miércoles, 8 de noviembre de 2017

FRACASA POLÍTICA DE AUSTERIDAD DE “EL PATAS”

En gasto corriente y pago de arrendamientos, la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro ha derrochado gran parte del presupuesto de egresos de Tijuana, el cual ha tenido que incrementar en más de 700 millones de pesos en relación a lo programado. Aún sin concluir el Ejercicio Fiscal 2017, el XXII Ayuntamiento ha gastado 256 millones de pesos más que lo erogado en 2016

En 11 meses, el ayuntamiento de Tijuana a cargo de Juan Manuel Gastélum Buenrostro ha incrementado el gasto de su administración en 738 millones de pesos, excedente que se ha canalizado principalmente a gasto corriente.

En diciembre de 2016, a su arribo a la alcaldía de Tijuana, “El Patas” recibió un presupuesto de egresos de 5 mil 914 millones de pesos, pero a lo largo del Ejercicio Fiscal 2017, lo ha incrementado; la última ampliación la aprobó el Cabildo del XXII Ayuntamiento, al inicio de esta semana, para llegar a un presupuesto de egresos por la cantidad de 6 mil 652.3 millones de pesos.

Los recursos adicionales al presupuesto de egresos establecidos para el Ejercicio Fiscal 2017, han sido captados de apoyos federales y del Estado, así como por el cobro de servicios contemplados en la Ley de Ingresos, pero sin aplicar por anteriores administraciones, como el cobro por recolección de basura al sector comercio, incremento en la instalación de los estacionómetros y en la aplicación de multas por alcoholímetro, entre otros.

Como Gastélum sí los cobró, el erario de Tijuana ha tenido una captación mayor de recursos, los cuales no se ha visto reflejado en un incremento en los programas de obra, pero sí en aumentos a las partidas destinadas al pago de personal, combustible y reparación de maquinaria y equipo, principalmente.

A principios del actual ejercicio, el tesorero Ricardo Chavaría Morales calificó el presupuesto de egresos como limitado, pero se comprometió a sujetar el gasto de la administración sin incrementarlo, para lo cual, anunció una serie de medidas de austeridad como: disminución en gasto de gasolina, uso de vehículos oficiales y el gasto corriente en general, y no lo cumplió.

DESPUÉS DE RENTAR CAROS CAMIONES DE BASURA, REPARARÁN LOS VIEJOS

El arrendamiento de unidades recolectoras de basura y patrullas, se ponderó como una medida de ahorro “para no gastar en reparación, ni mantenimiento”, dijeron. Además de disminuir el gasto de combustible por tratarse de unidades nuevas, subrayó entonces el  alcalde de Tijuana.

Pero en la última modificación presupuestal, aprobada en la decimoséptima sesión extraordinaria de Cabildo, en donde se discutieron 29 dictámenes de la Comisión de Hacienda, llamó la atención el aumento de 33.4 millones de pesos “que solicita el Departamento Maquinaria y Equipo de la Oficialía Mayor para dar mantenimiento correctivo a las unidades inactivas por fallas mecánicas y seguir programando los mantenimientos preventivos del parque vehicular”.

Son alrededor de 100, los camiones del servicio de recolección de basura y transferencia, los que se encuentran en mal estado, los mismos que a principios de año, los propios trabajadores de Aseo y Limpia pedían al alcalde reparar.

Lejos de ello, signó un contrato de 80 millones de pesos con Grupo Turbofin para el arrendamiento de camiones para esa área.

El problema aún sin solventar al cien por ciento, requirió esta semana, la autorización para reparar el equipo parado desde comienzo del XXII Ayuntamiento, cuando la administración actual colapsó el servicio de recolección de basura argumentando, precisamente, las malas condiciones mecánicas de las unidades.

Adicional a ese gasto, la Dirección de Servicios Públicos Municipales solicitó una ampliación de 12.9 millones de pesos “para cubrir el servicio de recolección y manejo de desechos en el relleno sanitario, ya que el recurso asignado resulta insuficiente de acuerdo al gasto histórico registrado de ejercicios anteriores”, argumentó la dependencia.

La renta y compra de unidades nuevas tampoco ha sido un factor que permitiera la disminución en el pago de combustible, cuyo presupuesto se amplió esta semana en 25.3 millones de pesos, siendo Servicios Públicos la dependencia que más gasta en ese rubro.

REPARACIÓN DE LUMINARIAS

A punto de concesionar por 15 años el servicio de alumbrado público, proyecto que incluye el reemplazo de las luminarias en mal estado y sustitución de cableado, postes y demás aditamentos, así como el manteniendo del equipo, la administración de Juan Manuel Gastélum propuso y aprobó en sesión de Cabildo, aumentar el gasto en la compra de material eléctrico como focos y balastras para reparar las luminarias de diversas colonias.

Ejemplo de ello es el aumento en la partida de la Delegación de Playas de Tijuana, de 1 millón 100 mil pesos, “con la finalidad de concluir en buen término el Ejercicio Fiscal 2017, en virtud de que el presupuesto asignado resulta insuficiente”. Parte de ese presupuesto será destinado a rehabilitar lámparas de alumbrado público.

AUMENTAN GASTO DEL SITT

Para la compra e instalación de cámaras de seguridad y contratación de personal para su monitoreo, la partida de gasto del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana -SITT-, se aprobó una ampliación presupuestal de 1.4 millones de pesos, “derivado del saldo en bancos y remanentes del Ejercicio Fiscal de 2016.

Durante 2017, el gobierno de Tijuana ha transferido a esta paramunicipal 15 millones de pesos, sumando a la fecha un presupuesto de egresos de 16.5 millones de pesos, de los cuales, 9.1 millones los destina al pago de nómina y el resto para gasto corriente.

A la fecha, el servicio de transporte masivo continúa sin operar al cien por ciento y ante el incumplimiento de Soproes Baja, S.A. de C.V., empresa a la que se concesionó el recaudo del cobro de pasaje del BRT, por ese servicio, el erario de Tijuana no ha obtenido ingreso alguno.

DEFICIENTE PLANEACIÓN

Ocupados en las modificaciones presupuestales que permitan ampliar sus egresos, en este momento, la administración de Juan Manuel Gastélum se encuentra sin definir el presupuesto de egresos e ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

Al respecto, Elvia Rangel, regidora que preside la Comisión de Hacienda en el Cabildo de Tijuana, comentó que en los próximos días se avocarán a su análisis para presentarlo ante el Congreso del Estado, lo que el regidor del Partido Encuentro Social -PES-, Manuel Rodríguez Monárrez, consideró muy apresurado, lo que podría llevar al Cabildo a autorizar “un presupuesto al vapor”.

CABILDO AUTORIZA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS

Ante ello, demandó la instalación permanente de dicha comisión, a fin de comenzar su planeación y evitar modificaciones como las que se han registrado en los últimos meses, convirtiendo a los integrantes de Cabildo “en meros encuadradores de presupuesto”, señaló.

“Es la deficiente planeación del gasto público lo que ha llevado a las dependencias municipales a solicitar ampliaciones o redireccionamiento de recursos para pago de servicios, gasto corriente, materiales de oficina y consumo de combustible”, anotó el edil.

Asimismo refirió que estos constantes movimientos presupuestales ponen en evidencia el fracaso de la política de austeridad proclamada por el Alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y que daban la impresión de que las dependencias dilapidan los recursos que les son asignados.

Sobre la contratación por la cantidad de 60 mil pesos de quien será la voz oficial del XXII Ayuntamiento para grabación de spots, comerciales y difusión de informes institucionales, gasto también aprobado en la última sesión de Cabildo, Rodríguez Monárrez señaló que si su voz es considerada buena, está dispuesto a prestar su tiempo para la grabación de los comerciales con tal de no realizar dicho gasto.

GASTÉLUM PONDERA CAPACIDAD DE AHORRO

No obstante, que los dictámenes de modificación presupuestal aprobados por su gobierno, Juan Manuel Gastélum Buenrostro señaló que los movimientos autorizados obedecen “a la capacidad de ahorro del Ayuntamiento”, lo que permite redireccionar recursos al interior de las dependencias.

Además, puntualizó que se inició la administración municipal con un presupuesto de base cero, es decir, tomando como base el presupuesto del ejercicio anterior y justificando cada ajuste. No mencionó que su gobierno se comprometió a sujetarse al gasto preestablecido para el Ejercicio Fiscal 2017.


(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO  ISABEL MERCADO/ LUNES, 6 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)

“MI OBJETIVO NO ES PERSEGUIR AL CÁRTEL”: GERARDO SOSA OLACHEA, SECRETARIO DE SEGURIDAD DE BC

Desempacado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado, no confía en por lo menos el 12 por ciento de los agentes de la Policía Estatal Preventiva; 35 porque están amparados, el resto por quejas. Además, esta etapa de la SSPE a su cargo se distinguirá, coincidió, más por las campañas que por los operativos

Aunque dice que no les tiene miedo, el nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado no se refiere a los narcotraficantes que vulneran a la sociedad bajacaliforniana o a los cárteles a los que pertenecen, ni por su nombre, ni por su apellido, apodo o mote.

El abogado, notario y ex subprocurador de Zona en Tecate, se acomoda en el sillón, echa la espalda hacia atrás y justifica: “Todos saben quiénes son, para qué lo repito. Ustedes lo saben, yo sé quiénes son; no han cambiado, son los mismos”.

De lo cárteles que operan en Baja California, dijo son problema de la Federación, a los miembros del crimen organizado solo los perseguirá con orden de aprehensión -que no tienen- o en flagrancia, pero si se los topan y con apoyo del Ejército, porque no les van a dar seguimiento.

Incrementar los esfuerzos de “coordinación” es en este momento el único compromiso de Gerardo Sosa como nuevo secretario de Seguridad con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y con los bajacalifornianos, para reducir la violencia en la entidad.

En cuanto a la depuración de 350 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), advirtió que no llegará con una barredora, pero está revisando los expedientes de agentes denunciados -amparados- y otros con quejas en su contra. Para reducir las malas actuaciones de la PEP, esa corporación patrullará con agentes municipales, ministeriales y el Ejército

A continuación, la entrevista de ZETA con Gerardo Sosa Olachea.

— De la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California ha salido la identificación de los criminales objetivos pertenecientes al narcotráfico que persigue Gobernación. ¿Por qué dice que no va a combatir los cárteles?

“Es la información que tenemos, es una forma de compartir, pero no estamos directamente involucrados en andar buscando para combatirlos, eso es un problema de la Federación, es donde ellos tienen que participar. Ellos son los del trasiego de droga, ellos son de todo.

“Ahora, tenemos la información, de acuerdo, porque estamos aquí en la localidad, y esa información es la que compartimos con las autoridades responsables. Esos operativos que se hacen es junto con el Ejército, ahora, que tengamos una denuncia y publiquemos al Ejército la información que tenemos, nos dice que pueden o no pueden, entonces actuamos, pero porque tenemos un hecho que va a ocurrir o está ocurriendo, entonces es como operamos; pero así que yo diga ‘mi principal meta es combatir el cártel’, no es mi función.

“Hay que recordar que el nombre de la secretaría, se llama Seguridad Pública y Prevención, o sea, la Policía Estatal Preventiva. Y preventiva es eso: buscar nosotros cómo evitar que lleguen esos delitos a la comunidad, a la sociedad”.

— Usted habló recientemente de acabar con la lucha entre narcomenudistas. El tema es que la droga no llega en porciones de 25 pesos.

“Creo que ustedes más que nadie saben, por los años que llevan en esto: el trasiego de droga, acuérdense que Baja California no es un Estado productor, ese es el primer punto”.

— Se han encontrado algunos sembradíos.       

“Pero no estamos dentro de la categoría de un Estado productor. Productor es Guerrero, Michoacán, y los demás, es el que va hacia Estados Unidos. Cuando se aprietan las autoridades de Estados Unidos, se queda en este lado -la droga-, aquí ha crecido esa distribución de droga, no porque se quede aquí; es porque con eso pagan”.

— ¿Entonces dice que no hay un mercado local?

“No, sí, claro, pues enviciaron a mucha gente y eso es lo que está predominando ahorita, pero esa venta es la que está ocasionando estos homicidios”.

— ¿Y el narcomenudeo sí lo va a combatir?

“Obviamente es parte de la intranquilidad social en cuanto a homicidios, nosotros si tenemos información lo primero que hacemos es pasársela a la autoridad federal porque es una circunstancia y competencia de ellos”.

— Pero el narcomenudeo es local desde hace varios años, desde 2012.

“Y se detienen, igual, siguen ante el Juzgado y como no es un delito grave, vuelven a salir, pero estamos tratando de evitar que crezca esto, y de ahí va saliendo la identificación de esas personas que contratan para venir a matar gente”.

— ¿Tienen identificados a los líderes de narcomenudistas que tienen repartidos los cinco municipios? ¿Cómo los van a combatir?

“Sí sabemos, sí los podemos identificar”, respondió Ochoa, pero se negó a hacerlo, y reiteró:

“Son cosas que no puedo señalar, es algo que yo debo conservar y compartirlo con las autoridades responsables; yo no puedo señalar eso”.

— Dice que si hay una cuestión de narcotráfico se avisará al Ejército y a la Procuraduría General de la República; si hay un homicidio va a ser a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ¿qué va hacer la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en qué casos va a actuar?

“En los casos como los que tenemos de órdenes de aprehensión, que fue lo que tuvimos ayer, en el momento que entregamos una denuncia específica y tengamos elementos suficientes para intervenir, entonces a intervenir”.

— ¿Como la Policía Municipal?

“La Policía Municipal de alguna forma como primer respondiente en las llamadas del 911 es su función; nosotros es a través de investigación o información que lleguemos a recibir”.

— Pero básicamente está hablando de las mismas funciones…

“Tenemos que trabajar en conjunto, estar juntos en una actividad que es precisamente lo preventivo y tratar de buscar que exista esta paz social aquí en el Estado”, y reiteró el tema de los patrullajes conjuntos.

— ¿A qué se comprometió con el gobernador, a disminuir los homicidios, a disminuir las células de narcomenudistas, a detener a los objetivos del narcotráfico? ¿Cuál fue el compromiso que Usted hizo?

“Definitivamente una mejor coordinación”.

— Ese es el cómo, vamos al qué, cuál fue el compromiso.

“El qué va a ser precisamente la información que intercambiamos nosotros, llegarle a estos grupos que están causando el daño a esta sociedad de Baja California”.

— ¿Va a haber menos homicidios, menos narcomenudistas? ¿Cuál es el compromiso?

“Espéreme. La lucha entre ellos, como yo les digo, tienen ciertos números de homicidios y de repente llega otro grupo que reemplaza a esa gente. Creo que aquí tenemos que valorizar algo: el Estado de Baja California de alguna forma tiene una vida mucho mejor que el sur de este país, gente emigra hacia Baja California con una finalidad de mejorar y a veces, si no encuentran trabajo o se les acercan estas gentes, comienzan a reclutar a estas personas, darles un trabajo y se involucran en el narcomenudeo; venden un poquito, lo que sea, y llega la otra parte del contrario y los identifican, y como no quieren que vendan en ese lugar, ellos quieren tomar esa plaza y los eliminan. Y llegan otras gentes, y están llegando más gentes que se dedican a eso”.

— Secretario, ¿le cuesta trabajo decir el nombre de los cárteles?

“No me cuesta trabajo, pero no, no lo menciono”.

— ¿Alguna razón en específico?

“Principalmente porque creo que todos saben quiénes son, para qué lo repito. Ustedes lo saben, yo sé quiénes son; no han cambiado, son los mismos”.

— Pero Usted los conoce, y puede decirnos sus nombres.

“Sé quiénes son, claro”.

— ¿Nos puede decir?

“Yo quisiera omitir esto, la verdad”.

— ¿Les tiene miedo a los cárteles?

“No, no les tengo miedo, simplemente es una situación que creo que si ya saben quiénes son, para qué lo voy a repetir. No hay nada nuevo”.

— La SSPE antes detenía a los miembros del crimen organizado, ¿ya no los va a detener?

“Si tenemos las órdenes de aprehensión respectivas y los encontramos en flagrancia, claro que sí. Recuerden, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, yo no puedo detener nomás porque me dicen que esa persona es; tiene que haber algo atrás, y si no tenemos ese mandamiento jurídico, ¿cómo la vamos a detener? Para qué, ¿para que digan que es un abuso, que entre con el juez y lo libere por un acto de molestia o una detención ilegal? Pues no. Tenemos orden de aprehensión, flagrancia”.

— ¿Va a tener una lista de objetivos?

“Ah sí, claro, de acuerdo a la información que me pasen, obviamente”.

— Dice que la violencia es combatible, ¿cómo?

“Con la prevención, con programas de prevención, con programas de prevención de las adicciones, involucrarnos con la sociedad civil”.

— ¿A cuánto asciende el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado?

“No te puedo dar la cifra exacta porque no la traigo a la mano”.

— En el programa de prevención, por ejemplo, ¿cuánto dinero se puede dedicar?

“Este año, el Gobierno Federal, que nos apoyaba con recursos para prevención, está en cero. Ya investigué para el año que entra, 2018, y está en cero. O sea, por parte de la Federación no vamos a tener recurso, lo tenemos que hacer de acuerdo a las posibilidades de nuestro presupuesto estatal, y además sostener una colaboración como la que se estableció ahora con radio y televisión, hacer anuncios de prevención contra las adicciones, como van a estar saliendo en la televisión, y eso nos está costando. Y así tenemos que ir pensando en programar otro tipo de actitudes.

“El 7 de noviembre tengo un evento en Mexicali con cinco mil jóvenes que obviamente tengo mis patrocinadores, que van a pagar ciertas cosas, lo demás son aportaciones del gobierno municipal, donde vamos a hablar de la prevención. Así es como vamos a trabajar, donde yo tenga que involucrar a empresarios y a la sociedad civil a que nos ayuden a que esta cosa sea en conjunto”.

— Entonces, en  esta nueva etapa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado vamos a ver más campañas que operativos.

“Definitivamente ese es mi punto, uno de mis principales objetivos es que todos estemos involucrados”.

— Hablando de los liderazgos sociales, ¿ya habló con Juan Manuel Hernández Niebla?

“Ya platiqué con él el jueves pasado, y con Kurt (Honold)”.

— ¿En el mismo día que tomó posesión?

“No, lo de él fue el miércoles. El jueves, al día siguiente, los vi en una reunión de coordinación en el C4, ahí platiqué, ayer platiqué con Kurt y voy a platicar otra vez con Kurt en el seno del CCE, aquí en Tijuana”.

— ¿Será Usted el encargado de cuenta del C5i con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para respaldar ante los empresarios que la licitación se dé de manera legal y el gasto de recursos sea de manera óptima?

“El C5 se va a hacer con suma transparencia, es lo que yo sé, que van a participar en esa licitación con la presencia del sector empresarial, también sé que así es. En cuanto a la cuenta no sé a quién le va a corresponder, obviamente yo tengo el C4, y lo que va a hacer el C4 es subirse a C5, entonces hasta que no esté licitado, debidamente ya integrado, vamos a saber quién será el responsable del manejo de eso e inclusive qué vamos a hacer, quién va a participar en esa licitación”.

— ¿Mencionó Usted la existencia de algún cártel al interior de la Policía Estatal Preventiva?

“Nunca, nunca, porque no reconozco ningún cártel dentro…lo que he hecho, es la depuración, y ojalá ustedes me ayuden a clarificar porque otros malinterpretan: yo estoy revisando expedientes de los que se tienen denuncias, para ver en qué estados se encuentran. Muchos de ellos están amparados”.

— ¿Qué porcentaje?

“Son 34 gentes que están amparados, que se consideran que son los principales, ninguno pendiente por haber reprobado los exámenes de confianza”.

— ¿Cuántos elementos tiene?

“Elementos de la PEP son cerca de 350”.

— Aparte de los amparados, ¿hay otros que esté revisando?

“Juntos los que estamos revisando sería un 12%, los demás, hay mucha gente buena en la PEP, hay mucha gente inteligente, dedicada en lo que es ser policía. Creo mucho en ellos, les tengo confianza”.

— ¿A cuántos ha despedido a la fecha?

“En total cuatro. Al Comandante Montoya  -Marco-, es el único que he corrido de la PEP”, lo removió “… por todas las quejas, no denuncias,  que se tenían contra él, de abuso de autoridad. Era una persona intransigente y no lo querían inclusive parte de la gente de la Policía”.

Nombró a Carlos Padilla Terán como secretario particular y a Raúl Ruiz como director de Comunicación: “Es lógico que quiera tener una persona de mi confianza, que quiera tener una persona de condición social que vaya de acuerdo y que me informe correctamente. Yo no le veo nada de raro”.

— ¿Removió a Felipe Méndez Betancourt de la Dirección de Ejecución de Penas?

“A él todavía no, lo tengo separado, pero no, todavía no lo corro”.

— ¿Y a Rubén Mora, de la Dirección del Programa de Reinserción Social?

“Eso es ya en manos del subsecretario que le corresponde, él dice que no estaba de acuerdo, que lo habían conservado ahí por instrucciones del secretario anterior y que causaba muchos problemas. Y dije, bueno, si eso es, no quiero que estén incomodos los funcionarios tampoco”.

— ¿Va a haber remociones en subsecretarios, en las direcciones?

“Con mucho respeto se los digo: es que yo tengo que trabajar y, de acuerdo al tornillo que no funcione, lo voy a cambiar. Yo no pienso llegar con la barredora y correr, no, tengo que valorizar quiénes sí sirven a mi forma de ser. Tengo que platicar con cada uno de ellos y ver cómo están sus programas, cómo está su utilidad”.

Y desmintió: “Eso que sacó el periódico -no precisó-, que he quitado, y que voy a traer a un señor de una lista negra de la Policía Federal, ¡yo no he traído a nadie! Hablan de Carlos Besné, es mi amigo y no quiere decir que me lo voy a llevar, ni he pensado en llevármelo”.

— En 2013, ¿Usted aprobó el Examen de Control y Confianza?

“Sí”.

— ¿Cuándo fue el último Examen de Confianza que hizo?

“Hace un año”.

— ¿Hay acciones específicas que Usted pretenda implementar para que se vea la diferencia con relación a lo que no estaba funcionando en la anterior administración de la SSPE?

“Creo que no es tanto que no estaba funcionando, debemos decir ‘diferentes’, aquellas quejas que la ciudadanía decía que se comportaba la Policía, detenciones ilegales, levantones, ahora vamos a tener una mejor vigilancia en la Policía y darle curso a las denuncias o querellas que la gente haga sobre la Policía. Ahora, si yo andaba solo, yo no voy a traer dos corporaciones más conmigo, quizá los abusos disminuyan, esa es mi expectativa, que vayan a disminuir. El establecer programas de coordinación con autoridades y sociedad civil es sumamente importante y algo que pretendo hacer, tengo que involucrar a la sociedad”.

—Da la impresión de que viene más por la relación pública que por los operativos.

“Se van a hacer operativos, obviamente, pero cuando tenga los elementos jurídicos, cuando sepa yo que eso es algo que debemos hacer en ese momento. Pero si no tengo esa relación, también cómo voy a funcionar en los operativos, yo no quiero que se fugue información, sino que estemos todos involucrados en el mismo consejo. Y la relación que debemos tener es que la ciudadanía a veces pues no participa, y si participaba y le cerramos la puerta, pues yo la quiero abrir otra vez”.

— Hay manifestaciones de que Usted es un notario metido a secretario. ¿Cuál es su respuesta a ello?

“No creo que sea pecado ser notario, por qué no ponen que fui director de la Policía aquí en Tijuana, por qué no dicen que fui director regional de la Policía Fiscal de Ciudad Obregón, eso no lo mencionan. ¿Por qué? Quieren encontrarme alguna deficiencia, pues no sé, creo que experiencia la tengo”.

— ¿Se mantiene el área de Inteligencia en la SSPE?

“Sí, claro, y la vamos a fortalecer más. Definitivamente, y tenemos excelente relación con las áreas de Estados Unidos también”.

— ¿Va a tener más policías? Porque hasta donde tenemos entendido, gran porcentaje está asignado a cuidar funcionarios, incluso a empresarios y muy pocos quedan para recorridos y vigilancia.

“Tenemos un reclutamiento ahorita, cerca de 300 cadetes en la academia”, de cómo serán repartidos, “el número exacto no lo puedo decir, pero un ejemplo, 60 para custodios, hay 30 para ministeriales. Es un aproximado, de acuerdo a obviamente al envío de petición de los municipios”.

— Hablando de penales ¿cuál es su programa?, en los últimos meses ha habido visos de motines aquí en Tijuana, incluso presos se pusieron en huelga de hambre, quejándose de los alimentos que consumen. 

“Sé de ese motín por los alimentos, se corrigió y estamos… le he dado indicaciones a David Luna, que es el encargado subsecretario, que al día me estén pasando reporte de los Ceresos y de las cárceles que hay, que no sea ‘El Hongo’,  el estado en que se encuentren y sobre todo vigilar el ánimo de los que estén internos”.

— ¿Cuántos presos hay en Baja California? 

“Tenemos 11 mil setecientos y algo, de 17 mil que había antes”.

— ¿Va a continuar con la misma empresa proveedora de alimentos?

“Como acabo de entrar, sé que tiene contrato a un año, o un año más, tengo que revisar. Si la calidad de los alimentos es mala y vuelve a suceder esto, tengo que proceder y ver que surta mejor”.

Sosa informó que el más reciente reporte del Centro de Readaptación Social de Tijuana indicó que “está tranquilo, todo va bien, en algunas situaciones que se tiene que hacer un poco más de limpieza en algunas zonas. Y voy a estar yendo a los penales también”.

— ¿Tuvo tiempo de revisar con la gente del Grupo Coordinación, el tema de la eliminación de la secretaria y el fortalecimiento de una fiscalía?

“Desde luego que sé que hay una propuesta de hacer una fiscalía que se incorpore, de acuerdo a los tiempos que sea necesario, yo no veo ningún inconveniente de que se unan, si es para operar mejor y funcionar mejor, pues…”.

— ¿Qué cambió?, porque hace una semana nos dijo que en su experiencia, de haber una secretaría y una procuraduría, que se encargara cada una de un tema.

“Quizás ahí me confundí con el Mando Mixto. Ahora sí a lo concreto, PEP con procuraduría, si unidos nos funciona mejor lo hacemos, pero es una propuesta, tendrá que venir la aportación de los que estemos en ciertos niveles para decir si sería acaso. ¿Qué es lo que va a pasar?, y el secretario de Seguridad puede hacer un subfiscal o comisionado, digo, va a tener las mismas funciones, el nombre puede cambiar pero la actividad es la misma, va a ser el mismo jefe el Ejecutivo.

“Hay algo también que quiero señalar, el descuido fundamental de la Federación es a través de los movimientos que ha habido, cuando era Presidente Felipe Calderón, el titular de Seguridad Pública Federal estaba al nivel del secretario, ahora con Peña Nieto está abajo. Entonces, qué importante es tratar directamente con el Presidente, que tratar con un secretario. El caso es nacional, por eso siento que el apoyo a nivel federal ha disminuido como antes, antes había más apoyo”.

Muchas gracias.

OCTUBRE, SEGUNDO MES MÁS VIOLENTO DEL AÑO EN TIJUANA; BC: MIL 894 EJECUCIONES

En Tijuana, durante octubre fueron ejecutadas 181 personas, lo que hasta el momento lo convierte en el segundo mes más violento del año, superado por septiembre, con 214 asesinatos. También el pasado mes fueron ultimadas 17 mujeres. Durante el año se han registrado mil 464 homicidios dolosos.

Entre los hechos que trascendieron durante la semana, destaca el registrado el 28 octubre; Delbert Aran Durán Soberanes, de 31 años de edad, fue ejecutado frente a la funeraria Ebenezer en la Zona Centro,  mientras se velaba a una persona. El reporte del ataque armado llegó a la 1:21 am a la línea de emergencia, por lo que patrullas se trasladaron al lugar, ubicado sobre la calle Séptima. Información revelada a ZETA refiere que la víctima era seguida por sus homicidas, por lo que intentó protegerse en la funeraria cuando fue ultimado de dos tiros de arma calibre 45.  Como resultado de ello, familiares de la persona que estaba siendo velada, se retiraron del sitio.

En los últimos cinco días de octubre, 27 personas perdieron la vida de manera violenta, la mayoría por disparos de arma de fuego; otros fueron calcinados, desmembrados, encobijados, estranguladores; y otros tantos encontrados en estado putrefacción. Los occisos identificados fueron Jesús Leal Espinoza de 26 años; Francisco Sandoval Delgadillo, Guadalupe Miramontes Lara y Víctor Manuel García Vega “El Chico”, de 39 años; José Macías Maldonado, de 20 años; José de Jesús Martínez Arellano, de 31; Miguel Noriega, de 69; Román Vázquez, de 32; José Armando Martínez, de 19; José Natividad Vázquez Rodríguez, de 49; José Jaime Rodríguez, de 28; Alberto Andrade Guajardo, de 40 -ultimado a bordo de un taxi libre sobre el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la colonia Camino Verde-; y José García Barrera, de 25 años. El resto permanece sin identificar.

Mientras que los primeros dos días de noviembre, seis personas fueron asesinadas. La primera víctima fue identificada como Rogelio Lira Nava, de 46 años, atacado a tiros en la colonia Chamizal. En Villa del Campo, un hombre de entre 30 y 35 años murió por los balazos que le fueron propinados. Un hombre de entre 40 y 45 años, y una mujer de entre 35 y 40, fueron acribillados a tiros en Parajes del Valle. Bernardo Rocha, de 35 años, fue asesinado en El Florido Tercera Sección. Y por último, el cuerpo de un desconocido en estado de putrefacción se localizó en La Mesa. Tenía entre 25 y 30 años de edad.

De esta manera, la cifra de muertes violentas de 2017 hasta el cierre de esta edición, asciende a mil 464 crímenes en Tijuana, 126 en Mexicali, 164 en Ensenada, 96 en Rosarito y 53 en Tecate.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ADELA NAVARRO BELLO Y ROSARIO MOSSO CASTRO /LUNES, 6 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)

LA NARCOPOLÍTICA MEXICANA EN EL EXTRANJERO

Para el sospechoso, los derechos en México y en los Estados Unidos coinciden en el debido proceso, y en que el indiciado tiene derecho a no auto incriminarse. Tanto la enmienda cinco de la Constitución de los Estados Unidos, como el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictan que el indiciado no podrá ser obligado a declarar. En nuestro país se hace hincapié en que es su derecho declarar o guardar silencio, “el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio”

Un detenido, aun en flagrancia, puede guardar silencio durante todo su proceso, y al final resultar culpable si la Fiscalía tuvo las herramientas humanas y científicas para probar la culpabilidad. Hay asesinos en México que nunca se declararon autores del crimen, pero que fueron sentenciados en base a las pruebas reunidas y tomadas como válidas por un juzgador en su contra. La llamada prueba circunstanciada.

Sin embargo, en sistemas como los impuestos en las dos últimas administraciones federales, la figura de testigo protegido en la época de Felipe Calderón Hinojosa, y la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la aún vigente administración de Enrique Peña Nieto, las Fiscalías han tenido y tienen la capacidad para negociar con los detenidos las condiciones de su encarcelamiento en un arreglo judicial, un juicio abreviado o la contribución de información.

Aun así es evidente que en México el sistema penal beneficia a quien tiene mejores abogados (ahí está Emilio Lozoya Austin y su amparo ante la investigación sobre los sobornos de Odebrecht que persiste en la PGR), a quien tiene mejores contactos, y a los miembros del narcotráfico y del crimen organizado, a menos que estos sean extraditados. Ahí ya cambia el ambiente y el tratamiento.

Viene al caso el tema de las declaraciones y los acuerdos judiciales, ahora que fue dado a conocer un reporte de la Universidad de Texas en Austin, donde se revelan declaraciones de detenidos de Los Zetas en los Estados Unidos que señalan a los hermanos Humberto y Rubén Moreira como dos de los funcionarios a los cuales entregaron dinero (sobornos) para poder trasegar y distribuir droga en Coahuila sin ser molestados por las autoridades locales.

Esas declaraciones están en documentos oficiales de cortes de por lo menos tres ciudades de Texas: Austin, San Antonio y Del Río. Los expedientes fueron solicitados a las Fiscalías por la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, para ser analizados en una clínica de derechos humanos organizada por el director de la facultad, Ariel Dulitzky.

Cientos de documentos oficiales de los casos de las detenciones y procesos de por lo menos cinco miembros de Los Zetas juzgados allende la frontera: Enrique Rejón, Efrén Tavira, Alfonso Cuellar, Héctor Moreno y Humberto Uribe Tapia. Todos procesados y consignados en cortes norteamericanas.

Ahora se entiende porqué las autoridades de los Estados Unidos influyeron en las de España para lograr la detención de Humberto Moreira en enero de 2016 por sospechas de lavado de dinero.

Los Zetas son un cártel mexicano que opera en este territorio y en los Estados Unidos, de acuerdo a la misma investigación-análisis de los estudiantes texanos, por lo menos tienen presencia en San Antonio, Houston, Austin, Eagle Pass, Dallas, y en estados como Chicago, Atlanta, Nuevo México, California y Oklahoma. Sin embargo en los archivos oficiales mexicanos hay muy poco sobre la manera de operar de Los Zetas, más allá de obras de la literatura de no ficción que dan cuenta de ello.

Es increíble pues que en el país vecino, ciertamente afectado por Los Zetas, las cortes hayan cedido los documentos de los juicios para su análisis y procesamiento a los estudiantes, además que en territorio norteamericano Los Zetas depuestos sí hayan declarado, lo que no hicieron en México: la estructura de la red de corrupción que establecieron en los gobiernos de Coahuila para delinquir tranquilamente y con la venia de las autoridades todas; explicó el profesor Dulitzky a la prensa texana: “encontramos conexión y colusión entre Los Zetas y autoridades de Coahuila en todos los niveles de gobierno, desde municipales y jefes de policía hasta el actual y anterior Gobernador”.

Ahora, ¿por qué esas acciones no suceden en México? Obtener cualquier documento oficial, sea de la corte, de un juzgado, de una Secretaría o dirección cualquiera, federal, estatal o municipal, implica un viacrucis burocrático que inicia con la petición al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y que en ocasiones implica un seguimiento de trabajo legal para poder obtener un documento, que es probable, que esté tachado en sus partes medulares.

Las Procuradurías de los Estados o la General de la República, están negadas a entregar expedientes a Universidades para su análisis, porque pocos son los casos que cierran, especialmente en temas de narcotráfico y crimen organizado analistas y estadísticas refieren un 85 por ciento de impunidad.

En México acceder a la información sobre juicios a criminales del Estado es tan difícil como imposible, más ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal tan garantista de los imputados, que en ocasiones ni sus nombres se pueden hacer públicos y a sus fotografías les degradan la imagen hasta hacerlos irreconocibles.

La negativa en el acceso a la información o la opacidad en los procedimientos de procuración y administración de la justicia es parte del engranaje que en México mantiene la impunidad y la corrupción. Pareciera que el sistema mexicano está construido para favorecer a la impunidad y no a la certeza jurídica, la transparencia y la justicia.

Resulta pues que tanto en los Estados Unidos como en Brasil, políticos mexicanos ligados al Presidente Enrique Peña Nieto son señalados de corruptos, pero en México gozan de libertad, exigen respeto, demandan a “los difamadores”, y la justicia no los toca ni con la sospecha, o concediendo el beneficio de la duda a las cortes extranjeras.

El reporte de la Universidad de Texas en Austin es tan claro como documentado, uno de los declarantes en las cortes norteamericanas fue precisamente el contador de la organización criminal Los Zetas, un hombre que era asesor de inversionistas en Piedras Negras frontera con Eagle Pass, Humberto Uribe, y quien entre sus declaraciones más fuertes está el contar cómo entregó dos millones de dólares a Rubén Moreira a través de su Secretario Particular y de su entonces Procurador.

La información de los documentos de las cortes texanas está a disposición de la Universidad, y en la Escuela de Derecho la han hecho del conocimiento público, los detenidos también existen, como los acuerdos judiciales a los que llegaron con las fiscalías para proveer la información ahora conocida.

En México no declara ningún criminal, las fiscalías no acuerdan en busca de información para capturas mayores, básicamente por dos razones: o no tienen la capacidad profesional y científica para hacer acuerdos, o están coludidos con los criminales. Por lo mismo no hay acceso a la información o los expedientes, y los estudiantes de las universidades mexicanas no pueden hacer análisis sobre la narcopolítica actual porque no hay material para ello.

En los mismos análisis de los expedientes texanos, se describe la forma en que empresas formales para el lavado de dinero de Los Zetas, hicieron convenios de obra con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, también la ruta del dinero ilícito de manos de narcotraficantes a manos de políticos y funcionarios.

El de los Moreira y Los Zetas en las cortes de Texas, es como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya en Brasil, donde las rutas trazadas de los dineros ilícitos hacia los políticos priístas y cercanos a Peña Nieto, están clarísimas, aunque en México no las quieran entender, ni ver, ni investigar.

Tan fácil que sería que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigara las fortunas de los políticos referidos para ver el crecimiento económico que tuvieron en los últimos años, o averiguar si el enriquecimiento es ilícito. Pero nada, el Secretario anda en campaña porque quiere ser Presidente, mientras en la Secretaría de la Función Pública le echan todas las ganas al caso de seis anónimos trabajadores de Pemex que registraron un incremento en sus dineros personales y que no corresponde a sus ingresos.

México el país de la impunidad para los amigos del Presidente, aunque en el extranjero esté claro, que mínimo, son sospechosos de corrupción, lavado de dinero y ahora de asociación delictuosa. De plano, la administración de la sospecha y la impunidad.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ADELA NAVARRO BELLO/ MIÉRCOLES, 8 NOVIEMBRE, 2017 02:40 PM)