La región de Tierra Caliente de Guerrero es
eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la
delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en
complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades
económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para
es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso
impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de
empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que
haga valer el estado de derecho.
CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo
de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la
delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia,
resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en
los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas
las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.
A una semana de los hechos de
rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local
Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la
línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a
pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.
Al respecto, la
administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las
autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la
autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera,
para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.
De acuerdo con los reportes
oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se
metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia,
para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800
saqueadores.
Siete horas después del
comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y
soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el
gobierno de Astudillo.
Otro asunto que refleja el
problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre
organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada
Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo
delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios
locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de
Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana.
Pese a los señalamientos, el
PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a
Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio
controlado por el narcotráfico.
MINERAS EN LA MIRA
El 23 de marzo último,
Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en
Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida
fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que
no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta
zona del estado.
La refresquera expuso que,
recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta
profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la
impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un
territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”.
Otro caso: en junio de 2015,
la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia,
municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos
de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a
La Familia.
Así, a una semana del ataque
a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó
reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y
mucho menos detenidos.
Amparada por la ausencia de
las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny
Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el
sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y
política.
En agosto de 2017, este semanario
informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y
la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga
Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el
municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo
delictivo de La Familia.
Esta mina de 12 mil hectáreas
era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después
tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del
mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces.
De acuerdo con declaraciones
ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio
Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano
de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los
videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La
Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China.
En su edición 2081, Proceso
publicó el reportaje Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario
en Guerrero, en el que empresarios y personajes de la política del estado
denunciaron que el impulso que el gobernador Astudillo realiza en favor de
ciertos proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada.
El 12 de julio de 2017, el
presidente del Clúster Minero de Guerrero y gerente de la empresa canadiense
Media Luna, Alfredo Phillips Greene, anunció tres proyectos en la zona norte y
en Tierra Caliente.
También expuso que Grupo
Peñoles, que actualmente explota la mina Rey de Plata en la zona norte, se va a
expandir a la región de Tierra Caliente para invertir 200 millones de dólares
en “una importante zona con potencial minero” ubicada en el municipio de San
Miguel Totolapan, lugar que ha sido golpeado por la violencia que generan los
cárteles.
Phillips Greene agregó que la
canadiense Alio Gold –antes Timmins Gold Corp– está en fase de desarrollo del
proyecto minero Ana Paula, ubicado entre los municipios de Cuetzala y Apaxtla,
en la zona norte.
El anuncio de inversión
extranjera ocurre en un contexto de intensa confrontación entre grupos delictivos
por el control de las zonas mineras de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como
por la producción y el trasiego de heroína hacia el Estado de México. Se trata
de una confrontación que ha dejado muerte, terror, desplazados, pueblos
fantasmas, desaparecidos y que tiene paralizada la economía local.
EL DESORDEN DEL FISCAL
El pasado 25 de abril, Xavier
Olea Peláez anunció su dimisión como fiscal general de Guerrero. Su salida se
da en un ambiente de impunidad y de extrema violencia. Durante el periodo que
estuvo en el cargo, dos años y cuatro meses, hubo al menos 5 mil homicidios
dolosos.
De acuerdo con víctimas y
fuentes de la fiscalía, Olea Peláez se caracterizó por su frivolidad y se va
sin resolver, entre otros asuntos, una decena de homicidios de políticos en
pleno proceso electoral.
Además, dejó una fiscalía en
la que la mayoría de sus mil 406 policías ministeriales no pudo ser certificada
y 750 cadáveres permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico
Forense del estado, debido a la falta de recursos humanos y técnicos.
En la tragedia de Guerrero
también cabe la corrupción: integrantes de la Caravana Internacional de
Búsqueda con Vida de Personas Desaparecidas reprocharon que el gobierno de
Héctor Astudillo Flores destinó “en la opacidad” 6 millones de pesos para
construir un panteón forense de la Fiscalía del estado en el interior de un
cementerio privado que administra una empresa propiedad del dirigente estatal
del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez.
Para los miembros de la
organización, ese dinero debió invertirse en la elaboración de perfiles
genéticos de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, dijo
Lamberto Castro de la Cruz, integrante de la caravana y del colectivo de
familiares de desaparecidos de Chilpancingo.
Olea Peláez se ha
caracterizado por asumir la defensa legal de personajes polémicos, como Raúl
Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Arturo El Negro
Durazo.
Mientras es designado el
reemplazo de Olea Peláez –el segundo fiscal que deja el gobierno de Astudillo–,
el encargado de despacho es el vicefiscal José Antonio Bonilla Uribe. A su vez,
los policías judiciales seguirán bajo el control de Esteban Maldonado Palacios.
Durante 10 años, Maldonado
Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de Investigación de la
fiscalía, desde donde ha enfrentado diversos señalamientos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos por incurrir en diversas irregularidades.
Este reportaje se publicó el 6 de mayo
de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL FLORES
CONTRERAS/ 8 MAYO, 2018)