MÉXICO, D.F.
(apro).- La corrupción y la impunidad, con las consecuentes acciones de
injusticia, enriquecimiento ilícito y violencia desde el gobierno, son las
marcas que Enrique Peña Nieto ha dejado tras de sí desde que era gobernador del
Estado de México y ahora como presidente de la República.
Eso, además de su
incapacidad para enfrentar los retos más complicados y apremiantes, han traído
como consecuencia la crisis de gobernabilidad más profunda de los últimos años,
que podría agravarse en los siguientes meses si no se logra solventar los
problemas económicos y financieros por los que atraviesa México y que se ven
reflejados en la devaluación diaria del peso frente al dólar, la falta de
crecimiento económico, el escaso nivel de empleo y la inflación soterrada que
día tras día se impone a la canasta básica de millones de familias.
Peña Nieto ha
encabezado una serie de reformas a la Constitución, pero ninguna de ellas con
beneficios a la sociedad. Al contrario, están destinadas a favorecer a los
empresarios nacionales y a las grandes compañías extranjeras, las únicas con
posibilidades de sacar provecho a la apertura de los sectores energético y de
telecomunicaciones.
Esta serie de
reformas constitucionales eran consideradas el logro más importante de su
gobierno, pero cuando festejaba su mejor momento en foros internacionales,
varios hechos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa y Michoacán, así como los
escándalos de corrupción de su esposa Angélica Rivera y del titular de la
Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, mostraron el verdadero perfil de la
administración peñista y su declive en apenas dos años en Los Pinos.
Corrupción,
impunidad, violencia e injusticia han sido las marcas de lo que va del gobierno
de Enrique Peña Nieto, que insiste en mantenerse en la burbuja de confort y
beneplácito que se construyó con la ayuda de sus aliados, los empresarios de
algunos de los medios más poderosos como Televisa.
No es casual
entonces que en estos días se declarara inocente de enriquecimiento ilícito a
Raúl Salinas de Gortari, y que a Arturo Montiel –tío de Peña Nieto– no se le
investigue por la cuantiosa fortuna que sacó de las arcas mexiquenses cuando
era gobernador.
Tampoco extraña que
se quiera deslindar a la esposa de Peña, Angélica Rivera, de la cuantiosa
riqueza que posee en propiedades dentro y fuera de México, como también la
tiene el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros personajes cercanos al
presidente emanado del grupo Atlacomulco.
Igualmente que no se
haya aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, con la consecuente Fiscalía
que estaría encargada de vigilar los casos de desvío de recursos,
aprovechamiento o enriquecimiento ilícito del gobierno peñista.
Y es que si se
aprueba un sistema que vigile e investigue los actos de corrupción del actual
gobierno –como de los anteriores–, los negocios personales, las riquezas inexplicables
y las transas que cotidianamente hacen funcionarios de todos los niveles se
acabarían y muchos de ellos tendrían que ir a la cárcel.
Los signos de
descomposición del gobierno de Peña Nieto se han mostrado antes de lo que se
esperaba.
Twitter: @GilOlmos
(PROCESO/
ANÁLISIS/ JOSÉ GIL OLMOS/24 DE DICIEMBRE
DE 2014)
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