FOTOS: Jorge –Dueñes
Oneroso, desventajoso e ilegal, así se
está develando el contrato que Juan Manuel Gastélum Buenrostro signó con la
empresa de Jaime Rogozinski, por el que desembolsó del erario un anticipo de 20
millones de pesos, cantidad suficiente para cubrir la compra de la primera
remesa de unidades que recibió hace apenas unos días. “El Patas” fue denunciado
esta semana ante la Sindicatura Procuradora, instancia a la que se le demanda
investigar y anular el convenio de renta, apegándose a lo que marca la
reglamentación vigente
Con un anticipo de 20
millones de pesos entregado como depósito de garantía el gobierno de Juan
Manuel Gastélum Buenrostro financió a Turbofin S.A.P.I. de C.V. la compra de al
menos 8 camiones recolectores de basura, de los cuales solo ha recibido 7 y no
en calidad de propietario, sino de arrendatario.
Aunque el argumento para la
adjudicación directa del costoso contrato de arrendamiento, que la
administración de “El Patas” otorgó a la empresa de Jaime Rogozinski, fue el
estado de emergencia que enfrentaba el municipio por el supuesto déficit de
unidades para ofrecer ese servicio a los tijuanenses. A casi 2 meses de firmado
el arreglo, y de haber sido entregados 7 camiones, la ciudad continúa sin
contar con la operación de las unidades rentadas.
Será hasta agosto cuando la
empresa concluya con la entrega de las 52 unidades rentadas, lo que significa
que a Gastélum le llevará 9 meses resolver la “emergencia” de la basura.
Para los ediles de oposición
del Cabildo que preside, Gastélum tuvo tiempo para haber llevado a cabo una
licitación y arrendar al mejor postor los camiones o, mejor aún, comprar
equipo, como prácticamente lo está haciendo.
“El Patas” incurrió en otras
omisiones que ameritan la nulidad del convenio, como el no decretar la
emergencia ni turnarla al Cabildo del XXII Ayuntamiento para que la declarara
como tal. Trasgresión de formalidades por las que esta semana fue denunciado
ante la Sindicatura Procuradora.
Al respecto, el alcalde
Gastélum sostuvo que “no está chueco nada, falta leer” y negó la falta de
transparencia en el contrato con Turbofin e insistió que si el convenio se dio
en esos términos “fue por la emergencia” que representaba no atender el
problema de la basura.
LAS CUENTAS DE “EL PATAS”
A decir de Ricardo Chavarría,
Tesorero Municipal, la renta de la maquinaria arrendada se cubrirá por unidad y
ante la demora en la entrega de los camiones por parte de la empresa
contratada, el pago estimado para 2017 podría disminuirse de 80 millones a 61
millones de pesos, contando los 20 millones que se entregó en depósito de
garantía a Turbofin.
Explicó que, por cada uno de
los 40 camiones recolectores de desechos domésticos, se pagará una renta
mensual de 93 mil pesos, mientras que, por los 12 camiones de transferencia, la
mensualidad unitaria se fijará en 179 mil pesos, cantidades que multiplicadas y
sumadas dan los 5.8 millones de pago mensual. “Pero se pagará conforme vayan
llegando las unidades”, anotó.
Cuestionado sobre el depósito
de 20 millones de garantía, dijo que dicho pago es normal en una transacción de
este tipo. En este caso, hasta resulta ventajoso para el municipio, ya que al
final del contrato de renta (finales de diciembre de 2017), ese depósito podría
amortizar la compra del equipo, si se decidiera por esa opción.
Estado que guardan las unidades
municipales de basura
También se podría optar por
renovar el arrendamiento a un costo más bajo, de 73 millones al mes y sin
depósito de garantía, utilizando los 20 millones usados anteriormente como
garantía para amortizar mensualidades.
El funcionario destacó la
conveniencia de contratar en 2018 la renta del equipo a Turbofin, dado que
después de 2 años de arrendamiento, la empresa podría bajar de un 50% a un 60%
la opción de compra de las unidades que han sido rentadas previamente. Pero si
la renta se extiende por 3 años, la opción de compra por unidad se estaría
ofreciendo hasta en un 15% de su valor actual, y con el desgaste que 3 años de
uso representa.
DERROCHE CON ANÁLISIS PREVIO
En febrero de 2016 el
gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro dijo haber optado por la renta de
60 camiones recolectores de basura para atender la problemática de la basura
que se le desbordaba por toda la ciudad.
Para esa cantidad de unidades
tenía estipulado un arrendamiento mensual de 4 millones 200 mil pesos, cantidad
que se desprendió de un análisis previo, lo que hacía que la renta fuera la
mejor opción, ya que “resulta un 40% más barato arrendarlos que comprarlos”,
expuso a ZETA Raúl Felipe Luévano Ruiz.
Esa declaración, Luévano la
compartió en febrero de 2017, cuando incluso ya se tenían hechas las
cotizaciones con algunas empresas nacionales, las cuales, sin revelar nombres,
sostuvo que se habían comprometido a tener armadas las 60 unidades recolectoras
para a mediados de marzo.
También adelantó que,
concluido el proceso de compra de equipo pesado para la recolección de desechos
doméstico, el siguiente paso sería “arrendar patrullas para la Secretaría de
Seguridad Pública”.
Pero el convenio que Gastélum
signó a principios de abril con la empresa Grupo Turbofin y sus filiales,
resultó 1.6 millones de pesos más caro que lo estimado en el análisis previo
efectuado por la administración municipal, sin contar que el oneroso contrato
se firmó por la renta de 40 camiones recolectores de basura y 12 de
transferencia, dando un total de 52 unidades, y no las 60 que se tenían
estimadas para arrendar a un menor precio.
De acuerdo al contrato de
arrendamiento, al cierre de 2017 el gobierno de Juan Manuel Gastélum habrá
desembolsado 80 millones de pesos por el alquiler de las 52 unidades, inversión
que para el tesorero municipal Ricardo Chavarría, “no es la óptima ni la necesaria”,
al subrayar que Tijuana requiere por lo menos 100 camiones más.
Sostiene que la renta está
acorde a los precios de mercado y resultó la mejor opción para la economía del
municipio, puesto que, comprar 52 camiones se tendría que hacer un desembolso
de 134 millones de pesos, cantidad que dijo, se encuentra fuera de las
posibilidades económicas del municipio. Con el pago de la renta estimada para
este año, solo se podría haber comprado 16 camiones, anotó.
HASTA AGOSTO PODRÍAN SOLUCIONA“EMERGENCIA”
“Yo espero, cruzo los dedos
para que en agosto podamos tener las unidades completas, sobre todo en agosto
que el calor podría generar un problema de salud”, expresó Ricardo Lomelín
Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en el evento realizado el
lunes 23 de mayo para presentar públicamente los 7 camiones que después de 2
meses logró entregar Turbofin.
Para justificar la demora de
la empresa de Jaime Rogozinski, el funcionario explicó que la empresa no es
fabricante, sino armadora, “no se puede desgraciadamente todo junto por el
armado de los mismos, el sistema hidráulico, la caja, el chasis, una serie de
requerimientos técnicos que no se tienen en agencia, por llamarlo de alguna
manera”.
Para el lunes 29 de mayo se
espera que en Tijuana ya se encuentre 7 unidades más de las 52 que fueron
contratadas. El resto del equipo se recibirá en forma escalonada, en un
promedio de 7 a 10 unidades por quincena, lo que hace prever al funcionario que
para agosto ya se pueda disponer del equipo completo.
MISTERIOSO CONTRATO
Cuestionados sobre quién tomó
la decisión de adjudicar directamente la renta a Turbofin y los términos del
contrato, ni Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología, ni el tesorero municipal, Ricardo Chavarría, supieron informar al
respecto, “fue una decisión colegiada”, atinó a decir Lomelín, sin dar nombres
de quienes participaron en el fallo.
Por el tipo de contrato,
ambos funcionarios debieron haber participado en esta decisión “colegiada”,
pero ninguno de los dos pudo o quiso proporcionar mayor información sobre el
cuestionado contrato con Turbofin.
Mientras el Tesorero dijo
desconocer los términos del proceso, Lomelín indicó que “hubo un proceso en el
que se estudió y analizó la capacidad de todas las empresas, tanto la capacidad
técnica como financiera y de personal especializado para poder satisfacer la
necesidad”.
A pregunta expresa de cuáles
fueron las bases para elegir a Turbofin, Lomelín contestó: “fue un proceso en
donde no es… este digo…creo que el proceso fue específico, concreto, en donde
la comisión que se dio a la tarea de hacer, que obviamente insisto, nosotros
proporcionamos las partes técnicas de esa comisión”.
— ¿Fue decisión del alcalde hacerlo con
esta empresa (Turbofin)?, se le preguntó.
“Fue una decisión colegiada”.
— ¿Entre quiénes?
“No, no, no; fue
adjudicación, digo fue por el resultado del estudio, del análisis de capacidad
técnico-financiera de la empresa, así fue”.
— ¿Cuántas compañías participaron para
este contrato?
“Híjole, no sé, tengo
entendido que participaron alrededor de 4 a 6 empresas”.
Con equipo de una tercera empresa,
REPSA, Turbofin armo camiones
¿Y LAS PATRULLAS?
Con Turbofin, el gobierno de
Juan Manuel Gastélum también contrató la renta de 12 patrullas tipo panel para
el traslado de reos. Equipo que tampoco se ha entregado al municipio.
“Están en camino de llegar,
no traigo el detalle cuando llegan, pero estarán programadas para este mes”,
expuso Ricardo Chavarría, tesorero municipal.
Indicó que, para la renta de
las unidades de seguridad, se presupuestó para 2017 una renta de poco menos de
10 millones de pesos, recursos que saldrán del propio presupuesto que la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene destinado para el actual
ejercicio fiscal.
“No hay ampliación, tenemos
recurso propio y federal, con recurso propio se arrenda”, sostuvo.
El funcionario adelanto que
este mismo año se contempla comprar tanto patrullas como camiones recolectores
de basura, los cuales se estarían adquiriendo con fondos federales.
CONTRATO CON TURBOFIN VIOLENTA REGLAMENTO
Por adjudicar en forma
directa los millonarios convenios de arrendamiento a la empresa Grupo Turbofin
y sus filiales y “sin que mediara decreto alguno de emergencia o fuerza mayor
por parte del Ayuntamiento”, el convenio resulta violatorio a los artículos 19,
20 y 34, entre otros, del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de
Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana.
Razón por la cual, los
regidores del Partido Encuentro Social (PES) denunciaron al alcalde Juan Manuel
Gastélum Buenrostro por responsabilidad administrativa, transgresión de
formalidades legales en la adjudicación directa de al menos tres contratos de
arrendamiento de camiones recolectores de basura.
En la denuncia presentada
ante la Sindicatura Procuradora, también se incluyó a la Oficial Mayor, María
de Los Ángeles Olague y al jefe del departamento de Adquisiciones, José Luis
Gil Laborín, así como al propio comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Los ediles Manuel Rodríguez
Monárrez, Mónica Vega y José Manuel Ortiz Ampudia, demandaron a la síndica,
Marcela Guzmán Valverde, investigar, anular el contrato con Turbofin y
denunciar a funcionarios involucrados en la adjudicación directa.
En el documento recibido en
las oficinas de la Sindicatura Procuradora, a cargo de Marcela Guzmán Malverde,
los ediles dan cuenta de la falta de transparencia con la que el gobierno de
Juan Manuel Gastélum manejó el tema de la adjudicación del contrato millonario
de alrededor de los 80 millones de pesos para la renta de 52 camiones.
“En razón de la falta de
transparencia y rendición de cuentas, se concluye que nunca estuvo en el
interés del presidente municipal de Tijuana, Gastélum Buenrostro, salir a
demostrar con cotizaciones en mano que arrendar unidades recolectoras de basura
resulta más conveniente y es menos oneroso que adquirir las propias”, exponen.
En ese sentido, concluyeron,
“el mencionado acto administrativo se encuentra viciado y es sujeto de
nulidad”.
Y “por si los hechos no le
son suficientes a esta Sindicatura Procuradora municipal para iniciar la
investigación administrativa, que de oficio debió de haber iniciado conforme al
artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Baja California”, los regidores le precisaron en la denuncia presentada
el miércoles 24 de mayo cada artículo trasgredido (de Leyes o Reglamento), con
afán de facilitarle su trabajo.
Manuel Rodríguez advirtió
que, si en un tiempo prudente no hay respuesta de la fiscalía municipal,
recurrirán al Tribunal Federal Fiscal.
COINCIDEN GOBIERNOS PANISTAS EN CRISIS DE BASURA
Con el 50% de los camiones de
basura inoperantes, la recolección de basura colapsó desde diciembre de 2016,
“es urgente regular la recolección de basura”, expuso la autoridad municipal,
pero no la de Tijuana, sino la de Aguascalientes.
Al igual que en Tijuana, en
aquel municipio una nueva administración entró en función el primero de
diciembre de 2016. Igual que en Tijuana, de inmediato enfrentó una caída en la
recolección de residuos doméstico. Del mismo modo, igual que en Tijuana, el
gobierno que arribó al hidrocálido municipio es de extracción panista.
Pero a diferencia de Juan
Manuel Gastélum Buenrostro, la alcaldesa Teresa Jiménez optó por invertir 18
millones de pesos en la adquisición de siete camiones compactadores (2.5
millones de pesos por unidad). Si bien la compra también fue cuestionada al
declararse desierta la Licitación Pública Nacional GMA 00517, lanzada en
febrero, el equipo de recolección de basura fue entregado al municipio de Aguascalientes
sin anticipo y a pocos días de emitido el fallo (el 30 de marzo).
(SEMANARIO ZETA/ Ezenario/ Isabel Mercado /Lunes, 29 Mayo, 2017 12:00
PM)
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