Habitantes de Lomas de Bácum, Sonora,
acusan que la obra no ha llevado desarrollo a su pueblo, sino muerte y
confrontación entre indígenas.
Cuartoscuro Archivo
Esta vez la violencia en la comunidad yaqui de
Loma de Bácum, cuyos habitantes se oponen a la construcción del gasoducto
Sonora, empezó con la quema de un trigal y terminó con el asesinato de un joven
de 18 años, y el incendio provocado de varios vehículos y casas.
“Un joven, de los cholos de
la comunidad, le prendió fuego a un sembradío que está en renta. Las
autoridades tradicionales de Loma de Bácum lo detuvieron y lo llevaron ante el
ministerio público –cuenta Anabela Carlón, abogada y habitante de este poblado
yaqui– pero el afectado no quiso proceder con la denuncia para no tener más
problemas. Entonces dejaron ir al muchacho, pero continuaron las agresiones por
parte de él y su grupo (cinco familias, que están a favor del gasoducto Sonora
al que el resto de la comunidad se opone), nos gritaban insultos y majaderías”.
“En la comunidad no queremos
tener gente así –dice Carmen García, otra de las pobladoras yaquis que se opone
al gasoducto-, ya les habíamos dicho desde antes que se fueran, y no se iban,
pero tampoco se comportaban. Así que, el 30 de abril pasado, fuimos varios a
decirles a sus casas que se marcharan. Ni nos dejaron hablar. Nos recibieron a
balazos y uno le tocó a mi primo (Víctor Adolfo Molina Vázquez), de 18 años,
que murió al otro día en el hospital”.
Mientras en la comunidad,
casas y vehículos pertenecientes a las personas que se oponen al gasoducto
fueron quemadas por lo que, durante la misma noche de la gresca, varios de sus
pobladores huyeron a Lomas de Guamúchil, otro pueblo yaqui.
El secretario de gobierno de
Sonora, Miguel Pompa Corella, declaró a medios de comunicación que la disputa
entre pobladores de Loma de Bácum no tiene nada que ver con el gasoducto y que
en realidad eso tiene que ver con un trasfondo político que se va a investigar.
UN POCO DE CONTEXTO
El gasoducto Sonora es un
megaproyecto de 835 kilómetros ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa, para
llevar gas natural desde Arizona a los estados del Pacífico mexicano. El primer
tramo Sásabe-Guaymas está integrado por un gasoducto de 505 km. El segundo,
Guaymas-El Oro, tendrá 330 km. La empresa a cargo es Infraestructura Energética
Nova (IEnova), la filial mexicana de la estadounidense Sempra Energy, que ha
invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la
Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.
El segmento Guaymas-El Oro
contempla una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu
yaqui y ocupará una franja de 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendrá
el control durante 30 años. De los ocho pueblos que conforman la tribu, siete
dieron ya su consentimiento para que el gasoducto se construya en su
territorio.
Loma de Bácum, en cambio,
negó el permiso e interpuso un amparo ante un juez federal, en el juzgado
séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, que ordenó la suspensión de la
obra, desde abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin
embargo, la empresa IEnova, acusan los pobladores, no acató esa resolución
judicial y continuó con los trabajos.
Los habitantes de esa
comunidad en desacuerdo con el gasoducto dicen que lo rechazan porque no hubo
una consulta abierta a toda la tribu para aprobarlo. “No hubo una consulta
general, no hubo un consenso. Apartaron a las autoridades de los otros siete
pueblos, se los llevaron a hoteles y pollerías y ahí les dieron el dinero. Pero
las comunidades en realidad no quieren la obra”, afirma Carmen García.
Raquel Padilla Ramos,
investigadora del Instituto Nacional de Antropología, quien se ha dedicado a
estudiar la historia y la cultura del pueblo yaqui, avala lo dicho por Carmen.
La historiadora comenta a Animal Político que “siete de los ocho pueblos
firmaron el consentimiento para el gasoducto, pero eso no significa que las
comunidades están a favor del proyecto. En general, la tropa yoemia, es decir
las familias yaquis, no están de acuerdo pues no fueron bien informados o de
plano no fueron informados”.
La abogada Anabela Carlón
afirma que han hablado con gente de base de los otros pueblos y “nos dicen que
no están de acuerdo con el gasoducto, pero que no pueden hacer nada porque sus
autoridades ya no los toman en cuenta”.
NO LES HEMOS PEDIDO NADA
Carmen García asegura que los
gobernantes de los otros pueblos aceptaron solo por el dinero que les iban a
pagar, un peso con treinta centavos por cada metro cuadrado de tierra, que en
total da 7 millones de pesos para cada pueblo, por rentar sus terrenos a IEnova
por 30 años.
“No sabemos si los
gobernadores de los otros pueblos hicieron un análisis, pero nosotros en Loma
de Bácum sí analizamos el contrato que querían que firmáramos, es por 30 años
la renta, ¿qué renta es por 30 años? ¿Cómo se puede rentar algo por tanto
tiempo? Eso es una venta, y nos querían pagar 1.20 pesos por cada metro
cuadrado, pero a nosotros no nos importa el dinero, nuestro territorio es
sagrado”.
Carlón completa la
explicación de por qué no quieren un gasoducto en sus tierras. “Nos han dicho
que nos oponemos al desarrollo, pero ¿al desarrollo de quién? Si ese gas no es
para nosotros. No, nosotros no vamos a tener ningún beneficio de eso y no les hemos
pedido que traigan nada. Nosotros no somos pobres, tenemos nuestra tierra, y
sembramos, cazamos, tenemos nuestras plantas medicinales. De qué nos serviría
el dinero sin nuestro territorio, se nos acabaría y pasaríamos a ser parte de
los cinturones de miseria de una ciudad”.
Además, las dos yaquis dicen
que su comunidad teme a las explosiones que podría provocar el gas. Algo que
parece no ser una paranoia. La infraestructura de IEnova ya ha tenido
accidentes.
Pese a lo anterior, César
Cota Tórtola, capitán del pueblo de Cócorit, ha declarado en medios de
comunicación que los habitantes de Loma de Bácum se oponen al gasoducto porque
asesores externos, como Rodrigo González Enríquez, doctor en Ciencias de la
Tierra y académico del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) los han mal
informado. “Ellos son los que generan este problema, cuando es un asunto que
compete solo a la tribu yaqui, pero por intereses, gente externa, asesores se
inmiscuyen y ocasiona todo esto”.
LO QUE HA DEJADO EL PROYECTO
Hasta ahora, los yaquis de
Loma de Bácum dicen que el gasoducto solo ha llevado tres cosas a su comunidad:
la división, la violencia y los muertos. Primero, dicen, toda nuestra comunidad
estaba de acuerdo en rechazar el gasoducto, luego un grupo de cinco familias cambió
de opinión y se pronunciaron a favor, junto con los otros siete pueblos. “A
esas familias las compraron también. Les dieron dinero y camionetas”, denuncia
Carmen.
Ante el desacuerdo interno,
la violencia se desató. Luego de la orden judicial para suspender la obra por
la falta de consenso entre los ocho pueblos yaquis para autorizar el gasoducto,
las familias de Loma de Bácum a favor del proyecto intentaron destituir a las
autoridades tradicionales y cambiar al gobernador.
El 21 de octubre de 2016, cuando
la mayoría de la comunidad se encontraba en asamblea, los disidentes,
acompañados de integrantes de los otros pueblos yaquis, principalmente de Lomas
de Guamúchil, “llegaron hasta la comunilla (donde se reúnen los Yaquis para sus
asambleas) y quisieron imponernos otro gobernador, que estuviera a favor del
gasoducto, como en un golpe de estado”, explica Carlón. Los yaquis se
agredieron entre sí: volaron piedras, salieron machetes y se oyeron balazos. En
la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos y 12 autos
incendiados.
“A mi esposo (Fidencio
Aldama) lo culparon del homicidio de Cruz, y lo sentenciaron a 15 años. Los
mismos testigos de ellos señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una
pistola calibre 45 y al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía la
pistola porque es de la vigilancia, de la guardia, pero él no mató a nadie, lo
agarraron a él porque mi mamá (Francisca Vázquez) es la que habla en las
asambleas por las mujeres y acusaron a mi marido para que ella y yo nos
enfoquemos en su defensa, pero no, aun así vamos a seguir en la lucha por lo
del gasoducto”.
Ahora, los pobladores de Loma
de Bácum temen otro ataque mayor. Carmen García asegura que amigos de los otros
pueblos la han alertado sobre eso. “Me marcaron y me dijeron que César Tórtola,
el capitán de Lomas de Guamúchil, anda en las calles buscando cholos
(drogadictos) y les ofrece dinero para que vengan con él a atacarnos. Puede
suceder otro 21 de octubre”.
(ANIMAL POLÍTICO/ ANDREA VEGA (@eandreavega) /MAYO 8
2018, 08:01)
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