viernes, 23 de noviembre de 2018

TRAGEDIA SEXENAL


Si alguien pensaba que el presidente Enrique Peña Nieto había tocado fondo porque prácticamente desapareció de la escena pública o se minimizó a sí mismo, se equivocó. Si desde 2013, aún sin terminar su primer año de gobierno le empezó a ir mal en la aprobación de su gestión, va a terminar peor. Repudiado por la mayoría de los mexicanos, nadie de sus cuatro antecesores habían tenido un final de sexenio más patético. Hace poco más de dos años, decía que no había mucho que podría hacer para cambiar la percepción de los mexicanos, pero quizás jamás pensó Peña Nieto que su descrédito, que arrastrará tras entregar el poder, fuera tan escandaloso. Tanto, que 40% de quienes habían votado por el PRI en el pasado, sufragaron por Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio.

Cuando gobernaron Luis Echeverría y José López Portillo no había mediciones presidenciales, por lo que no se pueda saber el pulso mexicano al entregar el poder en medio de crisis financieras. En todo caso, los dos presidentes naufragaron ostensiblemente al final de su sexenio, a diferencia de Peña Nieto, que comenzó a hacer agua desde el verano de 2013, cuando la reforma fiscal provocó que sus niveles de aprobación y desaprobación se cruzaran, sin que pudiera volver a recuperarse. Entregarle el poder por anticipado a López Obrador, y dar instrucciones que se confunden entre colaboración y genuflexión, no le ganó positivos en el epílogo de su administración. Todo lo contrario.

Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para ejecentral, revela los datos de la tragedia peñista. Sólo 12.5% de los mexicanos -se puede establecer en uno de cada 10- aprueban su gestión, mientras que el 67.8% lo desaprueba, una reducción dentro del margen de error de las más recientes encuestas de aprobación presidencial. En términos de confianza, su balance es más negativo. El 83.9% -equivalente a ocho de cada 10-, no le confía nada, y solo el 16.1% expresó tenerle confianza. Prácticamente nadie le daría algo a cuidar a Peña Nieto, que perdió su prestigio, su toque político, su futuro. Tanto que se esperaba del presidente más carismático desde Adolfo López Mateos en los años 60, y tanto que terminaron rechazándolo aún los propios.

Las mayores facturas que le cobró el electorado fueron el gasolinazo de enero de 2017, y la inseguridad. En el primer caso, fue una pésima operación política, derivada de la soberbia onomatopéyica de su equipo más cercano, que diagnosticó equivocadamente la reacción de los mexicanos ante la liberalización de los precios de gasolina, similar a la que había hecho el gobierno de Peña Nieto en su propio sexenio, o el gobierno de Felipe Calderón, por no haber tomado en cuenta de manera seria el humor social, creciente en negativos desde 2013, y que solían minimizar. En el segundo, fue la debacle de los incompetentes a quienes Peña Nieto, sin la capacidad cognitiva para tomar decisiones racionales, les permitió destrozar lo que se había construido por años porque, una vez más animados por su jactancia, descalificaron por reduccionismos rupestres.

La molestia con el presidente arrastró al resto de los candidatos presidenciales. Aniquiló a José Antonio Meade, la apuesta ciudadana para tratar de compensar el descrédito del PRI, pero lo hundió a él y a su partido, convirtiéndose en el enterrador prematuro de 70 años de historia tricolor. El corrimiento hacia el candidato López Obrador de cuatro de cada 10 de sus electores históricos y sus bases clientelares, cuyo mensaje de inconformidad ignoraron en las elecciones intermedias de 2015, fue la respuesta más sonora en contra de Peña Nieto y un gobierno que no supo gobernar, administrar ni defender la mayor conquista alcanzada en décadas, el Pacto por México que fue el crisol de las reformas estructurales del país. Pero no sólo fue él, como vector del descontento. Los mexicanos llegaron al hastío con el estado de cosas nacional.

No solo priistas votaron por López Obrador, sino también panistas. La encuesta de Indicadores SC refleja que el 20.2% del voto conservador le dio la espalda al candidato Ricardo Anaya, que compitió también con la bandera del PRD y Movimiento Ciudadano, y se fue a la bolsa del candidato de Morena que durante todo este siglo había sido su enemigo por antonomasia. El 15.2% del PRD tampoco votó por Anaya, que representaba mucho de lo que ellos combatieron históricamente, y contribuyeron con el 6.6% del voto total de López Obrador. El voto priista le dio 17.2% del total al moreno, y el PAN le dio el 8.7% de lo que se convirtió en un tsunami electoral.

“El 32% de los votos que logró López Obrador provenían de los votantes del PAN, PRI y PRD, y por ello la migración de votantes de otros partidos fue una condición necesaria para su triunfo, que sólo con el apoyo de los seguidores de la coalición Morena-Partido del Trabajo-Encuentro Social, hubiera sido imposible”, explicó Elías Aguilar, director de Indicadores SC. “El cambio que significó el resultado electoral que llevaron a López Obrador a la Presidencia, es ante todo un rechazo a las élites que han detentado el poder en este país”.

El representante de esas élites quedó impreso en la figura de Peña Nieto, que sigue siendo el pararrayos del descontento. Para su infortunio adicional, las élites, cuando se habla con algunas de sus figuras conspicuas, también lo ven con desdén por su incompetencia manifiesta, acentuada por lo que resulta incomprensible a propios y extraños, la rendición ante López Obrador. El próximo presidente lo podrá perdonar, pero la sociedad mexicana, está claro, nunca lo hará.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/23 DE NOVIEMBRE DE 2018)

JUICIO AL ESTADO MEXICANO


Si todas las afirmaciones que hizo Jesús El Rey Zambada en la Corte Federal de Brooklyn son ciertas, desde hace unas dos décadas México es un narco Estado. Según Zambada, el presidente Enrique Peña Nieto recibió dinero del cártel del Pacífico desde que era gobernador del estado de México, y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, también. Gabriel Regino, el brazo derecho de Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, igual. Gobernadores, generales, comandantes de la policía, con las manos llenas de dinero sucio a cambio de brindar protección a Ismael El Mayo Zambada, jefe de esa organización criminal, hermano de El Rey y compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien se juzga en Nueva York.

Bajo esa misma lógica declarativa, pronto aparecerían otros nombres que en algún momento tuvieron relaciones institucionales, al menos, con personas a quienes se ha investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos funcionarios de Los Pinos en la administración de Peña Nieto y de Vicente Fox, o futuros funcionarios en el gobierno entrante de López Obrador. Ex procuradores federales y estatales, periodistas y empresarios, jueces y religiosos también serían embarrados en el potaje de los Zambada. Pero son tan extraordinarios los señalamientos del criminal detenido en 2008 en la Ciudad de México, que habría que preguntar exactamente qué es lo que está persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, a la que se le sumaron para el juicio de El Chapo fiscales de la Corte en Miami y el Departamento de Justicia.

El caso rebasó a Guzmán. Todo el Estado Mexicano está a juicio en Nueva York. Pero también, inversamente, el gobierno de Estados Unidos. García Luna fue doblemente verificado por la DEA y revisado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos tiempo antes que lo señalara Zambada de haber recibido dinero sucio, y el gobierno estadounidense le otorgó una visa extraordinaria de residencia que sólo dan a contadas personas en el mundo, además de que entre los socios de su consultoría figura José Rodríguez, quien como número 2 de la CIA fue el encargado de encontrar la pista que finalmente llevó a Osama bin Laden. Regino trabajaba con Ebrard y López Obrador, quienes a su vez contrataron los servicios de asesoría en materia de seguridad de Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y actualmente el abogado personal del presidente Donald Trump. Si las cosas son como las plantea Zambada, ¿nunca estuvieron enterados de lo que hacían las personas con las que estrechamente trabajaban?

Todo esto no niega la infiltración de los cárteles de las drogas en instituciones mexicanas y la penetración que durante años les ha permitido operar con altos rendimientos. Habría que recordar al general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar de las drogas, quien 48 horas después de haber sido reconocido en la Casa Blanca por el general Barry McCaffrey, zar de las drogas en la Administración Clinton, fue detenido por su involucramiento con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. O la razón por la que el cardenal Juan José Posadas Ocampo iba al aeropuerto a recibir al nuncio apostólico Gerónimo Prigione aquél mayo de 1993 en que lo asesinaron en el aeropuerto de Guadalajara: para inaugurar una mueblería de Eduardo González Quirarte, un acaudalado empresario tapatío que era en realidad lugarteniente del Señor de los Cielos.

Lo que se propone en este texto es un ejercicio dialéctico para poder entender qué es lo que está sucediendo atrás del banquillo de testigos en la corte neoyorquina. ¿Por qué los testimonios de Zambada fueron filtrados? En cambio, los de Osiel Cárdenas, el ex jefe del Cártel del Golfo que inició el reclutamiento de militares que se convirtieron en Los Zetas, que se acogió al programa de testigos protegidos, se mantuvieron en secreto sin que la prensa supiera nada qué es lo que testificó y contra quién. Zambada actúa como Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, ciudadano estadounidense que trabajó bajo sus órdenes y la de los hermanos Beltrán Leyva en la Ciudad de México, y cuando se presentó a juicio en Estados Unidos, habló como El Rey ahora, por lo que su testimonio fuera desechado porque no se sostenía en evidencias.

Las afirmaciones de Zambada hay que tomarlas con cuidado. Por ejemplo, ¿alguien se pregunta por qué afirma haberle dado seis millones de dólares a Peña Nieto y García Luna, en un restaurante a ambos, pero en momentos diferentes? ¿Alguien se cuestiona porqué en los dos casos dijo que hubo dos entregas? Puede ser una mera coincidencia, pero puede que no. Hace casi 20 años, dos ex agentes de inteligencia de la Marina vendían en un millón de pesos la “información” que Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas, estaba vinculado al narcotráfico. La historia de los dos agentes, confrontada por este reportero, no se sostenía. La DEA los había acogido a su programa de testigos protegidos, pero a los seis meses los regresó a México. No servían para nada. Su “información” era falsa, pero un periódico capitalino la publicó, manchó para siempre el nombre de Salinas.

El testimonio de Zambada recuerda aquella historia de finales de los años 90. Una vez más hay que subrayar que no se plantea la inexistencia de vínculos con el narcotráfico de nadie de los expuestos, pero se tiene que probar con evidencia, como otros casos de alto impacto. De otra forma, estaremos ante una enorme cortina de humo para esconder a no sabemos quién o quiénes, de qué nivel y en qué lugar, con qué propósito ulterior.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/22 DE NOVIEMBRE DE 2018)



¿NARCOPROCURADORES?


El 2 de octubre de 2008 El Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO, estaban en la nómina del Cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió –quien esto escribe era el director editorial- que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador Eduardo Medina Mora le habló al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ealy Ortiz accedió.

Durante un mes, pese a las objeciones de la Dirección Editorial, Medina Mora y la entonces jefa de la SIEDO, Maricela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina Mora había acordado con Ealy Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero de Medina Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario –hoy subdirector-, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. “Operación Limpieza”, respondió.

“Operación Limpieza” fue. La publicación originó una purga en la SIEDO y el cese del director editorial ante las presiones de Medina Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera subrepticia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Medina Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán.

La “Operación Limpieza” se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en El Universal detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados a la SIEDO, el pecebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina Mora ni Morales rindieron cuentas por ello.

Los dos fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto, quien esta semana está viviendo días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín El Chapo Guzmán, de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del Cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero este lunes en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al Cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal.

Garay detalló cómo Medina Mora y Morales tejieron una red de protección en torno al Cártel del Pacífico, que encabezaban en ese momento los hermanos Ismael y Jesús Zambada –este último, capturado por Garay en 2008 y hoy testigo de la Fiscalía en Brooklyn-, así como El Chapo Guzmán. Para ello, dijo, utilizaron la “Operación Limpieza” –ajustada tras el acceso que les dio Ealy Ortiz— para desarticular “los esfuerzos que se venían haciendo contra las estructuras criminales”, y descarrilar las investigaciones que se seguía en contra de los integrantes de ese cártel.

La información que aportó Garay, que es de primera mano, reconstruye cómo en dos ocasiones que estuvo a minutos de detener a El Chapo Guzmán, filtraciones de la PGR impidieron su captura y confirmó que Édgar Enrique Bayardo, un ex policía de caminos a quien detuvo por servir a los intereses de Zambada, fue convertido por Morales en testigo protegido y perdonado de todos sus delitos. El Cártel del Pacífico no lo exoneró de nada y lo mandó asesinar a finales de aquél mismo 2008.

Otro caso paradigmático de cómo operaba la PGR en ese entonces, fue cuando se decomisó el mayor cargamento de cocaína en la historia en el puerto de Manzanillo, cuyo administrador era Ardelio Vargas, hijo de un cercano colaborador de Medina Mora del mismo nombre, propiedad del Cártel del Pacífico, sin que hubiera detenidos, ni investigación contra los funcionarios en el puerto. Otro cargamento de droga importante en Altamira, en Tamaulipas, donde no intervino la PGR, produjo decenas de detenidos.

Medina Mora y Morales nunca habìan sido señalados tan directamente por nadie como ahora por Garay. No habrá consecuencias para ellos en lo que resta del gobierno, pero en la siguiente administración las cosas pueden cambiar. No sólo por lo que puede aportar Garay, sino por cómo lo que surja en Brooklyn, podrá ir construyendo un juicio en México para que los hoy señalados se defiendan y aporten su verdad. La “Operación Limpieza”, revivirá pero bajo otros referentes.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ 21 DE NOVIEMBRE DE 2018)

CONFIESA EL ‘REY’ ZAMBADA SOBORNOS A GENARO GARCÍA LUNA Y A FUNCIONARIO DE AMLO



 (RIODOCE/21 DE NOVIEMBRE 2018)

REVELA EL ‘REY’ MÁS SOBORNOS Y ASESINATOS DEL CÁRTEL DE SINALOA




 (RIODOCE/ 19 DE NOVIEMBRE 2018)

QUEMAN DOS CAMIONETAS EN NAVOLATO


Dos camionetas fueron encontradas calcinadas y abandonadas en una brecha que comunica del Taste El Fresno a unas granjas avícolas de la comunidad de La Cofradía de la Loma municipio de Navolato.

Las autoridades informaron que los vehículos fueron incendiados de manera intencional durante la madrugada de este viernes, pero aunque se rumoró que hubo personas privadas de la libertad, aún se desconoce si esta versión fue confirmada.


Las unidades son una camioneta Toyota FJ Cruiser y una Jeep Cherokee, ambas de modelo reciente, las cuales quedaron totalmente calcinadas y alrededor de las 6:30  horas fueron localizadas por los pobladores.

También se dijo que este tipo de unidades es utilizado por los marinos que realizan operativos en aquel municipio, pero dicha versión no ha sido confirmada.

(RIODOCE/ REDACCION/ 23 NOVIEMBRE, 2018)

“H” BELTRÁN LEYVA SUFRIÓ INFARTO AL SABER QUE TESTIFICARÍA CONTRA EL CHAPO EN NY: BALAREZO


Eduardo Balerazo, abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, declaró que el narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, el H, sufrió el infarto que causó su muerte luego de que le anunciaran que sería extraditado para testificar en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, Estados Unidos.

“Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que sería extraditado para presentarse en la corte de Nueva York y testificar en juicio contra de El Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto”, reveló en su cuenta de Twitter el abogado del ex líder del Cártel de Sinaloa.

BALAREZO LAW
@balarezolaw
 Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que iba ser extraditado para presentarse en la corte de NY para testificar en contra del Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto. @EPN #ElChapo @balarezolaw
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Beltrán Leyva falleció el pasado 18 de noviembre, en el Centro Médico López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Alias “El H” o “El Ingeniero”, de 56 años de edad, era requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), en San Miguel de Allende, Guanajuato, en octubre de 2014.

“El H” sufrió de un infarto dentro de su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encontraba recluido desde el 2 de marzo de 2016, según informó la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de un comunicado firmado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

A las 15:07 horas del domingo pasado, el encargado de la seguridad del penal reportó que Beltrán Leyva presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del pecho, por lo que médicos del penal federal de máxima seguridad le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos.

Sin embargo, al notar que “El H” no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo al hospital, donde murió en el área de urgencias. Tras el fallecimiento de Beltrán Leyva, las autoridades federales informaron a los familiares del capo sinaloense, para que efectúen los trámites de entrega del cuerpo y se les den a conocer los resultados oficiales de su muerte.

Los doctores del nosocomio reportaron el deceso del reo con número de expediente 3889-AJ-16, mientras que la Secretaría de Gobernación afirmó que Beltrán Leyva recibió la atención médica que requirió, además de que el personal del nosocomio, así como del penal federal, “agotaron todos los recursos clínicos a su alcance para poder restablecerlo”.

El 12 abril 2017, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, concedió el amparo 1121/2016 al capo sinaloense, que dejó sin efecto el acuerdo por el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo cedió en extradición a Estados Unidos, el 26 de septiembre del año pasado.

La autoridad judicial explicó que el amparo otorgado al quejoso no se traducía en la libertad del supuesto líder criminal, ya que no había un pronunciamiento de fondo respecto de la procedencia o improcedencia de la petición de extradición formulada por EU, país que lo reclamaba por tráfico de drogas y operaciones con recursos de operación ilícita.

Además, el juez ordenó que se realizara un peritaje para identificar al acusado y así poder determinar si era la misma persona que reclamaban las autoridades estadunidenses, además de continuar o no con el trámite correspondiente al procedimiento de extradición.

Otros miembros del cártel de los Beltrán Leyva han sido abatidos, están encarcelados en México o fueron extraditados a Estados Unidos, como el caso de Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva, quien a principios de abril del 2017 fue condenado a cadena perpetua por un juez estadounidense.

A mediados de septiembre del 2016, elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron en Hermosillo, Sonora, a Clara Elena Laborín Archuleta, alias “La Señora”, jefa de la plaza en Acapulco, Guerrero, para la organización criminal que lleva los apellidos de su esposo, “El H”.

Información oficial indica que Héctor Beltrán Leyva y su hermano Arturo, alias “El Barbas”, iniciaron a su compadre Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en el negocio del tráfico de cocaína. Los tres son primos y nacieron en la región montañosa de Badiraguato, Sinaloa. Durante décadas, hasta 2008, fueron aliados.

Sin embargo, “El Chapo” traicionó a sus familiares, según la información otorgada por las propias autoridades. “El Barbas” fue abatido por infantes de la Marina en diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, por lo que Héctor tomó el relevo y mantuvo una cruenta guerra contra su ex aliado, el ex líder del Cártel de Sinaloa, ahora enjuiciado en EU.

“El H” -sobre quien pesaban 29 averiguaciones previas del orden federal- lideraba, hasta su detención, la organización del grupo criminal que llevaba sus apellidos y cuya actividad principal era el trasiego de droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa. Después, lo sucedió su esposa, alias “La Señora”.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 22 NOVIEMBRE, 2018 02:15 PM)

¿TREN MAYA? ¿REFINERÍA DOS BOCAS? ¿TRANSÍSTMICO? ¿SÍ O NO? A VOTAR: SÁBADO Y DOMINGO, LA CONSULTA


A un día del ejercicio ciudadano hay sentimientos encontrados en los diversos ámbitos involucrados, entre ellos el sector empresarial, que por un lado aboga por el Tren Maya, pero que también cuestiona esta consulta al considerarla innecesaria.
Las mesas de votación se instalarán en los mismos puntos en donde fueron colocadas para la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.  Los resultados no se harán públicos la noche del 25 de noviembre, último día de la consulta, porque se trata de 10 votaciones en una sola boleta, por lo que el conteo final se daría a conocer hasta la mañana del 26 de noviembre.
A un día de la consulta López Obrador ha compartido en sus redes sociales videos donde defiende la construcción del Tren Maya y señala los lugares donde transitará. “Como es de dominio público, yo estoy a favor del Tren Maya, reiteró hoy.

Mérida, Yucatán/Ciudad de México, 23 de noviembre (EFE/SinEmbargo).– Las y los mexicanos participarán este sábado y el domingo en una consulta sobre 10 iniciativas, entre las que destacan tres grandes proyectos de infraestructura, prioritarias para el Gobierno entrante del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas encabezan la boleta que incluye otras propuestas de tipo social y ambiental y que serán consideradas en todo el país pero con especial interés en la región sur-sureste, donde esos tres proyectos serán, al parecer, echados a andar.

Las mesas de votación se instalarán en los mismos puntos en donde fueron colocadas para la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).  Los resultados no se harán públicos la noche del 25 de noviembre, último día de la consulta, porque se trata de 10 votaciones en una sola boleta, por lo que el conteo final se daría a conocer hasta la mañana del 26 de noviembre.

A un día del ejercicio ciudadano hay sentimientos encontrados en los diversos ámbitos involucrados, entre ellos el sector empresarial, que por un lado aboga por el Tren Maya, pero que también cuestiona esta consulta al considerarla innecesaria.

También objeta su financiamiento, en caso de ser desviado este de los recursos para la promoción turística del país a nivel internacional.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, originario de Mérida,  Yucatán, afirmó que el tren sí impulsará la economía y lo consideró rentable, por lo que él y sus agremiados consideran innecesaria la consulta que abarcará todo el país.

A su vez, agrupaciones indígenas de la zona maya se han mostrado en favor por los beneficios, sobre todo económicos y de oportunidad laboral que el tren dará a la región, pero también en contra por no haber sido objeto de una consulta previa específica a sus pueblos.

En tanto, la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, ha hallado respuesta favorable de la iniciativa privada y los paisanos del futuro Presidente por la percepción de que resarcirá fuentes laborales perdidas a raíz de la reforma energética, que terminó con el monopolio del sector por parte de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), principal motor económico de la zona.

Pero ha sido objetada, sobre todo en días recientes, por ambientalistas que criticaron y denunciaron ante instancias del ramo el desmonte de un terreno, propiedad de Pemex y que sería empleado para dicha refinería.

Con esa objeción viene implícita otra a la consulta, al considerarla innecesaria por lo hecho en esa superficie que evidencia que la decisión está ya tomada, independientemente de lo que opinen los ciudadanos.

Un poco más al norte a orillas del Golfo de México, el puerto de Coatzacoalcos, en  Veracruz, será uno de los dos puntos de salida y llegada del otro proyecto de infraestructura del próximo gobierno, el Tren Transístmico, que tendrá su otro extremo en el Océano Pacífico, en el puerto y petrolero de Salina Cruz, Oaxaca.

Este proyecto, que será el que quizá requiera menos presupuesto de las iniciativas de infraestructura con poco más de 49.2 millones de dólares (el Tren Maya necesitará 363.5 millones), prevé enlazar ambos océanos por vía férrea para el transporte de carga y mercancía -petróleo incluido-, lo que facilitaría las exportaciones.

Especialistas han considerado que, con el tiempo, este ferrocarril pueda vincularse con el Tren Maya. De suceder esto, la economía de todo el sur mexicano resultaría previsiblemente vinculada y dinamizada.

Los tres proyectos referidos buscan rescatar a la región del ancestral en que ha permanecido desde la época posrevolucionaria (1917), sin inversiones que generen un cambio en la economía y sobre todo en la vida de sus habitantes.

Salvo la promoción del proyecto del puerto de Cancún en el Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) -que con el tiempo se convirtió en el principal balneario de Latinoamérica-, la región ha evidenciado un rezago paradójico respecto al resto del país, pues ha sido su principal abastecedor de petróleo, energía eléctrica y divisas por turismo.

La apuesta de López Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, parece ser buscar un equilibrio con la zona de los más pobres, desprovistos de la dinámica de desarrollo en el centro y norte del país.

Todo ello a fin de beneficiar a unos 24 millones de gobernados en siete estados, casi 20 por ciento de la población mexicana.

AMLO ANUNCIA CONSULTA

La semana pasada, López Obrador anunció que el próximo 24 y 25 de noviembre se realizará la consulta ciudadana para definir la construcción del Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, la nueva refinería en Tabasco y la aplicación de 10 programas sociales.

El morenista detalló que esta nueva consulta será financiada por los senadores de su partido y que el proceso será el mismo que en la votación para decidir el futuro del NAIM, cuya obra fue cancelada en Texcoco.

Los 10 proyectos que el nuevo Gobierno someterá a consulta son los siguientes:

1.- Construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo.

2.- Conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la economía en la región.

3.- Construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir gasolina con el petróleo extraído por Petróleos Mexicanos (Pemex).

4.- Plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, creando 400 mil empleos permanentes.

5.- Aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años (desde los 65 años en regiones indígenas).

6.- Otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni de trabajar.

7.- Becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país.

8.- Pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad.

9.- Garantizar atención médica y medicinas a toda la población que no cuenta con servicios de salud.

10.- Proveer cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país.

El tabasqueño ha asegurado que defenderá todos sus proyectos independientemente de lo que decida la gente, debido a que forman parte de los compromisos que hizo durante su pasada campaña presidencial.

Y en ese sentido se pronunció hoy el morenista. En sus redes sociales compartió una serie de videos donde expone el impacto turístico que la construcción del Tren Maya traerá a  cinco estados de la República: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

El primer video que publicó estuvo acompañado del mensaje: “Como es de dominio público, yo estoy a favor del Tren Maya; a lo largo del día les compartiré tres mensajes sobre este proyecto”.



En un segundo video se muestra la ruta que recorrerá el Tren Maya. La grabación muestra los sitios turísticos por los cuales pasará el Tren, mismo que iniciará su recorrido desde Cancún y se prevé que transite por Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque, en el tramo de ida.

En la ruta de regreso abarcará lugares emblemáticos de Campeche y Yucatán, incluida la zona arqueológica de Chichen Itzá, terminando el recorrido en Quintana Roo.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 23 DE NOVIEMBRE 2018)



miércoles, 21 de noviembre de 2018

LAS 7 CÉLULAS DEL CRIMEN ORGANIZADO QUE SON HERENCIA DEL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN LEYVA



Foto: Tomada de Internet

A través de sus operadores más cercanos, el poder de esta familia criminal se dispersó en nuevas células que siguen operando en distintas regiones de México

El cártel que fundaron los hermanos Beltrán Leyva –Arturo, Héctor, Alfredo y Carlos– es ejemplo de la capacidad regenerativa del narcotráfico en México, pues de su tronco seco nacieron al menos 7 grupos criminales que operan en distintos estados de México.

Estos son: los "Rojos", los "Mazatlecos", los Ruelas Torres, los Granados, los "Ardillos", el Cártel Independiente de Acapulco y el "2 mil".

Expertos en crimen como Martín Gabriel Barrón, investigador del Instituto de Ciencia Penales (Inacipe), lo advierte: "La detención o privación de la vida de líderes de organizaciones delictivas no elimina en automático el problema de la delincuencia organizada". Al contrario, lo que ha provocado es su multiplicación.

Barrón explica que al inicio del siglo XXI había en el país 7 grandes carteles vinculados al tráfico de drogas. Luego con Calderón, derivado de la "guerra contra el narcotráfico", estos se fraccionaron en 89 subgrupos y ahora hay aproximadamente 130.

"Las autoridades afirman que son 9 grandes grupos, pero olvidan todas sus fracciones en los estados", afirma Barrón.

Eso pasó con el cártel de los Beltrán Leyva, luego de la embestida federal que los desarticuló.

El primero en caer fue Alfredo, conocido como "el Mochomo", detenido en enero de 2008, en Culiacán Sinaloa, y ahora preso en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco.

A este le siguió su hermano Arturo, el fundador del cártel, llamado "el Barbas" o "el Jefe de Jefes", abatido en diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con la Marina en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

A los 15 días, el 30 de diciembre de ese mismo año, cayó Carlos en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, quien está preso en el penal de Almoloya de Juárez.

Héctor, "el H", fue último de los hermanos detenido. En octubre de 2014 autoridades federales lo aprehendieron en San Miguel de Allende, Guanajuato y estuvo preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, hasta este domingo que murió de un paro cardiaco, según el gobierno federal.

LOS PADRINOS DEL "CHAPO"

Fue Héctor y su hermano Arturo quienes "apadrinaron" en su momento a Joaquín "el Chapo" Guzmán en el mundo del narcotráfico. Más tarde, sin embargo, se convirtieron en fieros rivales y protagonistas de una cruenta guerra entre cárteles.

Primos lejanos, originarios de la misma región de Badiraguato, en Sinaloa, los Beltrán Leyva y "el Chapo" fueron socios en el negocio del tráfico de cocaína hasta 2008. Ese año los hermanos acusaron a Guzmán de haber entregado a Alfredo a las autoridades.
La guerra entre los Beltrán Leyva y "el Chapo" tuvo saldos de sangre en ambos bandos. En mayo de 2008, cuatro meses después de la detención de Alfredo, fue asesinado Edgar Guzmán López, de 22 años, hijo del "Chapo", quien atribuyó su muerte a los Beltrán. Luego vino la muerte de Arturo y la detención de Héctor, en 2009.

El poder del cártel de los Beltrán Leyva quedó en manos de Héctor, quien forjó alianzas con los enemigos del "Chapo": Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Héctor, también conocido como "el Ingeniero", hizo más estratégica y violenta a su organización para enfrentar el poder del cártel de Sinaloa. Hasta su detención, en 2014, su foto aparecía entre los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos.

LOS HEREDEROS

Ni la muerte ni la cárcel –de los hermanos Beltrán Leyva y del "Chapo"– pudieron cortar la capacidad regenerativa de esos grupos criminales. De la savia de los Beltrán Leyva se alimentaron al menos otros 7 grupos que asolan el país.

"Los Rojos" nació en 2011 de la mano de Jesús Nava Romero, "El Rojo", quien fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva y su jefe de plaza en Morelos y Guerrero. A él se le atribuyó la decapitación de 9 militares en Chilpancingo, capital guerrerense.

Tras su asesinato, en 2013, "Los Rojos" quedaron al mando de Zenén Nava Sánchez, "El Chaparro", que controla Guerrero, y Santiago Mazarí Hernández, "El Carrete", quien los lidera en Morelos.

Este cartel tiene operaciones en el norte y centro de Guerrero, y en Morelos. Entre sus actividades delictivas está la siembra y distribución de droga, así como el secuestro y la extorsión.

La segunda célula criminal derivada de los Beltrán Leyva son "Los Mazatlecos", quienes se desempeñaron como su "brazo armado" para enfrentar al Cártel de Sinaloa, desde el puerto de Mazatlán, en Sinaloa.

Aunque progresivamente se fueron independizando, siempre se mantuvieron fieles a los Beltrán Leyva y para ellos operaron en Sinaloa, Durango y Nayarit bajo las órdenes de Samuel Lizárraga Ontiveros, "El Tortillero", y Fausto Isidro Meza, conocido como "el Chapito" Isidro.

 El primero fue detenido en Querétaro, en noviembre de 2017, y el segundo sigue prófugo y detenta todo el poder del grupo. El gobierno de Estados Unidos tiene una orden de aprehensión en su contra al identificarlo como operador y mano derecha de Héctor y Alfredo Beltrán Leyva.

Los Ruelas Torres son otro cártel que derivó de los Beltrán Leyva. Actualmente está liderado por Joel Efrén Ruelas Ávila, hijo de José Luis Ruela Torres, quien fue su fundador luego de trabajar para los Beltrán Leyva. Ruelas Torres fue detenido en 2017 y falleció seis meses después.

Las autoridades los señalan como responsables de tráfico de heroína a Estados Unidos, que los identifica como un cártel independiente y no como un brazo ejecutor de los Beltrán Leyva.

Los Granados son una organización que opera en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, dedicada al tráfico de marihuana. Su jefe fundador fue Rubén "El Nene" Granados, quien fue detenido dos veces, la definitiva en 2017. En su lugar quedó Salvador "El Chava" Granados.

Actualmente continúan con sus actividades delictivas, pero se han alejado del núcleo de los Beltrán Leyva para tejer alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Guerrero también operan "Los Ardillos", dedicados a la siembra de amapola, extorsión, piratería y secuestro en la región de La Montaña y parte del centro de Guerrero.

El fundador fue Celso Ortega Rojas "El Ardilla", quien fue detenido en 2008, liberado tres años después y asesinado al poco tiempo. Al cargo del cártel quedaron sus siete hijos: Celso, Jorge Iván, Antonio, Bernardo, Pedro, Juana y Lilia.

En Acapulco se concentra el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que también se desprendió de los Beltrán Leyva. La célula delictiva es liderada por Irving Macedo Acevedo.

La organización se desprendió del mando de Edgar Valdez "La Barbie", quien mantuvo el control de las operaciones delictivas en la zona para los Beltrán Leyva.

Después de la captura de "La Barbie", el CIDA comenzó sus propias actividades criminales, al margen de los Beltrán Leyva y enfrentándose a Carlos Montemayor, quien ocupó la posición de Valdez.

El grupo criminal menos conocido hasta ahora es "El 2 mil", que surge bajo el liderazgo de Javier Hernández García, un guardaespaldas de los Beltrán Leyva.

Tras el debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, Hernández hizo alianzas con los hermanos Treviño Morales y "Los Zetas", organizaciones criminales enemigas.

Aunque Hernández García fue detenido en 2016 en Guasave, Sinaloa, el  grupo criminal sigue operando en los estados de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora.

(VANGUARDIA/ INFOBAE/20 Nov 2018)

EL DÍA EN QUE EL TÍO DE EMMA CORONEL SECUESTRÓ A LA ESPOSA DE HÉCTOR BELTRÁN LEYVA



Foto: Tomada de Internet

La ex Miss Sonora no solo fue la esposa de Héctor Beltrán Leyva, sino que, tras su captura, fungió como líder del grupo criminal; en 2010 había sido secuestrada por "Nacho" Coronel
El exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, Héctor Beltran Leyva, alias "El H" murió este domingo por la noche, de un infarto al corazón.

Su papel como uno de los fundadores de esta organización criminal le causó guerras contra otros cárteles, como el de Sinaloa.

Además de sus hermanos, todos de apellido Beltrán Leyva, su esposa Clara Elena Laborín también se desempeñó como miembro importante del grupo criminal.

Incluso, cuando todos los hermanos ya estaban presos o muertos, la exreina de Belleza "Miss Sonora" fue quien lideró el cártel. Era apodada por sus sicarios como "La Señora".

Las autoridades la identificaban como la principal generadora de la violencia en Guerrero, Morelos y en estados del norte como Sonora y Baja California.

Fue detenida por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) en su domicilio, en Hermosillo, Sonora, en septiembre del 2016, con dos de sus sicarios y armas de alto calibre.

Sin embargo, años antes de que tomara el control del Cártel de Los Beltrán Leyva, Clara Elena Laborín fue secuestrada por miembros del Cártel de Sinaloa, en 2010.

La ex Miss Sonora, nacida en el municipio de Agua Prieta fue ´levantada´ por hombres armados en su propia casa, también en la capital sonorense, enviados por Ignacio "Nacho" Coronel.


Foto: Tomada de Internet

(VANGUARDIA/ LA SILLA ROTA/ 20 Nov 2018)

¿NARCOPROCURADORES?


El 2 de octubre de 2008, El Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO, estaban en la nómina del Cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió–quien esto escribe era el director editorial- que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador Eduardo Medina-Mora le habló al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ealy Ortiz accedió.

Durante un mes, pese a las objeciones de la Dirección Editorial, Medina-Mora y la entonces jefa de la SIEDO, Marisela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina-Mora había acordado con Ealy Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero de Medina-Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario –hoy subdirector-, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. “Operación Limpieza”, respondió.

“Operación Limpieza” fue. La publicación originó una purga en la SIEDO y el cese del director editorial ante las presiones de Medina-Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera subrepticia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Medina-Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán.

La “Operación Limpieza” se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina-Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en El Universal detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados a la SIEDO, el pesebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina-Mora ni Morales rindieron cuentas por ello.

Los dos fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto, quien esta semana está viviendo días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín El Chapo Guzmán, de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del Cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero este lunes en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al Cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal.

Garay detalló cómo Medina-Mora y Morales tejieron una red de protección en torno al Cártel del Pacífico, que encabezaban en ese momento los hermanos Ismael y Jesús Zambada –este último, capturado por Garay en 2008 y hoy testigo de la Fiscalía en Brooklyn-, así como El Chapo Guzmán. Para ello, dijo, utilizaron la “Operación Limpieza” –ajustada tras el acceso que les dio Ealy Ortiz— para desarticular “los esfuerzos que se venían haciendo contra las estructuras criminales”, y descarrilar las investigaciones que se seguía en contra de los integrantes de ese cártel.

La información que aportó Garay, que es de primera mano, reconstruye cómo en dos ocasiones que estuvo a minutos de detener a El Chapo Guzmán, filtraciones de la PGR impidieron su captura y confirmó que Édgar Enrique Bayardo, un expolicía de caminos a quien detuvo por servir los intereses de Zambada, fue convertido por Morales en testigo protegido y perdonado de todos sus delitos. El Cártel del Pacífico no lo exoneró de nada y lo mandó asesinar a finales de aquel mismo 2008.

Otro caso paradigmático de cómo operaba la PGR en ese entonces, fue cuando se decomisó el mayor cargamento de cocaína en la historia en el puerto de Manzanillo, cuyo administrador era Ardelio Vargas, hijo de un cercano colaborador de Medina-Mora del mismo nombre, propiedad del Cártel del Pacífico, sin que hubiera detenidos, ni investigación contra los funcionarios en el puerto. Otro cargamento de droga importante en Altamira, en Tamaulipas, donde no intervino la PGR, produjo decenas de detenidos.

Medina-Mora y Morales nunca habían sido señalados tan directamente por nadie como ahora por Garay. No habrá consecuencias para ellos en lo que resta del gobierno, pero en la siguiente administración las cosas pueden cambiar. No sólo por lo que puede aportar Garay, sino por cómo lo que surja en Brooklyn, podrá ir construyendo un juicio en México para que los hoy señalados se defiendan y aporten su verdad. La “Operación Limpieza”, revivirá, pero bajo otros referentes.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(VANGUARDIA/RAYMUNDORIVAPALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/Miércoles,Noviembre 21, 2018 - 06:22)

EL REINO DEL HUACHICOL: CADA DÍA, 500 CAMIONES CARGAN GAS LP A 25 MINUTOS DEL ZÓCALO DE PUEBLA



Un periodista de Periódico Central ingresó a los terrenos de lo que podría ser una de las más grandes despachadoras de Gas LP robado. Es un negocio que salpica dinero por todos lados. Y es un negocio a la vista de todos: unas 500 unidades se despachan en esa zona con el combustible que se roba a Pemex.
En los últimos dos años, Puebla se ubicó en el primer lugar nacional con más tomas clandestinas de Gas LP: en 2016 se registraron 53 casos; en 2017 ya eran 61…

Puebla, Puebla, 20 de noviembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).– A las 9:00 de la noche en Xonacatepec, una de las juntas auxiliares de Puebla, inicia el comercio ilegal y clandestino de Gas LP. Cientos de unidades de transporte público llegan a través del bulevar principal para llenar sus tanques con la oferta de 6.50 pesos el litro, 4.50 pesos menos que su precio comercial más alto. Rutas de todas partes del estado llegan y eligen a alguno de los proveedores que se hospedan con sus pipas en terrenos baldíos, en estacionamientos de casas o en zonas despobladas.

La operación es al descubierto. Podría ser una de las zonas más grandes de México en donde se comercia con gas LP robado de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las calles están plagadas de niños y jóvenes que trabajan como halcones, como se identifica a los que hacen labores de vigilancia para el crimen organizado. Beben cerveza mientras sus motocicletas están estacionadas, a la espera de cualquier indicación. Si ven a alguien ajeno a la comunidad, lo reportan; nadie puede entrar en autos particulares “extraños”, mucho menos tomar fotos o videos.

Todas las noches ingresan uno por uno más de 500 autobuses y vans de diferentes zonas de Puebla, hasta del estado vecino de Tlaxcala. Se dirigen con su proveedor de confianza, uno de los 20 que se encargan de la comercialización.

Al llegar al punto de abastecimiento, más niños están pendientes de algún operativo. Mientras todo siga en calma dirigen el tránsito para agilizar la carga de combustible. El operador sigue sus indicaciones. Entra al terreno donde está una pipa de Gas LP, se estaciona y apaga el autobús. Cinco personas operan el servicio. Con total naturalidad, uno de ellos jala la manguera y la conecta al vehículo.

En ocho minutos el tanque está lleno. Alguien más se acerca a cobrar y otros suben a la unidad, como si se tratara de una medida de seguridad.

Menos de 15 minutos tardan los choferes en entrar a Xonacatepec, cargar sus unidades y retirarse. Así, todos los días, decenas de unidades de las rutas Bulevar CU, los Rápidos de San Antonio, la 44 Verde, las rutas 27, 55, 3, 41 y 52, van y vienen sobre el puente, el acceso principal.

También se pueden ver unidades de Flecha Azul y la S19, que conectan a Puebla con municipios de Tlaxcala.

COMPRA Y VENTA

El mercado negro del Gas LP es bastante redituable, tanto para los vendedores del producto como para los transportistas. Los concesionarios y choferes aseguran que gracias a esta actividad no han subido el pasaje; y la tarifa se mantiene en 6 pesos.

El precio del gas en empresas legalmente establecidas oscila entre los 9 y 11 pesos, dependiendo de cada expendedora. En Xonacatepec, el “precio oficial” es de 6.50 pesos. Hasta hace un par de semanas era de 6, pero un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que perdieron pipas, los obligó a subir el costo para volver a capitalizarse.

El ahorro es significativo para cualquiera que viva de recorrer distancias: de pagar alrededor de mil 100 pesos para llenar un microbús, en esta junta auxiliar pagan 650 pesos.

CADENA DE DELINCUENCIA

Este negocio no sería posible sin las bandas dedicadas al robo de gasolina y gas. Porque, claro, antes de vender el Gas LP en Xonacatepec, las pipas deben ser llenadas con el combustible barato.

Las zonas de carga son Villa Frontera, el Periférico Ecológico y la autopista Puebla-Orizaba. Y en algunos casos, en Acajete. Allí están las tomas clandestinas, de acuerdo con distintas fuentes. Y allí se llenan las pipas.

El precio que se paga a los huachicoleros es de 3 pesos por litro. Los intermediarios ganan un poco más de 50 por ciento al vendérselos a los transportistas.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

La venta clandestina de Gas LP no es nueva en Xonacatepec. Pero en la actualidad han mejorado el servicio. Hace una década era común observar a pipas que en algunas calles sin viviendas alrededor se paraban y citaban a los choferes para que les cargaran el combustible.

En ese entonces no era tan redituable y era un negocio de pocos. Sin embargo, paulatinamente fue mejorando. Algunas personas decidieron habilitar sus estacionamientos. Metieron una pipa y cuando llegan las unidades, cerraban los portones para evitar que los vecinos se dieran cuenta. Solamente entraba un vehículo.

El negocio se revolucionó a tal grado que hasta hace unas semanas operó un mega estacionamiento, en el que entraban al menos cinco microbuses para ser abastecidos.

Mientras los huachicolores llenaban los tanques, los choferes podían comprar cerveza en un bar que se habilitó para hacer más atractivo el servicio.

Una vez que surtían el gas, pasaban una charola a los operadores para que pagarán la carga.

Los cobradores luego se dirigían a depositar el dinero. Los choferes pagan en “morralla”, así que implementaron un esquema para separar las monedas: en botes de pintura de 19 litros. En uno iban las de 10 pesos, en otro las de 5, en uno más las de 2 pesos y así, dependiendo de la nominación.

Esta estación clandestina se desmanteló hace un par de semanas en un operativo del Gobierno federal en el que se llevaron al menos 22 pipas. Por eso hubo un incremento de precio en el combustible robado: los vendedores “clandestinos” (que operan con toda libertad) deben recapitalizarse.

Así es como Xonacatepec se convirtió en la estación clandestina más grande Puebla –y quizás del país– para surtir al transporte público. Esta comunidad que se encuentra a 30 minutos del centro de la Angelopólis; se caracterizaba por la carencia de su población. Ahora es notoria la mejoría en sus construcciones. Casas de dos pisos y hasta Mustang se observan en el lugar.

Algunos señalan que el negocio se mantiene al amparo de las autoridades. Para ello los dueños de las estaciones pagan 60 mil pesos mensuales como cuota para evitar que lleguen los operativos. Eso dicen.

NEGOCIO EN CRECIMIENTO

Las tomas clandestinas de Gas LP en Puebla aumentaron 70.8 por ciento de enero a junio del 2018 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pasó de 21 a 41 casos, de acuerdo con el reporte del observatorio ciudadano Instituto de Administración, Gestión y Vinculación Municipal (IGAVIM).

El informe indica que la entidad poblana se ubicó en el segundo lugar nacional con más incidencia, al cierre del primer semestre del año. El primer lugar fue ocupado por el Estado de México, con un total de 47 ductos perforados ilegalmente.

Al sumar 41 tomas clandestinas, la incidencia de robo de Gas LP fue una perforación cada cuatro días con nueve horas. Es preciso recordar que en los últimos dos años, la entidad poblana se ubicó en el primer lugar nacional con más tomas clandestinas de Gas LP, pues en 2016 se registraron 53 casos y en 2017 se reportaron 61.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 20 DE NOVIEMBRE 2018)

GOBIERNOS DE CALDERÓN, PADRÉS Y PEÑA ALENTARON ABUSOS A YAQUIS POR MEGAPROYECTOS: MARIO LUNA



Mario Luna, defensor de derechos humanos y vocero de la Tribu Yaqui fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo por más de un año. El también Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo Vicam enfrentó cargos por secuestro.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Para Mario Luna la respuesta a los ataques contra su tribu se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La mañana del 11 de septiembre de 2014, un grupo de personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui. El arresto, realizado por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento no se identificaron como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado hasta media tarde. Más adelante, luego de su trasladado al Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo privarían de su libertad durante un año.

Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.

Desde el anunció del proyecto, en 2010, el Pueblo Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le había sido negado a pesar de que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas Indígenas establece el proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de comunicación, los integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el que la criminalización y la injusticia marcaría su andar.

La protesta se convirtió en el recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de nuestro país.

DEFENDER EL AGUA Y EL RÍO

Los yaquis han utilizado históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el 50 por ciento del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la actualidad representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo correspondiente a los escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de m3 anuales, distantes a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les entrega de manera arbitraria.

El rechazo de la obra fue la reacción natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78 años y por lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas de suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y el Acueducto llevando el agua en otras direcciones.

“Nosotros vemos la escasez de agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con SinEmbargo.

A los yaquis se les señala como “retractores” del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido unas 700 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.


La lucha del grupo es por la autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.

“Ellos argumentan que la intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.


Es la confrontación entre lo que entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a los personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la defensa del río.

Durante años, Luna ha representado a su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y escribano de las decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el personaje idóneo para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor lo dejó al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la constante exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del agua ha sido víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo comunitario, lo familiar y lo personal.

Primero llegó la detención arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ofreciera ningún tipo de  apoyo.

UN SEXENIO LLENO DE VIOLENCIA

Para Mario la parte más dura del movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la sociedad civil.

Como él mismo explica, el marco de impunidad construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para que las circunstancias de violencia contra los defensores se incrementaran y se manifestarán con teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y hostigamiento por parte de personas encapuchadas.

El entorno de violencia continuaría hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista Claudia Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el panorama la situación se torno más difícil: comenzaron los discursos que quisieron vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de becas estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de personas no identificadas.
 “Las cosas siguen siendo iguales” argumenta, mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad, invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus derechos.

“Otra cosa que hemos apuntado es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI [Partido Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo violentado”, dice  Mario Luna.

La  respuesta se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.

LA URGENCIA DE LAS CONSULTAS

En 2013, la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia y ordenó la realización de la misma. La orden no se cumplió de manera inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado vinieron las detenciones arbitrarias.

La consulta debió ser libre, bien informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas características. Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance, bajo un contexto de hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban apoyos gubernamentales y ordenes de aprensión por delitos que no se habían cometido.

A quiénes habían organizado y exigido la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para poder seguir avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado y de manera sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a intervenir en las comunidad “creando estados de psicosis y terrorismos psicológico”.

Luna asevera que ese fue el aprendizaje que les dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser vinculantes, ya que, al no contemplan obligatoriedad la opinión de los comuneros se vuelve un simple requisito.

“Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un  grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada”.

“No es consultar por consultar”, asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al manifestar que no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos a las comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran discutir de manera conjunta en sus propios foros.

Las comunidades indígenas, como la Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución Mexicana.

(SIN EMBARGO/ KAREN CASTILLO/21 DE NOVIEMBRE 2018)