viernes, 2 de junio de 2017

EN EL PRI DE GUAYMAS ES LO MISMO CHANA QUE JUANA


¿Qué habrá prometido el ex alcalde Otto Claussen Iberri, a los prohombres del priismo guaymense, para que le hayan permitido poner presidenta del PRI local?

Con esa maniobra Enrique Claussen, se fortalece rumbo a la candidatura a la alcaldía, mientras las posibilidades de Lorena Garibay, del grupo de Antonio Astiazarán, se ven menguadas, pues la chanza del Toño de hacerse de una candidatura a alguna de las dos senadurías, también disminuyen, ante lo peleadas que están.

Porque si una cosa está clara, es que Jimena Jaramillo Pérez, actual regidora del ayuntamiento forma parte de la cuadra política de los hermanos Enrique y Otto Claussen, pues su militancia partidista –que muchos dudan haya tenido— es nula y solo se le vio compartiendo la mesa y la sal con los tricolores a partir de la campaña electoral del Alemán en 2012, por su cercanía con el actual director del ISSSTESON.
Antes sus actividades habían sido ajenas a la grilla, como impartir clases en ITSON, por ejemplo.

En el gobierno más antipriísta que se haya conocido, el de Otto, laboró en la dirección de Recursos Humanos, siempre al servicio de los hermanitos Claussen. La negligencia y frivolidad extrema de éste hizo morder el polvo feamente al ex partidazo en 2015, cuando a nivel estatal recuperó la gubernatura.

Su aferramiento de imponer a Walter De Cima, como candidato a la diputación local, le abrió la puerta del Congreso del Estado a Manuel Villegas Rodríguez, quien fue anfitrión de la visita de Rafael Moreno Valle, el sábado pasado y hoy su aliado en su afán de socavar a la administración municipal que encabeza Lorenzo De Cima.

LO MISMO CHANA QUE JUANA

En los círculos políticos porteños dudan que haya sido por una demostración de mano zurda del dirigente estatal priísta Gilberto Gutiérrez Sánchez, intendente de Beltrones en el partido, que se dio el enroque que propició la conformación de una planilla única.

Es de sobra conocido, que quien asume la presidencia del partido en tiempos electorales está descartado en automático como candidato. Esa podría ser la explicación a ese detalle o porque los jefes de grupos políticos locales ven perdida la elección presidencial del 2018 y les da lo mismo poner a Chana que a Juana. Total, alguien debe de asumir el costo de la derrota.

Una eventual debacle a nivel nacional y un triunfo de MORENA, pondría de facto a la gobernadora Claudia Pavlovich, en una situación complicada, debido a que el perseguido padrecismo vendría por la venganza y ya sin el apoyo federal, su estado de debilidad dificultaría el último tramo de su gobierno, de por sí normalmente desgastado por el ejercicio del poder.

PRESIDENTES PRIÍSTAS SIN DAR COLOR 

El PRI, a pesar de haber sido el partido que más ha gobernado Guaymas, durante períodos enteros permanece en total abandono.

Salvo las dirigencia de Julia Astrid Tapia viuda de Romano y Carlos “El Bebo” Zataraín, quien perdió la elección de 1991 ante el PAN llevando como candidato a José Ramón Uribe, poco o nada se sabe de los desempeños de sus dirigentes partidistas.

El paso de Lorena Garibay Ulloa, Susana Corella Platt y Manuel Ibarra Salgado, quien ni “adiós” dijo cuando dejó el cargo, pasó con más sombras que luces y el PRI funcionó como un apéndice del alcalde en turno, o sea Antonio Astiazarán y Otto Claussen, a quien le llovieron quejas desde adentro por gobernar sin el partido.

Pocos recuerdan que fue Marcos Ulloa Cadena, hoy regidor y militante de Movimiento Ciudadano, el primer presidente del partido electo mediante un proceso abierto a las bases y quien en buena lid se impuso a priístas como Alfredo Ortega López, Francisco “Chico” Vásquez y el ingeniero José Ordaz Aguiar. Como dato curioso, ninguno de ellos milita actualmente en el PRI.

Tampoco se trae a la memoria cuando al frente del tricolor hubo gentes con sólida formación política y todas una chuchas cuereras en las artes de la grilla y de la política, que eran respetados por propios y extraños, como fue Jaime “El Tigre” Escobar, reconocido ideólogo de la causa priísta.

Otros presidentes ha habido, como Alfonso “El Poncho” Ayala Fonseca, forjado en la cuadra del General Oscar Ulloa, quien desfiló por el cargo sin aportar nada relevante, nunca ha negado la cruz de su parroquia, su pertenencia al grupo del Morroño Llano, para quien le opera, mientras el doctor José Luis marcos León Perea, más belicoso trató echar fuera del edificio del partido al dirigente de la CTS-CROC Héctor Molina y legítimo poseedor del inmueble. El arrebato le acarreó al galeno el rechazo de organizaciones como México Nuevo que capitaneaba Manuel Villegas, el FJR de Miguel Salas, la Vieja Guardia Priísta de don Candelario Flores y el Movimiento Territorial de Manuela Ojeda.

Ahora, Jimena Jaramillo, llegará al cargo sin la etiqueta de priísta, sin carrera partidista, bajo la sombra de los hermanos Claussen y sin los galones de anteriores dirigentes.

EL HURACÁN JIMENA

A la Machi Tapia, le tocó lidiar con la más fea y como hizo el esfuerzo de rescatar al partido de las deudas.

Y si el 2018, se avizora como un año harto complicado para el partido fundado por Plutarco Elías Calles, no se ve nada fácil que con el desprestigio que trae a cuestas su jefe máximo, el presidente Peña Nieto y con toda la carga negativa de los gobernadores emanados del PRI señalados de corrupción, levante cabeza.

Ni a Miguel Angel Osorio Chong, quien se mantiene arriba en las encuestas entre los pretensos priístas, se le estima digno de dar la pelea por la grande ante un robustecido AMLO y el regreso de la maestra Elba Esther Gordillo.

El principal enemigo del partido es interno: Javier Duarte, César Duarte, Humberto Moreira, Roberto Borge, Roberto Sandoval y los que se acumulen.

Por eso, ante ese escenario apocalíptico, no faltan los visionarios priístas que se truenen los dedos por alguna candidatura, al cabo que los cargos públicos son mejor que trabajar.

Ya veremos que tanto viento y potencia trae el huracán Jimena… Y a favor de quién.


(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ COLUMNA INVITADA: La Viña del Señor/ 29 DE MAYO 2017)

PRI DE GUAYMAS: EN BUSCA DE UN LÍDER PARA UN PARTIDO INEXISTENTE


José Revueltas, autor de la novela “El Apando”, escribió “Ensayo de un proletariado sin cabeza”, para explicar la inexistencia histórica del Partido Comunista Mexicano.

En Guaymas, lo expuesto por Revueltas, tiene aplicación, cuando el PRI local ha iniciado un proceso para renovar a su dirigencia municipal, luego de permanecer acéfala su presidencia cuando le fue ofrecida la Oficialía del Registro Civil de San José a la Machi Tapia, como recompensa por hacerse cargo de un partido endeudado, abandonado a su suerte por su anterior “líder” Manuel Ibarra Salgado y duramente golpeado por la derrota municipal en 2015.

Ni tarda, ni perezosa la Machi, tomó sus chivas y pasó a formar parte de las filas de la burocracia de cheque verde.

En ese inter, se hizo cargo del expartidazo el regidor Rubén Contreras Hermann, quien por desempeñar el cargo de secretario de Organización del comité directivo municipal, por prelación le tocaba ascender.

RENOVARSE O MORIR

El PRI, a pesar de ser el partido más viejo del sistema político y además de haber transitado por diversas adecuaciones conforme las circunstancias –PNR, PRM-PRI- políticas y sus exigencias, modificar su ideología de revolucionaria a neoliberal, constituir un costal de mañas para mantenerse en el poder y funcionar como Secretaría de Elecciones del gobierno o como una fuerza en cogobierno durante los 12 años de gobierno panista, enfrenta los reacomodos propios del año electoral que se avecina.

Y para llevar los trabajos propios que lleven a contar con una dirigencia priísta conforme a los tiempos electorales lo exigen, desde el alto mando tricolor fue nombrado como delegado Alvaro Inciso y como enlace entre la Comisión de Procesos Internos del partido con su versión municipal.

Una vez lanzada la Convocatoria respectiva por el Comité Directivo Estatal, en donde las manda cantar el beltronista Gilberto Gutiérrez Sánchez, y publicada en los estrados del edificio partidista en el puerto, se supo que la elección se haría por medio del Consejo Político, un órgano de deliberación del partido en el que confluyen cuadros distinguidos, dirigentes de organizaciones y sectores y militantes.

EL QUID DEL ASUNTO

Desde siempre se ha sabido que toda convocatoria tiene dedicatoria especial, es decir se estructura con chanfle, para facilitarle el camino al “elegido” por la mano de Dios, pues en el PRI, como en todo partido –vertical, autoritario, antidemocrático, etc.-- que se respete “no se mueve la hoja del árbol, sin la voluntad del señor”.

En esta ocasión no fue la excepción y si no veamos: El PRI guaymense tiene “dueño” o un grupo hegemónico capaz de imponer condiciones internas. En un tiempo lo fueron caciques como Marco Antonio Llano Zaragoza y Julio Ramón Luebbert Duarte, quienes se disputaban el dominio entre las huestes tricolores y en la composición del Consejo Político se reflejaba tal poder.

Con la muerte del “Príncipe de Miramar”, quien para anda quería al grupo denominado “La Familia Feliz” de Mundo Chávez, la fuerza se inclinó hacia el “Morroño” e hizo posible el acceso a nuevas generaciones de políticos con personajes como Antonio Astiazarán y Otto Claussen Iberri, quienes desde la alcaldía porteña hicieron valer su “power” e impusieron como dirigentes a Lorena Garibay Ulloa, a Susana Corella y a Manuel Ibarra, quienes dejaron malos números por su paso por el liderazgo: En 2009 el PAN le arrebató la alcaldía al PRI con apoyo de priístas como Carlos “El Bebo” Zataraín, uno de los suyos Enrique “Lito” Bueno Guerra, es actual tesorero de la comuna y el propio Toño Llano, como igual sucedió en 2015, con la salvedad que hasta la diputación local del XIII distrito quedó en manos de un expriísta azulado como Manuel Villegas Rodríguez, quien integró como secretario del Toño Astiazarán, los seccionales priístas, desde donde operó en contra de su anterior partido.

En ese entendido, se supone que el PRI portense cuenta con un Consejo Político registrado ante el Comité Ejecutivo Estatal, cuya integración genera un mar de dudas por las rasuradas que por tradición dicho órgano sufre cada vez que hay elección, lo cual sucede igualmente con el reconocimiento que se le da a quienes dirigen a las organizaciones y a los sectores del partido, pues se supone que son éstos los que brindan el apoyo a los posibles aspirantes a la dirigencia local. En dicho Consejo predominan gentes de Mundo Chávez, Antonio Astiazarán y Otto Claussen, pues cuando se integraba el grupo en el poder le metía mano a modo.

Según la convocatoria el día 27 de mayo de 10 a 12 horas será el registro de los aspirantes, quienes deberán registrarse en fórmula y del 29 de este mes hasta el 13 de junio tienen para hacer proselitismo, antes de ser sometidas para su aprobación ante el órgano partidario, de cuya integración dependerá como siempre el resultado, el cual muchas veces está más que anunciado de antemano.

LOS SONANTES Y SUS AMOS

Entre los viejos priístas del puerto es popular un antiguo adagio: “Sigue la cadena y darás con el dueño del perro” y algo así puede resultar aplicable al caso, pues es sabido que quien controle, al menos formalmente, al partido, tendrá ventaja sobre sus competidores en la elección del 2018, en cuando a empujar candidatos se refiere, de ahí la importancia de este proceso tricolor.

Por lo pronto suenan como tiradores los regidores Jimena Jaramillo Pérez y Rubén Contreras Hermann, ambos de la cuadra de Otto Claussen; la dirigente de los pequeños armadores Mireya Acuña; la lideresa Manuelita Ojeda Amador; el presidente del comisariado ejidal del ejido San José de Guaymas, Jesús Garza, “El Calamares”, hombre fuerte de la CNC en el municipio; Karla Baumea; Mario Bernal, exjefe de Tránsito con el Otto; Iván Romano Tapia, hijo de la exdirigente priísta Julia Astrid Tapia Granillo y exdirector de la Inmobiliaria Municipal con Antonio Astiazarán; Gines Valentín y Gabriel “El Gaby” Davis Santoyo, compadre del alma del morenovallista non del puerto Manuel Villegas, “El Villeguitas” y exchofer del Toño, quien sueña con una senaduría.

Si no brinca a la palestra algún caballo negro de esos que nunca faltan, alguno de estos sonantes saldrá el próximo líder del PRI de Guaymas, para temor y nervios del resto de las fuerzas políticas locales.

Aunque es de suponerse que la lucha interna por la dirigencia priísta no debe entrañar desgaste alguno entre los contendientes y mucho menos un enfrentamiento a muerte entre sus padrinos políticos, del resultado depende las posibilidades de los futuros candidatos a un cargo de elección popular, algunos de los cuales no se atreven a salir a flote: Carlos Zataraín, Antonio Astiazarán, “La Lady no me alcanza” Susana Corella y Otto Claussen.

En los corrillos políticos se habla de que hasta ahora han fracaso las negociaciones entre los jefes de los clanes priístas para conformar una sola fórmula para la dirigencia.
Por lo pronto “El Morroño” Llano, deja sentir su peso y ya trae moviendo las aguas de la grilla tricolor a su operador de cabecera Alfonso “El Poncho” Ayala Fonseca. Algo trama y todo hace sospechar que va por su cuarta imposición en la alcaldía al hilo.

Históricamente, el que el PRI, pierda o gane en el municipio, no significa gran cosa para quienes detentan el poder político y económico real y la reforma electoral propuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich, los tiene sin cuidado, pues en México los partidos políticos funcionan como franquicias o fachadas de los grupos de poder.

Lo anterior lo saben por la buena el Toño Astiazarán, César Lizárraga, Otto Claussen, Lorenzo De Cima y hasta el mismo Villeguitas y por la mala Everardo Martínez Samaniego, Sara Valle Dessens, “El Cacho” Zaragoza y José Ramón Uribe Maytorena.

 ¿O no?


(EL PORTAL DE LA NOTICIA/  COLUMNA INVITADA: La Viña del Señor/  25 DE MAYO 2017)

LA BELLA ESPOSA DE ENRIQUE OCHOA REZA, PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI


Foto: Especial

Greta Rojas, conductora deportiva de TV Azteca se unió en matrimonio con el político desde 2013, con quien tiene una hija

En estos tiempos pocos no saben quién es Enrique Ochoa Reza, actual presidente y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), menos estando tan cerca las elecciones de este año, donde el político ha dado candentes declaraciones y opiniones.

Lo que sí pocos han de saber, o recordar, es que Enrique está casado desde julio del 2013, y nada más ni nada menos que con la conductora de televisión Greta Rojas Sánchez, de TV Azteza.

Greta se especializa en temas deportivos, conduce segmentos dentro de la cadena, tanto en programas noticiosos como deportivos.


Foto: Especial




Greta Rojas es de Guadalajara, Jalisco, hija de Óscar Rojas y Mayda Sánchez Garsen.

Estudió Relaciones Públicas, carrera que ejerció en sus primeros trabajos, su primer gran oportunidad llegó cuando entró al Club Chivas, donde laboró por cinco años en el área de relaciones públicas.



Foto: Especial


Foto: Especial
Luego de ese periodo, Greta se trasladó a la Ciudad de México, donde logró ingresar a TV Azteca.

En esa televisora fue donde Rojas inició su carrera como conductora y reportera, especializa en temas deportivos, donde destacó por su belleza, pero también por su conocimiento del deporte.




¿Pero cómo conoció al ahora presidente del PRI?, según Quién, Carolina Rocha habría sido la 'cupido' que los presentó, de ahí en adelante todo corrió por cuenta propia, hasta que en julio de 2013 se unieron por el matrimonio civil, en una ceremonia llevada a cabo en un salón del hotel St. Regis, de la CDMX, donde obviamente acudieron reconocidas personalidades, tanto del espectáculo como de la política.



Foto: Especial

De esa unión nació Sofía María, el 13 de junio de 2014.



Foto: Especial

Pese a lo estresante que puede ser la vida de un político, más del calibre que ostenta Ochoa Reza, el priísta puede presumir de que tiene apoyo tras de él.


Foto: Especial


Foto: Especial


Con información de Cuna de Grillos y Quién


(VANGUARDIA/ REDACCION/ 2 JUN 2017)

GRUPO ARMADO ATACA A MILITARES EN SAN IGNACIO, SINALOA


Un grupo armado disparó a personal militar que realizaba un recorrido en el poblado de Piaxtla de Abajo, en el municipio de San Ignacio.

De acuerdo a los primeros datos, los elementos del Ejército repelieron la agresión de seis hombres armados que viajaban en dos camionetas de lujo, pero no lograron detener a ningún responsable.


En los hechos ocurridos alrededor de las 10:00 horas de hoy, no se reportaron personas fallecidas ni heridas.

En el lugar se aseguró una camioneta Toyota, doble cabina, blanca, con reporte de robo, una camioneta Track, gris, sin reporte de robo; seis armas largas AK-47; 32 cargadores para fusil AK-47, dos cargadores de disco para fusil AK-47, mil 20 cartuchos; una motocicleta marca Itálika, dos celulares; tres uniformes pixelados tipo americano, un par de botas; un chaleco antibalas con dos placas balísticas y 20 gramos al parecer mariguana.



Lo asegurado se puso a disposición de las autoridades correspondientes.


(RIODOCE/ REDACCIÓN/ 2 JUNIO, 2017)

DENUNCIAN QUEBRANTO DE MÁS DE 3 MIL MDP TRANSFERIDOS AL EDOMEX DESDE GOBIERNO DE PEÑA


CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una maniobra para convertir una inexistente deuda de 50 millones de pesos del gobierno federal al gobierno del Estado de México, supuestamente contratada en 1997, en un mecanismo para transferir al menos 3 mil 100 millones de pesos del erario federal al mexiquense desde la administración de Enrique Peña Nieto, fue documentada y denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari, defensor de la compañía Infraiber.

La demanda de hechos, de 13 cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta delincuencia organizada, involucra al exgobernador y actual presidente de la República Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Finanzas mexiquense y exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray; al exsecretario de Infraestructura estatal y actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; al exdirector de Banobras y aspirante priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y al actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

La reconstrucción documentada por Díez Gargari revela que estos funcionarios se coludieron para “crear un mecanismo que les permitiera canalizar miles de millones de pesos de ‘dinero sucio’ al financiamiento ilegal de las campañas políticas del Estado de México, a partir de un reclamo fraudulento y un derecho inexistente que ha generado un quebranto multimillonario a la hacienda pública federal y ha incrementado el costo fiscal del rescate carretero”.

La historia se origina en 1991 cuando el gobierno del Estado de México supuestamente aportó 50 millones de pesos para la liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería, que “no quedaron incluidos en el sistema fiscal carretero”.

En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fueron considerados como aportaciones “no recuperables” esos 50 millones de pesos, de modo que el gobierno federal no asumió el reembolso de esa cantidad supuestamente aportada para la liberación de los derechos de vía.

El 29 de agosto de ese año, la Secretaría de Hacienda designó a Banobras como agente financiero y mandatario del gobierno federal en relación al rescate carretero. El 31 de agosto de 1997, el gobierno federal otorgó a Banobras, vía la SCT, “la concesión para operar, explotar, conservar y mantener las autopistas carreteras”, incluyendo la autopista Chamapa-Lechería.

Durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, el 21 de marzo de 2007, el entonces secretario de Comunicaciones e Infraestructura mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, presionó al gobierno federal de Felipe Calderón para que “de manera fraudulenta”, recuperaran los 50 millones de pesos.



Paulo Díez, abogado de la empresa Infraiber. Foto: Eduardo Miranda

Mediante el oficio No. 21100000/08/2009, Ruiz Esparza informó a la SCT el 21 de abril de 2009 que existía un convenio de concertación que preveía una aportación de 50 millones de pesos, “pero que, en realidad, el gobierno del estado habría aportado 125 millones de pesos y que esa cantidad actualizada a la fecha con una tasa de interés de 10.0 puntos reales era de 3,671 millones de pesos”.

Es decir, convirtieron una supuesta deuda de 50 millones de pesos en otra de 3 mil 671 millones de pesos del erario federal al erario mexiquense. Díez Gargari afirma en su demanda que “la tasa de 10 puntos real anual que el gobierno del Estado de México utilizó para llegar a esa cifra fantástica no tiene soporte legal y/o contractual alguno”.

Actualizado a la inflación sería de 234 millones de pesos al 30 de abril de 2009 o de 344 millones de pesos al 30 de abril de este año, calculó el experto.

LA ILEGALIDAD CON EPN EN LOS PINOS

Ruiz Esparza no obtuvo respuesta del gobierno federal de Calderón, pero cuando llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos, asumió la existencia ficticia de un “convenio de transacción” que versa de “una obligación inexistente (del gobierno federal) y un derecho inexistente (del gobierno del Estado de México)”.

Según Díez Gargari, Peña Nieto, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, Ruiz Esparza en la SCT y Alfredo del Mazo en Banobras diseñaron un “doloso” plan criminal “para crear un vehículo que les permitiera canalizar al gobierno del Estado de México miles de millones de pesos.

“Parte o la totalidad de estos recursos habría podido destinarlos al financiamiento ilegal de las campañas del Estado de México, incluyendo la de Alfredo del Mazo”, afirma Díez.

El convenio de transacción obligó a la Secretaría de Hacienda a pagar 3 mil 600 millones de pesos como reembolso. Tan sólo en 2016 habrían pagado al menos mil 600 millones de pesos y el quebranto, al día de hoy, sería superior a los 3 mil 100 millones de pesos.

La documentación aportada por Díez Gargari afirma que utilizaron al Sistema de Administración del Sistema Carretero del Estado de México (Saascaem). El 30 de septiembre de 2016 se ve al cierre del ejercicio el saldo de 1 mil 600 millones de pesos en la cuenta Bancomer 0102614057 del Saascaem.

Estos recursos “no están registrados ni como ingresos ni como disposición de crédito en los estados financieros del Saascaem”.

El 31 de diciembre de 2014 en otra cuenta de Bancomer de Saascaem había 500 millones de pesos correspondientes al “pago al gobierno del Estado de México del Convenio de Concertación de Acciones en la liberación del derecho de vía, por la construcción de la carretera Venta-Lechería, en su tramo Chamapa-Lechería”. Al año siguiente, al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la misma cuenta Bancomer era de 0 pesos. Los 500 millones de pesos desaparecieron sin dejar rastro.

Para Díez Gargari esta justificación constituye “una auténtica confesión del delito”.

En la Cuenta Pública Federal del 2016, en el apartado del ejercicio de egresos de la SCT, no se hace referencia al Convenio de Concertación ni al Convenio de Transacción. Simplemente se señala que en “subsidios” se registró un gasto mayor al presupuesto aprobado de 305.9 por ciento, entre otras cosas, al pago de “compromisos” con el Gobierno del Estado de México, a través de la SCT.

Díez Gargari denuncia a los funcionarios involucrados por ser autores no sólo de “un quebranto multimillonario de la hacienda pública federal (superior a los 3 mil 100 millones de pesos probablemente)” sino también de actuar “de manera deliberada y dolosa para incrementar sustancialmente el costo fiscal del rescate carretero, en perjuicio de todos los mexicanos”.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  JENARO VILLAMI/ 28 MAYO, 2017)

EL EXFISCAL ÉDGAR VEYTIA Y UNA HISTORIA DE TERROR: EL DESPOJO DE FLAMINGOS ACQUA


En una de las historias de terror que salen a flote tras la detención del exfiscal nayarita Édgar Veytia, el empresario inmobiliario Eduardo Valencia denuncia que es objeto de una persecución y del despojo de su patrimonio por mil 800 millones de pesos, encabezado por Veytia y con la complicidad de diversas autoridades municipales, estatales y federales.

GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- Postrado en una cama de hospital, recuperándose de las heridas casi mortales que el pasado 27 de marzo le propinaron dos internos de nuevo ingreso en la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, el desarrollador inmobiliario, Eduardo Valencia Castellanos, de 46 años, narra por teléfono cómo estuvo involucrado el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en el despojo de su patrimonio estimado en mil 800 millones de pesos, así como en el encarcelamiento “ilegal” que padece desde hace tres años y medio.


Valencia Castellanos. Opresión. Foto: Especial

Édgar Veytia, “fiscal de hierro” y hombre de confianza del gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalado por Valencia no sólo de controlar las áreas de seguridad sino también el sistema judicial de Nayarit e incluso instancias federales en la entidad.

El pasado 27 de marzo, cuando Veytia fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Valencia Castellanos creyó que iba a morir.

Desde hace siete años el empresario ha sido acusado de delitos como delincuencia organizada, despojo de inmuebles y fraude.

Cuando la fiscalía estatal le atribuyó lavado de dinero (averiguación previa AP/PGR/NAY/BUC-1/087/2010) también trató de implicar a su papá y a su tío, Eduardo y Javier Valencia Gallardo. Salieron bien librados porque la imputación se basaba en que su familia es originaria de Michoacán, de donde son originarios diversos narcotraficantes apellidados Valencia, y en su millonario patrimonio. Cuando comprobó que su dinero provino de transacciones mobiliarias, el caso se archivó.

No obstante, Valencia Castellanos está preso desde el 28 de noviembre de 2013 por un presunto fraude contra un grupo de extranjeros que le compraron unos condominios.

Estas propiedades se ubican en el desarrollo Acqua, de 43 mil metros cuadrados a pie de playa en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y cuestan entre 200 mil y 1 millón de dólares.

En las 142 querellas, los agraviados señalaron la mala calidad de sus propiedades y alegaron su derecho a usar áreas privadas como el spa, beach club y restaurante como si fueran comunes, así como la falta de escrituras.

Al respecto, el acusado envió a este semanario varios amparos que le concedió en diferentes fechas el Juzgado Segundo de Distrito. Los amparos 497/2015-IV y 1721/2013-III coinciden en que no se acredita el cuerpo del delito por fraude genérico y fraude específico, por lo que se le concede la protección federal contra el auto de formal prisión dictado el 4 de diciembre de 2013 por el juez de Primera Instancia de Ramo Penal de Bahía de Banderas.

El amparo 497 fue concedido por el secretario encargado de juzgado Octavio Ernesto Ponce de León, y el 1721 por la juez Margarita Nahuatt Javier. Mientras que en el amparo 1073/2015-IV, el juez Segundo de Distrito, Armando Díaz López, le concedió protección al encontrar que la resolución del juez de Primera Instancia incumple “con los requisitos de fundamentación y motivación que exige la Constitución dejando en indefensión al quejoso”, es decir Valencia Castellanos.

Éste comenta que desde su detención ha sido constante la violación a sus derechos humanos y jurídicos. Indica que Veytia rindió protesta como fiscal general de Nayarit el 18 de febrero de 2013 y a los pocos días él acudió a su oficina con su abogado y primo Francisco Valencia Camacho, pero al hablar con él se dieron cuenta de que era parcial:

“Cuando me entrevisté con Veytia él me decía: ‘Aquí yo soy la ley, aquí yo soy el poder y tus abogaditos de cuello blanco me vienen guangos. Aquí, si yo quiero, vas a estar el resto de tu vida preso, y si quiero te puedo expropiar todos tus bienes. Es mejor que negocies con nosotros’.

“Yo le decía ‘es que esto no es una negociación, es una extorsión, es un fraude. Yo no puedo negociar una situación que es en contra del derecho y que va en contra de mis intereses de forma injustificada e infundada’.

“Así se manejaban en Nayarit. Si les gustaban tus propiedades se las quedaban. Tengo amigos con hoteles en los que les han sembrado droga para asegurarles las propiedades y se las han quedado vía decomiso a valores. De risa”.

–Por lo que dice, Veytia no sólo tenía el control de la fiscalía, sino de varias instancias –se le comenta al indiciado.

–De todo. Los delegados de la PGR, de Hacienda, del Seguro Social, el Poder Judicial de Nayarit… No se movía nada sin que él diera la autorización.

LA RECOMENDACIÓN

Los padres de Valencia Castellanos interpusieron dos quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit (CDDH), que derivaron en la recomendación 07/2016 dirigida al presidente municipal de Bahía de Banderas, el priista José Gómez Pérez, porque se detectaron tratos crueles, inhumanos y degradantes contra reclusos de ese penal, entre ellos el empresario.

En esa recomendación se relata que el 27 de noviembre de 2015 el padre de Valencia Castellanos informó por teléfono a la comisión que su hijo fue llevado a una celda de castigo y se le mantenía aislado, por lo que el órgano autónomo abrió la queja DH/461/2015.

El 9 de diciembre, personal de la CDDH se entrevistó con el procesado, quien describió los hechos del 20 de noviembre anterior: un grupo de encapuchados, “sin mediar palabra y sin identificarse me trasladaron hacia el muro lateral de ingreso a las crujías, donde me gritaron que me quitara los zapatos (…) acto seguido, vuelven a sujetarme y me encierran en un calabozo que mis compañeros de prisión suelen llamar La Loba, lo que es una covacha que se hace bajo las escaleras que dan acceso a las celdas superiores”.

“Una vez dentro de mi cautiverio me percaté que el lugar estaba lleno de orines, ya que ese mismo día desalojaron del mismo espacio a un compañero, el cual padece de incontinencia urinaria”. La Loba, dijo, no contaba con iluminación ni baño, había cucarachas y alacranes, y por las tardes y noches atraía una gran cantidad de zancudos.

Añadió Valencia Castellanos que “fueron casi tres semanas que se me mantuvo bajo una fuerte presión psicológica (…) Hace una semana (1 de diciembre) se me concedió la suspensión provisional”.

Se refiere a que el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal le otorgó la suspensión provisional 2225/2015 para que el alcalde de Bahía de Banderas, así como el director y subdirector de la cárcel municipal lo sacaran de la celda de castigo, pero los funcionarios fueron omisos, aún bajo advertencia de que se les impondría una multa económica y se procedería en su contra por abuso de autoridad.

Por eso el empresario señala en su declaración ante la CDDH: “Si algo me llega a pasar o a mi familia, hago totalmente responsable a las personas y a las autoridades que me tienen detenido aquí, como lo son mis clientes y el personal de la Fiscalía y del Poder Judicial del estado de Nayarit”.

En la recomendación se lee que al día siguiente de que acudió la comisión, Valencia Castellanos se comunicó con el visitador general Roberto Lomelí para informarle que “una vez que nos retiramos de esa cárcel, un interno del mismo penal a quien apodan Sammy le robó una tarjeta telefónica”. Cuando le reclamó “lo ingresaron a la celda número 15, donde internan a los locos (…) Cabe hacer mención que quien realizó este movimiento de celda fue el alcalde, quien le informó que dicha determinación de cambiarlo de celda venía de muy ‘arriba’”.

En su respuesta a la recomendación, la directora de Seguridad Pública municipal de Bahía de Banderas descartó cualquier violación a las garantías y derechos de los internos, aunque 204 de ellos se hacinan en un espacio de 16 celdas varoniles y una femenil, planeado sólo para 95 personas.

El 16 de abril de 2016 la mamá de Valencia Castellanos presentó la queja DH/103/2016, según la cual desde que ingresó a la cárcel su hijo es objeto de maltrato psicológico por los custodios para que entregue el celular que tiene escondido. De nuevo la directora de Seguridad Pública tachó de falsa la acusación.

El 10 de agosto de 2016, personal de la CDDH acudió a la cárcel municipal para realizar sus actividades de Supervisión Nacional Penitenciaria, y encontraron a dos internos encerrados en La Loba, con lo que confirmaron que existen tratos crueles, inhumanos y degradantes en ese reclusorio.

Cuando los visitadores le hicieron la observación al alcaide de la cárcel municipal, “el servidor público giró instrucciones a un comandante a efecto de que pusiera a los referidos internos fuera de dicho espacio o covacha y fueran asignados a una celda”, se lee en el acta circunstanciada. También se asentó que el espacio de castigo carece de sanitario, no hay intimidad y por sus reducidas dimensiones los internos sólo pueden estar de pie cerca de la reja, pues “al interior el espacio se va reduciendo conforme la inclinación de la escalera”.

Por ese motivo el titular de la CDDH, Huicot Rivas Álvarez, emitió la recomendación 7/2016 dirigida al presidente municipal José Gómez Pérez para que se retiren los barrotes del área de castigo y se modifique el reglamento de la cárcel “para establecer un procedimiento disciplinario” y se elimine la suspensión de las visitas. Además, solicitó que se garantice “la integridad física, psíquica y moral de los presos”.

Eso último se incumplió con Eduardo Valencia, quien el 27 de marzo fue brutalmente golpeado por un par de internos.

LOS HOMBRES DE VEYTIA

En entrevista telefónica con Proceso Jalisco, el visitador general Roberto Lomelí dice que la CDDH abrió una queja por la agresión más reciente contra Valencia Castellanos. Estima que la investigación concluirá el próximo agosto y entonces se podría emitir otra recomendación. Por lo pronto se solicitó a la Dirección de Seguridad Pública aplicar medidas cautelares para garantizar la integridad física de Valencia Castellanos.

Al respecto el empresario señala que Ricardo Rosales, subdirector de la cárcel de Bahía de Banderas y gente de confianza de Veytia, permitió la agresión que casi le cuesta la vida. Sus atacantes, cuyos apellidos considera falsos (Hernández Hernández y López López), ingresaron al reclusorio por el delito menor de resistencia a la autoridad, que amerita fianza. Sin embargo fueron enviados al área donde se encontraba Valencia Castellanos y –relata éste– “sin mediar palabra, a las 7:30 de la mañana, me golpearon, al punto que me dieron por muerto”.

Fue trasladado en una patrulla al Hospital San Javier Nuevo Vallarta con fractura de cadera, contusiones cerebrales y otras lesiones de consideración.

Apenas había ingresado al nosocomio cuando un enviado de Ricardo Rosales, llamado Antonio, pretendía sacarlo. Pero uno de los médicos le advirtió que el paciente estaba grave y si lo trasladaba a otro sitio tenía que firmar una responsiva por su vida. El enviado desistió.

“Tengo la sospecha fundada que intentaban rematarme”, comenta Valencia, quien se enteró que a los cuatro días de la agresión los dos golpeadores quedaron libres, “pese a que existe la tentativa de homicidio y sin reparar el daño. Ahí es donde se ve la impunidad”.

Posteriormente Valencia Castellanos solicitó seguir su proceso en libertad bajo caución, pues los delitos de que lo acusan no son graves y no tiene otros antecedentes penales, pero aún no hay respuesta. Hasta el momento ha erogado 700 mil pesos en gastos médicos y cada 12 años tendrá que cambiar la prótesis de cadera, además de que aún requiere operarse la nariz y un pómulo.

LA INTROMISIÓN DEL FISCAL

El complejo Acqua tiene un valor en el mercado de 100 millones de dólares, es decir, mil 800 millones de pesos. En 2005 Valencia Castellanos comenzó a vender 330 condominios distribuidos en dos torres y la construcción concluyó dos años después.

El desarrollo fue recibido por parte del departamento Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Bahía de Banderas y la mayoría de los compradores fueron extranjeros.

Uno de ellos fue el canadiense Charles André Baccichet, quien –a decir de Valencia– en 2005 compró en preventa ocho inmuebles, que pagó en efectivo. En 2009, un año después de que se terminó de edificar el complejo habitacional, Baccichet le hizo una petición inusual: “Que se los escriture a su nombre, cuando los contratos están a nombre de diversas personas”.

El empresario se negó “porque sería doble venta. Además, en ese año entró en vigor la ley contra el lavado de dinero, donde los notarios y los desarrolladores teníamos que avisar de operaciones sospechosas en efectivo”.

En respuesta, el canadiense contrató al abogado Raúl Ruiz González, quien en 2011 “instruyó a Baccichet a que generara inconformidad con muchos condóminos extranjeros a quienes les había prevendido para que presentaran denuncias penales por fraude”, prosigue Valencia Castellanos.

Sostiene que Ruiz y Baccichet le pidieron 2 millones de dólares para retirar las querellas, además de que el segundo les prometió a otros extranjeros que les iban a dar más departamentos si denunciaban al vendedor.

En ese proceso legal los acusadores “suben al barco a (Édgar) Veytia y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, (Pedro Antonio) Enríquez Soto, para justificar mi aprehensión por medio de las inconformidades, que ya estaban prescritas porque las denuncias son de 2011 y los contratos de 2005. Son temas de interpretación de contrato y son civiles, no penales”, argumenta Valencia Castellanos.

Enfatiza que al entrar Veytia al proceso, sus demandantes ya no pedían 2 millones de dólares sino todo el complejo inmobiliario. Se giraron varias órdenes de aprehensión en su contra y, ante la imposibilidad de defenderse jurídicamente, se trasladó a la Ciudad de México, desde donde interpuso amparos.

La contraparte no se quedó quieta: “Me doy cuenta que comienzan a hacerme fraude falsificando pagarés, que habían presentado para su cobro, otra vez a mis espaldas y en juicios espurios de 90 días. Una de las sentencias es por más de 600 millones de pesos, subvalúan mis bienes y se adjudican más de mil 500 millones nada más en una de cinco sentencias”. Aun así, sus acusadores afirman que aún les debe 400 millones de pesos.

Uno de esos juicios mercantiles contra su empresa, Flamingos Acqua, se radicó en el Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia (expediente 99/2013), adonde se presentaron como prueba copias simples de unos pagarés.

Tras enterarse de que había perdido parte de su patrimonio, Valencia Castellanos presentó un amparo que fue enviado al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales de Nayarit.

En su alegato, Valencia Castellanos menciona que en todo lo actuado (autos, decretos, sentencias interlocutorias y definitivas, procedimientos de ejecución, remates y adjudicaciones) se falsificó su firma para dar contestación a la demanda en la que actuó “supuestamente como representante legal”. También califica de ilegal la adjudicación de casi un centenar de inmuebles de su propiedad, pues se hizo mediante un pagaré falsificado. Sin embargo, la autoridad federal le negó su protección con el argumento de que aún no se resuelve el juicio biinstancial 1373/2013, derivado del 99/2013.

Subraya que para adquirir un crédito empresarial no sólo se necesitaba su firma, sino también la de su socio estadunidense Robert Albert Hartye Jr., dato que no tomaron en cuenta sus defraudadores. Detalla que los supuestos pagarés por casi 3 millones de dólares fueron signados en 2005, cuando Hartye aún era su socio, con intereses de 8%, los cuales fueron refinanciados a 50 millones de dólares en 2013.

De acuerdo con el folio mercantil 25576 del Registro Público de Comercio, el 17 de marzo de 2005 Valencia Castellanos y Hartye formaron la empresa Flamingos Acqua S. de R.L. En julio siguiente se unió a la sociedad Sierra Madre Investment, LLC, que poseía 40% de las acciones. El 22 de febrero de 2006 se acordó que esta última cedía su capital en partes iguales a Valencia y a José Luis Abunader Espino, que se quedaron como socios únicos.

Según el folio mercantil 9808, el 16 de octubre de 2013 el juez Segundo de Primera Instancia del ramo civil de partido judicial de Bucerías ordenó la adjudicación de las acciones de Valencia Castellanos a Rodrigo Hicks Macías Valadez, mientras que las de Abunader se le otorgaron a Guillermo Robles Zúñiga. Éste último dejó la empresa y su lugar en la gerencia fue ocupado por Jorge Antonio Patrón Pedroza.

En esta situación, enfatiza Valencia Castellanos: “Ya no denuncio esto para recuperar mis bienes, sé que me van acabar matando (…) He conseguido sentencias de amparo; aun con el autoritarismo del PRI he logrado peritajes oficiales donde me conceden que no es mi firma (…) En la época que dicen que estuve aquí firmando los pagarés, yo vivía en Estados Unidos, lo tengo acreditado con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con tarjetas de crédito, con los vouchers que yo firmaba”.

El resto de las pruebas documentales las subió el propio Valencia Castellanos al sitio http://eduardovalencia.esy.es/ a fin de evidenciar las múltiples irregularidades cometidas por las dependencias a las que señala de complicidad con Veytia.

PRESUNTA COMPLICIDAD FEDERAL

Por recomendación de un amigo, Valencia Castellanos contrató al abogado Diego Ruiz Durán, socio de Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Recuerda que en una reunión que sostuvo con Ruiz Durán, en la que también estuvieron Pablo Fernández de Cevallos –sobrino del político panista Diego Fernández de Cevallos–, ambos le pidieron, supuestamente de parte de Aurelio Nuño, del propio Castillejos y de Peña Nieto, que accediera a perder su patrimonio. No aceptó. Por eso considera que en la oficina jurídica de la Presidencia se fraguó el despojo de sus bienes a través “del narcoestado que impera en Nayarit”.

Tras un segundo encuentro con Ruiz Durán en el despacho de Castillejos (CLG Abogados, Consultoría, Litigio, Gobierno), ubicado en Mazatlán 102, colonia Condesa de la Ciudad de México, Valencia fue detenido el 28 de noviembre de 2013.

Para ello se montó un operativo con al menos 30 policías judiciales. Uno de ellos le informó que estaba detenido porque el auto que manejaba tenía reporte de robo. “Yo no me estaba subiendo a mi carro. Le dije: dime cuál de los (autos) que están estacionados, de los que ves aquí enfrente, tiene el reporte de robo. Se quedó callado. Me sujetaron, me dieron unas cachetadas y me subieron a una patrulla a la fuerza”.

Asegura que su aprehensión fue ilegal porque la policía capitalina no contaba con orden de aprehensión ni convenio de colaboración con Nayarit para localizarlo. Al otro día fue trasladado de la procuraduría local a la cárcel Venustiano Carranza de Tepic, pese a que era un juez de Bahía de Banderas quien lo requería.

En Tepic –ciudad donde Veytia inició su carrera policiaca como director de Seguridad Pública cuando el presidente municipal era el actual gobernador Roberto Sandoval–, el recluso Blas Esparza Leyva, quien tenía el control de la prisión, le advirtió que estaba ahí “por órdenes de Veytia y lo que él ordenara iban hacer conmigo”, refiere Valencia Castellanos.

A los dos días de su detención se presentó en el penal el secretario del Juzgado de Primera Instancia de Bucerías. “Pedí que estuviera presente el juez, pero se rieron. En el Código de Procedimientos Penales de Nayarit, a petición de parte es una obligación que esté en la audiencia el juez (…) Me leyeron brevemente de qué me acusaban (fraude). Pedí tener acceso al expediente para preparar mi defensa, según el artículo b, fracción VIII constitucional… Se rieron y me dijeron: ‘¡Estás en Nayarit!’”.

Indica que al interior de la cárcel lo presionaron para desistirse de los amparos, pero no cedió. Entonces, dice, le dieron una golpiza y a mediados de enero de 2014 lo trasladaron a la cárcel municipal de Bahía de Banderas, donde “para atender más de 20 denuncias penales, me dan 10 minutos con mis abogados”, se queja.

En una búsqueda que realizó este semanario encontró una carta que publicó Giussepe Viola en el portal saboravallarta.com para denunciar el presunto fraude.

Viola se presenta como asesor legal para inversionistas extranjeros y afirma que Valencia Castellanos “no hizo la entrega obligatoria de los títulos de propiedad a los legítimos propietarios que invirtieron en el desarrollo” y que se dio a la fuga cuando se presentaron las querellas contra él.

Dice Viola que ese momento fue aprovechado por Raúl Ruiz y Baccichet, “éste último un canadiense con antecedentes penales en su país (…), quienes pasaron a manejar el desarrollo como un feudo privado”.

Al respecto, Valencia Castellanos asegura que “no se escrituró a Manuel Figueroa”, cliente de Viola, porque “no acreditó el pago del condominio”.

Este reportaje se publicó en la edición 655 del suplemento Proceso Jalisco del 28 de mayo de 2017.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ REDACCIÓN/ 2 JUNIO, 2017)

DESCONOCE SEGOB SI NORBERTO RIVERA INFORMÓ SOBRE DELITOS DE PEDERASTIA (VIDEO Y DOCUMENTO)


(Foto: Archivo / Cuartoscuro)

En respuesta a una solicitud de transparencia formulada por el ex sacerdote Alberto Athié, la Secretaría de Gobernación aseguró que no encontró información sobre reportes o denuncias realizadas por la Arquidiócesis de México sobre la comisión de presuntos delitos de pederastia.

La solicitud de información se realizó con base en una afirmación del cardenal Norberto Rivera, quien en declaraciones a la prensa dijo el 19 de diciembre de 2016:

Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros.

Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México.

En dichas declaraciones, reproducidas por el diario El Universal, Norberto Rivera no informó de alguna denuncia formal presentada ante las autoridades civiles, pese a que está obligado a hacerlo por el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el cual dice:

Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones.

Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos.

Con fundamento en esa normatividad, Athié solicitó a Segob conocer los informes o denuncias interpuestas por la Arquidiócesis de México, así como los expedientes completos de los procedimientos administrativos de investigación en materia de asociaciones religiosas que hayan sido abiertos con motivo de dichas denuncias.

No obstante, la dependencia respondió que no encontró información relacionada con las declaraciones emitidas por el Arzobispo Primado de México y que tampoco hay denuncias formuladas por delitos de pederastia ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas, ya que es el Ministerio Público la autoridad responsable de ello.

La respuesta de la Segob, firmada por Arturo Manuel Díaz de León, director general de Asociaciones Religiosas, fue emitida el 23 de enero de 2017 por la Unidad de Transparencia de la Secretaría.

RESPUESTA DE GOBERNACIÓN 


Este viernes 2 de junio, Athié interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Rivera Carrera debido a su presunta responsabilidad penal por cadena de mando en la protección a sacerdotes pederastas.

La denuncia se basa también en las declaraciones hechas por el cardenal en diciembre de 2016.

“De dicha declaración se colige sin lugar a dudas que el cardenal Norberto Rivera Carrera tuvo conocimiento pleno, íntegro, e indubitable de la comisión de presuntos hechos ilícitos perpetrados por al menos quince sacerdotes adscritos a la Arquidiócesis a su cargo, consistentes en la realización de abominables actos pederastas”, dice el documento dirigido al procurador Raúl Cervantes.

En la demanda también se reitera que el cardenal tenía la obligación de informar a las autoridades civiles de la comisión de delitos.

“El cardenal Norberto Rivera Carrera incurrió en una injustificada omisión jurídica, de la cual incontrovertiblemente le resulta una presunta responsabilidad penal por encubrimiento de hechos reconocidos por él mismo”, abunda el escrito.

Según la denuncia, no se justifica de ninguna manera que los procedimientos para supuestamente sancionar a los sacerdotes pederastas se hayan llevado a cabo conforme al derecho canónico, ya que éste es una legislación extranjera que no tiene ninguna validez jurídica en México.

Por todo lo anterior, se solicitó que se abra una carpeta de investigación en contra Rivera, que sea citado a comparecer y que se practiquen diligencias ministeriales para acreditar su presunta responsabilidad.

Así lo relató Alberto Athié en entrevista con Aristegui en vivo:


(ARISTEGUI NOTICIAS/ Redacción AN/ Junio 2, 2017, 1:54 pm)

PEGAN TROPAS A LA ‘ORDEÑA’


>Operativos en Mante y González
>Aseguran 67 mil litros de gasolina

Ciudad Mante, Tam.- Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un total de 67 mil 150 litros de hidrocarburo con características propias de la gasolina, así como 15 pipas y tractocamiones abandonados usados para el transporte y distribución del combustible, durante dos operativos en los municipios de Mante y González, Tamaulipas.

Los vehículos estaban abandonados en caminos rurales, pero eran usados para el transporte y distribución del combustible. Ambos aseguramientos se realizaron durante labores de reconocimiento de los militares en brechas. 

En un comunicado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que la noche del pasado 30 de mayo, en una brecha que converge a los poblados de La Mora y Los Limones, municipio de Ciudad Mante, se hallaron un camión cisterna con placas del Estado de México, en cuyo interior había ocho mil litros de hidrocarburo.

En el lugar también se encontraron ocho contenedores de mil litros cada uno totalmente llenos, además había una camioneta pick up.

Mientras que el pasado miércoles, en el municipio de González, los militares descubrieron un terreno rústico usado como depósito clandestino de hidrocarburos, donde aseguraron tractocamiones, pipas y 51 mil 150 litros de combustible presuntamente ordeñado en tuberías de Pemex.

El paraje rural que era utilizado como bodega por los "ordeñadores" fue detectado por elementos de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, quienes procedieron además del combustible, asegurar cinco camiones remolque, cuatro remolques cisterna, una camioneta, un tractocamión con remolque y dos tractocamiones sin remolque.

Los vehículos decomisados tenían placas del Estado de México, Veracruz y Tamaulipas.

En ninguno de los aseguramientos hubo detenidos y el combustible, contenedores y vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.



(EL MAÑANA / STAFF/ 02 / JUNIO / 2017)

AUMENTA EL NÚMERO DE ABATIDOS EN REYNOSA; SUMAN 8


Momentos de terror vivieron estudiantes de la primaria Villa y Zapata

Fuerzas federales acordonan el área aledaña a la escuela Villa y Zapata de la colonia Pedro J. Méndez donde se desató una balacera mientras alumnos se encontraban en la hora de receso  junto con algunas madres de familia quienes se resguardaron pecho tierra dentro de los salones de clases.

Después del ataque los tripulantes de la camioneta blindada doble cabina fueron perseguidos por los militares y se impactaron en la bifurcación de las calles Pemex y Cavazos , dejando abandonada la unidad blindada con armas, chalecos anti balas, fornituras.

En el interior de la unidad motriz se encontró un abatido, el octavo de esta jornada de violencia.


(EL MAÑANA /STAFF/ 02 / JUNIO / 2017 - 01:15 P.M)