Especialistas en diversas disciplinas en
Ciencias de la UNAM, así como el Relator de la ONU sobre el Manejo de
Sustancias Peligrosas coincidieron en que fue a partir de 1994, con la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México detonó la
proliferación de industrias extractivas y con ello se instauró también la
laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad, lo que ha
puestos sus recursos naturales, principalmente el agua, en un verdadero riesgo.
Raúl García Barrios, investigador del
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad
Nacional Autónoma de México, alertó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos
está contaminado gravemente por las industrias extractivas, privadas y también
por parte de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, lo que tiene al país en
una “catástrofe”.
Las industrias extractivas son aquellas
que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y
petróleo.
Ciudad de México, 8 de mayo
(SinEmbargo).– Las industrias extractivas en México, tanto las que administra
el Estado como las privadas, han provocado una situación “catastrófica” en los
cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por ciento de los ríos presenta
contaminación grave, denunciaron especialistas en materia y organizaciones
civiles. Además, todo ese deterioro lo han realizado con el permiso y la
omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las autoridades estatales y
municipales, explicaron.
Para el Relator de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Manejo de Sustancias
Peligrosas, Baskut Tuncak, la contaminación es un problema de derechos humanos
y en México se ha tornado de graves consecuencias particularmente para los más
débiles.
Las industrias extractivas
son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo:
minerales, gas y petróleo.
Esas industrias, afirmó el
Relator de la ONU, ejercen violencia contra las comunidades, en su mayoría
indígenas, al contaminar con químicos tóxicos, ya que las víctimas carecen de
acceso a medidas de remediación, con lo que se incurre en injusticias en México
y alrededor del mundo. Las empresas, manifestó, siguen contaminando aire, agua
y tierra con toda impunidad.
Por ello, destacó, la
industria extractiva no es sostenible, pues no existe solución para los
problemas que provoca y, especialmente en el tema del agua, la situación es ya
de crisis por el rápidos agotamiento de los mantos hídricos.
El doctor Raúl García
Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
destacó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente
por estas industrias, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que tiene
tiene al país en una “catástrofe”.
El especialista mencionó los
factores que han permitido esa contaminación, y enlistó la violación
sistemática de las leyes mexicanas, la debilidad del Estado de derecho, la
corrupción, la omisión en consistencia normativa y la insuficiencia de
presupuesto.
“México tiene la Constitución
más manoseada del mundo”, afirmó. “En México, las fallas del Estado son
endógenas al sistema económico”, agregó.
Gráfico: Agua.org.mx
IMPACTO Y DETERIORO SOCIAL
Para Omar Arellano Aguilar,
biólogo y doctor en Ciencias de la UNAM, los impactos hacia las comunidades
humanas por la contaminación en los cuerpos de agua se manifiestan en la
pérdida de actividades económicas por los daños a la biodiversidad, además de que
también están presentes en el tema de salud, pues la situación provoca
enfermedades renales, leucemia y alergias, principalmente. Pero, a pesar de
ello, recriminó, la Norma ambiental 001 permite la contaminación provocada por
descargas industriales.
La Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEMARNAT-1996 es la encargada de establecer los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales.
El especialista y profesor
del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UNAM, aseguró que a
partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), se detonó la proliferación de empresas trasnacionales y con ello se
instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con
impunidad y explotar –y contaminar– el agua a placer.
“[México] se está
convirtiendo en una sociedad de alto riesgo socioambiental que provoca un
descontento social generalizado”, destacó el especialista.
José Luis Pablos Hach,
ingeniero Agrónomo, maestro en Ciencias, doctor en Estadística y profesor de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, dijo que el país
cuenta con 446 mil 777 metros cúbicos de agua dulce al año que sufre
variaciones en su cantidad y desigual distribución territorial. En la República
Mexicana, mencionó, hay 51 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento
del escurrimiento superficial.
“De las 731 cuencas
hidrológicas que hay, 104 muestran problemas de disponibilidad que se debe a la
sobreexplotación, sobre concesión y contaminación que venimos arrastrando desde
hace muchos años y en temas de agua subterránea, de 653 acuíferos, 105 se
encuentran en situación de sobreexplotación”, afirmó.
Una encuesta del Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública reveló que el 89.7 por ciento de los
mexicanos está de acuerdo en que debería existir una Ley que prohíba la
explotación de minerales e hidrocarburos en las áreas naturales protegidas,
tanto por parte de Pemex como de empresas privadas.
Otro ejercicio realizado por
mismo centro de estudios de la Cámara de Diputados plantea que uno de cada dos
mexicanos considera que el mayor índice de afección hacia él o su familia se
encuentra en la contaminación del agua (51.0 por ciento). Además de que a cuatro
de cada 10 ciudadanos le preocupa “mucho” la sobreexplotación de los recursos naturales.
Para ejemplificar esa
situación de crisis, Francisca García, representante de los comités de Cuenca
de Río Sonora, recordó que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre
–subsidiaria de Grupo México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico
con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que
afectaron a 22 mil personas de siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi,
Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
La activista manifestó que
los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud se han visto
violentados, pues aunque Grupo México se comprometió a desarrollar una clínica
para la atención de los afectados y plantas de tratamiento de agua, a cuatro
años del derrame, no cumplió al asegurar que ya no existen personas afectadas
por el desastre ecológico.
Los habitantes, indicó,
tienen desconfianza del agua y los alimentos que producen, ya que se desconoce
si son aptos para el consumo humano o se encuentran contaminados.
Cabe mencionar que Grupo
México es propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un multimillonario mexicano
que también participa en empresas y organizaciones como Grupo Financiero
Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa. El dueño
de ese consorcio minero es considerado un
a de las personas más ricas
de México y tiene, de acuerdo con la revista Forbes, una fortuna que supera los
18 mil millones de pesos.
García adelantó que seguirán
luchando hasta asegurar la remediación y la no repetición del daño.
Sobre la misma línea, la
maestra Mayeli Sánchez, experta en Ecotoxicología y Ecología Acuática de la
organización PODER, denunció que en el caso del Río Sonora aún no está clara la
magnitud del daño en más de 200 kilómetros afectados, pues, dijo, hubo
irregularidades en la toma de muestras del agua contaminada.
“El ecocidio dejó en la
incertidumbre a las comunidades”, criticó.
También destacó que la
normatividad mexicana es laxa, ya que según las leyes, la empresa estaba
obligada a determinar el nivel de daño y a implementar un plan de remediación,
el cual se limitó a un plan de remediación de suelos y no ecológica. “Nuestras
normas son bastante laxas”, declaró.
Las dependencias que permiten
la actividad minera en el país son la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión
Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también
las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y
Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos
municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Auditoria Superior de la Federación
(ASF) ha exhibido la falta aplicación de sanciones ante incumplimientos de las
mineras, irregularidades sobre el cobro de derechos, padrones desactualizados,
así como el incumplimiento de informes de los concesionarios que no han
explotado territorios avalados.
Las recomendaciones que hizo
el órgano fiscalizador en su segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública
2016 se dirigieron a la Secretaría de Energía, el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
Gráfico: Agua.org.mx
AGUAS RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN
De acuerdo con Agua.org.mx.
cada año se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas
residuales, descargas municipales, industriales y agrícolas tratadas de forma
inadecuada o sin tratamiento alguno. La contaminación del agua tiene un severo
impacto en los ecosistemas y en la salud. Es preciso reducir los volúmenes y
mejorar los procesos de tratamiento, no sólo para procurar el bienestar social
y la protección ambiental, sino también por razones económicas y de seguridad
nacional.
En México, las descargas de
aguas residuales se clasifican en municipales (abastecimiento público urbano y
rural) y no municipales (otros usos como industria autoabastecida). Según
cifras oficiales, se trata el 52.7% de las aguas municipales que se generan, y
el 32% de las aguas no municipales.
Aunque hay avances es aún
insuficiente y existe un volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son
colectadas, que se pierden en las redes de desagüe o que se descargan de forma
ilegal directamente al medio. Se calcula que en 2015 el costo económico de la
contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de 57 403 millones
de pesos, equivalentes al 0.3% del producto interno bruto.
La reducción de la
contaminación del agua requiere una fuerte inversión en infraestructura para el
tratamiento de las aguas residuales y representaría un ahorro en cuanto a la
atención médica que debe darse al tratamiento de enfermedades diarreicas
provocadas por agua y productos agrícolas contaminados. En 2015 murieron en México
3 mil 754 personas debido a enfermedades infecciosas intestinales.
–Con información de Agua.org.mx
(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/08 DE MAYO 2018)
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