viernes, 31 de enero de 2020

EL ‘MINILIC’ UNA SORPRESIVA ORDEN DE APREHENSIÓN




Había cierta frustración ese jueves 23. El juez había diferido la audiencia intermedia para que la defensa, dijo, tuviera tiempo de analizar los nuevos elementos probatorios presentados por la FEADLE. La defensa ya los conocía. Se trata de los testimonios de dos hombres que trabajaban con el clan de los Dámaso y que aportaban pruebas contra los probables autores materiales del crimen de Javier Valdez y señalaban a Dámaso López Serrano, el Minilic, como el autor intelectual.

La audiencia se había postergado cuatro veces y con esta sumaban cinco. En mayo del año pasado, en el marco de los homenajes que se le hacen a Javier cada aniversario de su muerte, dije que el caso no presentaba avances, que estaba estancado y que temíamos que también aquí, como en todos los casos de asesinatos de periodistas, reinara la impunidad.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la fiscalía especializada, reviró al día siguiente y defendió sus oficios; dijo que el caso seguía caminando (no dijo que a paso de tortuga) y que esperaba resultados pronto. No fue pronto, en realidad, y hasta el miércoles no se tenían resultados tangibles más que dos detenidos a los que nunca se había confrontado y la sospecha sobre quien había ordenado matar a Javier.

Dámaso López Núñez había declarado en enero del año pasado, durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, que los hijos de su compadre (Los Chapitos) habían mandado asesinar a Javier y eso generó polémica en los medios y dudas.

Para nosotros, Dámaso solo estaba protegiendo a su hijo porque él mismo podía estar pensando o sabía que su hijo había ordenado el crimen y quería ponerlo a salvo de un juicio en México por esta razón. El Minilic, como su padre, se acogió al programa de testigos protegidos de los Estados Unidos y está esperando beneficios en la sentencia, la cual le podría ser dictada en las próximas semanas o meses.

Este logro parcial de la Fiscalía no es poca cosa, toda vez que en casi ningún crimen de periodistas en México se ha logrado llegar al punto de señalar un autor intelectual. En el caso de Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984, fue culpado de la autoría intelectual José Antonio Zorrilla Pérez, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, pero se sospechó siempre que fue solo un “chivo expiatorio” y que arriba de él, en la decisión de asesinar al periodista, hubo alguien más.

En un caso más casero, el del fotorreportero Gregorio Rodríguez, asesinado en noviembre de 2004 en Escuinapa, Sinaloa, el caso se enturbió tanto que estuvieron presos primero dos hermanos, Ulises y Abraham Sedano Ornelas, luego tres nayaritas que después de pasar varios años en la cárcel fueron absueltos; y al final un ex jefe de la policía municipal, Abel Enríquez, que salió luego de un juicio abreviado. Pero el presunto autor intelectual, un narcotraficante llamado Antonio Fraustro Ocampo, que era el jefe de la plaza para el Cártel de Sinaloa y ahora está preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico, nunca fue tocado.

Falta mucho para que el caso se esclarezca totalmente y se castigue como hemos estado demandando estos casi tres años que han pasado desde que mataron a Javier. La lentitud parece algo consustancial a nuestro sistema de justicia y eso hace que la “justicia”, cuando llega, no parezca justicia. El hecho de que al ahora presunto autor intelectual esté siendo juzgado en los Estados Unidos por otros motivos, retrasará un posible proceso en Sinaloa.

Y mientras eso ocurra, mientras alguien no señale las motivaciones concretas o él no las acepte, nos seguiremos preguntando por qué, qué fue lo que le hizo ordenar el crimen de Javier. Dije alguna vez que fue un crimen de ira, que no fue una decisión pensada, calculada, mucho menos consensuada entre mandos del narcotráfico; que fue una decisión arrebatada, muy estúpida, irracional, absurda.

No habrá pausa en nuestra demanda de justicia. Muy lejos está el caso de concluir.

Bola y cadena

HAN SIDO CASI TRES AÑOS TORTUOSOS para nosotros, para los amigos y para la familia de Javier, debido a la lentitud con que ha caminado el caso. El cambio de gobierno vino a empantanar más las investigaciones debido a las reformas que se hicieron en la PGR, ahora FGR; incluso la falta de recursos ha impedido que la FEADLE avance con celeridad; los agentes del Ministerio Público están muy lejos de la altura de miras que se requiere y del profesionalismo que un caso así exige. Y no se ve que el gobierno federal esté muy interesado en superar estas deficiencias; los recursos a la fiscalía especializada se siguen escatimando igual que al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. No son temas prioritarios para el gobierno: eso nos queda claro.

Sentido contrario

NO HACE MUCHO, EL SENADOR RUBÉN ROCHA llevó a Jesús Vizcarra para que saludara y platicara con su jefe legislativo, el senador Ricardo Monreal. “No te equivoques –le habría dicho afable el zacatecano– éste es el bueno. “Rocha sabe que tiene todo mi apoyo”, dicen que le respondió el empresario. Y sí, Rocha tendría el apoyo de muchos priistas, con el riesgo de que si llega a la gubernatura llegue junto con él, a gobernar, buena parte de lo que los electores ya tiraron a la basura.

Humo negro

TODO EL MUNDO DA POR HECHO que Rubén Rocha “es el bueno”, lo cual no hace más que confirmar que en materia política estamos viendo la misma vaina. Quien va a decidir las candidaturas no es Morena, que ni estructura de partido tiene, sino el presidente de la república. Como dijo PORFIRIO MUÑOZ LEDO hace unos días “… hemos dado un salto hacia atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque lo viví”.

(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ/ ALTARES Y SÓTANOS/ IMPRESO/ JAVIER VALDEZ /ENERO 28, 2020, 6:28 AM)

EL INCIERTO FUTURO DEL ‘MINILIC’



Puede ser una decisión política la decisión de extraditar a Dámaso López Serrano, afirma su abogado

El 19 de agosto de 2016 Dámaso López Serrano, el Minilic, era uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos, sólo superado por su padre, Dámaso López Núñez, el Licenciado, Ismael el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Nemesio Oceguera Cervantes, el Mencho, y los Chapitos, entre otros.

En aquel entonces la fiscalía del Distrito Sur de California lo describía como un narcotraficante poderoso que desde 2005 estaba operando, pero que en los últimos meses se habría asociado con José Daniel López Hernández el Dani, y con Nahúm Abraham Sicairos Montalvo el Quinceañero, para introducir cocaína y metanfetaminas a California, que envenenaban a cientos de jóvenes en San Diego y sus alrededores.

Las cosas cambiaron el 27 de julio de 2017, cuando el Minilic decidió entregarse a un grupo de agentes estadounidenses en la garita de Calexico, para evitar que los Chapitos lo encontraran y ejecutaran, luego que su padre perdiera la guerra contra ellos.

Desprotegido tras la aniquilación de casi todos los pistoleros de su facción, el Minilic anduvo durante semanas a salto de mata, hasta que finalmente apareció en Mexicali, donde se cree estaba oculto tras la ejecución de sus sicarios.

En el expediente del caso 16cr1896, radicado en una corte federal del Distrito Sur de California, se explica que tras declararse inocente a principios de agosto de 2017, el Minilic cambió su declaratoria y se declaró culpable de todos los cargos por los que se le acusaba, incluyendo aceptar ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

JUGARSE EL FUTURO

López Serrano era conocido por exhibirse en redes sociales con mujeres, anímales exóticos, y autos deportivos de lujo. El 12 de marzo de 2020 sin embargo, la magistrado Dana M. Sabraw determinará qué castigo merece el Minilic, aunque su abogado Matthew J. Lombard tratará de exponer junto con los fiscales Adam L. Braverman y Matthew James Sutton la “importancia de toda la información que Minilic ha proporcionado a las autoridades para incriminar otros integrantes del cártel”.

Según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), López Serrano ha sido de gran ayuda al gobierno de ese país, pues ha señalado a sus viejos socios, a gente que él conoció mientras estuvo en la organización, el modus operandi de varios capos, y muy posiblemente señalar a cada uno de los Chapitos y gente ligada a Ismael el Mayo Zambada, además de haber testificado contra varios de ellos.

Expertos opinan que gracias a esa cooperación, y a que se entregó por voluntad propia ante el gobierno de Estados Unidos, incluso a que ha testificado contra varios de ellos, el Minilic podría recibir una sentencia no tan severa.

No obstante, luego que un juez federal mexicano emitiera una orden de aprehensión en su contra el jueves de la semana pasada (23 de enero de 2020), emergió la controversia de que Estados Unidos no lo soltará después de cooperar con ellos y menos aun sabiendo que es posible que una vez que llegue a tierras mexicanas van a intentar matarlo.

“En condiciones normales, el acusado cumple su sentencia y gentes del US Marshals lo entregan para que lo deporten, y del lado mexicano lo reciben autoridades mexicanas, pero debido a que su vida estaría en peligro, la defensa puede solicitar asilo, y si se lo aprueban, le entregan un permiso de trabajo y se queda residiendo en Estados Unidos”, dijo Luis Sáenz, fiscal del condado de Cameron, en Texas.

No sería difícil argumentar para la defensa del Minilic, liderada por Lombar, que su defendido está en peligro, pues al momento de entregarse en Calexico argumentó que lo querían matar, pero también ha trascendido que hay una recompensa de 25 mil dólares para quien pueda romperle al cabeza.

Ello ha provocado que López Serrano sea constantemente cambiado de prisión para preservarle la vida, luego que una investigación arrojara que Jesús Raúl Beltrán León contrató a la pandilla Four Corners Hustlers, de Chicago, para que quien encuentre al Minilic, le rompa la cabeza y así la pandilla pueda cobrar la recompensa.

Por ese motivo López Serrano ha pasado del Metropolitan Correctional Center, de Nueva York, a la cárcel de mediana seguridad Oklahoma City FTC, y finalmente a la Metropolitan Correctional Center de San Diego, donde actualmente se encuentra.

El motivo de esa cacería es que no quieren que el Minilic siga testificando contra integrantes del cártel de Sinaloa que están siendo procesados en Estados Unidos.

Esa situación hace que a el Minilic se le otorgué asilo político, porque si su vida está en peligro, Estados Unidos no va a permitir que alguien que cooperó con ellos sea expuesto a que lo maten.


DÁMASO Y EL ‘MAYITO’. Vidas paralelas.


DECISIÓN POLITICA

Para Sáenz, quien ha entregado toda su vida para aportar pruebas contra criminales y narcotraficantes en el sur de Texas, la decisión final de si entregan o no al Minilic al gobierno de México va a estar basado en intereses políticos.

“Va a ser una decisión que en su momento va a hacer el Departamento de Justicia, y seguramente va a ser una decisión política, porque si México lo quiere y Estados Unidos no lo quiere dar, puede darse una situación en donde un día mi país pida en extradición a alguien y México no lo quiera dar”, opinó el fiscal.

Agregó: Va a depender también de qué tanto esta persona ha cooperado con el gobierno de Estados Unidos, porque si ha testificado contra traficantes, y si ha aportado información valiosa para las distintas fiscalías, entonces no sé que tanto los fiscales lo quieran proteger, aunque al final como digo, va a ser una decisión política.

“Tal vez está persona no es buena, pero los fiscales necesitan a gente como Minilic, y a veces para atrapar a ciertos individuos que son poderosos, tienes que hacer tratos con el diablo”, enfatizó Sáenz, en entrevista telefónica.

López Serrano actualmente se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, en San Diego, y se espera que la magistrado Sabraw emita una sentencia el próximo mes de marzo, cuando por fin se decida su futuro.

Aunque el acusado puede enfrentar una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua, expertos opinan que va a influir el que Minilic se haya entregado, el que esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos, y que tenga buena conducta mientras se encuentra encarcelado.

Ese día (cuando sea sentenciado), en punto de las 9:30 de la mañana, López Serrano será introducido a la sala 13A, de la corte federal del distrito Sur de California, en el centro de San Diego, y justo en ese momento se definirá que pasará con el hijo del Licenciado.

Entonces ya no contarán ninguno de los cargos porque en su momento fue acusado, y que hizo que Estados Unidos lo catalogara como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que traficaba cientos de kilos de cocaína y metanfetaminas, como tampoco pesará que ordenó la muerte del periodista Javier Valdez Cárdenas; todo lo que entonces pesará es que “está cooperando con Estados Unidos”.

(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA/ IMPRESO, JAVIER VALDEZ/ ENERO 28, 2020, 3:59 PM)

ECHAN A “CAMINANTE” DEL GOBIERNO: SEMANARIO ‘ZETA’



A pesar de la defensa de quien lo contrató en la administración de Jaime Bonilla, el secretario general Amador Rodríguez Lozano, a Marcos Esteban Juárez Escalera “Caminante” se le pidió salir de la administración pública.

 (SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello / Redacción AN / GS enero 3/ 1, 2020 1:45 pm)

La tarde del jueves 23 de enero, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno de Baja California, citó en las oficinas de Tijuana a quien llama compadre y nombró director de Centros de Reinserción Social en el Estado, el General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera alias “Caminante”. Le transmitió el mensaje que el gobernador Jaime Bonilla Valdez le había dado al propio Rodríguez: debía separarse del gobierno, dejar la administración pública morenista a partir de ya.

Para el viernes 24, Juárez Escalera había convocado a una carne asada a funcionarios de la dirección que encabezaba, directores de reclusorios, custodios, administrativos. Su idea, consideran algunos de los convidados, era “reforzar” los lazos laborales, ahora que estaba en el ojo del huracán. Seis días antes, en ZETA se reveló parte de la investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que ubica a Juárez Escalera como enlace informativo entre criminales y policías la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa estaban siendo secuestrados y posteriormente desaparecieron.

A pesar que en un inicio tanto Rodríguez Lozano como Bonilla Valdez mantuvieron a “Caminante” en el gobierno, la visita de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Tijuana el miércoles 22 de enero, fue decisiva para la salida del sospechoso de participar como enlace en los hechos de Ayotzinapa. Una fuente gubernamental confió que Durazo recomendó al gobernador, sacar a Juárez Escalera.

Amador Rodríguez Lozano intentó convencer de lo contrario a Bonilla, argumentando que lo publicado eran falsedades y que el mandatario no podía basar su criterio en publicaciones de medios. Pero la suerte de “Caminante” ya estaba echada. Al día siguiente sería retirado.

La información que lo ubica como sospechoso, no se generó en un medio de comunicación, en realidad es parte de la recomendación 15VG/2018 de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, donde investigadores establecieron: que de las indagatorias ministeriales que “podrían contribuir” a conocer la identidad de  “Caminante”, se encuentra que “once agentes de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, declararon que a quien fue su director en esa corporación, el General Brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, se le conocía con la clave de ‘Caminante’ en las comunicaciones que sostenía vía radio, lo cual fue corroborado por el propio ex servidor público en su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación”.

Para la CNDH, “Caminante” cumplió una función de intercomunicación entre autoridades estatales y sicarios de Guerreros Unidos, debido a que el 26 de septiembre de 2014, en su calidad de ex director de la Policía Ministerial de Guerrero, Juárez Escalera tuvo acceso a información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala, misma que llegó tanto al Gobierno del Estado como a los criminales.

Públicamente el gobernador Jaime Bonilla Valdez declaró no “tener el gusto” de conocer a Juárez Escalera, y que, efectivamente, fue Rodríguez Lozano quien lo contrató.

A decir del contacto de ZETA, la relación entre Juárez y Rodríguez data del tiempo que trabajaron juntos en el Gobierno del Estado de Chiapas hace más de doce años y llegó al compadrazgo, incluso confió que un hermano de “Caminante” es encargado de entrenar los caballos del secretario general de Gobierno.

Bonilla Valdez declaró a los reporteros de Tijuana que “personalmente” investigaría a Juárez Escalera:

“Va a ser una entidad separada (la encargada de investigar), no va a ser la Fiscalía y no va a ser el secretario de Gobierno; va a ser una investigación independiente por parte mía. El gobernador va a hacer un comité, yo personalmente, no quiero que esté inclinada a nada, a ningún elemento, yo personalmente voy a supervisar eso y voy a apoyarme en el Gobierno Federal y en el Ejército para que me informen particularmente. El Ejército y la Guardia Nacional son mis ojos en todo esto, les doy la anuencia para que una vez que esté confirmado y esté investigado, se va la persona”.

Mientras en la Fiscalía General de la República aún no responden a la recomendación de la CNDH de investigar de manera profunda a “Caminante”, el mandatario bajacaliforniano conducirá su propia investigación, apoyado por el Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

(ARISTEGUI NOTICIAS / REDACCIÓN AN / GS ENERO 3/ 1, 2020 1:45 PM)

ACTIVISTAS DENUNCIAN IMPUNIDAD EN INDUSTRIA PESQUERA



Foto: Enrique Botello.- Clausura de patio en El Sauzal

Alrededor de 35 empresas de las más de cuarenta que existen en El Sauzal, presentan omisiones o violaron alguna normatividad, solapados por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, asegura el abogado especialista Jaime Palafox Granados. “La solución de fondo sería ir pensando en un cambio radical de uso de suelo y ponerse estrictos para encontrar la verdadera vocación, ahora (enfocados)”, considera el súper delegado en BC, Alejandro Ruiz Uribe

Residentes de la comunidad de El Sauzal han reunido trece denuncias administrativas en contra de distintas empresas dedicadas al procesamiento de pescado, metalúrgicas y de movimiento de mercancía en contenedores.

El abogado especialista en temas ambientales, Jaime Palafox Granados, informó que encontraron que 35 de alrededor de 40 empresas han violado alguna normativa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Instituto de Salud y de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El jueves 23 de enero, el alcalde Armando Ayala Robles sostuvo un encuentro con el grupo de ciudadanos, en la cual les notificó que Protección Civil municipal detectó cuatro empresas que manejan combustible en zona habitacional con capacidad de hasta 25 mil litros, de las cuales una fue clausurada el mismo día.

El compromiso que hizo el alcalde es que no habrá cambios de uso de suelo si no están debidamente revisados, ya que desde el diciembre se han detectado empresas que han desalojado los predios, al no cumplir con los requisitos.

En enero de 2019, un grupo de ciudadanos inició movilizaciones para regular la industria pesquera en Ensenada, y un año después se pusieron al descubierto omisiones y actos de corrupción cometidos por ex funcionarios del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, para proteger a empresas pesqueras, según quedó asentado en denuncias interpuestas por activistas.

El problema se divide en tres ejes: siete de 35 empresas no están conectadas al drenaje de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), y por lo tanto desechan residuos sólidos al mar, documentó el abogado Jaime Palafox Granados.

Le sigue la emisión de aromas fétidos que reflejan un problema en los alimentos procesados solo por algunas empresas, y la presencia de cientos de camiones de carga pesada que depositan contenedores con mercancía de importación o exportación.

Un ejemplo de las irregularidades que se presentan, es Pesquera México, la cual se dedica a la preparación y envasado de pescado; sus dueños recibieron una denuncia de CESPE porque no pagan el servicio de agua.

La empresa tampoco tiene la factibilidad de uso de suelo, al igual que Oceánica San Miguel, Servando Valenzuela -productor de tiburón-, Transportes Lara y Santa Lucía.

En la última reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez con el grupo de vecinos, abogados y empresarios, el súper delegado en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, habló sobre cambiar la vocación de la zona: “La solución de fondo sería ir pensando en un cambio radical de uso de suelo y ponerse estrictos para encontrar la verdadera vocación, ahora (enfocados) en playas, además de que el distrito culinario se está desarrollando ahí”.


El funcionario, quien también es residente de el Sauzal, refirió la posibilidad de encontrar otro sitio para reubicar a las casi 50 compañías del ramo pesquero y otra docena de almacenamiento de contenedores.

De acuerdo con resultados de la Profepa, absolutamente todas las empresas inspeccionadas emiten contaminantes.



PESCADORES DE EL SAUZAL FUERON DESPLAZADOS

Si bien El Sauzal nació como un puerto pesquero, donde incluso el ex Presidente de México, Abelardo L. Rodríguez, tenía su propia empresa y que el poblado inspiró un corrido popular titulado “Pescadores de Ensenada”, poco quedó de lo que fue hace unos años.

La gran empacadora que fue Pesquera del Pacífico, propiedad de Abelardo, se redujo a una empresa dedicada a producir partes para la industria aeronáutica, denominada CPP.

Martín Julián era pescador, y ahora ya no lo dejan ejercer tal oficio: Ahora comercia productos de abarrote.

Desde la infancia, acompañaba a su familia a trabajar tirando redes al mar, pero hace años los pescadores fueron desplazados por la Administración Portuaria Integral (API).

“Para mí dejó de ser pesquero, ya no hay nada, comenzaron a darnos apoyos de diésel el Gobierno Federal y de pronto nada, nos dejaron fuera”, recordó.

Martín describió a ZETA cómo él y varios de sus compañeros vendieron las pangas y equipos porque les quitaron las rampas, después se quedaron sin muelle y de pronto, sin acceso a la zona federal.

POR IRREGULARES, SUSPENDEN A CIERTAS EMPRESAS

En lo que va de la administración de Armando Ayala Robles, la  Administración Urbana, Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, a cargo de Matilde López Chávez, solicitó revisiones a distintas empresas, sancionando a por lo menos tres.

A pesar de que la funcionaria repitió en el cargo con el gobierno de Marco Antonio Novelo Osuna, al parecer omitió vigilar y amonestar a las empresas que supuestamente incumplen con la normatividad, ya que no hay antecedentes de acciones.

La primera denunciada por personal de la oficina en El Sauzal fue TP Intermodal, dedicada al transporte de carga, por incumplir con requisitos de Ley para operar, como son los permisos vigentes.

“Deberán tramitar su licencia ambiental donde se exponen todas las condicionantes a cumplir para mitigar ruidos y manejo de contenedores, evaluaremos su operación”, expresó en un comunicado.

Después clausuró la compañía Nueva Era Logistics, al no contar con licencia de impacto ambiental y, por lo tanto, no pueden acceder a un dictamen de uso de suelo.


“NO QUEREMOS QUE NOS PINTEN CON LA MISMA BROCHA”: CANAINPESCA

El representante de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), Alfonso Rosiñol de Vecchi, mencionó que hay información falsa que pone en riesgo las inversiones de sus afiliados, y defendió a sus agremiados asegurando que todas las empresas están siendo revisadas con observaciones menores.

“Las grandes acusaciones que existen no son como tal especialmente las que se hacen en contra de los miembros de Cámara. No nos gusta porque nos dan una mala reputación”, considera.

Y explicó cómo funciona el sistema de exportaciones, donde una información errónea que englobe a todas las empresas del sector, pone en duda la calidad del producto.

Asimismo, señaló los empleos generados por el sector, donde algunos alcanzan las 400 plazas y otros un mínimo de 40; también las flotas pesqueras de hasta 12 embarcaciones.

“Cuando salen ese tipo de declaraciones los clientes dudan de ti, sobre si somos responsables con nuestras aguas o procesos de higiene, con esto nos pueden detener un pedido, lo que causa un fuerte daño porque tenemos un calendario de trabajo”, lamentó.

Los clientes nacionales del pescado y marisco que se produce en la región se encuentran en toda la República Mexicana, principalmente en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta, Mazatlán, Veracruz, Playa del Carmen, Querétaro y Mérida.


Son varias empresas en Europa que requieren de una revisión exhaustiva como España o Italia, también está otro mercado en Japón, China, Malasia, Corea, Vietnam, Rusia e incluso se está abriendo en Dubái.

No obstante, descartó  mudarse a otro sector de la ciudad, ya que “no es fácil, se necesita inversión en pisos especiales que aguanten los pesos, cuidar las temperaturas, construir cuartos fríos, instalar equipamiento y refrigeración; por eso hemos preferido contribuir con El Sauzal y mejorar el entorno a través de programas de espacios públicos”, justificó Rosiñol de Vecchi.

TRAILEROS “ACOSADOS” Y SIN OPCIONES

Los trabajadores del volante que manejan grandes unidades de carga pesada han sido satanizados por habitantes de la comunidad, porque aparcan sus camiones en los acotamientos las 24 horas del día.

Leopoldo Fragoso, representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en Ensenada, aseguró que son ellos quienes mantienen la economía en el área.

Las cabinas de los camiones se convierten en habitaciones y es necesario un lugar seguro para descansar, sobre todo en un país donde las jornadas y trámites para carga y descarga de mercancías son largos.

Al igual que los empresarios pesqueros, aboga por los intereses del gremio, afirmando que la delegación es de vocación industrial como lo demuestran los usos de suelo.

“Siempre fue para la industria y alguien que tuvo un pedazo de terreno lo destino a vivienda, que por cierto comenzaron  irregulares, no se entregó como un fraccionamiento regular, por eso tienen todas las necesidades de un área verde, servicio de drenaje y alumbrado público”, indicó.

Como nunca antes los camioneros han visto crecer la industria, sin duda 2018 y 2019 fueron los años con mayor movimiento de mercancías para exportación.

“Este es el mejor lugar para nosotros, estamos a diez minutos del puerto para descargar, no nos vamos a mover al Valle de Guadalupe, donde vamos a causar otro conflicto por uso de suelo”, advirtió.

En su perspectiva, la API Ensenada no ha hecho el trabajo debido para regular el transporte, y a pesar de que existe una pensión llamada Centro Regulatorio del Transporte, carece de servicios.

“No pensaron en generar una vía que conecte con la (Carretera) Escénica, no usaron el sentido común, solo compraron un terreno en un lugar adecuado donde no hay acceso ni vialidad, es una calzada que no está proyectada para que un camión salga y entre con facilidad”, estimó.

El costo es de 70 a 100 pesos, lo que tampoco es costeable para el trailero que prefiere estacionarse en el acotamiento y usar las tiendas de autoservicio para retirar dinero en efectivo, comprar en farmacias, refaccionarias o restaurantes.

ADUANA PROYECTA MÁS CONTENEDORES

Para el administrador de la Aduana de Ensenada, David Pérez Tejada, existe una preocupación por la situación que enfrenta el sector industrial de El Sauzal, sobre todo porque el crecimiento del movimiento de contenedores va el aumento.

A través de la Aduana se transportan productos como acero, piedra, textiles, electrónicos y alimentos como los pescados o mariscos, todo se mueve en contenedores.

La estadística que se ha manejado a través de Ensenada International Terminal, SA de CV que es la administradora, esta libera un promedio de mil 752 contenedores semanales en la importación.

Se hizo una prueba piloto en temporada alta y se liberó la cantidad de hasta 2 mil 140 contenedores, lo que representó un 22.14% más, conforme a las cifras otorgadas por el recinto. Se reciben un promedio de 882 contenedores semanales a la exportación y, derivado de la implementación de la prueba piloto por temporada alta, se llegó a la recepción de hasta mil contenedores, representando un aumento del 13.94%.

Para optimizar el flujo, ante el incremento que se avecina en el transcurso del año se están depositando contenedores en patios especiales y colocando puertas para el retiro de unidades.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LORENA LAMAS/ LUNES, 27 ENERO, 2020 01:00 PM)

“EL FLAQUITO” ATACA A LA GESI



Tras la captura de dos integrantes de la estructura financiera y un policía ministerial al servicio de Pablo Edwin Huerta Nuño, un grupo de delincuentes encabezados por José Cristian Gómez Rosales “El Pitey” y David López Jiménez “El Cabo 20” agredió a balazos a seis elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. El agente Marco Antonio Reyes Nahon y el civil Héctor Cabrera fueron asesinados; cuatro presuntos asesinos fueron detenidos

“El Pitey” fue quien dio la orden de “atacar policías estatales”, esa fue la versión dada por uno de los cuatro hombres detenidos tras el incidente contra seis elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), ocurrido la noche del miércoles 22 de enero frente a un carro de comida en Bulevar Díaz Ordaz, en el entronque con la calle Benton.

José Cristian Gómez Rosales “El Pitey” es un operador delictivo de la célula de David López Jiménez “El Cabo 20”, cabecilla homicida al servicio de Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”.

En una revisión preliminar, las autoridades no han sido informadas de que los agentes baleados hayan recibido amenazas o participado en alguna captura o decomiso relevantes, por lo que la tropa asume los hechos como un atentado a la corporación.

Como móvil, la primera hipótesis apunta a la venganza por tres capturas previas realizadas por  grupos operativos de la GESI.



Christian Alejandro Zamudio Martínez /Bryan Salvador Rocha Rojo / Juan Manuel González Velázquez / Juan Ramón Salazar de la Cruz / José Cristian Gómez Rosales, “El Pitey”, escolta de Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaco” o “El Flaquito”, miembro del cartel Arellano Félix

LOS DETENIDOS, TODOS EMPLEADOS CRIMINALES DE “EL FLAQUITO”:

6 DE ENERO. Aprehendieron a Daniel Aurelio González García “Dani” y Edgar Castillo Cabrera “Rocky”. Inicialmente dijeron pertenecer a la célula de Manuel Martínez González “La Mojarra”, quien salió de prisión en 2018. Pero las autoridades locales ya los tenían identificados en el grupo del “Flaquito” como “… parte de su estructura financiera y logística, encargados de mover grandes cantidades de dinero, cobro y venta de droga, extorsiones, entre otras actividades”. Eran los encargados de pagos de sobornos y la administración de cuentas bancarias.

En el caso de Castillo Cabrera, una mujer que dijo llamarse Lorena Fuentes y asegura ser su esposa, se presentó ante las autoridades ministeriales, y a través de su teléfono contactó a un Ministerio Público con otro hombre que a través del celular, se presentó como “El 20” y le pidió “le regresara sus cosas” a cambio de una fuerte cantidad de dinero.

El mismo día, la GESI aprehendió a Alexis Maldonado López y Pablo Ramos López, también vendedores de Huerta Nuño. Los interceptaron mientras circulaban en una camioneta en el fraccionamiento La Ciénega, con una pistola, un arma larga y 38 envoltorios de cristal.

22 DE ENERO. Detuvieron al agente ministerial Jesús Fernando Ramírez Castro “Chicharito”, mientras intercambiaba dinero y droga con otros sujetos. A través de un boletín, la fiscalía informó: “… autoridades que integran la Mesa para la Construcción de la Paz en Baja California, a través de trabajos de inteligencia detuvieron a un agente estatal -era un policía ministerial- en posesión de más de 13 kilos de metanfetamina, quien además se presume, mantenía vínculos con la delincuencia organizada”.

La detención se realizó en el interior de un estacionamiento de un supermercado ubicado del Bulevar  Cucapah, donde detectaron dos vehículos: un Chevrolet Aveo placas AKW-8274 y una camioneta Dodge Ram con  matrícula AP05652, en las cuales al parecer iban los delincuentes.

“De la camioneta observaron que bajó Jesús Fernando, quien entregó una bolsa color verde a los tripulantes del otro vehículo, por lo cual de inmediato fue rodeado y al revisar observaron que contenía en su interior metanfetamina con un peso aproximado de 13 kilos 600 gramos, con lo que se evitó la elaboración de por lo menos 136 mil dosis”, se informó.

Amenazan a “El Ingeniero” en narcomanta en Ensenada

Un texto amenazante firmado por presuntos miembros del Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) fue colgado sobre la barda de un taller mecánico de la colonia Piedras Negras en Ensenada, al mediodía del jueves 16 de enero.

La Fiscalía General del Estado se hizo cargo de levantar la evidencia e investiga a un narcomenudista apodado “El Ingeniero”, a quien supuestamente iba dirigida la amenaza y al parecer implicado en negocios con salones para fiestas.

Información obtenida por ZETA refiere que el distribuidor de drogas está alineado al Cártel de Sinaloa, y desde hace años tiene el control de la zona.

Según el reporte al C4, se notificó de una manta en un predio particular de las calles Bronce y Tamaulipas, una de las intersecciones más transitadas de esa área.

La manta de color negro con letras blancas tenía un mensaje con la firma de Cártel Tijuana Nueva Generación, con dedicatoria a un comerciante de la colonia Bustamante:

“JAVIER PINCHE OAXACO DEL SAJON BUSTAMANTE SIGUELE PASADO DE VERGA Y TE VAMOS A DAR EN TU PUTA MADRE AUNEUQE DES PROPINAS A LOS JUDICIALES  Y A TODO LOS PUTOS QUE LE LAVAN  DINERO AL AKILES Y A LA RANA, LA LIMPIA LLEGO  CTNJ (sic)”.

De igual manera, se informó que es la primera narcomanta reportada en 2020, mientras que el año pasado se denunciaron nueve hallazgos con mensajes de amenazas a policías e integrantes del crimen organizado.

Asimismo, se detuvo a Óscar Salvador “N”, de 23 años; Óscar Saúl “N”, de 20; Cristián Adrián “N”, de 22; Edgar Javier “N”, de 36 años; y Juan Alonso “N”, de 24.

A ese respecto, ZETA tuvo conocimiento por otros agentes de la fiscalía, que “Chicharito”, al igual que otros ministeriales que ya han sido dados de baja y recontratados, forma parte de un grupo que opera con el Cártel Arellano Félix (CAF) y era un tema conocido por los viejos elementos. En este caso, el problema se debió a que Ramírez fue denunciado ante los nuevos mandos procedentes de Ciudad de México por otros ministeriales que también laboran en la fiscalía y también delinquen, pero estos, para el Cártel de Sinaloa encabezado por René Arzate.

“Es versión interna que un grupo de los federales sabe que los agentes de apellidos Barrón, Córdova y León, andan haciendo ‘bajes’ para los de Sinaloa, y contra esos no hacen nada” expusieron sin aportar mayores datos.

EN ATENTADO, PATRULLAS EVITARON MASACRE

La noche del miércoles 22 de enero, los agentes Jorge Alberto Velázquez Ornelas,  José Manuel Camacho Vázquez, Rubén Moreno Germán, Hugo Muñoz Galván,  Rogelio Estrada Pérez y Marco Antonio Reyes Nahon, decidieron pasar a comer al terminar el turno, a un carrito en el que se vendían hot dogs, instalado frente a Yonke El Padrino.

Los elementos de la GESI estacionaron sus patrullas a manera de  escudo que protegiera el lugar en el que comían. Ya habían terminado y cinco de ellos se daban la vuelta para  dirigirse a los vehículos mientras Reyes pagaba, cuando una camioneta Honda Pilot sin placas se acercó a toda velocidad.

La primera ráfaga de balas hizo blanco en las patrullas, por lo que los oficiales tuvieron un segundo para intentar protegerse, tirándose al piso.  Pero las balas eran de grueso calibre y atravesaron  las unidades policiacas.

Velázquez recibió heridas en pecho y hombro; Camacho en la pierna; Muñoz, un rozón en la oreja; Estrada en la pierna y Moreno en sus dos extremidades inferiores.

Como al  momento del ataque Marco Antonio Reyes Nahon estaba de espalda a los agresores, entregando dinero al vendedor de comida, no tuvo la misma oportunidad que sus compañeros. Lo impactaron en la cabeza, provocando de inmediato una lesión craneoencefálica que resultó en muerte cerebral, pese a los esfuerzos de un coma inducido.

El dependiente que los atendía también recibió una bala en la cabeza y murió de manera inmediata.

Uno de los oficiales heridos detuvo una patrulla municipal para informar lo ocurrido y detalles del ataque. Testigos vieron que tuvo la intención de subirse a la patrulla para unirse a la persecución, sin embargo, sus compañeros lo bajaron porque estaba herido.

Los agentes de la GESI inmediatamente se dedicaron a brindar los primeros auxilios al compañero que estaba más grave y pedir auxilio a las demás corporaciones, logrando respuesta en cuestión de minutos.

OTROS CINCO DETENIDOS DEL CAF, INCLUIDO UN HERMANO DE “EL PITEY”

 Mientras circulaban en la Tercera Etapa del Rio Tijuana, el jueves 22 de enero fueron capturados cinco hombres en posesión de dos armas largas, dos cortas, siete porta placas balísticos, 495 envoltorios de marihuana, 518 envoltorios de un polvo blanco, una bolsa Ziploc conteniendo la droga conocida como cristal y 20 cargadores para arma de fuego de diversos calibres.

LOS DETENIDOS SON:

Diego Armando Gómez Rosales, hermano de José Cristian Gómez Rosales “El Pitey”, presunto jefe de sicarios del Cártel Arellano Félix en Ensenada; Samir Isaí Almonte Salinas “Sucro” y/o “Talibán”, presunto sicario de David López Jiménez “Cabo 20”; además de José Luis Rivera Alatorre “El Negro”, Sergio Fernando Araujo Torres y Antonio Alejandro Jaramillo Cruz.

EL CIVIL MUERTO

Empleados de los negocios que se encuentran cerca de donde se instalaba el carro de hot dogs, comentaron con ZETA que el muchacho tenía pocos meses que se había colocado en ese sitio para laborar. Incluso se mencionó que al momento del ataque, se encontraba de frente al oficial Reyes Nahon, por lo que recibió el impacto de bala en la cabeza.

“La verdad nunca le pregunté su nombre, tenía poco que se había instalado aquí (Bulevar Díaz Ordaz), se veía que era muy chambeador, la verdad no sé si vivía cerca de aquí”, comentó un trabajador de negocios vecinos.

Otras personas que laboraban por la zona indicaron que el ataque provocó pánico al momento de los disparos, al ser una zona muy transitada con varios negocios que cierran tarde. Incluso un locatario mencionó que al escuchar los disparos no sabía de dónde se estaban realizando, hasta que recordó haber visto a unos oficiales estacionarse en el puesto de hot dogs.

“Se escucharon muchos disparos y todos nos tiramos al piso, primero no sabía qué estaba pasando, luego volteé a ver las patrullas porque ya las había visto que habían llegado unos policías ahí (puesto de hot dogs). Y pues sí era ahí, al rato llegaron muchas patrullas, la verdad se escucharon muy fuerte los disparos, mucha gente corrió del miedo, no sabían qué hacer”, relató un trabajador de gasolinera.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado reveló que el nombre del civil asesinado era Jesús Héctor Cabrera Mendoza.

PERSECUCIÓN Y CAPTURA

A las 11: 31 pm del miércoles 22 de enero, el Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo (C4) recibió el reporte de un atentado armado en contra de elementos de la GESI. El primer informe indicó seis policías heridos y un civil muerto en el lugar.

Otra llamada telefónica entró el C4, denunciando que la camioneta desde la que se realizaron las detonaciones era al parecer de color rojo.

Después se confirma la identidad de los heridos y dan cuenta de la persecución de un auto con sospechosos del ataque, al cual se había dado seguimiento a través de las cámaras de video vigilancia y un grupo de patrullas municipales, cuyos elementos también fueron agredidos a balazos cuando intentaron darle alcance

Tras una breve seguimiento, los delincuentes perdieron el control de la camioneta robada en la que circulaban y se estrellaron. Cuatro hombres se bajaron e intentaron huir a pie, pero fueron capturados. Su aprehensión fue confirmada poco después de la 1:30 am del jueves 23 de enero, en la intersección de los bulevares Díaz Ordaz  Benítez, confiscándoles dos armas largas y un chaleco táctico, además del auto con reporte de robo.

LOS DETENIDOS SON:

* Christian Alejandro Zamudio, de 28 años y con antecedentes en 2018 por robo de auto (estuvo preso). En 2017 lo investigaron por daño en propiedad ajena.

* Jorge Ramón Salazar Cruz, de 27, aprehendido en 2019 por actos que inducen al vicio.

* Juan Manuel González Velázquez, de 40, con averiguación previa por robo simple en 2005; tiene un homónimo que, de acuerdo a registros, está muerto desde 1991.

* Brayan Salvador Rocha Rojo, de 21, con un expediente por robo equiparada en 2019.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 27 ENERO, 2020 01:00 PM)

CAE BANDA DE SECUESTRADORES EN LOS CABOS



Imagen de la cámara de seguridad del hotel Paradisus, fue prueba importante ´para contabilizar el número de personas participantes en el secuestro exprés

La fiscalía confirmó la detención de cuatro delincuentes dedicados al secuestro exprés; tres siguen prófugos. “Hasta el momento se ha podido confirmar que las personas hoy detenidas participaron en tres hechos distintos; en dos eventos participan tres de los detenidos y un cuarto integrante, identificado en el ataque al hotel Paradisus”, confirmó a ZETA una fuente de la AEIC


José Ricardo Gómez Raviela, de 40 años y originario de Oaxaca, figura como presunto líder de la banda criminal, instruyó en los dos atracos y el secuestro exprés

A inicios de octubre de 2019, registros de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), daban cuenta de una banda dedicada a asaltos en instituciones bancarias de Los Cabos.

Agentes de Inteligencia confirmaron que podría tratarse de criminales violentos por la forma en que operaban sus atracos, amenazando a sus víctimas con armas de fuego, privándolas de su libertad mientras las despojaban de sus pertenencias.

Fue entonces que la PGJE confirmó la detención de cuatro individuos por estar involucrados en los delitos de secuestro exprés, robo con violencia por personas armadas y robo empleando violencia por personas armadas en grado de tentativa inacabada.

Siete fueron vinculados a proceso, cuatro de ellos ya capturados.

“Los sujetos llegaron con armas de fuego de distintos calibres, amenazaron a las víctimas y las despojaron de sus pertenencias. Se obtuvieron datos que prueban la probable responsabilidad de las cuatro personas en los hechos que ocurrieron el viernes 15 de noviembre del año pasado, en un hotel ubicado en la colonia Cabo Real, sobre la Carretera Transpeninsular en San José del Cabo. El Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión al Juez de Control, misma que fue concedida y cumplimentada por elementos de la AEIC el 4 de enero del presente año”, informó la PGJE.

Los detenidos son:

* José Ricardo Gómez Raviela, de 40 años de edad, originario de Oaxaca y presunto líder de la banda criminal.

* Félix Manuel Magallón Hernández, también de Oaxaca, identificado como el segundo en la estructura de la organización delincuencial.

*Abimael Barrada Pérez, de 22 años, oriundo del Estado de Guerrero.

* Osvelin Unzón Méndez, de 31 años, originario de Chiapas.


Félix Manuel Magallón Hernández, también del estado de Oaxaca, identificado como el segundo a bordo en la estructura de la banda delincuencial, identificado en los tres hechos

Los cuatro fueron ingresados al Centro Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, donde quedaron a disposición de un Juez de Control.

“Hasta el momento se ha podido confirmar que las personas hoy detenidas participaron en tres hechos distintos, en dos eventos participan tres de los detenidos y un cuarto integrante, identificado en el ataque al hotel Paradisus. Tres de ellos fueron los que más se identifican en los hechos y ahí surge un cuarto, que es observado en las cámaras de vigilancia”, especificó el agente de Investigación Criminal.

La autoridad identificó a por lo menos tres individuos más, cuyos rostros han sido plenamente identificados. La PGJE ha montado un operativo de búsqueda de los imputados, los cuales tuvieron participación importante en los hechos, y quizá haya más eventos que no han podido adjudicarse, pero se encuentran bajo investigación, sobre todo incidentes en el que se puede identificar el modus operandi.

Ellos son:

* “El Tedy”.

* Esteban “N”.

* Pedro “N”.

Pese a la confirmación por secuestro exprés del incidente ocurrido en el hotel Paradisus de San José del Cabo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo cuenta con un secuestro exprés y ocurrió en marzo de 2019.

Baja California Sur cerró el año anterior con 162 robos con violencia a negocios e instituciones bancarias.

Abimael Barrada Pérez, de 22 años, originario de Guerrero, apoyó en la logística de los tres eventos

LOS TRES GOLPES

El 4 de octubre de 2019, uno de los primeros eventos en que fue identificada esta banda violenta dedicada al robo y secuestro exprés, ocurrió a las dos de la tarde en la sucursal Banorte ubicada en el estacionamiento del supermercado Chedraui en Cabo San Lucas, en Miguel Hidalgo y San Antonio, Colonia Arcos del Sol.

“Los asaltantes llegan a la institución bancaria y amenazan a los usuarios, tres de ellos al parecer se van a las cajas y despojan a los cajeros del mayor efectivo posible, mientras que uno se dirige a los cuentahabientes y despoja de celulares, carteras y toda pertenencia visible; todo ocurrió en un par de minutos, como de película”, expuso la fuente de la AEIC.

Del banco extrajeron aproximadamente 90 mil 700 pesos, en tanto que a uno de los clientes lo despojaron de unos cuantos dólares, un teléfono celular, una laptop y 5 mil pesos.

“Los afectados se dirigieron con palabras altisonantes, amenazando de muerte a quien se moviera o dijera algo, así como a quienes no atendieran sus instrucciones. Podríamos decir que los retuvieron contra su voluntad en lo que los despojaron de sus pertenencias, pero es más robo con violencia”, apuntó el agente.

Otro de los incidentes en los que cuatro personas detenidas fueron plenamente identificadas, tuvo lugar el 14 de noviembre, cuando aproximadamente a las cinco horas de la mañana, irrumpieron de manera violenta en las instalaciones del hotel Paradisus en el Corredor Turístico de San José del Cabo, aproximadamente en el Kilómetro 19.5.
 
Osvelin Unzon Méndez, de 31 años, originario de Chiapas, identificado en el atraco y secuestro exprés del Hotel Paradisus

“Estas personas someten al guardia de la caseta de vigilancia, lo obligan a llamar a sus compañeros y conforme van llegando, los van sometiendo y amarrando en una de las habitaciones, los despojaron de sus pertenencias, golpearon y huyeron del sitio durante la madrugada; hasta la mañana siguiente los encuentra el cambio de turno”, añadió el consultado por ZETA.

Los cuatro individuos, posiblemente con ayuda de más personas, sometieron a la fuerza a por lo menos una decena de guardias de seguridad. Vestían con ropas oscuras y portaban armas de distintos calibres con las que doblegaron a los guardias, pero hubo descuido e interacción con los afectados, lo que permitió su identificación.

“En las cámaras de vigilancia se pueden observar a los atracadores, encapuchados y con chamarras que les cubren el rostro, afortunadamente los guardias de seguridad los pudieron identificar, fueron descuidados al mostrarles sus rostros, además de que sus voces fueron fácilmente identificables para los testigos”, se informó desde la AEIC.

Finalmente, tres de los hoy detenidos también fueron vistos en el atraco registrado el 2 de diciembre a las 4:40 pm, donde sometieron a personas que se encontraban en el interior de la maderería El Roble de la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo.

De nueva cuenta emplearon la violencia como medio de persuasión y pudieron despojar a las víctimas de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

De esta manera, los integrantes de la banda de Los Cabos fueron vinculados a los hechos en Banorte, Hotel Paradisus y El Roble en la misma localidad, y hasta el cierre de esta edición, había indicios de su probable participación en otros atracos.

MESA DE SEGURIDAD CONTRA EL DELITO

La Mesa de Seguridad Pública de Baja California Sur dio a conocer los resultados de 2019 en cuanto a la aplicación de la justicia, destacando la actuación en los diversos puntos de revisión secundaria en tramos carreteros, terminales marítimas y aeropuertos; derivando 40 mandamientos judiciales vigentes y 132 personas transferidas a centros penitenciarios.

Asimismo, se confirmó el aseguramiento de armas y cartuchos útiles que habrían sido utilizados para la comisión de ilícitos: 20 armas largas y 38 cortas, para un total de 58; mil 083 cartuchos útiles y 81 cargadores.

Uno de los temas que sigue preocupando en la entidad es la presencia de delitos como el secuestro, que aumentó 400% en el año anterior.

“Estos hechos que se dieron, lo más importante es que fueron detenidos aquí las personas que llevaron a cabo estos ilícitos, la gran señal que envía la Mesa de Seguridad es que, quien cometa un ilícito de esa naturaleza, será castigado conforme a Derecho. Es un tema que no podemos determinar, porque es  de delincuencia organizada y puede estar operando en cualquier parte del país; no olvidemos las condiciones de violencia que tienen algunas regiones de nuestra nación”, señaló Álvaro de la Peña, secretario general de Gobierno y vocero de la Mesa de Seguridad Pública en BCS.

Aunque el delito de robo en sus diversas modalidades ha ido a la baja, según la Mesa de Seguridad Pública, la percepción de la ciudadanía es que sigue en incremento. Si bien, bajaron los homicidios, los robos prevalecen.

Ante ello, la Mesa reveló cifras de disminución de los robos, informando de una caída de hasta el 24% de ese delito en sus diversas modalidades:

* En 2016 se cometieron 11 mil 365 robos.

* 2017 tuvo 10 mil 797, esto es, una reducción del 10%.

* 2018, 10 mil 319 robos; otro 5%.

* 2019 tuvo un descenso de 8 mil 625 robos, alcanzando un 19% de baja.

Sobre los asaltantes violentos y demás vinculados por secuestro exprés, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó la desarticulación parcial de la banda.

“Fue el evento donde resultó el robo del banco, del robo del hotel, un motel del Corredor Turístico, el robo a una ferretería y de otros negocios, que ya están detenidos, inclusive vinculados a proceso, esa es la realidad del indicador delictivo”, confirmó Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE.

En 2019 hubo 113 detenidos por la comisión de delitos del fuero federal, como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, extorsión, homicidios y ejecuciones.

En delitos del fuero común, la cifra de detenciones fue de 4 mil 362 de 2015 al 2019; 741 fueron puestos a disposición en este año.

“Aparte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay un tema de percepción, que todos los que vivimos aquí podemos ver y sentir, sobre todo el cambio de la seguridad. Claro que lo hemos abordado, se ha hecho así, sin que estemos cantando victoria, pero es motivo de mucho gusto continuar haciendo un gran esfuerzo conjunto, porque es trabajo de todos”, refirió Álvaro de la Peña Angulo.

Las metas en materia de seguridad para 2020 en la Mesa de Seguridad Pública son:

* Fortalecimiento del C4.

* Sistema de radiocomunicación y tecnologías.

* Puntos de revisión carreteros.

* Condiciones laborales del personal operativo y de justicia.

* Mayor capacitación a elementos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 14 ENERO, 2020 01:00 PM)