MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de
los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el
lugar en que las familias de las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de
Infantería, ubicado en Iguala. Además, la actual administración no aclara las
contradicciones que han surgido en la investigación del caso y responde con
desdén a las preguntas al respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la
participación del Ejército se acrecientan.
En un arranque de
enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de los 42 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron el jueves 18 a las
instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a
los militares que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su
desaparición forzada.
Dos días antes, en
una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría
General de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la
participación de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en el
ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en torno a la
obstrucción de las labores de búsqueda.
Estas demandas se
basan en las nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el
26 de septiembre –a través del guerrerense Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas estatales y federales, o
C4–, tanto militares de ese batallón como policías federales estuvieron
enterados de la ruta que seguían los estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, y de la persecución y cacería que sufrieron en Iguala, donde fueron
emboscados y 43 de ellos desaparecidos –actualmente son 42, pues el sábado 6
fueron identificados mediante el análisis de ADN los restos del estudiante
Alexander Mora Venancio.
Desde que la PGR
tomó la investigación del caso, el procurador Jesús Murillo Karam ha defendido
a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y medio del
periférico de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las evidencias de
que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres horas, policías
municipales y sicarios agredieran a los estudiantes, sino que cuando los
militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos que se
escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.
Desde el reportaje
titulado Inacción militar que olió a complicidad (Proceso 1984) del 8 de
noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a
verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó
atención a los heridos; también se le acusaba de haber obstaculizado la
búsqueda de los estudiantes.
En ese entonces ya
había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias recibidas antes
de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y
Cocula, y de que tenía una excelente relación con el presidente municipal de
Iguala, José Luis Abarca –quien dio la orden del ataque, según la PGR. De
hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza comercial, y la
noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado del 27.
En los medios de
comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el militar que
acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al atardecer del
26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a Iguala y ya
eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento Pineda daba
un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.
La mayoría de los
medios menciona que el militar que asistió en primera fila al acto de los
Abarca fue el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde 2012 del 27
Batallón, oficial formado en fuerzas especiales, inteligencia y
contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca
de cinco actos públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe
parecido entre el coronel Aranda y el militar que aparece en las fotos del
informe.
El diputado de
Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló que el militar
presente es el capitán del Ejército Mexicano y oficial de adiestramiento Paul
Escobar López. De él no se tienen referencias fotográficas que permitan cotejarlo.
El general titular
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, informó
a los diputados que el asistente a la fiesta de Abarca era el coronel José
Rodríguez Pérez –quien relevó este año a Aranda en la comandancia de dicho
batallón. Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el militar
fotografiado.
El superior
inmediato de Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar, el general
de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del lanzamiento del
Operativo Tierra Caliente sostuvo una charla con los integrantes del 27
Batallón, en la que dijo a los soldados que estuvieran seguros y tranquilos
porque habían actuado bien.
En este semanario se
señaló que el militar fotografiado podría ser el coronel de caballería
diplomado mayor de la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano
García, quien es parecido al militar retratado, aunque su base está lejos de
Iguala.
La incógnita, por lo
tanto, sigue sin respuesta.
Otros señalamientos
directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los
normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de
un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
Posteriormente, una supuesta narcomanta, firmada por El Cabo Gil –lugarteniente
del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con el narcotráfico
a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27 Batallón.
En la página de
internet del municipio de Iguala existen dos actos en los que un capitán
segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar José Martínez
Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre sismos, el segundo
fue el sorteo del servicio militar.
Aunque el apellido
coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es posible deducir si la
narcomanta se refería a ese militar.
En la respuesta a
una solicitud de información hecha a la Sedena en torno al historial de José
Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su carrera militar como cadete,
luego fue subteniente de infantería y, a la postre, capitán segundo de dicha
arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la Defensa Nacional en el
agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó “a un batallón de
infantería”.
Con respuestas del
tipo “(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la Sedena evita
identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.
En el portal del
municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de Abarca junto a
militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda Flores, el
coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería Éder García,
el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio Carrera y el
capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo.
CABOS SUELTOS
Las dudas sobre la
participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo
atacados y detenidos por policías y pistoleros, no han surgido sólo entre las
familias de las víctimas, sino también en la Comisión Bicameral de Seguridad
Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights Watch y
Tlachinollan –que en un inicio exigió investigar la falta de prevención de los
hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia
sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala, pero la semana pasada
pidió indagar si tuvo participación directa en los hechos.
El 7 de noviembre,
la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender
a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército se mueve sólo con órdenes.
¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a
la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.
El miércoles 3, este
semanario le comentó la exigencia de los padres para indagar al 27 Batallón. El
fiscal informó que el gobierno no buscaría en bases militares a los normalistas
desaparecidos:
–Las familias (de
los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases
militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras el lanzamiento en Iguala del
Operativo Tierra Caliente.
–Hemos hecho toda la
búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí
no –respondió.
–¿No van a buscar en
las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más
preocupada buscándolos, así que sería un absurdo que si los tuviera ahí, los
buscara; es un absurdo completamente.
–Entonces no serán
buscados ahí…
–No tenemos que
buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.
El 13 de noviembre,
el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que lo citaron para hablar del
tema que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra
los normalistas porque “siguieron un protocolo”, que indica que sólo pueden
actuar a petición de la autoridad local, y cuando los militares preguntaron a
las policías municipales y estatales si pasaba algo en Iguala, éstas mintieron
y aseguraron que “no sucedía nada”.
El miércoles 3, al
ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las bases militares, Cienfuegos
dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó silencio y después de unos
segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.
El general no ha
declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de Guerrero obtenido por
Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que queda
asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa,
los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y
federal a través del C4.
Aunque se pidió a la
Sedena información sobre el papel que jugó en el caso Ayotzinapa, vía la Ley de
Información Pública y Trasparencia, ha solicitado prórrogas para responder a
esta pregunta.
Según el reportaje
firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado en esta revista con el
apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de
California en Berkeley, en el ataque hubo participación de la Policía Federal,
con la aquiescencia o colaboración del Ejército.
Tras estos
señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo,
negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de septiembre elementos de su
corporación participaran activamente en el ataque, pero admitió que las fuerzas
federales sí estuvieron monitoreando el grupo de normalistas desde antes que
llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron agredidos a balazos:
“Sí sabíamos de (las
actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra
competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron los federales.
Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.”
(PROCESO/ MARCELA
TURATI/23 DE DICIEMBRE DE 2014)