lunes, 9 de marzo de 2020

LOS 18 IMPUNES


A partir de 2015, las calles de Baja California, particularmente en la Zona Costa, están convertidas en el campo de batalla de los cabecillas del Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras los lugartenientes criminales del Cártel Arellano Félix (CAF), hacen y deshacen alianzas con ambas mafias.

Las cabecillas de estos grupos y sus matones siguen en libertad, mientras la incidencia delictiva registrada por la Fiscalía General del Estado (FGE) muestra que estos cinco años de pugna se han traducido en 10 mil 774 homicidios dolosos cometidos en cuatro de los cinco municipios bajacalifornianos: Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, entre el 1 de enero de 2015 y el 4 de marzo de 2020.

De acuerdo con las autoridades, por lo menos el 80% de estas muertes, aproximadamente 8 mil 600, están relacionadas con asuntos de drogas. De esa cifra mortal, 845 asesinatos se han perpetrado en los primeros 125 días del actual bienio estatal encabezado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Estas casi  once mil ejecuciones en cinco años, están muy por encima de los 5 mil 700 asesinatos contabilizados en medio de la guerra interna que sicarios del CAF protagonizaron entre 2007 y 2014,  conocida como uno de los periodos más violentos en BC.

Impunes, los jefes criminales de estas células delictivas han sido los mismos durante prácticamente un sexenio, a pesar de que las autoridades locales del Grupo Coordinación, hoy llamado Mesas de


Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y la Seguridad, los tienen identificados desde 2015 como objetivos prioritarios.

Señalados como responsables de la violencia homicida que mantiene a Baja California en los primeros lugares de inseguridad en el país, y a Tijuana como la ciudad con más asesinatos, teniendo como actividad criminal el tráfico de droga, se han empoderado como jefes, mientras la Federación ha hecho muy poco para neutralizarlos.

En julio de 2017, el entonces  secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conoció la lista de generadores de violencia en Baja California y habló de trabajo conjunto para obtener órdenes de aprehensión en su contra, pero nada ocurrió.

Con el nuevo gobierno bonillista, la vieja lista -ahora depurada- de estos narcotraficantes que cometen delitos federales, se volvió a remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) y las corporaciones locales les hicieron llegar información de inteligencia. Este listado incluye perfiles compartidos, con imágenes, nombres y apodos harto conocidos.

CJNG, LOS VIEJOS CRIMINALES Y LA “LIMPIA”

JOSÉ SOTO GASTÉLUM “EL TIGRE”

Contrario a viejos organigramas del Grupo Coordinación, el gobierno actual no ubica a Soto con el Cártel de Sinaloa -donde tiene parientes de sangre-,  ni en la zona de Mexicali o Tecate, donde operó durante más de diez años parta los sinaloenses. Lo presentan como líder del CJNG y lo radican en Tijuana. Como antecedente, Alejandro Estrada “El Lic del  Diablo”, abogado del CJNG, también se desempeñó como defensor de Soto.

Nacido en Navolato, Sinaloa, con 52 años de edad, al “Tigre” lo identifican como líder de una célula que trafica marihuana, cocaína y heroína a Estados Unidos, con actividades de extorsión y homicidios.

Ingresó a las rutas de tráfico en Tijuana apoyando con droga y dinero al grupo de Eduardo García Simental “El Teo” cuando se escindieron del CAF en 2008.

JESÚS ALFONSO TRAPERO IBARRA “EL TRAPOS” O “EL PROFE”.

También de Navolato, Sinaloa y con 46 años recién cumplidos, el ex policía municipal de Tijuana con casa en Villas del sol y Villa Fontana, pero radicado en la zona suburbana de Tecate, solo tiene antecedentes penitenciarios por robo de auto en 2009 y 2014, aunque es considerado la cabeza operativa del CJNG en la Zona Costa.

Es el único que ha sobrevivido a la “limpia” realizada por los de Jalisco con sus asociados de Baja California, después que Arturo Gómez “El Gross” fuera asesinado en noviembre de 2016; Juan José Pérez Vargas “El Piolín” o “El JP” muriera asfixiado en mayo de 2019 en el penal de Puente Grande; y Héctor Manuel Morales Guzmán “El Gallero” fuera secuestrado y desaparecido en abril de 2019, todos mientras estaban en Jalisco.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Alejandro Estrada “El Lic del  Diablo”, abogado y coordinador administrativo, también está “desaparecido”.

ISRAEL ALEJANDRO VÁZQUEZ VÁZQUEZ “GOOFY” O “CABO 50”

Tijuanense de 34 años que delinquió primero con Sinaloa y en 2015 se unió al CJNG de la mano del “Gross”. Cabecilla de sicarios con dirección en la delegación Otay en Tijuana, su zona de confort sigue siendo Sánchez Taboada. Tiene antecedentes penitenciarios por robo con violencia en 2003, 2010 y 2012.

 WILLIAM ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ “CABO 18”

Nativo de Guadalajara, Jalisco, con 43 años, es residente de la delegación Sánchez Taboada, refugio del CJNG. Es parte de la célula de Vázquez, detenido en dos ocasiones en posesión de droga en 2017, sin mayores consecuencias.

CÁRTEL DE SINALOA: DIVIDIDOS, ENFRENTADOS Y EN LIBERTAD

RENÉ ARZATE GARCÍA “LA RANA”

Tijuanense de 35 años, actualmente radicado en Sinaloa, sus antecedentes delictivos en Tijuana datan de 2007, cuando disparó en contra de su ex esposa y fue acusado de homicidio en grado de tentativa y lesiones.

Pese a ser considerado líder del Cártel de Sinaloa en Baja California, no tiene órdenes de aprehensión en México, pero en Estados Unidos está acusado junto a otra decena de narcotraficantes, dentro del caso 14CR0722-DMS -fechado el 13 de septiembre de 2013-, resultado de la Operación Narcopolo, iniciada en 2011, por  traficar a EU  652 kilos de metanfetamina, mil 343 kilos de cocaína, 12.2 toneladas de marihuana, 53 kilos de heroína, 5 mil 500 pastillas de Oxicodona y más de 14.1 millones de dólares en ganancias resultado de la venta de drogas.

ALFONSO ARZATE GARCÍA “EL AQUILES”

Sinaloense criado en Tijuana, con 45 años de edad. Se integró a las rutas del tráfico en Zona Costa de Baja California, ofreciendo droga y apoyo a la célula de Fernando Sánchez Arellano durante la pugna interna del CAF en 2008, y en 2010, cuando capturaron a “El Ingeniero”, se terminó de posicionar como cabecilla del narcotráfico.

Tiene pendiente una orden de aprehensión por secuestro en BC, y otra en EU en el caso 14CR0722-DMS, el mismo que su hermano.

VÍCTOR HUGO MEJÍA LÓPEZ “EL GRIEGO”

Ensenadense de 31 años, operador de los Arzate y encargado del control delictivo en Tijuana y Ensenada. Fue detenido en 2013 por posesión de arma y posteriormente liberado.

IVÁN LEONARDO PEÑA PERALTA “EL TURBO” Y/O “EL ARCÁNGEL”

Tijuanenses de 33 años, operador criminal de los Arzate en la Zona Norte de Tijuana junto a Manuel Gómez Ruvalcaba “El Aguacate”, detenido en 2002 por delitos contra la salud; después recuperó su libertad.

JAVIER OLGUÍN HERNÁNDEZ “EL JAVO”

Nativo de Tijuana, 37 años. Encargado del trasiego de droga a la Unión Americana y control de parte de la Zona Este de Tijuana. Capturado por abuso de confianza en 2002 y por posesión de arma y homicidio en 2015, posteriormente liberado de acuerdo a información de la autoridad penitenciaria.

VÍCTOR MANUEL PADILLA MURILLO “EL CHATARRAS”

Nacido en Ensenada, tiene 38 años y es propietario de un yonque en el puerto. Las autoridades lo ubican como trasegador de droga para Sinaloa, con operatividad en Ensenada. Entre 2006 y 2019 le iniciaron averiguaciones previas por fraude, recepción y ocultamiento de bienes del delito y violación a la Ley de Delincuencia Organizada. Siempre ha recuperado su libertad.

JESÚS CORRALES RÍOS Y/O CANALES RÍOS Y/O ORTIZ RÍOS “EL VIEJÓN”

Originario de Culiacán Sinaloa, de 44 años, opera en Tecate. Detenido por homicidio calificado en 2011, posesión de armas y drogas en 2010, 2011, 2013 y 2015, cuando se ejecutó una orden de aprehensión por homicidio. Actualmente libre, de acuerdo a información de la autoridad penitenciaria.

Los Mendoza Uriarte eran del CAF y en 2008 se aliaron a Sinaloa de la mano de José Soto Gastélum y su primo Raydel López Uriarte “El Muletas”, traficante confeso detenido en 2010 y liberado en 2018. Están separados y en ocasiones enfrentados con gente de los Arzate.

FRANCISCO JAVIER MENDOZA URIARTE/JUAN RICARDO MÉNDEZ SOTO “CHAPITO URIARTE”

Sinaloense de 36 años, con su familia encargada del tráfico de droga y administración criminal en la Zona Este de Tijuana. Detenido por posesión de armas y dinero como uno de Los Más Buscados  en 2016, pero fue liberado.

JOSÉ LUIS MENDOZA URIARTE “EL GÜERO CHOMPAS”

Sinaloense, operador en Zona Este de Tijuana y con 32 años. Detenido por robo de auto en 2011 y 2012, posesión de arma en 2009, homicidio calificado y asociación delictuosa en 2015. Actualmente en libertad.

CAF: DOS OBJETIVOS PRIORITARIOS

PABLO EDWIN HUERTA NUÑO “EL FLAQUITO”

Tijuanense de 28 años, líder criminal de una célula dedicada al trasiego de droga y control territorial. Colaborador de José Luis Escudero Escandón -detenido  el 3 de febrero-, quien ha hecho acuerdos con el CJNG y pactos de paz con los Arzate. Es señalado de ordenar los homicidios de sus operadores.

DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ “EL CABO 20”

Tijuanenses de casi 31 años, ex líder de sicarios del CJNG que se trasladó al CAF cuando Héctor Manuel Morales Guzmán “El Gallero” quedó a cargo de los de Jalisco. Actualmente operador criminal de “El Flaquito” en Tijuana y Ensenada.

Ambos son buscados como responsables del ataque contra seis integrantes de la Guardia Estatal donde fue asesinado el agente Marco Antonio Reyes Nahon y el civil Jesús Héctor Cabrera Mendoza, el 22 de enero del 2020.

LOS MUERTOS DE LOS TRAFICANTES DE SINALOA EN MEXICALI

En la Capital del Estado, a pesar de los intentos del CJNG, el Cártel de Sinaloa se ha mantenido como operador único, permitiendo el paso de otras células criminales con cobro de piso. El saldo mortal de este control durante los últimos 16 años, contabilizado por la Fiscalía General, ha sido de mil 599 homicidios violentos, a razón de 99 asesinatos por año. Los cabecillas llevan décadas operando identificados:

LUIS FERNANDO CASTRO VILLA/CENOBIO FLORES PACHECO/SERGIO CAMPOS SALCIDO “EL CHECO”

Con 47 años, este cabecilla administrativo de Sinaloa es señalado por el gobierno como líder del trasiego de enervantes entre Sinaloa y Mexicali, pero solo con una averiguación previa por lesiones culposas y daño en propiedad ajena que data de 2007.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ VICENTE (ALIAS HÉCTOR) “EL GUILO”

Mexicalense de 51 años y operador de Sinaloa en la zona urbana de Mexicali, las autoridades lo identifican como encargado de la droga que llega por avión en el Valle. Tiene orden de aprehensión pendiente por homicidio aprobada en 2019. Está enfrentado con Felpe Barajas “El Omega”, traficante de Sinaloa que presuntamente apoya la llegada del CJNG.

MANUEL GARIBAY ESPINOZA/ADOLFO ESPINOZA DUEÑAS “MEÑO”

De 62 años, a pesar de que no hay órdenes de aprehensión en su contra y que sus abogados han hecho públicos los documentos en los que las autoridades judiciales lo han declarado como una persona libre sin cuentas pendientes, las autoridades coordinadas lo sostienen como cabecilla del organigrama criminal en el Valle cachanilla desde 1998, cuando operaba para el CAF, para después incorporarse al Cártel de Sinaloa. Fue acusado del homicidio de un policía en 2004 y detenido en 2014 pero solo estuvo preso por dos meses.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 9 MARZO, 2020 01:00 PM)



LOS CONFLICTOS DE INTERÉS DEL GENERAL ESPITIA HERNÁNDEZ




Áxel Chávez y Sandra Romandía, Investigaciones La Silla Rota
Una empresa relacionada con Felipe de Jesús Espitia Lima —hijo del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con un longevo historial de tortura y vejaciones— obtuvo contratos por 29.7 millones de pesos como proveedora del Ejército y organismos públicos relacionados con la milicia, donde su padre tenía una alta injerencia desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando participó como mando en el Operativo Conjunto Chihuahua. La relación entre la empresa del hijo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) constituye un conflicto de interés.

Incluso, diez de todos sus contratos con recursos federales, que ascienden a 3 millones 509 mil 152 pesos, los recibió del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con su padre como coordinador de asesores, cargo que mantuvo hasta hace unos días, cuando su perfil profesional fue borrado de la página de internet y del portal Nómina Transparente, aunque La Silla Rota acudió a sus oficinas y personal a su cargo confirmó que seguía en activo, aunque excusó que no podía recibir a periodistas.

El pago más alto por parte del organismo en el que su padre ejercía un puesto de mando lo recibió el 14 de diciembre de 2015, cuando la empresa con la que está involucrado, Servicios de Representación Mexicanos, le vendió en 2 millones 604 mil 787 pesos sin IVA “equipo de administración y bienes informáticos”, específicamente, lámparas LED, aunque su giro es la consultoría. En ese entonces, Espitia padre tenía dos años y diez meses en el cargo, ya que obtuvo su nombramiento desde el 15 de febrero de 2013.

En su ARTÍCULO 8, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS señala: “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. El mismo artículo establece que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Las torturas del general de AMLO, que narra la historia de un sobreviviente de tortura y un asesinado por órdenes de Espitia Hernández, quien, en su paso por la milicia, acumula acusaciones de tratos crueles, vejaciones, fabricación de culpables e irregularidades. Aunque López Obrador lo ha mantenido con un sueldo de 115 mil pesos mensuales brutos, como coordinador de asesores en el ISSFAM, en las últimas horas su nombre fue borrado de bases de datos del gobierno federal.

A los 27 años, sin estudios profesionales, Felipe de Jesús Espitia Lima ingresó al gobierno federal como jefe de Departamento en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el 4 de noviembre de 2002. En la declaración patrimonial inicial que presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 27 de mayo de 2003 expuso que no tenía bienes inmuebles ni ninguna otra propiedad a su nombre, y en la modificación que hizo en 2005 sólo indicó que tenía un Pointer 2003 valuado en 60 mil pesos.

Pero con Servicios de Representación Mexicanos la situación económica cambió: consiguió contratos por 29 millones 750 mil 179 pesos entre 2014 y 2018 al vender desde equipo para laboratorio hasta juguetes, en el periodo en que su padre era uno de los generales principales del Ejército; además, también tuvo un contrato con el gobierno de Chihuahua, donde su progenitor operó durante la guerra contra el narco y ejercía influencia política.

Servicios de Representación Mexicanos S.A. de C.V., con domicilio en avenida de los Andes No. 105-302, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, no está registrada ante el Registro Público del Comercio; sin embargo, en la documentación que ha presentado en fallos públicos hay referencias a actas ante notario público, con el giro de consultoría.

Aunque otros procesos para obtener contratos en los que han participado su apoderada es Hilda Leticia Prado Barragán, una contadora pública egresada en 1996 del Instituto Politécnico Nacional con número de cédula 2306981, según una consulta realizada al Sistema Nacional de Profesionistas, Felipe de Jesús Espitia Lima firmó como representante en el proceso de licitación pública nacional UMSNH-04/2014 celebrado el 27 de agosto de 2014 por el Comité Institucional de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En esa entidad, Michoacán, Espitia hijo ha fungido como auxiliar de la secretaría técnica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de acuerdo con oficios de comisión y comprobantes de viáticos en poder de La Silla Rota, fechados en mayo de 2018.


Precisamente en 20 de agosto de ese año, la empresa recibió su último contrato del Instituto en el que laboraba Espitia padre, por 12 mil 56 pesos para proveer “herramientas”, mismo concepto por el que el 27 de julio de 2017 recibió otros 197 mil 735 pesos por “equipo de administración y herramientas”.

Sin embrago, el año con más pedidos del SSFAM fue 2015: el 11 de diciembre le pagó 280 mil 972 pesos por “material de construcción, mobiliario y equipo”; el 24 de julio, 144 mil 209 pesos más por “material eléctrico para adornos del 15 de Septiembre”; el 20 de noviembre, 116 mil 79 pesos por “material eléctrico y de construcción”, y el 13 de abril, 66 mil 292 pesos por “juguetes para el Día del Niño”.

Pero no fue todo: el 13 de mayo suministró material eléctrico por 54 mil 762 pesos, mismo concepto por el que cobró 32 mil 260 pesos adicionales el 13 de noviembre de ese mismo año.

Espitia Lima no tiene estudios profesionales. Su nombre no arroja resultados en el Registro Nacional de Profesionistas. Cuando fue funcionario federal, dijo a la Secretaría de la Función Pública que era técnico programador, egresado de una institución denominada International Institute, que está en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Recibió, no obstante, un certificado, no un título.

Pese a no tener formación profesional, en la PGR estuvo primero en la Administración de Bienes Materiales y después fue jefe de Departamento en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), área de inteligencia que realiza el mapeo de cárteles del narcotráfico –con los que ha sido ligado su padre mediante mantas e imputaciones de víctimas de tortura–, donde su función principal era la investigación de delitos.

LAS DECLARACIONES CAMBIANTES

En la Secretaría de la Función Pública existen dos declaraciones de patrimonio iniciales de Felipe de Jesús Espitia Lima: una del 27 de mayo de 2003 y otra del 8 de junio de 2004.

Mientras en la primera no da cuenta de ningún bien, en la segunda dijo que tenía un Chevrolet Sedán 2003, que valuaba en 108 mil pesos. Su salario era de 15 mil 343 pesos mensuales.

Antes de PGR señaló que sólo tenía experiencia en un empleo previo, en el sector social, al trabajar en oficina elaborando oficios y contestándolos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de marzo de 1999 a septiembre de 2002, asignado a la Coordinación de Seguridad Física.

No obstante, en su declaración de 2007, al citar el mismo empleo, indicó que fungía como analista en la Subdirección de Energéticos, donde su función principal fue el manejo de bases de datos.

Además de los 3.5 millones que ganó con el SSFAM mientras Espitia padre laboró en ella, la empresa en la que participa Espitia hijo ganó 25 millones nueve mil 80 pesos en 36 contratos con la Sedena, donde su progenitor ha sido jefe de la sección séptima (2001-2004), comandante de la 5ª Zona Militar (2007-2010) y comandante del Centro Nacional de Adiestramiento (2010-2011).

Asimismo, también obtuvo uno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (54 mil 467 pesos) para dotar de equipo de laboratorio, dos del gobierno de Puebla en el mandato de Rafael Moreno Valle (520 mil 131 pesos) por equipo especializado para carreteras, y uno del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (449 mil 724 pesos) por mobiliario.

También otro de 196 mil 555 pesos, en 2014, por equipo para laboratorio para el gobierno de Chihuahua, donde su padre estuvo a cargo del Operativo Conjunto con el que se pretendía desarticular a los cárteles, en el sexenio de Calderón.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / REDACCIÓN ZETA/ MIÉRCOLES, 4 MARZO, 2020 08:20 PM)