recolección de armas.

Escrito tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas”, publicado por última vez en noviembre de 2008.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA/  JESÚS BLANCORNELAS/ LUNES, 7 MAYO, 2018 12:00 PM)

MÁS MUERTAS


A Sonia la mataron amaneciendo. Jueves 14 de agosto, 2000. Tenía 17 años. Hallaron su cuerpo hasta el día 20. Cercano a una vereda. No lejos del monte y afuera de la ciudad. Extensa huerta cerquita. Primero divisaron su livais ensangrentado. Al policía Cristóbal Toro se le metió la pestilencia y lagrimeó de tan penetrante. Por eso llegó hasta el cadáver. Estaba medio enterrado. Cómo que le echaron una bola de piedras con más desesperación y menos intención de tapar. Había otras regadas a su alrededor. Con sangre o pedazos de piel. Tal vez fueron movidas por tanto perro. Abundan allí. No tenía pantaletas. Camiseta levantada hasta los sobacos. Brassier destrozado. Clavícula izquierda fracturada. Mandíbula inferior casi despedazada. Muy claras huellas de ahorcamiento. Por eso tenía la tráquea rota. El cuerpo harto putrefacto. Es que durante los seis días, cuando estuvo a la intemperie, hacía mucho calor. Por lo menos 40 grados.

Sonia era muy bonita. Alta para su edad. Cuerpo bien formado. Grandes senos. Pelilargo azabache. Blanco el cutis. Cejas y ojazos negros. Mirada placentera. Naricilla achatada. Labios finamente delgados. Dicen que era muy simpática. Y por su porte atraía a los jóvenes, pero no tenía novio.

Anocheciendo pidió permiso para ir a la feria. Cuando el reloj marcaba inicio de madrugada, los padres dijeron “…de la tardanza solo se puede esperar tragedia”. Por eso avisaron a los policías. Nada más llegando encontraron celular, un zapato, el bolso y hasta limpio mechón de pelo. “Es suyo”, dijeron los parientes. Todo regado, casi llegando a casa. Una de dos: Su atacante no le dio oportunidad para gritar o el ruido de la feria ahogó su alarido.

Conocido el crimen, movió al recuerdo popular. Con Sonia ya eran cuatro chicas asesinadas alrededor de 30 kilómetros. Una, Rocío, tenía 19 años. También muy atractiva. Hermosa y alta. Igual, pelo largo, pero tirando a rubio. Iba de su casa a la vecina, separada unos 500 metros. Con otra coincidencia: Se preparaba para asistir a rumbosa feria. No sintió cuando un hombre la alcanzó y le pegó dos puñaladas. Arrastró su cuerpo desangrándose y en agonía. Lo dejó lejos del paso y vista acostumbrados. El matarife fue por un auto. Regresó. Se calculan cuatro horas. La encajueló. Debió llevarla a una cochera para desnudarla. Luego fue a tirarla. Pero antes la golpeó brutalmente. Los policías batallaron, pero encontraron el cadáver 24 días después. Al verlo totalmente desnudo y con las piernas exageradamente abiertas, notaron cómo fue salvaje y brutalmente golpeada. Casi destrozada. Lo primero que supusieron fue: Venganza pasional o celos. No tanto violación. Cerca y en una bolsa de plástico, la camiseta agujereada por puñaladas. Su demás ropa, celular y cuchillo no fueron encontrados.

Ana Elena, de 20 años, desapareció. Septiembre del 2000. Para variar, iba a la feria. También alta y muy hermosa. Igualmente de cuerpo harto atractivo. Cuentan de una mujer y dos hombres. Quisieron robarla y violarle. Al fin la mataron y jamás fue encontrada. Ese mismo año y por igual rumbo, desapareció María Teresa. Bella. Espigada. 18 años. Resaltaba su belleza porque siempre se arreglaba muy bien. En agosto 18, nueve y media de la noche, fue acompañada por su padre hasta la parada del autobús. Iría con sus amigos para divertirse en la feria. Jamás los vio ni regresó a su casa.

Me sorprendió el trabajo policíaco para buscar a Sonia. Nada más supieron de la desaparición, “cuadricularon” el terreno donde tantearon, podían hallarla. Un policía por cada división, con alguno o varios de los muchos voluntarios. Así no quedó lugar por revisar. Organizados, la encontraron. A muy contados permitieron acercarse a verla. Con una grúa levantaron cuidadosamente el cuerpo. Se trató de no borrar pisadas o rodadas de llanta. Ningún fotógrafo de prensa. Tampoco televisión. Luego llegaron los peritos. Cada uno a determinada faena. Fotos. Huellas. Ropa. Sangre. Objetos.

El jueves 28 de agosto tuvieron buenos resultados. Encontraron una colilla de cigarro. Con los restos de saliva en la boquilla supieron el ADN del fumador. También localizaron huellas de llantas. Luego dos descubrimientos inmediatos de los forenses. Pellejos en las uñas. Debió rasguñar y defenderse al ser atacada. Examinados tales restos, coincidieron con el rastro de la bachicha. Aparte, Sonia tenía un pequeño vidrio enterrado en un brazo. Espejo. Inmediatamente analizado y rápidamente descubierto. Parte de retrovisor. Auto Mazda.

Vino luego lo sorprendente. El ADN coincidió con otra colilla de cigarro. Misma marca y encontrada donde raptaron y apuñalearon a Rocío, cuatro años antes. Cuando el biólogo lo descubrió fue hasta donde su jefe: “Vengo temblando mi teniente coronel”. Y le explicó con detalle cómo un mismo hombre asesinó a las dos chicas. Los marcadores de ADN dieron 99.9996% de certeza. Todavía más: Cuando en 1999 mataron a Rocío, el asesino llegó en auto. Las llantas pasaron encima de la plasta sangre y tierra para dejar estampado su rodado. Idéntico al caso de Sonia.

Finalmente, suerte. Una mujer llamó a la policía. Vio a su antigua pareja en la feria. Cara rasguñada y ropa ensangrentada. Les dijo nombre, dirección y cómo es: Carácter tan violento que por eso lo abandonó.

El viernes 19 por la noche sintonicé la televisión a las once, tiempo del Pacífico. Me quedé sorprendido. La policía capturó al presunto asesino de Sonia y Rocío. Antes comprobaron cuatro cosas: Tiene un auto Mazda. El espejo retrovisor estaba roto. El rodado de llanta igualito a las obtenidas por los peritos. Y traía cigarrillos de la misma marca que las colillas. Sacaron al fulano esposado de su departamento. Vestía camiseta amarilla y shorts grises. Tenis blanco. Con una sudadera colgando de la cabeza, taparon el rostro. El sábado 20 vi su foto. Por lo menos 1.75 metros a 1.80 de estatura. Cuerpo de pesista. Cuello ancho, como defensa de fútbol americano. Güero. Pelo rubio y corto. Ojos azules. Cara de simpático. Bien parecido. A primera vista ni siquiera imaginar su maldad. Rápido analizaron saliva y sangre. Coincidió con ADN de bachichas. La policía ya no se sorprendió. Festejó. En otro lugar, el sospechoso declaró su doble crimen y se convirtió en autor material solitario. Ya domingo 21 declaró: Por lo menos violó a cuatro jovencitas más. La policía investiga si no las mató.

Todo esto lo vi en Antena 3TV, El País y El Mundo de España. Recordé a las damitas asesinadas en Ciudad Juárez. A los ministeriales de Chihuahua. Federal Preventiva. General de la República. Sucedió en Coin, localidad de Málaga. Tiene 20 mil habitantes y excelentes policías.

 Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado por última vez en septiembre de 2003

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA/  JESÚS BLANCORNELAS /LUNES, 30 ABRIL, 2018 12:00 PM)

¿QUIÉN?


Encontraron un chamaco muerto flotando boca abajo en algún canal hediondo. Luego descubrieron a otro desmadejado entre las arboledas. El tercero pegado a la cerca de un estacionamiento. Como los demás, tenía señales de porrazos y violación. Así, localizaron cuerpecitos y más cuerpecitos durante marzo del 81 en Atlanta. Según la policía 28 asesinados. Pero en la calle no creyeron en ese conteo oficial. “Fueron más de 60”. Aparte de la cantidad algo extraordinario: ningún joven. Todos niños de color y residentes en barrios humildes. Fue cuando Atlanta tuvo su primer alcalde negro. La obcecada muina de los blancos era parte del racismo enquistado. Todo mundo tanteó, esos fueron los ingredientes para alentar a los perversos cometer tanto crimen. Venganza. Coraje. Era harto sabido. Pero nadie aceptó hablar con la policía. Los blancos por gusto y los negros por miedo.

Los detectives dirigidos por rubios buscaron victimarios y motivos con ganas de no encontrar nada. La razón de su desidia no necesitaba un letrero para identificarla. Pero ante la presión de la prensa, de pronto arrestaron al joven Wayne Williams. Negro larguirucho, así como para basquetbol, nariz achatada, pelo afro y no más de 30 años. Fue indudablemente martirizado y obligado a declarar asesino y violador de dos niños. Le inventaron todo. Hasta trastornado mental sin dictamen médico. Y dieron a entender que era el autor de todos los crímenes. Nada más no se los achacaron porque eran demasiados para una sola persona. Y aparte, suponiendo sin conceder que así fuera, de hecho hubiera puesto en ridículo a la policía por incapacidad. La prensa, también dirigida por blancos, se volcó en calificativos despectivos y “puso de su cosecha” para agregar culpabilidad al detenido. Por eso cuando el joven fue llevado a la Corte, el jurado no pensó dos veces, lo mandó derechito a prisión y para toda la vida.

Pero como hubo un gran escándalo, de todos modos fue nombrado un fiscal especial. Resultó peor que Chapa Bezanilla en el caso Colosio. Coordinó 14 grupos de policías. Le auxiliaron comandancias de cinco condados donde aparecieron los cadáveres. De pilón hasta llegó el FBI. Hubo tanta participación que al final de cuentas cada quien jaló para su lado y aquello terminó en un desbarajuste. Tantos en la tarea y no encontraron el mínimo rastro de otros asesinos. Eso sí, mucho alboroto. Torrente de noticias.

Diez años después, dos periodistas de la revista “Spin” de Chicago recibieron información privilegiada del caso. Les llamó la atención. La estudiaron y decidieron trabajarla. El editor y un reportero cayeron en Atlanta. Llegando-llegando, se dieron un topetazo. La policía no les contó ni una de vaqueros. Les dieron pistas falsas y hasta los amenazaron de muerte. Una vez a medianoche en carretera despoblada, no pudieron ver a sus atacantes. Otra en su hotel. Pero ni desandar ni altos. Aun existiendo dificultades entre ambos por el propio trabajo descubrieron todo. Su publicación obligó reabrir el caso en 1991. Demostraron sin discusión al Ku Klux Klan como el grupo donde se planearon los crímenes. Identificaron inclusive a los asesinos. Atlanta soportó el escándalo. A los blancos les dio el patatús y a los negros por bailar. Se aclaró que Williams no fue culpable pero se amacharon. Continúa prisionero. Ya peina canas y usa lentes. Todo esto fue dramatizado en una película titulada “¿Quién mató a los niños de Atlanta?”.

Casi lo mismo dicen en Italia: “¿Quién mató a Marta Russo?”. La excelente reportera Lola Galán escribió en El País español que la pregunta no se trata del título de otra película de misterio. Se oye por todos lados desde el 6 de diciembre. Ese día el Tribunal Supremo anuló la sentencia por asesinato contra dos jóvenes. Rapidito les cuento el caso: Martha Russo era estudiante de la Universidad La Sapienza. Tenía 22 años. Una vida “sin misterios ni sombras”. El 9 de mayo del 97 iba por una callecita del campus. Iba leyendo muy quitada de la pena. De pronto un balazo perforó su cabeza y murió. Puntería de experto. El tiro salió desde una ventana del Departamento de Filosofía del Derecho. Prensa, radio y televisión magnificaron la noticia. Presionaron a las autoridades. Un par de estudiantes capturados. Solo porque una mujer los vio pasar cerca de la ventana desde donde fue el disparo. Además, dijo que uno de ellos metió mano rápidamente a su bolsa y supuso que estaba escondiendo el arma. Para remachar en la suposición y no los hechos, la policía reforzó su acusación. Descubrió que los jóvenes poco antes del crimen discutieron en clase sobre la realización del crimen perfecto.

Durante el juicio brotaron dudas. Hubo división de opiniones y tal como pasa muy seguido en este país, se politizó el caso. La izquierda a favor de los acusados. La derecha, duro con ellos. Hasta que llegó la sentencia el primero de junio. Estaba en rejuego el reclamo de los periodistas. El juez perdió el equilibrio y los jurados también: Ocho años de cárcel para Salvatore Ferraro que según eso disparó y cuatro a Giovane Scatonne por complicidad. Los jóvenes, conocedores del derecho, se inconformaron por el fallo defendiéndose. Tras mucho papeleo varios años, el Tribunal Superior estudió detalle a detalle y anuló la condena. Su argumento único y sólido. Las pruebas para acusar a los universitarios “son escandalosamente inconsistentes”. Giovane y Salvatore fueron liberados. Por eso los italianos se preguntan “¿Quién mató a Marta Russo?” igual que en Atlanta “¿Quién mató a los niños?”.

Lo mismo dicen hace meses: “¿Quién mató a las mujeres de Boston?”. Esta es otra historia verdadera. Albert de Salvo confesó el estrangulamiento de 12 mujeres entre 1962 y 64. Raterillo desde niño, hipersexual y revoltoso encajaba perfectamente como sospechoso. Rápido, la gendarmería lo entabicó. Lo curioso: Albert no negó nada y hasta dijo que antes de violar y ahorcar a las chicas les pegaba mordiscos en cuello, brazos y senos. Llegó en 1967 a la Corte. Cadena perpetua. Hace años murió. Ahora se supo. De Salvo se echó la culpa para escribir un libro y así dejar dinero a su familia. Pero el sábado 8 de este diciembre una crónica en El País me dejó pasmado. Pruebas de ADN en cadáveres de víctimas y victimario demostraron: De Salvo no fue el asesino. Las muertas no tenían mordiscos. No fueron ahorcadas con las manos sino con un cordel o alambre. Pero lo más contundente: El semen encontrado en una damita asesinada, no corresponde al de Albert. El dictamen fue del médico forense James Star de la Universidad George Washington. Por eso en Boston se preguntan como en Atlanta e Italia “¿Quién las mató?”.

Leyendo sobre todos esos casos verdaderos y comparándolos con el tan especial más cercano vale preguntar “¿Quién mató a las mujeres en Ciudad Juárez?”.

Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado por última vez el 18 de diciembre de 2001.

(SEMANARIO ZETA/ Dobleplana / Jesús Blancornelas /Lunes, 23 Abril, 2018 12:00 PM)

TRES AÑOS (38 AÑOS)


Amenazas y persecución policiaca acompañaron a ZETA cuando nació hace tres años. Un agente de la Judicial del Estado detuvo el viernes 11 de abril de 1980, momentáneamente, a nuestro co-Director Héctor Félix Miranda cuando regresaba de San Ysidro, California y recién cruzó la línea internacional.

El polizonte revisó la cajuela de su automóvil con la intención de confiscar los primeros ejemplares de ZETA que, sabían, se imprimieron en Estados Unidos. Pero su olfato detectivesco le falló. Héctor Félix Miranda no traía ni un solo ZETA. Y, claro, no hubo más remedio que dejarlo en libertad. Como siempre, lo querían tras las rejas, y como siempre, siguió libre.

Un par de agentes más fueron comisionados aquel día, a vigilar el domicilio de José Luis Viera –en ese entonces nuestro colaborador–, pensando que allá, en su casa de la Colonia Libertad, se imprimía y distribuía ZETA. Pero también les falló su corazonada policiaca.

Las oficinas de ZETA en el Fraccionamiento El Paraíso también fueron vigiladas por un dueto de detectives, lo mismo que el edificio de apartamentos donde vivía la familia de Jesús Blancornelas, pensando que ahí se distribuía ZETA como antes se hizo, con éxito, el ABC2. Pero la estrategia policiaca y el plan detectivesco de toda la Policía Judicial les falló.

Ese viernes 11 de abril de 1980, ya casi de noche, ZETA llegó por primera vez a las manos de los tijuanenses para reconstruir la comunicación que en ABC nos fue destrozada por la fuerza, la ilegalidad y la traición.

Burlados por la astucia de nuestros amigos voceadores, la impotencia de los agentes policiacos los llevó al absurdo de capturar al entonces Jefe de Circulación, Hilario López, para confiscarle los ejemplares. Pero fue inútil. Todos estaban ya en manos de los lectores.

Brutalmente en ocasiones, sutilmente en otras y desde ese 11 de abril de 1980 a la fecha, este gobierno de las familias De la Madrid, Romandía y Victoria, ha tapizado de obstáculos el camino de ZETA.

Antiguos colaboradores fueron sobornados, otros obligados a la traición, se desató el boicot publicitario, amenazaron a los anunciantes, se impidió el trabajo reporteril, se negó con burla y humillación la información, se persiguió a familiares y amigos, se nos inventaron delitos y hasta se llegó al absurdo de lanzarnos, como jauría, a la prensa toda. Se nos satanizó al máximo grado. Venturosamente, hemos salvado todos esos obstáculos.

Pocos, muy pocos estamos en ZETA quienes de ABC fuimos retirados ilegalmente en noviembre de 1979. Otros jóvenes se han sumado a esta modesta publicación. A todos ellos, pocos, nuestro homenaje público de agradecimiento.

El episodio que hemos vivido en los últimos tres años –y tú como nosotros, Lector– ha sido una lección. Una lección que nos ha enseñado las consecuencias el riesgo por ser libres. Una lección al gobierno de las familias De la Madrid, Romandía y Victoria, que experimentaron las consecuencias de reprimir, brutalmente, la Libertad de Expresión.

Como es costumbre en los demás periódicos, ZETA no se autofelicita en su aniversario. No recurre a esa práctica del chantaje de “pedir” a funcionarios, instituciones públicas, comercios e industrias, que nos feliciten por un año más de vida. Ese viejo, absurdo y denigrante recurso de obligar al parabién con signo de pesos y centavos no cabe aquí.

En ZETA celebramos este tercer año con mucho gusto, sí, pero también con la satisfacción de estar cumpliendo en la medida de nuestra capacidad, con la misión que nos hemos propuesto: Informar con veracidad y denunciar con pruebas.

No hemos salido a la calle para pedir que nos feliciten y que nos paguen por ello. Desde aquí, con mucha sinceridad, con el corazón en la mano, les damos las gracias a los bajacalifornianos todos que, comprando unos nuestro ejemplar y alentándonos otros, nos han ayudado de tales formas para arribar a este tercer aniversario.

Nada de lo que aquí se ha publicado, basados en hechos reales, ha podido ser desvirtuado por los funcionarios a quienes hemos señalado, más por sus fallas humanas, su descarada corrupción en muchas de sus formas. Delatando la corrupción llegamos al tercer aniversario de ZETA cuando está por terminar el sexenio gubernamental.

Los que hace tres años –de Roberto de la Madrid para abajo–, prepotentes e influyentes, quisieron echarnos de Baja California e impedir el periodismo nuestro están por irse. Se van. Y se van apestados. Algunos de ellos, es seguro, tendrán que abandonar el estado o tal vez el país para no ser encarcelados por sus desmanes. Nosotros, en ZETA, nos quedamos. Realidad y lección. Los gobernadores se van y vienen. Los periodistas se quedan.

Y si Dios nos lo permite, dentro de un año celebraremos otro aniversario más, Tú y Usted, Lectores, con nosotros.

Columna publicada por Don Jesús Blancornelas en 1983, bajo el cabezal de “Abezedario”, que sería preámbulo de Dobleplana.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA/  JESÚS BLANCORNELAS/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)

NARCO MATA CAMPAÑA


Era una costumbre tramposa en Baja California. Supongo continúa muy a la sorda. Me enteré en los años sesentas. Cualquiera candidato del PRI visitaba a directores de periódicos. Se trataba de llegar a un arreglo. Publicar todos los días foto y nota de su campaña. Hasta había tarifas: 50 mil dólares para el aspirante a gobernador. Garantizado: Aparecería en primera plana. Con la condición: Un día o dos en nota principal. Aparte cada semana por lo menos discreto anuncio pidiendo el voto. Los demás candidatos a páginas interiores: 20 a mil a cada amarrado en la senaduría. 10 mil si querían ser alcaldes. Lo más barato: 5 mil por cada pretendiente a la diputación. En este pacto no había contrato, orden de inserción y menos factura.

Normalmente el director del periódico se embuchacaba la dolariza. Le daba una migaja al reportero comisionado para seguir la campaña. Había otro camino. Si el candidato no tenía dinero firmaba letras de cambio. Debían ser avalados por un ricacho del PRI. Entonces el dueño del diario hacía una simple y muy entonces usada operación bancaria. Descontaba los documentos. Pero con vencimiento para cuando el comprometido ya estuviera despachando. Así este señor pagaba con dineros del gobierno.  Así le jugaban el dedo en la boca a la Secretaría de Hacienda. Cero impuestos. Ahora casi diariamente publican notas de precandidatos a diputados federales. Todas “recibiendo apoyos unánimes”. Por eso me imagino: La costumbre tramposa sigue. Se presentan como notas y el Instituto Federal Electoral no tiene forma de comprobar.

A fines de los años setentas tuvimos nuestro primer periódico. Y sin buscarlo fue primero un representante personal del candidato a Gobernador, Roberto de la Madrid. Al preguntarnos cuánto le cobraríamos, la respuesta fue “nada, absolutamente nada”. Advirtiéndole: “asignaremos reportero y fotógrafo. Nada más denles facilidades”. El hombre se sorprendió. Me felicitó “por su independencia”. Y simplemente le aclaré: “Los actos de interés público no se cobran”. Pero eso sí le dije: “Cuando Ustedes quieran publicar algo por su cuenta aparecerá con un marco negrito alrededor y la leyenda Inserción Pagada”. Total, la campaña empezó y el primer día fue noticia. La destacamos. Pero los siguiente o era una copia del discurso inaugural o simplemente algo sin interés. No tenía caso nota ni foto. O cuando mucho había alguna pequeña mención sobre la repetición. Entonces fue a verme el representante del candidato: “Oiga, no están publicando nada. Mire, los demás periódicos”. Y con el índice me enseñó la crónica en primera plana. Mi respuesta fue simple: “Mire, el candidato no ha dicho nada interesante. No es noticia su discurso. Cuando diga algo importante seguramente aparecerá en la portada”. Ya no dijo nada. Se fue.

Lo recuerdo a propósito de las campañas presidenciales. Andrés Manuel López Obrador dice un día y otro también: “Funcionará un ‘tren bala’ desde México. Si lo anuncia en Tijuana asegura que llegará hasta Baja California. Al visitar Sonora le cambió: “Tren bala hasta Nogales”. Luego sobre el narcotráfico lo toca de pasadita: “Reforzaremos al Ejército”. Pero no dice dónde y cómo terminará la Procuraduría General de la República. Menos la Agencia Federal de Investigación. La subprocuraduría sobre delincuencia organizada. Policía Federal Preventiva y los oficiales que ni siquiera han cambiado de uniforme y siguen operando como federales de caminos. Naturalmente todos los días critica a Fox.

Felipe Calderón Hinojosa anda por las mismas: “Me voy a convertir en la pesadilla del narco menudeo”. Pero no toca a los Arellano, “El Chapo”, Carrillo Fuentes, “El Mayo” Zambada y satélites. No enchufa eso con otro tema muy repetido: “Vamos a depurar cada cuerpo policiaco”. Los acusa de secuestradores y alcahuetes de narcotraficantes. Siendo realistas. Si entrando empieza a correr agentes tramposos, se tardará mucho. Un ejemplo: Ernesto Ruffo cuando era Gobernador de Baja California me dijo un día. Ya en el cuarto año de su administración: “No me lo vas a creer. Hasta ahorita voy agarrando las riendas de la Policía Judicial”.

Roberto Madrazo anda por las mismas: “Vamos a bajar las tarifas de electricidad y el precio de la gasolina”. Cuando lo escucho pienso: Habla por hablar. Está como el viejo cuento de aquel candidato cuando llegó a un pueblo: “…y también les vamos a construir un puente”. Alguien le corrigió diciéndole. “Aquí no hay río”. Entonces se soltó la puntada: “También les traeremos un río”. Para combatir al narcotráfico anuncia una policía nacional cuando ésas sobran. Total. Repite y repite. Igual como el Comandante Zero en “La Otra Campaña”. Pura cantaleta. No le quita el guante de la cara a López Obrador. Le tunde al PRI y al PAN. Pero pura palabrería. Por eso la tropa periodística no lo toma en cuenta.

Pero hay otro fenómeno. Los vemos todos los días. En cada telediario brotan noticias que calan mucho. Miles de mexicanos se fijan más en esas y hacen poco caso a las reseñas de los candidatos: Ni Madrazo, Felipe o López Obrador lograr atraer como el súper túnel de narcotraficantes en Tijuana. Construido indudablemente por profesionales. Operando desde hace casi un año. Por lo bien hecho y de broma dicen en Tijuana: Deberían acondicionarlo bien para utilizarlo como una garita peatonal más. Inclusive el conductor le da más tiempo a este hecho y no al político. A la siguiente noche estremecen a la pantalla y televidentes más ejecuciones en Nuevo Laredo, Sinaloa y Baja California. Se quedan asombrados.  Luego el periodista Joaquín López Dóriga recuerda a “El Chapo” Guzmán: Hace cuatro años de su fuga y todavía no lo capturan. Las noticias sobre el narcotráfico siguen: La terrible balacera en Acapulco. Increíble en el lugar, hora y forma. Disparadero como si estuviéramos en Irak. Ni siquiera Colombia, Perú, Nueva York, Los Ángeles, Chicago o España han tenido algo parecido.  Y hasta los decomisos de droga llaman más atención. Ya la quisieran los candidatos. Total, las noticias del narcotráfico está matando las campañas. Es triste. Nunca había sucedido en la historia de este país. Por eso al escuchar candidatos me recuerda a don Vicente Lombardo Toledano cuando criticó al Senado de la República: “¿Qué hacemos con el Senado? ¿Lo alquilamos? ¿Lo vendemos?…

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA / JESÚS BLANCORNELA/ LUNES, 9 ABRIL, 2018 12:00 PM)

LA CONSTRUCCIÓN DE UN GASODUCTO GENERA VIOLENCIA EN UNA COMUNIDAD YAQUI


Habitantes de Lomas de Bácum, Sonora, acusan que la obra no ha llevado desarrollo a su pueblo, sino muerte y confrontación entre indígenas.


Cuartoscuro Archivo

 Esta vez la violencia en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, cuyos habitantes se oponen a la construcción del gasoducto Sonora, empezó con la quema de un trigal y terminó con el asesinato de un joven de 18 años, y el incendio provocado de varios vehículos y casas.

“Un joven, de los cholos de la comunidad, le prendió fuego a un sembradío que está en renta. Las autoridades tradicionales de Loma de Bácum lo detuvieron y lo llevaron ante el ministerio público –cuenta Anabela Carlón, abogada y habitante de este poblado yaqui– pero el afectado no quiso proceder con la denuncia para no tener más problemas. Entonces dejaron ir al muchacho, pero continuaron las agresiones por parte de él y su grupo (cinco familias, que están a favor del gasoducto Sonora al que el resto de la comunidad se opone), nos gritaban insultos y majaderías”.

“En la comunidad no queremos tener gente así –dice Carmen García, otra de las pobladoras yaquis que se opone al gasoducto-, ya les habíamos dicho desde antes que se fueran, y no se iban, pero tampoco se comportaban. Así que, el 30 de abril pasado, fuimos varios a decirles a sus casas que se marcharan. Ni nos dejaron hablar. Nos recibieron a balazos y uno le tocó a mi primo (Víctor Adolfo Molina Vázquez), de 18 años, que murió al otro día en el hospital”.

Mientras en la comunidad, casas y vehículos pertenecientes a las personas que se oponen al gasoducto fueron quemadas por lo que, durante la misma noche de la gresca, varios de sus pobladores huyeron a Lomas de Guamúchil, otro pueblo yaqui.

El secretario de gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, declaró a medios de comunicación que la disputa entre pobladores de Loma de Bácum no tiene nada que ver con el gasoducto y que en realidad eso tiene que ver con un trasfondo político que se va a investigar.

UN POCO DE CONTEXTO

El gasoducto Sonora es un megaproyecto de 835 kilómetros ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del Pacífico mexicano. El primer tramo Sásabe-Guaymas está integrado por un gasoducto de 505 km. El segundo, Guaymas-El Oro, tendrá 330 km. La empresa a cargo es Infraestructura Energética Nova (IEnova), la filial mexicana de la estadounidense Sempra Energy, que ha invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

El segmento Guaymas-El Oro contempla una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu yaqui y ocupará una franja de 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendrá el control durante 30 años. De los ocho pueblos que conforman la tribu, siete dieron ya su consentimiento para que el gasoducto se construya en su territorio.

Loma de Bácum, en cambio, negó el permiso e interpuso un amparo ante un juez federal, en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, que ordenó la suspensión de la obra, desde abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa IEnova, acusan los pobladores, no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos.

Los habitantes de esa comunidad en desacuerdo con el gasoducto dicen que lo rechazan porque no hubo una consulta abierta a toda la tribu para aprobarlo. “No hubo una consulta general, no hubo un consenso. Apartaron a las autoridades de los otros siete pueblos, se los llevaron a hoteles y pollerías y ahí les dieron el dinero. Pero las comunidades en realidad no quieren la obra”, afirma Carmen García.

Raquel Padilla Ramos, investigadora del Instituto Nacional de Antropología, quien se ha dedicado a estudiar la historia y la cultura del pueblo yaqui, avala lo dicho por Carmen. La historiadora comenta a Animal Político que “siete de los ocho pueblos firmaron el consentimiento para el gasoducto, pero eso no significa que las comunidades están a favor del proyecto. En general, la tropa yoemia, es decir las familias yaquis, no están de acuerdo pues no fueron bien informados o de plano no fueron informados”.

La abogada Anabela Carlón afirma que han hablado con gente de base de los otros pueblos y “nos dicen que no están de acuerdo con el gasoducto, pero que no pueden hacer nada porque sus autoridades ya no los toman en cuenta”.

NO LES HEMOS PEDIDO NADA

Carmen García asegura que los gobernantes de los otros pueblos aceptaron solo por el dinero que les iban a pagar, un peso con treinta centavos por cada metro cuadrado de tierra, que en total da 7 millones de pesos para cada pueblo, por rentar sus terrenos a IEnova por 30 años.

“No sabemos si los gobernadores de los otros pueblos hicieron un análisis, pero nosotros en Loma de Bácum sí analizamos el contrato que querían que firmáramos, es por 30 años la renta, ¿qué renta es por 30 años? ¿Cómo se puede rentar algo por tanto tiempo? Eso es una venta, y nos querían pagar 1.20 pesos por cada metro cuadrado, pero a nosotros no nos importa el dinero, nuestro territorio es sagrado”.

Carlón completa la explicación de por qué no quieren un gasoducto en sus tierras. “Nos han dicho que nos oponemos al desarrollo, pero ¿al desarrollo de quién? Si ese gas no es para nosotros. No, nosotros no vamos a tener ningún beneficio de eso y no les hemos pedido que traigan nada. Nosotros no somos pobres, tenemos nuestra tierra, y sembramos, cazamos, tenemos nuestras plantas medicinales. De qué nos serviría el dinero sin nuestro territorio, se nos acabaría y pasaríamos a ser parte de los cinturones de miseria de una ciudad”.

Además, las dos yaquis dicen que su comunidad teme a las explosiones que podría provocar el gas. Algo que parece no ser una paranoia. La infraestructura de IEnova ya ha tenido accidentes.

Pese a lo anterior, César Cota Tórtola, capitán del pueblo de Cócorit, ha declarado en medios de comunicación que los habitantes de Loma de Bácum se oponen al gasoducto porque asesores externos, como Rodrigo González Enríquez, doctor en Ciencias de la Tierra y académico del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) los han mal informado. “Ellos son los que generan este problema, cuando es un asunto que compete solo a la tribu yaqui, pero por intereses, gente externa, asesores se inmiscuyen y ocasiona todo esto”.

LO QUE HA DEJADO EL PROYECTO

Hasta ahora, los yaquis de Loma de Bácum dicen que el gasoducto solo ha llevado tres cosas a su comunidad: la división, la violencia y los muertos. Primero, dicen, toda nuestra comunidad estaba de acuerdo en rechazar el gasoducto, luego un grupo de cinco familias cambió de opinión y se pronunciaron a favor, junto con los otros siete pueblos. “A esas familias las compraron también. Les dieron dinero y camionetas”, denuncia Carmen.

Ante el desacuerdo interno, la violencia se desató. Luego de la orden judicial para suspender la obra por la falta de consenso entre los ocho pueblos yaquis para autorizar el gasoducto, las familias de Loma de Bácum a favor del proyecto intentaron destituir a las autoridades tradicionales y cambiar al gobernador.

El 21 de octubre de 2016, cuando la mayoría de la comunidad se encontraba en asamblea, los disidentes, acompañados de integrantes de los otros pueblos yaquis, principalmente de Lomas de Guamúchil, “llegaron hasta la comunilla (donde se reúnen los Yaquis para sus asambleas) y quisieron imponernos otro gobernador, que estuviera a favor del gasoducto, como en un golpe de estado”, explica Carlón. Los yaquis se agredieron entre sí: volaron piedras, salieron machetes y se oyeron balazos. En la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos y 12 autos incendiados.

“A mi esposo (Fidencio Aldama) lo culparon del homicidio de Cruz, y lo sentenciaron a 15 años. Los mismos testigos de ellos señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una pistola calibre 45 y al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía la pistola porque es de la vigilancia, de la guardia, pero él no mató a nadie, lo agarraron a él porque mi mamá (Francisca Vázquez) es la que habla en las asambleas por las mujeres y acusaron a mi marido para que ella y yo nos enfoquemos en su defensa, pero no, aun así vamos a seguir en la lucha por lo del gasoducto”.

Ahora, los pobladores de Loma de Bácum temen otro ataque mayor. Carmen García asegura que amigos de los otros pueblos la han alertado sobre eso. “Me marcaron y me dijeron que César Tórtola, el capitán de Lomas de Guamúchil, anda en las calles buscando cholos (drogadictos) y les ofrece dinero para que vengan con él a atacarnos. Puede suceder otro 21 de octubre”.

(ANIMAL POLÍTICO/ ANDREA VEGA (@eandreavega) /MAYO 8 2018, 08:01)

CONTABILIZAN 80 CUERPOS EXHUMADOS... DE LOS 350. ESTIMAN PODER ESTABLECER SU IDENTIDAD


Se han recibido 56 denuncias y se han practicado 120 pruebas ADN


AVANCES. Un total de 80 cuerpos han sido exhumados durante las primeras 3 semanas de trabajo.

Miguel Alemán, Tam.- Un total de 80 cuerpos han sido exhumados durante las primeras 3 semanas de trabajos que realizan peritos expertos en el Panteón Municipal "Unidos por el Recuerdo" de esta localidad fronteriza, de los cuales solo 48 han sido inhumados en los nichos de la nueva fosa ministerial y el resto aún se encuentran en proceso de análisis a bordo del camión de Servicios Forenses con refrigeración.

Lo anterior fue revelado por autoridades ministeriales que también son encabezadas por la Fiscal Especializada de Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, quien fuera comisionada por el titular de la PGJE, Lic. Irving Barrios Mújica.

En ese sentido, también se logró establecer hasta el momento, únicamente se han recibido 56 denuncias en las mesas de trabajo de los 3 Agentes del Ministerio Público que vienen laborando.

Así mismo, se han practicado 120 pruebas de ADN a igual número de personas con familiares desaparecidos, las cuales se consideran como muy pocas, en relación al número estimado de cuerpos de víctimas que se tienen depositados en el Panteón Municipal "Unidos por el Recuerdo" de esta ciudad.

APORTAR ADN

Por su parte, las agrupaciones de colectivos procedentes de Reynosa, Laredo, Matamoros, San Fernando, Mante y Victoria, siguen exhortando a todas las personas que tengan familiares desaparecidos para que acudan cuanto antes al panteón, a fin de presentar las denuncias correspondientes y aportar las muestras de ADN para poder continuar con este proyecto del Gobierno del Estado, el cual está siendo financiado en parte por el país de Alemania.

"Es muy importante que vengan a poner sus denuncias y aportar sus ADN, porque si no lo hacen, no habrá ninguna manera de que puedan recuperar los cuerpos o restos de sus familiares que se encuentran en calidad de desaparecidos", refirió una de las activistas que se mostró muy preocupada por la poca afluencia que se ha tenido, ante el temor que existe por la inseguridad que hay en carreteras, así como de que se les investigue.

"Sabemos que la situación económica también está muy difícil para trasladarse desde otros estados e incluso países, pero es necesario que se presenten para poder identificar a sus seres queridos y que de una manera u otra, se les brinde una cristiana sepultura", indicó otra de las activistas procedente de San Fernando.

(EL MAÑANA DE REYNOSA/ HERIBERTO RODRÍGUEZ/ 08 / MAYO / 2018)

“EL CHAPO” YA NO QUIERE SER PARTE DEL ESPECTÁCULO


La defensa solicitó el cambio de sede del juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera

Estados Unidos.- La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán solicitó al tribunal federal en Nueva York donde se tramita su caso por narcotráfico que el juicio, previsto para septiembre, sea trasladado de jurisdicción al distrito de Manhattan, también en esa ciudad, o a Pennsylvania.

La petición, presentada con fecha del domingo y que figuró el lunes en el registro del tribunal para el distrito Este de Nueva York en Brooklyn, se basa en que las extremas medidas de seguridad para transportar a Guzmán Loera desde la cárcel metropolitana en Manhattan, donde está desde que fue extraditado, hasta la corte de Brooklyn tendrán efecto negativo en el jurado.

“El Chapo” ya no quiere ser parte del espectáculo. Foto: AP
Argumenta además que esas medidas del gobierno han generado un excesiva atención de la prensa al caso desde que Guzmán fuera extraditado a EEUU, el pasado 19 de enero.

De acuerdo con el reclamo, Guzmán es trasladado en un convoy compuesto por múltiples vehículos, entre ellos algunos coches rotulados de la policía, una ambulancia, entre otros.

La defensa esgrime además que la cárcel en Manhattan es rodeada por agentes que usan chalecos con insignias de la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional y la policía de Nueva York, entre otros.

Muchos de ellos, agrega, visten ropa militar y portan pistolas así como armas de asalto. Además, el puente de Brooklyn es cerrado para el paso del convoy.

Según el documento, esta situación ocurre cada vez que Guzmán tiene una audiencia en el tribunal, de las que ya se han realizado siete, y cuando es regresado a la prisión en Manhattan.

Recuerda que los cargos contra Guzmán no están particularmente vinculados con el distrito federal en Brooklyn y que tiene otros pendientes en la cortes de Manhattan, jurisdicción donde está la cárcel metropolitana, California, Illinois, Texas, New Hampshire y la Florida.

La defensa argumentó al tribunal que un juicio justo está garantizado por la Constitución y basado solo en la evidencia que sea presentada durante ese proceso.

Recordó igualmente que el Tribunal Supremo del país ha señalado cómo medidas de seguridad que han sido tomadas para controlar a acusados en otros casos citados por la defensa han podido erosionar la presunción de inocencia.

La defensa señala al tribunal que el juicio de Guzmán puede llevarse a cabo en la corte de Manhattan, adyacente a la cárcel, lo que permitiría su traslado seguro desde y hacia la prisión sin la necesidad del "discriminatorio espectáculo" del convoy de vehículos armados y el cierre del puente Brooklyn.

Señala que el caso también puede ser transferido al distrito Este de Pensilvania, ya que el centro de detención federal cuenta con una unidad con los requisitos para albergar a Guzmán, quien podría ser trasladado desde allí a través de un túnel que conecta con el tribunal.

Salud mental del "Chapo" se deteriora, según su abogado
"Así, un remedio para las prejuiciadas medidas de seguridad asociadas con el transporte de Guzmán pueden ser atendidas transfiriendo el caso al distrito sur de Nueva York o el Este de Pensilvania" y tenga así un juicio justo, reitera la moción.

La fiscalía contestará a esta moción para el 15 de mayo y la defensa podrá responderá a esos argumentos para el 22 de mayo, según lo acordaron las partes.


(EL DEBATE/ AVATAR DE EFE/ 08 DE MAYO 2018 • 09:31 HS)

PRESUNTO “COBRADOR” DEL CAF VIAJABA EN CARRO ROBADO CON ARMA Y DROGA EN TECATE


Elementos de la Policía Ministerial Zona Tecate, del Ejército y de la Marina recuperaron un vehículo robado, decomisaron un rifle, cartuchos y droga luego de una persecución en la colonia Escudero en Tecate.

Como parte del operativo Cruzada por la Seguridad en las colonias con mayor incidencia delictiva, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y elementos de las fuerzas armadas, observaron un vehículo gris que circulaba a exceso de velocidad, de acuerdo a una ficha informativa dada a conocer por el Grupo de Coordinación.

Sin embargo, al marcar el alto al conductor, éste se dio a la fuga para después abandonar el vehículo. Aunque los elementos buscaron al hombre en los alrededores, no dieron con él.

Cuando  verificaron la serie del vehículo marca Mazda RX8 en C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), el resultado arrojó que contaba con reporte de robo en el Municipio de Tijuana.

Además, al realizar la inspección en el interior del vehículo, se localizó una bolsa con cinco kilogramos de marihuana, un rifle y 13 cartuchos útiles de color rojo.

De igual forma, había sido dejada una copia de una licencia de conducir a nombre de Irving Ernesto, de acuerdo con la información oficial quien se cree iba en el vehículo robado y en posesión del arma de fuego y los cartuchos.

Al comparar el nombre que aparece en la licencia de conducir con el archivo periodístico de ZETA, podría tratarse de Irving Ernesto Santana Domínguez, alias “El Flaco”, quien en 2012 fue detenido en Tijuana por “cobrar plaza” a un empresario a nombre del Cártel Arellano Félix.

Irving Ernesto, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Municipal de Tijuana, en aquel año se identificó ante sus víctimas como colaborador de Luis Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, quien fuera líder del Cártel Arellano Félix (CAF) para exigir entre 10 mil y 5 mil dólares a varios empresarios, entre ellos, al propietario de un negocio en la delegación La Mesa.

De no recibir el dinero, el joven en aquel entonces de 26 años amenazó con asesinar al empresario y hacer daño a su familia. No obstante, fue detenido y consignado al Juzgado Penal por el delito de extorsión.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ MARTES, 8 MAYO, 2018 07:15 AM)

NO VAN A ENTRAR EN CARAVANA NI ESTAMPIDA A NUESTRA FRONTERA: FISCAL DE EU


San Diego, CA.- Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, visitó la frontera San Diego-Tijuana, donde hace una semana llegaron los integrantes de la Caravana Migrante a pedir asilo, para asegurar “las personas no van a entrar en caravana ni estampida a nuestra frontera” y anunció que se aplicará una política de cero tolerancia en la que a toda persona que ingrese de manera indocumentada a la Unión Americana, se le fincarán cargos penales y serán procesados por el Departamento de Justicia.

El miembro del gabinete de Donald Trump se hizo acompañar por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan y el fiscal federal en el Distrito Sur de California, Adam Braverman en la conferencia de prensa que rindió esta tarde frente al muro que separa a ambos países.

A unos metros, se realizó una protesta de lado mexicano, en Playas de Tijuana, con música de banda y un papalote con el mensaje “Parques, No Muros”. De lado estadounidense, durante la rueda de prensa, un activista identificado como William Johnson, logró burlar el fuerte dispositivo de seguridad en el área e interrumpió el discurso de Sessions.

A través de un megáfono gritó: “¿Por qué estás aquí? Vete. No te queremos en nuestro condado, no te queremos en nuestro estado ¿Vas a separar familias? ¿Por que estás haciendo esto? ¿Tienes corazón? ¿Tienes alma? ¿Por qué trabajas para esta administración? Eres un hombre malvado. Este muro no tiene sentido, es racista, es una pérdida de tiempo” hasta que fue acompañado fuera del área por personal de gobierno.

Durante su discurso, Sessions negó que se esté separando a familias migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo como parte de una nueva política migratoria, ya que aseguró esto se hace como parte del protocolo de ICE.

De acuerdo con el fiscal general, cuando un menor ingresa con un adulto, personal migratoria debe comprobar primero que efectivamente se trata de familiares y no de víctimas de trata. En caso de que no tener vínculos familiares, entonces se separan. El segundo motivo de separación se debe a que el adulto esté sujeto a proceso penal.

“Con la política de cero tolerancia, seguramente vamos a ver más casos así (de separación familiar)”, añadió el director interino de ICE.

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(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 7 MAYO, 2018 03:01 PM)