miércoles, 25 de junio de 2014

GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EX SACERDOTE PEDERASTA EDUARDO CÓRDOVA BAUTISTA

Eduardo Córdova Bautista, presunto sacerdote pederasta. Foto: Especial
 
México, D.F., (apro).- La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí giró una orden de aprehensión contra el exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien fue denunciado penalmente por drogar y violar a niños y adolescentes durante más de 30 años.

El procurador estatal Miguel Ángel García Covarrubias señaló que siguen sin conocer el paradero de Córdova, y adelantó que podría solicitar el apoyo de la Interpol para ubicarlo.

“Estoy investigando el paradero y recurriré a todas las entidades de la República para su localización y, si es necesario, a la alerta roja para que la Interpol nos apoye”, dijo García Covarrubias.

La orden de aprehensión se emitió después de varias semanas de haberse interpuesto las denuncias contra Córdova, tanto por parte de las víctimas como de la propia arquidiócesis de San Luis Potosí, ya que las mismas autoridades eclesiásticas investigaron por su cuenta al sacerdote y lo hallaron culpable de cometer actos de pederastia. 

Antes de denunciarlo penalmente, la arquidiócesis le retiró el ministerio sacerdotal a quien fuera párroco del templo de Nuestra Señora de la Anunciación. 

El castigo contra el sacerdote pederasta no requirió la aprobación del Papa Francisco, pues se trata de una “sanción ex officio”, producto de un proceso administrativo que no requiere la intervención papal.

El pasado 23 de abril la Arquidiócesis de San Luis Potosí impuso a Córdova Mendoza la suspensión de sus funciones y atribuciones ministeriales, a instancias del propio Vaticano. 

Dicha suspensión, que trascendió a finales de mayo, no fue más que una medida cautelar –impuesta porque las acusaciones contra el clérigo tenían fuertes indicios de verosimilitud– aplicada por los tribunales de la Santa Sede mientras concluía el procedimiento. 

La conclusión del proceso contra el inculpado se dio pocos días después de la visita “ad limina apostolorum” que los obispos mexicanos realizaron a Roma y en cuyo último grupo estuvo justamente Cabrero Romero. 

/25 de junio de 2014)

INFANTA ¿ A JUICIO ?

Juez decidiría este miércoles si mantiene la imputación a la infanta Cristina de Borbón, indiciada por lavado de dinero y delito fiscal

Cristina de Borbón sería enjuiciada por lavado de dinero y delito fiscal. El futuro de la hermana del rey Felipe VI, nueva cabeza de la Corona española, depende de la decisión del juez Tercero de Instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, quien por más de tres años ha investigado el llamado “caso Nóos”.


Castro adelantó que “previsiblemente” el miércoles decidiría si mantiene la imputación a la infanta Cristina de Borbón, indiciada por lavado de dinero y delito fiscal. 

Las acusaciones en su contra están vinculadas a malos manejos financieros de su esposo Iñaki Urdangarin a través del Instituto Nóos, dedicado al deporte.

Con el auto de Castro, se cierra la investigación centrada en Urgandarin y su socio Diego Torres, pero que han salpicado a la infanta, copropietaria de Aizoon, empresa filial de Nóos.

Además de encarar este escándalo desde que fue imputada el pasado 6 de enero, Cristina, quien perdió su título de realeza tras la abdicación del rey Juan Carlos, se enfrenta al rechazo de su hermano y de su esposa Letizia, quienes no le dirigen la palabra. 

 

POLICIAS Y HACKERS


Dos grupos de seguridad cibernética advirtieron ayer que agencias policiacas del mundo operan redes de malware para espiar a sus objetivos 

La línea divisoria entre trabajo policial de alta tecnología e intrusiones cibernéticas maliciosas se está borrando.

Según reportaron ayer los grupos de seguridad cibernética Kaspersky y Citizen Lab, agencias de policías están espiando a sus objetivos con métodos tradicionalmente asociados con los hackers más maliciosos.

Basados en documentos filtrados de la firma privada italiana Hacking Team, y en trabajos forenses, ambos expusieron una red global de malware operada por agencias gubernamentales en decenas de países.

Los grupos que investigaron a Hacking Team, compañía que desarrolla un software espía “legal”, aseguran que la firma se jacta de formas más agresivas de monitoreo, pues permite a las autoridades usar teléfonos celulares y computadoras personales como herramientas de espionaje.

“Previamente, la distinción era muy fácil: si era software malicioso, alguien malo había detrás”, dijo Costin Raiu, investigador de seguridad en la firma rusa antivirus Kapersky. 

Los reportes coinciden con  los programas de vigilancia masivos hechos públicos  gracias a las revelaciones del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden.


SACAN PROVECHO AL DESORDEN


Las autoridades locales permitirían la construcción de viviendas hoy consideradas irregulares, a cambio de recaudar más de 500 millones de pesos al año por impuestos. La Asamblea Legislativa ya prepara el dictamen y a punto de ser aprobado

Se pretende financiar la construcción de departamentos populares con los impuestos que pagarán los desarrollos de lujo que violen la ley 
Legisladores locales afirman que el Gobierno del DF no tiene presupuesto suficiente para atender el déficit de viviendas 
"Es una iniciativa que tiene el aval de diversos sectores, y por eso consideramos que no se va a violentar ninguna otra normatividad; (habrá) una serie de requisitos antes de construir" 
Carlos Hernández Mirón
Diputado local PRD

Tras no lograr impedir la construcción de departamentos de lujo que incumplen con el Uso de Suelo, estudios de factibilidad de agua y demás permisos, el Gobierno del Distrito Federal tiene una nueva estrategia.

Esta consiste en algo simple: autorizar cualquier proyecto inmobiliario, sin importar lo que marcan los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, a cambio de una jugosa partida

Se trata de un nuevo impuesto a los desarrolladores que quieran construir en lugares que no están permitidos, o que deseen edificar más niveles de los que establece la norma.

Para ello la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) delinea con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para crear la Norma 30 y la 31.

De acuerdo con el documento, que en los próximos días se convertirá en predictamen, la intención de la administración mancerista es regular la construcción vertical de la Ciudad de México y sustituir la Norma 26.

Esta última fue suspendida por las autoridades locales bajo el argumento de que los desarrolladores disfrazaban de viviendas de interés social, departamentos lujosos que les otorgaban grandes ganancias.

La nueva propuesta pretende financiar la construcción de departamentos populares con los impuestos que pagarán aquellos que ofrezcan construcciones de lujo e incumplen con la normatividad.

Y es que las autoridades estiman obtener más de 500 millones de pesos por avalar obras irregulares, según la proyección que le hicieron a los diputados locales la semana pasada.

En el documento no se establece ninguna sanción para los proyectos que ya se edifican en cualquiera de las 16 delegaciones, a pesar de no cumplir con el Uso de Suelo o niveles de construcción, pero sí sanciona con cárcel a nuevos infractores.

Una de las especificaciones que tiene la propuesta, indica que en las colonias de mayor plusvalía de la Ciudad de México no aplicará la Norma 30 y 31, como ejemplo está la San José Insurgentes, Chimalistac, Lomas de Chapultepec o Polanco).

Se prevé que en menos de dos meses, el dictamen sea aprobado en comisiones y el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que de lo contrarió se detendrían más de 40 ramas productivas.

Las normas

Según el documento base y las declaraciones de diputados locales, la Norma 30 se encargará de regular la vivienda de interés social, cuyo valor comercial no podrá exceder los 736 mil pesos.

Mientras que la segunda, la Norma 31, se especializará en las viviendas de interés medio y medio alto, la cual representa el mayor porcentaje de construcciones que se registran al año.

La primera será creada para impulsar la construcción de vivienda de interés social, que estará dividida en dos tipos. La “A” tendrá un valor de 495 mil pesos y la “B” de 736 mil pesos. 

Según lo estipulado en la propuesta, se retomarán los criterios de sustentabilidad y se impulsará la creación de una ciudad compactada, que permita detonar nuevas zonas de plusvalía.

Mientras que la Norma 31 penalizará con cárcel la construcción de nuevas viviendas que no cumplan con los permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Ahí se contempla la creación de un fideicomiso al que se destinará el 60 por ciento de los impuestos que paguen los desarrolladores que quieran construir más niveles, o en un lugar que no cumple con el Uso de Suelo.

De acuerdo con el diputado Carlos Hernández Mirón, los nuevos impuestos se determinarán con base en el número de metros cuadrados, la plusvalía de la zona y el número de niveles.

“La propuesta señala que el 20 por ciento de los ingresos se destinarán para beneficio de la ciudad; otro 20 por ciento será para mejoras de la zona donde se ubique la obra; el resto para la vivienda de interés social.

“Se trata de una iniciativa que tiene el aval de diversos sectores, y por eso consideramos que no se va a violentar ninguna otra normatividad, pues se tendrá que cumplir con una serie de requisitos antes de construir.

“Hay un logaritmo que define si el desarrollador quiere más niveles. Si la autoridad acepta se le da el permiso, y ellos simplemente pagan una transferencia de potencialidad”, explicó Hernández Mirón.

De acuerdo con el legislador del PRD, es urgente tener listo el dictamen en menos de un mes y llevarlo después al Pleno; de lo contrario vencerá el plazo para solicitar viviendas de interés social. 

Aseguró que el Gobierno del DF no tiene  presupuesto suficiente para atender la demanda de viviendas que hay en la ciudad, cuyo déficit es de 30 mil casas anuales. 

La oposición

La diputada local por el PAN, Priscila Vera, considera que el anteproyecto de las Normas 30 y 31, que sustituirá a la Norma 26,  afectará a más de 600 colonias. 

“Vemos que la propuesta sigue arrastrando los mismos vicios de la Norma 26”, dijo Vera, “no se establecieron candados para que los desarrolladores inmobiliarios hagan mal uso de ella.

“Esta norma tiene un serie de incentivos para los desarrolladores. En la anterior Norma 26 el desarrollador iba a Seduvi, decía que iba a construir vivienda popular, pedía que le autorizaran pisos extras de lo permitido en los planes delegacionales y evidentemente lo que hacían era violentar el precio de venta.

“Con las normas 30 y 31 solo pretenden seguir favoreciendo a los grupos de desarrolladores. Entre los beneficios está la exención del pago de derechos, como el impuesto  de adquisición de inmuebles, utilización de redes de agua, del pago de licencias de construcción, además de que no existen obligaciones de transparencia”. 

Sin embargo, la mayoría de los diputados ya está a favor de la iniciativa de la Seduvi, incluidos los de Acción Nacional.

 (REPORTE INDIGO/ 

FRONTERA CRIMINAL





Cuatro años después, la historia se repite: el estallido de violencia que ocasionó en Tamaulipas la división entre el Cártel del Golfo amenaza con propagarse a Nuevo León como una onda expansiva



"Aquí no existe ningún muro que nos proteja. 'Los límites son imaginarios y los bandidos no los conocen'."

Comerciante afectado

En General Bravo todos los habitantes conocen El Punto, pero hasta hace poco, nadie hablaba de él en este municipio del norte de Nuevo León

Amenaza el resurgimiento de la ola de violencia que hundió a Nuevo León y al área metropolitana de Monterrey en la peor crisis de inseguridad de toda su historia, la cual irrumpió primero por los municipios del norte que colindan con el estado de Tamaulipas.

Hace cuatro años fracasó el blindaje anunciado por las autoridades estatales y federales para intentar contener dentro de Tamaulipas los estragos de la guerra que provocó la ruptura entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas.

Simplemente, no fue posible detenerlos.

Nuevo León y sus municipios se convirtieron en zonas de guerra por la violenta disputa que protagonizaron los cárteles de la droga en busca de dominar territorios.

La estela de horror y dolor que provocó  entre los nuevoleoneses fue tan grande, que hoy sigue viva en la entidad.

Hoy, cuatro años después, la historia se repite: el estallido de violencia que ocasionó en Tamaulipas la división entre el Cártel del Golfo amenaza con propagarse a Nuevo León como una onda expansiva.

Las autoridades federales -una vez más- han intervenido en el estado tamaulipeco y el posible “efecto cucaracha” mantiene atemorizados a los nuevoleoneses que viven en Los Aldamas, Doctor Coss, General Bravo, Parás, Agualeguas y General Treviño.

Ellos saben que están en la mira otra vez, como ya pasó antes.

Saben que el infierno está a tan sólo unos metros de distancia, cruzando la línea divisoria que separa a Nuevo León de Tamaulipas.

La carretera Miguel Alemán-Los Aldamas es un pequeño camino que conecta Nuevo León con el estado de Tamaulipas, cruzando el Río San Juan.

El paisaje que se dibuja cuando se transita por esta vía es tan desolador como árido. Los grandes ranchos ganaderos –alguna vez prósperos con sus cabezas de ganado- fueron abandonados por sus dueños, que dejaron todo atrás, obligados por la violencia desatada por el narcotráfico.

A veces se recorren kilómetros sin cruzarse con algún alma por esta carretera, que ha sido testigo de muchas historias de terror, desgarradoras.

“En esta curva le cortaron el cuello a un muchacho”, recuerda uno de los lugareños.

“Su cabeza la tiraron por ahí. El muchacho era bueno, pero se metió de radiero (vigilante del narco) y no hizo su trabajo. Es lo que pasa cuando no haces bien tu chamba. Ellos mismos te chingan”.

La carretera Miguel Alemán-Los Aldamas era tierra de nadie, como casi todas las de la región.

También lo era la Camargo-Peña Blanco, un caminito que comunica a Doctor Coss con este municipio, ubicado en el epicentro de la llamada “Frontera Chica” tamaulipeca.

“¿Te acuerdas de La Rana? ¿El del Casino Royale?”, pregunta curioso un poblador de Doctor Coss.

Carlos Alberto Oliva Castillo, alias “La Rana”, fue una de las cabecillas de Los Zetas en Nuevo León. Uno de los capos que ordenó el ataque al Casino Royale de Monterrey hace cuatro años, donde murieron 52 personas en la capital de Nuevo León.

En Doctor Coss era un secreto a voces que “La Rana” manejaba una empresa de transporte en este municipio  y que sus tráileres daban servicio a Pemex.

Pero sus enemigos del Cártel del Golfo se enteraron y una noche uno de los comandos del CDG irrumpió en la empresa para prenderle fuego.

Ese día, más de 20 tráileres que estaban resguardados ardieron y las llamas duraron toda la noche.

Hoy, “La Rana” es testigo protegido de la PGR, pero en Doctor Coss no lo olvidan.

GARITAS ABANDONADAS

Hasta no hace mucho tiempo estos caminos eran intransitables.

Eran vías exclusivas para los comandos de los cárteles de la droga que se disputan desde hace tiempo el control del cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, el más importante de América Latina para el comercio.

 A veces Los Zetas, en ocasiones sus rivales del Cártel del Golfo, pero los dos grupos criminales instalaban retenes para controlar la zona. Los hombres armados interrogaban a cualquiera que se atrevía a transitar por estos caminos para controlar los accesos a Tamaulipas y las salidas a Nuevo León.

Hasta el año pasado, en el kilómetro 35 de la carretera Camargo-Peña Blanca, operó una garita en los límites de Nuevo León y Tamaulipas.

El recinto fiscal era administrado por el SAT y el Ejército Mexicano tenía instalado un retén militar en ese punto.

Hoy, la aduana fiscal está en ruinas. Sus ventanas rotas, el techo desmantelado y lo único que está en pie son los sacos de arena con los que los soldados formaban sus trincheras para poner sus ametralladoras.

En la fachada de la aduana hay algunas huellas, probablemente de impactos de balas. En el interior existen pintas con mensajes  de los cárteles de la droga.

“Mientras operó la aduana siempre estuvo el retén. Pero ahora que se fueron los aduanales también se fueron los soldados”, se queja un poblador de Doctor Coss.

“No entiendo cómo hablan de blindajes y estas garitas están solas y abandonadas. ¿Por qué no se instala aquí Fuerza Civil si son las entradas a Nuevo León por Tamaulipas?”.

Lo mismo ocurre en la garita de Arcabuz, localizada en el kilómetro 50 de la carretera estatal Miguel Alemán-Los Aldamas, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, en los límites con Nuevo León.

Lo único que sigue de pie es el letrero que avisa a los viajeros que en ese punto termina Nuevo León y principia Tamaulipas.

LA NUEVA GUERRA: ‘METROS’ CONTRA ‘ROJOS’

El cisma que se presentó en la dirigencia del Cártel del Golfo provocó un recrudecimiento de la violencia en el estado de Tamaulipas.

La guerra entre “Metros” y “Rojos” ha vuelto a sembrar el terror con sus enfrentamientos en los municipios de Reynosa, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Río Bravo, que conforman la llamada “Frontera chica” tamaulipeca.

Los pobladores de los municipios de Nuevo León –que colindan con Tamaulipas– no viven preocupados de que la inseguridad que afecta al estado vecino se propague como plaga hacia este lado.

Ellos no viven preocupados. Viven aterrorizados.

“Aquí no existe ningún muro que nos proteja”, se lamenta un pequeño comerciante.

“Los límites son imaginarios y los bandidos no los conocen”.

UN PUEBLO FANTASMA

Los Aldamas no parece un pueblo espectral. Lo es.

No hace mucho tiempo este pequeño municipio de Nuevo León, que colinda con la comunidad de Arcabuz, ubicada en el municipio de Miguel Alemán, era famoso en la región por los bailes que se organizaban en un auditorio que hoy luce triste y abandonado.

Las mujeres de este lugar tenían fama de que eran buenas para el baile, pero mejor para las peleas.

Hoy Los Aldamas es un pueblo que agoniza tras el paso de la ola violenta.

La gasolinera del pueblo cerró por la inseguridad  hace tiempo y la gente que pudo irse a Estados Unidos huyó, para no regresar nunca a sus casas.

El Depósito “La Flawis” nunca más abrió desde que la dueña fue levantada por un grupo del crimen organizado.

 “Nunca más se supo nada de ella”, dice un poblador. “Nunca más apareció y jamás supimos de ella”.

Hoy la Policía Municipal de Los Aldamas es un claro ejemplo de las corporaciones policiacas de esta región de Nuevo León: simplemente no existe.

El cuartel policiaco está cerrado con candado y en la ventana hay una hoja escrita con pluma pegada al vidrio.

“En caso de emergencia llamar a los teléfonos celulares 892-100-88-39 y 892-78-06 Emergencias Seguridad Pública Los Aldamas”.

LA BALACERA DE EL PUERTO

Las columnas de humo se miraban a kilómetros.

Los habitantes de la comunidad El Brasil, desde sus techos, contemplaban el incendio del Rancho El Puerto, ubicado en el municipio de Doctor Coss.

La mañana del 26 de abril de 2010, más de 100 elementos del 46 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano irrumpieron en el Rancho El Puerto, que había sido tomado por una célula del Cártel de los Zetas.

La balacera duró más de cuatro horas. Hubo estallidos de granadas y los militares contaron con apoyo aéreo de dos helicópteros.

Ese día el Ejército reportó que el enfrentamiento entre militares y criminales en El Puerto dejó un saldo de cinco muertos.

Pero los lugareños aseguran que en la batalla hubo más de 50 muertos.

“Fue una masacre. Las cajas de las camionetas iban llenas de cuerpos”, recuerda uno de los testigos.

Uno de los muertos, que reportó el Ejército como sicario, en realidad se trataba de Jorge Antonio Parral Rabadán, administrador de la caseta de cobro de Capufe en el municipio de Camargo, Tamaulipas, quien había sido secuestrado dos días antes por este grupo criminal.

Los integrantes de Los Zetas se habían apropiado de este rancho ganadero, tras replegarse de un enfrentamiento en Camargo. El grupo criminal llevaba consigo personas secuestradas y cuerpos sin vida, presuntamente, de dos fiscales de la PGR.

Los criminales secuestraron al dueño del rancho y a sus trabajadores. Los obligaron a prepararles comida y lavarles la ropa durante dos días.

“Yo creo que eso los avalentó y les salvó la vida”.

La balacera de El Puerto nunca será olvidada por los pobladores de Doctor Coss. Pero tampoco por el dueño del rancho. Ese día su propiedad quedó prácticamente en cenizas. Sus tractores, la casa, sus herramientas.

El Gobierno Federal le autorizó apoyos económicos para que se levantara una vez más. Era una víctima más de la violencia que se vivió en el norte de Nuevo León.

Pero no para la PGR, que trató de consignarlo en la investigación que abrió por los hechos ocurridos en El Puerto.

Su delito: no haber denunciado el despojo del rancho por los narcotraficantes.

“Usted fue cómplice porque no denunció”, le dijeron los elementos del Ministerio Público Federal que lo aprehendieron para llevarlo a la Ciudad de México, a la sede de la PGR, para interrogarlo.

EL PUNTO

En General Bravo todos los habitantes conocen El Punto, pero hasta hace poco, nadie hablaba de él en este municipio del norte de Nuevo León.

Y es que una indiscreción podía poner en riesgo la vida.

El Punto era un terreno despoblado, localizado al norte de la cabecera de General Bravo, donde al jefe le gustaba reunirse con sus pistoleros para tener fiestas y pachangas.

Muchos asistían como invitados, comenzando por los policías municipales de toda la región del norte de Nuevo León.

El Punto, sobre todo, era un lugar estratégico.

Ubicado a un lado del Río San Juan, desde ahí se podía vigilar la Autopista Monterrey-Reynosa y percatarse si llegaban los convoys del Ejército.

Hoy, en El Punto es un lugar solitario que casi nadie visita.

Muy cerca de ahí, Fuerza Civil construyó hace unos meses su punto fijo de vigilancia en el municipio de General Bravo.

(REPORTE INDIGO/ César Cepeda / Miércoles 25 de junio de 2014)

OCEANOGRAFÍA : EL COMPLOT



Aunque Amado Yáñez insiste en culpar a Martín Díaz Álvarez de las operaciones fraudulentas, hay factores que podrían exculparlo, como una conversación de WhatsApp certificada por un notario público

En ese documento, con sellos de la Notaría Pública número 32 del estado de Querétaro, se establece el pago que recibiría Martín Díaz
Desde la Procuraduría General de la República quieren otro culpable para el caso Oceanografía.

No basta con el dueño de la empresa Amado Yáñez, sus socios y los 10 empleados de Banamex que fueron detectados en la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por eso de una u otra forma buscan involucrar a Martín Díaz Álvarez como el cerebro financiero del millonario fraude. 

De hecho ya existe una orden de aprehensión en su contra por parte de la PGR.

Sin embargo, hay elementos que deslindan al sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al menos formalmente, de la administración de la empresa Oceanografía. 

Existe además una conversación entre Amado Yáñez, socio principal de la navierea,  y Díaz, con la que podría desligársele del asunto. Todo está en la forma en la que la PGR tome esto como prueba.

Y es que al firmar el contrato con Oceanografía se le impidió –en la cláusula octava– a Díaz Álvarez tomar cualquier tipo de decisión financiera. 

“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el prestador podrá intervenir directa o indirectamente en las decisiones administrativas ni en las operaciones o negocios del cliente o de la persona moral denominada Oceanografía S.A. de C.V. ya que los servicios que presta se entenderán reservados y limitados a la asesoría en materia financiera respecto a dicha empresa”, dice el contrato firmado el 15 de abril del 2010 por Óscar Rodríguez Borgio como representante legal de GGM Energy S.A. de C.V. y Amado Yáñez.

En ese documento, con sellos de la Notaría Pública número 32 del estado de Querétaro, se establece el pago que recibiría por la cantidad de 4 millones 800 mil dólares por el servicio de asesoría financiera por tiempo indefinido. 

En la ampliación de declaración del 2 de mayo, su socio Amado Yáñez lo responsabilizó de todos los movimientos económicos de Oceanografía.

“Dentro de sus funciones estaba la atención directa de todos los asuntos financieros de la empresa y su estructura, contabilidad y finanzas, así como la oportunidad de nuevos financiamientos. Esto incluía todo lo relacionado con los bancos, es decir,  atendía pasivos, créditos y financiamientos. Todo con el fin de que la empresa pudiera continuar operando y cumplir su objetivo social”.

Fue un cambio repentino en la declaración. De no haberlo mencionado en su primer encuentro ante el MP, pasó a decir que todas las actividades en los bancos eran su responsabilidad.  Aunque en los documentos del notario Juan Carlos Muñoz Ortiz hubiera quedado asentado otra cosa.

El empresario que hoy se encuentra libre bajo fianza, porque el delito fue considerado como no grave, declaró en la misma ampliación ante el Ministerio Público, que la cesión de acciones ante la falta de liquidez para pagarle a Díaz había sido del 15 por ciento, cuando en realidad fue del 20 por ciento como consta en otro documento notariado en poder de Reporte Indigo.

“Carezco de la liquidez necesaria para cubrir en numerario la cantidad  generada a favor de su representado por concepto de honorarios derivada del referido contrato y agradeciendo el plazo que se me ha concedido para realizar el pago, así como el hecho de que los servicios se hayan prestado en su totalidad a pesar de que el suscrito se ha abstenido de cubrir cantidad alguna, le manifiesto mi decisión de cubrir el importe de tales servicios mediante la transferencia a GGM Energy S.A. de C.V. el número de acciones equivalente al 20 por ciento  de las acciones de las cuales soy titular”, dice el escrito firmado por Amado Yáñez ante el Notario Público interino 102, Sergio Fernández Martínez, del Estado de México.

Una de las líneas de investigación que no se han dado a conocer por la PGR son los movimientos bancarios que se hicieron del dinero que se extraía de Banamex hacía la cuenta de María del Rocío González Gutiérrez, cuñada de Amado Yáñez.

Y es que de acuerdo a fuentes de la dependencia existen movimientos de grandes montos de dinero a la cuenta 3089278377 de J.P. Morgan Chase Bank en Florida.

Un 'WhatsApp' lo exculpa

A finales de febrero, cuando el tema de las estimaciones de obra falsas y facturas apócrifas estaba en su apogeo, entre los días 26 y 28 de febrero Martín Díaz Álvarez mandó una serie de mensajes a Amado Yáñez para recibir una explicación.

Martín: Estás?

Fue el primer mensaje enviado a Yáñez el 26 de febrero sin obtener respuesta. Posteriormente dos días después insistió.

Martín: Estás?

Martín: Viste lo que salió en el periódico?

Martín: ¿Qué hay sobre facturas?

Amado Yáñez: Es mentira

Amado Yáñez: Todo

Esta conversación fue certificada por el Notario Público número 19, Armando Alberto Gamio Petriocioli en sus oficinas de Tlalnepantla, Estado de México. 

En la certificación de hechos el notario da cuenta de que el lacónico diálogo provenía de la aplicación Whatsapp del celular de Martín Díaz Álvarez.

“A continuación, pulsó en la mencionada lista el contacto referido, ingresando a la información proveniente del mismo, en la cual se encuentran mensajes de diversos contenidos y fechas, procediendo el compareciente a identificar los mensajes fechados los días veintiséis y veintiocho de febrero del año dos mil catorce, pudiendo cerciorarme de la existencia de los siguientes seis mensajes que a letra dicen”. 

Y es ahí en donde se expone el diálogo antes descrito. El notario tomó en cuenta el modelo, el número de serie y junto al documento que emitió, se anexaron fotografías de la conversación, la aplicación de mensajería telefónica en la que se hizo el diálogo y del aparato telefónico.

En el documento se destaca que se revisó la información del contacto que tenía el nombre de Amado Yáñez y apareció el número 52 1938 389 1450.

El eslabón entre Banamex y Yáñez

Las investigaciones, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación,  se han centrado en Amado Yáñez como accionista mayoritario de Oceanografía, y en Martín Díaz como presunto cerebro financiero. 

Sin embargo, en el proceso de fraude participaban otras personas que poco se han mencionado, como un personaje que desde Petróleos Mexicanos fue el presunto operador a favor de Oceanografía: Mario Ávila Lizárraga.

Él fue despedido de su cargo como subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex en cuanto se inició el escándalo de Oceanografía. 

Es señalado como uno de los principales colaboradores de Amado Yáñez para poder lograr el fraude millonario.

Y es que para que las líneas de crédito de Banamex pudieran operar, se realizaba un esquema en el que se tenía que contar con las estimaciones de obra por parte de la paraestatal, debidamente firmadas por Pemex Exploración y Producción.

Ávila Lizárraga es originario de Campeche, fue candidato al gobierno del estado por el Partido Acción Nacional,  y considerado como uno de los alfiles de la familia del exsecretario de Gobernación ya fallecido, Juan Camilo Mouriño.

Además de acuerdo a un dictamen confidencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el número 211-3/135448-MM/2014, clasificado como reservado con base en la Ley de Transparencia por 12 años, se establece que fueron al menos 10 personas al interior de Banamex las que participaron para poder obtener estimaciones de obra falsas y así conseguir al menos 455 millones de pesos de manera fraudulenta.

Emilio Granja Gout, Director de Banca Corportativa; José Alfonso Ortega Brehm, Director Trade; Juan Pablo Añorve Borquez, Subdirector de Banca Corporativa; Erik Cervantes Murillo, Analista de Negocios; Vanesa Maricela Ramírez Segura, Product Manager; Sergio Torres Lebrijia, Channel Finance Head; José Ángel Castillo Guerrero, Transactions SC Senior Supervisor; Ricardo García Salgado, Transactions Svs Senior Supervisor y Angélica Ruíz Martínez, Transactions Svs Associate 2, fueron quienes desde dentro operaron para beneficiar a la polémica empresa, según el documento.

Todos estos empleados, de acuerdo al dictamen oficial: 

“Conocieron, consintieron e implementaron la conducta dolosa encaminada a autorizar o realizar operaciones a sabiendas de que estas resultaran en quebranto al patrimonio de Banamex. Lo que se materializó al permitir mediante acción u omisión que OSA (Oceanografía) emitiera estimaciones de obra apócrifas  a Banamex para ejercer la línea de crédito autorizada para el uso de OSA, lo que generó un quebranto patrimonial a dicho banco acreedor por 455 millones 281 mil 789 pesos”, dice el documento.

Hasta el momento solo a dos de ellos se les ha girado orden de aprehensión.


INVESTIGA PGJ DE VERACRUZ CASO DE NIÑO ATADO A VENTANA

Niño atado a ventana

La procuraduría recaba testimonios de familiares, de vecinos y de las redes sociales, para conocer las circunstancias y proceder en contra de los presuntos responsables


XALAPA, 25 de junio.- La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) inició una investigación ministerial para deslindar responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables del maltrato a un menor de edad, hechos ocurridos en la colonia Américas, en esta ciudad.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía del Estado inició la integración de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/SF5/205/2014, de la cual tomó conocimiento la Agencia Quinta del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Familia.

Como parte de las tareas de investigación, la PGJ recaba los testimonios de familiares, de vecinos y de las redes sociales, para conocer las circunstancias y proceder en contra de los presuntos responsables.

Mientras tanto, el DIF Estatal, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, inició los procedimientos que marca la ley para proteger la integridad física y psicológica del menor.

La información surgió luego de que en redes sociales circuló la fotografía de un menor edad amarrado a rejas de una ventana, en una vivienda de esta capital.