Este sábado llegaron al estado
investigadores federales
La Paz, Baja California Sur.-
La mañana de este sábado arribó a esta capital, procedente de la CDMX, personal
de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República que
se sumará a la investigación del
asesinato del reportero de la fuente policiaca Maximino “Max” Rodríguez
Palacios ultimado al filo del mediodía del viernes en el estacionamiento de una
tienda ubicada en la plaza comercial de la Avenida Forjadores.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado confirmó la llegada de los investigadores federales y
añadió que FEADLE “inició una carpeta de investigación al tener conocimiento
del homicidio de Max Rodríguez, para coadyuvar en las pesquisas e intercambio
de información”.
“Con el apoyo de la Fiscalía
de la PGR se fortalecerán las líneas de
investigación para dar con el o los
responsables, a fin de esclarecer y evitar la impunidad del hecho
delictuoso” apuntó el procurador General de Justicia del Estado, Erasmo Palemón
Alamilla Villeda.
Finalmente el Procurador de
Justicia del Estado “reiteró el compromiso de realizar una investigación
expedita, eficiente y transparente para esclarecer los hechos y refrendar la
garantía de que el periodismo se siga ejerciendo de manera libre”.
Y pidió activar todos los mecanismos de
Protección Federal a Periodistas
La Paz, Baja California Sur.-
El gobernador del Estado, Carlos
Mendoza Davis condenó el homicidio del comunicador Maximino
Rodríguez Palacios, ocurrido la mañana de este viernes.
Al respecto, dijo el
gobernador Mendoza Davis, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha
radicado la carpeta de averiguación correspondiente, en la cual se agotarán
todas las líneas de investigación para poder llevar a los responsables de tan
lamentable acto ante la justicia.
De igual manera, el titular
del ejecutivo estatal estableció comunicación con el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador General de la República, Raúl
Cervantes, a fin de establecer acciones coordinadas para el esclarecimiento del
hecho. En este sentido, se acordó el inicio de investigaciones propias en las
que se compartirán datos, técnicas e inteligencia.
El gobernador pidió activar
todos los mecanismos de Protección
Federal a Periodistas.
Mendoza Davis reafirmó su
compromiso y respaldo incondicional al gremio periodístico así como a los
familiares del comunicador Max Rodríguez, a quienes se les atenderá de forma
integral.
Mendoza Davis condenó
enérgicamente los hechos y subrayó que
seguirán trabajando contra la delincuencia, cerrando espacios de
impunidad para lograr la tranquilidad de los ciudadanos, así como el libre
ejercicio de la libertad de expresión.
(PENINSULAR DIGITAL/ Boletín de Prensa/
14/04/2017)
Diputados, dirigentes y líderes piden
transparencia al gobierno de Quirino Ordaz tras admitir la adquisición directa
de 50 camionetas
Las patrullas se encuentran al fondo de
las instalaciones de la Policía Estatal.
Mazatlán, Sinaloa.- «Más que
la legalidad, tiene que estar por encima un tema de ética en el que se tienen
que atender los reclamos de la ciudadanía. No se pueden hacer compras
millonarias sin un proceso de licitación pública, porque nos piden combatir la corrupción,
buscar la transparencia, rendición de cuentas, y definitivamente situaciones
como esta no apoyan», señaló el diputado panista Roberto Cruz en relación con
la adquisición de 50 camionetas por parte del Gobierno del Estado, asunto que
por estar ligado al tema de seguridad se dijo que se realizó la compra directa
sin pasar por un proceso de licitación.
La situación ha generado
diversas reacciones en los sectores del estado después de la publicación de EL
DEBATE, las cuales coinciden en que al no socializarse una posible adquisición
de unidades, que tendrían un costo de poco más de 30 millones de pesos, esto
genera desconfianza.
El presidente de la
Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, Enrique Pun Hung,
consideró como un acto de corrupción la compra de patrullas por parte de
Gobierno del Estado sin una licitación de por medio.
El empresario dijo que actos
como estos ponen en tela de juicio la transparencia de cualquier gobierno, pese
a que en su discurso el gobernador Quirino Ordaz señaló que se enfocaría a
terminar con la corrupción.
FALTA DE TRANSPARENCIA
El dirigente estatal del PAN,
Sebastián Zamudio Guzmán, llamó a la administración de Ordaz Coppel a
transparentar la adquisición: «El gobierno actual tiene que ser ejemplo de transparencia,
y esperemos que si se hizo así, que den una explicación a la ciudadanía de cómo
fue la adquisición de estos vehículos», declaró.
Al no realizarse una
licitación, el gobierno no está obligado a subir la información sobre los
términos del contrato a CompraNet ni tampoco realizar transmisiones en vivo del
proceso, como ha ocurrido con otras licitaciones, lo cual fue un compromiso de
la administración priista actual.
Asimismo, el día de ayer
autoridades estatales, como el mandatario Ordaz Coppel; el secretario de
Finanzas, Carlos Ortega; y el subsecretario de Seguridad, argumentaron
cuestiones de seguridad a no dar cierta información ni revelar algunos datos.
PIDEN INVESTIGACIÓN
Aunque la Auditoría Superior
del Estado será la encargada de buscar la transparencia en el gasto realizado
por el Gobierno del Estado, Melquiades Cervantes, expresidente de la Federación
de Abogados de Sinaloa, pide que se inicie una carpeta de investigación que dé
seguimiento al tema:
«Nosotros siempre hemos
pugnando por que las licitaciones se publiquen a través de los portales de las
unidades de Transparencia y Rendición de Cuentas. Si en este caso se detectan
algunas irregularidades, consideramos que se debe integrar una carpeta de
investigación y actuarse en consecuencia.
El gobierno estatal tiene que
mandar un mensaje de que se están haciendo las cosas bien y que se está
trabajando en favor del pueblo», señaló Cervantes.
El presidente del PAN en
Mazatlán, Arturo García, mencionó que sí se requiere equipar a la Policía, pero
se tiene que aclarar el gasto: «Sabemos que hay que darle herramientas a las
policías del estado, únicamente que se informe a la ciudadanía sobre la forma
en que se están adquiriendo estas unidades, el monto, las condiciones en las
que las adquirieron porque se ha escuchado mucho ruido en esos temas», expresó
García.
Jesús Valdés, alcalde de
Culiacán, justificó el actuar del gobernador Quirino, así como el gasto, pero
desconoce la manera en que el estado se hizo de las unidades: «Todas son para
el municipio, pero serán para el uso de la Policía Estatal. La verdad,
desconozco cómo fueron adquiridas, lo que sí esperamos que se pongan en uso
para poder cubrir el déficit de unidades que tiene el municipio, ya que 80 de
las actuales se encuentran descompuestas», comentó Valdés.
Se ordenó el despliegue de soldados en
las zonas urbanas, destinos turísticos, carreteras y poblados en la sierra
revelaron fuentes castrenses
Foto: El Diario
Tras la muerte de Francisco
Javier Zazueta Rosales, “Pancho Chimal”, este sábado se registró una intensa
movilización de tropas militares por tierra y aire, en la región de Culiacán,
Sinaloa.
Fuentes castrenses
consultadas por El UNIVERSAL revelaron que desde esta mañana se ordenó el
despliegue de soldados en las zonas urbanas, destinos turísticos, carreteras y
poblados en la sierra.
El objetivo es reforzar la
vigilancia, instalar puestos de seguridad, no ser sorprendidos y como medida
preventiva para evitar alguna reacción del crimen organizado.
Foto: @InteraccionOrg
A Pancho Chimal se le
atribuye la movilización de entre 40 y 70 sicarios para rescatar a su
lugarteniente Julio Óscar Ortiz Vega, “El Kevin”, la madrugada del 30 de
septiembre de 2016.
En el rescate los criminales
emboscaron a un convoy del Ejército, de 17 soldados, cinco de ellos perdieron
la vida y 10 resultaron heridos, en la carretera México 15, en la entrada a
Culiacán.
"Pancho Chimal" era
el jefe de los escoltas de “Los Chapitos”, como le dicen a Iván Archivaldo y
Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo” Guzmán; "El Kevin" era
escolta y ambos pertenecía al grupo del Cártel de Sinaloa que es encabezado por
Aureliano Guzmán Salazar, “El Guano”.
En la operación de este
viernes donde se dio la balacera, no participaron helicópteros de la Marina, ni
del Ejército, y las fuentes consultadas precisaron que tampoco hubo personas
detenidas ni heridas.
Foto: El informador
Al hoy occiso se le atribuyen
varios de los enfrentamientos y ejecuciones cometidas en los últimos meses en
Navolato y Culiacán.
Había sido aprehendido con
otra persona el 18 de febrero de 2017 por personal de Infantería de Marina, del
Ejército y la Agencia de Investigación Criminal, durante el cateo en un
inmueble del Fraccionamiento Acueducto, al norponiente de Culiacán.
"Pancho Chimal" fue
ingresado en el penal estatal de Aguaruto, en Culiacán, de donde escapó antes
de cumplir un mes, el 13 de marzo.
Los otros que se fugaron
también son identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa: Juan José
Esparragoza Monzón, “El Negro”, hijo del capo Juan José Esparragoza Moreno, “El
Azul”; Alfonso Limón Sánchez, “El Contador”; Jesús Peña González, “El 20”; y
Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Ántrax”.
Foto: seunonoticias.mx
Desde que huyó, la Comisión
Nacional de Seguridad, la PGR, la Armada y la Defensa habían realizado trabajo
de investigación conjunto para localizarlo.
En respuesta, el 28 de marzo,
la Secretaría de la Defensa Nacional dio conocer que fueron enviados 900 soldados
a la Novena Zona Militar, en Culiacán, para reforzar la seguridad.
Culiacán y Mazatlán están en
la lista de la Secretaría de Gobernación, de los 50 municipios con mayor índice
criminal, en los que se implementó un programa para erradicar la violencia.
La policía estatal del gobierno de
Javier Duarte entregaba en un rancho a personas para ser “desaparecidas”. La
PGR iniciará una nueva investigación.
El Colectivo Solecito busca cuerpos en
las fosas de Colinas de Santa Fe, en Veracruz. Cuartoscuro/Archivo
El proceso era simple,
metódico y macabro. La persona era casi siempre entregada por la policía,
después ejecutada de un balazo en la cabeza. Luego, las extremidades de su
cuerpo eran separadas con un hacha para sumergirlas en un tambo con diésel
ardiendo. Los fragmentos que quedaban, eran introducidos en una trituradora de
caña.
El lecho de un río de 67
metros cuadrados, ubicado al lado del rancho donde todo lo anterior ocurría,
era el depósito final de estas víctimas reducidas a pedazos de dos centímetros
y cenizas.
Colinas de Santa Fe: “Las
madres que buscamos a nuestros hijos somos hermanas del mismo dolor”
¿Cuántas personas murieron y
desaparecieron ahí? Es algo que no se sabe pues los propios implicados declaran
haber perdido la cuenta, pero los hallazgos dan una idea: los especialistas y
buzos de la División Científica de la Policía Federal encontraron 10 mil
fragmentos de huesos durante poco más de un mes de trabajo.
El “cementerio clandestino”
en que se convirtió el rancho El Limón –ubicado el municipio de Tlalixcoyan, en
Veracruz (a 125 km al sureste de Xalapa)– no es un hallazgo ocurrido ayer o la
semana pasada. A este sitio se llegó hace más de un año como parte de las
investigaciones por la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra
Blanca ocurrido en enero de 2016.
“Esto parece que se olvidó
pero lo encontrado en el rancho es casi idéntico en magnitud a las fosas de
Colinas de Santa Fe. Aquí murieron cientos de personas que nadie sabe quiénes
son”, dijo el Celestino Espinoza, representante legal de las víctimas de las
familias de los desaparecidos en Tierra Blanca
Las declaraciones sobre lo
que ocurría en el rancho El Limón y los
datos de los hallazgos están asentados la averiguación previa
FGE/FIM/IM/01E/2016 abierta por en la Fiscalía de Veracruz, y a la que tiene
acceso el abogado de las víctimas. La información fue corroborada por las
autoridades del caso a Animal Político.
En el predio de Colinas de
Santa Fe –definido por la Fiscalía como una de las fosas más grandes del país–
fueron encontrados unos 14 mil fragmentos humanos, con la diferencia de que ahí
existían cráneos que permiten tener una idea del número de personas asesinadas.
En el rancho El Limón, de los 10 mil restos hallados los más grande son pedazos
de fémur de tres centímetros. En ese sitio los criminales fueron aún más
metódicos.
Hasta ahora, sólo cuatro
personas han sido identificadas entre todos los restos humanos encontrados.
VINCULAN A JEFE POLICIAL DE JAVIER DUARTE CON CUERPOS
HALLADOS EN FOSAS DE COLINAS DE SANTA FE
La semana pasada el procurador
General de la República, Raúl Cervantes, se comprometió en una reunión privada
con las familias de los jóvenes desaparecidos Tierra Blanca a que el Ministerio
Público Federal abrirá su propia carpeta de investigación por este caso ante la
clara evidencia de la implicación el crimen organizado.
En su momento, la propia PGR
desechó atraer el caso bajo el argumento de que la Fiscalía de Veracruz estaba
a cargo de las investigaciones.
Muchas piezas, pocos
resultados
El trabajo en el rancho El
Limón se extendió por aproximadamente un mes y estuvo encabezado por los
policías, buzos y especialistas de la División Científica de la Policía
Federal. La atención se centró en el perímetro del rancho donde se ubica el
lecho del Río Otapa, sitio donde se arrojaron los restos de las personas
asesinadas.
Para la operación de búsqueda
y rescate de los fragmentos el área se dividió en 48 cuadrantes de trabajo,
cada uno de ellos de 4.5 por 2.5 metros de diámetro aproximado. El 11 de
febrero de 2016 comenzaron los trabajos.
Prácticamente no hubo un solo
día en el que no se encontraran restos enterrados, pero la jornada más
relevante fue la del 1 de marzo, cuando en el cuadrante 25 se encontraron mil
989 fragmentos, según lo registrado en el expediente del caso.
El saldo total de las
operaciones de búsqueda y rescate fue de 10 mil fragmentos rescatados, en su
mayoría pedazos de hueso de 2 a 3 centímetros de tamaño. Muchos de estos restos
se encontraron totalmente carbonizados.
Colinas de Santa Fe: “Las
madres no buscamos culpables, queremos encontrar a nuestros hijos”
A más de un año de distancia
sólo cuatro personas han sido identificadas gracias a los restos localizados.
Entre ellos están dos de los cinco jóvenes desaparecidos del caso Tierra
Blanca, Bernardo Benítez Arroniz y José Alfredo González Díaz.
La comparación genética de
los restos encontrados también permitió la identificación de José Miguel Elvira
Lozano y Ángela Mata Medina, personas secuestradas en distintos momentos y
asesinadas en el referido rancho. Y es todo.
El abogado Celestino Espinoza,
quien también fue agente del Ministerio Público, reconoció que en Veracruz no
existe un banco de datos genéticos y que desconocen realmente cuantos perfiles
genéticos pudieron haberse obtenido de los diez mil fragmentos encontrados.
“Hay muchas dudas del trabajo
realizado y con lo que ya reveló la propia Fiscalía de que hubo simulación de
tomas de muestra genéticas en la administración anterior realmente dudamos que
se haya hecho un trabajo serio de identificación” dijo el litigante.
En este contexto la semana
pasada las familias delos jóvenes detenidos tuvieron una reunión con el
procurador Raúl Cervantes en donde expusieron la falta de avances en la
investigación a nivel estatal y el hecho de que la propia PGR se rehusó a
asumir la competencia en el caso por el delito de delincuencia organizada.
“El propio procurador
Cervantes nos dijo que los homicidios en el Rancho El Limón no podía haber
ocurrido sin una operación de la delincuencia organizada por lo que hizo el
compromiso con nosotros de que se abrirá una carpeta de investigación y que la
federación entrará en la investigación del caso” dijo Celestino Espinoza.
Por lo que respecta a los
presuntos involucrados vinculados con el caos Tierra Blanca y el Rancho El
Limón, hasta ahora suman 19 detenidos y procesados (11 civiles presuntos
integrantes del crimen organizado y ocho expolicías) quienes hasta ahora no han
sido sentenciados e incluso han presentado amparos en contra de los autos de
formal prisión que se les dictaron, bajo el argumento de que fueron torturados.
ALIADOS CON EL ENEMIGO
El 11 de enero cinco jóvenes
que regresaban de unas vacaciones fueron detenidos por vehículos de la policía
estatal sobre la carretera a la altura del municipio de Tierra Blanca. Esa fue
la última ocasión que se les vio con vida.
El caso, difundido en redes
sociales, cobró notoriedad de inmediato e impulsó una investigación a la que se
unió rápidamente el gobierno federal y comenzaron las detenciones. Primero
fueron capturados ocho policías estatales entre ellos el comandante Marcos
Conde Hernández, quien ya había sido señalado en otros casos de desapariciones.
El abogado Celestino
Espinoza, quien ha tenido acceso al expediente del caso, explicó que los
policías confesaron su complicidad en los hechos y uno de ellos, de nombre
Rubén Pérez Andrade, fue el que describió paso a paso que en el caso de los
jóvenes de Tierra Blanca, como pasaba en otros hechos, las víctimas fueron
entregadas en el rancho El Limón. Estas declaraciones están asentadas en el
expediente consignado contra los detenidos.
La información proporcionada
por los policías facilitó la identificación y detención de los presuntos
delincuentes que operaban en el rancho, Hasta ahora son once los civiles
capturados y consignados, todos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación.
“Ellos declararon paso a paso
cómo es que consiguieron desaparecer a todas estas personas. Lo de los tambos
con diésel y la trituradora de caña. Ellos en sus declaraciones explican que,
por lo menos desde hace un año atrás, se llevaban a personas ahí que eran
asesinadas y desaparecidas”, explicó el litigante.
Las investigaciones
evidenciaron que de los ocho policías detenidos siete estaban en funciones pese
a que habían reprobado los exámenes de control de confianza, entre ellos el
propio comandante Marcos Conde Hernández.
El abogado explicó que Conde
Hernández, antes de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
fue integrante de la desaparecida “policía intermunicipal” de donde fue dado de
baja. En el periodo en que estuvo sin trabajo fue incluso detenido por
presuntamente realizar trabajos como “halcón” del crimen organizado y portar un
arma de alto poder sin tener permiso para ello.
“Pese a estos antecedentes
Bermúdez contrató a Conde como mando de la policía estatal. Es imposible que no
supera de las denuncias en su contra y aun así lo contrató y mantuvo pese a que
ni él ni los demás superaron los controles de confianza” dijo el abogado.
La presunta responsabilidad
de Bermúdez no termina ahí. Antes de verse involucrado en el caso de Tierra
Blanca, Conde fue denunciado por sus implicaciones en desapariciones previas
que involucraban a sus agentes, tanto en el municipio de Medellín como en el de
La Antigua.
Pese a ello el comandante no
fue destituido. Lo que hizo Bermúdez fue moverlo de las adscripciones
territoriales donde era denunciado hasta que llegó a Tierra Blanca.
El 13 de octubre de 2016 los
representantes legales de las víctimas del caso Tierra Blanca presentaron una
denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de
Arturo Bermúdez por no haber removido del cargo al comandante Conde y los otros
policías involucrados en las desapariciones, pese a que no contaban con la
certificación de confianza que exige la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Animal Político publicó esta
semana que tanto a nivel federal como en el estatal se preparan consignaciones
en contra de Bermúdez por su presunto vínculo con diversos casos de
desaparición en Veracruz.
(ANIMAL POLÍTICO/ ARTURO ANGEL
(@ARTUROANGEL20)/ ABRIL 10 2017 06:00)
Los hackers, que no dan
tregua a celebridades y deportistas, volvieron a hacer de las suyas
Filtraron fotos íntimas de Miesha Tate,
excampeona del UFC Miesha Tate, ex campeona del UFC, fue víctima de los hakcers
que filtraron fotos íntimas. FOTO: GETTY IMAGES
Miesha Tate, ex campeona de
peso gallo del UFC, es una de las peleadoras de MMA más atractivas que han
pasado por octágono.
La nacida en Tacoma,
Washington ha sido una víctima más de los hackers, que han filtrado fotos
íntimas en las que aparece totalmente desnuda.
Dejó a varios con la boca
abierta: Así luce Miesha Tate maquillada y en un vestido entallado
Miesha Tate ¿posee el cuerpo
más atractivo de las peleadoras?
Tate, quien perdió su
cinturón ante la actual campeona Amanda Nunes en el UFC 200, se retiró tras un
segunda derrota al hilo ante Raquel Pennington en UFC 205 a sus 30 años de
edad.
MÁS FOTOS ÍNTIMAS DE LAS DIVAS DE WWE FUERON HACKEADAS
La exluchadora del UFC ya
había sido víctima de un hacker en 2014, y esta vez forma parte de una ola de
filtraciones de fotos comprometedoras de celebridades y luchadoras de la WWE.
MIRA LAS FOTOS DE MIESHA TATE EN ESTA FOTOGALERÍA:
(LA OPINION DE LOS ANGELES, CALIFORNIA/
REDACCIÓN/ 14 ABRIL 2017)
Una mujer se hizo la dormida
mientras viajaba en un autobús público en Costa Rica para ver hasta dónde
llegaba un supuesto pervertido.
El incidente se reportó en un
viaje de Guanacaste a San José.
La joven grabó con su celular
al sujeto mientras éste le mete la mano en el pecho y le toca los senos. En
todo momento, la chica simula estar durmiendo.
Posteriormente, la acosada le
muestra el video al conductor del vehículo público, pero éste no parece tomar
acción ante el hecho.
La muchacha compartió en su
perfil de Facebook el clip con la siguiente descripción: “Normalmente no suelo
hacer este tipo de publicaciones, pero me siento muy indignada, ya que está
mañana venía de Guanacaste hacía San José en un bus de la empresa Alfaro y el
pasajero que venía detrás de mí intentó tocarme en varias ocasiones por lo cual
decidí grabar un vídeo y enseñárselo a los que van cargo del bus, lo único que
me dijeron que podía hacer era cambiarme de lugar, simplemente ni dormir
tranquila en un viaje de seis horas se puede hacer, me parece increíble que uno
se tenga que acostumbrar a este tipo de acoso y que ya sea algo tan común que
nadie hace nada, les pido que si alguien llega a reconocer a esta persona me
ayude para poder presentar una demanda, gracias”.
Se desconoce si,
posteriormente, la joven hizo una denuncia criminal ante las autoridades o si
el sujeto fue detenido en relación con el incidente.
(LA OPINION DE LOS ANGELES, CALIFORNIA/
REDACCIÓN/ 14 ABRIL 2017)
Andrés Manuel López Obrador,
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración
Nacional, designó al abogado tijuanense Juan Guillermo Ruiz Hernández -titular
del despacho que defendió a Jorge Hank Rhon de delitos contra la salud y a
miembros del Cártel de los Arellano Félix (CAF)-, como coordinador general de
las nueve oficinas de dicho partido político que darán asesoría legal en
Estados Unidos, a través Comité Cívico de Morena MIA (Mexicanos Inmigrantes en
América).
Ruiz Hernández es el abogado
que hace 5 meses -la mañana del 10 de noviembre de 2016- sufrió un atentado en
Tijuana, Baja California, cuando dos hombres armados dispararon contra él y su
chofer en al menos 40 ocasiones, cuando descendía de su vehículo, a las afueras
de su despacho -ubicado en la Zona Río-, por lo que resultó herido, pero no de
gravedad.
Según el diario El Universal
“su despacho jurídico, Guillermo Ruiz Hernández, Socios y Asociados, ubicado en
la capital de BC, se especializa tanto en asuntos civiles como en defensa
criminal.
Los que conocen a ‘El Titi’
Ruiz, como es mejor ubicado en Tijuana, aseguran que es un experto en asuntos
federales de narcotráfico”.
“Ahora, el abogado penalista
pasará de casos vinculados a asociaciones delictivas y también del ramo
mercantil —situación que lo ha empoderado en la ciudad fronteriza del país—, a
trabajar de manera gratuita en la defensa legal de migrantes mexicanos, pues se
encargará de coordinar los nueve despachos de Morena en las ciudades
estadounidenses de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, El Paso, San Francisco,
Phoenix, Denver, Washington y San Diego”, señaló el rotativo.
El medio también indicó que
los casos del abogado, con 43 años de experiencia, “se cuentan por cientos,
pero los más destacados fueron la defensa legal de los hijos y la fallecida
María Elvia Amaya Hank, esposa del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon”.
Su despacho también defendió
en 2011 al miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex candidato a gobernador de BC y dueño del
equipo Xolos de la primera división de la Liga MX, cuando fue capturado por el
Ejército por la posesión de un arsenal de 88 armas de fuego, delito por el que
sólo estuvo preso 10 días y salió en libertad luego de que un juez concluyó que
“no había elementos suficientes para procesarlo”.
“Asiduo al Club Campestre de
Tijuana, un exclusivo complejo del que es socio, Guillermo Ruiz trabaja con
bajo perfil, pues no le gustan los reflectores.
En las páginas web es casi
desconocido; en contraste, en el mundo de los juzgados es reconocido por su
habilidad para litigar y su serenidad en el manejo de su profesión.”, señaló el
diario.
El rotativo abundó que
después del atentado que sufrió, el abogado comentó a algunos medios de la
entidad que su esquema de trabajo “es delicado, pero únicamente se dedica a
litigios civiles y mercantiles.”
ZETA informó que el actual
gobernador Francisco Vega de Lamadrid ocupó como casa de campaña en el año
2013, un edificio de una superficie de mil 66 metros cuadrados, propiedad de
Patricia Macfarland de Ruiz, esposa del abogado tijuanense.
Según el diario Milenio,
entre los clientes de Ruiz Hernández, también figuran personas vinculadas al
CAF.
Lo que ya les había
adelantado se cumplió. Hoy el Infonavit dio el primer paso para llegar a un
segmento de la población que es uno de los nichos preferidos de los bancos: la
llamada clase media ascendente, aquella que puede adquirir una casa de un
millón de pesos en adelante.
En las columnas anteriores
les comentaba del miedo de los bancos al Infonavit por su entrada. Hoy ya es
una realidad. Desde el pasado 4 de abril el Instituto da acceso a la vivienda
con una tasa fija de 12 por ciento y aumentó el monto de 900 mil a más de un
millón 600 mil pesos, cuando en la banca mexicana (en promedio) el crédito es
de un millón 100 mil. Así de grande es el enfrentamiento que se avecina.
Atender ese nicho para el
Infonavit no sólo será más seguro, ya que a mayores ingresos más estabilidad en
el empleo, menos morosidad y mayor capacidad de liquidar antes el adeudo, por
lo que la guerra hipotecaria ahora sí es real entre el organismo de vivienda
más grande de América Latina y los grandes bancos comerciales del país.
El incremento de la tasa de
referencia en México ya ha reducido el margen entre las tasas que ofrecen la
banca y el Infonavit, en algunos casos de menos de un punto porcentual.
Dependiendo el banco o intermediario, están al mismo nivel con la desventaja
para los bancos, ya que en el Infonavit los ingresos que solicitan son menores.
En la institución no les pedirán un enganche, ya que usted puede usar el ahorro
que ahí tienen. De hecho, si usted tiene un mal historial en el Buró, el
crédito no les puede ser negado. A lo mucho les prestarán menos, pero nunca
puede ser negado ya que —como cotizante del Instituto— es su derecho el obtener
un financiamiento siempre que cumpla con los demás requisitos.
El nuevo producto hipotecario
del Infonavit tiene la ventaja que (al igual que los bancos, que se origina en
pesos, con pagos conocidos desde el primer día y mientras el acreditado se
mantenga al corriente) el saldo va a disminuir, afirma su director David
Penchyna.
Para aquellos acreditados que
ganen 14 mil 917 pesos o menos, el Infonavit dará un apoyo para que el pago
mensual del trabajador sea menor. Por ejemplo, si gana cuatro mil 589 pesos al
mes, pagaría dos mil 859 pesos mensuales de hipoteca. Con este complemento de
pago, con el que el Infonavit apoyaría al acreditado, el trabajador estaría
pagando alrededor de mil 239 pesos mensuales, cantidad menor a lo que sería con
un banco.
Y al igual que la Condusef,
que tiene su simulador para ver qué banco conviene para adquirir un crédito
hipotecario, dependiendo si se tiene precisamente Infonavit o no, el organismo
de vivienda ya tiene su simulador de crédito en su página de internet, en donde
podrá saber cuánto le pueden prestar, las condiciones del crédito, plazos, y
pago mensual.
Para el director del
Infonavit, David Penchyna, este es sólo un paso para diversificar el riesgo que
tienen y atender a otro segmento que desde hace años había sido olvidado. Y es
que los anteriores presidentes se enfocaron en la base de la pirámide. Para los
bancos este cambio significa sin duda una lucha mano a mano.
La batalla ha iniciado y
habrá que ver si los bancos son capaces de moverse y competir con tasas aún más
bajas, pese a que ya nos encontramos en un nuevo ciclo económico de incremento
de las mismas; o bien, se enfoquen en dar una atención personalizada a aquellos
trabajadores que tienen un buen historial crediticio, ingresos atractivos y
ganas de adquirir una casa de un millón 500 mil pesos, porque a ellos son a los
que tendrán que convencer de que son una buena alternativa, Si no, corren el
riesgo de perder miles de clientes.
¿Y ustedes a quienes le
pedirían un crédito si tuvieron un buen historial? ¿Al Infonavit o a un banco?
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
Del Mazo dice al diario Excélsior que
los créditos se otorgaron durante la presidencia de Felipe Calderón; él sólo se
limitó a administrarlos.
(Foto: Archivo/Cuartoscuro)
El Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras) otorgó dos créditos y tres contratos entre 2012 y
2014, por más de 4 mil 400 millones de pesos, a empresas de Grupo Higa,
constructora favorita del gobierno federal, informó este sábado el diario Excélsior.
En nota de primera página
firmada por Roberto José Pacheco, el periódico publica que, de acuerdo con un
informe en su poder, en 2012 Banobras
entregó dos créditos a Juan Armando Hinojosa, a través de su empresa
Autopistas de Vanguardia SA de CV, para participar junto con otros bancos, en
el financiamiento del proyecto de construcción de los 38.7 kilómetros de la
autopista Toluca–Naucalpan, la cual presenta un retraso del 30%, debido a que
hay conflictos sociales que impiden tener acceso a 2.5 kiló- metros del trazo
troncal de la autopista.
Ambos créditos ascienden a 2
mil 775 millones de pesos; sin embargo, debido a un amparo concedido por la
jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco a Autopistas de Vanguardia SA de CV,
Banobras no ha podido dar a conocer los términos en los que se otorgó el
crédito para la construcción de esta autopista, que le fue concesionada a Grupo
Higa por el gobierno del Estado de México, en septiembre de 2007, en licitación
pública.
SE AUTORIZARON DURANTE EL GOBIERNO DE CALDERÓN: DEL
MAZO
Consultado al respecto,
Alfredo del Mazo, quien de 2012 a 2015 se desempeñó como director de Banobras,
actual candidato a gobernador del Estado de México, dijo que esos créditos
fueron autorizados durante la administración del expresidente Felipe Calderón y
la ex directora del banco, Georgina Kessel, y que ante el cambio de gobierno
federal, a él sólo le correspondió realizar las ministraciones de dicho
crédito.
“A esta administración
federal sólo le correspondió formalizar los créditos previamente autorizados”,
confirmó Abraham Zamora Torres, ex titular de la institución
Higa no sólo se ha visto
beneficiada con créditos de Banobras en los gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña, también recibió dos contratos de obras a dos de sus empresas en
2013, los cuales ascendieron a mil 620 millones de pesos. Estos recursos fueron
destinados a la ampliación de dos tramos de la autopista Guadalajara-Colima,
cuyo título de concesión tiene Banobras. Esta vía consta de 148 kilómetros y
forma parte del corredor Manzanillo–Tampico, que constituye el enlace más
importante entre la zona centro– occidente del país y el puerto de Manzanillo.
AUTOPISTA
Y TAXIS AÉREOS
Desde 2010 arrancaron los
trabajos de ampliación de esa autopista, los cuales quedaron incompletos, por
lo que en 2013, para concluirlos, se hizo una invitación restringida a diversas
empresas, para participar en la construcción de los subtramos 1 y 2.
Las dos filiales de Grupo
Higa ganaron la adjudicación por parte del fideicomiso que preside Banobras.
Constructora Teya y Concretos
y Obra Civil del Pacífico, fueron quienes presentaron las ofertas más sólidas y
más económicas para realizar esas obras y por eso les fueron asignadas conforme
lo establecen las reglas del fideicomiso, las cuales obligan a una contratación
por invitación restringida a cuando menos tres empresas; además que esta
decisión fue tomada colegiadamente por un comité”, dijo en entrevista Alfredo
del Mazo
Banobras también otorgó un
contrato, de abril de 2013 a diciembre de 2015, por 10.7 millones de pesos, a
una empresa de taxis aéreos propiedad de Grupo Higa.
Hasta 2006, Banobras contaba
con su propia aeronave, la cual fue dada de baja por antigüedad.
(Con información de Excélsior)
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ ABRIL
15, 2017 2:46 PM)
La denuncia presentada por el padre de
familia afectado señala que durante varios días el maestro le pidió a la
adolescente que le enviara fotografías sin ropa para no dejarle tarea durante
las vacaciones.
Tijuana, BC, 14 de abril (SinEmbargo/ZETA).-
Un maestro de nivel preparatoria de Tijuana, Baja California, es acusado de
pedir a través de WhatsApp fotos de índole erótica y sexual a sus alumnas “para
no dejarles tarea” y que pudieran descansar durante las vacaciones de Semana
Santa, según denuncian padres de familia, informó El Debate.
El padre de una joven de 16
años descubrió los chats entre su hija y el profesor en el teléfono celular de
la menor, por lo que presentó una denuncia en contra del docente, identificado
como solo como “El Profe Alex”, quien está prófugo.
Al revelarse la situación,
otras adolescentes admitieron que el maestro hacía este tipo de peticiones, no
sólo para no dejarles tarea sino también para recibirles trabajos más tarde,
justificar faltas y aprobarlas.
La denuncia presentada por el
padre de familia afectado señala que durante varios días el maestro le pidió a
la adolescente que le enviara fotografías sin ropa para no dejarle tarea
durante las vacaciones.
Por ahora solo se sabe una
parte de la conversación entre el maestro y la joven, ya que por el secreto
sumario (información que sólo puede ser conocida por las partes incluidas en la
demanda) se encuentra restringida a los medios.
(SEMANARIO ZETA/ Noticias del día ZETA/
Sábado, 15 Abril, 2017 06:49 AM)
La oficina para México y
América Latina de la organización internacional Artículo 19 -que promueve la
defensa de la libertad de expresión-, señaló que con el homicidio del
periodista Maximino Rodríguez Palacios, perpetrado ayer viernes en La Paz, Baja
California Sur, son ya 104 periodistas asesinados en México del año 2000 a la fecha,
por la posible relación con su labor periodística.
Además, el medio donde
laboraba el reportero, continúa recibiendo amenazas, denunció la ong.
De estos, 31 se han
registrado durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
Los periodistas asesinados
durante este año, además de Rodríguez Palacios, son: Cecilio Pineda Birto, acontecido el pasado 2 de marzo en el
municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente del estado de Guerrero; además
del de Ricardo Monlui Cabrera,
asesinado el 19 de marzo de 2017 en Ciudad Yanga, Veracruz; y Miroslava Breach Velducea asesinada el
23 de marzo en Chihuahua, Chihuahua.
“Max” Rodríguez, se
desempeñaba desde noviembre de 2014 como reportero en el medio digital
Colectivo Pericú, donde cubría la fuente policiaca y hechos de alto impacto.
Además, escribía en el mismo
medio una columna denominada titulada “Es mi opinión”, en la que abordaba
diversos temas sobre política, gobierno, seguridad y violencia suscitada en
Baja California Sur.
En la documentación realizada
por Artículo 19, se encontró información sobre amenazas previas que había
recibido el reportero, primero, a través de una entrevista que le realizó el
medio CULCO Cultura y Comunicación BCS, publicada el 6 de diciembre de 2016, en
la que a pregunta expresa el reportero respondió:
“Sí me hablaron por teléfono
que ‘ya le pare, que no lo haga, que va a cargar…’ cosas así.”
En otro hecho reciente,
derivado de su columna, de fecha 11 de abril de este año, abordó información
sobre una “célula criminal” llamada “Los Colores”, en la que señaló el nombre
de la supuesta persona que la dirige.
En la misma, mencionó dos
ejecuciones recientes cometidas contra elementos de las policías ministerial y
estatal. En la columna se lee en uno de
los comentarios de ese mismo día, a una persona que bajo el seudónimo de “PÁJARO INQUIETO” lo amenazó:
“CUIDADO PUTITO PERIODISTA VENDIDO CHAYOTERO CORRUPTOS
YA ESTÁN MATANDO AGENTES MINISTERIALES, POLICÍAS ESTATALES LIC. DEL M.P. AHORA
NO MÁS FALTAN QUE EMPIEZEN A MATAR PERIODISTA CHAYOTEROS CORRUPTOS QUE AGARRAN
BANDO PINCHE MAX AGUAS”.
En entrevista con Artículo
19, Cuauhtémoc Morgan, director del medio, refirió que el asesinato de Maximino
Rodríguez “es un golpe devastador”, y además mencionó que este caso lo tenía
que atraer la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (Feadle) -lo que ya hizo esta mañana- “y que no quede impune”.
“Exijo como director que las
autoridades se apliquen con todos los recursos a su alcance para el
esclarecimiento de lo ocurrido a Maximino Rodríguez Palacios; no vamos a
descansar hasta ver que se haya hecho justicia conforme a los marcos legales en
este asunto que nos ha lastimado como medio”, señaló el director del Colectivo
Pericú. Morgan también mencionó que su medio fue amenazado en noviembre de
2016, a través de una manta colocada en sus instalaciones.
Según Artículo 19, “resulta
particularmente grave”, que el mismo usuario “Pájaro Inquieto”, continúe
profiriendo amenazas contra el Colectivo Pericú, ahora en la nota donde se dio
a conocer el asesinato de Max Rodríguez.
Artículo 19 exigió
“enérgicamente” al Gobierno de Baja California Sur que cumpla sus obligaciones
constitucionales y legales, a efecto de que “garantice el ejercicio pleno de la
labor periodística en dicho estado, y pueda desempeñarse sin ningún tipo de
obstáculos ni violencia”.
También hizo un “urgente
llamado” al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a cumplir con sus
obligaciones de protección para la labor periodística de quienes forman parte
del Colectivo Pericú, así como para la familia de Maximino Rodríguez.
Asimismo, la ONG exigió a la
Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, a realizar las
investigaciones correspondientes “de manera seria, eficaz e imparcial, conforme
a los estándares internacionales, debiendo privilegiar la línea de
investigación relacionada con el ejercicio periodístico de Maximino Rodríguez,
con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos”.
Ayer, entrevistado por el
periodista José Cárdenas en Radio Fórmula, Leopoldo Maldonado Gutiérrez,
oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, dijo que de acuerdo con el
informe de la organización titulado “Libertades en Resistencia”, dado a conocer
la semana pasada, 2016 constituyó el año más letal contra la prensa, con 11
asesinatos en un año, y al paso que vamos, 2017 “lo va a superar por mucho”,
dijo.
Por su parte, la Procuraduría
General de la República (PGR), a través de la Feadle atrajo la investigación
del homicidio del periodista Maximino Rodríguez, y que, “de forma inmediata,
después de tener conocimiento de los hechos”, la representación del Ministerio
Público de la Federación inició las indagatorias y una célula de investigación
se trasladó a la capital de dicho estado de la República.
Dicha célula está conformada
por agentes del Ministerio Público Federal, elementos de la Policía Federal
Ministerial y peritos en las especialidades de criminalística de campo,
química, balística, fotografía forense, dactiloscopia, medicina forense,
psicología, genética, valuación y tránsito, entre otros, concluyó el comunicado
de la PGR.
Por otra parte, la Embajadora
de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, el Gobierno de Baja
California Sur, así como asociaciones de periodistas condenaron el asesinato
del reportero de 73 años de edad, quien recibió al menos 15 disparos de rifles
de alto poder afuera de la tienda departamental City Club.
Jacobson lamentó a través de
su cuenta en la red social Twitter la violencia de la que es víctima el gremio
periodístico:
“Cuarto periodista asesinado
en el año. #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas”, escribió la embajadora
estadounidense. Asimismo, el Gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis,
solicitó al Gobierno Federal activar todos los protocolos de Protección a
Periodistas.
En un comunicado, el
mandatario aseguró que la Procuraduría del Estado abrió una carpeta de
averiguación por el asesinato del reportero y que “se agotarán todas las líneas
de investigación hasta dar con los responsables”.
En tanto, asociaciones
periodísticas también condenaron la ejecución de Rodríguez Palacios y
expresaron su apoyo a Colectivo Pericú.
Además, exigieron a las
autoridades el pronto esclarecimiento de este y los otros tres crímenes
cometidos en marzo pasado.
“Las víctimas mortales han sido 230 periodistas, 8
trabajadores de prensa, 16 familiares y 9 amigos de comunicadores. Además,
siguen sin solución 26 desapariciones forzadas. ¡YA BASTA!”, expresaron a través de un comunicado.
Según lo informó el Colectivo
Pericú, sujetos desconocidos dispararon contra el periodista y su esposa, desde
una camioneta pick up color blanca, que circulaba sobre el bulevar Forjadores.
La mujer resultó ilesa,
mientras que el cuerpo del reportero quedó inerte al interior del vehículo.
Rodríguez Palacios arribó a
la zona de estacionamiento a bordo de su vehículo, un Honda sedán de color
azul, cuando recibió una los disparos, al parecer con rifles de alto poder.
Según el Colectivo Pericú, el
reportero se acababa de estacionar en la zona de discapacitados, donde
solicitaría una silla de ruedas para su esposa, quien tiene problemas de
movilidad.
“Colectivo Pericú reprueba
con toda firmeza este ataque contra un compañero, así como los integrante del
gremio periodístico, sobre todo los que realizan la cobertura de eventos de
alto impacto. De la misma manera exigimos a las autoridades su aplicación en la
aclaración de este y muchos otros crímenes que siguen impunes y han dejado a
familias destrozadas por el dolor.”, señaló el medio sobre el reportero que
tenía varias décadas ejerciendo el oficio.
Rodríguez Palacios fungió
como vocero del Tribunal Superior de Justicia estatal y de la Procuraduría
General de Justicia del estado, además trabajó como corresponsal de los diarios
El Heraldo y Excélsior.
En la actualidad escribía una
columna sobre temas de seguridad y política.
El pasado 28 de marzo, un
grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada en el domicilio del
reportero Julio Omar Gómez Sánchez, en Cabo San Lucas, donde el escolta
asignado a la seguridad del periodista los enfrentó y perdió la vida.
Julio Omar Gómez cuenta con
protección debido a que ha denunciado ante la PGR dos atentados previos que ha
sufrido en su contra, por lo que se sometió al Programa de Protección a
Periodistas.
Ayer mismo, antes de darse a
conocer el asesinato de Maximino Rodríguez, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) informó que llevará a cabo un reunión con los fiscales
y unidades especializadas para diseñar y homologar un protocolo para la
protección de periodistas en riesgo.
“[La CNDH convocará a] un
encuentro que permita conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a
abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el objetivo de
buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de
justicia”, detalló el organismo en un comunicado.
Intentan levantar a policía
municipal en el sector Barrancos, cuando se encontraba frente a una tienda de
conveniencia ubicada por la avenida Las Torres y Ejército Nacional.
El policía se llama Rey Noé
Guzmán León, quien viajaba a bordo de una camioneta Nissan Fronthier roja,
cuando fue interceptado por un grupo armado que viajaba en dos camionetas
Toyota Tacoma rojas que le cerraron el paso.
Al parecer el agente fue
confundido con otro elemento policiaco y luego de interrogarlo y revisar
minuciosamente su unidad, fue dejado en libertad, aunque ya se lo habían
llevado del sitio por algunos minutos.